Proposición de Ley relativa a la violencia en el ámbito sanitario.

Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes, señorías. Antes de entrar en la defensa de la toma en consideración de esta iniciativa que presentamos por parte del Grupo Parlamentario Popular, quisiera empezar agradeciendo a los profesionales sanitarios que van a seguir el debate, bien desde la tribuna, bien desde una sala del Congreso, a los representantes de la Organización Médica Colegial, del Consejo General de Enfermería, del sindicato SATSE, a los representantes del Consejo de farmacéuticos, psicólogos, podólogos y fisioterapeutas su presencia; y a aquellos que no han podido venir y que respaldan la iniciativa, su apoyo. (Aplausos). Señorías, los profesionales en el ámbito sanitario somos el principal activo del Sistema Nacional de Salud. A pesar de ello, somos un colectivo que se ve afectado por agresiones de diferente índole en el ejercicio de su actividad profesional, situaciones violentas que nos ponen en riesgo y pueden provocar efectos nocivos tanto en la seguridad y en la salud de las personas afectadas como en el sistema sanitario en su conjunto. Las agresiones a los profesionales sanitarios son un desafío de gran alcance que se evidencia no solo en los países de nuestro entorno, sino también en países iberoamericanos, donde la violencia física es una constante preocupación y cuentan con normativa específica. En el entorno sanitario, a pesar del reconocimiento a los profesionales en la pandemia sufrida por la COVID-19 con los aplausos a las ocho de la tarde durante el estado de alarma, que seguro recordamos todos, la vuelta a la normalidad ha supuesto un incremento considerable de las agresiones físicas y verbales una vez restablecida la consulta, no tratándose de un hecho aislado que acontezca alguna vez en un centro hospitalario, sino que se repite con demasiada frecuencia en urgencias y en los centros de salud. Podríamos decir que en estos apenas cinco años tras la pandemia, los sanitarios han pasado del aplauso al insulto, de la gratitud a la agresión, profesionales que se han convertido en un objetivo de ataque en hospitales y centros de salud. Tanto la propia Organización Internacional del Trabajo como la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo reconocen que los profesionales sanitarios están especialmente expuestos a sufrir agresiones y situaciones de violencia. El sector sanitario en particular ha sido testigo de un aumento preocupante de estas agresiones en los últimos años, con un patrón común que incluye principalmente agresiones verbales y psicológicas, aunque también se registran casos de violencia física. Los principales agresores suele ser los pacientes, mayoritariamente hombres, y se dirigen principalmente a médicos y a personal de enfermería, mayoritariamente mujeres, pero también a psicólogos, fisioterapeutas, farmacéuticos, podólogos… en fin, a todos los sanitarios.

En los últimos años, se han ido desarrollando diferentes medidas, como la modificación del artículo 550 del Código Penal en el año 2015, con la consideración de autoridad pública a la figura del médico y profesional sanitario que ejerce en el servicio público; y la aparición de la instrucción 3/2017 del Ministerio de Interior, que da origen a la figura del interlocutor policial nacional contra las agresiones, en colaboración con el Ministerio de Sanidad. La ejecución de esta instrucción está siendo llevada a cabo por los interlocutores nacionales Policía Nacional y Guardia Civil, a través de una red de interlocutores provinciales y autonómicos creada entre ambos cuerpos. Esta red ha realizado numerosas actividades formativas para la prevención y autoprotección ante las agresiones a los profesionales en el ámbito sanitario. Así, el total de detenidos durante 2023 por las distintas incidencias ocurridas en el sector sanitario ascendió a 115 personas, nada más y nada menos. Asimismo, cabe destacar que, en el año 2020, el Ministerio del Interior puso en marcha la app Alertcops, orientada a la protección específica de los miembros del colectivo sanitario. En el Ministerio de Sanidad, en el Pleno de la Comisión Nacional de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, en junio de 2017, se acordó la creación de un grupo de trabajo que elaborara las bases de un sistema de información de agresiones a los profesionales del Sistema Nacional de Salud. En mayo de 2018, se constituyó el grupo de trabajo para el análisis y estudio de las agresiones a los profesionales del Sistema Nacional de Salud ante la inexistencia de un sistema de información previa que recopilara de forma homogénea los datos de las agresiones notificadas en los distintos servicios sanitarios.

Aún hay mucho por hacer. Sigue sin existir conciencia por parte de los profesionales sanitarios de que cualquier tipo de agresión física, insulto y amenaza es una lacra de repercusión social que afecta a la propia actividad sanitaria, a la relación de confianza entre el sanitario y el paciente, a la salud del propio personal agredido y a la atención sanitaria que reciben los usuarios, pacientes y sus familiares. Si analizamos los últimos datos publicados, vemos que, en el año 2023, en atención primaria y extrahospitalaria se notificaron 40,80 agresiones por cada mil profesionales, mientras que en atención hospitalaria se notificaron 17,37; un total de 14 657 notificaciones, correspondiendo un 57 % a atención primaria y un 43 % a atención hospitalaria, datos que lamentablemente, con respecto al informe de 2022, se han incrementado. El personal médico y el personal de enfermería son los que reportan un mayor porcentaje de agresiones en comparación con el resto de categorías de profesionales existentes en las instituciones sanitarias, que aparecen recogidas bajo el epígrafe de «otras»; con lo cual, realmente no sabemos a quiénes afecta dentro de esas «otras profesiones sanitarias», siendo las mujeres de entre 35 y 55 años el perfil de profesional agredido. Un 37 % de las agresiones ocurren en consulta y, en segundo lugar, en el área de hospitalización, seguido de cerca por los puntos de admisión e información de hospitalización, porque hay otro personal que trabaja en el centro sanitario que también recibe agresiones. La mayoría de las notificaciones son por insultos y amenazas. La causa alegada más frecuente de agresión está relacionada con la atención percibida por el usuario, seguido de las relacionadas con las demandas del usuario. Respecto al perfil de la persona agresora, es un usuario paciente en un 72 % de los casos, mientras que el perfil de la familia acompañante representa el 28 %.

Señorías, la realidad de los datos sobre las agresiones a los profesionales del Sistema Nacional de Salud nos indica que se incrementan año tras año y supone un problema de gran relevancia, que no solo afecta a la integridad física y al bienestar de la persona que desempeña su actividad profesional en el ámbito sanitario, sino que también provoca una disminución de la calidad y la cohesión del sistema sanitario en España, y eso que muchas de las agresiones que sufren los profesionales siguen sin ser comunicadas y denunciadas, por lo que los datos que se ofrecen en este informe solo muestran una parte de la realidad. En nuestro país, la violencia de la que es víctima el personal sanitario no pasa desapercibida y centra cada día más la atención de los poderes públicos, de las organizaciones profesionales y de los medios de comunicación, como hemos visto recientemente (muestra un artículo de prensa) en medios de comunicación con titulares como: Agredir hoy a un sanitario es igual que agredir a un policía. Los distintos servicios de salud de las comunidades autónomas, así como las organizaciones colegiales profesionales, también han elaborado protocolos frente a las agresiones al personal sanitario que abarcan los aspectos preventivos y ayudan a clarificar cómo debe reaccionar el personal ante situaciones de violencia para poder evitarlas. O han creado sus propios observatorios de agresiones, como los anunciados recientemente por los farmacéuticos, fisioterapeutas y veterinarios.

Pero no solo las comunidades autónomas y las organizaciones profesionales están trabajando en ello, también esta Cámara, el Congreso de los Diputados, aprobó, en marzo de 2024, una proposición no de ley, presentada por mi grupo parlamentario, en la que se instaba al Gobierno a poner en marcha un plan contra las agresiones a sanitarios, medida que en el Partido Popular contemplábamos en nuestro programa electoral. ¿Saben cuál ha sido el resultado, casi un año después, por parte del Gobierno? Nada de nada; cuestión a la que nos tiene acostumbradas el Ministerio de Sanidad. Podríamos decir que esta PNL forma parte de las muchas aprobadas en la Comisión de Sanidad sobre las que el Gobierno aún no se ha dignado a hacer nada.

Esta es la realidad, señorías, porque tenemos una ministra más preocupada en imponer su ideario político en su proceder al frente del ministerio que en resolver los verdaderos problemas por los que pasa el sistema sanitario; con un déficit de profesionales al que no da solución, a pesar de que se lo dicen incluso los informes de necesidades de médicos especialistas que elabora el propio Ministerio de Sanidad; con un alarmante déficit de médicos especialistas en el ámbito de Ceuta y Melilla, que es, además, de su exclusiva competencia, provocando saturación y retrasos en la asistencia sanitaria, con graves consecuencias en la seguridad de los profesionales y para los pacientes. ¡Qué triste noticia la que leíamos el viernes del niño que murió, lamentablemente, por no recibir asistencia por parte de un profesional adecuado! ¡Qué triste noticia!

