Proposición de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.

Arratsalde on berriro. Milesker, presidenta. Aurreko asteko osoko bilkuran aurreratzen genuen bezala, gaur gure taldeak, Eusko Alderdi Jeltzaleak, eztabaidara dakar hasiera batean Alderdi Sozialistarekin batera aurkeztu genuen Lurzoru Legearen aldaketaren inguruko lege proposamena. PSOErekin hitzartutako testua ekarri dugu aldaketarik gabe, nahiz eta pentsatuko duzuen bezala, hau ez da ehuneko ehunean gure testua, baina beharrezkoak diren, behar-beharrezkoak diren, aldaketak proposatzen ditu. Orain, ordezkaritza duten talde politikoen eskuetan dago lege proposamen honi bide ematea, tramitazioari baiezko botoa emanez eta, bide batez, emendakinen bitartez, horrela uste bada, eta horrela, beharrezkoa balitz, testua hobetuz. Etxebizitza falta dagoela esan dugu tribuna honetan guztiok eta Eusko Alderdi Jeltzaletik etxebizitzen gabeziari aurre egiteko neurri ezberdinak hartu behar direla diogu. Hutsak daudenak merkaturatzeko laguntzak eman, planak martxan jarri, alokairuaren inguruan segurtasuna bermatu, planak denboran zehar mantenduz, erosketan laguntzeko, gazteei abalak eman, fiskalitatearen bitartez lagundu eta baita ere etxebizitza berriak eraiki. Eusko Alderdi Jeltzaleak proposamenak jartzen ditu mahai gainean egingarriak diren neurri zehatzak. Gaur etxebizitzak egiteko beharrezkoa den lurzoruari buruz eta plangintza urbanistikoek behar duten segurtasun juridikoari buruz arituko gara, lege proposamen honen eztabaidan.

Muy buenas tardes y muchísimas gracias, señora presidenta. Tal y como adelantábamos en el Pleno de la semana pasada, hoy nuestro grupo, el Grupo Vasco, trae a debate la proposición de ley sobre la modificación de la ley del suelo que inicialmente presentamos junto con el Grupo Socialista. Traemos hoy el texto pactado con el PSOE sin cambios, aunque, como pensarán, este no es nuestro texto al cien por cien, pero propone las modificaciones totalmente necesarias. Ahora está en manos de los grupos políticos con representación, está en su mano, dar paso a esta proposición de ley votando a favor de su tramitación y, de paso, mediante enmiendas, si así se considera, mejorando el texto si fuera necesario. Todos y todas hemos dicho en esta tribuna que hay falta de vivienda. En el Partido Nacionalista Vasco creemos que hay que tomar diferentes medidas para hacer frente a la carencia de viviendas: ofrecer ayudas para sacar al mercado viviendas vacías, poner en marcha diferentes planes, garantizar la seguridad del ámbito de los alquileres, dar avales a la juventud para ayudar en la adquisición de vivienda, ayudar a través de la fiscalidad y también construir nuevas viviendas. El Partido Nacionalista Vasco pone sobre la mesa propuestas, medidas concretas que son factibles. Hoy, en el debate de esta proposición de ley, abordaremos el asunto del suelo necesario para construir viviendas, así como la seguridad jurídica que requieren los planeamientos urbanísticos.

Presentamos hoy esta proposición de ley, que en un principio tuvo la firma del Grupo Socialista. Podemos no estar de acuerdo con la totalidad de lo que plantea esta modificación de la ley del suelo; podemos mejorarlo entre todos y todas, sobre todo entre aquellos grupos que no quieran hacer demagogia con algo tan serio como dotar de seguridad jurídica el planeamiento urbanístico, para que los ayuntamientos puedan desarrollar sus políticas de vivienda, de dotaciones públicas, de parques y de actividades económicas con la seguridad de que un vicio formal o de procedimiento pueda ser subsanado o posibilite una nulidad parcial cuando estos posibles vicios se consideren insignificantes. Este es el mayor cambio que proponemos mediante esta modificación, y está motivado en los nocivos efectos que están teniendo las sentencias judiciales.

Los planeamientos urbanísticos, cuya tramitación siempre es compleja, mediática y sujeta a informes preceptivos y vinculantes de numerosos órganos forales, autonómicos y estatales, precisan de muchos años —‌una media de ocho años en Euskadi, incluso se puede llegar hasta los doce años—, de mucha escucha y negociación política para su aprobación definitiva, y, sin embargo, están siendo anulados por los tribunales ante defectos formales que pueden llamarse menores, al serles aplicada una interpretación estricta del régimen de nulidad. A ello se une el efecto radiactivo de nulidad en cascada sobre los planeamientos inferiores que desarrollan otros anulados judicialmente, así como otros defectos colaterales con enormes perjuicios, muchas veces desproporcionados, sobre el interés público. Por ello, en esta proposición de ley se establece un régimen ad hoc de vicios legales sobre las partes normativas de estos planes, dando respuesta a una necesidad demandada por los ayuntamientos y los expertos en urbanismo.

Se propone un nuevo artículo 55, que limita los supuestos de nulidad de pleno derecho sin alterar el régimen general de nulidad y anulabilidad establecido en la legislación de procedimiento administrativo común, con especial atención a los trámites procedimentales, a la legitimación para el ejercicio de las acciones y, sobre todo, a la identificación de los posibles vicios, cuando se consideren insignificantes, para que estos no comporten la declaración de nulidad. Así, la nulidad por vicios formales o de procedimiento de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística solo podrá declararse cuando concurra alguno de los siguientes supuestos: la aprobación definitiva por órgano manifiestamente incompetente por razón de materia o territorio, el desconocimiento total o absoluto del procedimiento legalmente establecido de las normas que contengan reglas esenciales para la voluntad de los órganos colegiados, la omisión del trámite medioambiental o la omisión absoluta del trámite de información pública y participación.

Esta reforma de artículos señala los efectos de la declaración de la nulidad a los efectos o disposiciones dictados en su desarrollo, así como la posibilidad de su parcial afección y la de subsanación de los vicios formales y de procedimiento que en ningún caso se aplicarán en las zonas verdes y espacios libres. Asimismo, se regula la conservación de los actos y trámites no afectados por el vicio cometido, otorgando un plazo de un año a las Administraciones para la subsanación de los defectos, sin que se impida la aprobación de un nuevo instrumento que contenga soluciones de ordenación idéntica al anulado, siempre que se haya procedido a la corrección de los vicios observados.

Este nuevo artículo 55 se completa con la disposición transitoria única, que establece un régimen transitorio sobre aquellos planeamientos que sean recurridos antes de la entrada de vigor de la ley. ¿Es necesaria esta modificación? Sí. Todas aquellas personas que hayan sido concejales o alcaldes y les haya tocado enfrentarse al proceso de aprobar un nuevo planeamiento urbanístico para satisfacer las necesidades de su ciudadanía saben de lo que les estoy hablando.

Otro de los puntos que en algunos grupos genera controversia es la regulación de la acción pública, que se modifica tanto en el artículo 5 como en el 62, para subrayar que la acción pública deberá hacerse en defensa de los intereses generales y teniendo en cuenta los principios de buena fe que debe presidir toda reclamación ante las Administraciones públicas y la ausencia de lucro ante desistimientos interesados. El hecho de que se impongan determinados condicionamientos al ejercicio de la acción pública, tanto en su motivación en el momento procesal y procedimental como en la correcta ejecución del fallo judicial y el establecimiento de plazos para su ejercicio, es necesario, ya que viene siendo cuestionada por diversas resoluciones judiciales.

Por otra parte, se incorporan a la proposición de ley otras modificaciones que lo que pretenden es determinar el régimen de valoración a efectos expropiatorios, modificar aspectos registrales e incluso corregir alguna errata. Sin embargo, como ya he dicho, los objetivos principales de esta proposición de ley son crear un régimen ad hoc de la nulidad y anulabilidad de los instrumentos urbanísticos y concretar el alcance de la acción pública para impedir abusos de derecho, es decir, dotar de seguridad jurídica al ordenamiento urbanístico.

Podemos discutir sobre cómo mejorar la proposición de ley para incorporar las visiones de los diferentes grupos e incluso cabe mejora en el ámbito competencial. Nuestro grupo presentará enmiendas, ya que, como he dicho al inicio, hemos respetado el texto acordado con el Grupo Socialista, que parte con un acuerdo previo reclamado por muchos municipios; acuerdo que, sobre la necesidad de modificación de la ley del suelo, se ha trasladado desde otros grupos de la Cámara sobre los mismos puntos que he expuesto hasta ahora. Por lo tanto, está en nuestra mano hacerlo dando paso a esta proposición de ley y mejorándola en el trámite de enmiendas.

Y en este punto me quiero dirigir al Grupo Popular. Me he leído detenidamente la proposición de ley que han presentado en el Senado y, si bien en su iniciativa engloban más leyes, en lo sustancial, en lo relativo a la ley del suelo, que es de lo que hoy estamos hablando, su planteamiento es muy similar, incluso en algún párrafo la redacción es idéntica —‌es comprensible, ya que ustedes también gobiernan en numerosos municipios y las peticiones que les hacen llegar son compartidas por todos los colores políticos— y va en la línea de la moción que su grupo presentó y debatimos la semana pasada en esta Cámara. Por lo tanto, un voto no favorable por parte de su grupo sería muy difícil de explicar, sobre todo si se actúa en beneficio de la ciudadanía y no desde el oportunismo político. Recuerden que son más de un centenar los municipios afectados en todos los territorios y gobernados por diferentes partidos políticos.

Esta proposición de ley se puede mejorar vía enmiendas. Nosotros, como ya he dicho antes, también queremos participar en ello, pero lo que no cabe es quejarse, denunciar inacción y, cuando se tiene la posibilidad, no actuar. A los que ven en esta modificación solo negocio y una potencial especulación urbanística he de decirles que no parece que gobiernen en muchos municipios, o puede que hayan tenido la inmensa fortuna de no haber visto anulado su planeamiento urbanístico por un defecto completamente subsanable, tras doce años de negociación política y de participación ciudadana en los que el municipio no puede prosperar ni cubrir la falta de dotaciones públicas, como son las zonas educativas, las sanitarias, las de cuidados, ni tampoco hacer frente a la necesidad de vivienda.

