Subcomisión, en el seno de la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, para la renovación y actualización del Pacto de Estado en materia de violencia de género.

Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Un saludo muy especial a quienes nos siguen desde la tribuna del Congreso y también desde la sala Ernest Lluch. Son muchas las entidades y también las autoridades que han querido acompañarnos. Qué duda cabe, el de hoy es un día para la historia. El debate y votación en Pleno del informe de renovación y de actualización del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género culmina meses de intenso trabajo, muchas horas de deliberación, con un gran consenso entre los grupos parlamentarios que lo suscriben, a quienes quiero agradecer su dedicación y su buena disposición. Como dije en la Comisión, este es el Parlamento, el templo de la palabra, y en el pacto de Estado hemos hecho gala de la institucionalidad, del buen trato de los grupos, de la negociación y del diálogo. El 5 de marzo de 2024, los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Plurinacional SUMAR, Republicanos, Junts per Catalunya, Euskal Herria Bildu, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto presentaron un escrito a la Mesa del Congreso solicitando la creación de una subcomisión, en el seno de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. El objetivo de esta subcomisión ha sido trabajar en la renovación y en la actualización del pacto que se aprobó en el año 2017. La Mesa admitió el escrito de los grupos a trámite el 12 de marzo y la comisión de seguimiento del pacto, en su reunión del 19 de marzo, acordó someter a aprobación del Pleno la propuesta, lo que se produjo en la sesión del 23 de abril de 2024, con los únicos votos en contra del Grupo Parlamentario VOX. La subcomisión se constituyó el 14 de mayo del año pasado y culminó su cometido con la elevación del informe a la comisión el pasado 10 de febrero, tras una prórroga concedida por este Pleno. Su composición ha sido de quince miembros: tres diputadas del Grupo Popular, tres del Grupo Socialista, dos de VOX, dos de SUMAR y una por Esquerra Republicana, uno por el PNV, y lo mismo por Junts, EH Bildu y el Grupo Mixto. Durante estos meses, se han reunido en treinta y una sesiones, muchas de ellas de mañana y de tarde. En este Pleno no puedo menos que agradecer la dedicación y buen hacer de las tres letradas que han asistido a la subcomisión: Mercedes Cabrera, Andrea García de Enterría y, también, Mercedes Senén, a quien envío desde aquí un sincero abrazo. Desde el 12 de junio y hasta el 4 de septiembre se produjeron diversas comparecencias de personas expertas, entidades y Gobierno. Seguidamente, la subcomisión encargó al grupo mayoritario que apoya al Gobierno, el Grupo Socialista, la elaboración de un primer borrador de informe que se debatió en múltiples sesiones de trabajo. Se contó, además de con las propuestas de las personas comparecientes, con las evaluaciones e informes remitidos por el Ministerio de Igualdad, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia de la Secretaría de Estado de Migraciones, así como el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Igualmente, se incorporaron las propuestas realizadas durante las veintiséis comparecencias que tuvieron lugar en la subcomisión creada con el mismo cometido en la XIV, subcomisión que decayó con el fin de esa legislatura. En total, fueron cuarenta y cinco comparecencias a solicitud de los grupos, diecinueve de ellas en la presente legislatura. La metodología de trabajo fue minuciosa, exhaustiva, exigente y rigurosa, marcada siempre por la búsqueda del máximo consenso posible. El resultado de estos trabajos es el documento que hoy sometemos a aprobación del Pleno del Congreso y que incluye 461 medidas, entre las que se cuentan novísimas aportaciones, que responden fundamentalmente a tres apartados: violencia vicaria, violencia digital y violencia económica. De la misma manera, este informe mantiene medidas del primer pacto estatal, en la mayoría de los casos con una revisión de su ejecución y con una actualización basada en el nuevo marco normativo nacional y europeo. Un anexo recopila las medidas del pacto de 2017, que se han considerado totalmente cumplidas, pero en las que de ninguna manera puede ni debe retrocederse, ni ahora ni en el futuro. (Aplausos).

El documento también incorpora un resumen de las comparecencias, una enumeración de las propuestas de las personas comparecientes, que han servido de base para elaborar el informe, y el marco normativo. Al igual que aquel de hace ya más de siete años, este pacto renovado y actualizado consta de diez ejes: sensibilización y prevención; respuesta institucional; coordinación y trabajo en red; asistencia, ayuda y protección a las víctimas; asistencia y protección de menores; formación, estudios y seguimiento estadístico; recomendaciones a comunidades autónomas, entidades locales y otras instituciones; visualización y atención a otras formas de violencia contra las mujeres; compromiso económico, y seguimiento y evaluación del pacto. Contiene, además, un subapartado específico sobre prevención de la violencia sexual, el acceso a la pornografía y otros contenidos no apropiados para los menores. Recoge, pues, aspectos novedosos, que constituyen hoy en día motivo de preocupación especial por parte de la sociedad en su conjunto, y a los que el nuevo pacto de Estado no podía ni debía sustraerse.

El pacto estará dotado con un 50 % más de presupuesto que el anterior, como se especifica en el eje 9, un total de 1500 millones en los cinco años de vigencia inicialmente estipulados, además de un incremento del 15 % anual para la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Señorías, los grupos parlamentarios que suscriben este informe declaran en el mismo que la violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación, que comprende todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, así como cualquier otra forma de violencia que les afecte.

Acabamos de conmemorar el vigésimo aniversario de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, innovadora, pionera y referente mundial para legislaciones específicas de desarrollo posterior. Una ley que marcó un antes y un después en la prevención, detección, asistencia y reparación de las víctimas, mujeres y menores, como lo hizo en 2017 el primer pacto de Estado aprobado por esta Cámara, y como ―estoy segura― lo hará este renovado y actualizado pacto. Son hitos históricos que anclan su punto de partida en un acontecimiento trágico, a la vez que simbólico: el brutal asesinato de Ana Orantes, que sacudió a la sociedad española. Este informe que hoy sometemos a aprobación va por ella, por Ana Orantes, y por todas las Anas Orantes que se han quedado por el camino, pero que permanecen en nuestro recuerdo, en nuestros corazones, para siempre. (Aplausos). Va también por todas las mujeres, por todos los niños, por todas las niñas y adolescentes que sufren o han sufrido violencia de género. Todas y cada una de las 461 medidas van encaminadas a su mayor y mejor protección. Todas y cada una de esas medidas persiguen acabar con tanta violencia que hace mella en nuestra sociedad y que merma nuestra democracia. En eso estamos, y a eso nos vamos a seguir entregando la totalidad de los y las demócratas, porque, como señaló Eleanor Roosevelt, debemos hacer las cosas que creemos que no podemos hacer.

Muchas gracias. (Prolongados aplausos).

Grazas, señor presidente. Moi boa tarde. O Bloque Nacionalista Galego está profundamente comprometido coa loita pola igualdade e o feminismo. Fomos e somos vangarda na Galiza, non só na mobilización social, senón tamén nas políticas públicas que garantan avanzar para a igualdade real e efectiva. Partillamos, por tanto, a urxencia de lanzar medidas que leven á erradicación de toda a violencia machista. Para logralo é preciso artellar medios e recursos, por iso apoiamos decididamente a renovación do pacto de Estado que permitirá mellorar a protección das vítimas e avanzar nos distintos ámbitos de concienciación, de educación e tamén de atención e resposta. Dentro deste obxectivo, presentamos unha serie de propostas de mellora do documento en forma de votos particulares que mantemos hoxe para a votación. A máis importante, que é preciso incrementar os recursos económicos de que dispoñen as distintas administracións e, por tanto, as partidas orzamentarias que se destinan a este fin. Outra das propostas vai dirixida a efectivizar o compromiso de incorporar na súa totalidade o contido do Convenio de Istambul, garantindo a súa plena aplicación mediante a lexislación específica e normativas concretas que aseguren a súa eficacia. Así mesmo, o BNG considera esencial explicitar que o centro de crise 24 horas para vítimas de violencia sexual sexan servizos públicos de xestión pública, asegurando así unha atención inmediata e especializada. Nesta liña tamén se propón incorporar como medida dentro do pacto a activación das axudas económicas á vítima de violencia de xénero que prevé a Lei de Garantía Integral de Liberdade Sexual ou garantir plenamente o dereito ao aborto dentro da sanidade pública. Incrementar a concienciación sobre a mercantilización e explotación promovida pola sociedade sobre os corpos das mulleres, polo sistema sobre os corpos de mulleres, a violencia obstétrica ou os ventres de aluguer son outras das propostas.

En definitiva, finalizo, o BNG vai apoiar a renovación desta folla de ruta imprescindíbel para pór fin á violencia contra as mulleres e por iso tamén seguiremos a defender un pacto de estado máis ambicioso e eficaz.

Moito obrigado.

Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. El Bloque Nacionalista Galego está profundamente comprometido con la lucha por la igualdad y con el feminismo; fuimos y somos vanguardia en Galicia no solo en la movilización social, sino también en las políticas públicas que garanticen avanzar para la igualdad real y efectiva. Compartimos, por tanto, la urgencia de lanzar medidas que lleven a la erradicación de toda violencia machista. Para lograrlo, es necesario articular medios y recursos. Por eso apoyamos decididamente la renovación del pacto de Estado, que permitirá mejorar la protección de las víctimas y avanzar en los distintos ámbitos de concienciación y, también, de atención y respuesta. Dentro de este objetivo, presentamos una serie de respuestas de mejora del documento en forma de votos particulares y que mantenemos hoy para la votación. La más importante es que es necesario aumentar los recursos económicos de las distintas Administraciones y, por tanto, las partidas presupuestarias que se destinan a este fin. Otra de las propuestas va dirigida a efectivizar el compromiso de incorporar en su totalidad el contenido del Convenio de Estambul, garantizando su plena aplicación mediante legislación específica y normativas concretas que garanticen su eficacia. Asimismo, el BNG considera esencial explicitar que los centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual sean servicios públicos de gestión pública, asegurando así una atención inmediata y especializada. En este aspecto, también se propone incorporar, como medida dentro del pacto, la activación de las ayudas económicas a las víctimas de violencia de género, que incluye la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, o garantizar plenamente el derecho al aborto dentro de la sanidad pública. Aumentar la concienciación sobre la mercantilización y explotación promovida por la sociedad sobre los cuerpos de las mujeres, la violencia obstétrica o los vientres de alquiler son otras de las propuestas. En definitiva ―finalizo―, el BNG apoyará la renovación de esta hoja de ruta imprescindible para poner fin a la violencia contra las mujeres, y, por eso, también seguiremos defendiendo un pacto de Estado más ambicioso y eficaz. Muchísimas gracias.

