Proposición de Ley sobre concesión de nacionalidad española a las y los saharauis nacidos bajo la administración española.

Buenas tardes, señorías. Primero quiero agradecer a todas las personas que esta tarde nos acompañan ―‌‌colectivos de familias de acogida de niños saharauis en verano, compañeras, compañeros, personas de la sociedad civil y también de la abogacía que ha acompañado a tantos saharauis nacidos bajo el colonialismo español― para presenciar hoy la presentación de una ley crucial. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR). Como sus señorías saben, para mí es muy complicado no hablar hoy en primera persona, pero voy a intentar utilizar este altavoz para representar a todo el pueblo del Sáhara Occidental. He intentado encontrar una metáfora para explicarles el limbo legal que atravesamos los saharauis, y, como he escrito hoy en elDiario.es, mi llegada a ese escaño, al 2302, ha sido básicamente como en la película, de Tom Hanks, La terminal. No sé si sus señorías han visto esa película, en la que Tom Hanks se queda atrapado en un aeropuerto porque, durante su vuelo, su país entra en guerra civil y tampoco lo dejan entrar en Estados Unidos, y se queda en un limbo legal. Yo vi esa peli con 10 años: no sabía mucho español, pero sentía la misma angustia que el actor. Señorías, yo nací en los campos de refugiados ―‌‌yo y miles de refugiados expulsados durante la ocupación marroquí posterior al abandono de España―, y, revisando los miles de documentos que traemos los saharauis para poder hablar de nosotras y nosotros, ya que solemos traer una carpeta, yo quería mostrarles hoy un documento (muestra un documento), el censo de la MINURSO, el famoso censo para que, cuando llegue ese día en que podamos votar los y las saharauis, sepan que somos saharauis. Este censo es de mi madre, del año 1998. Es un censo que conservamos todos los saharauis. Tiene un gran valor político, un gran valor en el derecho internacional, pero realmente es papel mojado: solo sirve en los campos de refugiados para obtener un kilo de arroz a la semana como refugiado. Los saharauis también ostentamos nuestro pasaporte, el pasaporte de la República Saharaui. (Muestra un pasaporte). Este pasaporte otorga y reconoce a los saharauis como saharauis de la República Árabe Saharaui Democrática. Pero con este pasaporte, si un saharaui entra en España, lo más probable es que Marlaska lo deporte, y no a los campos de refugiados saharauis, sino a Rabat. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR). Los saharauis también ostentamos el título de viaje humanitario argelino. (Muestra un nuevo pasaporte). Este título de viaje argelino te deja salir de los campos de refugiados. Así venimos los miles de niños saharauis en régimen de acogida con familias españolas. Con este llegué yo en 2002, y, hasta que se me otorgó la ciudadanía española en 2022, pasaron veinte años. ¡Veinte años entre este pasaporte y este! (Muestra ambos pasaportes).

Y la terminal del pueblo saharaui representada por esa película muestra el verdadero drama que atravesamos no solo los saharauis, sino las familias que nos acogen todos los veranos. Yo fui mena tres años; mi hermano mellizo y yo. Mi madre de acogida vivía alarmada por si tenía cualquier enfermedad. Mi madre de acogida no podía sacarme del país. Mi madre de acogida no conseguía matricularme en el colegio; ni a mí ni a mi hermano mellizo. Y reitero: este no es mi caso, es el de todos los niños saharauis que se acogen en verano. ¡Veinte años entre ambos! (De nuevo muestra ambos pasaportes).

¿Saben lo que me daba más pánico y lo que más miedo da a todos los saharauis? Perder el NIE, porque con el pasaporte argelino (muestra el citado pasaporte) tenemos una tarjeta de residencia para poder estudiar en España, pero tampoco se nos reconoce, obviamente, la argelina ni la saharaui. Y lo que más miedo me daba en la universidad era perder el NIE. De hecho, una vez, cuando lo perdí, un amigo me propuso matrimonio, viendo la alarmante situación de que me podían deportar.

En el año 2022, señorías, se me otorgó la ciudadanía española. Pero este periplo que ha pasado mi familia de acogida y que he pasado yo misma se nos podía haber ahorrado. Y hoy traigo esta cartilla. (Muestra la copia de un documento). Este no es el DNI de mi padre, pero sí que es su Seguridad Social. Mi padre está censado en el Ministerio de Hacienda como trabajador de la mina de fosfatos. Nació en 1952. El Sáhara entonces era español. ¿Saben cuándo pudo recuperar su DNI? En 2007. Pero yo en 2007 no lo podía pedir porque España no reconocía mis papeles saharauis. Decían continuamente en las Administraciones y en las colas de extranjería: «No existís, tú no existes, y, por tanto, no podemos reconoceros».

Señorías, mi llegada a ese escaño, gracias al ejercicio del sufragio pasivo y activo en el pasado año 2023, no solamente es una justicia restaurativa, para representar al pueblo madrileño y al pueblo español, sino que también es gracias al trabajo colectivo de las asociaciones que nos han acogido, gracias a la ternura de mis padres de acogida, gracias a la abogacía saharaui, que ha hecho un pleito extraordinario en los tribunales españoles para que se reconozcan nuestros papeles. Por eso, señorías del Partido Socialista…

Me dirijo a ustedes porque esta ley ya llegó la pasada legislatura y tuvo el apoyo mayoritario, y ustedes votaron en contra. Quiero que hoy suban a esta tribuna y digan por qué votan en contra, por qué votan en contra de las familias de acogida, por qué votan en contra del pueblo saharaui. ¿Qué les hemos hecho nosotros, que les hemos hecho los saharauis para que constantemente nos intenten borrar de la memoria histórica de este país? Esta ley no exime de responsabilidad al Estado español. Esta ley es un ejercicio de memoria restaurativa que devuelve a los nacionales su DNI, pero, sobre todo, nos iguala como saharauis para poder acceder a la nacionalidad española después de dos años, como ya ocurre con los ciudadanos de América Latina (aplausos), como ya ocurre con los sefardíes; y eso fue gracias a Mariano Rajoy. Hoy sus señorías tienen la oportunidad de hacer un poco de ejercicio de memoria restaurativa.

Voten a favor. Gracias, presidenta. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).

Empiezo con una enhorabuena emocionada a nuestra diputada saharaui y señalando que hoy nos enfrentamos a ataques inaceptables al derecho internacional, creado precisamente para garantizar la paz y la convivencia entre pueblos y naciones. Nuestro grupo parlamentario defiende que es imprescindible construir amplios consensos entre fuerzas democráticas en defensa del derecho de libre determinación de los pueblos, la paz y la cooperación multilateral para el arreglo pacífico de controversias, y todos los grupos de esta Cámara deberíamos coincidir en que la guerra en el Sáhara Occidental la inició la actual potencia ocupante, Marruecos, que es una agresión contraria al derecho internacional y que la paz debe beneficiar a todas las partes, no puede beneficiar solo al agresor. Sin ambigüedades, son principios que defendemos aplicables a cualquier conflicto o territorio, y es doctrina de la Corte Internacional de Justicia que un pueblo sometido a colonización tiene la opción del derecho a la autodeterminación, y nada ha variado jurídicamente desde 1991, cuando se constituyó la Misión de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental para la realización del referéndum en ese territorio sometido a colonización. Lo que ha cambiado es que Marruecos ha realizado una intensa campaña minando los apoyos a la libre determinación del pueblo saharaui.

Pero el 17 de octubre del año 2024 el Consejo de la Unión Europea acordó reforzar el derecho internacional, conforme a la Carta de Naciones Unidas, y respetar el derecho de libre determinación de los pueblos, y el 4 de octubre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó tres sentencias sobre los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Marruecos, país que se obstina en incluir al Sáhara Occidental como territorio propio. El Tribunal de Justicia Europeo decide que los productos procedentes de los territorios saharauis ocupados deben etiquetarse expresamente como productos del Sáhara Occidental, porque ese territorio no es Marruecos (Aplausos). Y esas sentencias reiteran el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y reconocen la condición del Frente Polisario como representante del pueblo saharaui, que es el legítimo y único titular del derecho de autodeterminación del territorio, recordando que es un pueblo que, a raíz de la ocupación del año 1976, ha tenido que abandonarlo. Y concreta que el pueblo saharaui está compuesto por 500 000 personas, de las que 255 000 se encuentran en campamentos de refugiados en Argelia, 125 000 están en la diáspora y otras 125 000 están en territorios ocupados por Marruecos, de forma que el resto de los habitantes del territorio ocupado deben ser considerados como colonos. Y concluye que, debido a la situación de ocupación ilegal del Sáhara Occidental por Marruecos ―‌‌literal―, «es necesario el consentimiento del pueblo saharaui para acuerdos con la Unión Europea que incumban a productos del Sáhara Occidental». Para el tribunal de la Unión Europea esto es jurisprudencia consolidada, y el respeto a la legalidad internacional nos obliga a cumplirlo. No hay formas distintas de aplicar el derecho internacional en función de que afecte a ucranianos, palestinos o saharauis. (Aplausos).