Acotar la nulidad de los planes y facilitar la posibilidad de subsanación de los vicios no supone per se una actuación especulativa, algo que tanto Podemos como SUMAR plantean con sus reticencias. Ustedes realizan una declaración de presunción de culpabilidad hacia todas las corporaciones locales, que son en última instancia las que aprueban los planes urbanísticos sobre la base del interés general e intentando mejorar la vida de su ciudadanía. No pongan en duda que aquellas personas que dedican parte de su vida a la política municipal no lo hagan ética y legalmente, no al menos menos éticamente de lo que ustedes realizan esta función política en este Parlamento. No se olviden que son los ayuntamientos los que disponen de suelo para poder solventar el problema de vivienda. Escudarnos en frases populistas como que esta modificación normativa es volver a las leyes que posibilitan el pelotazo urbanístico, además de insultante, es poner en duda la labor y la legalidad de los alcaldes y concejales y es ejercer la política desde la demagogia, a brocha gorda.

Desde nuestro grupo seguiremos trabajando, siendo proactivos en la búsqueda de las mejores soluciones, proponiendo la modificación de la ley del suelo, la de arrendamiento urbanos ―‌esa en la que nosotros les dimos el voto de confianza―, acordando las leyes que sea necesario modificar para posibilitar el acceso a una vivienda digna y asequible. Seguiremos trabajando a favor de la ciudadanía.

Mila esker.

Señorías, debatimos hoy la admisión a trámite de esta propuesta, que no busca otra cosa que abrir una puerta al diálogo, al trabajo conjunto, en el que podremos estar de acuerdo en cosas y podremos no estarlo en otras; algunas prosperarán, otras no, y puede que finalmente decaiga el acuerdo, pero es el inicio del trámite. Yo creo que no podemos negarnos a hablar de algo que afecta a millones de personas y a miles de municipios y que está generando enormes problemas. Nadie puede dudar que en los últimos tiempos hemos llevado la planificación, el ordenamiento del territorio, a una complejidad tal que nos encontramos con multitud de territorios que no pueden avanzar en su planeamiento. Buscando evitar que algunos especulen y que algunos se enriquezcan, perjudicamos a la generalidad, perjudicamos a esos municipios, perjudicamos a las personas que necesitan herramientas más rápidas, herramientas más ágiles, normas más comprensibles y también más recursos humanos y técnicos. Mientras no revisemos esas lagunas de la actual ley e intentemos resolverlas, estaremos enfrentándonos a una situación de inseguridad jurídica, de parálisis importante del desarrollo. ¿Por qué no va a ser compatible evitar la especulación del suelo, por qué no va a ser compatible perseguir a los que tratan de enriquecerse ilícitamente con facilitar el desarrollo urbanístico en los municipios que lo necesitan? ¿Por qué no va a ser compatible?

La Federación Española de Municipios, con alcaldes y alcaldesas de todos los colores, pide esta revisión. La ministra de Vivienda, en varias intervenciones, nos ha hablado de las dificultades para aplicar algunas de las vías más importantes para la generación de vivienda de esa ley aprobada en la Cámara, las enormes dificultades que encuentra en este momento y la necesidad de revisar esta ley del suelo. Estamos hablando de evitar la anulación por defectos menores o formales de planes que llevan años tramitándose y que finalmente decaen para empezar el procedimiento desde el inicio; estamos hablando de plantearnos limitar hasta cuántos años se puede impugnar un plan general. ¿Qué seguridad tienen aquellos que toman las decisiones basándose en un plan aprobado que no sé cuántos años después se impugna y cae? Hay que reducir los plazos para los informes sectoriales; hay planes que pasan años esperando los informes sectoriales. Estamos hablando de la posibilidad de agilizar la construcción de vivienda protegida de muchos municipios que, al no poder desarrollar sus nuevos planes generales de ordenación urbana, no pueden disponer de suelo ni ponerlo a disposición de instituciones supramunicipales para construir vivienda protegida. Tenemos que evitar la parálisis, planteándonos únicamente o como prioridad evitar que algunos pocos se enriquezcan y obviando la necesidad de tomar decisiones para poder ver a nuestros municipios desarrollarse, también en infraestructuras públicas, que son muy necesarias y muchas de ellas están paradas.

Señorías, yo creo que en este tema, como en otros, tenemos que abandonar las trincheras. No debemos tener miedo al debate, a trabajar juntos, a ver qué compartimos o qué no compartimos, a ver la práctica, la realidad en el territorio municipal. Tenemos que avanzar. Nosotros apoyaremos esta propuesta para la admisión a trámite, para iniciar el trabajo, para mejorar las cosas.

Muchas gracias, señora presidenta. Hoy vamos a debatir una proposición de ley que viene de la mano del Grupo Vasco y del Grupo Socialista para, supuestamente, agilizar los procesos urbanísticos, pero, sinceramente, cuando algunos hablan de agilizar, hay que mirar alrededor para ver quién se frota las manos. Dicen que esta ley va a evitar que muchos proyectos urbanísticos sean anulados por errores menores. Esto es como si a una la pillan copiando en un examen y el profesor le dice: Mira, no, corrige esto y sigue adelante; vamos a hacer como que no ha pasado nada. Por eso nosotras entendemos que estos no van a ser errores inocentes, que no van a ser despistes administrativos, sino que esta ley va a facilitar un urbanismo sin control, el ladrillo sin reglas, la barra libre y la ley del lejano Oeste. Con las excusas de siempre, quieren volver a priorizar los intereses de los especuladores y de aquellos que apuestan por el cemento. Si aprobamos esta ley, ¿qué vamos a permitir exactamente? En primer lugar, que se limiten las anulaciones de planes urbanísticos por errores formales. Y esto ¿qué quiere decir en cristiano? Que si un ayuntamiento aprueba un plan de vivienda sin, por ejemplo, haber hecho una consulta ciudadana antes, ahora se podría anular, y con esta ley simplemente se les pone una multita y «p’alante». Eso es como si tú coges a un ladrón robándote la cartera en la que tienes 300 euros y, como le pillas, te dice: ¡Ay! Perdón. Te devuelve 30 euros, pero se queda con la cartera. Así, en resumen. En segundo lugar, ¿qué se puede hacer con esta ley? Pues solo se van a poder impugnar estos proyectos en los cuatro primeros años. Es decir, si en el año cinco uno descubre que se ha aprobado un proyecto irregular, por ejemplo ―p‌ ongo de ejemplo a mi tierra―, un hotel en un espacio natural protegido, como las dunas de Corralejo, este hotel va a seguir adelante y nadie va a poder hacer nada. Los pelotazos urbanísticos, perdónenme que les diga, no se descubren, como los asesinatos de la serie CSI, en veinticuatro horas, sino que a veces se tarda años en demostrarse que hay un pelotazo detrás de ese proyecto. En Canarias lo sabemos bien, por ejemplo, con proyectos ilegales que hemos descubierto décadas después. En tercer lugar, si un plan urbanístico se anula, los edificios, casas y rascacielos van a poder seguir adelante. Esto ya hemos visto que se viene haciendo per se en comunidades autónomas como la mía. Ya se hizo, por ejemplo, con el hotel que está en La Tejita. Nos hablan de digitalizar los procesos para que sean más rápidos, es decir, va a ser casi más rápido solicitar un proyecto urbanístico que pedir una pizza a domicilio. Señorías del PSOE, si de verdad quieren agilizar los procesos, lo tenemos que hacer de acuerdo con la ley y salvaguardándonos de cualquier tipo de corrupción. Nosotras estamos de acuerdo en que hay que agilizar los procesos, por ejemplo, en aspectos como la construcción de vivienda pública, pero esto tiene que ser con garantía. No se puede justificar la corrupción con la excusa de la eficiencia. Por tanto, nosotras vamos a votar en contra de esta proposición de ley, porque no creemos en la impunidad urbanística, no queremos hoteles ilegales y no queremos leyes que sean trajes a medida de los especuladores urbanísticos.

Muchas gracias.