Gracias, señor presidente. Hoy nos encontramos aquí para abordar una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro país, que son las violencias machistas. Las violencias machistas no se combaten con promesas vacías ni con pactos que se queden tan solo en el papel. Necesitamos medidas efectivas, recursos tangibles y, sobre todo, un compromiso real para transformar la vida de aquellas mujeres que lo necesitan. Por eso valoramos positivamente la renovación de este pacto de Estado, pero no vamos a caer en el error de felicitarnos de algo que aún no ha dado los resultados que se esperan. Se han dado pasos importantes en la renovación de este pacto, como, por ejemplo, la inclusión de nuevas formas de violencia: la violencia económica, la violencia digital, la violencia vicaria; es, sin lugar a duda, un avance que debemos celebrar, pero no podemos quedarnos ahí. Por ejemplo, la violencia obstétrica sigue siendo una gran invisible para muchos. Es una forma de violencia ejercida sobre las mujeres en uno de nuestros momentos más vulnerables, el momento del parto. Por eso, ejemplos como los del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, donde se promueve un modelo respetuoso de parto respetado, que escucha a las mujeres, nos muestran que hay otro camino posible. Por eso quiero dar las gracias a la doctora Alicia Martín y a todo su equipo. Eso es lo que debemos fomentar en todos nuestros hospitales públicos.

Gracias al trabajo incansable de Irene Montero y su equipo, en el Ministerio de Igualdad, se logró llegar a un acuerdo en la sectorial de Tenerife en el año 2021 para la renovación de este pacto, lo que, sin lugar a duda, fue y supuso un paso fundamental para lo que hoy vamos a materializar en esta sesión. En Podemos reiteramos que no basta solo con firmar el pacto, sino que hay que estar vigilantes para que las medidas se cumplan y que, además, vayan evolucionando en función de las distintas realidades que necesite nuestra sociedad.

Queremos hablar de las mujeres LGTBIQ+, queremos hablar de las mujeres migrantes, creemos que es fundamental visibilizarlas y que no estén aisladas, que el pacto recoja sus especificidades y sus necesidades. El feminismo es una lucha constante, es una lucha diaria, es una lucha que defiende los derechos de las mujeres, incluso cuando los sectores más reaccionarios intentan retroceder, como vimos con la ley del solo sí es sí. En el año 2017 nosotras nos abstuvimos en el pacto de Estado, porque entendíamos que no contaba con los recursos suficientes. Creemos que el contexto político ha cambiado en nuestro país tras la pasada legislatura y por eso ahora sí que vamos a apoyar este pacto.

Y termino dando las gracias a todas las compañeras que han trabajado en la subcomisión para que este pacto sea posible. Ha habido escucha activa, ha habido un trabajo sincero y honesto que ha permitido que este pacto sea hoy una realidad. Probablemente haya aspectos que…

… mejorar, y lo haremos en el futuro, pero, sin lugar a duda, hemos sabido ponernos de acuerdo en un objetivo común, que era proteger a las mujeres de nuestro país.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenas tardes. La violencia de género es una lacra contra la que tenemos que luchar sin fisuras. Estamos obligados, como formaciones políticas y también como ciudadanos, a intervenir, a denunciar y a mantener una conducta, tanto colectiva como individual, de rechazo al maltrato. Debemos trabajar en el apoyo a las víctimas y también en el respaldo al sistema judicial, para dotarlo de los medios necesarios que le permitan garantizar la protección a las víctimas y el cumplimiento de las penas por parte de los maltratadores. En esa línea, es evidente que fue un gran error la aprobación de la ley del solo sí es sí, que además sacó a la calle y redujo la condena a cientos de violadores. Hay que avanzar también en la prevención y, señorías, prevenir es educar, pero educar sin sectarismos y, sobre todo, teniendo en cuenta también la participación de las familias. Hay que luchar, asimismo, contra la prostitución y la trata, y ahí Unión del Pueblo Navarro también ha venido trabajando desde el principio, ya en el Parlamento de Navarra, a la hora de proponer y aprobar, aunque costó lo suyo, que no se pudiesen recibir subvenciones públicas por parte de aquellos medios de comunicación que hacían anuncios de prostitución. Señorías, en Unión del Pueblo Navarro no hemos venido a dar clases de ética y comportamiento a nadie, pero tampoco en ningún caso a recibirlas. Por eso, el mayor daño que se le ha causado a la lucha contra la violencia de género ha sido la hipocresía y el cinismo de algunos: los feministas de hojalata. Sí, ha sido vergonzoso comprobar cómo aquellos partidos del Gobierno que se decían más feministas de la historia tenían entre sus dirigentes a puteros y acosadores. (Aplausos). ¡Qué daño han hecho (varios señores diputados: ¡Bravo!), qué daño han hecho a la lucha contra la violencia de género, qué daño han hecho al feminismo! Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, presidente. Buenos días, señora ministra. Señor Rego, está usted tan comprometido que no ha venido ni un solo día a ninguna sesión de esta subcomisión. (Un señor diputado: ¡Bravo!―Aplausos).

Señorías, mi grupo parlamentario ha presentado un voto particular de oposición frontal a este pacto y quiero recalcar que somos los únicos que lo hacemos, y lo hacemos a mucha honra. (Aplausos). Y lo hacemos porque es obvio que este pacto es un fracaso y una estafa a los españoles, y nadie, absolutamente nadie de este hemiciclo se ha planteado que esto no funciona ni se ha cuestionado en ningún momento si era justo y defendía la igualdad ante la ley de todos los españoles sin distinción de sexo, que obviamente no lo hace; si defendía la presunción de inocencia de los varones, que tampoco lo hace, o si era eficaz y eficiente, que a la vista de los resultados no lo es. (Aplausos). En VOX estamos muy pero que muy orgullosos de ser los únicos en contra de este pacto fallido, porque es realmente de sentido común hacerlo a la vista de los datos que tenemos.

Las muertes por la mal llamada violencia de género no han bajado desde que ustedes aprobaron este pacto; los delitos contra la libertad sexual han aumentado un 87 % de 2017 a 2023 (aplausos); las agresiones sexuales con penetración han crecido un 129 %; el 46 % de las agresiones sexuales en España son cometidas por extranjeros ―ustedes están importando machismo, que lo sepan―. (Aplausos). Un dato que voy a dar es que, en 2022, por ejemplo, hubo cincuenta víctimas por la mal llamada violencia de género. ¿Saben ustedes cuántos suicidios hubo ese año? Pues 4227, y el 75 % eran hombres. Lo que no sabemos es cuántos de estos suicidios de hombres tienen que ver con este pacto. (Aplausos). Estos datos hablan por sí solos y deberían ser analizados en profundidad. Nosotros nos oponemos a este pacto y a la ley porque la violencia no tiene género. No, señorías, la violencia es violencia en todas sus manifestaciones, por muchos apellidos que ustedes le quieran poner. Existe, ha existido y existirá siempre, y la manera de combatirla es con la fuerza de la ley y con la ayuda de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no con las 461 medidas inútiles (aplausos) que tanto les gustan a ustedes y que con tanto entusiasmo van a aprobar, porque, cuando una mujer sufre una agresión, donde tiene que ir es a la Policía. Y esta es la verdad, señorías, estos son los datos, y ustedes lo pueden negar, pero es que es la verdad y los españoles lo saben perfectamente.

El pacto que ustedes firmaron en 2017 no ha servido para proteger a las mujeres, y este nuevo pacto tampoco lo va a hacer, porque a ninguno de ustedes les importa realmente si esto funciona; solo les importa el consenso, su ideología feminista, dividir a los españoles y controlar el dinero que reparte este pacto, que son 3000 millones de euros al año. (Aplausos). Esta es una de las razones por las que todos ustedes lo apoyan. Al PSOE y a los partidos de izquierdas en el Gobierno les va a llegar el dinero a través de la Administración General del Estado, que va a repartir 100 millones de euros al año; y al PP y a todos los partidos separatistas les va a llegar a través de las comunidades autónomas y entidades locales, que van a recibir 200 millones al año. Es decir, señorías (muestra un cartel en el que se lee: «¿Cuánto nos cuesta el pacto de Estado? 3018 millones de euros»), en los próximos cinco años, se van a repartir ustedes 1500 millones de euros, lo que supone un aumento del 50 % sobre los 1000 millones que gastó el pacto anterior, más los 500 millones que se gastaron en 2023 y 2024; o sea que se van a gastar ustedes 3018 millones de euros. (Aplausos). Eso es lo que nos va a costar este pacto, señorías, sí, esa es la verdad. Acabo de ver la noticia de que se ha inaugurado un hospital en Cuenca que ha costado 200 millones de euros, es decir, se podrían hacer quince. Ustedes se han montado un negocio para expandir su ideología feminista y mantener a cientos de asociaciones, entidades y chiringuitos, cuyo funcionamiento depende de la existencia de este problema.

En fin, señorías, de verdad que sueño con el día en el que podamos llegar con la motosierra, porque va a ser mítico ver sus caras, las de todos ustedes. A mí lo que más me impresiona de todo esto es que ninguno de ustedes quiere ver la realidad del fracaso estrepitoso que es este pacto. Ustedes no quieren subsanar errores ni fiscalizar el dinero invertido ni evitar fraudes, como lo son los miles de denuncias falsas. Sí, miles de denuncias; todos sabemos que las hay y todos conocemos gente que las ha sufrido. Señora ministra, usted ha condecorado a dos socialistas que fueron denunciados por violencia de género. ¿Eso eran denuncias falsas o está usted condecorando a unos maltratadores de mujeres, según sus propias leyes? (Aplausos).

Señorías de Podemos y de SUMAR, su hipocresía no tiene límites, porque cuando las denuncias por agresiones sexuales afectan a sus machos alfa, Monedero y Errejón, resulta que lo ocultan, los defienden y piden pruebas. Lo de ‘mujer, yo sí te creo’ ya no funciona. ¿Pero no les da vergüenza subir aquí y presumir de feministas y de que Podemos es un espacio seguro para las mujeres? (Aplausos). Resulta que sus dirigentes están agrediendo a mujeres y ustedes tienen la caradura de ocultarlo. ¡Es alucinante! Señorías del PSOE, de ustedes ya conocemos su machismo, su afición a los prostíbulos y su atracción por quedarse con el dinero de los españoles, que les gusta eso mucho.

En fin, señorías, por todo esto que acabo de exponer, nosotros rechazamos este informe, este pacto y defendemos nuestro voto particular de oposición frontal, en nombre de la justicia y del sentido común. Porque nosotros de verdad queremos proteger a las mujeres y tenemos una serie de medidas que les voy a citar: derogar la Ley 1/2004 y este pacto (aplausos); endurecer las penas a los agresores y, por supuesto, derogar la ley que suelta a violadores; acabar con la política de fronteras abiertas; investigar con seriedad las causas reales de esta violencia; fiscalizar el gasto público ―muy importante― y, lo último pero no lo menos importante, sino diría que lo más, aumentar los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son los que tienen que protegernos de verdad.

