Proposición de Ley de modificación de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, para la regulación de las inversiones en elementos patrimoniales afectos a la actividad de arrendamiento de vivienda en las Islas Canarias.

Señorías, una vez más, vamos a hablar en esta Cámara de vivienda, y no será la última vez que lo vayamos a hacer, porque el acceso a la vivienda se ha convertido en un reto fundamental no solo para España, sino también para el conjunto de la Unión Europea. El acceso a la vivienda se ha convertido en el principal factor de desigualdad social. Señorías, hasta tal punto es así que la nueva Comisión Europea dispone, por primera vez en su historia, de un comisario responsable de vivienda, porque en menos de una década se ha duplicado el coste de la vivienda en Europa, disparándose hasta el 48 %, y en España ha llegado al 47,6 %.

El Gobierno ha estado al frente de esta situación y ha aprobado la primera ley de vivienda de España. Y se ha encontrado, desgraciadamente, con que la única respuesta del Partido Popular ha sido boicotear la ley. La disculpa ha sido que la ley era anticonstitucional, porque topábamos los alquileres o imponíamos reservas de suelo público para vivienda social; en definitiva, señorías, que interveníamos en el mercado. Nos llevaron al Constitucional y, una vez más, han fracasado, porque el Tribunal Constitucional ha dicho de forma clara que la ley es constitucional, que se puede intervenir el mercado, que se pueden limitar los precios y forzar, además, bajar los alquileres, algo en cuanto a lo que, señorías del Partido Popular, existe un inmenso consenso social. Señorías, el mercado se puede y se debe regular, como hicimos en su día, también con su voto en contra, cuando predecían la mayor de las catástrofes con el mercado eléctrico, con su intervención, y también con la excepción ibérica.

Entendemos que al Partido Popular y a VOX ―su socio preferente― esto, evidentemente, no les gusta. Entendemos que les moleste que con la nueva ley de vivienda se prohíba la venta del patrimonio público a los fondos buitre, algo que permitió el Partido Popular, desahuciando a miles de familias. Ahora, con la nueva ley, esto ya no lo podrán hacer. Entendemos que no les guste tampoco que se reserve, por ley, suelo para la vivienda protegida. Entendemos que se nieguen de forma sistemática a regular el mercado, porque su modelo, señorías, es otro. Su modelo es convertir la vivienda en un instrumento de inversión y de obtención de renta, condenando a gran parte de la población a destinar más del 43 % de su salario al pago del alquiler.

Pero, además de la ley de vivienda, el Gobierno ha puesto en marcha un nuevo plan estatal de vivienda, que apuesta por un acuerdo con la FEMP, que es fundamental para dar mayor agilidad administrativa a la hora de otorgar licencia; también por la eliminación de las golden visa, como bien comunicó ya el presidente del Gobierno de España, y por garantizar, por tanto, que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo. Proponemos también subir el IVA a un 21 % a los pisos turísticos. Un plan que apueste, además, por reforzar las medidas de ayuda a los jóvenes y a las familias vulnerables, que avale las hipotecas, y que proteja a los inquilinos y también a los propietarios. Sí, que proteja a los inquilinos y a los propietarios, especialmente a esos inquilinos más vulnerables, esos a los que, desgraciadamente, ustedes, señores y señoras del Partido Popular y de VOX, se empeñan en acusar de inquiokupas, con una absoluta falta de humanidad, de empatía y, sobre todo, de principios. (Aplausos).

Ustedes no tienen más política de vivienda que sembrar el miedo al allanamiento, a la okupación, al impago de la renta, cuando saben perfectamente, señorías del Partido Popular, que tan solo afecta al 0,33 % de las viviendas arrendadas. ¿Saben, señorías del PP y señorías de VOX, cuántas viviendas de alquiler hay en España? Casi tres millones. ¿Saben cuántos procedimientos de desahucio se siguen en los juzgados, según el Consejo General del Poder Judicial? Algo menos de diez mil, lo que representa el 0,33 %. Y convierten ustedes, señorías, ese 0,33 % en el principal problema de la vivienda en nuestro país.

Señorías, la escasez y la carestía de la vivienda afectan de manera muy especial a Canarias, debido a su sostenido crecimiento poblacional y también al brutal incremento de nuestras cifras de visitantes, que ha hecho que en menos de una década haya habido un incremento de trece a dieciocho millones de turistas. El impacto de ese desmesurado crecimiento adquiere un mayor relieve si se considera que en gran medida se ha producido a través de un nuevo producto turístico, la vivienda vacacional, a la que se destinan en mi tierra ya más de 65 000 inmuebles. Ante esta realidad, el Gobierno de Canarias ha dado una respuesta insuficiente, a juicio de mi partido; se ha empeñado en un decreto ley de vivienda, motivando la emergencia habitacional, y en algunos de sus artículos tenía vicios de anticonstitucional, primero, porque invadía —e‌ sto sí— competencias locales insulares y ha sido resuelto y se está trabajando en esa comisión bilateral por parte del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que lidera el ministro Ángel Víctor Torres. Además, el Gobierno de Canarias ha sido incapaz, hasta hoy, de poner coto al incremento desmesurado del alquiler vacacional, que se ha unido, probablemente por el pacto que le sustenta con el Partido Popular, en ese boicot a la ley de vivienda. Señorías, en Canarias no se aplica la ley de vivienda, aun habiéndose declarado la emergencia habitacional.