Presidenta, señorías, arratsalde on guztioi. Déjenme que comience la intervención con la cita de un pensador alemán, de quien yo no reniego en absoluto, que se llama Karl Marx. Él dice que la realidad social determina la conciencia. Probablemente porque todos y todas tenemos conciencia y la realidad social determina nuestras conciencias hoy estamos hablando de esto, porque es la realidad social la que ha hecho que este asunto, el que tiene que ver con la vivienda, con los suelos, con la rehabilitación, con la regeneración y con la posibilidad de construir ciudades en las que la gente pueda vivir y no de las que la gente tenga que huir, venga a este debate. En ese sentido, agradezco al grupo proponente —‌o a los grupos proponentes cuando eran dos, ahora uno— que el debate se dé. Otra cosa bien distinta es si lo que aquí se propone en materia de reforma de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana es lo que se necesita o no, porque si he empezado diciendo que la realidad social determina la conciencia, habría que definir bien esa realidad social, ese contexto. Yo creo que todos y todas podremos estar de acuerdo en que esa realidad social viene marcada por la emergencia habitacional para cada vez más millones de personas, con que ese contexto o esa realidad social viene marcada por la existencia de una exigencia clara y nítida por parte de la ciudadanía para que los poderes públicos hagan mucho más lo de han hecho y para que lo que hagan lo hagan incluso a veces en sentido contrario al que lo han hecho. ¿Y qué es lo que han hecho? Generalmente, utilizar el suelo como una pasarela para el enriquecimiento de grandes constructores a costa de la generación de una burbuja inmobiliaria que ha hecho que las vidas de la gente se hipotecaran con un destino y un futuro bastante incierto, hasta —y‌ no hace falta remontarse muchos años— llegar a situaciones de emergencia real en las vidas de la gente, con la existencia de decenas de miles de desahucios. Bien, pues si lo que existe es eso, y yo creo que hasta ahí casi casi podríamos estar todos de acuerdo, lo que hay que ver es si la iniciativa que hoy se nos trae aquí siquiera resuelve en parte esto que estamos planteando. ¿Y qué es lo que se plantea en la iniciativa? Se ha señalado bien —‌no quiero tampoco reiterarlo— por parte de la persona que ha presentado la proposición de ley. Se plantea evitar que los planeamientos urbanísticos caigan después de muchos años de trabajo por defectos de forma subsanables. Parece razonable que sea así, es decir, que todo el trabajo hecho durante mucho tiempo en municipios pequeños, medianos y grandes para llevar a cabo un planeamiento urbanístico no caiga a las primeras de cambio por un defecto que puede ser subsanable. Pero ante la lista definida surgen dudas, y esa es una realidad que también hay que constatar. Ante la lista de definición de todos esos elementos que podrían ser subsanables en modo parcial, tenemos dudas y las queremos poner ahí. Luego hay otro elemento que es más complicado, y es el que tiene que ver con la dificultad para la presentación de acciones populares o legales en materia de urbanismo, es decir, lo que se venía a llamar la acción popular para grandes proyectos urbanísticos y no tan grandes. Nosotros ahí no estamos de acuerdo con que se limite, al menos en la forma en la que viene resuelto. Es verdad que se nos ha hecho una invitación a que demos plácet, a que demos luz verde a esta toma en consideración, y a que, a partir de ahí, en el proceso de enmiendas, intentemos mejorar, paliar o adecuar a lo que cada uno entiende que es más oportuno o acorde a lo que busca el texto final. Es una invitación razonable y probablemente también en esta tribuna en alguna ocasión lo hayamos hecho nosotros y nosotras. Yo no voy a entrar a decir que la iniciativa está mal trabajada, mal preparada, que le falta rigor o que no le falta, porque seguramente nada de todo eso que dijera sería cierto. Lo que sí puedo decir es que esa invitación a que mejoremos el texto la hemos hecho muchas veces, pero todos sabemos la trampa implícita que lleva detrás, y es que bajarse de un tren ante la presión social que determina que ese pequeñito paso, aunque sea pequeñito, es mejor que la nada sitúa toda la carga de la prueba, toda la responsabilidad en aquel que entiende que el texto resultante no es el adecuado. ¿Y por qué le digo esto? Porque yo creo que esta reforma de la ley del suelo, si de algo adolece, es precisamente de lo que señalaba al principio. Todos sabemos la magnitud del problema, todos sabemos fórmulas que se han empleado durante tiempo y que no han ayudado a resolver el problema, sino que incluso podríamos decir o convenir que lo han empeorado. Sin embargo, con esta reforma, para que se construya más, estamos dando más capacidades para emplear las mismas herramientas que nos han llevado hasta aquí. Y me explico todavía de manera más gráfica para que me entienda todo el mundo. Si de verdad queremos que esta ley de urbanismo, que esta Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana sirva para empezar a resolver el problema de la vivienda, ¿por qué no se toca el artículo 18? Y ahora me dirijo a las señorías del Partido Socialista, porque lo saben, porque en la ley de vivienda les insistimos sobre este tema. ¿Por qué no tocan el artículo 18? Esa es la piedra angular que puede permitir que la ley del suelo sea una ley efectiva para resolver los problemas de vivienda y no tanto esto, que puede esconder virtudes y vicios, defectos y problemas.

¿Qué dice el artículo 18? El artículo 18 habla de los aprovechamientos de suelo a los que pueden tener acceso las Administraciones cuando deciden recalificar un terreno. Léase: un propietario tiene un suelo rural, un municipio quiere ampliarse —‌o una ciudad— y decide recalificar ese terreno para que pase de ser un suelo rural a un suelo urbano. Ni qué decir tiene que el valor de ese suelo se multiplica por mucho. No creo que haya nadie en esta Cámara que lo ponga en cuestión, porque el valor del metro construible es mucho mayor que el del metro cuadrado en suelo rural. ¿Cuáles son las plusvalías que obtiene el propietario? Entre un 95 % y un 85 %, porque el artículo 18 dice que el poder público solo se puede quedar con entre un 5 y un 15 % de esa recalificación, entre un 5 y un 15 % —e‌ n Madrid se quedan con el 5 % y en la Comunidad Autónoma Vasca se quedan con el 15 %—. ¿No sería mejor que, si de verdad queremos alterar el principio de realidad con la acción de las cosas, modificáramos esos porcentajes y determináramos, por ejemplo, que solo hubiera un suelo mínimo y común del 20 % destinado a vivienda de protección, que es lo que dice el artículo 18, y a partir de ahí que cada comunidad autónoma lo elevara al 30, al 35 o al 40 % para así dotar a las ciudades de viviendas de protección pública en cualquiera de sus formas o tipología y de equipamientos urbanos o residenciales en las formas y necesidades que tuvieran? Esa es la pieza, la clave de bóveda, y se lo dijimos al Partido Socialista, y el Partido Nacionalista Vasco también lo sabe porque sobre esto hemos incidido mucho, y sobre los porcentajes. Es ahí donde habría que entrar. Si se entrara ahí, no habría ningún problema para contar con nuestra aprobación o, por lo menos, con nuestro apoyo para intentar hacer una buena ley de suelo, una buena adaptación de ley de suelo, pero si lo que no se nos plantea es no tocar el 18 para que las plusvalías sigan exactamente igual que siempre, para que sigamos asistiendo a un espectáculo donde parece que se hacen muchas cosas, pero ninguna resuelve nada, nosotros no estaremos ahí. Modificar leyes, agilizar está bien, sin duda, pero no así.

Eskerrik asko, mila esker. (Aplausos).

Moltes gràcies, senyora presidenta. Bona tarda a totes les senyories. La nostra posició avui, com sempre, serà la de la defensa de Catalunya, la nostra gent, les nostres institucions i les nostres competències. I, per fer-ho, és necessari que s’impedeixi encotillar allò en què Catalunya té plena sobirania per cap norma que pugui néixer d’aquest Parlament. Aquesta proposició, de fet, tots ens hi hem referit. És bàsicament idèntica, excepte l’article 4, del projecte de llei de l’abril passat, projecte que va haver de ser retirat al darrer moment per manca de suport. I ja saben que Junts per Catalunya hi vam registrar una esmena a la totalitat. La nostra esmena feia únicament palesa la invasió de competències catalanes per la sempre infal·lible voluntat intervencionista estatal. Segur que saben que, cada cop que s’ha desenvolupat normativa específica sobre l’àmbit que ens ocupa, dites normes han estat objecte de dictàmens per part del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya. Dictàmens que han conclòs que els preceptes dictaminats vulneraven les competències de la Generalitat en matèria d’habitatge, d’urbanisme, d’ordenació territorial, així com de procediment administratiu en aquelles normes que són substancials, pròpies, regulades a l’Estatut d’autonomia català. Finalment, es va haver de substituir la regulació prevista i es va establir un nou marc normatiu en aquest àmbit i, novament, aquells canvis van ser sotmesos al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, i fins i tot el Tribunal Constitucional en va declarar parcialment la seva inconstitucionalitat. Aquell text parcialment inconstitucional que va ser incorporat al text refós, que és el que avui es porta a modificació.

Ni quan vam presentar l’esmena a la totalitat ni avui ens centrarem en l’oportunitat o no de les mesures proposades, sinó que ens vam centrar, com també farem avui, en els títols competencials. Des del nostre punt de vista, és una extralimitació usada massa sovint i que nosaltres no podem acceptar el fet de justificar que l’Estat té competència exclusiva en aquest àmbit, acudint a aquests articles 149.1.13a de la Constitució, que parla sobre que sí que té competències l’Estat quan es tracta de la regulació de les condicions bàsiques que garanteixen la igualtat de tots els espanyols en l’exercici dels drets i en el compliment dels deures constitucionals. Escolti, diu que tenen competències d’urbanisme? O d’ordenació territorial? O d’habitatge? Per què hem d’anar a pescar aquests articles de la Constitució per fer encabir? Nosaltres no ho podem compartir, perquè no és certa l’afirmació que es fa al preàmbul per justificar aquesta competència exclusiva estatal. No és certa. Aquestes competències són, pel que respecta a Catalunya, del Parlament de Catalunya. Junts per Catalunya en aquest hemicicle ens sentim responsables de vetllar per les competències catalanes. De fet, ja saben vostès que el nostre objectiu, de fet, és exercirles totes, però en tant no sigui així, estarem sempre vigilants per tal que no se’ns n’arrabassi cap. I, per això, no tindria cap sentit que avui nosaltres contribuíssim a validar patrons legislatius recentralitzadors i amb caràcter restrictiu cap a les autonomies. I sí, sabem que en ocasions sí, senyora Vaquero, hem d’abordar solucions amb pragmatisme, és així, però això no ha d’implicar en cap cas que renunciem al que defensem Junts per Catalunya. No podem validar reformes furtives del nostre sistema competencial, encara que es fonamentin en temes de seguretat jurídica, perquè fer-ho, de fet, implica obrir la porta a aquells que malden per l’eliminació de les autonomies i de la capacitat legislativa dels nostres parlaments. La cerca de la seguretat jurídica no pot fonamentar un model homogeneïtzador.

En el preàmbul també hi consta una consideració del Tribunal Constitucional que argumenta que la competència autonòmica exclusiva sobre urbanisme ha d’integrar-se sistemàticament amb aquelles altres estatals que, si bé de cap manera podrien legitimar una regulació general respecte al règim jurídic del sòl, etc. Aquest paràgraf, per a nosaltres, condensa allò que Junts per Catalunya combatem: la idea que Catalunya, en realitat, no pot tenir cap competència exclusiva de veritat, perquè pel damunt, amb una posició de superioritat, hi ha un Estat que al final sempre podrà acabar decidint tot allò que li vingui de gust en base a aquells articles que ja ha dit el 149.1.13a de la Constitució.