Lo que me da mucha pena y va a ser realmente penoso es ver cómo ustedes ahora van a aprobar con tanto entusiasmo…

… este engaño a los españoles. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

No se preocupe, señor Rego, porque, para lo que han contribuido ellas, mejor si no hubieran venido. (Aplausos).

Egun on, jaun-andreok. Gaur askok esango dute egun haundi bat dela, eta bai, ikuspegi sinboliko batetik izan daiteke. Hain arrotza eta ezezaguna zaigun adostasunaren fruitua den ituna lortu delako. Eta hala ere, ez da adostasun osokoa izan, egia esan, kanpoan geratu direnekin ezin baita inolako gizarte emankor eta aberatsik sortu. Emakumeen kontrako indarkeria, indarkeria espezifiko eta bortizki zuzendua da, gizonezkoak emakumearen kontra botere egoera batetik erabiltzen duena. Desgrazia horrek atsekabea eta amorrua sortzeaz gain, erantzun sendo eta eraginkorra behar du. Erakunde publiko ezberdinen arteko lana eta inplikazioa exijitzen duen erantzuna. Ezin dugu etsi eta ezin dugu utzi borroka hau guztion artean irabazi arte.

Muy buenos días, señorías. Hoy muchos y muchas dirán que es un gran día, y sí, lo puede ser desde una perspectiva simbólica, porque se ha alcanzado un pacto que es fruto del consenso que nos es tan ajeno y desconocido. Sin embargo, no ha sido un consenso unánime, y la verdad es que, con los que se han quedado fuera, es imposible crear una sociedad productiva y enriquecedora. La violencia contra las mujeres es específica y violenta, utilizada por el hombre en una situación de poder contra la mujer. Esta lacra no solo genera sufrimiento y rabia, sino que necesita una respuesta contundente y eficaz; una respuesta que exija el trabajo e implicación de diferentes instituciones públicas. No podemos resignarnos y desistir. No podemos desistir hasta que ganemos entre todos y todas esta batalla.

Cuando en el año 2017, hace casi ocho años, subí a esta tribuna para defender nuestra posición tras el primer Pacto de Estado contra la Violencia de Género, decía que la violencia contra las mujeres es la expresión más brutal de la desigualdad existente entre hombres y mujeres, y por ello partimos de la filosofía de que hay que trabajar en igualdad para tratar de erradicarla. A más igualdad, menor espacio para la violencia en sus múltiples manifestaciones. Sigo pensando lo mismo y sigo creyendo firmemente que la lucha por la igualdad es un largo pero justo camino que toda sociedad tiene obligación de recorrer.

Los primeros dos grandes logros de consenso en la lucha contra la violencia de género fueron el de considerar esta violencia como una violación de los derechos humanos y el de sacarla del ámbito privado al ámbito social en toda su dimensión. Este salto cualitativo importantísimo es la base que hace que la sociedad, gracias a los movimientos feministas y a los movimientos sociales, haya institucionalizado el camino para su erradicación, por medio de la penalización exclusiva, la sensibilización social y comprometiéndose con la protección de las víctimas. Fue un gran salto, importante pero no suficiente, por eso estamos hoy aquí queriendo presentar una nueva fase, un nuevo capítulo en esta lucha que concierne a todas y a todos.

Decía Angela Davis: No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Y no aceptamos que se ejerza violencia de cualquier índole contra las mujeres por el hecho de serlo, porque se uno se crea con derecho a ello, porque se considere que se puede hacer, porque uno crea que son de su propiedad, porque sea la forma de mostrar poder, porque uno no quiera que se deje de quererlo o porque la posición de dominio lo permita. No, eso es inaceptable como persona, pero es que además es insoportable como sociedad democrática y de progreso. Muchos hablan de libertad; la ultraderecha proclamando la libertad, la que siempre ha oprimido y ha reprimido al débil, al diferente, al políticamente contrario, ahora grita libertad, la libertad de la motosierra y la insolidaridad. Pero esa es la libertad negativa de la que nos advirtió Isaiah Berlin: la libertad entendida como ausencia de restricciones de ninguna índole; libertad para ser insolidario, libertad para no combatir la injusticia, libertad para negar la existencia de esta lacra que es la violencia contra las mujeres, libertad para hacerla anécdota o hacer de la anécdota una categoría universal. También hay acusaciones falsas; libertad para no creer necesaria una arquitectura jurídica que proteja a estas mujeres. Eso no es libertad; eso es fascismo disfrazado del neoliberalismo más atroz. Stiglitz habla de ello en su último libro: Camino de libertad. Dice precisamente que la interpretación que la derecha y la extrema derecha política hacen de la libertad favorece la explotación y la desigualdad. Y la violencia de género, sobre todo por no hacer nada por combatirla, es decir, no entenderla como una violencia específica, con connotaciones específicas que requieren medidas específicas, es ―como dice Stiglitz― favorecer la explotación y la desigualdad. Por eso es tan importante que, más allá de diferencias ideológicas, exista un consenso básico de lo importante. Y yo quiero agradecer la postura de todos los grupos políticos, excepto los autoexcluidos, que ha sido lamentable. Desde un principio, todos los demás nos hemos sentado con el único objetivo de poner en el centro a las víctimas, a las mujeres víctimas.

Como conocen, el cumplimiento de las recomendaciones corresponde al Estado, a las comunidades autónomas y a las entidades locales, cada uno en el ámbito de sus competencias. Y lo cierto es que lo apoyamos y lo hacemos pensando que, para que funcione este pacto, debe funcionar adecuadamente el modelo de gobernanza pública multinivel: cada uno en el ámbito de sus competencias. No entendemos este pacto como una pirámide jerárquica en la que aquí se decide y los demás cumplen. En Euskadi somos ya mayores de edad y conscientes de nuestras responsabilidades incluso antes de la existencia de este pacto. Las Administraciones públicas vascas son y han sido conscientes de los compromisos que se adquieren en la lucha contra la violencia que se ejerce contra las mujeres.

Hala jaso da emakumeen aurkako indarkeriaren matxistaren biktimei arreta hobea emateko erakundeen arteko hirugarren akordioan. Akordio hori gero eta erakunde bakoitzean zabaltzen da, batez ere hurbilen dauden erakundeetan. Protokolo espezifikoak dituzte udalek, eta horietan parte hartzen dute agente guztiek, berdintasun teknikariek, gizarte zerbitzuek, eskolek, anbulatorioek, ospitaleak, euskal poliziak, hirugarren sektoreak, mugimendu feministak, eta abar. Horregatik, eta konpromiso hori dela eta, gure erakundeek, Emakunderen koordinaziopean, gomendio horiek aztertzen ari dira, eta horien atzean adituen gomendio asko daude. Eta egia da aldez aurretik berdintasunen aldeko eta emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko politika publikoak daudenez eta politika horiek denboran zehar mantendu direnez, gomendioek aurrera egiten eta hobetzen jarraitzeko aukera ematen digutela. Gure konpromezua eta borroka emakumeen aurkako biolentziaren aurrean irmoa da. Sendoa eta iraunkorra izan da eta izaten jarraituko du. Ez dugu etsiko.

Así se ha recogido en el III Acuerdo interinstitucional para la mejora en la atención a las víctimas de violencia machista, un acuerdo que se extiende en cada institución, sobre todo en las más próximas. Los ayuntamientos cuentan con protocolos específicos en los que participan todos los agentes: técnicos y técnicas de igualdad, servicios sociales, escuelas, ambulatorios, hospitales, Policía vasca, tercer sector, movimiento feminista, etcétera. Por ello, y debido a este compromiso, nuestras instituciones, bajo la coordinación de Emakunde, están analizando las recomendaciones, muchas de ellas provenientes de personas expertas. Y es cierto que, dado que previamente existen políticas públicas a favor de la igualdad y para erradicar la violencia contra las mujeres y que estas se han mantenido a lo largo del tiempo, las recomendaciones nos permitirán seguir avanzando y mejorando.

Nuestro compromiso y rechazo a la violencia contra las mujeres es, ha sido y seguirá siendo firme, sólido y duradero; no vamos a desistir.

Eduardo Galeano decía que el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Una sociedad libre en igualdad es una sociedad libre de violencia contra las mujeres; una sociedad democrática es una sociedad en igualdad. Luchemos por ello.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, señor presidente. Egun on guztioi. Quiero comenzar mostrando la necesidad de utilizar un concepto marco para referirnos a las violencias ejercidas contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, propuesta que se rechazó en el debate inicial del pacto y que en diversas ocasiones de este largo proceso hemos ido planteando. El lenguaje crea realidades y es necesario dejar a un lado la dispersión de conceptos para referirnos a la realidad que vivimos: se trata de violencia machista. Durante los meses que nos ha llevado la revisión de este pacto de Estado han ido sucediendo miles de expresiones de dichas violencias, lo que nos muestra la necesidad de compromiso de toda una sociedad para poner fin a tanto sufrimiento. Y tenemos que reconocer también que nos encontramos en un momento en el que sentimos la realidad de la impunidad de los agresores y la amplificación de la negación de la violencia contra las mujeres como práctica y filosofía general de amplios sectores de la derecha y de la ultraderecha, que, por desgracia, van dejando su poso. Frente a los ataques y la impunidad, nos vemos interpeladas a trabajar más si cabe desde parámetros de verdad, justicia, reparación y garantías de no reproducción. Tenemos claro que las violencias que estamos viviendo y sufriendo las mujeres son resultado de la expresión de un sistema que sigue valorando y dando poder a los hombres frente a las mujeres y cuerpos disidentes; da poder para ejercer la violencia y además una falta real de prevención. Debatimos, reflexionamos, planteamos alternativas a casuísticas concretas, pero decimos de manera categórica que seguimos sin que se tome como problema de primera magnitud de nuestra sociedad poner fin a la violencia que estamos viviendo, sufriendo en sus diversas expresiones y desde el mismo momento que nacemos más de la mitad de la población, las mujeres y las disidencias sexuales. Seguimos también alimentando los roles patriarcales que dan poder a los hombres, también poder para atacar y violentar a las personas. Desde un planteamiento de justicia feminista que nuestro grupo siempre ha defendido abogamos por enfoques antipunitivistas. No compartimos medidas cuyo objetivo es aumentar o endurecer las penas y poner el foco en lo punitivo, ni planteamientos de la justicia que tan solo observa las cárceles como única alternativa para poder dar respuesta a esta realidad de poder y de violencia. ¿Realmente son las prisiones el máximo símbolo de protección para las mujeres? ¿Realmente poner más Policía, aumentar su presencia cada vez en más espacios facilitará la solución a este problema? Pensamos rotundamente que no. Y estamos asistiendo además a un punitivismo populista que traslada la idea de que las mujeres en particular y la sociedad en general somos las paganas, con una vuelta más de tuerca en la pérdida de libertades. Vemos un día sí y otro también cómo funciona la justicia oficial y cómo no responde a las peticiones feministas; nos muestran que estos mecanismos llamados de justicia no sirven para la prevención y también que sus respuestas son ineficaces para las personas afectadas porque no tienen en cuenta sus necesidades ni sus dolores, porque no se respeta su agencia y su derecho a decidir, porque no sirven ni para garantizar su seguridad ni para iniciar procesos de reparación y porque, en muchos casos, revictimizan. Vemos necesario pensar, investigar, crear otros modelos de justicia para prestar atención a las personas recurriendo a respuestas antipunitivas. Por ello, defendemos que hoy por hoy es compatible trabajar en paralelo con el sistema de justicia actual posibilitando medidas que lo conduzcan a la transformación real tan demandada por las mujeres que acuden a él buscando justicia. Por ello, compartimos medidas recogidas en este pacto referidas a la formación integral para todos los y las operadores jurídicos, de coordinación en red entre los distintos servicios, de intervención con jóvenes y no jóvenes en la prevención de nuevas violencias como la que se da en el entorno digital. Señorías, está claro que urge comenzar a hablar y a ejercer otras formas de reparación y transformación, porque ―no lo olvidemos― la justicia actual sigue siendo patriarcal, racista y clasista. Pensamos que, ante el sentimiento de impunidad, la solución viene con el trabajo en la prevención y la formación real; formación integral para toda la ciudadanía y también para los colectivos profesionales que trabajan en el ámbito de lo social. Respecto al abordaje de la realidad del trabajo sexual, de nuevo ha quedado pendiente el debate al volver a incluirse en el pacto los artículos recogidos en relación con el tema en los mismos términos que en el pacto de 2017. Nuestra formación presenta iniciativas para el reconocimiento de los derechos de las personas que ejercen dicho trabajo. Por cierto, la mayoría son mujeres. Pensamos que, si existe voluntad real para trabajar a favor de los derechos de estas mujeres y contra la violencia machista que puedan sufrir, deberíamos empezar dando los primeros pasos firmes para derogar la ley de extranjería vigente en estos momentos, ley que hoy en día impulsa a muchas mujeres migrantes a ejercer el trabajo sexual como única alternativa real para subsistir ellas y sus familias.