Y presentamos esta proposición de ley como lógica consecuencia de nuestra cercana relación con el pueblo que hace pocos años contaba con representación en las Cortes Generales, estudiaba en idioma español, desempeñaba puestos de funcionarios y formaba parte de nuestras Fuerzas Armadas. Es una pequeña reparación del daño causado por la entrega a un tercer país de un pueblo y un territorio pendiente de descolonización. La actuación vergonzante que protagonizó el franquismo moribundo trae consecuencias que hoy aún padecemos y que, en especial, padece el pueblo saharaui, con el que tenemos una deuda histórica. En 1976, una España incapaz de impedir la ocupación por Marruecos de nuestra provincia comunicó a Naciones Unidas el abandono del territorio. Seis meses más tarde, se aprobó una norma que solo en teoría permitía a los saharauis conservar la nacionalidad española, norma de imposible cumplimiento debido a la represión implantada por los ocupantes, Marruecos y Mauritania. El Acuerdo de Madrid de noviembre de 1976 es una capitulación sin valor jurídico, que ni siquiera fue publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Y, tras cuarenta y siete años sufriendo exilio, la ocupación o la vida en campos de refugiados, hoy podemos aprobar una ley con tres medidas: primera, la concesión de nacionalidad por carta de naturaleza a los nacidos en el Sáhara Occidental bajo soberanía española mediante un procedimiento similar al que se utiliza para otorgar la nacionalidad a los sefardíes, que la perdieron hace quinientos años (aplausos); la segunda, la posibilidad de optar por la nacionalidad española para los descendientes en primer grado de consanguinidad de los que adquieran la nacionalidad por carta de naturaleza, con un plazo de cinco años desde la inscripción de la nacionalidad de sus progenitores, y, en tercer lugar, la equiparación en el Código Civil de los saharauis a los nacidos en países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o sefardíes para adquirir la nacionalidad por residencia. Y los documentos requeridos para optar a la nacionalidad española que incluimos en la ley son en sí mismos una acreditación de su intensa vinculación con España: el documento nacional de identidad aunque esté caducado o la certificación de inscripción en el registro del censo para el referéndum del Sahara Occidental o certificados de nacimiento expedidos en los campamentos de refugiados o partidas de nacimiento, libros de familia o documentos que acrediten la condición de empleado público en el Sáhara u otros documentos de una autoridad española que acrediten el nacimiento en el Sáhara Occidental antes del 26 de febrero de 1976.

Hoy esta Cámara puede acabar con la discriminación de los saharauis respecto a personas de otros pueblos que también han sido parte del Estado español en cualquier momento de la historia: dos años de residencia legal y continuada exigidos a estas últimas, frente a los diez años que ahora mismo se exigen a los saharauis. (Aplausos). Y es un orgullo para cualquier diputada o diputado aprobar una iniciativa tan importante, que va de personas más que de leyes, de vivencias más que de derechos, de justicia práctica y humana más que de jurisprudencia (aplausos), de arena, calor, campamentos y dignidad más que de DNI, sellos o pasaportes. Nuestras hermanas y hermanos saharauis deben ser reconocidos como lo que son, nuestros iguales. Saldemos la deuda histórica con el pueblo saharaui. Llevamos cincuenta años de retraso: no perdamos más tiempo mirando a otro lado. España sigue siendo, de iure, la potencia administradora del territorio, aún pendiente de descolonización. Y no estamos regalando la nacionalidad a nadie, estamos devolviendo un derecho histórico que fue arrebatado. (Aplausos).

Hagámoslo, en nombre de miles de familias españolas que desde hace cuarenta años acogen cada verano a niños y niñas saharauis en el proyecto Vacaciones en Paz, iniciado por el Partido Comunista de España e Izquierda Unida, y del movimiento de solidaridad con los presos políticos saharauis que se moviliza cada semana desde hace cuatro años en apoyo de quienes han sido condenados por Marruecos solo por defender de forma pacífica el derecho a la autodeterminación. Reconozcamos el sentir mayoritario de toda la sociedad.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario SUMAR, puestos en pie).

Señorías, créame que se hace difícil intervenir después de escuchar a Tesh, saharaui española, diputada de este congreso y mujer valiente, de la que yo, por lo menos, me siento orgullosa. ¡Felicidades por tu discurso! (Aplausos).

Bastaría con esa intervención para que hoy aprobáramos sin ninguna duda, sin ninguna fisura esta propuesta. Ha hecho la fotografía de una injusticia histórica que aquí nadie puede discutir. El Estado español tiene una deuda histórica con el pueblo saharaui, un pueblo pacífico, un pueblo paciente, un pueblo que ha demostrado su capacidad de autoorganización, de resiliencia, de lucha en circunstancias extremas, en ocasiones sin ninguna atención de la comunidad internacional, pero, sobre todo, sin atención ni justicia ni acción de la potencia que un día les dijo «ustedes son españoles», la que les llevo el idioma, la que le repartió el carné, la que les puso a trabajar.

En Canarias tenemos una vinculación con el pueblo saharaui que nos convierte en familia. Hemos convivido y hemos participado de muchas de esas Vacaciones en Paz, de muchas de esos viajes a Tinduf, de muchas de esas acciones para llamar la atención sobre esta injusticia histórica. Y, señorías, llega el momento de abandonar la solidaridad de boquilla a la que estamos acostumbrados en esta Cámara, a darnos golpes de pecho con las injusticias mundiales, a viajar por el mundo diciendo a los Estados lo que tienen que hacer y cómo han de reconocer el derecho de la gente a defender su territorio, la integridad de su suelo, y obviar, ignorar al Sáhara Occidental.

Un Estado se hace respetar no solo cuando asume sus responsabilidades del presente, también cuando asume las responsabilidades de lo hecho en el pasado. No podemos obviar los derechos civiles de quienes han padecido una descolonización fallida, la de la provincia 53, que estaba representada en esta Cámara, que contaba con diputados en esta Cámara y a la que hoy se ignora. Les hemos robado el derecho a tener una patria, a tener una nacionalidad durante décadas, desde hace cincuenta años. ¿A qué les recuerda esta fecha? Año 1975. Vamos a recordar también parte de lo que ocurrió en ese momento, porque parte de lo que ocurrió en ese momento es que abandonamos a los hermanos saharauis, españoles hasta ese momento, a su suerte. Eso también es memoria democrática.

Gracias. (Aplausos).

Grazas, señora presidenta. Esta é a segunda ocasión en pouco tempo en que a cuestión do recoñecemento á nacionalidade por carta de natureza aos e ás saharauís, nacida coa administración española é debatida neste congreso. Na pasada lexislatura foino cunha proposición de UPN, perdón de Unidas Podemos, agora de SUMAR. No BNG non mudamos de posición e imos dicir o mesmo. Estamos de acordo coa concesión da nacionalidade aos e ás saharauís que o desexaren; evidentemente, a aqueles e aquelas que xa a tiveron, que xa gozaron desa nacionalidade española, mais tamén aos seus descendentes directos. Achamos que para alén de resolver situacións individuais e comportamento da administración española en relación coa poboación saharauí que chega ou se encontra no Estado español e que non teñen xustificación de ningún tipo ¿lembramos hai poucos meses aínda esa deportación de saharauís retidos en Barajas e solicitantes de asilo¿, é importante do punto de vista simbólico, na medida en que tamén implica o recoñecemento de España como antiga potencia colonial ou mesmo como potencia administradora, polo menos así o segue sendo a ollos da comunidade internacional.

Dito isto, reiteramos o evidente: o que precisa o pobo saharauí é unha saída colectiva que pasa polo recoñecemento da nacionalidade saharauí a nivel internacional e para todos os efectos, quere dicir, o que cómpre facer é recoñecer a República Árabe Saharauí Democrática como Estado soberano e independente. Isto é o que debe ser feito por parte do Estado español para reparar a ignominiosa traizón realizada ao pobo saharauí en 1976.

Para iso é necesario comezar porque o Goberno de Pedro Sánchez rectifique a infame, impresentábel e inxustificábel viraxe sobre o Sáhara Occidental, que pasou por recoñecer a soberanía de Marrocos e dobregarse ante o ditador marroquino ante o ocupante marroquino.

En todo caso, o BNG mantense sempre á beira do pobo saharauí e reafirma a súa posición histórica de defensa da autodeterminación e a independencia do Sáhara Occidental.

Moito obrigado.

Gracias, señora presidenta. Esta es la segunda ocasión en poco tiempo en que la cuestión del reconocimiento de la nacionalidad por carta de naturaleza a los y las saharauis nacidas bajo la Administración española se debate en este Congreso. En la pasada legislatura se hizo con una proposición de Unidas Podemos y ahora con esta de SUMAR. En el BNG no hemos cambiado de posición y vamos a decir lo mismo: estamos de acuerdo con la concesión de la nacionalidad a los y las saharauis que lo deseen; evidentemente a aquellos y aquellas que ya la tuvieron, que ya disfrutaron de esa nacionalidad española, pero también a sus descendientes directos. Nos parece que va más allá de resolver situaciones individuales y comportamientos de la Administración española con respecto la población saharaui que llega o se encuentra en el Estado español y que no tienen justificación de ningún tipo ―‌‌recordemos, hace pocos meses todavía, esa deportación de saharauis retenidos en Barajas y solicitantes de asilo―. Más allá de eso, es importante desde el punto de vista simbólico en la medida en que también implica el reconocimiento de España como antigua potencia colonial o, incluso, como potencia administradora, por lo menos, y así lo sigue siendo a ojos de la comunidad internacional. Dicho esto, reiteramos lo evidente: lo que necesita el pueblo saharaui es una salida colectiva que pasa por el reconocimiento de la nacionalidad saharaui a nivel internacional y a todos los efectos, es decir, lo que hay que hacer es reconocer la República Árabe Saharaui Democrática como Estado soberano independiente. Esto es lo que debe hacer el Estado español para reparar la ignominiosa traición realizada al pueblo saharaui en 1976. Para eso, es necesario empezar por que el Gobierno de Pedro Sánchez rectifique el giro infame, impresentable e injustificable sobre el Sáhara Occidental, que pasó por reconocer la soberanía de Marruecos y doblegarse ante el dictador marroquí, ante el ocupante marroquí. En todo caso, el BNG se mantiene siempre al lado del pueblo saharaui y reafirma su posición histórica de defensa de la autodeterminación y la independencia del Sáhara Occidental. Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas las que nos acompañáis hoy. Muchas gracias a los colectivos y muchas gracias a las asociaciones en defensa de los derechos humanos. Muchas gracias por vuestra lucha y vuestra resistencia. Evidentemente, esta iniciativa que traemos hoy al Congreso la vamos a apoyar porque es una iniciativa que ya presentó en la legislatura pasada en el Congreso, como también ha dicho el compañero del BNG,

Néstor Rego, por parte de Unidas Podemos para otorgar la nacionalidad a aquellos y aquellas saharauis nacidas antes de 1976 y a sus descendientes. La iniciativa proponía que para conseguir la nacionalidad bastaría con presentar un DNI, Libro de Familia o una partida de nacimiento emitida por la Administración española antes de 1976, y eso permitiría a los saharauis conseguir la carta de naturaleza y, por consiguiente, la nacionalidad española en un plazo de cinco años.