Es un ministerio que está generando, además, un gran descontento entre los sanitarios. Ejemplo de ello son todas las movilizaciones de los médicos por el estatuto marco. Son especialistas en montar líos, señorías, y no resuelven ninguno. Es una ministra que se queda sola pidiendo la eliminación de Muface, aun sabiendo que el sistema sanitario no podría asumir el millón y medio de asegurados. (Aplausos.―La señora Montesinos de Miguel: ¡Muy bien!).

Señorías, mi grupo parlamentario trae esta proposición de ley en línea con lo que nos piden los sanitarios ―no es una proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular―, para que en el asunto de la violencia en el ámbito laboral cuenten con una normativa específica; por supuesto, abierta a mejorarla, teniendo muy en cuenta el trabajo de las comunidades autónomas y de las organizaciones profesionales, y dar así solución a un problema estructural del sistema de salud como es el de las agresiones a los sanitarios.

Por ello, les pido el voto a favor, porque el incremento en el número de agresiones que se produce año tras año requiere que estemos todos los grupos alineados para lograr una norma que aborde la llamada pandemia de los sanitarios, y para que después de siete años de un Gobierno de Sánchez que les ha abandonado, en el que ha habido seis ministros al frente del ministerio, podamos decirles desde esta Cámara que vamos a hacer algo por ellos. Lo hicimos con los pacientes de ELA; hagámoslo hoy por los sanitarios.

Muchas gracias. (Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!―Aplausos).

Gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenas tardes. Es lamentable, pero es la triste realidad que la sanidad en nuestro país no goza de buena salud. Y este es un caso concreto más: 647 son las agresiones que se produjeron en el año 2023, el 20 % de ellas fueron agresiones físicas; 4 de cada 10 tuvieron su objetivo en mujeres; del total, 136, el 21 % fue provocado por uno de los acompañantes del paciente; el 44,2 % se produjeron en la atención hospitalaria. Si analizamos las plantillas por estamentos, podremos comprobar cómo la mayor parte de las denuncias las realiza el personal de Administración. Este es, señorías, el triste balance de las agresiones en el Servicio Navarro de Salud. Es una situación que se agrava año tras año. No cabe en ningún caso ni hay justificación para el uso de la violencia, ya sea verbal o física, para defender nada, absolutamente nada, ni siquiera un diagnóstico no entendido. Es evidente que a lo largo de los años se ha hecho mucho y también que se ha debatido. En el caso de la Comunidad Foral de Navarra podríamos recordar el informe del año 2008 del Defensor del Pueblo, en el que establecía en detalle esta cuestión, e incluso establecía las medidas que se deberían tomar. También había análisis del Defensor del Pueblo a nivel nacional y de algunas comunidades autónomas de lo que se había debatido y hablado en los Parlamentos autonómicos y en las Cortes Generales, en el Congreso y en el Senado. En este caso concreto, también hay que agradecer el trabajo de concienciación y la denuncia que se ha realizado por parte de los órganos profesionales y colegiales, fundamentalmente de médicos, enfermeras y farmacéuticos. Pero todas las medidas que se han venido adoptando hasta ahora no han sido suficientes. Llama la atención cómo se han tenido que realizar cursos de autoprotección dirigidos a los profesionales, incluso repartiendo y concienciando a los propios profesionales con protocolos de actuación ante los ataques y las agresiones de que son objeto. Realmente, es importante la sensibilización de la sociedad y la concienciación de los profesionales para que denuncien cuando sufran este tipo de agresiones. Pero es fundamental, señorías, la implicación inmediata y directa de la Administración a la hora de proteger a los profesionales y también a la hora de establecer las sanciones administrativas correspondientes, e incluso las denuncias a los agresores.

Es mucho lo que se ha hecho, pero mucho es lo que queda por hacer. El compromiso de Unión del Pueblo Navarro a la hora de luchar contra esta lacra es sincero y, sobre todo, nos lleva a apoyar en la tarde de hoy esta iniciativa.

Muchas gracias.

Obrigado, señora presidenta. Moi boa tarde. Fica claro que o Partido Popular é incapaz de facer política sen facer demagoxia, mesmo cunha cuestión tan seria coma esta. Digo isto non porque o problema da violencia no ámbito sanitario non exista e non haxa que resolvelo, porque infelizmente existe. De facto hai apenas uns días un traballador sanitario foi apuñalado no Complexo Hospitalario da Coruña e claro que hai que traballar para resolvelo, senón porque pensamos que cando se aborda esta cuestión, o que hai que facer son achegar solucións que vaian á raíz dos problemas. E aquí é onde está a cuestión. O PP evita ir ás causas desa violencia e por tanto, a procurar solucións en erradicalas. E iso que mesmo son capaces de citar entre elas factores relevantes como pobreza ambiental ou tempo de espera dos pacientes. Mais a partir de aí ningunha proposta neste ámbito, apenas medidas, cito, de protección de carácter pasivo ou estrutural, de carácter reactivo, de formación e información e só nas de carácter organizativo realizan algunha alusión xenérica á mellora do sistema sanitario. Estamos até de acordo con moitas delas, mais son claramente parciais e insuficientes. Falan vostedes como factor de risco da pobreza ambiental, mais ao mesmo tempo opóñense sistematicamente a calquera política social que permita avanzar combatendo esa pobreza, unha fiscalidade máis xusta e distributiva, tomando, por exemplo, o imposto ás enerxéticas, a subir as pensións e as mínimas e non contributivas por encima do IPC, como o fixeron votando en contra o pasado vinte e dous de xaneiro e chega mesmo á indignidade de cualificar de indigno ocupas as persoas vulnerábeis en réxime de aluguer en risco de perderen a súa vivenda. Pasan con pés de lá por un factor chave como a frustración, o nerviosismo, o estrés e mesmo a desesperación que poden provocar as interminábeis listas de espera e unha deficiente atención que evidentemente non é responsabilidade dos profesionais da saúde, senón dos recursos e medios insuficientes con que contan os sistemas públicos. E aquí a demagoxia e o cinismo do PP soben aínda de nivel porque vostedes son responsábeis en moitos casos da situación precaria dos servizos de saúde, como no caso da Galiza do SERGAS, con políticas programadas de deterioro para impulsar a progresiva privatización da sanidade pública. Só quero lembrarlle dous datos. 470 millóns de euros de sobrecusto no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, privatizado por vostedes e decenas de millares de persoas manifestándose polas rúas viguesas no pasado 16 de xaneiro, contra as políticas privatizadoras da Xunta do PP. En definitiva, señoras e señores do Partido Popular, menos demagoxia e máis asumir as súas responsabilidades. A solución pasa por máis e mellores políticas sociais, de vivenda, de emprego e máis e mellores servizos públicos como a sanidade, con recursos, medios e persoal. Unha sanidade, en definitiva, pública, universal e de calidade. Moito obrigado.

Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes. Está claro que el Partido Popular es incapaz de hacer política sin hacer demagogia, incluso con una cuestión tan seria como esta. Digo esto no porque el problema de la violencia en el ámbito sanitario no exista y no haya que resolverlo, porque desgraciadamente existe; de hecho, hace apenas unos días un trabajador sanitario fue apuñalado en el complejo hospitalario de A Coruña. Claro que hay que trabajar para resolverlo.

Pensamos que cuando se aborda esa cuestión lo que hay que hacer es aportar soluciones que vayan a la raíz de los problemas; y aquí es donde está la cuestión: el PP evita ir a las causas de esa violencia y, por lo tanto, buscar las soluciones para erradicarlas; incluso, siendo capaces de citar entre ellas factores relevantes como la pobreza ambiental o el tiempo de espera de los pacientes. Pero, a partir de ahí, no hace ninguna propuesta en este ámbito, tan solo medidas ―cito― de protección de carácter pasivo o estructural, de carácter reactivo, de formación e información; y solamente en las de carácter organizativo realizan alguna alusión genérica a la mejora del sistema sanitario.