Mirin, amb l’Estatut del 2006, l’Estatut d’autonomia del 2006, es va proposar el blindatge de les competències catalanes. S’havia constatat durant anys, i en tots els àmbits, el relativisme competencial consistent en el fet que en tot allò que li corresponia exclusivament a Catalunya també hi podia intervenir a l’Estat. La sentència del Constitucional del 2010, saben bé, s’ho va carregar. El Constitucional va venir a dir: «Senyors catalans, allà on el seu Estatut diu competència exclusiva, han de llegir amb el permís de l’Estat espanyol». I ens varen donar una lliçó que portem gravada a foc: una competència autonòmica exclusiva només ho podrà ser si no hi ha cap norma estatal que la condicioni ni mínimament. I això darrer és el que explica el que Junts farem avui: evitar legitimar i votar cap norma de l’Estat que tingui cap tipus d’afectació a matèries qualificades d’exclusives de Catalunya que les vinguin a condicionar sota cap justificació, tampoc la de la seguretat jurídica.

I encara més, fixin-se bé, a nosaltres ens crida l’atenció que la justificació d’aquesta llei sigui també la d’adequar-se a diferents pronunciaments del Tribunal Constitucional que, mitjançant diverses sentències, com he dit, va advertir que la regulació imposada per la normativa de la Llei del sòl anterior no respectava la distribució de competències. Però el que s’està proposant, al nostre entendre, no és adaptar-se al règim de distribució competencial que s’havia vulnerat, que és el que hauria d’haver estat, sinó fer aquelles modificacions precises perquè ara el Tribunal Constitucional ja sí que ho tingui molt més difícil pronunciar-se en aquest sentit en una propera ocasió. És a dir, estem davant d’un perfeccionament i d’una sofisticació de la vulneració competencial. És un que surja el efecto sin que se note el cuidado. En definitiva, podríem estar d’acord, ho sap, senyora Vaquero, en propostes que avui formulen en aquesta proposició, però el que nosaltres defensem és que aquestes propostes es debatin i decideixin allà on toca, que és al Parlament de Catalunya i no aquí. La raó és ben lògica. A Catalunya tenim, la volem exercir i ho farem, competència exclusiva en aquesta matèria.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Nuestra postura hoy, como siempre, será la defensa de Cataluña, de nuestra gente, de nuestras instituciones y de nuestras competencias, y para ello es necesario que se impida encotillar aquello en lo que Cataluña tiene plena soberanía para cada norma que pueda nacer de este Parlamento. De hecho, esta propuesta es idéntica, menos en el artículo cuarto, al proyecto de ley de abril pasado, que tuvo que ser retirado por falta de apoyo. Ya saben que Junts per Catalunya presentó una enmienda a la totalidad, y nuestra enmienda solo dejaba clara la invasión de competencias catalanas por la siempre infalible voluntad intervencionista del Estado. Sabrán seguro que cada vez que se desarrolla normativa específica en el ámbito que nos ocupa, estas normas han sido objeto de dictámenes por parte del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña. Esos dictámenes han incluido que los preceptos dictaminados vulneraban las competencias de la Generalitat en materia de vivienda, ordenación territorial y urbanística, etcétera, todas aquellas normas esenciales que están reguladas en el estatuto de autonomía.

Por último, hubo que sustituir esa reglamentación prevista y se previó un nuevo marco normativo en este ámbito. De nuevo, esos cambios fueron sometidos al dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, e incluso el Tribunal Constitucional declaró su parcial inconstitucionalidad. Ese texto parcialmente inconstitucional que fue incorporado al texto refundido es el que hoy se plantea para su modificación. Ni cuando presentamos la enmienda a la totalidad ni hoy nos centramos en la oportunidad o no de las medidas propuestas, sino que hoy, como entonces, nos centramos en los títulos competenciales.

Desde nuestro punto de vista, es una extralimitación utilizada con demasiada frecuencia, y nosotros no podemos aceptar el hecho de que se justifique que el Estado tiene competencias en exclusiva en este ámbito, acudiendo a artículos como el 149.1.13ª de la Constitución, que habla de que el Estado tiene competencias cuando, de hecho, se trata de la reglamentación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los derechos constitucionales. ¿Dice que tiene competencias en urbanismo, de ordenación territorial o de vivienda? ¿Por qué tenemos que ir a pescar esos artículos de la Constitución para que se metan con calzador? Nosotros no podemos compartir, porque no es cierta la afirmación que se hace en el preámbulo para justificar esta competencia exclusiva estatal. ¡No es cierta! Estas competencias son, en lo que respecta a Cataluña, del Parlamento de Cataluña.

Junts per Catalunya en este hemiciclo se siente responsable de velar por las competencias catalanas. Ya sabrán ustedes que nuestro objetivo es ejercerlas todas. Pero mientras no sea así, siempre estaremos muy vigilantes para que no se nos quite ni se nos rebaje ninguna. Por eso no tendría sentido hoy que nosotros contribuyéramos a validar patrones legislativos que son recentralizadores y, además, restrictivos de cara a las autonomías. Y sí, ya sabemos, señora Vaquero, que en ocasiones hemos de abordar soluciones con pragmatismo, pero eso no tiene que implicar en ningún caso que renunciemos a lo que defendemos nosotros. No queremos validar reformas furtivas de nuestro sistema de competencias, aunque se basen en temas de seguridad jurídica, porque hacerlo, de hecho, implica abrir la puerta a aquellos que lo que buscan es eliminar las autonomías y la capacidad legislativa de nuestros Parlamentos. La búsqueda de la seguridad jurídica no puede fundamentar un modelo homogeneizador.

En el preámbulo también consta una consideración del Tribunal Constitucional que dice que la competencia autonómica exclusiva sobre urbanismo debe integrarse sistemáticamente en esas otras estatales que, si bien de ninguna manera podrían legitimar una regulación general en cuanto al régimen jurídico del suelo, etcétera, este apartado para nosotros condensa aquello que combatimos en Junts per Catalunya: la idea de que Cataluña, en realidad, no puede tener ninguna competencia exclusiva de verdad porque por encima, en una posición de superioridad, tenemos a un Estado que, al final, siempre podrá acabar decidiendo todo lo que le venga en gana con base en esos artículos que he mencionado: el 149.1.1.ª y 13.ª de la Constitución.

Con el Estatuto de 2016, en Cataluña se propuso el blindaje de las competencias catalanas, porque se había visto durante años y en muchos ámbitos el relativismo competencial, que consiste en que todo aquello que le incumbe exclusivamente a Cataluña, allí también podía intervenir el Estado. La sentencia constitucional de 2010 se lo cargó. El Tribunal Constitucional vino a decir: señores catalanes, allí donde su estatuto dice «competencia exclusiva», deben leer ustedes «con permiso del Estado español», y nos dieron una lección que se nos ha quedado marcada a fuego. Una competencia autonómica exclusiva solo podrá serlo si no hay ninguna norma estatal que la condicione, aunque sea mínimamente. Y esto último es lo que justifica qué va a hacer hoy Junts: evitar votar ninguna norma del Estado que tenga ningún tipo de afectación en materias cualificadas como exclusivas de Cataluña, que las pueda condicionar bajo ninguna justificación, tampoco la de la seguridad jurídica.

Es más, a nosotros nos llama la atención que la justificación de esta ley sea la de adecuarse a diferentes pronunciamientos o fallos del Tribunal Constitucional que, mediante diferentes sentencias, como ya he dicho, ya advirtió que la reglamentación impuesta por la normativa de la ley del suelo anterior no respetaba la distribución de competencias. Pero lo que se está proponiendo ahora, a nuestro entender, no es adaptarse al régimen de distribución de competencias que se había vulnerado, que es lo que tendría que haber sido, sino hacer aquellas modificaciones precisas para que ahora el Tribunal Constitucional ya tenga mucho más difícil pronunciarse en ese sentido en una próxima ocasión. Es decir, estamos ante un perfeccionamiento y una sofisticación de la vulneración competencial: que surja el efecto sin que se note el cuidado.

En definitiva, podríamos estar de acuerdo —‌lo sabe usted, señora Vaquero— en propuestas que ustedes formulan en esta iniciativa, pero lo que defendemos es que estas propuestas se debatan y se decidan donde toca: en el Parlamento de Cataluña y no aquí. La razón es muy lógica: en Cataluña queremos ejercer —‌y lo haremos— competencia exclusiva en esta materia.

Muchas gracias.