Esa toma en consideración de esta proposición de ley salió adelante a pesar del voto en contra del Grupo Socialista. Además, es doloroso, porque estaba en el Gobierno igual que está hoy, pero, lamentablemente, aunque la toma en consideración salió adelante, no se pudo tramitar por ese adelanto de elecciones. Y yo me pregunto ahora, cuando se trae de nuevo aquí, qué va a votar el Grupo Socialista. En aquel momento, el diputado Sergio Gutiérrez alegó que no estaban de acuerdo con el diseño de la propuesta y que era un debate complejo. Me pregunto también que, si no le gustaba el diseño o era un debate complejo, por qué hasta hoy no han dado ese debate ni han traído ninguna propuesta alternativa. Nosotras en Podemos tenemos muy claro que son excusas por las relaciones que tiene el Partido Socialista con Marruecos, porque hemos visto los viajes a Marruecos, las vacaciones del señor Sánchez en Marruecos, mostrando siempre esa complacencia, día tras día, mientras Marruecos sigue vulnerando los derechos fundamentales con total impunidad. Hace muy poco Marruecos vetó la entrada de nuestra eurodiputada Isabel Serra y otras europarlamentarias, que fueron para observar el cumplimiento de las resoluciones de la Unión Europea. Se cree con ese derecho. Este debate, además, no puede ni debe hacernos olvidar a ninguna de las que estamos aquí la traición de este Gobierno al pueblo saharaui y a la vida también de miles de migrantes, que en muchos casos tenían derecho al asilo y a la protección internacional, derechos vulnerados por las fuerzas de seguridad marroquíes, también en este momento en la proximidad de las vallas de Ceuta y de Melilla.

Una vez más ―‌‌termino― exigimos a este Gobierno ―‌‌lo hacemos con el pueblo saharaui, igual que lo hemos hecho con el pueblo palestino― que cumpla con el derecho internacional, que, por favor, deje el postureo, asuma responsabilidades y revise profundamente las actuales relaciones con el autoritario Gobierno de Marruecos. Queremos mostrar todo nuestro apoyo al pueblo saharaui y al Frente Polisario en su lucha por la libre determinación ante el uso ilegítimo de los recursos saharauis y vamos a seguir oponiéndonos al indiscutible apoyo del Gobierno a un régimen en decadencia que vulnera de forma sistemática los derechos humanos del pueblo del Sahara Occidental. El Estado español tiene una deuda histórica con el pueblo saharaui, una deuda fruto de una injusticia en el ámbito de la política internacional que tiene muy pocos antecedentes similares.

Señorías, lo que no hagamos nos convierte en cómplices. Por eso hay que reparar el daño hecho y las injusticias cometidas también por el Estado español. Justicia y reparación para el pueblo saharaui. Como dijo Pablo Iglesias en 2014, los saharauis no son solamente nuestros vecinos del sur, son nuestros hermanos, y a los hermanos no se les abandona.

Muchas gracias. (Aplausos).

Arratsalde on guztioi. Mila esker, presidenta. La deuda histórica y democrática que tiene el Estado español con el pueblo saharaui da sentido a lo que hoy debatimos. La proposición de ley que presenta SUMAR diferencia la posibilidad de acceder a la nacionalidad española de las personas saharauis dependiendo de su momento de nacimiento, un dato muy importante, ya que los nacidos antes de 1976 lo hicieron bajo protección española. Por una parte, en el artículo 1 se recoge la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza a los saharauis y las saharauis nacidos en el territorio del Sáhara Occidental bajo la administración de España y, por otro lado, se plantea la concesión de la nacionalidad por residencia, por dos años de residencia, al igual que los nacionales de los países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal, y también de los sefardíes. En el primer supuesto, la concesión de la nacionalidad por carta de naturaleza a la que se refiere el artículo 21 del Código Civil es una decisión política, ya que es el Gobierno quien la concede basándose en ciertos requisitos. Sin embargo, esta iniciativa aboca la decisión a la Cámara en el caso de los saharauis. El artículo 21 dice que la nacionalidad española se adquiere por carta de naturaleza otorgada discrecionalmente mediante real decreto cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales.

El grupo proponente, con el que estamos de acuerdo, considera que las circunstancias excepcionales concurren en los saharauis nacidos antes del 26 de febrero de 1976, cuando España la abandonó a su suerte, y por eso esta modificación legal.

El Tribunal Supremo denegó en mayo del 2020 la nacionalidad española a una saharaui nacida en 1973 durante el plazo de tutela del Estado español sobre el Sáhara Occidental, cuando resulta evidente que, conforme a las reglas generales del derecho de la nacionalidad, los naturales del territorio colonial carecen de una nacionalidad distinta de la del Estado colonizador, dado que no poseen una organización estatal propia. Los saharauis que nacieron en la colonia española, en la provincia 53, tenían un DNI bilingüe, un pasaporte español, se les inscribía en el censo y sus actos fueron inscribibles en el Registro Civil español. A nivel político, designaron representantes en las Cortes Generales, ejercieron el derecho al voto en el referéndum de 1966 y una pequeña parte de la población accedió a la función pública, reservada a los nacionales españoles. Es decir, no se les aplicaron las normas relativas a los extranjeros. La jurisprudencia del Tribunal Supremo no considera que los territorios de las colonias formaran España, pero mucho menor sentido tiene atribuir este territorio a Marruecos. Así, la única solución que les queda a los saharauis es ser apátridas en su propio país a la espera de construir un Estado propio que les reconozca como tales o disponer de documentos que Argelia o Mauritania les facilitan en los campos de refugiados, que, más que un reconocimiento de nacionalidad, cubre una carencia de documentación.

En el segundo supuesto se plantea, mediante una disposición final, la modificación del Código Civil para que, en el caso de las personas saharauis, sean necesarios dos años, y no diez, de periodo de residencia para la concesión de la nacionalidad por residencia, al igual que se hace con los nacionales de otros orígenes, con los que España tiene una vinculación especial. Teniendo en cuenta que en el 2016, cuando se trató esta petición, todos los grupos de la Cámara votaron a favor y lo han hecho también hace dos años, entendemos que la proposición de ley que instaba al Gobierno a la modificación del Código Civil se podría haber hecho antes, propuesta por un grupo político o por otro, porque se han turnado en el Gobierno.

Por otro lado, es evidente que ha habido dos varas de medir completamente diferentes en relación con la obtención de la nacionalidad por residencia. Se evidencia un abandono por parte del Gobierno del Estado hacia el pueblo saharaui, y estos últimos años todavía se hace más patente. Denunciamos nuevamente, aprovechando este debate, que no se cumplan los mandatos de esta Cámara en relación con la partida presupuestaria. Nuestro grupo, con la suma de otros grupos de esta Cámara, votó a favor de los presupuestos generales del Estado, esos presupuestos que todavía no sabemos cómo han quedado ni cómo ha quedado aquella partida que tenía que haber ido a los campos de refugiados de Tinduf. También queremos mostrar nuestra preocupación por no atender a las ONG ni al Gobierno vasco, ya que no se ha podido incluir, entre los defensores de derechos humanos saharauis, en los programas de protección de Defensoría de Derechos Humanos, negándoles la entrada al Estado español. Lamentamos este cambio de 180 grados en las políticas del Gobierno hacia el pueblo saharaui. No nos queda otra opción que seguir insistiendo en esta reclamación.

Votaremos a favor de la toma en consideración de la proposición de ley, incidiendo en la injusticia hacia el Sáhara Occidental por el incumplimiento de España de la legalidad internacional. Aquella Ley 40/1975 provocó el exilio de multitud de saharauis, que, cincuenta años después, siguen viviendo en el desierto, con generaciones que no han conocido otra cosa que la precariedad y un futuro poco esperanzador. Por ello, consideramos que, hasta que el pueblo saharaui pueda acceder a su derecho a la autodeterminación, tengan una nacionalidad propia y reconocida, se realicen las modificaciones legales necesarias para que las personas que en su día nacieron en lo que era una colonia española y sus descendientes puedan optar, si es su voluntad, a la nacionalidad.

Mila esker. (Aplausos).

Arratsalde on, buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta. Una vez más, hablamos del Sáhara Occidental. Esta misma mañana, en la Comisión de Exteriores tratábamos un asunto que es de actualidad, la gestión del espacio aéreo del Sahara Occidental, que, como saben ustedes, lo lleva España por un mandato de Naciones Unidas. Sorpresivamente, esta proposición no de ley no ha sido aprobada, ya que las dos grandes fuerzas políticas han decidido votar en contra. El Grupo Popular ha tenido un argumento estrella: ha dicho que estaban de acuerdo, pero que, como la presentaba Euskal Herria Bildu, no podían votar a favor. Parece que la memoria les ha fallado, ya que hace tres años presentamos una proposición no de ley ―‌‌junto con Esquerra― para afear el cambio de posición del Gobierno ante el Sáhara Occidental y sí votaron a favor. Pero bueno, cosas veredes, ¿verdad, señor Barrio? Estoy seguro de que lo hubiera aprobado, estoy convencido.