Para finalizar, queremos mostrar que sí defendemos una lectura crítica del pacto de Estado y también reconocemos que, a lo largo de las cuatrocientas medidas recogidas en este pacto, se dan avances importantes en los abordajes en la formación y prevención, de reconocimiento de las diferentes formas en las que se muestra la violencia machista, abordajes asistenciales integrales y de protección, herramientas válidas que posibilitarán avanzar en la lucha contra la realidad de la violencia machista. Ahora nos toca asumir el compromiso de que esto no se quede en papel, que se cumplan los compromisos de financiación, que se evalúen las medidas para corregir y optimizar; en definitiva, que se garantice la implementación de las medidas recogidas.

No podemos olvidar que la mayoría de los ámbitos en los que nos toca incidir son ámbitos ―en nuestro caso, Navarra y la Comunidad Autónoma del País Vasco― en los que tenemos competencias exclusivas. Por ello, desde el momento que iniciamos el debate de la renovación del pacto dejamos blindada la garantía y el respeto competencial.

Por todo ello, daremos nuestro apoyo a este pacto de Estado contra la violencia machista. Hablemos de una vida sin violencia hacia las mujeres; hablemos de nuestro derecho a la libertad sexual.

Mila esker. (Aplausos).

Gràcies, president. Ara sí, el país que volem és una Catalunya Estat amb competències plenes. Un país que respon a les necessitats dels seus ciutadans, amb tots els seus recursos i no patint un dèficit fiscal que primer et buida la caixa i després t’omple el moneder. Un país independent no hauria de reclamar la condonació d’un deute que en realitat és un espoli fiscal. Som un país que no abaixa el cap donant les gràcies pel café para todos de sempre que acabem pagant els ciutadans, com sempre. El país que volem és un país que defensa, protegeix i acompanya les dones davant les violències masclistes des dels tres poders, que decideix el seu Codi Penal i l’aplica des de la seva pròpia justícia, que fa sentir la seva veu entre les nacions del món com a estat lliure i compromès amb els convenis internacionals de drets humans com el Conveni d’Istanbul. Aquest és el país que volem i que un dia tindrem. Però som aquí, a l’Estat espanyol, i avui, més que un pacte d’Estat, fem un pacte amb l’Estat per poder millorar la protecció de les dones catalanes. Ens hem implicat a fons ¿catalanes i no catalanes, lògicament, però parlo de les dones de Catalunya¿, perquè l’objectiu és universal: combatre la xacra de la violència masclista des de tots els àmbits d’actuació i en tots els terrenys de joc, des del respecte competencial, com s’estableix en el preàmbul, com a condició sine qua non de tots els partits independentistes. Com saben, Catalunya té competències en igualtat i ha estat a l’avantguarda de la lluita contra la violència masclista. Aquest pacte recull més de 460 mesures. I ho dèiem l’altre dia si aquestes mesures serveixen per salvar la vida d’una sola dona o d’algun dels seus fills, tantes vegades víctimes de la pitjor de les violències vicàries, haurà valgut la pena l’esforç. És un pacte que amplia els recursos que reben les comunitats autònomes per poder protegir les nostres dones, joves i infants. Però el pacte no són recursos suficients. Per suposat, però el pacte recull una millora que vol dir una aportació de 160 milions d’euros per a les comunitats autònomes durant els propers cinc anys i 40 milions per a les entitats locals. Pactar vol dir fer renúncies per a que el consens pugui sortir guanyant en favor de totes. Però malgrat no estar d’acord al cent per cent en tot el que diu el pacte, el fem nostre perquè ens hi juguem molt. Les moltíssimes persones que han comparegut ens han aportat dades, experiència i sentit comú, imprescindibles per reajustar les mesures, buscant l’eficiència en la prevenció, el càstig i la reparació de la violència masclista. Voldria centrar-me en algunes mesures especialment rellevants. Mesures que poden, literalment, salvar vides amb les que es vol evitar, per exemple, que torni a fallar la coordinació entre els jutjats de família i els del penal. Cap maltractador, cap hauria de poder tenir la custòdia o el dret de visites del seu fill. El gener va començar el judici contra l’home que el 3 d’abril del 22 a Sueca, a València, va matar el seu fill d’11 anys per infringir el pitjor dels dolors a la seva exparella. El progenitor assassí va poder tenir accés al règim de visites del seu fill, malgrat haver tingut ja episodis violents i haver estat condemnat per maltractament a la mare.

També s’ha treballat molt en tot el que té a veure amb la prevenció de la violència, amb la millora dels protocols de valoració de risc, complementant els que s’estableixen en els registres de VioGén 2. Perquè massa sovint, massa sovint les dones no són prou conscients del risc que corren. Recentment, justament en una visita VioGén, vàrem saber que el millor predictor d’un feminicidi és un atac al coll. I si a més hi ha hagut amenaces de suïcidi o la intervenció de les drogues o l’alcohol: alerta màxima. Ho dic perquè em sento en l’obligació d’aprofitar aquest altaveu per si puc arribar directament o indirecta a alguna dona en perill. A 31 de gener, dels 100 000 casos que segueixen a VioGén, dotze són de molt alt risc. I el repte que tenim totes i tots és no perdre ni una d’aquestes dones ni una de totes les dones que estan en risc.

Des de Junts hem demanat que, a més dels antecedents de violència contra la dona d’un potencial agressor, es tinguin en compte en els protocols de valoració del risc, ja sigui en entorns policials o judicials, si hi ha hagut maltractament sobre els animals de família, perquè un home que ha fet mal a un animal de família té més predisposició a poder fer mal a la dona o als seus fills. Una dada que sempre ens fa especial mal és saber que hi ha hagut dones assassinades malgrat haver fet denúncia prèvia. Dones que el sistema no ha sabut protegir. Hi ha mesures també per analitzar i reforçar la protecció en aquest sentit, l’estadística ens diu que els dispositius electrònics de control de les ordres d’allunyament són eines de protecció fonamentals.

La mesura 200 serveix per elaborar un pla de seguiment de l’efectivitat de les ordres de protecció que ha d’analitzar, entre d’altres coses, com optimitzar els dispositius de control telemàtic. Les dades reflecteixen que les agressions sexuals entre menors, també en casos de violència grupal, han anat a l’alça. I aquí vull fer una denúncia al projecte de protecció dels menors en l’àmbit digital, responia a una emergència, ¿encara està en fase d’avantprojecte i, per tant, trigarà mesos a ser una realitat¿ amb moltes mesures que inclouen que nosaltres vàrem proposar fa tres anys i a les quals no es va donar suport. El pacte apunta algunes de les mesures que s’hauran d’incorporar en aquesta futura llei. També es tenen en compte al pacte la prevenció o la sensibilització. Un de cada cinc joves no considera que la violència de gènere sigui un problema, malgrat que han estat formats en règim de coeducació. Aquesta serà feina a fer des de les comunitats autònomes en l’àmbit de les seves competències en educació. Revertir el mal que alguns continguts de les xarxes socials han fet entre el jovent.

Per acabar, a pocs dies del 8 de març, volem tenir en el record totes les víctimes de la violència de gènere i també donar les gràcies a totes les dones, a les més petites que tenen tot el futur per davant i que segur voldran canviar el món; i a les que des de la joventut o des de la maduresa, segueixen aportant la seva experiència en la lluita per la igualtat. Que la sororitat ens acompanyi.

Gracias, presidente. El país que queremos es una Cataluña con competencias plenas; un país que responda a las necesidades de sus ciudadanos con todos sus recursos y no con un déficit fiscal, que primero te vacía la caja y luego te llena el monedero. Un país independiente no tendría que reclamar la condonación de una deuda como esta. Somos un país que no baja la cabeza dando las gracias con el café para todos de siempre que acabamos pagando los ciudadanos, como siempre. El país que queremos es un país que defiende, protege y acompaña a las mujeres ante la violencia machista desde los tres poderes, que decide lo que quiere hacer y que lo aplica desde la justicia, que hace sentir su voz como voz del mundo, como Estado libre dentro de los convenios internacionales, como el Convenio de Estambul. Ese es el país que queremos y que un día tendremos. Pero estamos aquí, en el Estado español, y hoy más que un pacto de Estado lo que hacemos es un pacto con el Estado para poder mejorar la protección de las mujeres catalanas ―catalanas y no catalanas, claro; pero de las mujeres de Cataluña también―. Nos hemos implicado a fondo porque el objetivo es universal: combatir la lacra de la violencia machista desde todos los ámbitos de actuación y en todos los terrenos de juego desde el ámbito competencial, como se establece en el preámbulo como condición sine qua non de todos los partidos independentistas. Como saben, Cataluña tiene competencias en igualdad y ha estado a la vanguardia en la lucha contra la violencia machista. Este pacto recoge más de 460 medidas. Decíamos el otro día que si estas medidas sirven para salvar la vida de una sola mujer o de alguno de sus hijos, tantas veces víctimas de la peor de las violencias vicarias, habrá merecido la pena el esfuerzo. Es un pacto que amplía los recursos que reciben las comunidades autónomas para poder proteger a nuestras mujeres, jóvenes y niñas. Pero el pacto no tiene recursos suficientes, claro; recoge una mejora, sin embargo, que aporta 160 millones de euros para las comunidades autónomas durante los próximos cinco años y 40 millones para las entidades locales. Pactar significa renuncias para que el consenso pueda ganar en favor de todas. A pesar de no estar de acuerdo al cien por cien con todo lo que dice el pacto, lo hacemos nuestro porque nos jugamos mucho. Las muchísimas personas que han comparecido nos han aportado datos, experiencia y sentido común, algo imprescindible para poder ajustar las medidas buscando la eficiencia en la prevención, el castigo y la prevención de la violencia machista.

