Interpelación urgente a la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre las medidas que adoptará el Gobierno para garantizar la soberanía energética de España.

Con la venia, señor presidente. Señores diputados, señora ministra. Supongo que no ignora, señora Aagesen, que su aterrizaje en esta Cámara fue precedido por la fama de ser una profesional cualificada y una acreditada experta en los temas que corresponden a su cartera en el Consejo de Ministros. Ser ingeniera química experta en medio ambiente, haber sido directora general del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y haber sido secretaria de Estado de Energía resulta una trayectoria idónea para quien ostenta la titularidad del Ministerio de Transición Ecológica. Aunque, pensándolo bien, tal vez no tanto para empuñar la segunda asa de su cartera, que es la del reto demográfico. Pero, descuide, no será hoy cuando debatamos acerca de si no es el suyo un ministerio abocado a la disonancia cognitiva, en el que las políticas encaminadas a culminar la transición ecológica son, precisamente, las políticas que impiden hacer frente al reto demográfico. (Aplausos). Sin embargo, si tenemos que hablar de ministerios con disonancia cognitiva, hable con el señor Bolaños, que es ministro de la Presidencia y también ministro de Justicia. Eso sí que tiene que ser difícil de compatibilizar. Supongo que tampoco ignorará que ni mi trayectoria profesional ni mi breve trayectoria política me han llevado nunca por estos terrenos en los cuales usted es experta, así que no tengo problema en admitir que, en este debate sobre el futuro de la soberanía energética en nuestro país que pretendo entablar con usted, la experiencia corre de su parte. La experiencia corre de su parte, pero el momentum, que, como usted sabe y, si no, se lo explico yo, es la cantidad de movimiento de un cuerpo, definida por Newton como el producto de su masa y de su velocidad en un instante determinado, corre de la mía y de la de mi grupo. Porque pocas ideas han cobrado tanta actualidad en el debate político europeo durante estos últimos años como la de soberanía energética y porque ningún grupo político ha puesto tanto y tan temprano énfasis en ella como el que ahora le interpela.

Así es, en el año 2022 el documento España Decide, en el que VOX sintetizó las principales cuestiones sobre las que pensaba dialogar con los españoles, se abría precisamente con estas dos palabras: soberanía energética. Este documento arrancaba constatando que los Gobiernos de las últimas décadas nos habían abocado a una pérdida progresiva de la soberanía energética de España, agravando la magnitud de nuestra dependencia y multiplicando el monto de las facturas de las familias; que lamentaba que leyes, como la del cambio climático aprobada en el 2021 con nuestra única oposición, habían prohibido la exploración, la investigación y la explotación de nuestros recursos energéticos, entrañando un auténtico atentado contra la economía nacional comparable con la tiranía de quien incendiase los campos de trigo mientras su pueblo pasaba hambre, y que proponía que los españoles pudieran decidir sobre el futuro del modelo energético que querían para su país.

Pero tampoco quiero venirme arriba ni engañarme. Y es que, si existe una suerte de acepción tradicional, digamos de derechas, de la idea de soberanía energética, que alude prioritariamente a la capacidad de un Estado para asumir el control efectivo sobre la producción, distribución y consumo de la energía para, de este modo, garantizar el bienestar y el desarrollo sostenible de la nación, existe también una acepción alternativa, digamos de izquierdas, de la idea de soberanía energética, que la define como el camino de empoderamiento social que transforma las estructuras del poder oligopólico y que crea nuevas realidades desde abajo, por los de abajo y para los de abajo; que pone el acento en los individuos, las comunidades y los pueblos, y que reivindica su derecho a tomar decisiones en relación con la generación, la distribución y el consumo de energía, de modo que estas sean apropiadas a sus circunstancias ecológicas, sociales, económicas y culturales. Lo menciono, básicamente, a los efectos de que los señores del ala izquierda del hemiciclo levanten la vista de sus móviles siquiera sea un instante, no sea que cuando lo vayan a hacer descubran que ya no les quedan votantes a los que mirar a los ojos. (Aplausos).