Pero más curioso ha sido el posicionamiento del Grupo Socialista, que no ha sabido explicar por qué votaba en contra. Lo han intentado, pero no se ha entendido. ¿Qué les ocurre con el asunto del Sáhara Occidental, señores del Partido Socialista? No sé si han escuchado a la diputada Tesh Sidi. Es que es de sentido común, es de lógica, y me extraña que ustedes no puedan aprobar lo que se pide en esta proposición de ley. ¡Si es lógica pura! Estamos hablando de un asunto que va más allá del Sáhara Occidental. Estamos hablando de un asunto de restitución de derechos, al igual que se ha hecho con la llamada ley de nietos para otorgar la nacionalidad a aquellos nietos y aquellas nietas de personas que tuvieron que huir del régimen franquista; al igual que se hizo en el pasado con la ley de sefardíes. ¿Por qué no se puede otorgar la nacionalidad española o, mejor dicho, restituirla para aquellas y aquellos que fueron privados de ella? Miren, en Euskal Herria Bildu defendemos que, en relación con el Sáhara Occidental, lo principal es que este pueblo pueda ejercer su derecho de autodeterminación cuanto antes y sin ningún tipo de obstáculo, que puedan votar libremente sin presiones ni amenazas qué futuro constitucional quieren para su pueblo. Eso es lo único que prima, lo principal.

Como bien se ha dicho, hace ya dos años tuvimos ocasión de debatir esta proposición de ley en esta Cámara. Fue aprobada la toma en consideración, pero quedó en el congelador. Es cierto que unos meses después acabó la legislatura, pero no tuvo recorrido. Esperamos que, si hoy, como todo parece indicar, es aprobada, no se deje en el congelador. Pedimos que se escuche el mandato de esta Cámara y que se repare la injusticia de que fueron objeto todas aquellas personas al ser privadas de su nacionalidad en ese contexto colonial. Se trata de personas que, como también se ha recordado, habitaban en la provincia 53 del Estado español, tenían DNI, eran funcionarios, contaban con representantes aquí, y de la noche a la mañana fueron privadas de esa nacionalidad. Es cierto que se hizo la trampa de permitir reclamarla durante un año, cuando ya no había autoridades coloniales españolas en el Sáhara Occidental y gran parte de los saharauis estaban ya en campamentos, huyendo de la ocupación.

Pero más allá de que sea una restitución de un derecho, decía antes que ya había ejemplos que se podían tomar, ya sea la ley de nietos o ya sea la de sefardíes. Es cierto que la ley de sefardíes que se aprobó en esta Cámara era una yincana administrativa y que, terminado el plazo, hoy en día esas personas no pueden reclamar el derecho a la nacionalidad. Y también es cierto que en la proposición que hace el Grupo SUMAR, que nos parece muy correcta, se ponen plazos de cara a los descendientes. Creemos que, si es un derecho, el tema de los plazos, ya sea en la ley de nietos, ya sea en toda la ley de sefardíes, incluso en la que recoge que los descendientes puedan solicitarlo durante cinco años, desde mi punto de vista, no puede tener límites, sino que debe ser reconocido siempre. Ahora bien, este debate ya lo tendremos durante el proceso legislativo, y espero ―‌‌decía antes― que esta norma se apruebe cuanto antes.

En relación con el Sáhara Occidental, es evidente que el principal partido que apoya al Gobierno tiene un problema a la hora de explicar cuál es su posición, más allá del cambio de posición del Gobierno en 2022, y se hace inexplicable. Lo comentaban otros diputados y otras diputadas: las expulsiones de solicitantes de asilo en los últimos meses del aeropuerto de Barajas y de El Prat no se entienden. No se entiende que esas personas sean devueltas a Marruecos. De igual forma, cabe recordar que, en las últimas semanas, tres delegaciones de ciudadanos españoles han sido expulsadas del Sáhara Occidental cuando se dirigían allí a hacer misiones de reconocimiento de derechos humanos. ¿Ha protestado el Gobierno en algún caso? No. ¿Y cuál es la prueba del algodón? Pues, miren, a mí, junto con otros diputados y senadores, las autoridades turcas me detuvieron hace dos años y me expulsaron del Kurdistán, y hay que reconocer que el Gobierno español estuvo a la altura: protestó en todo momento, estuvo interesándose y, cuando llegamos a Madrid, lo primero que hizo el Ministerio de Exteriores fue presentar una nota verbal al Gobierno de Turquía para protestar por lo que había ocurrido. ¿A que no ha presentado ninguna nota verbal el Gobierno de España ante Marruecos por la expulsión de las delegaciones de ciudadanos del País Vasco, de parlamentarios vascos, de periodistas y de eurodiputados y eurodiputadas en estas últimas semanas? ¿A que no lo ha hecho? ¿Y por qué? En ese porqué está el sinsentido de la actuación del Gobierno, pero también de ustedes (señala los escaños del Grupo Parlamentario Socialista). Por eso, yo les pido que, ante esta proposición de ley, que es de sentido común, voten en conciencia. No hagan caso a esos mandatos ni a esas propuestas que les llegan desde el Ministerio Exteriores, porque, en este caso al menos, creo que se están confundiendo gravemente.

Muchas gracias. (Aplausos).

Molt bona tarda. La proposició de llei presentada és el mateix text que es va prendre en consideració el 14 de febrer de 2022, amb els únics vots discordants de VOX, que es va abstenir, i del PSOE que va votar en contra. Junts per Catalunya va votar a favor llavors i ho tornarà a fer ara, perquè és una iniciativa justa i que, encara que considerem insuficient per al poble sahrauí, creiem que s’ha de tramitar. Però el rellevant és que els seus socis de Govern, senyora Tesh Sidi, són els que van votar en contra i, per tant, el que avui es discuteix és, en certa part, una iniciativa retòrica o un experiment amb gasosa, i vostès ho saben, vostès ho saben. Perquè si per a vostès fos realment important la concessió de la nacionalitat espanyola als sahrauís, el primer que haurien d’haver fet és forçar els seus socis de Govern, no només a la presa en consideració, que no passarà, sinó que, en l’eventual cas que se superés aquesta presa en consideració, la PL, la proposició de llei, no es guardés en un calaix per sempre més. Per això, com va dir la diputada Mariona Illamola quan va intervenir el 2022, sorprèn que la iniciativa que avui passa com a proposició de llei no passi com a projecte de llei, com diu la lògica, ja que són socis de govern i, per tant, se suposa que tenen un programa de govern. Entrant en el text presentat, que és idèntic al 2022, volíem fer una precisió, i és que no s’han esmentat algunes de les contradiccions o incoherències que vam assenyalar en aquell moment. La més sagnant, la més sagnant, que, de fet, és una mostra de cinisme polític, és la frase de l’exposició de motius que diu: «En los últimos años, España ha desarrollado un conjunto de actividades tendentes a reforzar los lazos históricos con el pueblo saharaui, como las medidas para promocionar el castellano, una de sus señas de identidad». Creiem, sincerament, que és una afirmació hipòcrita, perquè caldria començar a dir les coses pel seu nom. El conjunt d’activitats que ha desenvolupat Espanya en relació amb el Sàhara Occidental els darrers anys ha estat senzillament deixar-los abandonats. Diguem les coses pel seu nom. O no és això, no és deixar-los abandonats el gir que ha fet el Govern espanyol, del qual vostès formen part, en les seves relacions amb el Marroc, incloent en aquest gir el suport del president Sánchez al Pla autonomista del Marroc, que vulnera les resolucions de les Nacions Unides? Quant a la situació del Sàhara, em remeto al que ja va dir la diputada Mariona Illamola. Segons les Nacions Unides, Espanya és de facto l’única potència administradora del Sàhara, segons resolució de l’ONU de 2022, la resolució 161. Dels 17 territoris no autònoms reconeguts per Nacions Unides, el Sàhara és l’únic territori d’Àfrica no descolonitzat. I això és així perquè Espanya va comunicar a Nacions Unides que donava per finalitzada la seva presència en el territori sahrauí el 1976. Però donar per finalitzada una presència no és descolonitzar, no és passar les responsabilitats a un altre, és abandonar a la seva sort tot un poble. No per aquesta comunicació de 1976 Espanya va deixar de tenir les seves responsabilitats internacionals respecte d’aquell territori. I com és de veure, no les ha complert. Ha faltat a la seva responsabilitat, especialment en termes humanitaris. I ho han fet governs de tots colors, els del Partit Socialista, els militants del qual s’enorgulleixen d’acollir nens sahrauís i històricament ho han fet i tots hem viscut als nostres pobles els militants socialistes com acollien aquests nens. Doncs bé, resulta que ara els han girat la cara. S’han desentès del seu futur, del futur d’aquests nens que en el seu moment acollien. I anant a la qüestió de la nacionalitat. Des de Junts, vist el tracte que l’Estat espanyol ha donat al poble sahrauí, ens fem la pregunta següent: per què pot estar interessat un sahrauí en obtenir la nacionalitat espanyola? Espanyola precisament. Doncs bé, ens ho preguntem perquè és la nacionalitat d’un Estat que els va abandonar el 1976. És la nacionalitat d’un Estat que els nega el dret a autodeterminar-se. És la nacionalitat d’un Estat que dona suport a les forces d’ocupació del Marroc. I és la nacionalitat d’un Estat que no respecta la legalitat internacional i els pronunciaments d’aquesta legalitat internacional respecte del poble sahrauí. Per tant, l’únic possible interès que hi veiem és que, en obtenir la nacionalitat espanyola, serien també automàticament ciutadans de la Unió Europea. I ni que sigui per aquest efecte utilitari, a més a més d’òbvies raons de justícia històrica, votarem a favor d’aquesta proposició. Així mateix, voldria plantejar alguns dubtes que ja s’han plantejat. La principal qüestió: tornarà a passar el que va passar el 2022, quan la PL es va prendre en consideració, però immediatament va ser guardada al congelador i no en vam saber res més? Perquè recordo que aquí l’obstacle no és menor, són els seus socis de Govern del Partit Socialista, senyors de SUMAR. Tenen alguna garantia que aquesta llei no quedarà aturada? No quedarà enterrada en un calaix? I encara més, en el suposat cas que no només es prenguin en consideració i hipotèticament s’aprovi, quina garantia hi ha que Espanya acabi complint fins i tot la llei aprovada? Ho dic perquè, com recordava la diputada Mariona Illamola en la seva intervenció, els beneficiaris del Reial decret de 1976 no van poder exercir els seus drets perquè Espanya, va considerar el Tribunal Suprem en una sentència molt recent de l’any 2022, havia abandonat el territori sahrauí. Literalment, el Tribunal Suprem deia: «El Sáhara no puede ser considerado España a efectos de nacionalidad de origen, según el Código Civil». Es pensen que ara la cosa anirà diferent? Disculpin, però continuo tenint els meus dubtes.