Ante esta situación, surge la posibilidad —y‌ por eso estamos defendiendo esta proposición de ley— de sumar una nueva medida, en el empeño de conseguir poner vivienda en el mercado, recurriendo a una de nuestras singularidades: la reserva para inversiones en Canarias, conocida como RIC. La RIC, como saben, forma parte de nuestro Régimen Económico y Fiscal, un conjunto de singularidades que llevan y han llevado siempre el sello del Partido Socialista, que siempre ha estado al lado de Canarias y su gente a la hora de defender ante Europa nuestras especificidades. Como también saben, la última reforma de nuestro REF permitió materializar la RIC en la construcción y alquiler de vivienda pública en Canarias, y hoy queremos someter a la consideración de este Pleno ampliar ese destino a la construcción de vivienda libre destinada al alquiler, con la limitación expresa del alquiler vacacional. Se trata, a juicio del Partido Socialista, de una medida necesaria, ya que la crisis de la vivienda afecta también a las capas medias de la sociedad, aquellas que nunca van a poder figurar en un registro de solicitantes de vivienda pública.

Así, señorías, lo ha entendido el Parlamento de Canarias, que se ha pronunciado de manera mayoritaria en favor de esta medida, y esperamos, en consecuencia, el respaldo de los grupos que respaldaron esta iniciativa en la Cámara regional. Queremos confiar, señorías, en que, esta vez sí, el Partido Popular votará en esta Cámara exactamente lo mismo que votaron los diputados y diputadas del Partido Popular en la Cámara regional, y lo digo porque, desgraciadamente, hay un precedente con la reforma de la ley de extranjería, que votaron ‘sí’ en el Parlamento de Canarias, y vinieron a Madrid y votaron ‘no’ en el Congreso de los Diputados. (Aplausos).

Por eso, señorías, les decía que queremos confiar en que, al menos hoy, el Partido Popular no traicionará a Canarias, dejando sin efecto que sus parlamentarios queden en un auténtico ridículo y descrédito político en las islas Canarias. También queremos confiar en que el Partido Popular aparcará, por un día —‌no sé si lo conseguiremos— su política del no a todo, su antipolítica, y no abandonará, como lo ha hecho históricamente, a nuestra tierra. Ha estado al lado de nuestra tierra el Partido Socialista; lo ha estado el Gobierno de España; lo ha estado, siempre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: lo ha estado con la inmigración, especialmente con la atención de los menores no acompañados, y lo ha estado también en la vivienda.

Señorías, quiero recalcar un dato que me parece importante destacar. Todo, absolutamente todo el dinero destinado por Canarias a vivienda procede, hoy, del plan estatal de vivienda. Todos los recursos con que cuenta el Gobierno de Canarias, hoy, proceden también del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia o del Fondo Social Europeo. ¿Recuerdan, señorías del Partido Popular, el intento fallido, nuevamente, de su partido y del señor Feijóo, intentando boicotear los recursos en Bruselas? Pues esos son los recursos que tiene nuestra tierra en promoción de vivienda: ley de vivienda, Pacto del Estado por la Vivienda y los fondos de resiliencia del Fondo Social Europeo. (Aplausos).

Señorías, finalizo diciendo que el Gobierno de España, y especialmente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siempre ha estado con Canarias. Contamos con 387 millones de euros transferidos en su totalidad a las islas, y este dato se demuestra en las transferencias realizadas en los últimos años.

Hoy, señorías —y‌ me dirijo especialmente a las señorías del Grupo Popular, primero, por la responsabilidad que debieran de tener con las islas, responsabilidad de defender los intereses de nuestra tierra, sobre todo, por coherencia, por honestidad—, espero y deseo que, como nos dejaron tirados con la modificación de la ley de extranjería, nos han dejado tirados con convenios de carretera, nos han dejado tirados con la financiación de todos los recursos que ha conseguido el presidente del Gobierno de España con esos fondos de resiliencia para nuestra tierra, en materia de vivienda, al menos, hoy, los diputados y diputadas del Grupo Popular, canarios y canarias, voten a favor de esta iniciativa.