Estamos, incluso, de acuerdo con muchas de ellas, pero son claramente parciales e insuficientes. Hablan ustedes de la pobreza ambiental como factor de riesgo, pero al mismo tiempo se oponen sistemáticamente a cualquier política social que permita avanzar combatiendo esa pobreza con una fiscalidad más justa y distributiva, tumbando, por ejemplo, el impuesto de las energéticas, subiendo las pensiones, las mínimas y las no contributivas, por encima del IPC, como hicieron votando en contra el pasado 22 de enero. Incluso, llegan a la indignidad de calificar como inquiokupas a las personas vulnerables que viven en régimen de alquiler en riesgo de perder su vivienda. Pasan de puntillas por un factor clave, como la frustración, el nerviosismo, el estrés e, incluso, la desesperación que pueden provocar las interminables listas de espera y una deficiente atención, que, evidentemente, no es responsabilidad de los profesionales de la salud, sino de los recursos y medios insuficientes con los que cuentan los sistemas públicos.

Y aquí la demagogia y el cinismo del PP suben incluso de nivel, porque ustedes, en muchos casos, son responsables de la situación precaria de los servicios de salud, como en el caso de Galicia, del Sergas, con políticas programadas de deterioro para impulsar la progresiva privatización de la sanidad pública. Solamente quiero recordarles dos datos: 470 millones de euros de sobrecoste en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, privatizado por ustedes, y decenas de miles de personas manifestándose por las calles viguesas el pasado 16 de enero contra las políticas privatizadoras de la Xunta del PP.

En definitiva, señoras y señores del Partido Popular, menos demagogia y más asumir sus responsabilidades. La solución pasa por más y mejores políticas sociales, de vivienda, de empleo y más y mejores servicios públicos como la sanidad, con recursos, medios y personal; una sanidad pública, en definitiva, universal y de calidad.

Muchas gracias.

Gracias, presidenta. Esta tarde vamos a hablar de un tema muy preocupante, como son las agresiones a nuestras y nuestros sanitarios. Hay que ver cuál es la causa, y sin lugar a dudas es porque nuestra sanidad pública está herida, y esperemos que no sea de muerte. Urgencias colapsadas, personal médico, enfermeras y enfermeros totalmente agotados y gente que, literalmente, muere esperando a ser atendida. Todo esto es consecuencia de la gestión del Partido Popular en las comunidades autónomas, porque, sí, en la mayoría de las comunidades autónomas gobiernan ustedes. ¿Qué ha pasado? Pues que lo que debería haberse invertido en la sanidad de todas y todos, en la sanidad pública, se ha desviado a la sanidad privada, desde Madrid hasta Canarias. ¿Y cómo lo hacen? Recortando personal de la sanidad pública y desviando fondos a hospitales privados; cierran servicios y derivan pacientes a clínicas privadas. Y todo esto mientras que estas clínicas privadas, las aseguradoras y los hospitales gestionados por empresas ―que, por cierto, tienen vínculos con los suyos― se frotan las manos por el negocio redondo que están haciendo. Es decir, despojan de recursos a lo público para que lo privado sea, según ustedes, la única tabla de salvación. Mientras ustedes siguen con este saqueo de los recursos de la sanidad pública, hay una consecuencia que es inevitable y es que esas personas que están sufriendo su gestión, que esperan treinta horas a ser atendidas en urgencias y que ven que su madre, por ejemplo, está literalmente agonizando en el pasillo de un hospital, pierden los nervios. La desesperación los lleva a perder los nervios. Por lo tanto, las principales culpables de estas agresiones son las políticas neoliberales que ustedes aplican. El pasado viernes tuve la oportunidad de hablar con el personal sanitario del Hospital Universitario de Canarias, el HUC, y lo que nos contaban era aterrador. Como les digo, más de treinta horas de espera en unas urgencias sanitarias en un hospital público; quinientas cuarenta y cuatro agresiones el año pasado, de las cuales solo llegaron a la Fiscalía cuarenta y una. Por cierto, ¿saben lo que nos contaron? Un dato muy curioso: llevan ustedes poco más de un año en el Gobierno de Canarias, donde gobiernan Partido Popular y Coalición Canaria, ¿saben cuánto se han incrementado en este año y medio las agresiones? Un 23 %, que se dice pronto.

Por lo tanto, señores del Partido Popular, a las personas que están enfermas no las curan las Cámaras, las curan las profesionales sanitarias. Así que un respeto y apuesten por la sanidad pública. La sanidad no es un negocio, es un derecho.

Milesker, presidenta. Arratsalde on guztioi. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes. El Grupo Popular presenta para su debate y toma en consideración una proposición de ley que ya presentó la pasada legislatura, con la que pretende un marco regulatorio específico para proteger a los profesionales sanitarios y reforzar su seguridad. Nuestro grupo no avaló esta proposición de ley en el 2022 y, por los mismos argumentos que expusimos entonces, tampoco lo vamos a hacer en esta ocasión. Somos conscientes de que el personal sanitario sufre agresiones. Los datos están ahí. Osakidetza registró el año pasado, en 2024, más de mil denuncias por agresiones verbales y físicas. Una cifra inaceptable sobre la que es necesario seguir tomando medidas, porque, además de suponer un riesgo para la salud y la seguridad de los trabajadores y de las trabajadoras ―mayoritariamente trabajadoras―, provocan un deterioro en el normal desarrollo de la atención sanitaria. En Euskadi, además de la creación del Observatorio sobre agresiones a profesionales, se han tomado medidas como la guía para profesionales de la salud, con pautas de actuación en la prevención, detección precoz e intervención ante situaciones de violencia, o la instalación de dispositivos de videovigilancia en pasillos, salas de espera y consultas, así como dispositivos de alarma. Existe, asimismo, un protocolo de actuación aprobado en 2003 que se ha ido adaptando a la realidad en sucesivas ocasiones. Este protocolo recoge, además de las definiciones y una calificación de tipos de agresión, un procedimiento de actuación concreto y detallado en el que se designan los responsables y los trámites específicos a realizar, así como el apoyo psicológico y el asesoramiento legal a la víctima. Con ello lo que quiero subrayar es que se han ido tomando medidas tanto legislativas como organizativas y ejecutivas en los diferentes sistemas de salud, acordadas por las diferentes Administraciones con el personal sanitario y con campañas de sensibilización, formación, protocolos y planes para prevenir y paliar, en la medida de lo posible, tales hechos. También se ha reforzado la protección penal, tal y como ha dicho la portavoz del Grupo Popular, con la reforma del Código Penal, mediante la cual se contempló en el tipo penal de delito de atentado ―artículo 550― al personal sanitario como autoridad, agravando la pena de falta a delito en caso de agresión a este, tal y como se hizo con las personas trabajadoras del ámbito educativo. Porque en estos dos ámbitos, como en otros, se produce un mayor número de agresiones tanto verbales como físicas. Se abordan también en esta proposición de ley cuestiones ya recogidas en la Ley 3/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. Es decir, existe un marco general legal reconocido tanto en la citada ley como en el Código Penal. Sin embargo, el Partido Popular nos propone regular un marco específico que nosotras consideramos que no es necesario que se regule por ley, y mucho menos teniendo en cuenta que lo que se nos propone erosiona el marco competencial. Por competencia, por eficacia y por eficiencia en cuanto al objetivo que se dice perseguir entendemos que es mucho más adecuado ―tal y como se hace― plantear lo que aquí se propone en el ámbito de la negociación colectiva y la concertación entre empleadores y personas trabajadoras en sus centros de trabajo, con planes, protocolos y también con campañas de sensibilización internas y, sobre todo, dirigidas a toda la ciudadanía, teniendo en cuenta, evidentemente, las causas que agravan estos actos de violencia, para paliarlas en la medida de lo posible y prevenir estas agresiones. Sin embargo, no podemos reducir nuestro mensaje diciendo que esta violencia es consecuencia natural de la frustración que siente el victimario agresor en su atención sanitaria, tal y como se hizo en el debate de hace dos años. Sería justificar, en parte, la violencia.

Lege proposamenak adierazten du legearen xedea dela enplegu emaileak lantokietan ezarri beharreko gutxieneko eta oinarrizko neurriak arautzea, segurtasuna bermatzeko eta arriskuak prebenitzeko eta saihesteko. Baina aipatzen diren oinarrizko neurri horiek beste lege batzuetan jada araututa daude, zioen azalpenean bertan jasotzen den bezala.

Prebentzio planei dagokienez, osasun sistemei eta zentroei dagokie beren eskumen eremuaren barruan hauek onartu eta ezartzea. Beraz, ez gatoz bat horiek lege honetan arautzeko beharrarekin, ezta neurrien eraginkortasuna bilatzen bada ere. Gure ustez, lege proposamen honek ez du inolako babes gehigarririk ematen osasun langileei. Hala ere, arazoa ikusaraztea eta sentsibilizatzea lagungarria da, beti ere eztabaida hau lortu nahi den helburuetara bideratzen bada.

