Proposición de Ley de reforma parcial del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, es un honor estar hoy aquí en la sede de la soberanía popular española, y hacerlo, además, en representación del Parlamento de Andalucía. Mayor aún, si cabe, es el honor porque la proposición de ley que hoy traemos fue aprobada por unanimidad y puede cambiar la vida de miles y miles de personas con discapacidad intelectual y de sus familias.

Por fortuna, la percepción de la discapacidad está cambiando, y en los últimos años estamos asistiendo a reformas profundas en nuestra legislación, que ya considera, por fin, a las personas con discapacidad como personas con plena capacidad jurídica, capaces de tomar sus propias decisiones y a las que el ordenamiento solo tiene que proveer de apoyos puntuales cuando sea necesario. Recientemente, además, se ha modificado la legislación electoral para garantizar su derecho de sufragio; y hace ahora un año estas mismas Cámaras modificaron el artículo 49 de la Constitución para eliminar la palabra disminuido del texto constitucional.

En esta línea de avance en el reconocimiento de sus derechos, pero también de su diversidad, presentamos hoy una reforma del Estatuto Básico del Empleado Público para adaptar la normativa de acceso al empleo público a la realidad de las personas con discapacidad intelectual.

Como saben, esta norma contiene una reserva del 7 % de plazas para para personas con discapacidad, y de ella reserva un mínimo del 2 % para las personas con discapacidad intelectual. La inclusión de este cupo en el Estatuto Básico supuso, sin duda, un paso de gigante al establecer por primera vez en una norma con rango de ley la obligatoriedad de la reserva de plazas para un colectivo con unos índices de desempleo superiores al 85 %.

Sin embargo, muy poco se dijo entonces de cómo debía producirse ese acceso al empleo público. En consecuencia, la inercia propia de las cosas ha hecho que se utilizara el mismo sistema que para el acceso de las personas sin discapacidad, la prueba teórica. En el fondo, les estábamos aplicando nuestro método: si la regla general es el examen, en el caso de la discapacidad intelectual también, aunque con un temario adaptado y algunas facilidades. Un examen más facilito, pero un examen, en resumidas cuentas.

El paso del tiempo ha puesto de manifiesto que, si queremos cumplir con ese cupo del 2 % y hacer que el examen responda al mismo objetivo que en los demás casos —‌es decir, valorar la idoneidad de las personas candidatas sobre la base del mérito y la capacidad—, una prueba teórica no solo no es la más apropiada, sino que es ineficaz para cumplir ese objetivo.

Las personas con discapacidad intelectual tienen enormes dificultades para memorizar cuestiones relacionadas con nuestro ordenamiento jurídico, con nuestro sistema político español o con nuestras leyes administrativas. Pasan años estudiando y las familias nos cuentan que ese tiempo supone una auténtica tortura porque, no lo olvidemos, en el caso de la discapacidad intelectual se involucra y estudia toda la familia. He conocido a madres que adaptan temarios y buscan información, por lo que acaban conociendo los temas mucho mejor que sus hijos e hijas. Y es así porque no todas las personas con discapacidad intelectual están preparadas para una actividad memorística; incluso cuando son capaces de aprender, cuando superan esa barrera, no siempre pueden afrontar una prueba teórica, un examen que suele ser tipo test y que no pueden abordar. Porque, si difícil es adquirir los conocimientos teóricos necesarios, mucho más difícil es saber plasmarlos o volcarlos en una prueba teórica, por fácil que nos parezca a nosotros y nosotras. En consecuencia, llevamos años con un sistema que, si bien ha supuesto un avance, no es adecuado para las personas con discapacidad intelectual, que tienen problemas para hacer el examen, pero que podrían desempeñar muchas otras tareas dentro de la Administración.

Por eso les proponemos una prueba de situación, una prueba práctica en la que se valoren sus competencias en el desempeño de las tareas que van a realizar en la Administración, que no tienen nada que ver con el conocimiento de la Constitución o de las leyes administrativas. Sería una prueba que valore sus competencias, diversas —‌es verdad—, pero aptas para el desempeño de un empleo público. Hasta ahora lo que ha primado ha sido la concepción de la discapacidad como una minusvaloración de su capacidad. No siempre las vemos como personas adultas con capacidades diferentes, sino que las vemos como eternos niños y niñas. Pero las personas con discapacidad intelectual tienen los mismos sueños que las demás: quieren emanciparse, amar, trabajar y aportar a la sociedad. Por eso, la responsabilidad del poder público, de la Administración Pública, es enorme. No basta con establecer un cupo y dejarlos a su suerte, ahora toca hacer lo más difícil: ponerse en su piel y buscar la manera de medir sus capacidades no basándonos en nuestro rasero, sino en el suyo, con un sistema que no es el más cómodo, que no es el más fácil, pero sí el más justo y, lo que es más importante, el único capaz de medir sus competencias reales, porque las tienen y están deseando enseñárnoslas. Un sistema, además, que permitirá cumplir con los objetivos de mérito y capacidad, y lograr una Administración eficaz.