Gracias. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Señorías, da igual el territorio del Estado en el que deseen fijar su mirada: comprar una vivienda, hoy, es una utopía en todos los rincones del Estado. En nuestro territorio, las cosas se complejizan, es todavía más difícil. La limitación de nuestro suelo, el crecimiento poblacional y otros parámetros objetivos hacen que sea más difícil encontrar una vivienda accesible, una vivienda para vivir, una vivienda a un precio razonable. Que la oferta sea minúscula en todo el Estado ha disparado los precios. Ya se han dado datos de cómo se han incrementado los precios en apenas una década. Y es verdad que en Canarias tampoco resolvemos este asunto solo con la promoción y la construcción de vivienda protegida, porque muchísimos canarios que no tienen opción de compra de vivienda en el mercado libre tampoco reúnen las condiciones para disfrutar de una vivienda protegida. Necesitamos ampliar la oferta —‌y esto no es algo que nos pase solo a nosotros— si queremos que la gente tenga una opción de contar con algo que se ha convertido en casi un sueño: tener un hogar propio. Quiero incidir en lo necesario, lo importante de esta reforma que hoy traemos a su votación y también en las condiciones y limitaciones que tiene y que son relevantes, ciertamente, para que muchas de sus señorías apoyen esta reforma que hoy planteamos, dejando claro, insisto, que esta reforma contiene limitaciones para evitar la especulación. Canarias, como el resto del Estado, plantea un déficit que últimamente se ha cifrado en unas treinta mil viviendas que habría que construir antes del año 2030, algo que parece francamente difícil si esperamos que lo haga en solitario la Administración pública y que, además, es igual de difícil para otras Administraciones en el resto del Estado. Hablamos de una reforma que nos proporcione viviendas de alquiler asequible para vivir, restringidas al uso residencial, para las que queda excluido estrictamente el uso vacacional y turístico; viviendas con alquiler accesible, con o sin opción a compra. En Canarias, como en Baleares, tenemos otro problema importante: en muchas de las islas nuestros servicios públicos tienen un déficit importante de profesionales que no se trasladan porque no encuentran vivienda. Hace poco manteníamos un debate en el que el compañero de Baleares recordaba cómo en islas como Ibiza encuentran problemas para tener médicos o para tener profesores. Lo mismo pasa en muchas zonas de Fuerteventura o de Lanzarote porque no encuentran una vivienda para vivir, y estamos hablando de profesionales con unas rentas con las que nunca tampoco podrán acceder a ninguna vivienda de otro tipo. Además, estamos en la parálisis del análisis de la ley del suelo y la planificación territorial también está evitando, está torpedeando, está impidiendo la promoción de vivienda. Señorías, el Gobierno canario ha desarrollado, vía decreto, el modelo de vivienda asequible incentivada; un modelo recogido en la ley de vivienda estatal que dice la señora Corujo que el Gobierno de Canarias no aplica. Este modelo recogido en la ley de vivienda estatal se empieza a desarrollar en Canarias ofreciendo ventajas para todos los inmuebles que salgan al mercado, en alquiler o en venta, por debajo del precio que en la actualidad plantea el sector. Es absurdo no utilizar herramientas como la reserva de inversiones canarias; una herramienta que nos da nuestro REF, nuestro Régimen Económico y Fiscal, una ley aprobada por todos ―bueno, no por todos, algunos la votaron en contra, pero por la gran mayoría― para que Canarias tenga oportunidades y para que sus singularidades y sus dificultades se vean amortiguadas; entre otras, la posibilidad de desarrollar vivienda. Unas medidas que han sido entendidas siempre desde Bruselas hasta Madrid y que necesitamos, de forma importante, para atender una de las principales demandas de la ciudadanía. ¿Por qué no utilizar buena parte de los miles de millones que se depositan en esta reserva de inversiones para construir vivienda asequible de uso residencial ―prohibido el alquiler vacacional o turístico―, para plantear también viviendas que tengan que estar alquiladas a los seis meses de finalizar su construcción o su adquisición y también, por supuesto, impidiendo que haya vinculación alguna entre propietarios e inquilinos? Medidas estas que, de incumplirse, supondrán la pérdida inmediata de las bonificaciones recibidas y contempladas.

Señorías, hoy vienen tres mociones de vivienda y estamos empezando el Pleno hablando de vivienda. Sin duda, es algo que nos preocupa a todos y a todas. Todos los grupos tienen una idea, una moción, una propuesta, pero no coinciden; incluso, a veces, unas están en las antípodas de otras. En esa situación, alcanzar un consenso para avanzar en algún camino y dar un poco de esperanza a la gente que espera que se construyan viviendas que puedan comprar viene a ser una obligación. Tenemos que aliviar la presión del mercado que en territorios como el mío es muy superior a la que sufren otras comunidades autónomas.

En Canarias esta reforma puede ayudar a la construcción en los próximos años de un número muy significativo de viviendas no solo protegidas, también viviendas libres, para quienes no cumplen con esas condiciones, con todas las medidas y limitaciones que les he explicado. Además, con un control estricto de su cumplimiento, podremos responder a la emergencia habitacional y encender una luz a tantísimas familias que en este momento no ven la posibilidad de contar alguna vez con un techo propio, con un alquiler decente que puedan enfrentar.