Esta proposición de ley señala que el objeto de la ley es regular las medidas mínimas y básicas a implantar por el empleador en los centros de trabajo para garantizar la seguridad y prevenir y evitar el riesgo. Pero esas medidas básicas que se mencionan ya están reguladas en otras leyes, tal y como se recoge en la propia exposición de motivos.

En cuanto a los planes de prevención, corresponde a los sistemas y centros sanitarios su aprobación e implantación dentro de su ámbito competencial, por lo que no compartimos la necesidad de regularlos en esta ley. No es algo necesario, aunque se busque la eficacia de las medidas. Entendemos que esta proposición de ley no ofrece ningún tipo de protección adicional al personal sanitario; sin embargo, visibilizar y sensibilizar en torno a este problema ayuda, siempre y cuando se encauce el debate hacia el objetivo perseguido.

La proposición de ley no especifica los títulos habilitantes del Estado para regular sobre esta materia, que principalmente se destinan a los servicios públicos sanitarios con las comunidades autónomas competentes en la materia. Además, consideramos que, obviando lo anterior, esta proposición tampoco aporta ninguna protección añadida al personal sanitario.

Por todo ello, y por los motivos ya citados, votaremos en contra de la toma en consideración de la iniciativa.

Milesker.

Arratsalde on. Buenas tardes. Teniendo en cuenta la importancia que tiene este tema, cuando leí su propuesta tuve la sensación de que estaba en un déjà vu, en una situación en la que decía: bueno, me estoy equivocando; he cogido de nuevo la ponencia de hace tres años, no puede ser que hayan presentado lo mismo. Pues es la misma propuesta punto por punto. Como entonces les dijimos, no vamos a aprobar esta proposición. En primer lugar, porque es una competencia que responde a nuestras comunidades autónomas, en nuestro caso a la Comunidad Autónoma vasca y a Navarra. La definición de estas políticas y planes es competencia propia, incluso los protocolos policiales. En segundo lugar, y quiero insistir en ello, si analizamos qué propuestas siguen trayendo una y otra vez, la intencionalidad no es eliminar, incluso ni reducir, es un intento de utilizar este problema como una pelota de viene y va, sin buscar la manera de solucionarlo. Si fuera su objetivo erradicar esta forma de violencia el contenido sería diferente. De hecho, creo que no habrá redactado usted misma esta propuesta. En su bancada hay profesionales cualificados para dar un paso más allá de lo que debiera ser una propuesta en este sentido. Como en su día le dijimos, la experiencia confirma que lo que hace esta propuesta es intentar manipular realmente lo que es la percepción de la realidad, ocultar la realidad del problema y dificultar la identificación de los procesos que sí deben aplicarse en la reducción y eliminación de la violencia en el ámbito sanitario. La principal causa del incremento de la violencia en la sanidad es el aumento de la frustración y de la angustia de las personas en su relación con los servicios sanitarios. Eso es lo que explica fundamentalmente qué es lo que está causando ese aumento de la frustración. Principalmente, es un deterioro de la atención, pero también hay otras cuestiones. No solamente es el deterioro de la atención, también hay cambios en el perfil y en las expectativas de la población atendida. La ciudadanía debe entender que la frustración o la angustia por diferentes causas, como pueden ser los problemas de las esperas, de la desesperación de pacientes y familiares, jamás deben justificar cualquier tipo de episodio de violencia hacia las profesionales y los profesionales.

También hay otros factores sociales que repercuten en esta cuestión. Uno de ellos es el incremento de la cultura de la violencia verbal. Por cierto, ¿esta Cámara está dando buen ejemplo precisamente de lo que tiene que ser la educación verbal? Veremos que socialmente se están dando una serie de características y que la violencia verbal empieza a ser una cuestión normalizada. La otra es el sexismo y el machismo de amplios sectores en la sociedad. No es casualidad que las profesionales y los profesionales que sobre todo sufren estas agresiones sean en muchos casos mujeres. No es casualidad, y eso es también porque hay una cultura social, porque hay una interrelación entre esa violencia verbal y ese sexismo. No vale, entonces, ir buscando soluciones de tipo policial ―Cámaras, aislar a las profesionales y a los profesionales de la atención de las personas pacientes―, sino que hay que buscar otros procedimientos. Afortunadamente, este incremento de los comportamientos solo implica a una minoría de toda la población que está sufriendo el deterioro de la atención sanitaria.

Hay responsabilidades políticas que quienes ya han intervenido han puesto de manifiesto. En ese sentido, quiero decir que no solamente ha sido responsabilidad de su partido, porque está ocurriendo también en comunidades autónomas que no han sido gobernadas por él. El deterioro de la atención es una cuestión generalizada y es consecuencia precisamente de la desatención hacia lo público. Desde esta perspectiva es desde donde debemos atender el problema. La cuestión es reforzar la atención y no reforzar medidas de tipo autoritario, policial, punitivo y de aislamiento entre las profesionales y las personas pacientes, y mucho menos legislar estas medidas para que se apliquen de modo generalizado. Tenemos que aplicar las medidas allí donde es necesario, pero no de modo generalizado en los centros de salud, por ejemplo.

Resolver la violencia en el ámbito sanitario debe ser un objetivo prioritario, porque tiene graves consecuencias para los trabajadores, para las organizaciones y, sobre todo, porque esa violencia afecta a las personas que están ejerciendo esa violencia. Hay que darle más importancia a este problema, pero eso exige estrategias que vayan de raíz al problema. ¿Quieren abordarlo de verdad? Hay que atenderlo en sus causas, en sus diferentes manifestaciones y en sus diferentes ámbitos. No hay que hacer una norma generalizada, sino aplicar el bisturí allí donde se está dando y con los colectivos que lo están haciendo. Si se quiere hacer un plan contra la violencia sanitaria, si se quiere hacer una nueva ley contra la violencia sanitaria, les pido una cosa: consulten con los expertos y con las personas profesionales. Encontrarán que los factores de riesgo de la violencia están en unas estructuras organizativas rígidas, burocratizadas y autoritarias que no dan lugar precisamente a la autoorganización de las profesionales y de los profesionales. Y han de tener medios para responder a estas situaciones. También encontrarán que los factores de riesgo de violencia están en relación con el mal clima organizacional y la falta de capacidad de respuesta del sistema: condiciones de trabajo, masificación, mala calidad de la información, mal servicio y factores individuales predisponentes, como son historiales violentos, etcétera, que sí son personalizados y que lo que requieren es atención a esas personas. Si se ponen medios para corregir estas cuestiones es cuando entonces podremos hacer planes de riesgo.

Por eso le digo que este proyecto no es práctico. Manipula y desvía la atención del núcleo de origen de los problemas de violencia. Insisto, por eso no lo vamos a apoyar. Estamos dispuestos a trabajar realmente en las líneas necesarias, pero no para utilizar políticamente este problema.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gràcies, presidenta. Bona tarda, senyories. Debatem en aquest punt la presa en consideració de la proposició de llei del Grup Popular sobre la violència en l’àmbit sanitari. Val a dir que des de Junts per Catalunya reconeixem i compartim la preocupació per la violència que pateix el personal sanitari en l’exercici de les seves funcions. I ho fem sabent que aquest fenomen no només posa en perill la seguretat dels professionals, sinó que també afecta la qualitat de l’atenció als pacients i, en conseqüència, el bon funcionament del sistema sanitari en el seu conjunt. El compromís de Junts per Catalunya en aquesta matèria està ben acreditat per la creació, l’any 2022, de l’Observatori per a Situacions de Violència en l’Àmbit Sanitari de Catalunya, una iniciativa implementada per la Conselleria de Salut catalana, liderada en aquell moment pel doctor Argimon. Un observatori que, en l’actualitat, compta amb una eina per a la notificació de casos de violència en el lloc de treball, per als professionals dels centres i serveis assistencials del sistema de salut del nostre país, Catalunya.

Reivindiquem el que s’ha fet, i ho fem sense cap cofoisme, conscients que hi ha camí per córrer i molta feina per fer, però la volem fer des de Catalunya. I és en aquest sentit que els volem recordar que la gestió del sistema sanitari és una competència transferida a les comunitats autònomes. I, en el cas de Catalunya, el nostre sistema sanitari té un marc propi i unes particularitats que, si volen els nostres vots, han de ser respectades, cosa que reiteradament el grup popular oblida i obvia.