Por eso ―y acabo señorías― en nombre del Parlamento andaluz les traemos una iniciativa que no abre telediarios, pero que permite dignificar nuestra tarea de representantes públicos y que sirve para hacer justicia con las personas con discapacidad intelectual, que tienen derecho a que el mérito y la capacidad se midan con criterios aprobados para ellas. De esta manera, señorías, solo podemos pedirles que apoyen la toma en consideración de esta iniciativa, que ya cuenta con el apoyo unánime del Parlamento andaluz. Hagamos política con mayúsculas y hagamos historia.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, señora presidenta.

Buenas tardes, señorías. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Andalucía quiero empezar, como no puede ser de otra forma, agradeciendo a mi grupo mi designación para defender una iniciativa tan importante para nosotros y nosotras como es la que debatimos hoy aquí. Porque se trata, en esencia, de defender y seguir avanzando en el principio de igualdad, señorías. Un principio que los socialistas llevamos insertos en nuestro ADN, un principio por el que tanto han luchado nuestros predecesores y un principio por el que tenemos que seguir luchando los que hoy tenemos la oportunidad de estar en las Cámaras legislativas o en los distintos Gobiernos. Estamos hoy aquí, en el Congreso de los Diputados, mandatados por nuestro Parlamento, el Parlamento andaluz, para hacer algo de justicia social, para hacer algo tan lógico, evidente y, además, si me apuran, señorías, algo de puro sentido común como es el hecho de que para las personas con discapacidad, cuando pretenden acceder a un empleo público, en las pruebas de acceso no se las evalúe con un examen, como hasta ahora, puramente memorístico, que para ellos es muy complicada de retener o, peor aún, con un tipo test, que por sus características suele tener una pregunta trampa que, prácticamente, para ellos y para ellas es casi imposible de comprender. Se trata de cambiar ese sistema, señorías, por otro con el que se evalúe si tienen o no las aptitudes necesarias para desarrollar el puesto concreto que van a tener que realizar. Es algo tan evidente y sencillo como eso, señorías. Como les decía al principio, se trata de seguir avanzando y profundizando en el principio de igualdad que implica, como saben ustedes, tratar de forma igual a los iguales, pero también tratar de forma desigual a los que son desiguales. Señorías, además es algo que, desde el punto de vista jurídico, también implica una modificación muy sencilla, ya que apenas supone cambiar un único artículo del Estatuto Básico del Empleado Público. Fíjense qué paradoja tan grande: algo tan sencillo, tan lógico y tan evidente que, sin embargo, puede cambiar la vida de tantas y tantas personas con discapacidad en nuestro país. De ellos y ellas y de sus familias. Pero, señorías, hay algo quizá más importante y es que, además, les va a permitir abrir un horizonte de esperanza en sus vidas. No solo a los que ya son adultos y adultas, sino sobre todo y ante todo a los más pequeños, a los que crecerán más pronto que tarde y que querrán tener su propia esperanza, querrán tener su propio trabajo, y por qué no, en la Administración. Aquí estamos, señorías, para intentar ayudarles a que eso sea una realidad.

Señorías, si me permiten el símil, y salvando todas las distancias, aprobando esta toma en consideración y después la iniciativa cuando se traiga para su aprobación definitiva, ustedes con su voto favorable estarán permitiendo algo similar a aquello que se sintetizó en esa célebre frase de Neil Armstrong cuando dijo: «Esto es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad». Salvando las distancias, por supuesto, con esta aprobación ustedes estarán consiguiendo que se modifique una cuestión normativa muy sencilla, pero que va a suponer un gran avance para la efectividad de los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país. No ha sido baladí que haya querido traer a colación las palabras de un americano, no ha sido por casualidad; ha sido porque, como saben sus señorías —y‌ , por desgracia ya todo el mundo—, no corren buenos tiempos en el plano internacional para las minorías ni para las personas en situación de desigualdad, como son los migrantes y las personas con discapacidad. No corren buenos tiempos, y lo hemos podido comprobar hace escasamente diez días escuchando otra frase de otro americano, en este caso del actual presidente de los Estados Unidos, echando la culpa sin pruebas de un accidente aéreo en su país a las políticas demócratas del anterior presidente de Estados Unidos por haber contratado, precisamente, a personas con discapacidad severa.