Hoy ustedes, con su voto, pueden ayudar a que los canarios y las canarias tengan una esperanza, a que la introducción de ese nuevo parque de viviendas protegido o libre condicionado accesible y con estas limitaciones, en algunos años, les puedan hacer soñar con tener un techo seguro del que nadie les pueda echar.

También se plantea en esta reforma para aquellas empresas que quieran invertir, pero luego no quieren asumir la gestión de esos alquileres, un acuerdo con el Gobierno de Canarias, con la empresa pública de vivienda, para que la gestión la haga la empresa pública de vivienda y que la empresa de construcción se limite a construir y a entregar a la empresa pública de vivienda canaria estos inmuebles para su gestión. Me parece muy importante que nos planteemos sin demonizar, sin establecer fobias y hablando de todo ―como especulación, ladrillo, boom del constructor, favores a empresas―, que en algún momento la Administración pública tiene que tener en cuenta que en solitario no va a poder desarrollar la vivienda que necesitamos; que necesitamos hacerlo juntos, que es posible, que existen las medidas y las formas de evitar la especulación, y que esta reforma garantiza que estas viviendas serán, como digo, para uso residencial estable y nunca para alquiler de temporada. Esto es muy importante para nosotros, es muy importante para Canarias.

Como verán, no he utilizado un solo minuto de mi intervención para meterme con unos ni con otros porque, de verdad, lo que creo que hoy prima es el interés, el interés de los canarios, el interés de esta reforma y espero que esta noche, cuando se vote, tengamos una muy buena noticia.

Gracias.

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías del Partido Socialista, querida Loli, podemos entender que, dado el contexto de fragmentación parlamentaria que existe, el Partido Socialista trate de negociar con los distintos actores políticos por el bien y la continuidad de su Gobierno, pero, sinceramente, creo que la continuidad de un Gobierno que se autodenomina progresista depende más de si gobiernan o no para el interés de las personas que les votaron. Esto, sinceramente, hoy en día no está siendo así. Creo que el Partido Socialista, que en Canarias ha alzado la voz diciendo que va a atender las demandas del movimiento «Canarias Se Agota» ―del movimiento que echó a miles de canarios y canarias a las calles el 20 de abril del pasado año―, luego, actúa haciendo completamente lo contrario. Hace poco han tenido su congreso y nombraron al señor Fraga presidente del Partido Socialista; un señor que ha sido el principal abanderado de un proyecto como

Cuna del Alma y a día de hoy vienen de la mano de Coalición Canaria a traernos esta iniciativa que no es otra cosa, sino dar las herramientas ―como la reserva de inversiones en Canarias― a grandes empresas que dejarán de pagar gran parte de tributos para dotar esta reserva y después invertirlo en especular en vivienda. No sé si ustedes recuerdan que ya en el año 2006 ―y visto las malas praxis que hacían las empresas comprando coches de alta gama, pisos de lujo y demás con la reserva de inversiones en Canarias― el Parlamento de Canarias impidió que la reserva de inversiones en Canarias se pudiera destinar a esto. Y hoy ustedes vuelven, de la mano de Coalición Canaria, a meternos por la puerta de atrás esto a través de nuestro Régimen Económico y Fiscal. Sinceramente, me parece absurdo. Y, de verdad, me gustaría entenderles; me gustaría entender al Grupo Socialista. El Partido Popular, que gobierna en Canarias junto con Coalición Canaria, ha hecho una ley para regular el alquiler vacacional y turístico que permite que ampliemos nuestro parque, que va destinado a los pisos turísticos, en el doble de lo que tenemos ahora cuando hoy en día Canarias ya está muy por encima de la media estatal en número de pisos turísticos. Y esa misma fuerza política, Coalición Canaria, ¿ahora ha cambiado el chip y de repente quiere que esa vivienda se destine a las personas que no pueden acceder en condiciones dignas a una vivienda en nuestra comunidad autónoma? Sinceramente, déjeme que lo ponga en duda. Una Coalición Canaria y un Partido Popular que no aplican la ley de vivienda estatal, que cuando estaba aquí su diputada, la señora Oramas, dijo que iban a hacer todo lo posible por tumbar la ley de vivienda estatal, que permite la regulación de alquileres. Una Coalición Canaria que, a pesar de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, donde cogobierna el Partido Socialista con Podemos, ha pedido que se fije la zona tensionada en la ciudad, lo impide. ¿De verdad cree usted que ellos quieren mejorar el acceso a la vivienda de las personas? Déjeme que lo dude. Ustedes se pueden prestar a esto, mi querida Loli; se pueden prestar a esto, Grupo Socialista, pero con nosotras no cuenten. (Aplausos).