Mirin, estem a favor d’establir mesures per garantir la seguretat i la salut del personal sanitari en els centres de treball públics i privats. Estem a favor també d’implementar els plans i les mesures necessàries per prevenir i evitar actes de violència en l’àmbit sanitari. I estem a favor d’establir obligacions i garantir drets que protegeixin el personal sanitari. Però, com els deia, també estem a favor que respectin escrupolosament els marcs competencials i la idiosincràsia de l’àmbit sanitari català. I no s’aboqui un cop més a la centralització, implementant models nacionals espanyols substitutius. I, sobretot, des de Junts per Catalunya, estem a favor de disposar del finançament just i necessari per fer les millors polítiques per a tots els ciutadans de Catalunya, i en tots els àmbits, també en el sanitari, i concretament en el d’acabar amb la xacra que representa la violència que pateix el seu personal i que avui ens ocupa.

Per fer això, no ens cal aquesta nova llei. Per fer això, el que ens cal és erradicar-ne una altra de xacra, potser menys cridanera «a priori», però igualment lesiva, una xacra que qui la pateix és Catalunya i tots els que hi viuen. Els parlo d’una xacra que ha esdevingut una malaltia crònica per al nostre país, aplicada per tots els governs espanyols, siguin de dretes o siguin d’esquerres. Una xacra que es diu espoli fiscal i que representa cada any un dèficit de 22 000 milions d’euros, o sigui, més del doble del pressupost del Departament de Salut català. O dit de forma senzilla, perquè tothom ho entengui, 2700 euros per cada habitant de Catalunya que venen a Madrid i no tornen mai. És evident que, si no es reverteix aquesta situació, si no es posa fi a l’espoli fiscal, és impossible que cap iniciativa legislativa tingui a Catalunya l’impacte que la seva ciutadania, i en aquest cas els professionals de la sanitat, es mereixen.

Moltes gràcies.

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Debatimos en este punto la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Popular sobre la violencia en el ámbito sanitario. Cabe decir que desde Junts per Catalunya reconocemos y compartimos la preocupación por la violencia que sufre el personal sanitario en el ejercicio de sus funciones, y lo hacemos sabiendo que este fenómeno no solo pone en peligro la seguridad de los profesionales, sino que también afecta a la calidad de la atención a los pacientes y, en consecuencia, afecta al buen funcionamiento del sistema sanitario en su conjunto. El compromiso de Junts per Catalunya en esta materia está bien acreditado a través de la creación en el año 2022 del Observatorio para Situaciones de Violencia en el Ámbito Sanitario de Cataluña, una iniciativa implantada por la Conselleria de Salud catalana, liderada en ese momento por el doctor Argimon. Este observatorio cuenta en la actualidad con una herramienta para la notificación de casos de violencia en los puestos de trabajo para los profesionales de los centros y servicios asistenciales del sistema de nuestro país, Cataluña. Reivindicamos lo que se ha hecho y lo hacemos sin estar muy orgullosos, conscientes de que tenemos camino que recorrer y trabajo que realizar, pero queremos hacerlo desde Cataluña. Y es en este sentido en el que queremos recordarles que la gestión del sistema sanitario es una competencia transferida a las comunidades autónomas. En el caso de Cataluña, nuestro sistema sanitario tiene un marco propio y unas particularidades que, si quieren nuestros votos, deben ser respetadas, cosa que reiteradamente el Grupo Popular olvida y no tiene en cuenta. Estamos a favor de establecer medidas que garanticen la seguridad y la salud del personal sanitario en los centros de trabajo públicos y privados. Estamos a favor de implementar los planes y las medidas necesarias para prevenir y evitar actos de violencia en el ámbito sanitario. Estamos a favor de establecer obligaciones y garantizar derechos que protejan al personal sanitario. Pero, como les decía, también estamos a favor de que se respeten escrupulosamente los marcos competenciales y la idiosincrasia del ámbito sanitario catalán y de que no se tienda una vez más a la centralización, implementando modelos nacionales españoles sustitutivos. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Y, sobre todo, desde Junts per Catalunya estamos a favor de disponer de la financiación justa y necesaria para llevar a cabo las mejores políticas para todos los ciudadanos de Cataluña, en todos los ámbitos, también en el sanitario, concretamente para terminar con la violencia que sufre el personal sanitario.

Pero para hacer esto no necesitamos esta nueva ley, lo que necesitamos es erradicar otro flagelo, quizá menos llamativo, pero igualmente lesivo, un flagelo, un azote, que sufre Cataluña y quién vive, un azote que se ha convertido en una enfermedad crónica en nuestro país, aplicada por todos los Gobiernos españoles, sean de derechas o de izquierdas, un azote que se llama expolio fiscal y que representa cada año un déficit de 22 000 millones de euros, o sea, más del doble del presupuesto del Departamento de Salud catalán, o diciéndolo de una forma más llana, para que todo el mundo lo entienda, 2700 euros por habitante de Cataluña que vienen a Madrid y no vuelven nunca. Es evidente que, si no se revierte esta situación, si no se pone fin al expolio fiscal, será imposible que ninguna iniciativa legislativa tenga el impacto en Cataluña que necesitan la ciudadanía y el personal sanitario.

Muchas gracias.

Gràcies, president. Bé, vull començar les meves paraules avui amb un reconeixement explícit i sincer a tot el personal sanitari i sociosanitari que, amb una gran vocació, treballa cada dia per garantir un dret tan fonamental com el de la salut. Un reconeixement que també volem fer extensiu a tots els àmbits assistencials, des de l’atenció primària fins als hospitals, passant per serveis com el transport sanitari i les urgències, on sovint es viuen les situacions de més tensió. La seguretat del personal sanitari en l’exercici de les seves funcions és un tema que a Esquerra Republicana ens preocupa i ens ocupa, tant que hem treballat des del Govern del nostre país per avançar en aquesta qüestió i garantir-la. A Esquerra hem tingut l’honor de gestionar la Conselleria de Salut els darrers anys i coneixem de primera mà els reptes als quals s’enfronten els professionals sanitaris. Tenim un profund coneixement del sistema sanitari català i som perfectament conscients de la necessitat d’invertir en més i millors recursos, per reforçar la seguretat en els centres de salut. Però també sabem que aquesta és una qüestió que s’ha d’abordar des de la proximitat, per aconseguir fer front a les realitats pròpies de cada territori. I tenim dubtes raonables que el Partit Popular sigui conscient d’aquestes diverses realitats. Són conscients, senyories del Partit Popular, que en molts CAPs de Catalunya no és possible que apretant un botó entri la seguretat privada a la consulta? Saben per què? Perquè són CAPs que funcionen moltes vegades amb un metge i una persona d’administració. Perquè són CAPs de municipis i regions petites que funcionen a base de treballar colze a colze amb els companys i companyes, i que, si hi ha situacions complexes, són aquests companys i companyes qui donen suport als altres. Tinc la sensació que vostès escriuen totes les seves propostes des del desconeixement absolut de la realitat del que passa als carrers. Massa anys fa que vostès treballen des dels despatxos de Madrid i no posen els peus al carrer, i encara menys a cap carrer de Catalunya. I no vull oblidar, evidentment, dir que, precisament perquè aquests temes cal abordar-los des de la proximitat més absoluta, per no cometre errors com el que vostès avui cometen, les competències en salut estan traspassades a les comunitats i són aquestes qui les ha de gestionar. Vostès, de nou, no perden ocasió per presentar propostes recentralitzadores que, si s’arribessin a aprovar, no només no complirien la llei, sinó que no serien útils i empitjorarien el sistema sanitari. Això sí, tot ben embolicadet amb una rojigualda. Ja existeixen eines més que suficients en l’àmbit autonòmic i dels propis centres. No cal que les tutelin vostès a 600 quilòmetres. Quina mania tenen en això. Respectin la seva tan repetida i estimada estructura autonòmica, que al final és la seva, no la nostra. I si li volen fer un favor, ja que se la creuen tant, financin-la bé, en comptes de laminar-la per la porta de darrere cada vegada que tenen ocasió. Per posar un exemple concret, a Catalunya ja s’han desplegat plans de seguretat en l’àmbit sanitari, amb mesures com la instal·lació de botons de pànic a les consultes, protocols d’actuació davant les agressions, contractació de seguretat privada quan es pot, instal·lació de portes de seguretat i formacions específiques per als professionals, entre moltes altres coses. Aquestes mesures han estat desenvolupades en coordinació amb els Mossos d’Esquadra i el Departament d’Interior, atenent la realitat específica de cada centre de salut. En aquest sentit, el text proposa la creació d’un Pla de prevenció contra la violència en l’àmbit sanitari, a l’article 4, que hauria d’incloure mesures com sistemes de videovigilància, protocols d’actuació en cas d’agressió i la presumpció de veracitat del personal sanitari en les denúncies per violència laboral. Són iniciatives que poden ser útils, en alguns casos, i necessàries i que, de fet, ja formen part de moltes de les estratègies que s’apliquen als centres de salut de Catalunya.