Hola, bona tarda. Els he de confessar que estem força perplexos amb aquesta presentació d’aquesta iniciativa. Quan va arribar a les nostres mans el text vam pensar: «Calla, que això ens sona». I fent memòria vam trobar que, com han dit els altres grups, era un text pràcticament idèntic al text que el Partit Socialista va intentar aprovar l’any passat i no va arribar a tramitar-se perquè tres grups van presentar esmenes a la totalitat. Un text que vol regular teòricament millor les tramitacions urbanístiques i que només ha modificat, en aquesta ocasió, un mínim en l’article 4, suposo que per tal que la pugui presentar el PNB, però del qual en realitat se’n desprenen tres coses greus, tres coses tècniques greus. Limita el dret de la gent a impugnar projectes urbanístics tant com a ciutadans com a drets dels afectats. Com a ciutadans, perquè es vol limitar l’acció pública, i com a titulars dels drets dels afectats pel planejament, perquè es limita la possibilitat d’impugnació d’un planejament a través de la seva execució, abans que es dugui a terme. Per tant, els ciutadans afectats poden quedar indefensos. L’urbanisme és un tema que ens afecta com a societat i no només si la parcel·la on es desenvolupen els projectes és nostra o hi tenim alguna vinculació. L’urbanisme ordena i condiciona els espais que són de tots i totes. Espais on passem part de la nostra vida, on eduquem els nostres fills, on treballem, on passegem i on formem les nostres relacions personals. I tots i totes hem de tenir dret a defensar que s’hi facin les coses bé. Aquest text això s’ho vol carregar. A més, limita el dret de les mateixes administracions a dir la seva en projectes de parcel·lació, instal·lació de cases prefabricades o processos de tales massives d’arbrat. I, greu, modifica les normes de reversió amb uns canvis que semblen fets ad hoc per al projecte Madrid Nuevo Norte. No negarem, evidentment, com deia el company de Bildu, que els processos administratius de canvis urbanístics són complexos, llargs i que, en molts moments, són feixucs i que, segurament, molts ajuntaments celebrarien que es poguessin simplificar. Però s’ha de fer de forma seriosa. No pot ser que agafem una norma i la rebreguem de tal manera que, en comptes d’ajudar, el que faci és retornar-nos a aquelles èpoques en què, al servei de l’especulació, es rebaixen les garanties ciutadanes en els processos administratius urbanístics i que assumeixi coses com que, per fer front a l’emergència en habitatge, l’única resposta és construir més i més. Nosaltres, escolti’m, neguem la major. Construir més no és una solució màgica per millorar l’accés a l’habitatge i aconseguir que més gent hi pugui accedir. I hi ha dades. L’habitatge no es comporta pel que fa a la qüestió del mercat, de l’oferta i la demanda, com els altres mercats. En aquesta línia, dos estudis fets a San Francisco i a Nova York expliquen que, quan es construeix un nou bloc en un barri, els habitatges que estan a 100 metres a la rodona baixen entre un 1 % i un 2 % el seu preu, però adverteixen que, dins un radi de 500 metres, els pisos pugen fins a un 10 %. Hi ha un tercer estudi fet a Minneapolis que compara els preus de l’abans i el després de la construcció d’un bloc. Els pisos més cars s’abarateixen una mica, sí, cert, un 3 %, però els més assequibles s’encareixen gairebé un 7 %. El fet és que, en definitiva, construir més no vol dir que fa que sigui més fàcil accedir a l’habitatge, sinó que contribueix a fer —‌o pot contribuir a fer— que els més vulnerables, com sempre, no puguin seguir pagant un pis al seu barri i hagin de marxar de casa seva perquè hi vagi a viure gent més rica que ells. De fet, hi ha hagut èpoques en la història recent de Catalunya i també d’Espanya en què s’ha construït més que mai i que, malgrat això, els preus s’han disparat. I em sembla que tots som, érem presents i vam viure la bombolla immobiliària que va fer esclatar la crisi de l’habitatge.

No estem dient avui que no sigui necessari construir cap nou habitatge de primera residència, però l’emergència habitacional que vivim és un problema complex i cal abordar-lo atenent aquesta complexitat. Per començar, cal que el Partit Socialista deixi de bloquejar a la mesa de tramitació la llei dels lloguers de temporada i habitacions. Si impedim l’ús especulatiu dels pisos, guanyarem habitatges que ja estan construïts. A més, cal que l’Estat deixi de vendre els immobles de la Sareb i traspassi tot el parc a les administracions competents en matèria d’habitatge. S’han de posar els pisos a disposició de la ciutadania que ja els ha pagat i també els solars, i s’han de traspassar aquestes competències amb el finançament corresponent. I no oblidem, evidentment, els pisos buits, els quals s’ha de ser molt més decidit a l’hora de desincentivar mantenir-los buits.

Dit tot això, no vull acabar la meva intervenció sense deixar de dir que, aquesta llei que avui proposa el PNB, el Partit Socialista ja la va proposar el 2023, i no és que sigui una llei del 2023, sinó que és una proposta recuperada del Partit Popular del 2018, del Partit Popular de Mariano Rajoy, que avui, a través d’aquest acord d’aquests dos grups, torna a estar a la taula d’aquest hemicicle. Com a estratègia de govern de progrés, jo ho veig regulinchi, no ho sé. Per no parlar de l’estratègia negociadora que han tingut amb aquesta llei amb els partits del bloc d’investidura, que és zero absolut. Ni una trucada, ni una conversa. Tant diàleg i negociació que exhibeixen a la premsa i tan poc que en fan quan realment el necessitarien. En fi, no van escoltar tampoc cap de les nostres demandes quan van intentar-ho l’altra vegada i van fer moltíssimes reunions amb el govern de la Generalitat, que en aquell moment estava capitanejat per Esquerra Republicana. Reunions que no van servir absolutament per a res, perquè el text no va introduirles i es va presentar exactament igual que en el seu primer moment, i ara ho han tornat a fer. D’entrada, la situació és que no crec que puguin comptar amb nosaltres. Si volen el nostre suport, s’ho hauran de treballar molt més i molt fort.

Gràcies.

Buenas tardes. Debo confesar que estamos muy perplejos con la presentación de esta iniciativa. Cuando llegó a nuestras manos el texto pensamos: vaya, esto nos suena. Haciendo memoria, vimos, como han dicho otros grupos, que era un texto prácticamente idéntico al texto que el Grupo Socialista intentó aprobar el año pasado y no se llegó a tramitar porque tres grupos presentaron enmiendas a la totalidad. Uno de ellos quiere regular mejor las tramitaciones urbanísticas y solo ha modificado, en esta ocasión, un mínimo en el artículo 4, imagino que para que la pueda presentar el PNV. Pero lo que se desprende de ello son tres cosas técnicas graves: una, limita el derecho de la gente a impugnar elementos urbanísticos. Como ciudadanos, porque se quiere limitar la acción pública, y como titular de los derechos de las personas, porque imposibilita la viabilidad de un planeamiento para su ejecución antes de que se lleve a cabo. Por tanto, los ciudadanos afectados pueden quedar indefensos. El urbanismo es un tema que nos afecta como sociedad, y no solo es la parcela donde se desarrollan los proyectos, es nuestra, o tenemos alguna vinculación. El urbanismo ordena y condiciona los espacios que son de todos y de todas, espacios en los que pasamos parte de nuestra vida, donde educamos a nuestros hijos, trabajamos, paseamos y desarrollamos nuestras relaciones personales. Todos y todas tenemos derecho a que se hagan las cosas bien. Este texto esto se lo quiere cargar. Además, limita el derecho a las propias Administraciones a dar su opinión en cuestiones como procesos de talas masivas de árboles, entre otros, y grave: modifica las normas de reversión con unos cambios que parecen hechos ad hoc para el proyecto de Madrid. No vamos a negar, como decía el compañero de Bildu, que los procesos administrativos de cambios administrativos son complejos y largos y que muchas veces son complicados, y muchos ayuntamientos celebrarían que se pudieran simplificar, pero debe hacerse de forma seria. No puede ser que tomemos una norma y la doblemos de tal forma que, en lugar de ayudar, lo que haga es devolvernos a las épocas en las que, al servicio de la especulación, se rebajen las garantías ciudadanas en los procesos administrativos y urbanísticos y que se sumen cosas como que, para hacer frente a la emergencia habitacional, la única respuesta es construir más y más. Nosotros vamos a negar la mayor. Construir más no es una solución mágica para mejorar el acceso a la vivienda y conseguir que más gente pueda acceder. Y hay datos.

La vivienda no se comporta, respecto al mercado de la oferta y la demanda, como otros mercados. En esta línea, hay dos estudios realizados en San Francisco y en Nueva York que explican que cuando se construye un bloque en un barrio, las viviendas que están a 100 metros a la redonda bajan entre un 1 y un 2 % su precio; pero advierten que, dentro de un radio de 500 metros, los pisos suben hasta un 10 %. Y un tercer estudio de Mineápolis, que compara los precios de antes y después de la construcción de un bloque, señala que los pisos más caros se abaratan en un 3 %, pero los demás se encarecen en un 7 %. El hecho es que, en definitiva, construir más no significa que sea más fácil acceder a la vivienda, sino que contribuye o puede contribuir a hacer que los más vulnerables, como siempre, no puedan seguir pagando un piso en su barrio y tengan que irse de su casa para que vaya a vivir allí gente más rica que ellos. De hecho, ha habido épocas en la historia reciente de Cataluña y de España en las que se ha construido más que nunca y, a pesar de ello, los precios se han disparado. Me parece que todos estábamos presentes y conocimos la burbuja inmobiliaria.

No estamos diciendo hoy que no sea necesario construir ninguna nueva vivienda de primera residencia, pero la emergencia habitacional es un tema complejo y hay que actuar atendiendo a esta complejidad. Para empezar, es necesario que el Grupo Socialista deje de bloquear la ley de alquiler temporal y de habitaciones. Si impedimos el uso especulativo, vamos a ganar viviendas ya construidas. Además, es preciso que el Estado deje de vender los inmuebles de la Sareb y que traspase todo el parque a las Administraciones competentes en materia de viviendas. Hay que poner los pisos a disposición de los ciudadanos que ya los han pagado, y también los solares, y hay que traspasar estas competencias con la financiación correspondiente. Y no olvidemos también los pisos vacíos, hay que ser mucho más decididos a la hora de desincentivar tener los pisos vacíos.

No quiero finalizar mi intervención sin decir que esta ley que hoy propone el PNV ya fue propuesta por el Grupo Socialista en el 2023. Y no es una ley de 2023, sino que es una propuesta del Grupo Popular de 2018, del Partido Popular de Mariano Rajoy. Y hoy, a través de este acuerdo de estos dos grupos, vuelve a estar sobre la mesa de este hemiciclo. Como estrategia de progreso, la verdad, parece «regulinchi», por no decir que la estrategia negociadora que han tenido con esta ley en cuanto a los partidos del bloque de investidura es un cero absoluto: ni una llamada ni una conversación. Tanto diálogo y negociación que exhiben en la prensa y tan poco que hacen cuando realmente lo necesitan. En fin, tampoco escucharon ninguna de nuestras demandas cuando lo intentaron la otra vez, hicieron muchas reuniones con el Gobierno de la Generalitat ―e‌ n aquel entonces capitaneado por Esquerra Republicana―, que no sirvieron absolutamente para nada, porque el texto no las introdujo y se presentó exactamente igual que en su primer momento. Y hoy lo han vuelto a hacer. De entrada, la situación es que no creo que puedan contar con nosotros. Si quieren nuestro apoyo, deberán trabajarlo mucho más.