Gracias. Arratsalde on. Independientemente de las diferencias que hemos visto entre los proponentes de esta iniciativa en cuanto a las políticas de vivienda, lo que hoy debatimos es una proposición de ley para modificar precisamente el régimen económico y fiscal de Canarias para permitir la utilización de los fondos de reserva para inversiones o, lo que es lo mismo, que el incentivo fiscal previsto en el impuesto sobre sociedades o en el IRPF para empresas y profesionales autónomos pueda utilizarse para la construcción, adquisición y rehabilitación de viviendas destinadas al arrendamiento como vivienda habitual, algo que creemos que difiere de lo que había en el pasado, en que era posible utilizar este mecanismo para vivienda libre, lo que podía dar lugar ―de hecho, dio lugar― a comportamientos especulativos a tenor de varios informes. Lo cierto es que el problema de acceso a la vivienda es general en todos los territorios, pero quizá particularmente en Canarias por contar con una proporción importante de territorio protegido y, además, con una gran presión turística. Por eso entendemos que, para abordar este problema, necesiten medidas quizá más específicas, como puede ser contar con este incentivo fiscal. En definitiva, creemos que es una medida que trata de movilizar la economía, aumentar la oferta de vivienda y que las y los canarios puedan acceder a una vivienda asequible, una medida que no es nueva, puesto que ya se había previsto en el proyecto del impuesto mínimo global, que finalmente, por diferentes motivos, no pudo ser aprobado. Desde luego, nosotros apoyaremos la proposición de ley, pues lo que hoy solicitan es precisamente que se pueda dar respuesta desde la fiscalidad al problema de la vivienda en Canarias. Nada más y muchas gracias.

Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Hoy venimos a modificar de nuevo la Ley 19/1994, que ya fue modificada por la disposición adicional cuarta de la Ley 7/2024, de 20 de diciembre, en lo que se refiere a la reserva para inversiones en Canarias; lo que se conoce como la RIC. Dicha actualización normativa se llevó a cabo para favorecer que dichos fondos se pudieran aplicar a la promoción y rehabilitación de viviendas protegidas destinadas al arrendamiento… (presenta problemas respiratorios al hablar) ―perdón, es que estoy un poco resfriada― (aplausos) … así como a la realización de inversiones en la creación de empleo directamente relacionada con dichas actividades. El objetivo era abordar el gran problema que sufre Canarias en relación con el acceso a la vivienda, un problema que afecta a toda la población en general, pero de forma muy especial a la población más vulnerable.

La proposición que viene hoy para su toma en consideración viene a completar dicha modificación, planteando mejoras de redacción en el artículo 27 de dicha ley. Y también propone que se añada una nueva disposición adicional a la ley para regular las inversiones en elementos patrimoniales afectos a la actividad de arrendamiento de vivienda. Esta nueva disposición pretende autorizar la materialización de la RIC en la adquisición y, en su caso, construcción de viviendas para destinarlas al arrendamiento en el mercado libre, es decir, sin límite de renta en el alquiler. La reserva para inversiones en Canarias es un beneficio fiscal que reduce la carga tributaria de las sociedades, disminuyendo los ingresos que obtiene la Hacienda pública. El objetivo debe ser fomentar inversiones que contribuyan a la diversificación económica y actividades productivas reales que añadan valor añadido y competitividad a la economía canaria y favorezcan la creación de empleo estable y de calidad en los sectores estratégicos.

Por eso en SUMAR nos preocupa enormemente que, en lugar de diversificar la economía canaria y generar empleo en esos sectores estratégicos, se pueda llegar a utilizar los beneficios fiscales para alimentar un modelo especulativo basado en la construcción descontrolada, que ya se ha demostrado que es insostenible a largo plazo. (Aplausos). Consideramos que siempre que se haga un uso de la reserva para inversiones en Canarias para fomentar la construcción de viviendas debe garantizarse que sean viviendas destinadas a alquileres asequibles y que se destinen a las personas y familias con mayores dificultades de acceso a la vivienda digna, favoreciendo la puesta en el mercado de viviendas protegidas, es decir, con un límite en el precio de alquiler. Siempre es muy importante establecer límites. (Aplausos). Incluso en aquellos casos en los que se hace uso de la RIC para adquirir, construir o rehabilitar viviendas protegidas destinadas al arrendamiento a estas familias, una vez transcurridos cinco años, como sucede con cualquier activo de la reserva, ese supuesto arrendamiento ya no es obligatorio y el propietario de la vivienda puede dedicarla a cualquier otra actividad, pudiendo entrar esa vivienda en el juego especulativo, y no solo la vivienda vacacional, sino también el alquiler de temporada para los trabajadores que se desplazan desde la Península al archipiélago canario a trabajar en la hostelería o para los estudiantes que tienen que compartir vivienda.