La proposició de llei que avui es debat és cert que parteix d’un principi que compartim: la necessitat de garantir la protecció del personal sanitari davant de qualsevol forma de violència. No podem normalitzar les agressions a metges, infermeres, auxiliars o administratius, així com tampoc podem normalitzar els intents de la dreta i l’extrema dreta de buscar constantment uns mateixos culpables de tot, i establir un sistema de classes tan absolut que acabi convertint aquells que vostès consideren de classe alta en els bons, i a tots els altres en els dolents; que acabi tenint el risc de convertir qualsevol pacient que un dia ha aixecat la veu en una consulta en un delinqüent per sempre més. Som partidaris de reforçar les mesures de seguretat en els centres sanitaris, sí, absolutament. Però creiem que això s’ha de fer respectant l’autonomia de gestió de cada territori, des del coneixement dels problemes, l’empatia i apostant per la col·laboració institucional i, sobretot, el traspàs dels recursos econòmics justos; més que no pas de la imposició d’un marc legal uniforme, que no té en compte les especificitats del nostre sistema de salut. És per tot això que ja els anuncio que el Grup Parlamentari Republicà votarà en contra d’aquesta iniciativa.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente. Quiero empezar mi intervención con un reconocimiento explícito y sincero hacia todo el personal sanitario y sociosanitario, que, con una gran vocación, trabaja cada día para garantizar un derecho tan fundamental como es el de salud. Es un reconocimiento que queremos hacer extensivo a todos los ámbitos asistenciales, desde la atención primaria hasta los hospitales, pasando por servicios como el transporte sanitario y las urgencias, donde a menudo se viven las situaciones de mayor tensión. La seguridad del personal sanitario en el ejercicio de sus funciones es un tema que a Esquerra Republicana preocupa y la ocupa, tanto que hemos trabajado desde el Gobierno de nuestro país para avanzar en esta cuestión y garantizarla. En Esquerra hemos tenido el honor de gestionar la Conselleria de Salud en los últimos años y conocemos de primera mano los retos a los cuales se enfrentan los profesionales sanitarios. Tenemos un profundo conocimiento del sistema sanitario catalán y somos perfectamente conscientes de la necesidad de inversión en más y mejores recursos para reforzar la seguridad en los centros de salud. Pero también sabemos que esta es una cuestión que se debe abordar desde la proximidad para conseguir hacer frente a las realidades propias de cada territorio, y tenemos dudas razonables de que el Partido Popular sea consciente de estas diversas realidades. ¿Son conscientes, señorías del Partido Popular, de que en muchos centros de atención primaria de Cataluña no es posible que, dándole a un botón, entre la seguridad privada en la consulta? ¿Saben por qué? Porque son centros de atención primaria que muchas veces funcionan con un médico y una persona administrativa; porque son centros de atención primaria de municipios y regiones pequeñas que funcionan a base de trabajar codo con codo con compañeros, y cuando hay situaciones complicadas son estos compañeros y compañeras los que apoyan a los otros. Tengo la sensación de que ustedes escriben todas sus propuestas desde el desconocimiento absoluto de la realidad de lo que ocurre en la calle. Hace demasiados años que ustedes trabajan desde los despachos de Madrid y no ponen los pies en la calle, todavía menos en las calles de Cataluña. Quiero decir ―no quiero olvidarlo― que estos temas deben ser abordados, evidentemente, desde la proximidad más absoluta, para no cometer errores como el que ustedes cometen. Quiero recordar que las competencias de salud están traspasadas a las comunidades y que estas son las que deben gestionarlas. Ustedes, de nuevo, no pierden ocasión para presentar propuestas recentralizadoras que, si se llegaran a aprobar, no solo no cumplirían la ley, sino que no serían útiles y empeorarían el sistema sanitario. Eso sí, todo envuelto en una rojigualda. Ya existen herramientas más que suficientes en el ámbito autonómico y en los propios centros y, por tanto, no es necesario que ustedes las tutelen a 600 kilómetros. ¡Qué manía tienen con esto! Respeten su tan repetida y querida estructura autonómica, que al fin y al cabo es la suya, no la nuestra. Y si quieren ustedes hacer un favor, ya que ustedes se la creen tanto, fináncienla bien en lugar de laminarla por la puerta de atrás cada vez que tienen ocasión de ello. Les doy un ejemplo concreto. En Cataluña ya se han desplegado planes de seguridad en el ámbito sanitario con medidas como la instalación de botones de pánico en las consultas, protocolos de actuación ante agresiones, contratación de seguridad privada, instalaciones de puertas de seguridad y formaciones específicas para los profesionales, entre muchas otras iniciativas. Estas medidas han sido desarrolladas en coordinación con los Mossos d’Esquadra y el Departamento de Interior, atendiendo a la realidad específica de cada centro de salud. En este sentido, el texto propone la creación de un plan de prevención contra la violencia en el ámbito sanitario, el artículo 4, que debería incluir medidas como sistemas de videovigilancia, protocolos de actuación en caso de agresión y la presunción de veracidad del personal sanitario en las denuncias por violencia laboral. Son iniciativas que pueden ser útiles en algunos casos y necesarias; de hecho, ya forman parte de muchas de las estrategias que se aplican en los centros de salud de Cataluña.

La proposición de ley que hoy se debate es cierto que parte de un principio que compartimos, la necesidad de garantizar la protección del personal sanitario ante cualquiera forma de violencia. No podemos normalizar las agresiones a médicos, enfermeras, auxiliares o administrativos, como tampoco podemos normalizar los intentos de la derecha y de la extrema derecha a la hora de buscar constantemente los mismos culpables para todo y establecer un sistema de clases tan absoluto que acabe convirtiendo a los que ustedes consideran de clase alta en los buenos y a todo el resto en los malos, que acabe convirtiendo, con el riesgo que esto tiene, a cualquier paciente que un día ha alzado la voz en una consulta en un delincuente para siempre. Somos partidarios de reforzar las medidas de seguridad en los centros sanitarios, sí, pero creemos que esto debe hacerse respetando la autonomía de gestión de cada territorio, desde el conocimiento de los problemas, desde la empatía y apostando por la colaboración institucional y, sobre todo, el traspaso de los recursos económicos justos, en lugar de hacerlo imponiendo un marco legal uniforme que no tiene en cuenta las especificidades de nuestro sistema de salud.

Por todo esto, les anuncio ya que el Grupo Parlamentario Republicano votará en contra de esta iniciativa.

Muchas gracias. (Aplausos).

Buenas tardes. Presidente, señorías, quería comenzar dando las gracias al Grupo Popular por traer hoy a este Pleno un tema tan relevante y del que cada día se habla más, pero que no es algo nuevo. Nuestra más absoluta solidaridad y empatía con las agredidas. Como bien dice la exposición de motivos de su propuesta, las agresiones en el ámbito sanitario se reconocen tanto a nivel nacional como internacional, así como normativamente hablando, también hay visibilidad y consenso: Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, Código Penal, leyes… En nuestro ámbito, como bien ha expresado la representante del Grupo Popular, tenemos diferentes normativas, desde el Senado, la reforma del Código Penal, instrucción del Ministerio del Interior y su desarrollo en las comunidades autónomas. No sé si son conscientes de que muchas de las cosas que piden en el articulado ya se hacen en las comunidades autónomas. No sé si saben sus señorías del PP que las comunidades autónomas ya tienen amplias competencias en toda esa materia, haciendo planes y normativas propias. Igualmente hay que destacar que las profesionales mayoritarias, las enfermeras y los médicos, tenemos unos colegios profesionales a los que nos obligan a colegiarnos para trabajar ―aquí en Madrid, por cierto, son un nido de poca transparencia y de gestión cuestionable― y que nos aseguran atención ante agresiones con teléfonos veinticuatro horas y asesoría jurídica. ¿Mejorable? Sin duda. El Ministerio de Sanidad creó en 2017 un grupo de trabajo junto con las comunidades autónomas que ha ido desarrollando diferentes trabajos, como, por ejemplo, el conjunto mínimo de datos para mejorarlos y tener una foto mejor sobre las agresiones o hacer un informe anual y una jornada anual, que fue marzo del año pasado y espero que estuvieran presentes. A través del citado informe del ministerio y las comunidades autónomas tenemos una foto clara, aunque mejorable, sobre cómo son las agresiones. Las agresiones en el ámbito sanitario son a mujeres ―somos mayoría―, son en consultas de atención primaria ―tres veces superior― y son agresiones, sobre todo, a médicas y a enfermeras, aunque en los últimos años destaca mucho cómo están aumentando las agresiones a los administrativos, porque son los primeros que dan la cara a la ciudadanía. (Aplausos). La mayoría de las notificaciones son insultos y amenazas; las agresiones físicas están bastante por detrás. ¿Y qué dice este informe de las razones? Pues las causas que alegan sobre todo están relacionadas con la atención percibida y la demanda del usuario ―repito: atención y demandas del usuario―.