Muchas gracias. (Aplausos).

Moltes gràcies, señora presidenta. Señora Vaquero, tengo que reconocer que es un texto solvente, que es un texto técnicamente adecuado, pero tengo que decir que es para aquellos que creen que el sistema funciona y que es un problema de aplicación, que es un problema de burocracia, que es un problema solamente de que las Administraciones públicas no son eficientes en esta materia. Y es obvio ―‌lo han señalado los diferentes grupos parlamentarios― que existe un problema en la aplicación y en la aprobación de los planes urbanísticos en nuestro país al que hay que encontrar una salida. Pero hoy no se presenta una ley técnica basada en el consenso del sector; hoy se presentaba una ley que, como todas las leyes, es ideológica, que genera riqueza y desigualdad. Por ello, quiero recomendar este libro (muestra un libro), que es El código del capital: cómo la ley crea riqueza y desigualdad, de Katharina Pistor. Aquí explica muy bien lo que nosotros venimos hoy a posicionar como grupo parlamentario, y es que esta propuesta ―‌que es un copia y pega de la propuesta de Rajoy del 2018, como apuntaba ahora la compañera de Esquerra, la que intentó traer el Grupo Socialista a través de la ministra de Vivienda― plantea la respuesta a lo que los promotores inmobiliarios dicen que es su inseguridad jurídica. Es cierto y es obvio que los procesos son largos y pesados; hay que desburocratizar ―‌por cierto, señores del Grupo Socialista, podríamos empezar por el ingreso mínimo vital (aplausos)―. Pero esta proposición no aborda lo que para nosotros es la mayor inseguridad jurídica en la propiedad y gestión del suelo en nuestro país, que es la distorsión que hay entre las leyes y su aplicación en la práctica jurídica del derecho a la expectativa urbanística.

Quizá esto nos haga desconectar un poco del discurso, pero vamos a poner un ejemplo que seguro que todos y todas conocemos: el de alguien ―‌seguro que les suena esta historia― que tiene un trocito o compra un trocito de suelo rústico porque hay alguien que conoce ―s‌ eguramente amigo suyo o conocido― que lo va a reclasificar como urbanizable, y, de repente, por la magia del mercado, ese trocito de rústico que no valía demasiado pasa a valer el triple, el cuádruple. ¡Magia!, él no ha hecho nada, no ha mejorado ese trocito rústico, pero, hoy, a pesar de ello, solo por si acaso, ya vale el triple. Esto, señorías, es lo que deberíamos estar ahora mismo intentando resolver en esta Cámara. (Aplausos). Y, sin duda, esta propuesta no aborda esta problemática, que es algo tan sencillo como que alguien que tiene un trocito de rústico, cuando alguien decide que ahora es urbanizable, de repente tiene el triple de lo que tenía en el bolsillo. Y esto les parece normal; a nosotros, no. Quizá por ello no entienden nuestra posición, y es que ustedes entienden que el sistema funciona bien, excepto algunos casos que hay que resolver. Nosotros, en cambio, pensamos que no.

Por otra parte, ustedes piensan que esta propuesta va a mejorar la realidad de la vivienda, y ahí nosotros no podemos estar de acuerdo porque pensamos que es radicalmente falso que en España haga falta más vivienda. Ahora mismo existe un stock de 450 000 viviendas sin vender en España, de las que el 20 % están en Madrid y Barcelona. Lo digo porque seguro que alguien dice: es que están en un sito al que nadie quiere ir a vivir y son casas viejas que están a punto de caer. No, no es cierto. Aparte, en España, hay medio millón, entre legales e ilegales, de apartamentos turísticos, que lo que hacen es expulsar a los vecinos de sus casas. Pero es que, además, según el propio ministerio, hay 4 millones de viviendas vacías. Entenderán que con estas cifras no hay un problema de oferta; lo que hay es una desviación fraudulenta del uso social de la vivienda para la especulación y su secuestro por parte del turismo. (Aplausos). ¿Quieren más casas? Prohibamos la compra especulativa de vivienda. ¿Quieren más casas? Expropiemos a los fondos buitre ―‌por cierto, la ley de expropiación sigue siendo del año 1954―. ¿Quieren más casas? Prohibamos que haya apartamentos turísticos en nuestros edificios. Claro que hay margen para lograr que haya más casas.

Y no solo no hay un problema de que falten casas, sino que es falso que el hecho de que haya más casas suponga que sean más baratas. ¿O no recuerdan ustedes al señor Aznar cuando decía: España ha construido más casas que Alemania, Francia e Italia? ¿Saben cuántas veces de estas bajó el precio de la vivienda? Ninguna, porque más vivienda no supone que sea más barato, porque la oferta y la demanda no funciona tampoco en el tema de la vivienda. Así que, señorías, hay que elegir bando, yo lo entiendo; y priorizar la construcción, priorizar liberalizar más suelo y quitar más participación ciudadana, sin duda alguna no puede ser el nuestro. Es una propuesta que no va a mejorar la realidad de la vivienda. Ustedes dicen: Es que no confían en los alcaldes. Yo confío en todo el mundo, pero, señores del Grupo Nacionalista Vasco y del Grupo Socialista, ¿creen que es casual que España fuera el primer país en introducir la especulación en la Constitución cuando se hablaba sobre el tema del suelo? Es evidente que no, porque existe una tradición en la que unos pocos se han forrado con el suelo que era la casa de demasiados. (Aplausos). Y es por eso por lo que nosotros no podemos estar en ese lado.

Señorías, con esta ley, hurtando la acción popular, se toma bando por Goliat y le quitan a David la honda. Claro que muchas veces es un pequeño tema formal; yo no voy a ser hipócrita y voy a decir que eso es mentira, pero es que, cuando uno está luchando contra poderosos, quizás solamente le queda esa herramienta para poder hacer de contrapoder. Y gracias a esto, pudimos parar la demolición del barrio del Cabanyal en Valencia, pudimos hacer que el Algarrobico no continúe en pie en Almería, que la Marina de Cope en Murcia no esté completamente asfaltada o que, en Galicia, los vecinos y vecinas puedan plantearse luchar contra lo que efectivamente es dar herramientas al pueblo o quitárselas solamente a los poderosos.

Termino con una cuestión mol valenciana, señora presidenta. I és que mentre estem ací, al meu país, hi ha, en paral·lel, un debat molt concret, que és l’ús que ha fet el govern del senyor Mazón per aplicar la doctrina del xoc per a negar el que va passar el dia de la DANA. A més a més, amb una estratègia trumpista, com vam veure ahir a l’Hotel Ritz. I és que el senyor Mazón, que no va alertar la població, que no va evitar la mort de 227 persones que sí que eren possibles, era la seua responsabilitat, com diu la jutgessa de Catarroja, ha aprofitat la commoció de la DANA per a culpar la legislació en matèria de protecció del territori i ecologista, derogar-la i fer que ara construir al nostre país siga un 42 % més car per al formigó que no només tenen en la seua cara. I és que, efectivament, el que ha fet el senyor Mazón és legalitzar la barra lliure per als promotors i constructors que hui, d’aprovar-se aquesta llei, també estarien molt contents. Perquè no és casual que el senyor Mazón, l’únic alcalde que cridara el dia de la DANA fora l’alcalde de Cullera. I és que, probablement, el que li va dir el senyor Mazón a l’alcalde de Cullera és que anava a desbloquejar un pelotazo urbanístic de torres de 35 altures per a 12 000 persones en la ciutat de Cullera. I saben què? Que això no anava a millorar el dret a l’habitatge de ningú, perquè anava a ser per al turisme una vegada més. I nosaltres, senyors del Partit Nacionalista Basc, senyories del Partit Socialista, no volem tornar a ser un país de pais. Volem ser un país dempeus que protegeix el seu territori, que protegeix l’horta, que no vol asfaltar el poc que li queda per al pulmó de les seues filles i fills. I per això hui, malauradament, hem de triar costat. Nosaltres no estarem en els rendistes, no estarem amb Florentino Pérez i en aquells que creuen que és el moment de construir, sinó aquells que pensem que és el moment de regularitzar la vivenda, d’abaixar els preus i de poder cuidar un poc el nostre planeta.

Moltes gràcies.

Mientras estemos así, en mi país hay en paralelo un debate muy concreto, a saber, el uso que ha hecho el Gobierno del señor Mazón para aplicar la doctrina del choque, para negar lo que sucedió el día de la dana. Y, además, con una estrategia trumpista, como vimos ayer en el Hotel Ritz. Y es que el señor Mazón no alertó a la población y no evitó la muerte de más de 200 personas, que sí era posible, y era su responsabilidad; y ha aprovechado la conmoción de la dana para derogar la ley de protección del territorio, y hacer que ahora construir en nuestro país sea un 42 % más caro que el hormigón que tiene en su rostro. Lo que ha hecho el señor Mazón ha sido legalizar la barra libre para promotores y constructores, que hoy, de aprobarse esta ley, estarían muy contentos. Porque no es casual que el señor Mazón al único alcalde que llamara fuera al alcalde de Cullera, porque probablemente lo que le dijo el señor Mazón a este alcalde es que iba a desbloquear o que iba a hacer un pelotazo con torres de muchos pisos en esa ciudad, y eso no va a mejorar el derecho a la vivienda de nadie, porque será para el turismo, una vez más.