Querría centrarme en algunas medidas especialmente relevantes, medidas que, literalmente, pueden salvar vidas y con las que se quiere evitar, por ejemplo, que vuelva a fallar la coordinación entre los juzgados de familia y los de lo penal. Ningún maltratador, ninguno, debería tener la custodia o derecho de visitas de sus hijos. En enero empezó el juicio contra el hombre que el 3 de abril de 2022 en Sueca, Valencia, mató a su hijo de 11 años por infligir el peor de los dolores a su expareja. El progenitor asesino tuvo acceso al régimen de visitas a su hijo, a pesar de que ya había tenido episodios violentos y que ya había sido condenado por maltratos a la madre.

También se ha trabajado mucho en todo aquello que tiene que ver con la prevención de la violencia y la mejora de los protocolos de valoración de riesgo, complementando los que se establecen en los registros de VioGén 2, porque demasiadas veces las mujeres no son suficientemente conscientes del riesgo que corren. Recientemente, justamente en una visita VioGén, supimos que el mejor predictor de un feminicidio es un ataque al cuello. Si, además, ha habido amenazas de suicidio o intervención de drogas o alcohol: alerta máxima. Lo digo porque me siento en la obligación de aprovechar este altavoz por si puedo llegar directa o indirectamente a alguna mujer que esté en peligro. A 31 de diciembre, de los cien mil casos que siguen en VioGén 2, hay doce que son de altísimo riesgo. El reto de todas y todos es que no perdamos a ni una de estas mujeres que están en riesgo.

Junts ha pedido que, además de los antecedentes de violencia contra la mujer de un potencial agresor, se tengan en cuenta en los protocolos de valoración de riesgos, ya sean policiales o judiciales, si ha habido maltrato en los animales de la familia, porque un hombre que ha hecho daño a un animal de la familia está más predispuesto a poder hacer daño a su mujer o a sus hijos. Un dato que nos duele especialmente siempre es saber que ha habido mujeres asesinadas a pesar de que habían denunciado previamente, mujeres a las que el sistema no ha sabido proteger. También hay medidas para analizar y reforzar la protección en este sentido. La estadística nos dice que los dispositivos electrónicos de control de las órdenes de alejamiento son elementos fundamentales.

La medida de docentes es importante aquí para seguir las órdenes de prevención y hay que analizar, entre otras cosas, cómo se pueden optimizar esos dispositivos de control. Los datos reflejan que las agresiones sexuales entre menores, también en casos de violencia grupal, han ido al alza. Y aquí quiero denunciar que el proyecto de protección de menores en el ámbito digital, porque eso respondía a una emergencia ―todavía está en fase de anteproyecto y llevará meses hasta que sea una realidad― incluye algunas medidas que nosotros propusimos hace tres años y a las que no se ha dado apoyo. El pacto habla de algunas medidas que se deben incorporar en esa futura ley. También se tiene en cuenta el pacto de prevención y sensibilización. Uno de cada cinco jóvenes no cree que la violencia de género sea un problema, a pesar de que se les ha formado en régimen de coeducación. Esto será un trabajo que tendrán que hacer las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias en educación: revertir el mal que algunos contenidos de las redes sociales han hecho entre los jóvenes.

Acabo. A pocos días del 8 de marzo queremos recordar a todas las víctimas de la violencia de género y queremos también dar las gracias a todas las mujeres, a las más pequeñas, que tienen todo el futuro por delante y que sin duda podrán y querrán cambiar el mundo, y a aquellas que desde la juventud o la madurez siguen aportando su experiencia en la lucha contra la desigualdad. Que la sororidad nos acompañe a todas. (Aplausos).

Bé, bona tarda. Vull començar la meva intervenció dient que Esquerra Republicana de Catalunya està i estarà compromesa sempre i arreu amb la lluita contra la violència masclista. I ho vull repetir sempre i arreu, a Catalunya, a Europa i al món, allà i aquí. I per això hem estat treballant de valent per aconseguir que avui es voti un pacte que avanci respecte al del 2017, sobretot en el reconeixement de noves violències.

Dit això, també vull començar la meva intervenció deixant molt clar que el resultat final d’aquest document ni és el nostre pacte ni és el del nostre Estat. Però tot i així hi som perquè hi serem sempre. El que avui sortirà d’aquest ple és per nosaltres un document de mínims que, si bé és cert que avança en alguns aspectes, en deixa d’importants pel camí que a Catalunya tenim ben reconeguts i que el Departament d’Igualtat i Feminismes del Govern republicà va abordar sense complexos.

Però vull començar per les coses bones. I en diré tres. El document que avui aprovarem avança en coses importants com és el reconeixement de les violències digitals i les noves formes d’assetjament, que aprofiten les eines de la tecnologia per agredir a les dones i extorsionar-les. Unes violències cada cop més a l’alça i que són dificilíssimes de controlar i que, per això precisament, cal tenir al radar i cal posar-hi molts recursos per combatre. S’amplia la formació en temes d’igualtat, discriminació per raó de sexe i lluita contra la violència de gènere a tota la judicatura, i de forma obligatòria i avaluable. El temari de les oposicions a la judicatura, l’escola judicial i la formació contínua de jutges i jutgesses és un tema que llargament ha reivindicat Esquerra Republicana perquè assumim que la detecció i la sensibilització en temes de violències masclistes s’ha d’abordar de forma integral i, sobretot, en l’àmbit de la justícia, un espai on encara és massa freqüent la falta d’empatia i de consciència amb les violències masclistes. Garantir els drets i la protecció de totes les víctimes exigeix que fem aquest pas endavant.

El nou pacte reconeix també el dret a les víctimes de violència de gènere que conviuen amb un animal a no separar-se d’ell en el moment de deixar de viure amb el seu maltractador. I no és un tema menor. Les dades diuen que fins el 84 % de dones manifesten que el seu animal també ha patit violència i un 60 % un 60 %! no abandona la seva llar perquè... endarrereix la sortida de la seva llar, perquè té por que el maltractador exerceixi violència vicària sobre el seu animal i el pugui arribar a matar, posant així en perill la seva pròpia vida per allargar aquesta convivència amb aquesta persona que l’apallissa moltes vegades, dia rere dia. Aquestes dones en moltes ocasions només tenen aquest animal com a suport emocional i l’administració ha de garantir que puguin abandonar els seus habitatges amb ells. I aquí llanço i enllaço amb el concepte de sororitat que recull també aquest pacte. Lluitar contra la violència contra les dones ha de ser una qüestió integral i hem de treballar per garantir els drets de totes les víctimes. Totes i cadascuna d’elles sense deixar-nos en cap, pateixin el tipus de violència masclista que pateixen, cadascuna amb les seves circumstàncies i amb les seves preocupacions i pors. I això vol dir atendre dins el mateix rang totes les víctimes i posar al mateix nivell totes les violències sense frivolitzar-ne absolutament cap. I aquí és on falla el document. Aquest pacte es deixa pel camí dues qüestions que per nosaltres són troncals: no reconeix ni la violència obstètrica ni la violència institucional, dues formes de violència reconegudes internacionalment i que, com deia abans, s’han abordat de forma clara i valenta des del Govern republicà de la Generalitat. El pacte fa servir l’eufemisme salut obstètrica per amagar sota la catifa el que avui està a l’ordre del dia: desinformacions, cesàries no justificades, comentaris i afirmacions totalment injustificables a les consultes de ginecologia, entre moltes d’altres coses. La violència obstètrica ha estat reconeguda per diverses institucions internacionals i està passant cada dia. Aquesta violència vulnera l’autonomia de les dones en la presa de decisions sobre la seva salut sexual i reproductiva. I la violència institucional, fa pocs dies la justícia ha arxivat el cas de Juana Rivas per aquest tema, per exemple, i passa cada dia que les pròpies administracions públiques, per acció o per omissió, perpetuen aquestes situacions de desigualtat. La revictimització de les dones en el sistema judicial, com en casos de La Manada, per exemple, manca d’informació, negligència en atenció a les víctimes són exemples concrets d’aquesta violència. El seu reconeixement per a nosaltres és essencial per avançar cap a una societat més justa i igualitària. I un cop més, el Comitè, un cop més, el Comitè per a l’Eliminació de la Discriminació contra la Dona ha denunciat també aquestes violències institucionals i ha instat els Estats a fer alguna cosa per acabar amb elles.

I per últim, no es preveu cap acció per reformar la Llei Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral Contra la Violència de Gènere. Cal actuar perquè és pura negligència fragmentar la legislació en aquest sentit i abordar-la per parts. S’ha de modificar la llei i modernitzar la perquè inclogui totes les violències que poden patir les dones pel simple fet de ser-ho. I això és el que s’ha fet a Catalunya i és el nostre model. S’han fet passos importants per reconèixer i abordar aquestes formes de violència des de l’anterior govern. La Llei 17/2020, de modificació de la Llei 5/2008, del Dret de les Dones a Erradicar la Violència Masclista, va ser pionera en incorporar explícitament tant la violència obstètrica com la institucional dins el marc de les violències masclistes. Aquesta legislació estableix mecanismes de prevenció, atenció i reparació a les dones afectades, així com obligacions específiques per als poders públics per garantir-ne l’erradicació. I aquest és el model i el pacte que voldria Esquerra Republicana de Catalunya.

El panorama mundial actual no és gens esperançador. Ridiculitza la lluita feminista i vol fer creure que la causa de la igualtat va en contra dels homes, cosa que és evidentment falsa. Ho hem vist i ho hem patit a la subcomissió i ho hem vist també avui, aquesta tarda en aquest hemicicle. Dit això, nosaltres lluitarem sempre i arreu contra això. Per això donarem suport al pacte.

També vull agrair el to de la subcomissió. Realment era un oasi dins de dins d’aquesta vida parlamentària i a totes les dones i homes que han col·laborat perquè avui surti, malgrat que dir clarament que per nosaltres és un passet endavant i aquí sempre ens hi trobaran.