Sin eximir de responsabilidades, porque ninguna agresión debe ser permitida, imaginémonos lo siguiente. Vivimos en Madrid y yo soy una madre y mi hijo tiene una posible otitis. Llamo al centro de salud y cruzo los dedos para ver si hay pediatra, y me dicen que sí. Casi lo consigo, pero no: son quince los días hasta que le pueden ver. Me dicen: váyase usted a urgencias. Voy a urgencias. Son cuatro o cinco horas esperando. Me recibe un médico que lleva muchas horas trabajando, que me manda antibiótico y que, probablemente, esté pensando: ¿esto es una urgencia? Si en algún momento yo, como madre, en esta situación llego a increpar, ¿qué pasaría? Imaginémonos también que soy una mujer embarazada de alto riesgo y que me llevan al Hospital La Paz. Llego de parto a las urgencias y no me ve de manera inmediata una matrona. ¿Qué pasa? Pues que las matronas de Madrid el mes pasado tuvieron que poner en el juzgado de guardia una denuncia porque no podían asegurar la seguridad de las embarazadas. Último caso. Hospital 12 de Octubre. Cuarenta y ocho horas mi madre con una fractura de cadera. La van a operar y, de repente, paran el quirófano porque esa licitación que hizo la señora Ayuso a una empresa de esterilización es tan sumamente mala que el material no es utilizable. (Aplausos). Esto es el día a día en la Comunidad de Madrid.

Pongamos ahora la foto en el otro lado, el de los profesionales que, si consiguen no abandonar la profesión ni ser increpados por la ciudadanía harta, siguen siendo maltratados por la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid precariza sus condiciones: nada de cupos para atención primaria ni las treinta y cinco horas ni las condiciones de seguridad. ¿Saben una cosa? Los madrileños y las madrileñas vamos a tener que asumir que el Gobierno de Ayuso, llevado a juicio por los colectivos de atención primaria por no haber respetado la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se enfrente a la mayor indemnización de la historia pagada con nuestros impuestos.

Señores del PP, todo eso son síntomas y elementos que facilitan que estas agresiones se produzcan y es nuestro deber minimizar dichos elementos. Hay leyes, sí, el Código Penal, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y otras que están por venir, como la modificación de la Ley del Estatuto Marco, que mejorará las condiciones laborales y que, como ya ha comunicado la ministra Mónica García, puede llevar aparejados los elementos de protección relacionados con esta figura de autoridad para los sanitarios. Desde aquí les invito a participar en la modificación y a votarla de forma positiva, ya que esta norma lleva más de veinte años sin actualizarse, también en sus gobiernos. (Aplausos). Señores del PP, han podido gestionar las listas de espera, han podido gestionar las licitaciones, han podido gestionar la vuelta a las treinta y cinco horas, la temporalidad, la seguridad para todos y todas, han podido gestionar la esperanza y las expectativas de los usuarios, han podido trabajar para minimizar los riesgos de que se produzcan agresiones. Prevenir los síntomas está en nuestras manos. ¿Saben cómo se llama? Se llama gestionar, gestión favoreciendo a todos y gestión favoreciendo a todos los sanitarios y mejorar la atención más segura y eficiente para la ciudadanía, pero, claro, favoreciendo a todos los sanitarios y sanitarias, no solo a su sanitario preferido de cabecera y privilegiado, Alberto Quirón. (Aplausos). Hoy han querido arreglar con esta posible ley cortina de humo lo que no han sabido arreglar ‘simplemente’ (hace el signo de comillas con los dedos) gestionando en las comunidades autónomas las competencias de las que ustedes son responsables.

Votaremos en contra. Gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, señor presidente. Lo que ha descrito usted, señora Recas Martín, es lo que pasa en cualquier comunidad autónoma. Si quiere hablar de la Asamblea de Madrid, ahí la tiene usted, a unos cuantos kilómetros de aquí. Ustedes han gobernado la Comunidad Valenciana con Compromís y, si mi hijo tiene que tener una otitis durante ocho meses, la ha tenido con un Gobierno de Compromís; o sea, menos gritos, Milagritos. Miren, cuando ustedes vienen aquí a echarse los trastos a la cabeza y vienen aquí a permanecer inalterables cuando los Gobiernos de unos y otros han sido incapaces de poner a la sanidad en el lugar que le corresponde, la realidad que sufren nuestros sanitarios, nuestros compatriotas, no la pueden tapar ni con cien mentiras. Los escucho a ustedes, pero no hay diferencia entre lo que hacen después unos y otros, azules, rojos, morados. Hacen bueno ese dicho de que si habla como un socialista, piensa como un socialista y gobierna como un socialista, cuidado que quizá no es un socialista, quizás sea el señor Feijóo. (Aplausos). Veo que a alguno no le ha gustado. Son ustedes más de reír las gracias de Junts, PNV o Bildu.

Miren, hoy no vengo a hablarles de posicionamientos políticos ni de partidistas, sino de la realidad que atañe a todos nuestros sanitarios, no solamente de la Comunidad de Madrid. En todas las comunidades estamos viendo una plaga que asola nuestros centros de salud, nuestros hospitales, y no olvidemos que nuestros sanitarios se tienen que desplazar a los domicilios. Los sanitarios están bajo un asedio constante, físico y emocional, no solo por la enfermedad y el sufrimiento humano al que se enfrentan diariamente, sino también ―esto es lo que más duele― por el fracaso de sus políticas, por la ineptitud y la falta de compromiso de quienes han gobernado hasta ahora nuestro país y nuestras regiones. Hablo del Partido Popular, hablo del Partido Socialista y puedo hablar de SUMAR, de Podemos o de todos aquellos que han tenido la responsabilidad de proteger a nuestros sanitarios y que han fallado una y otra vez de manera estrepitosa. Ronald Reagan ya lo dijo: el Gobierno no es la solución a nuestro problema, el Gobierno es el problema. Y los malos Gobiernos que hemos tenido aquí en España y en las regiones han destrozado nuestro sistema sanitario. Los Gobiernos del Partido Popular y el Partido Socialista han demostrado una y otra vez que no están a la altura de la tarea encomendada. Porque yo pregunto: ¿dónde están esas políticas robustas para proteger a nuestros sanitarios de las agresiones?, ¿dónde están las leyes que los tienen que proteger, pero de verdad?, ¿dónde está la acción decisiva de nuestro Gobierno para proteger a médicos y enfermeras cuando son atacados verbal y físicamente, cuando son amenazados, insultados, agredidos, cuando tienen miedo de ir a coger su coche al terminar el turno porque saben que les están esperando? Esto es lo que está pasando en España y lo que ustedes están aquí moviendo de un lado para otro, pero sin ser capaces de solucionar. (Aplausos).

Prometieron reformas, prometieron protección y ¿qué hemos visto?, ¿qué han hecho para frenar esto? Poco o nada. Ahí tenemos a la comunidad andaluza, que después de seis años de Gobierno del Partido Popular es la comunidad donde más han crecido las agresiones a los sanitarios. Las proposiciones de ley, las mociones, las declaraciones no valen de nada, son papel mojado sin la fuerza real de la acción que acabe de una vez por todas con esto. Y el Partido Socialista no se queda atrás, con su falso discurso de justicia social y de proteger a los trabajadores. ¿Dónde están cuando nuestros sanitarios los necesitan? Hablan de reformas, hablan de cambios, pero cuando llega el momento de actuar se esconden detrás de la burocracia y de comités de expertos, muchas veces inexistentes. La protección a los sanitarios la han relegado ustedes a esto, a un debate parlamentario reciclado legislatura tras legislatura, mientras la violencia contra nuestros sanitarios sigue creciendo. Esa es la realidad, por dura que sea. Las agresiones a nuestros sanitarios han aumentado, y no ha habido una respuesta contundente ni una campaña nacional de prevención y protección que merezca tal nombre. Y ustedes se dedican a eso, a la foto, al postureo, a darles abrazos, pero sin dar una solución real a nuestros sanitarios. Los sanitarios han sido abandonados por aquellos que, se supone, debían velar por ellos. Así lo refleja el Ministerio de Sanidad en 2023, que notificó un número récord de agresiones y de incidentes. Recordemos que muchas veces no son denunciadas por miedo a represalias y por haber dejado de confiar en un sistema que les ha abandonado.