Señores del Grupo Socialista, nosotros no queremos volver a ser este tipo de país. Queremos ser un país que esté de pie, que no quiere asfaltar lo poco que le quede para los pulmones de sus hijos e hijas. Por eso, tenemos que decantarnos. No estaremos a favor de Florentino Pérez, ni de aquellos que creen que es el momento de construir, sino que es el momento de regularizar la vivienda, bajar los precios y cuidar un poco nuestro planeta.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, señora presidenta. El debate de hoy llega tarde, tardísimo; y es ilustrativo de cómo toda una generación de políticos ha sido incapaz de dar respuesta a la necesidad habitacional acuciante que hay en España, una necesidad que ha sido creada de forma artificial por esos mismos políticos, al convertir en escaso y en consecuencia, en tremendamente caro y lucrativo, un bien esencial como es la vivienda. Señorías, tenemos el mismo parque inmobiliario que en el año 2009, 26 millones de inmuebles, pero hay diferencias bastante notables que conviene mirar con detalle. La primera, este parque está concentrado en menos manos. Tenemos muchos menos propietarios de una sola vivienda, muchos menos propietarios jóvenes, muchos menos propietarios de rentas bajas y muchos más multipropietarios, particularmente fondos y fortunas extranjeras. Esto quiere decir que las familias tienen menos poder para organizar su vida y los grandes más poder para condicionársela. La segunda diferencia, también bastante notable, es que tenemos el mismo parque inmobiliario para 3,5 millones más de personas; 3,5 millones más de personas que algunos trajeron para poder abaratar costes laborales y otros para poder saciar sus ansias multiculturales y que, hoy, de camino, han generado también un grave problema habitacional porque, a más población, también más necesidad de hogares; algo que parece que ninguno de los genios del Excel que diseñaron estas políticas previó ni fue capaz de imaginar. La tercera diferencia tiene que ver con la distribución de la población y la distribución de las casas en el territorio, porque, claro, cuando uno se carga las oportunidades en medio país, vía desindustrialización, vía deslocalización de la producción, vía estigmatización del modo de vida rural, las personas se mueven a las grandes ciudades, pero las casas no, las casas se quedan. En este país, se construyeron muchas casas en los años ochenta, noventa o dos mil, en capitales de comarca, en pequeñas y medianas ciudades, en agrociudades y en pequeños pueblos industriales que hoy están vacíos, porque, al mismo tiempo que se construían esas casas, se acababa con las condiciones de habitabilidad de estas. Al mismo tiempo que se construían esas casas, ustedes condenaban a emigrar a sus potenciales inquilinos o a sus potenciales compradores. Es decir, que puede que tengamos el mismo número de casas que en 2009, pero en algunos sitios no se llenan y, en otros sitios, faltan cada vez más.

Cuarta diferencia: como consecuencia de los nuevos hábitos culturales, cada vez hay menos personas por hogar. Actualmente, se forman al año el triple de hogares de los que se producen, la estimación del INE para 2039 es que habrá 4 millones de hogares nuevos y el hogar más repetido en España estará formado por una sola persona. Aun así, habrá señorías como el señor Ibáñez, que dirán que no les daremos casa a estas personas, y yo creo que es que, al final, algunos seguirán erre que erre y no se bajarán nunca de la burra hasta que no haya infravivienda en cada esquina de nuestro país, en cada esquina de nuestras calles.

Sigamos, quinta diferencia: en un panorama, en un contexto de demanda infladísima, cada vez menos inmuebles se destinan al alquiler permanente, que es el que necesitan las familias, no otro, el permanente, y esto no es por arte de magia. Esto es consecuencia de sus regulaciones y su fracaso, de cómo han desatado inseguridad jurídica, un millón menos —y‌ bajando— desde que ustedes gobiernan. No sé si es para considerar que es algo ajeno a la política.

Y sexta y última diferencia: en ese transcurso, han pasado dieciséis años, señorías y, en consecuencia, muchos edificios han envejecido, se han deteriorado y no ha habido las pertinentes y necesarias rehabilitaciones.

Vistas las diferencias, creo que podemos concluir que tener el mismo parque inmobiliario que en 2009 con los cambios sociodemográficos que hemos experimentado desde entonces es una verdadera catástrofe que, en verdad, no es tener el mismo parque inmobiliario, sino tener muchas menos casas para mucha más gente y ubicadas en muchos peores lugares. En España, faltan grúas y faltan casas, faltan casas y faltan grúas, pero, sobre todo, falta una clase dirigente que piense en el país a largo plazo y que se haga cargo también de los efectos perniciosos de sus políticas, de los consensos que aquí ha habido sobre no construir, de los consensos que aquí ha habido sobre la organización territorial desquiciada que hay en este país y sobre los consensos que aquí ha habido sobre traer y traer cada vez a más gente sin decir y sin tener claro dónde van a poder alojarse y dormir. (Aplausos).

Señorías, si faltan casas, hace falta construir, y, si hace falta construir, hace falta suelo y, por tanto, bienvenidas sean las mejoras técnicas de esta PL, bienvenida sea la seguridad jurídica, bienvenida sea la atención a las demandas de los ayuntamientos y bienvenida sea también toda fórmula para evitar las paralizaciones de los PGO sine die por errores absolutamente subsanables. Bienvenido sea todo esto, pero no nos contemos a nosotros mismos una película particularmente reconfortante. Esta modificación de la ley del suelo, si sale adelante, puede ser absolutamente inane y estéril si no viene acompañada de otras reformas absolutamente necesarias que están pendientes. Está pendiente, desde luego, acelerar los procesos de transformación del suelo. Está pendiente aligerar trabas, burocracia, peajes o impuestos a la construcción. Está pendiente abrir de una vez por todas el melón de la densidad; sí, de la densidad, que fue clave para canalizar el empuje demográfico de este país hacia las grandes ciudades entre los años cincuenta y ochenta, y que tiene que ser clave para poder canalizar el empuje demográfico hoy hacia las grandes ciudades si no queremos aceptar —‌yo creo que nadie lo quiere en esta Cámara— que haya personas que trabajan a dos horas y media de donde viven, familias desplazadas de su barrio de toda la vida, parejas embutidas en pisos compartidos o precios de las casas por las nubes.

Esto es lo que creo que haría un Estado social digno de tal nombre: dejar de especular con suelo público, dejar de llevarse picos indecentes con la necesidad de la gente, colaborar con la iniciativa privada para extender el parque de vivienda de protección oficial, planificar espacios amables y habitables y bonificar la densidad. Pero, bueno, parece que en España hay quien prefiere la España de las chabolas y la España de la infravivienda a la España de las grúas, porque si no hay grúas, en un panorama de concentración urbana brutal como el que tenemos, habrá chabolas y habrá infravivienda. Y en esas chabolas y en esas infraviviendas no vivirá ninguno de los que aquí vota contra las grúas, vivirán españoles normales y corrientes que no tienen por qué pasar por ese trance. (Aplausos).

Saber esto ha de llevarnos a cerrar el círculo; construir es el medio, no es el fin. De nada servirá esta modificación si es aprobada, ni tampoco las reformas pendientes, si no tenemos un horizonte colectivo hacia el que caminar, si no tenemos una ambición, un norte moral. El de VOX es claro, y ya lo he repetido aquí en innumerables ocasiones: un país de familias que puedan ser dueñas de su casa y que puedan vincularse de forma duradera al espacio en el que residen. Por eso hay que construir, en primer lugar, para que haya vida en común, con una concepción humanística y no solamente contable, como tanto se estila por estos lares; es decir, un urbanismo para vivir y no solamente para sobrevivir. En segundo lugar, hay que construir para quien no tiene casa actualmente. Hay que construir para que jóvenes y rentas bajas que han sido expulsados de la posibilidad de comprar vuelvan a tener la posibilidad de acceder a una vivienda en propiedad. Hay que construir para que los españoles anónimos tengan un hogar digno de tal nombre, no para seguir concentrando la propiedad en pocas manos, ni para que grandes fortunas extranjeras hagan su agosto, ni para levantar bloques de estudios unipersonales o de apartamentos turísticos donde no hace falta, ni para que unos pocos depreden nuestro patrimonio natural o peguen el pelotazo que llevan años esperando. Hay que construir al servicio de un orden justo y de una causa noble, y a mí no se me ocurre una causa más noble que la de devolver al español corriente la posibilidad de ser dueño de su casa y, con ello, de ser dueño de su destino.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes. El Grupo Socialista votará a favor de la toma en consideración de la proposición de ley. La hacemos nuestra porque comparte la partitura con la presentada en común con el Partido Nacionalista Vasco el pasado mes de mayo, aunque finalmente no saliera adelante en la tramitación al no contar con los apoyos necesarios, especialmente el del principal partido de la oposición, el Partido Popular. Ahora es el grupo del PNV el que trae de nuevo esta propuesta. Señorías del PP, agradezcan que tienen una nueva oportunidad para demostrar con hechos que trabajan para el interés general y no para los intereses electorales. Señorías, suelen decir que no hay dos sin tres, pero yo confío en que aprovechen esta segunda oportunidad y voten a favor de la toma en consideración, que no dejen tirados a alcaldes y alcaldesas, ni a la FEMP que ustedes presiden, que lleva ya mucho tiempo reclamando esta modificación legal. Calculen el inmenso volumen de suelos calificados para viviendas protegidas que están bloqueados por la regulación actual, impidiendo este bloqueo la construcción de decenas de miles de hogares y dificultando el acceso a una vivienda digna y asequible. Señorías, la vivienda se ha convertido en el principal problema que preocupa a los ciudadanos y ciudadanas, y no lo digo yo. Lo decimos todos, lo sabemos todos y lo gritan los ciudadanos y las ciudadanas en la calle, nos lo gritan en todas partes. Dejen a un lado sus prejuicios ideológicos y sus recetas precocinadas de liberalización, de regulación y, en no pocos casos, de pelotazo. Nosotros estamos dispuestos a trabajar con diálogo, sin prejuicios ni exclusiones, con todos los grupos de la Cámara, empezando por ustedes, señorías del Partido Popular, para una reforma que consiga ampliar aún más los consensos políticos, sociales e institucionales de aquellos con los que ya cuenta esta proposición de ley. La propuesta de ley socialista, compartida por el Partido Nacionalista Vasco, pretende sumar los máximos apoyos para hacer de la reforma del suelo y rehabilitación urbana un acuerdo de país para responder, como dije antes, a una necesidad largamente demandada por administraciones locales de diferente color político. Es una petición sin distinciones; de hecho, en el año 2022, once de las diecisiete comunidades autónomas, así como Ceuta y Melilla, solicitaron al Estado la tramitación de esta ley. La demandan porque la reforma de la ley del suelo es imprescindible para dotar de estabilidad y seguridad jurídica al desarrollo urbanístico de España para que prime sobre los intereses privados y particulares los públicos y de los ciudadanos en general, fomentando un desarrollo urbano integrado, igualitario y medioambientalmente sostenible. Por otro lado, es también una obligación adeudada a los ayuntamientos, que ya dejaron de ser hace mucho tiempo ese hermano pequeño de la democracia española y no pueden seguir sometidos a una legislación obsoleta, lenta y confusa respecto a una de sus políticas esenciales, la de cómo ordenar sus pueblos y ciudades para hacer entornos habitables y sostenibles.