I acabo. No fa gaire, en la compareixença de l’advocat Gonzalo Boye en una comissió d’investigació, la diputada del seu Grup SUMAR, la senyora Engracia Rivera, deia que els líders independentistes no poden ser víctimes de delictes d’odi per la seva situació econòmica i social. En concret, va dir que el president Puigdemont no era víctima ni podia ser-ho de delictes d’odi, perquè en el seu exili gaudeix, segons ella, d’un alt nivell de vida a Bèlgica i cobra un sou d’eurodiputat, repetint tots els tòpics de la ultradreta espanyola. I per aquesta raó, perquè viu a Bèlgica exiliat i en el seu moment cobrant un sou d’eurodiputat, no podia ser un exemple de víctima dels discursos d’odi. La pregunta que vull fer-li, senyora Tesh Sidi, és si vostès pensen aplicar el criteri equivalent que va expressar la senyora Rivera en el cas dels sahrauís. Si vostès pensen que la nacionalitat espanyola és un dret de totes les persones sahrauís, o bé si aquest dret depèn de les circumstàncies de cada persona. Li dic això, li dic això, perquè a l’hora de defensar els drets humans, a l’hora de defensar els drets fonamentals, li recordo que no es pot fer a la carta, tatxant aquells que no et cauen bé, eliminant de la llista aquells que consideres que no en són mereixedors. Els drets són per a tothom. Els drets no són d’aplicació personalitzada. Els drets són per a tothom o de ningú.

Moltes gràcies.

Muy buenas tardes. La propuesta de ley presentada es el mismo texto que se tomó en consideración el 14 de febrero de 2022, con los únicos votos discordantes de VOX, que se abstuvo, y del PSOE, que votó en contra. Junts per Catalunya votó a favor entonces y lo hará ahora. Es una iniciativa justa que, además, aunque pensemos que es insuficiente para el pueblo saharaui, debe tramitarse. Lo relevante es que sus socios de Gobierno, señora Tesh Sidi, son quienes votaron en contra y, por lo tanto, hoy se trata de una iniciativa retórica, un experimento con gaseosa, y ustedes lo saben, porque, si fuera importante para ustedes de verdad la concesión de la nacionalidad española a los saharauis, lo primero que tendrían que haber hecho hubiera sido forzar a sus socios de Gobierno no solo a la toma en consideración ―‌‌que no ocurrirá―, sino a que, una vez se supere la toma en consideración, la propuesta no se guarde para siempre en un cajón. Por eso ―c‌ omo ya se dijo en 2022―, sorprende que la iniciativa que hoy pasa como proposición de ley no se presente como proyecto de ley, ya que son socios de Gobierno, ¿no?, por lo que deberían tener un programa común. Quiero hacer una precisión al texto presentado, idéntico al de 2022. No se han citado algunas de las incoherencias que señalamos en ese momento, la más flagrante, que es una muestra de cinismo político, es la frase de la exposición de motivos que dice: «En los últimos años, España ha desarrollado un conjunto de actividades tendentes a reforzar los lazos históricos con el pueblo saharaui, como las medidas para promocionar el castellano, que es una de sus señas de identidad». Creemos, sinceramente, que es una afirmación hipócrita ―‌habrá que empezar a llamar las cosas por su nombre―. El conjunto de actividades que ha desarrollado España en el Sáhara Occidental en los últimos años ha sido ―‌llamémoslo por su nombre― dejarlos abandonados. ¿O acaso no es dejarlos abandonados lo que ha hecho el Gobierno español, del que ustedes forman parte, en las relaciones con Marruecos, incluyendo ese giro en el apoyo del presidente Sánchez al plan autonomista de Marrueco, que vulnera lo que dice Naciones Unidas? Me remito a lo que dijo ya Mariona Illamola, y es que según Naciones Unidas, España es, de facto, la única potencia administradora del Sáhara. Resolución 161 de la ONU de 2022. De los diecisiete territorios no autónomos reconocidos por Naciones Unidas, el Sáhara es el único territorio de África no descolonizado, y esto es así porque España comunica a Naciones Unidas que daba por finalizada su presencia en el territorio saharaui en 1976. Pero dar por finalizada una presencia no es lo mismo que descolonizar, no es pasar la responsabilidad a otro, es abandonar a su suerte a todo un pueblo.

Con esta comunicación de 1976 España no dejó de tener responsabilidades a nivel internacional para con ese territorio, y no las ha cumplido, ha faltado a su responsabilidad, sobre todo en términos humanitarios; y, además lo han hecho Gobiernos de todos los colores, Gobiernos socialistas, cuyos militantes se enorgullecen de acoger a niños saharauis ―‌todos hemos visto cómo se acoge a estos niños― y, ahora, resulta que les han dado la espalda, se desentienden del futuro de estos niños que antes acogían.

Y, pasando a la cuestión de la nacionalidad, en Junts, visto el trato que el Gobierno español da al pueblo saharaui, nos preguntamos: ¿por qué le interesa a un saharaui obtener precisamente la nacionalidad española? Nos lo preguntamos porque es la nacionalidad de un Estado que les abandonó en 1976, es la nacionalidad de un Estado que les niega el derecho a autodeterminarse, es la nacionalidad de un Estado que da apoyo a las fuerzas de ocupación de Marruecos, es la nacionalidad de un Estado que no respeta la legalidad internacional ni los pronunciamientos de esta legalidad internacional sobre los derechos del pueblo saharaui. Por lo tanto, el único interés que vemos en obtener esa nacionalidad es que serían automáticamente también ciudadanos de la Unión Europea, y aunque solo sea por el efecto utilitario, además de obvias razones de justicia histórica, votaremos a favor de esta propuesta.

Pero, no obstante, quería plantear algunas dudas. La principal es: ¿va a pasar otra vez lo que pasó en 2022, cuando la PNL se tomó en consideración, pero se guardó en el congelador, y nunca más se supo? Recuerdo que aquí el obstáculo no es menor; son sus propios socios de Gobierno, señores de SUMAR. ¿Tienen ustedes alguna garantía de que esta ley no quedará escondida en un cajón otra vez? Y, es más, en el supuesto caso de que no solo se tome en consideración, sino que hipotéticamente se llegue a aprobar, ¿qué garantía hay de que España acabe cumpliendo esta ley aprobada? Lo digo porque, como recordaba la diputada Mariona Illamola en su intervención, los beneficiarios del Real Decreto de 1976 no pudieron ejercer sus derechos porque España, en una sentencia muy reciente del Tribunal Supremo, de 2022, había abandonado al territorio saharaui a efectos de nacionalidad de origen, según el Código Civil. Si piensan que ahora la cosa irá por otros derroteros, disculpen, pero yo sigo teniendo mis dudas.

Acabo. No hace mucho, en la comparecencia del abogado Gonzalo Boye en una comisión de investigación, la señora Engracia Rivera, del Grupo SUMAR, decía que los líderes independentistas no pueden ser víctimas de delitos de odio por su situación económica y social. En concreto, dijo que el presidente Puigdemont no era víctima ni podía serlo de delitos de odio, porque en su exilio disfruta, según ella, de un alto nivel de vida en Bélgica y con sueldo de eurodiputado, repitiendo todos los tópicos de la ultraderecha española, y, por esa razón, como vive en Bélgica, está exiliado, y en su momento tenía un sueldo de eurodiputado, no podía ser ejemplo ninguno de víctima de discursos de odio. La pregunta que quiero hacerle, señora Tesh Sidi, es si ustedes piensan aplicar el criterio equivalente que expresó la señora Rivera en el caso de los saharauis, si ustedes piensan que la nacionalidad española es un derecho de todas las personas saharauis o si este derecho depende de las circunstancias de cada persona. Y se lo digo porque, además de defender los derechos humanos y fundamentales, les recuerdo que esto no se puede hacer a la carta, tachando a los que no te caen bien y quitando de la lista a aquellos que no son merecedores, según uno. Los derechos son para todos, todos merecen los derechos; los derechos no son de aplicación personalizada; esos derechos son para todos o de nadie.

Muchas gracias.