Quisiera aprovechar esta intervención para señalar que tenemos un grave problema de acceso a la vivienda, que además se agudiza en los centros de las grandes ciudades, y de manera particular en el archipiélago canario. La crisis de acceso a la vivienda en Canarias se ha visto agravada por la proliferación de viviendas vacacionales, que han reducido significativamente la oferta de alquiler residencial y han contribuido al encarecimiento del mercado inmobiliario. La población canaria, cuando busca una vivienda para alquilar o comprar, tiene que competir con inversores y especuladores inmobiliarios que tienen mucho poder adquisitivo y pueden hacer las mejores ofertas por esas viviendas. Esta situación ha provocado que muchas personas en las islas se vean obligadas a vivir en infraviviendas que no cumplen con los mínimos requisitos de habitabilidad o en viviendas compartidas, habiendo aumentado muchísimo el precio del alquiler por habitaciones en viviendas compartidas.

Por eso en SUMAR defendemos que la vivienda no es un negocio. Es un derecho que debe ser garantizado. A pesar del grave problema que tenemos de acceso a la vivienda, las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, como Canarias, aunque sea en coalición, han optado por no aplicar la ley estatal de vivienda, mostrándose críticos con la intervención directa del mercado y el límite de precios de los alquileres, protegiendo así los intereses especulativos en relación con la vivienda frente a los intereses de la mayoría social y a la necesidad de garantizar ese derecho a la vivienda, que es igual que el derecho a la alimentación, el derecho al empleo o el derecho a una salud o a una educación pública de calidad.

Intervenir el mercado para garantizar el acceso a la vivienda de la población no es una medida extremista, es un mandato constitucional que tienen todos los poderes públicos. Impedir la especulación es una obligación. Es necesario adoptar medidas concretas que permitan equilibrar el mercado inmobiliario y garantizar el derecho de acceso a una vivienda digna de todas las personas. Por eso nosotras desde SUMAR estamos trabajando en diferentes iniciativas y pongo dos ejemplos. El primero es queremos que el Gobierno de Canarias eleve la fiscalidad indirecta de las viviendas vacacionales incrementando el impuesto del 7 al 20 % (aplausos) con el fin de reducir el impacto especulativo de este tipo de alojamiento en el mercado inmobiliario y favorecer la disponibilidad de viviendas para el alquiler residencial, lo que viene siendo un hogar. La recaudación adicional generada por esta medida se destinaría de forma prioritaria a políticas de vivienda pública y alquiler asequible con el objetivo de paliar la crisis habitacional que afecta a la población en Canarias. Y otra propuesta sería que el Gobierno de Canarias aplique la ley de vivienda estatal (aplausos), estableciendo mecanismos de regulación del alquiler y protección de los derechos de los inquilinos, incluyendo la declaración de zonas tensionadas, respondiendo, por tanto, a las solicitudes realizadas por distintas Administraciones locales de la comunidad canaria.

Para finalizar, quiero decir que, a pesar de que una parte de esta proposición de ley no se adecúa a nuestra posición en materia de vivienda ni tampoco el uso que se pretende hacer del fondo de reserva, nosotras vamos a votar favorablemente esta toma en consideración, pero ya anunciamos que vamos a presentar enmiendas en defensa de nuestras posiciones de defensa de la vivienda como un derecho fundamental y no como un objeto de negocio.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, señora presidente. Señora Valido, señora Corujo, en la política las formas forman parte del fondo y por eso tengo que referirme al iter de esta proposición de ley que hoy se toma en consideración como una iniciativa conjunta de los grupos parlamentarios Socialista y Mixto. Su primera aparición en escena fue como enmienda número 35 en el Senado, suscrita por los grupos parlamentarios Socialista y Plural, a la disposición final cuarta del impuesto complementario. En esa misma instancia, en el Senado, el Grupo Parlamentario Popular la presentó con idéntica redacción y quedó registrada como enmienda número 46. El Grupo Popular, haciendo uso de su mayoría absoluta en el Senado, votó en contra de esa enmienda y, sorprendentemente, se incorporó al dictamen. Llegó aquí, y cuando llega al Congreso, sorprendentemente, el Grupo Parlamentario Socialista y también Coalición Canaria votaron en contra de esa enmienda que venía del Senado. Por lo tanto, los responsables de que este texto legislativo que traen aquí hoy no esté en vigor son el propio Grupo Socialista y Coalición Canaria, que son los que suscriben hoy la iniciativa. (Aplausos). De verdad, señorías, yo no sé si este les parece un modo razonable de proceder. Creo que la ciudadanía merece una explicación que no han dado ninguno de los dos grupos proponentes y por esta razón, al menos, yo me veo obligado a ponerlo de manifiesto. Entrando en el fondo de la iniciativa, les adelanto que merece mayor reproche, si cabe, que el vergonzoso iter que acabo de describir. Supuestamente, la iniciativa pretende incentivar la edificación de viviendas en Canarias a través de la materialización de la reserva para inversiones en Canarias; sin embargo, el texto normativo que se toma en consideración adolece de grandes errores, defectos y dificultades para alcanzar el fin pretendido. En primer lugar, se trata de un texto completamente enrevesado por su complejidad y mala redacción. Está plagado de referencias normativas a leyes, decretos, órdenes y reglamentos. También abundan las matizaciones sobre el objeto de inversión que se pretende incentivar fiscalmente. En concreto, la que sería la nueva disposición adicional decimoquinta de la ley de modificación del REF, del régimen económico y fiscal de Canarias, consta de once puntos que de una manera muy muy confusa matizan el alcance temporal y objetivo de la inversión en vivienda para alquiler residencial. Señorías, una norma redactada en estos términos no puede ser nunca atractiva para un inversor que busca la seguridad jurídica. En segundo lugar, el límite de seis meses para alquilar la vivienda objeto de la inversión supone un requisito que desincentiva la inversión por el riesgo de incumplimiento. Evidentemente, no por voluntad del inversor, que lo que desearía es rentabilizar su inversión desde el primer momento, sino porque puedan darse contingencias en el mercado inmobiliario. Se trata, por lo tanto, de un límite temporal especialmente desincentivador cuando se tiene en cuenta que las consecuencias del incumplimiento recogidas en el artículo 27.16 de la misma norma, que deberían limitarse al pago de la cuota dejada de ingresar con los intereses de demora, no excluyen las sanciones para el inversor.