Empecemos por cosas cercanas en el tiempo y en el espacio. Hace exactamente dos semanas esta Cámara, en la que usted y yo nos hallamos, aprobó, con el voto a favor del Partido Popular y de VOX, con la indiferencia de su aliado Junts y con la oposición del Partido Socialista y SUMAR, una proposición no de ley instando al Gobierno de España, es decir, a usted, a poner fin al programa de cierre de centrales nucleares en nuestro país, alargando la vida útil de las existentes en el marco de la normativa europea, de acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear y con los titulares de las instalaciones y atendiendo a criterios técnicos y económicos; a facilitar la sostenibilidad económica de esas instalaciones; a reconocer el papel fundamental que desempeñan en la transición energética, en la garantía de suministro eléctrico seguro y estable y en su contribución a la reducción de los precios del mercado eléctrico y de las emisiones de gases de efecto invernadero; a adoptar las medidas necesarias para que el sector industrial nuclear español pueda contribuir a los retos y aprovechar las oportunidades que brinda el Reglamento de la Unión Europea sobre la Industria de Cero Emisiones Netas, y a derogar la Ley de Cambio Climático, que, en esencia, prohíbe la apertura de nuevas centrales. Ello por considerar que la energía nuclear desempeña un papel fundamental en el mix energético español, por ser desde hace décadas una fuente constante y fiable de electricidad, por ser nítidamente constatable el cambio que la percepción de la energía nuclear ha experimentado entre la ciudadanía, situada ya a años luz del viejo topicazo de «Nuclears? No gràcies» y por hallarse la energía nuclear reconocida por la Comisión Europea como una fuente de energía sostenible clave para la transición hacia una economía libre de carbono.

Sé que las proposiciones no de ley aprobadas por el Congreso en contra del criterio del Gobierno sirven en Moncloa para calzar mesas cojas y poco más. Pero, aun así, no me resisto a preguntarle. ¿Va a permitir usted que España sea el único país de Europa que renuncia a alargar la vida útil de sus centrales y a ampliar su parte nuclear en un momento de grave crisis energética?

Sigamos con cosas igualmente cercanas en el tiempo, aunque un poquito más alejadas en el espacio; tan lejos como el distrito autónomo ruso de Yamalo-Nénets. Según datos recientes del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, CREA, que monitoriza las exportaciones de petróleo y gas desde Rusia a terceros países, desde el inicio de la agresión de Putin a Ucrania hace ahora tres años, España ha comprado gas natural licuado de Rusia por valor de 8900 millones de euros: 4077 en 2022, 2600 en el año siguiente, 2000 en el año 2024 y 221 millones en el primer mes de este año. Según datos igualmente recientes de Enagás, Rusia fue el segundo suministrador el pasado año de gas, solo por detrás de Argelia, vendiéndonos 72 000 gigavatios hora, el equivalente al 21 % del total de nuestras compras; mientras que en 2023 había sido el tercer máximo proveedor, tras vendernos 72 000 gigavatios, el 18 % del total. Se lo diré en palabras que no son mías, pero que suscribo. Es vergonzoso que cuando nos acercamos al tercer aniversario de la invasión a gran escala de Rusia, España siga siendo uno de los mayores compradores de gas ruso, financiando indirectamente la maquinaria de guerra de Putin. (El señor vicepresidente, Bermúdez de Castro Fernández, ocupa la Presidencia).

Por si ello no bastara, desde que comenzó la guerra, España ha importado diésel ruso por valor de 1926 millones de euros, fundamentalmente a través de Turquía y de la India, con los puertos de Tarragona y de Cartagena como principal vía de entrada. Naturalmente, la señora ministra me contestará que el Gobierno no controla directamente la compraventa de gas y que la del diésel está prohibida, puesto que la Unión Europea la vetó en diciembre de 2022 como parte de su política de sanciones contra Rusia. Ya nos lo dijo en esta misma sede su antecesora, la señora Ribera, con un mohín de cristiana resignación: Nos gustaría que se redujeran drásticamente las importaciones de gas ruso, pero no tenemos capacidad para imponer sanciones y prohibirlas; este Gobierno no compra, compran los traders, los consumidores, los importadores… Buena respuesta para un Gobierno de corte liberal, pero que suena a chiste en boca de la número cuatro de un Ejecutivo que aspira a regular el precio de los alquileres y que se precia de haber prohibido la venta de armas a Israel. Cruel sarcasmo viniendo de quienes persiguen el diésel casi con más saña que la heroína y que dan lecciones de ética en las relaciones internacionales a los que apoyábamos a Ucrania antes incluso de que ustedes fueran capaces de poner a Sebastopol en el mapa. (Aplausos).