Por eso, hoy ―de hecho, esta mañana el Consejo de Ministros de un Gobierno progresista como el que tenemos la suerte de tener en España ha vuelto a avanzar con iniciativas en favor de la discapacidad y de la dependencia― tiene más sentido que nunca que ustedes aprueben esta toma en consideración, porque de esta manera conseguiremos que nuestro país siga siendo un faro de esperanza y que siga siendo un ejemplo en todo el mundo de políticas de igualdad y de políticas para la inclusión y la diversidad, aprobando iniciativas como la que hoy traemos aquí, con toda la humildad, en nombre de Andalucía. Ustedes lo tienen en su mano.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, buenas tardes. La iniciativa que hoy les traemos desde Andalucía para su toma en consideración viene envuelta en un halo de eso tan deseable, pero tan poco frecuente en los tiempos que nos han tocado vivir que es el consenso. Y es que, tanto las diputadas que han intervenido antes que yo como yo mismo, venimos de una tierra en la que lo que gobierna hoy es la solvencia, es el sentido común, es el sosiego, y, además de eso, es la convicción de que a los grupos minoritarios no hay que machacarlos porque estén en la oposición, sino que lo deseable es que se puedan acordar iniciativas con ellos sin trincheras ideológicas y sin sectarismos, tan solo porque es lo mejor para los andaluces. (Aplausos). Andalucía es una tierra con un Parlamento ―lo pueden ustedes comprobar, hoy traemos esta iniciativa, pero les anuncio que vamos a traer más― en el que es frecuente que el grupo mayoritario, el Grupo Popular ―el grupo que, además, sustenta al Gobierno―, respalde y con ello permita la aprobación de iniciativas de grupos minoritarios, por muy minoritarios que sean y por muy en las antípodas ideológicas que estén del Grupo Popular. Creo que eso es toda una lección, porque no necesitamos los votos de estos grupos para mantenernos en el Gobierno ni necesitamos los votos de estos grupos para que nos compren nada —‌porque en Andalucía hay muchas cosas que no están en venta—; lo hacemos, sencillamente, porque es bueno para todo el mundo, porque estamos en ese convencimiento y porque entendemos que un Gobierno no debe tener miedo al diálogo con el resto de grupos ni a adoptar ese principio tan en desuso que dice que lo importante son las iniciativas y no quien las propone. Como entenderán, no he venido a esta Cámara para dar lecciones a nadie de cómo hay que gobernar, faltaría más, pero también deben entender que me suba a esta tribuna absolutamente orgulloso de venir de una Andalucía en la que hoy anteponemos los intereses de los andaluces a cualquier otro interés partidista o de supervivencia política de nadie. Solo el interés de los andaluces, señorías. (Aplausos).

Cuando quiten el envoltorio de consenso en el que viene esta iniciativa, van a descubrir que dentro hay una proposición de ley que brilla, y es brillante porque no ha nacido para generar discordia, sino que ha nacido para solucionar los problemas de personas y de sectores, ya que, por su vulnerabilidad, tienen muchos más que los demás. Esta iniciativa busca algo muy simple, pero muy poderoso, que es eliminar barreras. Deben saber que las personas con discapacidad intelectual que intentan acceder a una plaza de la función pública se encuentran con que las pruebas de acceso no son una puerta, sino que en muchas ocasiones son un auténtico muro. No son un muro porque a estas personas les falte talento o les falte capacidad o no tengan ganas de trabajar —‌que las tienen de sobra—; son un muro porque las pruebas de selección se plantearon y se idearon sin tenerles en cuenta. De alguna manera, lo que buscamos con esta iniciativa es adecuar esas pruebas respetando evidentemente los principios de igualdad, mérito y capacidad que están consagrados en el Estatuto Básico del Empleado Público, pero, desde luego, garantizando y asegurándonos también de que nadie se va a quedar fuera por cuestiones ajenas a su valía. Créanme, si alguien tiene la duda se la aclaro: esto no es un regalo. Esto es una cuestión de justicia, y lo que hay que hacer a la justicia ―qué les voy a contar a ustedes― es allanarle el camino y no ponerle piedras. Eso es lo que hay que hacer. (Aplausos).

Señorías, lo que pide esta iniciativa ―verán que hablo muy bien de Andalucía, y es que me salen los colores por la boca y por el corazón― ya lo hacemos en Andalucía. Hemos sido pioneros también por esa generosidad del grupo parlamentario mayoritario, porque cuando se tramitó la Ley de la Función Pública de Andalucía el mismo grupo que ha propuesto esta iniciativa planteó una enmienda que nosotros transaccionamos, y hoy los andaluces ya se benefician de esta situación. Por lo tanto, lo que traemos aquí es la posibilidad de que ustedes lo exporten al resto de España para que todas las personas con discapacidad intelectual del resto de España se puedan beneficiar de algo de lo que ya se benefician los que viven en Andalucía.