Bona tarda. Gràcies, presidenta. Comencem amb un cas real, el cas de Moha. Em recordo que li vaig dir a la companya, la camarada Tesh Sidi, li vaig dir que tenia un xaval que portava molts anys aquí i que no podia ser..., era apàtrida. Aquí sempre es descobreixen coses noves, jo ho ignorava que això era així i li vaig preguntar què podíem fer. I pràcticament vam arribar a la conclusió que s’havia de canviar la llei. Doncs bé, avui és el moment de canviar aquesta llei. Hem arribat, ha arribat l’hora, no? Moha va néixer al Sàhara Occidental. El vaig conèixer a Llorenç del Penedès. Va ser adoptat per una família. Ha estudiat aquí, treballa aquí, paga impostos aquí i contribueix a la societat com qualsevol altre ciutadà. Però l’Estat espanyol, el mateix que va administrar el Sàhara fins al 1976, li gira l’esquena i el deixa com a apàtrida. Té la seva declaració de renda, la seva història laboral, una carta oficial d’arrelament de ciutadania. Però l’administració..., per la part de l’administració, no és ningú. Això no és només absurd, és que és insultant, la veritat. I si això no és una injustícia històrica, no sé què ho és. Aquesta proposició de llei vol posar fi a aquest despropòsit. Els sahrauís haurien de tenir dret a la nacionalitat espanyola com ja la tenen ciutadans de Llatinoamèrica, Andorra, Filipines o Guinea Equatorial. No és cap privilegi, és justícia. Això va de reconèixer el que és obvi.

Espanya va colonitzar el Sàhara el 1884 i el va convertir en la seva província número 53. El va explotar i el va controlar fins al 1976, quan va fugir per la porta del darrere, darrere d’un personatge corrupte i franquista com era Joan Carles I. Aquesta retirada vergonyant, aquesta retirada vergonyant, va deixar la gent que era colònia a la seva sort. Els sahrauís van passar de ser ciutadans espanyols a convertir-se en refugiats en un desert. I això, 40 anys després, encara no s’ha reparat. El Codi Civil concedeix la nacionalitat als ciutadans de certs països amb només dos anys de residència. Però el poble sahrauí, que va formar part de l’Estat fins al 1976, repeteixo, queda fora d’aquesta norma. Per què? És un oblit? És desídia? És pura vergonya? No ho sabem, però el que sí que sabem és que això s’ha d’acabar. I avui és el dia per fer-ho, l’Estat espanyol ha de reparar aquest error.

Aquesta llei no és un caprici ni un símbol, és una obligació moral i política, perquè Moha i milers com ell porten tota una vida aquí condemnats al llimb burocràtic per culpa d’un Estat que no assumeix les seves responsabilitats. I això no va de fer favors. Això va de drets. I mentrestant, el Govern espanyol canvia de bàndol. El Govern espanyol fa el ridícul. Ha passat de defensar el dret de l’autodeterminació del Sàhara a fer-li joc al Marroc. Autodeterminació que hauria de ser un principi bàsic per a qualsevol partit que s’autoanomeni demòcrata. Dit això, Tesh, a veure si algun dia els nostres pobles poden exercir el dret a l’autodeterminació i podem decidir el nostre futur com a poble. Tant de bo arribi. Naltros estarem com sempre per la lliure determinació dels pobles i per la unió lliure de pobles lliures. Ho portem a l’ADN. Com deia, l’Estat espanyol ha passat de defensar el dret del poble sahrauí a vendre’l, a vendre’l a Rabat per quatre acords comercials, una mica de gas i l’externalització de la repressió contra els migrants, i l’externalització o la privatització de la repressió contra els migrants a les fronteres. Tot plegat amb el beneplàcit de França i altres potències occidentals. El nostre vot serà avui a favor de la justícia. Votarem a favor d’aquesta proposició de llei perquè és de sentit comú, perquè s’ha de fer justícia i perquè l’Estat espanyol ha de començar a fer les coses bé i deixar de ser còmplice de l’opressió sobre el poble sahrauí. La nacionalitat és un dret, no un favor. Així de clar.

Moltes gràcies.

Buenas tardes. Gracias, presidenta. Vamos a empezar con un caso real, el caso de Mohamed. Recuerdo que le dijo la compañera Tesh Sidi que teníamos a un chico que llevaba muchos años aquí y que era apátrida ―‌siempre se descubren cosas nuevas―. Yo lo ignoraba, no lo sabía, y le pregunté qué podíamos hacer, y llegamos a la conclusión de que se tenía que cambiar la ley. Bueno, pues hoy es el momento de cambiar la ley. Mohamed nació en el Sáhara Occidental, fue adoptado por una familia, trabaja aquí, estudió aquí y paga impuestos aquí y contribuye a la sociedad, como cualquier otro, pero el Estado español, el mismo que administró el Sáhara hasta 1976, le da la espalda y lo deja como apátrida. Tiene su declaración de la renta, su historia laboral, su carta oficial de reglamento de ciudadanía, pero para la Administración no es nadie. Esto no solo es absurdo, es insultante. Y si esto no es una injusticia histórica, me pregunto yo qué lo es. Esta propuesta de ley quiere poner fin a este despropósito. Los saharauis deberían tener derecho a la nacionalidad española, como lo tienen los ciudadanos de Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Latinoamérica. No es un privilegio, es reconocer algo que es obvio. España colonizó el Sáhara Occidental en 1884 y lo convirtió en su provincia número 53, la explotó y la controló hasta 1976, cuando huyó de él tras un personaje corrupto y franquista como fue Juan Carlos I. Esta retirada vergonzosa dejó a aquellos que estaban en la colonia a su suerte. Los saharauis pasaron de ser ciudadanos españoles a ser refugiados en un desierto, y esto cuarenta años después todavía no se ha reparado. El Código Civil concede la nacionalidad a ciudadanos de terceros países solo con dos años de residencia aquí, pero el pueblo saharaui, que formó parte del Estado hasta 1976, queda fuera de esta norma. ¿Y por qué? ¿Es un olvido, es desidia, pura vergüenza? No sabemos. Lo que sí sabemos es que esto debe terminar, y hoy es el día para hacerlo. El Estado español debe reparar ese error, esa injusticia. Esta ley no es un capricho ni un símbolo, es una obligación moral y política, porque Mohamed y muchos como él llevan toda la vida aquí condenados al limbo burocrático por un Estado que no asume sus responsabilidades. Y aquí no se trata de hacer favores, se trata de derechos. Mientras, el Gobierno español cambia de bando, el Gobierno español hace el ridículo: ha pasado de defender el derecho de autodeterminación del Sáhara a hacerle el juego a Marruecos. La autodeterminación debería ser un principio básico para cualquier partido que se llame demócrata. Y, dicho esto, a ver si nuestros pueblos pueden ejercer el derecho a la autodeterminación y podemos ejercer nuestros derechos como pueblo. (Aplausos).

Nosotros estaremos siempre a favor de la libre determinación de los pueblos, está en nuestro ADN. Como decía, el Estado español ha pasado de defender el derecho de los pueblos saharauis a venderlo a Rabat por acuerdos comerciales y la externalización de la represión de los migrantes o la privatización de la represión contra los migrantes en las fronteras, con el beneplácito de Francia y otras potencias occidentales.

Nuestro voto será hoy a favor de la justicia. Estaremos a favor de esta propuesta de ley porque es de sentido común y porque hay que hacer justicia. El Estado español tiene que empezar a hacer las cosas bien y dejar de ser cómplice de la opresión sobre el pueblo saharaui.

La nacionalidad es un derecho, no es un favor, así de claro. Muchas gracias. (Aplausos).

Con la venia. Debo decir que estoy entre perplejo e inmerso en una sensación de incredulidad ante lo que he visto. Llevo escuchando este debate ya hace bastantes minutos y parece que todos los portavoces que intervienen y que se proponen apoyar esta proposición de ley se han olvidado de lo que es la memoria histórica y democrática, y, con arreglo a lo que eso significaba, han entrado en la amnesia histórica y democrática, porque están todos reconociendo a las Cortes orgánicas, todos sin excepción. (Risas.— Aplausos). Sobre esto, solamente les quiero decir que, efectivamente, lo de la memoria democrática e histórica es una locura y que esto no hace más que poner de manifiesto que ustedes no están cuerdos cuando apoyan leyes como esa. La prueba de ello es este cambio súbito, repentino, nada menos que por razón de lo que sucedió en África, en el Sáhara Occidental, en el último cuarto del siglo XX. O sea, verdaderamente lo de estos grupos con este cambio indica claramente que lo suyo es enfermizo. Voy a hablar un poco de esta proposición de ley, que plantea muchas dificultades. Creo que es de honradez intelectual reconocerlo así, honradez política también. La exposición de motivos del texto presentado no es falsa, es decir, no se dice nada que no sea conforme con la verdad, pero se omite una parte importante de lo que sucedió. ¿Qué es lo que se omite en esencia, que es relevante para adoptar una postura sobre esta cuestión? Se omite principalmente que las decisiones adoptadas en el año 1975 por el Gobierno español fueron determinadas porque España fue agredida mediante una acción bélica del Reino de Marruecos, que se llama la Marcha Verde, con 350 000 participantes que violentaron y traspasaron la frontera del territorio del Sahara Occidental. Esto es lo que se omite. La Marcha Verde comenzó el día 6 de noviembre de 1975. En esas circunstancias ―‌y en contra de lo que se ha escrito por algunos historiadores, periodistas y diplomáticos, todos ellos con un sesgo político conocido―, España actuó como actuó porque renunció a repeler militarmente la agresión, porque el Gobierno español no quería provocar una guerra colonial. Nunca estuvo en el propósito del Gobierno español, ni siquiera en el momento inicial de irritación ante aquella acción bélica de Marruecos, causar una guerra colonial. Por lo demás, recordemos que España en materia de descolonización nunca se había opuesto a la desconexión de los territorios en África. No lo hizo en 1956, tampoco en 1958, tampoco en 1968, ni con el protectorado en el norte de Marruecos ni más tarde con Cabo Juby e Ifni. En Ifni hubo un episodio fugaz, nada más, porque hubo también una agresión militar. Lo propio cabe decir también de la descolonización de Guinea Ecuatorial en 1968. Siempre, en todos los casos, con arreglo a las resoluciones y normas para la descolonización según la entiende las Naciones Unidas. Ante esa agresión militar, el 14 de noviembre de 1975 España firma, en orden a evitar esa guerra, la llamada Declaración de principios entre España, Marruecos y Mauritania sobre el Sáhara Occidental, también llamado Acuerdo de Madrid, en la que ya se dice que uno de los principios es poner término a las responsabilidades y poderes de España en ese territorio y poner fin también a la presencia de hecho en dicho territorio que tendría lugar, con arreglo a lo allí proclamado, antes del 28 de febrero de 1976. El 19 de noviembre de 1975 —‌fecha significativa— se aprueba por las Cortes una Ley sobre Descolonización del Sáhara que, en razón de las circunstancias, sanciona quien entonces era príncipe de España en condición de jefe de Estado en funciones. En dicha ley se dice expresamente que el Estado español ha venido ejerciendo como potencia administradora, no que lo siga siendo o vaya a seguir siéndolo, por la elemental razón de que, con arreglo a esas decisiones políticas y a esas normas, España renuncia a la soberanía sobre ese territorio. Por lo tanto, es ocioso aquí debatir si España sigue siendo potencia administradora o no lo es. Y si España no lleva a cabo el proceso de descolonización con arreglo a las normas y resoluciones de Naciones Unidas, como había manifestado que era su voluntad antes de la Marcha Verde, fue precisamente por la agresión bélica de Marruecos y en orden a evitar la guerra. Por lo tanto, su decisión fue poner fin a su presencia con carácter soberano en ese territorio, llámese en condición de administradora o llámese como se quiera. Esta es la situación y, por lo tanto, ese es el motivo por el que no cabe invocar los artículos 73 y 74 de la Carta de las Naciones Unidas para decir que España hizo dejación de sus obligaciones con el pueblo saharaui.