Aun así, no me resisto a preguntarle, ya que el comercio exterior es una competencia comunitaria y las sanciones se deciden en esa instancia, ¿podría preguntarle a su amiga Teresa Ribera, flamante vicepresidenta de la Comisión Europea ―la española con más poder en Europa a lo largo de la historia―, si tiene alguna decisión en mente respecto a la importación de gas ruso? Se me dirá que su Gobierno lleva años empeñándose en el desarrollo de fuentes de energía a la vez compatibles con la sostenibilidad medioambiental y con la soberanía energética, me consta. Como también les consta a todos los agricultores y ganaderos para los que la expansión de la energía fotovoltaica promovida por su Gobierno está traduciéndose en un serio encarecimiento del suelo agrario, cada vez más atractivo para la producción energética y menos para su explotación agraria y ganadera. Un fenómeno cuya consecuencia es una significativa reducción de la superficie de tierra susceptible de cultivarse, fenómeno que además está generando una creciente alteración de los usos tradicionales del suelo y, por ende, un clavo más en el proceso de desagrarización de la estructura productiva de nuestro país. ¿Ve por qué le hablaba de la incompatibilidad entre las dos asas de su cartera ministerial? Porque a 2000 euros la hectárea, la agricultura se va al garete.

El problema tiene un nombre: sobreinstalación, y la solución tiene otro nombre igual de complicado: repotenciación. Si el funcionamiento intermitente de estas fuentes de generación eléctrica es altamente dependiente de las condiciones climáticas, lo cual obliga a sobredimensionar la capacidad instalada para satisfacer la demanda, la repotenciación o el reacondicionamiento de los aerogeneradores con inversiones de menor calado, con menor impacto ambiental que las precisas para la creación de nuevos parques eólicos, permitiría aumentar significativamente la producción de energía eólica, optimizar las infraestructuras, mejorar la eficiencia y reducir la presión sobre el territorio y los recursos naturales.

¿Dije fuentes de energía compatibles con la soberanía energética? Permítame, señora ministra, que me autoenmiende. Aunque el sol y el viento sean tan españoles como el flamenco y los toros, lo cierto es que su apuesta casi en exclusiva por las energías renovables no ha hecho sino aumentar la dependencia de la industria española de países ―sorpresa, sorpresa― como China, que actualmente controla el 80 % del mercado mundial de paneles solares y que ha logrado, mediante la sobreproducción de esta materia, echar del mercado a nuestros propios competidores. La instalación masiva de renovables beneficia antes que nadie al gigante asiático, que ya en el año 2023 sumaba más de la mitad de la nueva generación eólica y solar del mundo. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).

Concluyo con las críticas, señora ministra, y no porque me falte combustible con el que avivar las quejas de tantos sectores y de tantísimos españoles respecto de sus políticas energéticas y las de su Gobierno, sino porque supongo que usted esperará de VOX —‌y si no, se lo reclamará— propuestas alternativas con las que caminar hacia el objetivo inaplazable de alcanzar la suficiencia energética. ¿Quiere algunas? Algunas tendrá. Uno, siga los pasos de Washington y de Buenos Aires y denuncie el Acuerdo de París. Dos, elabore un plan nacional de soberanía energética que garantice el aprovechamiento óptimo de los recursos energéticos nacionales, reduciendo la dependencia exterior al máximo. Tres, reconozca la energía nuclear como un componente esencial del mix energético. Cuatro, elabore un plan nacional de agua que, amén de contemplar la interconexión de las cuencas, acometa la construcción de nuevos embalses para garantizar el suministro de agua en el consumo humano, agrícola y energético; y aplíquese a fomentar el almacenamiento hidráulico por bombeo. Termino en un segundo, señor presidente.