Moltes gràcies.

Buenas tardes. Quiero empezar mi intervención diciendo que Esquerra Republicana de Cataluña está y estará comprometida siempre y en todas partes con la lucha contra la violencia machista. Y quiero repetirlo, siempre y en todas partes: en Cataluña, en Europa y en el mundo. Allá y aquí. (Aplausos). Por eso, hemos estado trabajando duramente para que hoy se pueda votar un pacto que avance frente al de 2017, sobre todo en el reconocimiento de nuevas violencias. Dicho esto, también quiero empezar mi intervención dejando muy claro que el resultado final de este documento ni es nuestro pacto ni es el de nuestro Estado; aun así, estamos ahí porque siempre vamos a estar ahí. Lo que saldrá hoy de este Pleno, para nosotros es un documento de mínimos que, si bien es cierto que avanza en algunos aspectos, deja algunos muy importantes por el camino, que en Cataluña ya hemos reconocido muy bien y que el Departamento de Igualdad y Feminismo del Gobierno republicano abordó sin complejos. Pero quiero empezar por las cosas buenas, y voy a mencionar tres. El documento que aprobaremos hoy avanza en cosas importantes, como el reconocimiento de las violencias digitales y las nuevas formas de acoso que aprovechan las herramientas de la tecnología para agredir y extorsionar a las mujeres, unas violencias que están cada vez más en auge y que son dificilísimas de controlar, por eso precisamente es preciso que se tenga el radar y que se pongan muchos recursos para poderlas combatir. Se amplía la formación en temas de igualdad, de discriminación por rol de sexo y de lucha contra la violencia de género en toda la Judicatura de forma evaluable. El tema de las oposiciones en la judicatura, en la Escuela Judicial y la formación continua de jueces y juezas es un tema que se ha reivindicado desde hace mucho tiempo por parte de Esquerra Republicana, porque asumimos que la detección y sensibilización en temas de violencias machistas tiene que abordarse de forma integral y, sobre todo, tiene que hacerse en el ámbito de la justicia, un espacio donde demasiadas veces falta empatía y conciencia frente a estas violencias machistas. Garantizar los derechos y la protección de todas las víctimas exige que demos este paso hacia adelante. El nuevo pacto reconoce también el derecho de las víctimas de violencia de género que conviven con un animal a no separarse de él en el momento en el que dejen de vivir con su maltratador. No es un tema menor, los datos dicen que hasta el 84 % de mujeres manifiestan que su animal también ha sufrido violencia y un 60 %, ¡un 60 %!, no abandona su hogar o retrasa la salida del hogar porque tiene miedo a que el maltratador ejerza violencia vicaria al animal, pudiéndolo matar, poniendo así en peligro su propia vida al alargar esa convivencia con esa persona que le da palizas, muchas veces día a día. Estas mujeres muchas veces solo tienen como apoyo emocional a ese animal y la Administración tiene que garantizar que puedan abandonar sus hogares con ellos. Y aquí lanzo y enlazo con el concepto de sororidad recogido también en este pacto. Luchar contra la violencia contra las mujeres debe ser una cuestión integral y tenemos que trabajar para garantizar el derecho de todas las víctimas, de todas y cada una de ellas, sin dejarnos a ninguna, sufran el tipo de violencia machista que sufran. Cada una tiene sus circunstancias, con sus preocupaciones y miedos, y eso significa que hay que atender dentro del mismo rango a todas las víctimas y poner en el mismo nivel todas las violencias, sin frivolizar absolutamente ninguna. Y aquí es donde falla el documento. El documento se deja por el camino dos cuestiones que para nosotros son troncales: no reconoce la violencia obstétrica ni la violencia institucional, dos formas de violencia reconocidas internacionalmente y que, como decía antes, se tienen que abordar de forma clara y valiente. Desde el Gobierno de la Generalitat ya se ha hecho. Se usa el eufemismo salud obstétrica para esconder bajo la alfombra lo que hoy está a la orden del día: desinformación, cesáreas no justificadas, comentarios y afirmaciones totalmente injustificables en las consultas de ginecología, entre muchas otras cosas. La violencia obstétrica ha sido reconocida por muchas instituciones internacionales y es algo que pasa cada día. Esta violencia vulnera la autonomía de las mujeres en la toma de decisiones sobre su propia salud sexual y reproductiva. Y, en cuanto a la violencia institucional, diré que hace pocos días la Justicia ha archivado el caso de Juana Rivas por este tema, por ejemplo. Sucede cada día que las propias Administraciones públicas, por acción o por omisión, perpetúan estas situaciones de desigualdad: la revictimización de las mujeres en el sistema judicial, como, por ejemplo, en el caso de La Manada, la negligencia en la atención a las víctimas o la falta de información son ejemplos concretos de esta violencia. Su reconocimiento para nosotros es esencial para poder avanzar hacia una sociedad que sea más justa e igualitaria y, una vez más, el Comité para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ha denunciado estas violencias contra las mujeres y ha pedido que el Estado haga algo para acabar con ellas.

Por último, no se prevé ninguna acción para reformar la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Es preciso actuar porque es negligencia fragmentar la Administración. Aquí hay que modificar la ley y modernizarla para que incluya todas las violencias que pueden sufrir las mujeres por el simple hecho de serlo, y esto es lo que se ha hecho en Cataluña y es nuestro modelo. Se han dado pasos importantes para reconocer y abordar estas formas de violencia desde el Gobierno anterior. La ley 17/2020 de modificación de la 5/2008 del Derecho de las Mujeres a Erradicar la Violencia Machista fue pionera en la incorporación explícita de la violencia obstétrica y de la violencia institucional dentro del marco de las violencias machistas. Esta legislación establece mecanismos de prevención, atención y reparación a las mujeres afectadas, así como obligaciones específicas para que los poderes públicos garanticen la radicación de esto. Este es el modelo y el pacto que querría Esquerra Republicana de Cataluña.

En el panorama mundial actual no nos encontramos con nada esperanzador. Se ridiculiza la lucha feminista y se quiere hacer creer que la causa de la igualdad va contra los hombres, cosa que es evidentemente falsa. Lo hemos visto y lo hemos sufrido en la subcomisión, y lo hemos visto también hoy, esta tarde, en este hemiciclo. Dicho esto, nosotras lucharemos siempre en todas partes contra eso. Por eso aprobaremos el pacto.

También quisiera dar las gracias por el tono de la subcomisión. Ha sido un oasis realmente dentro de esta vida parlamentaria. Quiero dar las gracias a todas las mujeres y hombres que han contribuido a que esto salga hoy. Aunque tengo que decir que para nosotros es un paso pequeño hacia adelante, siempre nos van a encontrar ahí.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidente. Cada una de las iniciativas legislativas que se discuten en esta Cámara es de vital importancia, porque cada una de ellas es un instrumento que debe solucionar los problemas de la gente. Esta es la principal misión de la política. (Aplausos). Hoy, precisamente hoy, no debatimos cuál es la mejor receta de cada grupo parlamentario para solucionar un problema de la ciudadanía, que también, sino que nos ponemos de acuerdo casi todos los grupos parlamentarios ―por lo tanto, una clara mayoría social― para hacer frente a una problemática que lo invade todo. La violencia contra las mujeres invade la esfera privada, pero también la pública: se da en el trabajo, en los espacios de ocio, en la calle y en el transporte público; se ejerce por parte de maridos, amigos, exnovios, compañeros de clase, parientes y desconocidos. La violencia machista a la que estamos expuestas todas las mujeres por el simple hecho de serlo es la mayor lacra social que arrastra la humanidad. Hoy, con la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobamos un instrumento con más de 460 medidas que dota y pone a disposición de los distintos niveles de la Administración pública herramientas concretas para combatirla. Por eso hoy es un buen día, porque avanzamos en tres direcciones. La primera, desde 2017 el pacto de Estado ha sido una herramienta clave para salvar vidas, garantizar derechos y consolidar una respuesta institucional firme contra la violencia machista. Celebramos que esta renovación refuerce el compromiso presupuestario en todos los niveles ―para las acciones de la Administración General del Estado, para las comunidades autónomas y para las entidades locales―, que avance en el establecimiento de la plurianualidad para las medidas estructurales que requieran un mantenimiento continuado y estable y que ahora los fondos puedan financiar los gastos de personal para servicios especializados y también los gastos de inversiones. (Aplausos). Además, el pacto actualiza las medidas del ordenamiento jurídico actual, alineándolas con las leyes claves aprobadas en esta y en la pasada legislatura, destacando con especial relevancia la urgencia de trasponer la directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres aprobada en el Parlamento Europeo el año pasado. Asimismo, este nuevo pacto mejora el abordaje de la violencia machista que sufren las mujeres de sectores más vulnerables y establece adoptar medidas de prevención, detección, atención, protección y acompañamiento a esta diversidad de mujeres vulnerables: mujeres migrantes, mujeres gitanas, mujeres con discapacidad… También hemos incorporado un aspecto clave: la necesidad de evaluar cómo afecta la situación habitacional a las víctimas de violencia machista, incluyendo las ejecuciones hipotecarias, así como el papel que todo ello puede desempeñar en el ejercicio de la violencia económica, porque la crisis de la vivienda impacta duramente en estas mujeres. (Aplausos).

El pacto refuerza las medidas de la violencia vicaria, la violencia más atroz de todas. Desde 2013 la violencia machista ha dejado 474 huérfanos y más de 60 menores asesinadas, más de 60; una cifra insoportable que nos exige actuar con urgencia y contundencia. Este pacto avanza en la mejora de los protocolos de detección de esta violencia en el ámbito sanitario y educativo, así como de más formación para todos los profesionales y las profesionales que tengan un contacto habitual con niños, niñas y adolescentes, y especialmente para todo el personal al servicio de la Administración de Justicia.

Un gran logro es la inclusión de dos nuevas formas de violencia contra las mujeres. La primera es la violencia económica, entendiéndola como la acción de limitar, suprimir o controlar de manera injustificada e intencionada el acceso de las mujeres a los recursos económicos de la familia, de la pareja o propios, acompañándola de medidas para prevenir el sabotaje laboral perpetuado por el agresor para impedir que la víctima mantenga o tenga un empleo. Y la segunda es la violencia digital, abordando su impacto al crear indicadores hoy casi inexistentes y el refuerzo de la formación integral para profesionales que atienden a las víctimas y también para profesionales del peritaje informático, garantizando una respuesta más eficaz frente a esta forma de violencia. Esta incorporación de nuevos tipos de violencia es imprescindible, pero se queda corta. Desde el primer momento nuestro grupo, SUMAR, defendió utilizar la terminología «violencia contra las mujeres» por ser mucho más comprensiva y amplia. Además, es el término utilizado en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en el Convenio de Estambul y también en la directiva que debemos trasponer. (Aplausos).