Señorías, concluyo. Andalucía está marcando un camino diferente, un camino que demuestra que se puede y se debe gobernar entendiendo siempre el Gobierno como una herramienta para construir y en ningún caso para destruir, que se puede y que se debe gobernar siempre dialogando, consensuando y acordando, porque el futuro de Andalucía —‌y estoy seguro de que el futuro de España también— jamás se va a poder construir desde las imposiciones y desde los chantajes, sino solamente desde el acuerdo, desde el diálogo y desde los consensos. Así tendremos una Andalucía mejor, y estoy seguro de que también una España mejor. Ha sido un honor y un orgullo intervenir en esta Cámara.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).

Gracias, presidenta. Señorías, llega al Congreso desde Andalucía esta iniciativa de reforma parcial del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público para facilitar el acceso ―como ya han podido explicar aquí las parlamentarias y el parlamentario andaluz― a personas con discapacidad intelectual a la función pública mediante una modificación del sistema de oposiciones. Quiero dar las gracias porque ha sido impulsada por el Grupo Parlamentario Por Andalucía, así que muchas gracias. Creo que gracias a ese esfuerzo hemos llegado hoy aquí. Es una propuesta que apoyamos y defendemos porque parte de un principio que es fundamental y que está recogido en nuestra Constitución, que es garantizar la igualdad por parte de los poderes públicos, lo cual no significa poner una raya en el suelo y no significa poner un punto de partida, sino que lo importante es garantizar la igualdad desde los poderes públicos y remover todos —‌absolutamente todos— los obstáculos e impedimentos que no lo hacen materialmente posible. Aquí hemos oído que algunos y algunas, en muchos momentos y cada vez que aumentamos la protección para determinados colectivos, han dicho en sus discursos que si tienen cuotas, que si tienen más derechos que otros… No, señorías, planteamos justo lo contrario. Se está proponiendo reconocer el mayor esfuerzo, el mayor sacrificio y las dificultades objetivas para conseguir ese propósito final que determinadas personas sufren y que hasta ahora no estaban plenamente reconocidos. Estamos ampliando derechos, estamos universalizando derechos, estamos dando un pasito más hacia la igualdad material para todas las personas que quieran acceder al funcionariado público y que hasta ahora lo tenían muy difícil, por no decir que prácticamente imposible. Y eso es ampliar y avanzar hacia una mayor accesibilidad en el empleo público y es algo que nos mejora como sociedad y como democracia.

Pero vamos a recordar que vivimos tiempo oscuros y que hasta algo de tanto sentido común como es esta iniciativa a algunos y a algunas les parecerá raro, innecesario e incluso injusto. Y sabemos bien que en esta Cámara algunos aspiran y desean tener una sociedad más injusta, basada en la desigualdad y forjada, cómo no, en la ley de la jungla. Para algunos miembros de esta Cámara el Estado solo tiene que servir para reprimir y para mantener y garantizar los privilegios de una minoría, a costa del bienestar y de la vida de los demás. A la ultraderecha no le gusta la democracia, no le gusta el progreso, no le gustan los avances sociales y civiles y tampoco le gusta que estemos aquí ampliando derechos. A lo mejor hoy votan a favor, pero no creo que sea por convicción sino por vergüenza, porque les sobramos muchos y muchas de nosotras. Si pudieran, nos deportarían por mujeres, por extranjeras, por diversas, por rojas, por lesbianas, por gais o por ateas. Y esto no es una exageración, no estoy exagerando para nada: lo proclaman ya sin ningún tipo de complejos, y, además, estamos viendo que hay países que no solo lo dicen, sino que lo hacen.

Hoy estamos debatiendo algo tan básico como que se reconozca el esfuerzo de personas con distintas capacidades y hoy estamos reivindicando el papel del Estado y de los poderes públicos para velar por una sociedad de iguales. Y lo hacemos pocos días después de que en esta ciudad, Madrid, unos cuantos extremistas peligrosos venidos de toda Europa pusieran la mira en nuestro país hablando de reconquista. Ha quedado claro lo que quieren si llegan al poder, que es echar al diferente y acabar con el diverso, que tiene que ver mucho con esta iniciativa. Sin embargo, como mujer y como andaluza, os digo que no os tenemos ningún miedo, señorías de la ultraderecha. Os vais a tener que esforzar muchísimo más, y, aun así, no vais a conseguirlo. Nosotros estamos aquí y os estamos esperando. Y ya os lo adelanto: No vais a poder con nosotras ni con todos los pueblos de España. Vuestros sueños son los de llevarnos al pasado más oscuro, y eso va a chocar con un muro de dignidad y de verdadero patriotismo. Y digo patriotismo, sí, no como ustedes, que ya tienen el dólar como bandera y han declarado su lealtad a un puñado de millonarios psicópatas americanos. Son unos vendepatrias y se les ha visto mucho el plumero.