¿Y qué hacemos? ¿Seguimos aplaudiendo a las ocho de la tarde? Porque todo lo arreglan ustedes con aplausos. Los aplausos son vanos si no van acompañados de acciones. Necesitamos que esas leyes categoricen las agresiones como más graves todavía. Además, hay que hacer una protección real. Hace falta un sistema de denuncia eficaz, hace falta un apoyo psicológico para las víctimas, sobre todo una cultura de respeto y valoración hacia quienes se dedican a la sanidad. Necesitamos más que palabras, necesitamos hechos, valentía política para enfrentar este problema.

El colapso del sistema sanitario, las listas de espera, el aumento de la violencia, la falta de personal sanitario, todo esto es un reflejo directo de las políticas fallidas del Partido Popular y el Partido Socialista. Ambos partidos han tenido su oportunidad, décadas para demostrar si podían proteger a quienes nos protegen, y han fracasado, han fallado al no hacer de la protección de los sanitarios una prioridad real, no solo en el papel, sino en la vida real, de cada centro de salud, de cada país, de cada hospital de este país y, como he dicho, también de los domicilios. Dejen de jugar a las apariencias y comiencen a hacer lo correcto y lo que sea necesario. Necesitamos un plan nacional contra las agresiones a los sanitarios, necesitamos medios de protección, de disuasión, necesitamos que las comunidades autónomas y los municipios se involucren, necesitamos que la sociedad sea consciente de lo que está pasando. Nuestros sanitarios no son números, no son una estadística, son personas, hombres y mujeres que están para servir y ayudar a las personas. Se merecen un escudo, no solo aplausos; se merecen justicia, no solo condolencias, y se merecen, sobre todo, respeto y no promesas vacías.

Voy terminando, señor presidente. Tenemos que actuar con la urgencia que demanda. Ni una agresión más. Ni una agresión más. Vamos a perder a nuestros mejores profesionales de la salud porque ustedes, con su inacción y su parlamentarismo vacío de foto y pandereta, nos están llevando a perder un sistema de salud que era la joya de la corona. Solamente quiero terminar dándoles las gracias a nuestros sanitarios. Que Dios les bendiga a ustedes, que Dios bendiga a España, y gracias a todos aquellos que han decidido dedicar su vida a servir a los demás.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, presidente. Yo también quiero saludar a las organizaciones de profesionales que nos acompañan en la tribuna y en la sala adjunta y agradecerles el trabajo que hacen para atajar este grave problema. Coincidimos, señorías, seguro, en que si es admirado nuestro Sistema Nacional de Salud es por la calidad y la dedicación de sus profesionales, que se dejan la piel para hacer su trabajo y no siempre en las mejores condiciones. La sanidad es un pilar fundamental de nuestra sociedad y la protección de nuestros profesionales de la salud es prioritaria. El riesgo de violencia extrema en el lugar de trabajo afecta a muchos de nuestros servicios públicos, como la educación o el transporte, también al que nos ocupa hoy, la sanidad. En el caso de la sanidad, las cifras de agresiones declaradas han ido en aumento en los últimos años. Hablamos de 14 706 agresiones, el 78 % dirigidas a las mujeres. Un 54 % de ellas se han desarrollado en el ámbito de la atención primaria y un 43 % en el de la atención hospitalaria. El 16 % han sido agresiones físicas. En cuanto a las causas ―se ha comentado―, la mayoría son reactivas a la insatisfacción de las demandas del usuario o a discrepancias con la atención percibida, pero no podemos justificar, por supuesto, ninguna manifestación violenta en este sentido. En este contexto es crucial reconocer las medidas contra las agresiones que ya se están implementando y evaluar su efectividad. Llevamos años trabajando para conseguir violencia cero. Se han dado pasos importantes, no suficientes, tanto desde las Administraciones públicas como desde las organizaciones profesionales. Aquí quiero agradecer y valorar especialmente al Observatorio de la Organización MédicoColegial, que lleva mucho tiempo trabajando y haciendo una excelente labor, y a todas aquellas organizaciones que están implementando estos observatorios en los últimos tiempos; también al grupo de trabajo técnico para el análisis y estudio de las agresiones a los profesionales del Sistema Nacional de Salud, que se constituyó en el año 2018 y que analiza toda la información facilitada por el INGESA a las comunidades autónomas y el Ministerio del Interior, elaborando un informe y un sistema de notificación homogéneo para evaluar la situación y tomar medidas también a nivel nacional. Por otro lado, se trabaja con las autonomías, y la mayoría de ellas implementan los planes y los procedimientos para prevenir y frenar cualquier tipo de agresión, además de que garantizan el acompañamiento en la asistencia y el asesoramiento. En el año 2017, la instrucción de la Secretaría de Estado del Ministerio del Interior instituyó un protocolo común frente a las agresiones a profesionales de la salud, que también ha sido de gran ayuda para establecer medidas de prevención. La figura del interlocutor policial territorial sanitario ha contribuido a mejorar la asistencia en estos casos, y se incluyeron en el Código Penal a los docentes y sanitarios como autoridades públicas protegidas, y actualmente, en el seno del Estatuto Marco, se pretende ampliar a más categorías profesionales. En último lugar, y no menos importante, los programas de formación y campañas divulgativas que el Ministerio de Sanidad dirige a los profesionales y a la ciudadanía para concienciar, evitar y, en su caso, denunciar las agresiones. Todas estas medidas son necesarias, pero es verdad que no son suficientes. En nuestra opinión, la mejor manera de evitarlas, así como las causas que las producen, es aumentar los recursos destinados a sanidad, como está haciendo este Gobierno. Invertir en ella será la mejor manera de cuidar de los que nos cuidan y, desde luego, señorías del PP, la política de limitar la universalidad de la atención sanitaria, de recortes y de copagos no ayudó en su momento. (Aplausos). Tampoco lo hizo la reducción de plantillas de profesionales que hicieron cuando gobernaban, eliminando las tasas de reposición y expulsando a miles de trabajadores del sistema. Esas políticas, señorías del Partido Popular, contribuyeron clarísimamente al deterioro reputacional de la sanidad y, en consecuencia, a aumentar la presión que soportan muchos profesionales que se ven incapaces de ofrecer a sus pacientes la dedicación que les quieren dar y que estos merecen.

La falta de inversión en atención primaria con el aumento de la demora y de los tiempos de espera es un caldo de cultivo que no favorece la confianza entre profesional y paciente. Eso es lo que está pasando, por ejemplo, en Andalucía, donde, además, se están derivando recursos de la pública a contratos a dedo en la privada. Ya llevan ustedes cuatro manifestaciones de la ciudadanía en la calle y creo que no van a ser las últimas. O en la Comunidad de Madrid que, junto a Andalucía, es la que menos inversión pública destina por habitante. Hay una alarmante falta de médicos en los servicios de urgencias y en las zonas rurales, además de bajísimas ratios de enfermeras. O en mi comunidad, la Comunidad Valenciana, donde los sindicatos, de forma unánime, denuncian que se legisla a sus espaldas imponiendo condiciones laborales sin ningún tipo de consenso, sin ninguna negociación; que se disminuye el gasto en sanidad suprimiendo plazas de refuerzo que aumentan las listas de espera; que se abren nuevas infraestructuras sanitarias sin la necesaria dotación de personal porque no se ejecuta el incremento de la plantilla. Eso es lo que está pasando en la sanidad española en las comunidades donde ustedes están gobernando.

Mire, reconozco que la suya es una propuesta bien intencionada, eso no lo voy a cuestionar, pero hacer una ley específica solo para sanidad, mientras sus líderes autonómicos se empeñan en desgastarla, no creemos que sea la solución al problema. De verdad que no nos cerramos a seguir hablando en este ámbito parlamentario de ir implementando medidas que contribuyan a mejorar este problema, a disminuir las cifras y a proteger a los profesionales sanitarios. En el Gobierno progresista seguiremos apostando por mejorar las condiciones laborales y las prestaciones de la sanidad pública. Es fundamental que entendamos que la solución a las agresiones sanitarias no se encuentra en recortes, sino que se encuentra en inversión. Cada euro invertido en nuestros profesionales es una garantía de que estarán mejor protegidos y podrán ofrecer una atención de calidad a los pacientes.

Muchísimas gracias. (Aplausos).