La violencia contra las mujeres es de ámbito amplio, pero el argumento de los grupos mayoritarios de mantener la terminología del ordenamiento actual impide avanzar y reduce el concepto de violencia de género, limitándola a la ejercida exclusivamente por parejas o exparejas, tal y como establece el artículo 1 de la Ley 1/2004. La violencia contra las mujeres, la violencia machista supera la esfera privada y lo invade absolutamente todo, cada rincón de nuestras vidas, y así debería recogerse en el pacto que lucha contra la concreción más violenta del machismo y del patriarcado. Por lo tanto, este no es cien por cien el pacto que nuestro grupo, SUMAR, querría ni el de ningún grupo parlamentario, pero es el mejor pacto posible. Y esta es la segunda dirección en la que avanzamos. Hemos renovado un pacto de Estado que pone en el centro a las mujeres que sufren violencia machista y lo hemos hecho en un ejercicio de buena política, lejos del ruido, lejos de la crispación, estableciendo un debate político serio y respetuoso y construyendo consensos a base de diálogo, de intercambio de propuestas y de cesiones por parte de todas, de todas. (Aplausos). Por lo tanto, aprovecho y agradezco a todas las diputadas y al diputado de la subcomisión haber creado un espacio de trabajo útil y respetuoso. Esto se echaba en falta. A todas menos a las diputadas de VOX, que, con su actitud de desprecio hacia la subcomisión, hacia los debates que se suscitaban y las medidas que debatíamos, desprecian el dolor de tantas mujeres, pero hoy se quedarán solas, se quedarán aisladas. (Aplausos).

Y termino con la tercera y más importante, si cabe, dirección en la que hoy avanzamos. Ante un contexto global de retroceso de las políticas feministas, ante la ofensiva de la internacional reaccionaria, que destruye un consenso ampliamente compartido de entender las políticas feministas como instrumentos esenciales para construir sociedades más igualitarias, más justas y democráticas, en este país hoy somos capaces de ponernos de acuerdo casi todas las fuerzas políticas para avanzar en más feminismo y en más democracia. Hoy reafirmamos que no hay justicia sin igualdad ni democracia sin feminismo.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).

Gracias, presidente. Ministra, señorías, buenas tardes.

No puedo empezar esta intervención de otra manera que no sea recordando a las 1296 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde que en el año 2003 este país empezó a recoger oficialmente cifras sobre la violencia de género; recordando a los 62 niños y niñas cuyos padres les quitaron la vida con el único fin de provocar el mayor dolor posible a sus madres, así como a los 474 huérfanos y huérfanas que han tenido que sobrevivirlas. (Aplausos). Pero con todo el horror que estas cifras nos muestran, no nos dan cuenta de la magnitud del problema, no nos hablan del miedo diario de miles, de decenas de miles de mujeres, del maltrato psicológico, físico y sexual, del aislamiento, de la dependencia económica, de las amenazas y extorsiones en el ámbito digital y de la angustia constante por el bienestar de hijos e hijas. A todas ellas, a las que sufren esta violencia y a las que están bajo la amenaza de sufrirla, que somos todas porque esta violencia no entiende de edad, de nacionalidad, de clase social o de condición económica, este pacto de Estado les traslada hoy un mensaje de esperanza. (Aplausos). El mensaje de todo un país, de sus fuerzas políticas, que les dicen que no están solas, que su problema es en realidad el de todas, el de todos, que es un problema de Estado y que, como tal, ha de tener una respuesta de Estado.

Señorías, es muy buena noticia que los partidos nos hayamos puesto de acuerdo para actualizar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, para dotarlo con más medios y con medidas más ambiciosas, pero lo cierto es que no es más que nuestra obligación… (Rumores).

Pero lo cierto es que no es más que nuestra obligación, porque una democracia que se precie no puede cerrar los ojos ni bajar los brazos ante esta violencia que no cesa. Este pacto de Estado reconoce que las mujeres sufren una violencia específica y estructural por el hecho de ser mujeres, que la ejercen hombres que consideran que pueden controlarlas, castigarlas, golpearlas y hasta decidir cuándo acabar con sus vidas. Por eso la primera tarea que el pacto señala como necesaria es la de educar en igualdad, para que los niños y niñas crezcan libres de estereotipos sexistas y evitemos que se reproduzcan los roles que justifican las agresiones. En segundo lugar, este pacto busca formar, porque tenemos que ser lo suficientemente valientes y humildes en todos los ámbitos para entender que tenemos prejuicios machistas. Y, finalmente, este pacto quiere salvar vidas; no solo evitar asesinatos, sino también pavimentar los caminos por los que hay que transitar para salir del horror, para asegurar la libertad y la seguridad de todas las mujeres.

En 2014 una compañera socialista, Elena Valenciano, propuso a este hemiciclo alcanzar un gran acuerdo de Estado para erradicar la violencia de género. No fue posible entonces, pero sí lo fue en 2017, renovando el consenso logrado en 2004, cuando este país, con un Gobierno socialista, aprobó por unanimidad la ley orgánica de medidas contra la violencia de género, que veinte años después sabemos que sigue salvando vidas. (Aplausos). Y volvemos a lograrlo ahora, señorías, con 461 medidas que perfeccionan las aprobadas hace ocho años, que se levantan sobre lo conseguido desde el primer pacto. Como dice la poetisa Maya Angelou, entonces lo hicimos lo mejor que supimos, y ahora que sabemos más lo haremos mejor. Ese es el compromiso.

Quiero reconocer expresamente el trabajo de todas las portavoces parlamentarias a favor de este pacto. Gracias a todas ellas, esta hoja de ruta es más robusta y nos llevará más lejos. Y gracias también a las letradas de la comisión por su trabajo. Pero permítanme que me detenga en mis compañeras Lidia Guinart y Andrea Fernández, faro siempre; en María Sainz, Ada Santana y Susana Ros; y en Raquel Sanchidrián, Sara Mateos y Maribel García, cuyo tesón y compromiso feminista representan a la perfección los valores del Grupo Parlamentario Socialista. (Aplausos). Sin embargo, hoy, sobre todo, quisiera dar las gracias a las personas expertas y entidades feministas, muchas de las cuales están hoy aquí, dentro y fuera de este hemiciclo, por su trabajo y sus aportaciones. Este pacto también es vuestro. (Aplausos).

Señorías de VOX, voy a referirme a ustedes muy brevemente, porque lo cierto es que no merecen hoy ningún protagonismo. Ustedes no se atreven a mirar a los ojos de las víctimas, a escucharlas, a entenderlas; las han dejado solas, como siempre. Por eso hoy esta Cámara les va a dar la espalda, les va a dejar solos y no tengo ninguna duda de que quedarán retratados en el lado más oscuro de la historia. No merecen ninguna otra cosa. (Aplausos).

Señorías, el nuevo pacto nos empuja a trabajar de forma más coordinada, a diseñar conjuntamente políticas que garanticen los mismos derechos a todas las mujeres en todo el territorio. Necesitamos de la implicación de todas las Administraciones, del despliegue de todas sus competencias para conseguir que esta lucha no se estanque. El pacto nos impone la necesidad de atender las circunstancias específicas de las mujeres con discapacidad, de las mujeres migrantes, de las mujeres de más edad o de las mujeres más jóvenes y nos reclama que escuchemos a la infancia y que entendamos mejor lo que ocurre en el entorno rural, pero, señorías, no nos engañamos, con este pacto no termina nada; bien al contrario, apretamos los dientes y seguimos. Por eso, como socialistas, queremos manifestar hoy nuestro compromiso con las mujeres víctimas del sistema prostitucional. La falta de acuerdo ha dejado fuera esta cuestión, pero para mi grupo sigue siendo una prioridad, porque las mujeres no pueden ser tratadas como mercancía, y seguiremos, por tanto, trabajando por la abolición de la prostitución. (Aplausos). No tengan ninguna duda.

Voy terminando, presidente. Durante los próximos cinco años tendremos la obligación de desarrollar las 461 medidas que incorpora este contrato político, que esperamos que sea también un contrato social. Contaremos, gracias al compromiso de este Gobierno, con más recursos y medios que nunca y con la ventaja de tener un sistema que ya está en gran medida desarrollado. Puedo garantizarles que allí donde haya un socialista, una socialista, nos vamos a dejar la piel para implementar este acuerdo, porque está en nuestro ADN combatir cualquier forma de desigualdad, de injusticia o de violencia (aplausos), y porque este no será el país que soñamos mientras una sola mujer no sea libre y esté segura.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista y de la señora ministra de Igualdad, Redondo García, puestos en pie).

Muchas gracias, presidente. Señorías, quiero comenzar dando la bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy en la Cámara, entidades y profesionales, a las diputadas que fueron protagonistas en la elaboración del primer pacto de Estado y que hoy también nos acompañan y, por supuesto, a todas las compañeras letradas y compañeros que han trabajado durante meses de forma intensa y rigurosa en la subcomisión para la renovación de este pacto de Estado. Señorías, la violencia contra las mujeres es una violencia estructural que afecta a toda la sociedad. Parte de la existencia de una desigualdad y se manifiesta en patrones de conducta de poder y control del hombre sobre la mujer. Además, tiene una incidencia desproporcionada en relación con otras violencias en el ámbito doméstico. Las cifras son contundentes. En 2024, 37 161 maltratadores fueron condenados por violencia de género frente a 5898 por violencia doméstica. Desde la puesta en marcha de VioGén se han hecho más de siete millones de valoraciones policiales y forenses de mujeres en riesgo, de las cuales siguen activas 847 000. En estos momentos, en nuestro país hay más de cien mil mujeres bajo algún tipo de protección policial, de las cuales cerca de novecientas representan un nivel de riesgo alto o extremo: 1296 mujeres asesinadas desde 2003. Señorías, sí, hemos avanzado, pero todavía queda mucho por hacer. Y frente a esto, ¿qué ha hecho el Partido Popular? Los Gobiernos del Partido Popular fueron pioneros en la lucha contra la violencia machista. En el Gobierno de José María Aznar se aprobaron los primeros instrumentos clave, como la orden de protección y los juicios rápidos; durante el Gobierno de Rajoy, simplemente una ambiciosa agenda legislativa para reforzar la prevención, el control de los agresores y la respuesta institucional, reconociendo también a los hijos como víctimas, se ratificó el Convenio de Estambul y se impulsó y aprobó el primer Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con un compromiso financiero de 1000 millones de euros a invertir durante la vigencia de este. (Aplausos). Esa es la herencia que ustedes recibieron en 2018, señores del Gobierno, pero lamentablemente tengo que decir que no han administrado correctamente el instrumento que se les dejó preparado para luchar contra esta lacra, en concreto en lo que ha sido la ejecución de las partidas económicas que correspondían al Gobierno de España. El pacto era muy claro en sus medidas: este dinero debía destinarse con partidas específicas a los ministerios del Interior, de Justicia, de Educación y de Sanidad, y la realidad es que, en vez de aumentar el número de efectivos especializados de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para garantizar una protección más eficaz a las víctimas, se los gastó el Ministerio de Igualdad con fines muy distintos a la lucha contra la violencia de género. Por eso puedo garantizarles que vamos a ser implacables en el control de la ejecución de lo que hoy se aprueba en esta Cámara, en el cumplimiento de sus medidas y, sobre todo, en el destino de las partidas presupuestarias que deben aplicarse. Señorías, este pacto representa el mayor compromiso de la sociedad española para proteger a las mujeres frente a la violencia machista. Contiene medidas en todos los ámbitos para combatir todas las formas de violencia contra las mujeres. Incorpora las medidas recomendadas por los profesionales en el ámbito policial y judicial y partidas económicas para dar continuidad a sus medidas por todas las Administraciones en el ámbito de sus competencias. Pero, señorías, a nadie se le escapa el contexto en el que se aprueba también este pacto. Por eso es imprescindible que me detenga ahora en quienes con grandilocuencia y dogmatismo se presentaron como los grandes defensores del feminismo y los derechos de las mujeres. Me refiero a Podemos, a SUMAR y al PSOE de Pedro Sánchez.