Hoy esperamos el voto favorable de toda la Cámara para apoyar esta iniciativa, incluso el de ustedes, señorías de la ultraderecha. Pero lo más importante es que luego se pueda aplicar. ¿Y por qué digo esto? Porque, a pesar del discurso del parlamentario andaluz del Partido Popular que me ha precedido, en Andalucía, por desgracia ―realmente, no sabemos si ha venido a hacer un mitin porque a lo mejor Moreno Bonilla va a adelantar las elecciones y tiene que hablar aquí de lo bueno que es su Gobierno o si ha venido a regañar a las señorías del Partido Popular en el Congreso porque aquí nunca votan a favor de mejorar la vida de la gente, como hicieron votando en contra de la subida de pensiones, de las ayudas al abono transporte y todo lo que se votó el otro día, que no quisieron apoyar, aunque ahora les parece que sí… (risas). No, no se rían, porque les ha regañado su parlamentario andaluz, diciendo que aquí deberían hacer lo mismo que allí seguramente y que ustedes voten a favor de lo que tienen que votar, que es subir las pensiones, las ayudas al transporte y las ayudas para los afectados por la dana. Así pues, tanto si es mitin como si es regaño, ha salido bastante mal.

Pero, como digo, la desgracia que tenemos en Andalucía es que resulta muy complicado, porque, aunque se aprueben las leyes, luego no se ejecutan. Y las leyes, si son justas y son necesarias, se tienen que hacer para defender los intereses de la ciudadanía y, por supuesto, de sus necesidades. Sin embargo, tenemos el Gobierno, del Partido Popular, del ‘moderado’ (hace el gesto de comillas con los dedos) Moreno Bonilla que, cuando se trata de actuar para defender los intereses de la mayoría y de las andaluzas, sea cual sea su condición, mira siempre hacia otro lado. Y probablemente no hay un Gobierno que menos vele por los intereses de la clase popular y de la mayoría social andaluza que el Gobierno del señor Moreno Bonilla. Pregunten a los miles de dependientes en listas de espera, a los familiares que han visto morir a sus seres queridos sin llegar a percibir la prestación que les tocaría por derecho. Pregunten a los miles de jóvenes que han tenido que desistir de obtener una ayuda para pagar el alquiler porque el señor Bonilla ha transformado una sencilla convocatoria pública en los juegos del hambre. Pregunten a los profesionales sanitarios y de la educación, que están machacados y reventados a trabajar por falta de recursos y que tienen que hacer auténticos milagros para hacer su trabajo. El Partido Popular gobierna en contra de los avances y de los derechos y en contra de la igualdad y de la justicia de los andaluces y de las andaluzas.

Y termino. Apelo al Gobierno. No basta con legislar hoy aquí. Hay que vigilarlos, hay que apretarlos, hay que presionar donde gobierna el Partido Popular, porque los avances que conseguimos arrancar en esta Cámara luego no pueden caer en saco roto. Menos batallitas bipartidistas entre Partido Popular y el Partido Socialista, menos pulsos ―que no importan a nadie― y más trabajar y cumplir con las leyes que traemos aquí. Solo así vamos a tener la posibilidad de que la internacional vendepatrias no lo tenga tan fácil y que, por supuesto, el PP no sea un cortijo al servicio de clanes y amiguetes, como está pasando ahora con José Manuel Soto.

Señorías del Gobierno, sabemos...