Por lo demás, es sabido que unos meses más tarde, el 10 de agosto de 1976, se aprobó un decreto —‌de cuyo refrendo fue titular el entonces ministro de Justicia Landelino Lavilla, que había presidido este Congreso— sobre la concesión de la nacionalidad española por parte de los naturales del Sáhara nacidos en dicho territorio y se les daba el plazo de un año. Ese plazo se agotó y se extinguió.

Nosotros comprendemos que acaso la situación de los habitantes en ese territorio nacidos durante el tiempo en el que España ejerció esa condición soberana o de potencia administradora pueda haber sufrido las consecuencias de cómo se desarrollaron los acontecimientos, pero nos resulta complicado ahora tener la convicción de que es legítima la pretensión de que se les reconozca la nacionalidad a todos aquellos, y menos aún nos resulta razonable que se les reconozca a sus hijos, que es lo que se pretende. Por lo demás, hay una sentencia que se ha citado aquí del Tribunal Supremo del año 2020 que les niega la condición de nacionales españoles con arreglo al principio del ius soli, artículo 17.1 c) del Código Civil.

Finalmente, nosotros tenemos sobre esta proposición graves sospechas en razón de la identidad del grupo proponente. Ustedes actúan siempre con un prejuicio ideológico heredado de la Guerra Fría y de alineación con el Frente Polisario y con Argelia, que entonces era parte del polo soviético. Esto es evidente. Hemos oído aquí varias loas al Frente Polisario, que es una organización política que tuvo un ala militar que atentó hasta 19 veces contra España desde el año 1973 en el territorio del Sáhara Occidental contra objetivos civiles, militares y económicos, organización de naturaleza terrorista por lo demás. Además, consideramos que aquí hay una intención de contribuir a los designios del Gobierno en relación con una política enloquecida de fronteras abiertas, regularizaciones masivas de inmigrantes ilegales, ampliación del concepto del arraigo social —‌lo que todos sabemos— …

… con la culminación de la naturalización. Esto es evidente para nosotros.

Luego, todo esto que ustedes han presentado con invocaciones a la hermandad, nosotros solamente lo entendemos así de modo relativo. Ustedes deberían haber tenido la sinceridad y la lealtad de decir que aquí hay un propósito político, porque lo han expresado, siquiera sea alineándose de nuevo con el Frente Polisario, que no es una entidad reconocida por España, como no lo es la república saharaui hoy en día, como no la reconoce ningún Estado miembro de la Unión Europea ni los Estados Unidos ni Rusia, etcétera.

En conclusión, señores diputados, señora presidente, nos abstendremos en la toma en consideración de esta iniciativa.

Nada más. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Buenas tardes, presidenta. Muchas gracias.

Creo que este debate es complejo y muy sensible, al que a muchos en el Grupo Socialista nos ata todo tipo de lazos, también emocionales. Por supuesto, tengo un respeto absoluto a la diputada proponente, a la compañera Tes. También creemos que existen razones, que compartimos, para introducir este debate, pero tenemos claro que, además de un debate que nos ata emocionalmente a muchas cosas, tiene que ser un debate bajo la responsabilidad de los que tienen la decisión jurídica y legislativa en sus manos. No es un debate que versa sobre, como se ha empeñado el diputado de VOX, cómo se produjo el proceso de descolonización, ya que creo que hay un consenso histórico sobre los desastres de ese proceso y de la responsabilidad. Tampoco versa sobre el fondo de la causa saharaui en relación con su derecho de autodeterminación, donde tenemos más consensos que disensos. Compartimos que existe un agravio comparativo en el acceso a la nacionalidad del pueblo saharaui, especialmente, con respecto a otros procesos iguales, como el llevado a cabo para Guinea Ecuatorial, que fue provincia española hasta 1968, pero este es un debate —y‌ en eso queremos centrarlo— sobre en qué condiciones se debe producir ese acceso a la nacionalidad, sobre quiénes tienen derecho a solicitarlo, a través de qué procedimiento, bajo qué requisitos y quién tiene el matasellos para dar esos certificados que produzcan ese acceso a la nacionalidad española. Por lo tanto, es un debate complejo y sensible, pero también tenemos la responsabilidad de hacer un debate desde este punto de vista jurídico.

Para ello, tenemos tres puntualizaciones a la proposición de ley que nos trae el Grupo Parlamentario SUMAR. La primera, por supuesto, jurídica. Como saben, existen dos clases de procedimiento para acceder de manera general a la nacionalidad española reconocidos en el Código Civil: el de carta de naturaleza, que es el que propone esta proposición, y el de por residencia continuada con diferentes plazos, diez años de residencia continuada para causas generales, cinco para los solicitantes de refugio y asilo y dos años para determinadas comunidades con vinculaciones históricas con España. Este último es el caso de la comunidad sefardí y de Guinea Ecuatorial. La propuesta de ley que hoy debatimos propone en su artículo 1 aplicar el primero de los procedimientos, el de la carta de naturaleza —‌es el que se usa, por ejemplo, para los hijos de los españoles que tuvieron que emigrar de España durante la época de la dictadura franquista y que se exiliaron en el extranjero—, cuando el procedimiento establecido como regla general para el resto de excolonias, especialmente el de Guinea Ecuatorial que es el que lleva más similitudes con el de la causa saharaui, es un procedimiento de residencia abreviada de dos años y no el general de diez.

En aquel entonces, en el caso de Guinea Ecuatorial, se optó por este camino no por capricho, sino porque así lo consideraban numerosos dictámenes del Consejo de Estado, diversas resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado y, al menos, cuatro sentencias del Tribunal Supremo de 1993, 1998, 1999 y, la más reciente, de 2020. En dicha sentencia, la más próxima en el tiempo, se dice literalmente que el Sáhara nunca debió ser entendido territorio español a efectos de adquisición de la nacionalidad, porque aquel territorio se entendía sometido a la soberanía española y, de hecho ―‌como reitera la sentencia del 29 de mayo de 2020―, el Tribunal Supremo dicta que no son nacidos en España a efectos de nacionalidad quienes nacieron en un territorio durante la etapa en la que fue colonia. Por lo tanto, todas estas razones claro que predeterminan la posición del Grupo Parlamentario Socialista, al menos la condicionan, compartiendo que existe un agravio comparativo y que este es un debate que es necesario ejercer.

Desde esta fase jurídica, también entendemos una cuestión política compartiendo, como digo, que es un debate necesario. Creemos que no es conveniente crear procesos ex novo, ad hoc o exprés para situaciones similares, procesos diferentes para situaciones similares, ya que tenemos el riesgo de caer en este caso en alguna contradicción jurídica. Además, tenemos claro que existió un consenso político en el año 2016 de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara de optar por equiparar el proceso del Sáhara al de Guinea Ecuatorial. Creemos que ese es un buen punto de partida.

Por último, también debemos tener clara alguna cuestión técnica que nos presenta muchas dudas, también jurídicas. Estamos cerca de la proposición de ley en cuanto a quiénes podrían tener derecho a acceder a la nacionalidad española, con alguna matización, pero no estamos de acuerdo con que el proceso general sea el proceso de carta de naturaleza y, también, nos presenta varias dudas otorgar a organizaciones privadas la capacidad de expedir de manera automática esos certificados que otorgarían la carta de la naturaleza y, por lo tanto, la nacionalidad española.

Esas son las tres cuestiones que hoy fundamentan la posición del Grupo Parlamentario Socialista. Como digo, muchos de los miembros del Grupo Parlamentario Socialista compartimos lazos emocionales con esta causa, compartimos que es un debate necesario, compartimos que existe un agravio, pero, obviamente, no compartimos el procedimiento concreto, jurídico y técnico que nos plantea el Grupo Parlamentario SUMAR.