En tercer lugar, la preferencia sobre la vivienda protegida va en detrimento de la construcción y rehabilitación de vivienda libre. Es una política fiscal errónea si lo que se pretende es incentivar la construcción o ampliar la oferta de todo el mercado de vivienda.

Por último, estoy obligado a referirme a la inseguridad jurídica a la que se somete al inversor. La RIC, la reserva para inversiones en Canarias, está infrautilizada tanto por la autonomía calificadora de la inspección, cuestión completamente ajena ―eso es verdad― a esta proposición de ley, como por su falta de estabilidad. Desde que se aprobó en 1994, ha sido modificada en catorce ocasiones. Si llegase a término este trámite de esta proposición de ley, sería la decimoquinta vez que se reforma en estos treinta años el régimen económico y fiscal de Canarias, en concreto este artículo 27. Sabiendo cómo funciona la reserva de inversiones, que tenemos tres años para materializar la inversión con la obligación de mantener el activo durante cinco años, nos saldría que, de media, en los ocho años en los que dura, por así decirlo, esa inversión se habría cambiado la regulación del objeto de la inversión hasta en cuatro ocasiones. Esto, señorías, como comprenderán, no ofrece ninguna seguridad jurídica al inversor.

Precisamente por esto, el 12 de diciembre del año pasado VOX presentó para su debate en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital una proposición no de ley relativa a establecer medidas que protejan a las empresas españolas e incentiven la inversión en España. Resumiéndola mucho, les diré que la propuesta de VOX pasa por reducir la carga fiscal, promover la contratación y simplificar el marco normativo, exactamente todo lo contrario a la proposición de ley que debatimos hoy. (Aplausos).

Para terminar, debo situar la magnitud del problema apoyándome en los datos aportados recientemente en esta Cámara por mi compañero, el señor Hernández Quero, portavoz nacional de vivienda de VOX. En 2002, el 65 % de los españoles entre 23 y 28 años era propietario de su casa. Dos décadas después, la cifra ha caído más de 40 puntos. En 2011, el 70 % de los menores de 35 años era dueño de su hogar. Hoy en día, solo el 31 % de los jóvenes es dueño de su hogar.