... que cuesta mucho imponer, incluso a vuestros barones, pero para eso vamos a estar nosotras, como siempre, y, por eso, seguimos siendo tan necesarias y útiles. Desde Andalucía, pedimos, por favor, el voto para esta reforma y también para su cumplimiento.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, presidenta. Arratsalde on, jaun-andreok. Buenas tardes. Intervendré brevemente, señorías. Debatimos la toma en consideración de una iniciativa del Parlamento de Andalucía, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para modificar el artículo 61.2 del texto refundido del EBEP, añadiendo un nuevo párrafo tercero a fin de que, en los procedimientos selectivos para el acceso al empleo público, las personas aspirantes con discapacidad intelectual igual o superior al 33 % sean eximidas de pruebas de conocimientos teóricos y que las pruebas selectivas que testen su mérito y capacidad para las tareas del puesto de trabajo al que aspiran consistan en una prueba de situación, es decir, ejercicios prácticos a realizar que reproduzcan las tareas que configuran el puesto al que se aspira, lo que se plantea como un avance hacia procesos selectivos más adecuados a las características de los aspirantes con discapacidad intelectual, sin menoscabo de la adecuación entre las pruebas a superar y los puestos de trabajo a desempeñar y sin menoscabo de los principios de mérito y capacidad, a través de los cuales se configura el principio de igualdad para el acceso a la función pública; procedimientos selectivos más adecuados a las características de los aspirantes con discapacidad intelectual, que, sin duda, además coadyuvarán a una mejor posibilidad de integración laboral y, en definitiva, a proyectos de vida autónomos, sin perjuicio, en su caso, de los apoyos necesarios, así como a remover obstáculos que dificultan valores de igualdad, diversidad e inclusión. Señorías, a tenor de la finalidad que se plantea en la iniciativa que debatimos, ya anunciamos que nuestro grupo parlamentario votará a favor de su toma en consideración, no obstante las consideraciones que a continuación realizaré. Ciertamente, señorías, y más allá de la iniciativa, estos procesos selectivos consistentes en pruebas de situación para las personas con discapacidad intelectual, como les decía, ya se vienen realizando en distintas Administraciones públicas y en distintas ofertas de empleo público. Para no extenderme, citaré la comunidad autónoma de la iniciativa, Andalucía, cuando introduce las pruebas de situación para personas con discapacidad intelectual en los procesos de selección derivados de las OPE de la Administración pública de la Junta de Andalucía a través de una reforma de la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad introducida en una reforma de la Ley de la Función Pública. Y de igual modo ha sucedido, por citar casos cercanos, en la Diputación Foral de Vizcaya respecto a algún proceso selectivo reciente. Y el artículo 75.5 de la Ley de Empleo Público Vasco también contempla este tipo de pruebas para este tipo de personas. Es decir, señorías, por el momento nada ha impedido a determinadas Administraciones públicas ―sin la reforma del EBEP que se insta― realizar pruebas de situación en sus OPE para las personas con discapacidad intelectual, aunque ―también es cierto y tengo que señalarlo― contemplarlas en el EBEP despejaría posibles dudas que pudieran plantearse respecto a las adaptaciones que el artículo 59.2 del EBEP habilita para cada Administración en los procesos selectivos que convoque para las personas con discapacidad, singularmente aquellas con discapacidad intelectual, aunque tampoco consideramos que este tipo de pruebas deban ser siempre las únicas, como se indica en la proposición de ley cuando se dice que estas pruebas consistirán en una prueba de situación. Y nos llama la atención esta imperatividad y esta exclusividad viniendo del Parlamento andaluz, como les decía, cuando en las leyes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el artículo 28.3 de la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad, ya referida con anterioridad, es una facultad potestativa, y no mandato imperativo, al señalar que en el caso de las personas con discapacidad intelectual se podrá realizar una prueba de situación.

Además, señorías, en la fase de selección, las pruebas a realizar se dirigen tanto a examinar la aptitud para desempeñar las tareas del puesto o del cuerpo como a establecer la prelación entre los candidatos en competición, y de esa prueba de situación en exclusiva nos preguntamos si sería hábil en todos los casos para esa dimensión competitiva de todo proceso selectivo y si, igualmente, sería hábil para procesos selectivos no para un puesto de trabajo concreto ―como sucede, por ejemplo, en el acceso a puestos laborales―, sino para cuerpos funcionariales, que pueden cubrir distintos puestos y distintas tareas, a veces de muy diversa condición.

Por ello, señorías, ya adelantamos que, si llegara a tomarse en consideración esta iniciativa ―nosotros así lo deseamos―, durante el periodo de enmiendas valoraríamos estos aspectos que señalaba, ya que entendemos que deben ser las Administraciones públicas, las entidades y los organismos públicos los que, a la hora de seleccionar a su personal funcionario y laboral, determinen el procedimiento selectivo a seguir, con la única limitación del principio de adecuación entre las pruebas a realizar y los puestos de trabajo a desempeñar o los cuerpos y el principio de adecuación también a considerar, proceso a proceso, por las Administraciones convocantes cuando concurran personas con discapacidad, en función de las personas que concurran, las tareas de los puestos a desempeñar y, en su caso, los cuerpos en los que se desee ingresar.

Por último ―y voy finalizando, presidenta―, quizá también habría que considerar, entre otras cosas, si la reforma que se pretende tendría mejor ubicación en el artículo específico que el EBEP dedica a las personas con discapacidad en el acceso al empleo público, es decir, en el artículo 59, en vez de en el artículo 61, como se propone en la iniciativa.

Muchas gracias.