Por todo ello, le proponemos volver como punto de partida a la proposición no de ley que obtuvo consenso en esta Cámara en el año 2016 y, a partir de ahí, ver las soluciones más oportunas.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes. Como ha hecho Tes, yo también quisiera saludar a los representantes de la sociedad que hoy nos acompañan. A algunos de ellos ya los conozco de otras veces y de estar con ellos en reuniones y en viajes. Por ello, les doy la bienvenida. Señor Gutiérrez, no se esconda detrás de lo estrictamente jurídico. Esencialmente, este es un tema político, así que eso que lo que ha hecho usted ha sido esconderse detrás de algunos datos (aplausos), discutibles, pero esconderse detrás, como se están escondiendo detrás de muchas actuaciones que está llevando a cabo su Gobierno. Nos encontramos en días de aniversarios en relación con importantes cuestiones que afectan al pueblo saharaui. Por un lado, pasado mañana, el día 27 de febrero, se celebra el 49.º aniversario del día nacional del Sáhara Occidental. Han sido muchos los años en los que muchas delegaciones hemos podido compartir en los campamentos de refugiados días de cercanía, hermanamiento y solidaridad con la población saharaui y con sus dirigentes, generalmente en los campos de Tinduf o, también, aquí, en muchas localidades, en muchos pueblos y ciudades de España. Estos días en muchas ciudades y pueblos de España se celebran actos, se pone la bandera saharaui y se estrechan los lazos que nos unen. El otro día nosotros mismos estuvimos en Vitoria; desde aquí les enviamos nuestros deseos. Desde luego, aquí también, en mi grupo, tenemos madres de acogida que han trabajado y han tenido a niños saharauis y conocen muy bien la realidad; somos sensibles a ella. Dentro de dos semanas se cumplirán también los tres años de algo que no debió ocurrir: el envío de la carta de Sánchez a Marruecos, una misiva que complacía de una manera forzada e ilógica pretensiones unilaterales que no se sostienen hoy ni por Naciones Unidas ni por el derecho internacional, sin ningún tipo de explicación ni dar cuentas de esa decisión a este Congreso ni siquiera al propio Gobierno. Sánchez se comportó en 2022 igual que el régimen lo hizo en el 1975: unilateralmente y con desconocimiento de cómo se resuelve un problema de descolonización. (Aplausos). Es oportuno que este debate se repita en esta Cámara para recordar, desde luego, esta lamentable actitud. Esperemos que en esta ocasión se complete su trámite, que tengamos pronto una ley para que los y las saharauis puedan acceder a la nacionalidad española. Lo han dicho ya, el 14 de febrero de 2023 ya fue sometida a consideración por el Pleno del Congreso una proposición casi idéntica y se aprobó su toma en consideración. Las condiciones son las mismas que entonces. El debate legislativo quedó truncado por la disolución de la Cámara. Dar trámite a una proposición de ley de dos artículos y varias disposiciones permitiría dar salida a una cuestión de la que se ha hablado y que está sin resolver. Desde luego, en el periodo de enmiendas nosotros las presentaremos. Tenemos algunas aportaciones que introducir en esta sencilla proposición de ley, que tiene sus aspectos complejos y que quizá, en relación con algunas cuestiones como plazos y tal, puede ser matizada o modulada. Después de casi cincuenta años seguimos sin abordar una responsabilidad histórica que nos interpela a todos. La gran mayoría de los saharauis que nacieron bajo dominio español no tuvieron la oportunidad de optar a la nacionalidad española y muchos han muerto sin ver reconocida esa deseada aspiración. Efectivamente, en 1976 se concedió un año para acceder a la nacionalidad, pero ustedes saben en qué circunstancias: en unas circunstancias de destierro, en unas circunstancias de urgencia. Los cabezas de familia querían saber dónde iban a vivir sus hijos y sus familias. Muchos de ustedes conocen dónde fueron a parar en ese exilio, cómo para hacer trámites administrativos y poner… ¿qué?, ¿un telefax? ¿A quién?, ¿a qué autoridad? Es decir, eso hay que completarlo. Está bien claro que queda eso por resolver. A mí, como vasco, me gusta referirme y hablar de los derechos históricos como factor de singularidad y riqueza política. En Euskadi se reflejan en la Constitución española y en el Estatuto de Guernica. Pues bien, los y las saharauis tienen sus derechos históricos, que se ligan y reconocen en el derecho internacional en relación con el proceso de descolonización en las resoluciones de Naciones Unidas, reconociendo el derecho de autodeterminación. Y todo ello se vincula al derecho español como última potencia administradora ―l‌o dice la ONU, no lo dice el Grupo Popular ni Carmelo Barrio― y al derecho de la Unión Europea, como ya se ha demostrado en las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión sobre relaciones comerciales y recursos naturales.

Parece que al Gobierno de España, al presidente Sánchez y al ministro Albares, esto no les interpela y prefieren pasar por alto esta realidad jurídico-política, una realidad que también es comprendida por la mayoría. Eso es lo fundamental: más que lo entienda Sánchez o Albares, lo importante es que esta realidad la entienden mayoritariamente tantas familias españolas, tantas instituciones y tantas asociaciones de amistad que han promovido miles de declaraciones institucionales, miles de viajes de solidaridad, hermanamientos, acogidas e iniciativas de cooperación de la sociedad española. Es la sociedad española; ahí no estaba el Gobierno ni los Gobiernos. (Aplausos). Es la sociedad española. Y el Gobierno de Sánchez da la espalda a estos esfuerzos de la sociedad española; también de la sociedad saharaui, pero, sobre todo, de la sociedad española. A eso le da la espalda el Gobierno; no sé si a SUMAR, a los partidos que le apoyan o al Partido Popular, le da la espalda a la sociedad española, y eso tiene que verse como lo esencial y lo importante.

No sabemos a qué obedeció esa carta de Sánchez a Marruecos, dando un giro incomprensible, una ciaboga de la tradicional postura española de respeto a las resoluciones y estrategias de la ONU. Saltaron por los aires todos los mecanismos de acción exterior; repito, todos los mecanismos de acción exterior, señor Gutiérrez, todos. Usted, señor Gutiérrez, ha dicho al principio que les atan muchos lazos; sí, les atan muchos lazos incomprensibles en relación con esta situación. (Varios señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: ¡Muy bien!). Muchos lazos incomprensibles: ¿qué pasó para que ocurriese eso, para que alguien hiciese esa carta?, ¿qué extrañas circunstancias?, ¿qué se quería tapar? Nada de eso ha sido explicado ni por el presidente ni por el ministro y nosotros protestamos ―‌lo hicimos― por esa actitud oscurantista e ilegal. Los portavoces de mi grupo han traído diferentes iniciativas a esta Cámara, que se han aprobado, en las que se ha denunciado esa actitud incomprensible. Pero todas esas iniciativas no tienen respuesta del Gobierno. Es una mala carta, señor Gutiérrez, en un mal momento, mal redactada, confusa e inexplicable. Desde luego, en la sociedad española y en la sociedad internacional nadie la puede entender. Querían ocultar, desde luego, otros problemas.

Vamos a ver, señorías, a los palestinos sí ―c‌ laro―, a los ucranianos sí ―‌por supuesto― ¿y a los saharauis no? ¿Cómo se comprende esa situación? No obedece a ninguna lógica. Si en las tres realidades hay ocupación de potencia extranjera, hay exilio, hay agresión y represión, hay pronunciamientos de Naciones Unidas y de la legalidad internacional en relación con situaciones de guerra, hay enviados del secretario general de la ONU y hay misiones de Naciones Unidas. Pero ¿cómo en unos casos sí y en otros no? Es decir, las tres realidades, señor Gutiérrez, señores del Grupo Socialista, deben ser medidas por el mismo rasero, y vamos a aplicar datos jurídicos, pero también políticos. Sin embargo, a los saharauis ustedes les traicionan y les olvidan en sus aspiraciones de pueblo.

La iniciativa del presidente es contraria a los valores de la paz, de la seguridad y del respeto entre territorios, ya que, señorías, apuesta por una insoportable solución para territorios que son invadidos militarmente y ocupados ilegalmente; ese es el elemento fundamental. Una vez más, exigimos al Gobierno de Sánchez una rectificación del viraje de hace tres años y una vuelta a la posición de apoyo al derecho internacional y a las resoluciones de Naciones Unidas.

Acabo, señora presidenta. Señor Santiago, en cualquier caso, me gustaría recordar al grupo proponente que desde hace ya demasiados años están ustedes en el Gobierno ―‌Podemos, SUMAR― y, lejos de dar pasos en un sentido positivo en relación con el problema, se han dado pasos atrás. Se han complicado aún más las situaciones que afectan al pueblo saharaui y ustedes han sido incapaces de neutralizar esos retrocesos. (Aplausos). Han sido incapaces. Ustedes y otros grupos ―‌Esquerra, Podemos― han firmado iniciativas, acuerdos y compromisos sobre muchas cosas ―‌las energéticas…

… la protección a los okupas, la amnistía, la deuda, los palacetes—, todo eso lo han aprobado, pero por el Sáhara Occidental no han firmado nada negro sobre blanco. (El señor De Olano Vela: ¡Muy bien!). Eso caerá sobre su conciencia y tiene que caer porque no lo han hecho.

Señora presidenta, finalizo. Le pido que no meta la iniciativa en ese congelador tan grande que tiene la Presidencia de este Parlamento —‌que es parecido a los congeladores de Mercadona (risas)— y que aproveche también para sacar del congelador otras iniciativas pendientes.

Muchas gracias. (Aplausos).