La iniciativa que se debate ahora, de la mano del PSOE y de Coalición Canaria, es una mala solución para el 4,6 % de los españoles. En VOX proponemos medidas de sentido común para resolver el problema de acceso a la vivienda de todos los españoles, que pasan, en primer lugar, por acabar con la corrupción urbanística que ha campado a sus anchas de la mano del bipartidismo del Partido Popular y del PSOE (aplausos), promoviendo reformas legislativas necesarias en materia de suelo y regulación para favorecer y facilitar la construcción de vivienda. Mientras PSOE, Partido Popular y Coalición Canaria se pelean sobre la autoría de esta mala solución para la vivienda en Canarias, VOX seguirá ofreciendo soluciones eficaces a los problemas de todos los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Muy buenas tardes. Hoy, una diputada socialista viene a decirnos a todos cómo debe ser la política de vivienda en Canarias. ¿Saben sus señorías cuál fue el periodo en el que menos vivienda pública se construyó en Canarias? Desde el año 2019 al año 2023. ¿Y saben quién gobernaba? El Partido Socialista Obrero Español. (Aplausos.―La señora Corujo Berriel: ¡Eso es falso!). Sí, sí, señora Corujo, fue así; además, usted era presidenta del Cabildo de Lanzarote. Así que lecciones acerca de construcción de vivienda pública, ninguna. En primer lugar, quiero anunciar el voto favorable de mi grupo a esta proposición de ley, entre otras cuestiones porque la propuesta inicial fue nuestra, fue del Partido Popular; ni del PSOE ni de los ‘bienqueda’ de Coalición Canaria, esos que un día le ponen una vela a Dios y otro se la ponen al diablo. También tenemos que decir que, hasta ayer, literalmente, en el PSOE decían que esta iba a ser una medida regresiva, que solo favorecía a las rentas más altas y que iba a aumentar el precio de la vivienda. Y es de agradecer que hoy el PSOE aquí, en Madrid, rectifique y reniegue del discurso fatalista y equivocado de sus diputados en Canarias. (Aplausos). Hace muchos meses el vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Manuel Domínguez, y el consejero comisionado del REF, José Ramón Barrera, dieron una rueda de prensa para anunciar la medida cuya tramitación iniciamos hoy. Ofrecieron una rueda de prensa en la que plantearon que uno de los incentivos fiscales más potentes del régimen económico y fiscal, esto es, la RIC, se activara para afrontar la crisis habitacional que hay en Canarias. El objetivo era ayudar a que el sector privado invirtiera más en la construcción de viviendas destinadas al alquiler, aumentara, por tanto, la oferta y, por consiguiente, bajaran los precios. El PP puso sobre la mesa, desde el Gobierno de Canarias, una alternativa para que la RIC, la reserva para inversiones, canalizara inversiones de empresas y autónomos para hacer frente al problema de la vivienda. De esta manera se consigue que una parte de los 2000 millones de euros que se calcula que están pendientes de materializar por la RIC sean aprobados e invertidos en vivienda pública. Son datos de la Agencia Tributaria. El objetivo era que la reserva de inversiones se pusiera a trabajar para ampliar la oferta de inmuebles en alquiler y mejorar la vida de las familias y de los jóvenes que viven en Canarias, que se enfrentan al alto coste del acceso a la vivienda. Este estímulo a la inversión privada en el sector inmobiliario se concibió como una herramienta para cambiar la tendencia y modelar los precios de los alquileres, ampliando la oferta, incorporando al mercado viviendas que están vacías, viviendas que están inacabadas o viviendas que todavía hay que rehabilitar. Quiero que sus señorías sepan que hasta el año 2006 estuvo permitido aplicar la RIC al alquiler residencial ―esta medida que hoy activamos de nuevo― y desde el Gobierno canario se abogó hace ocho meses por retomar aquel camino, camino al que el PSOE, felizmente, se suma hoy, aunque, como dije antes, no fue siempre así.

La dificultad para acceder a una vivienda es un problema de Estado, por la escasez de oferta, la intervención del mercado y la protección de los okupas. Señorías, mientras el Gobierno de socialistas y comunistas se dedica a proteger más a los okupas que a los propietarios legítimos de la vivienda, en el PP exigimos la aprobación del desalojo de los okupas en veinticuatro horas. (Aplausos). Por eso, señorías, exigimos el desbloqueo inmediato de la tramitación de la ley antiokupación desde hace un año, que supone el desalojo de viviendas okupadas ilegalmente, la imposibilidad de empadronarse en el domicilio que se okupa y el incremento de las penas de quienes okupan y de quienes promueven o facilitan la okupación ilegal.

Estamos satisfechos y valoramos mucho que el PSOE nos dé una vez más la razón. Llegan tarde, pero aquí están, como si nada hubiera pasado. Lo agradecemos porque en julio en el Parlamento canario sus diputados consideraban que esta modificación de la RIC no aportaba absolutamente nada a la mayoría social de Canarias y deseaban ―afortunadamente, con nulo éxito― que esta medida no pasara de la categoría de anuncio. Alguien tendrá que decir a las diputadas Patricia Hernández y Tamara Raya que se han equivocado y que han tenido el detalle de hacerla suya aquí junto a Coalición Canaria, cosa que agradecemos, porque no es habitual que el PSOE rectifique en alguno de sus numerosos errores.

Apoyaremos esta propuesta porque simplemente es nuestra. Lo que planteó el PP hace ocho meses es prácticamente lo mismo que se defiende hoy en esta proposición de ley. Y seguimos donde estábamos, defendiendo que la RIC se pueda invertir en vivienda para alquiler residencial, para de este modo incrementar la oferta y que bajen los precios. El Partido Popular está donde estaba, no tenemos la necesidad de rectificar nada. El PSOE decía que no y se ponía dramático, pero ahora dice que sí y eso nos parece muy bien. Han sido ustedes extraordinariamente incoherentes, pero lo importante es que la RIC sirva para facilitar el acceso a una vivienda en alquiler en Canarias. Así que bien está lo que bien acaba.

Aumentar la oferta de vivienda pasa por reforzar el stock de un mercado de alquiler que está bajo mínimos, con casi doscientas mil viviendas vacías en Canarias, alrededor del 18 % del total. Con esta medida que hoy aprobamos, que lleva la marca del Partido Popular, utilizando nuestra RIC avanzaremos en ese objetivo. Y no me quiero despedir sin dar la bienvenida al PSOE al bando del sentido común y la coherencia, aunque solo sea en este asunto que tan poco le gustaba y ahora abrazan como si la idea fuera suya.

Muchas gracias. (Aplausos).