Señorías, los socialistas estamos donde las soluciones para estar a la altura de las demandas ciudadanas. Nosotros no faltamos nunca, nos retratamos siempre para hacer frente a los retos de país, poniendo los derechos de las personas por encima de intereses nacionalistas, partidistas y territoriales también. Ante esta grave emergencia habitacional que creo que todos y todas compartimos, los ciudadanos nos necesitan a todos porque se requieren soluciones transversales y multicompetenciales. En este acuerdo de país no sobra nadie y hacemos falta todos, vuelvo a decirlo, a uno y otro lado somos necesarios. A la gente ya le sobran excusas y le faltan razones cuando no se está a la altura y se ponen trabas a una medida, como en el día de hoy, que es imprescindible para incrementar o contribuir a incrementar el parque de vivienda y, por ende, a bajar los alquileres.

Por cierto, señoría, ¿qué es eso de equiparar planificación urbanística y especulación? Un respeto a los más de 60 000 concejales y concejalas, alcaldes y alcaldesas de este país. ¿Qué es eso de hablar con esa superioridad moral desde el escaño diciendo que se quedan con algo en el bolsillo?, ¿qué es eso de unir el poder municipal con la especulación y la corrupción? Basta ya. (Aplausos). Aquí no se trata de elegir bando, aquí lo que no se puede hacer es cambiar de bando cuando la gente te necesita y abandonar el barco, eso es lo que no se puede hacer. (Aplausos). Por cierto, señorías, no creo yo que siendo presentada por el Partido Nacionalista Vasco sea susceptible de decir que invade competencias autonómicas. Lo tendría que hacer muy mal el Partido Nacionalista Vasco para presentar una normativa así y no creo que sea el caso. Así que, señorías, vamos a dejar de ser parte del problema para pasar a ser parte de la solución. Empecemos hoy dando más herramientas para que todos los poderes cuenten con una legislación ágil y garantista, mejorando la seguridad jurídica y la claridad de la norma.

Termino con Tierno Galván, el llamado alcalde eterno de Madrid, gran defensor del poder transformador de los ayuntamientos, que decía con pasión que la vivienda no debe ser un lujo, sino un bien accesible para todas las personas, sin distinción de clase o condición. Señorías, en nombre de la justicia social, a los poderes públicos nos toca a todos y a todas nosotras hacer todo lo posible para garantizar el acceso a una vivienda digna a un precio asequible. Trabajo de todos, pongámonos a ello.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Señorías, antes de entrar en el fondo de esta iniciativa, para entenderla es importante hacer memoria. En mayo de 2024, el Gobierno retiró su proyecto de ley del suelo en la mañana que se iba a debatir. El motivo: ni siquiera contaba con el apoyo de SUMAR. Hoy, parece ser que SUMAR tampoco apoyará este texto. Así que el primer bulo que hay que desmontar es que no culpen al PP de sus fracasos, sino que hablen mejor con sus socios. (Aplausos.―La señora Montesinos de Miguel: ¡Muy bien!). Pero seguimos. En junio, el Grupo Vasco y el Socialista registran una iniciativa similar a la que hoy debatimos, de la que el Grupo Socialista se borra en septiembre. Tres meses en el congelador, o más incluso, y se reactiva ahora, con prisas, porque el Partido Popular presenta su alternativa el 31 de enero en el Senado, que ahora explicaremos, porque hay ciertas diferencias. Por último, si vamos más atrás, vemos que el Partido Popular fue ya pionero en esta materia de seguridad jurídica, aprobando en 2018 un anteproyecto de ley del suelo. De este breve recorrido sacamos dos conclusiones. La primera, el texto que hoy debatimos no es solo del Grupo Vasco, como ya se ha dicho, sino también, en el fondo, del Grupo Socialista. Y la segunda, que ahora parece urgente proteger la seguridad jurídica, porque el PP ha tomado la delantera. Ese es el motivo real. Relacionado con esto, una reflexión: si el PNV no hubiese apoyado la moción de censura de 2018, nos habríamos ahorrado siete años. Siete años con más seguridad jurídica y siete años, también, evitando a este Gobierno. Un dos por uno. (Aplausos). Pero yendo al texto en sí, reconocemos que tiene base lógica, porque busca, precisamente, más seguridad jurídica, y en eso coincidimos, porque es algo que piden ―‌como bien ha dicho la proponente del Grupo Vasco― comunidades autónomas y municipios. Esto solo parecen unas palabras, pero la seguridad jurídica es mucho más, influye directamente en el reto de la vivienda. Cuanta menos seguridad jurídica, más incertidumbre y más sube el precio de la vivienda. Por eso, como le digo, coincidimos en protegerla. Pero resulta irónico que ahora hablen de ella cuando apoyan a un Gobierno que la ataca permanentemente. Cuando, además, blindan la okupación y bloquean nuestra ley de esta materia aprobada en el Senado.

En cambio, este texto se nos queda muy corto para el momento que estamos viviendo. Ya no sirven los parches ni la propaganda. Como decimos en nuestro plan de vivienda, la reforma de la ley del suelo es urgente y necesaria. Sin embargo, no vale cualquier reforma. Las propuestas que nos están trayendo no están a la altura y, además, nos da la sensación ―‌lo ha dicho el señor portavoz de SUMAR― de que son copias de ese anteproyecto de ley que se presentó en 2018. Yo le matizo al señor Ibáñez que son malas copias, copias a medias. En cualquier caso, además, son pura fachada, porque este texto modifica solo dos leyes y de forma superficial, insuficiente para el momento actual que vivimos. Solo afectaría al 10 % de los proyectos de vivienda en España, dejando el 90 % restante en el mismo estado de ruina actual. En cambio, la nuestra es fruto de hablar con los expertos y con comunidades autónomas. Responde, precisamente, a lo que necesitamos.

Objetivamente, vemos que esta ley y la suya tienen poco que ver, sobre todo, porque la nuestra es un plan integral que reforma con lógica y sentido varias normas que son imprescindibles: la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, la ley de vivienda, la ley de arrendamientos urbanos, la ley del contrato de concesión de obras públicas y la ley de enjuiciamiento civil. ¿Para qué? Para agilizar y asegurar la tramitación del planeamiento, evitando anulaciones innecesarias; también intentamos bajar los plazos, de diez a quince años en algunos casos, hasta cuatro; para acabar con la ineficacia en la emisión de informes sectoriales que su perpetua, estableciendo plazos y aplicando el silencio positivo cuando corresponda; para dar seguridad real a la inversión y aumentar la oferta de vivienda, que está ahora mismo estrangulada; para derogar las medidas lesivas que la ley de vivienda ha hecho que se hunda la oferta del alquiler; para proteger al propietario frente a la okupación y la inquiokupación.

Señores del PNV, sin reformar todo eso, sus deseos se quedan solo en castillos de arena. Y, por eso, vemos dos caminos posibles: el de reformar solo la fachada y el otro, el nuestro, el de reforzar desde la estructura. No olvidemos que una fachada que no tiene una estructura fuerte se debilita y suele caer, así que ustedes verán.

Además, esta ley del suelo es un plano también que nos ayuda a orientarnos en el funcionamiento de este Gobierno. Vemos parches que no resuelven problemas y que, cuando se impregnan de mantras ideológicos, se agravan. Encontramos fisuras y colisión permanente en la coalición, tanto es así que nos hacen debatir los mismos textos dos veces. Observamos también un croquis de las contradicciones sobre las que hace equilibrios el Partido Nacionalista Vasco, porque reclama seguridad jurídica aquí, mientras que apoyan a este Gobierno que, como decíamos antes, la pone siempre en jaque y, aparte, en el Gobierno vasco, ceden la competencia de vivienda al PSOE, ese mismo partido que aprueba leyes contra la vivienda. Y, por último, este tema es una maqueta a escala de la chimenea, el humo y la propaganda de este Gobierno. Prometen y prometen las 184 000 viviendas de Sánchez, mientras hay miles paralizadas. En mi tierra, en Cádiz, sin ir más lejos, se podrían ofrecer casi 2500 viviendas a la bahía, en el desarrollo de la Florida del Puerto de Santa María, un municipio que está ahora mismo imparable. Sin embargo, este desarrollo lleva años de retraso y avanza a un ritmo muy lento por la dejadez del Gobierno, a través de su empresa pública, del Sepes.

En resumen, nosotros siempre estaremos a favor de la seguridad jurídica, pero no de los parches de este Gobierno que han provocado, entre otros datos desoladores, que la vivienda pase a ser la primera preocupación de los españoles, cuando en 2018 era la número dieciséis, y que mi generación vea su proyecto de vida demolido. ¿Queremos perpetuar este modelo? Nosotros no. De ahí, nuestra alternativa, que se debatirá y se aprobará en el Senado dentro de muy poco. Nos jugamos mucho y no podemos fallar, y con esto termino.

Lo que nos estamos jugando es que los españoles, sobre todo los de mi generación, la de los jóvenes, recuperen la esperanza que este Gobierno les ha quitado y puedan construir un proyecto de vida en libertad, con un hogar para formar una familia si quieren. Trabajamos para que la España donde vivimos crezca y avance y dé oportunidades a todos, pero, especialmente, a quienes tienen el futuro en sus manos.

Muchas gracias. (Aplausos).