Muy buenas tardes. Primero de todo, quiero saludar a las parlamentarias y al parlamentario andaluz que nos acompañan y felicitarles por su empuje y entusiasmo en esta tarea de ensanchar derechos con esta propuesta de modificación del TRLEBEP que venimos a considerar hoy en este Pleno. Queremos agradecer al Grupo Parlamentario Por Andalucía haber llevado esta propuesta al Parlamento andaluz y haberla traído hasta este Congreso. Es importante remarcar que esta proposición fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Andalucía y sin enmiendas. Esta propuesta nace de la sociedad civil organizada, de las asociaciones, de esas madres y padres que padecen día a día las deficiencias y la falta de actualización de nuestra legislación para afrontar el reto de alcanzar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Y en este caso concreto, hoy hablamos de las personas con discapacidad intelectual, pero existen otras discapacidades mentales que también necesitan adaptaciones en los procesos selectivos para que las ofertas de empleo público no resulten un simple brindis al sol, sino que tengan un resultado material y tangible en el bienestar y el futuro de las personas con discapacidad. Pongo tres ejemplos muy concretos, que creo que es de justicia citar, que, aunque no son discapacidades intelectuales, esperamos que se resuelvan en este proyecto, que ha estado en consulta pública, del real decreto de función pública para la adaptación de puestos de trabajo y acceso a las personas con discapacidad. Hablo de las personas afectadas por trastornos de desarrollo, como es el TEA; de las personas con trastornos del aprendizaje, como es la dislexia, y de las personas con trastornos del comportamiento, como es el TDAH. Creo que es de justicia nombrarlas, porque también se encuentran frente a las mismas dificultades para acceder a la función pública. En el propio TRLEBEP existe un mandato claro para todas las administraciones públicas, es decir, las personas con discapacidad tienen que suponer el 2 % de efectivos totales en la Administración pública, si bien es una realidad que hoy no se cumple. (Aplausos).

En el propio artículo 59.2 del TRLEBEP se nos dice que cada Administración pública adoptará las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables en tiempos y medios en el proceso selectivo y, una vez superado dicho proceso, las adaptaciones en el propio puesto de trabajo a las necesidades reales de las personas con discapacidad. Por tanto, en consonancia con ese artículo 59, esta propuesta tiene como objetivo principal adecuar las pruebas de acceso al empleo público de las personas con discapacidad intelectual, de modo que no supongan otra barrera más, sino una oportunidad laboral, cumpliendo con ese mandato establecido en la ley. Ello significa que para acceder a un empleo público tendrán pruebas adaptadas, en las que se compruebe que son capaces de desarrollar el puesto, sin necesidad de hacer pruebas teóricas, que son obstáculos gigantescos para el acceso de estas personas a la Administración pública.

El empleo es un pilar esencial para poder construir un proyecto de vida. No solo proporciona ingresos, sino que también permite a las personas contribuir activamente al progreso y bienestar de la sociedad y, sobre todo, también permite la autonomía personal, que es un derecho sustantivo y material, y de esto va esta propuesta, de cumplir derechos sustantivos y materiales. (Aplausos). Esta iniciativa es muy importante para toda la comunidad, ya que una sociedad inclusiva es aquella donde todas las personas tienen derecho a desarrollar una vida plena y sin barreras. Sin embargo, el informe del Observatorio Estatal de la Discapacidad publicado en diciembre 2024 nos muestra un panorama muy diferente a esto que tenemos como objetivo y pone de manifiesto una situación muy preocupante en cuanto a la inclusión laboral de las personas con discapacidad. En 2023 había casi dos millones de personas con discapacidad en edad de trabajar, que es el 6,2 % de la población total en edad laboral, y, sin embargo, el informe destaca una baja tasa de actividad de este grupo, en comparación con las personas sin ningún tipo de discapacidad. En concreto, la tasa de actividad de las personas con discapacidad es 43 puntos inferior a la de personas sin discapacidad, es decir, un 35,5 %, frente a un 78,5 %, respectivamente; la tasa de paro es casi 8 puntos mayor, un 19,7 %, frente a un 12 %, y la del empleo, 40,5 puntos inferior, un 28,5 %, frente a un 69 %. Estos datos evidencian la mayor dificultad para estas personas con discapacidad a la hora de encontrar un empleo y, por lo tanto, a la hora de iniciar un proyecto de vida lo más autónoma posible y ocupar ese lugar que todas hemos de tener en nuestra sociedad. (Aplausos).