Desde su llegada al poder han instrumentalizado el feminismo en beneficio de su proyecto ideológico, pervirtiendo sus principios y alejándolo de su verdadero objetivo: la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Lejos de fortalecer las políticas de igualdad, las han utilizado como una herramienta de polarización, dividiendo a la sociedad, enfrentando a hombres y mujeres y desacreditando a quienes no comparten su visión sectaria. El feminismo no puede reducirse a una estrategia de propaganda o a un arma electoral. No es un monopolio de la izquierda ni una etiqueta para descalificar a quien discrepe de sus postulados; sin embargo, eso es exactamente lo que han hecho. Vinieron con promesas de cambio y con un discurso mesiánico, convenciendo a muchos de que su modelo era el único camino posible, pero en su deriva ideológica han confundido el progreso con la imposición de dogmas, han legislado con frivolidad y han causado un retroceso evidente en la protección de las mujeres.

La aprobación de la ley del solo sí es sí es el ejemplo más grave de su irresponsabilidad. Bajo el pretexto de una mayor garantía para las víctimas, crearon una norma dañina que ha permitido la rebaja de 1400 penas, incluidos los miembros de La Manada, y la excarcelación de más de cien agresores sexuales. Una decisión que en cualquier democracia madura habría acarreado dimisiones o ceses inmediatos (aplausos), pero en el Gobierno de Pedro Sánchez la rendición de cuentas no existe; al contrario, han tratado de minimizar las consecuencias de sus propias políticas, eludiendo su responsabilidad e intentando culpabilizar a los demás. Han desprestigiado la justicia, han atacado a quienes aplican la ley y, algo muy grave, han puesto en riesgo la confianza de las víctimas en el sistema, porque su objetivo no es mejorar la vida de las mujeres, sino perpetuarse en el poder.

Por otro lado, han tolerado y protegido conductas que desde una perspectiva feminista de verdad resultan repudiables. Han tenido a personas de su máxima responsabilidad en sus partidos cuya relación con las mujeres es vergonzosa. Mientras las señoras Díaz, Montero y Belarra acusaban a otros de machismo estructural, repetían la monserga del heteropatriarcado y gritaban eslóganes como el de «Hermana, yo sí te creo», guardaban silencio y tapaban escándalos de abusos y agresiones sexuales en sus propias filas de sus hombres, de sus machos alfa. Estos días hemos sabido que en la universidad del señor Monedero era un riesgo una simple tutoría con sus alumnas. Mejor con la puerta abierta, decían. Y sí, también el señor Sánchez alardeaba de ser el más abolicionista en sus discursos mientras convivía muy cerca con dirigentes implicados en tramas de corrupción que seleccionaban a mujeres prostituidas en un catálogo del móvil. (Aplausos). Dígase el señor Koldo o el señor Ábalos.

Señorías, el feminismo no es una etiqueta de partido ni una coartada para justificar la mala gestión o la incompetencia; es una causa de justicia social que requiere seriedad, rigor y, sobre todo, coherencia. No se puede consentir que nos den lecciones de día los que se saltan sus propias normas de noche, como hacía el señor Errejón. La lucha por la igualdad y contra la violencia de género no se construye con demagogia ni con hipocresía moral, sino con políticas eficaces y destinando los recursos para proteger a las víctimas. Han hecho ustedes tanto daño a las mujeres con sus políticas durante su Gobierno como los discursos negacionistas de VOX tras los que se escudan. Porque sí, señorías, han sido ustedes, el Gobierno más antifeminista de la democracia, el que más daño ha hecho a las mujeres en este país.

Señorías, quiero finalizar mi intervención dirigiéndome a las mujeres, a las que son víctimas de violencia, para decirles que la sociedad española está con ellas; que afortunadamente hoy en España existen leyes que las protegen; que velaremos para que haya cada vez más unidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad especializadas que mejoren su atención y protección, para que se cuente cada vez con mejores recursos en las comunidades autónomas y ayuntamientos para asistirlas y para avanzar en la prevención de la violencia; que trabajamos para que cualquier mujer víctima…

Acabo presidente. … cuente con un profesional formado en violencia de género que la comprenda y no la cuestione y para que, gracias a la especialización de la justicia en esta materia, se garanticen sus derechos y los de sus hijos. Por todas estas mujeres, el Partido Popular renovamos este compromiso, lejos del negacionismo de unos y también de la hipocresía de otros, solo pensando en las víctimas y con un horizonte que no es otro que terminar con esta lacra. Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidente. Señorías, después de escuchar muy atentamente sus intervenciones, valoro, si cabe, todavía mucho más este acuerdo. Y quiero comenzar agradeciendo a todas las diputadas y diputados que han hecho posible este gran acuerdo su trabajo, su inteligencia, su empatía, su responsabilidad y su altura de miras para aparcar las diferencias que hemos visto en esta misma sesión y situarse con perspectiva histórica a la altura de la encrucijada axiológica que nos toca vivir. Pasará el tiempo y los nombres de las diputadas y diputados que han hecho posible este avance democrático perdurará en la memoria colectiva por su valiosa contribución a una sociedad libre de violencias machistas, libre de imposición y dominación sobre las mujeres. Su aportación a la libertad de todas las mujeres merece nuestro reconocimiento y mi más profundo agradecimiento. Los grandes consensos han sido imprescindibles para transformar la sociedad patriarcal y machista en una sociedad democrática, igualitaria y justa, en la que las mujeres gozan de idénticos derechos y libertades que los hombres. Al menos, negro sobre blanco. El consenso constitucional, la unanimidad en la aprobación de la ley integral contra la violencia de género, el Pacto de Estado de 2017 y esta renovación del acuerdo para erradicar la violencia de género son esfuerzos colectivos que cumplen el mandato constitucional de remover todos los obstáculos que impidan la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres. Sin duda, son acuerdos transformadores encaminados a construir una sociedad más digna, más decente y coherente con los valores que inspiran nuestro orden político, jurídico y social. Y, ciertamente, no es fácil transformar una cultura global y milenaria de la dominación, de la imposición, de la violencia ejercida para torcer la voluntad de las mujeres en una cultura del respeto, de la empatía y de la igualdad de derechos, y menos, señorías, en un contexto histórico de recorte de libertades, en el que la ola reaccionaria amenaza con devolvernos a tiempos pretéritos que creíamos ya superados, revirtiendo derechos que creíamos conquistados para las generaciones futuras, negando la existencia misma de la violencia machista. Pues bien, en medio de la distopía del tiempo en que vivimos se alza la utopía y la esperanza en una sociedad libre de violencias, donde las mujeres podamos vivir en igualdad de derechos y oportunidades que nuestros compañeros. En medio de tanto vocerío, de bulos y mentiras, se alza el diálogo entre diferentes, la escucha de puntos de vista muy distintos, pero con un objetivo común: el interés general. En medio de la sinrazón y el individualismo, en el Congreso de los Diputados demostramos con el ejemplo que creemos en la comunidad que progresa sobre los valores que compartimos. Hoy hacemos honor en este Parlamento al noble arte de utilizar la palabra para expresar razones y llegar a acuerdos que permiten avanzar a la comunidad. Y este esfuerzo compartido ha sido posible porque en la España democrática la vida, la libertad y la igualdad son los bienes más preciados. Todas las mujeres tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidas a torturas o a tratos inhumanos y degradantes. El carácter valioso de la vida de las mujeres, de cada una de las mujeres, y la convicción profunda de que la vida humana es digna de ser vivida en libertad e igualdad nos mueven a este acuerdo para poner a todas las instituciones y a todos los instrumentos de los que dispone el Estado al servicio de una sociedad libre de violencias machistas. Este pacto, con más de cuatrocientas sesenta medidas, es la respuesta a formas de violencia machista despiadadas y feroces, como la violencia vicaria, que se ejerce sobre los hijos e hijas con el único fin de dañar profundamente a la madre. Debe servir también para enfrentar nuevas formas sofisticadas de dominación sobre las mujeres, como la violencia digital, que se ha extendido masivamente a través de las redes sociales y se ceba en las personas más jóvenes. Pretende responder asimismo a la violencia económica, que impide la autonomía vital de muchas mujeres que se ven sometidas por necesidad de recursos a sus maltratadores. Contempla la violencia que se ejerce sobre las mujeres con discapacidad, que sufren una doble y triple discriminación, y la situación también de enorme vulnerabilidad por la que atraviesan mujeres sometidas en el entorno rural, donde la falta de recursos públicos deja especialmente desprotegidas a muchas de estas mujeres. Señorías, somos conscientes de las dificultades, pero también de que el acuerdo es el primer paso, al que tiene que seguir un trabajo transversal y sistemático para implementar, con medidas legislativas e institucionales y nuevos recursos, el mandato que surge hoy del Congreso de los diputados y diputadas. A esta noble misión nos vamos a dedicar con determinación, convencidas de que debemos a las generaciones presentes y futuras una sociedad libre de violencia de género, libre de violencias machistas, en la que mujeres y hombres puedan desarrollar su proyecto de vida en libertad e igualdad. Por último, y muy especialmente, quiero agradecer a todas las mujeres víctimas de violencia machista, a Ana Orantes, a Nieves, a Ana Bella, a las asociaciones de mujeres, al movimiento feminista que tanto nos inspira, a las unidades de violencia contra las mujeres, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a todas las personas comprometidas con la igualdad de derechos y la erradicación de la violencia de género, a todas ellas quiero agradecerles, especialmente, su compromiso con la causa más noble: la causa de la vida en libertad e igualdad de todas las mujeres.

Gracias. (Aplausos).