Cinco, comprométase a proteger el terreno agrícola frente a la especulación derivada de la instalación de macroplantas y de energías renovables. Seis, priorice la modernización y actualización de los aerogeneradores existentes, aumentando su potencia instalada en lugar de promover la instalación de nuevos parques eólicos. Siete, revise el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para ajustarlo a las necesidades reales de España. Ocho, reduzca la carga fiscal sobre la electricidad. Nueve, explíquenos por qué acaba de retirar su Gobierno la ley reguladora del régimen del comercio de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, porque esa es la muestra más palpable de que su Gobierno anda a la deriva, incluso en un terreno supuestamente favorable como es este hemiciclo.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Con la venia, señor presidente. Señora ministra, le agradezco, en primer lugar, el tono, y, en segundo lugar, el contenido de su respuesta. Venimos de una sesión de control al Gobierno en donde hemos escuchado al ministro del Interior preguntar a la portavoz de VOX acerca de la política migratoria de Estados Unidos. Por lo tanto, después de una marcianada como esta, que usted me responda a lo que le pregunto con cortesía, con datos y de manera razonablemente completa es un cambio muy para bien. También es un cambio muy para bien que usted haya terminado reconociendo que la soberanía energética es una prioridad para su Gobierno. Bienvenida al terreno en el que ya nos encontrábamos algunos desde hacía mucho tiempo. (Aplausos). Bienvenida, espero que el viaje desde el globalismo hacia el patriotismo le resulte a usted confortable. Con todo, hay algunas respuestas en su discurso, en su intervención, que resultan todavía contradictorias con la ejecutoria de su Gobierno. Me habla de que España está fraguando alianzas estratégicas, ¿con quién? Porque en el año y medio que yo llevo en esta Cámara, nos hemos peleado con Argentina, nos hemos peleado con Israel, nos hemos peleado día sí y día también con los Estados Unidos, y antes de que yo llegase a esta Cámara, nos habíamos peleado también con Argelia, es decir, con el número uno y con el número dos de nuestros suministradores de combustibles fósiles. No sé si sus alianzas estratégicas serán con Noruega, con Bélgica o con qué otro país, pero, desde luego, no con quienes en última instancia llenan los depósitos de combustible de los españoles. Dice que usted apuesta también por reducir la dependencia respecto de los combustibles fósiles de Rusia. Yo le he dado datos y el resultado de esos datos apunta en la dirección contraria de la que usted sugiere, hay alguna disonancia cognitiva entre su discurso y su ejecutoria. La única pregunta tajante, concreta y precisa que le he dirigido no me la ha respondido. ¿Por qué ha retirado su Gobierno hoy la ley por la que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero?, ley que su Gobierno había aprobado, había remitido a este Congreso y que se encontraba, hasta hoy, en proceso de tramitación parlamentaria. Ya que no lo ha hecho usted, me permitirá que aventure yo una respuesta. ¿Quizás sea porque en la tramitación parlamentaria de ese proyecto de ley se había introducido una enmienda por la que se suspendía el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, actualmente fijado en el 7 %, y del cual se iba a derivar un ahorro de 400 millones de euros para las familias españolas, de 500 millones de euros para las pymes y de 200 millones de euros para las grandes industrias? ¿Quizás sea porque su Gobierno es incapaz de garantizar la aprobación en esta Cámara, donde se supone que tiene una mayoría, de los proyectos de ley que vienen de Moncloa? ¿Quizás sea porque el ridículo del Grupo Parlamentario Socialista llega hasta el extremo de perder votaciones porque algún diputado llega tarde y la Mesa se queda en minoría? Quizás sea por todas esas razones, pero ninguna de ellas justifica que su gabinete nos mienta; que nos diga que el proyecto de ley se ha retirado porque piensan repensar la idea y abrir un debate más profundo. No, señora ministra, no es porque piensan repensar la idea, es porque para ustedes la prioridad número uno es hacer caja (aplausos), la prioridad número dos es salir con vida de cada sesión plenaria de este Congreso, y la tramitación de ese proyecto no les garantizaba ni lo uno ni lo otro.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).