Pero, además, los datos de 2023 revelan una brecha de género en el empleo de personas con discapacidad en España. Las mujeres presentan una tasa de actividad ligeramente menor que los hombres con discapacidad, esto es, un 35,1 %, frente a un 35,8 %, y esta circunstancia también se observa en la tasa de empleo, un 28,3 %, frente a un 28,6 %. La distancia entre hombres y mujeres con discapacidad se ha reducido con respecto a 2022, por lo que parece que vamos por el buen camino, aunque, a nuestro entender, todavía no es suficiente. Queda mucho trabajo por delante y muchos pasos que quedar, especialmente en el caso de las personas con discapacidad intelectual. La tasa de actividad de las personas con discapacidad en 2023 fue del 35,5, como he dicho antes; la de las personas con discapacidad intelectual supuso el 33,8 %, es decir, por debajo. Y respecto a la tasa de empleo, la de las personas con discapacidad, en general, supuso el 28,5 %, mientras que la de las personas con discapacidad intelectual representó una tasa de desempleo del 21,9 %, prácticamente siete puntos menos. Y, además, nos parece muy importante que esta propuesta venga de Andalucía, porque, según este informe, esta comunidad se encuentra entre las regiones con menores tasas de actividad de personas con discapacidad, suponiendo un 29,2 %, frente al 35,5 % del promedio nacional. Por tanto, queda mucha tarea por delante también en Andalucía.

Estas cifras revelan una sociedad que aún excluye a una importante parte de la población. Y esta exclusión es todavía más pronunciada en mujeres y personas con discapacidad intelectual. En conclusión, podemos afirmar que una mujer con discapacidad intelectual enfrenta serias dificultades para acceder a un empleo y construir ese proyecto de vida que merece. Por eso, cuando hoy votemos por unanimidad tramitar esta proposición de ley ―soy absolutamente optimista y creo que vamos a aprobar esta proposición de ley por unanimidad―, habremos dado un paso muy importante para la inclusión y el derecho a la autonomía personal de muchísimas personas, y, por tanto, estaremos construyendo una sociedad más justa.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).

Gracias, señora presidenta. Con su venia. Señorías, en primer lugar, quiero dar la bienvenida a los representantes del Parlamento andaluz, que nos han acompañado hoy en el Congreso, y agradecerles que se hayan desplazado hasta aquí para realizar la presentación formal de su iniciativa. Decía el portavoz del Partido Popular en Andalucía que en el Parlamento andaluz son respetuosos con los grupos minoritarios. Bien, en el Congreso de los Diputados su partido ha excluido tanto de la mesa general como de las mesas de todas las comisiones a la tercera fuerza política, al Grupo Parlamentario VOX. (Aplausos). Una vez más queda demostrado que el Partido Popular en unos sitios dice y actúa de una forma, en otros de otra y que realmente todavía nadie conoce cuáles son sus principios, sus valores y su forma de actuar. En fin, yo agradezco que en Andalucía tengan en consideración, como usted decía, a los grupos minoritarios; a ver si toma nota el partido a nivel nacional. Y a la señora portavoz de Podemos quiero decirle que sus insultos son medallas para nosotros. (Aplausos). Además, lo que demuestra usted es su talante comunista y antidemocrático: no se puede venir a esta tribuna para hablar de función pública insultando a una fuerza que, como decía antes, es la tercera fuerza política en la Cámara. (Aplausos). Como ya se ha apuntado, debatimos una modificación del Estatuto Básico del Empleado Público para que las pruebas de acceso al empleo público para personas con discapacidad intelectual consistan en una prueba de situación. Se ha dicho que esto supone un avance hacia procesos selectivos más adecuados, con pruebas selectivas que permitan la comprobación de las competencias y capacidades necesarias para el desempeño de las funciones y tareas asignadas a los puestos de trabajo convocados. Se ha apuntado también que se aprobó por unanimidad en el Parlamento andaluz. Efectivamente, mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario VOX en Andalucía votó a favor de esta iniciativa y, como no puede ser de otra manera, aquí votaremos a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley. Señorías, todos somos conscientes de que al autócrata Sánchez le da igual la función pública. En sus más de seis años de Presidencia del Gobierno, la materia se la ha encomendado ya a seis ministros. Vamos a ministro por año, y, cuando se empiezan a enterar de qué va la función pública, nos cambian el ministro: Batet, Darias, Iceta, Montero, Escrivá y ahora López. Por cierto, el señor López ni siquiera supo expresar las tres ideas principales de su programa electoral a la candidatura de la Presidencia de Castilla y León. No fue capaz de pasar de la segunda. Citó pensiones y el subsidio de desempleo, y ahí se quedó trabado, no supo ni dar las tres ideas. Tampoco supo responder a las cuestiones que plantearon los distintos grupos parlamentarios en la que hasta ahora ha sido su única comparecencia en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados. Y no es capaz de resolver, como todos ustedes saben, el tema de Muface. Pues bien, esa es la importancia que le da Sánchez a la función pública española. Sánchez ha creado la Administración más elefantiásica y mastodóntica de la democracia, con 22 ministerios ―de los cuales hay tres vicepresidencias―, 31 secretarios de Estado, 50 subsecretarios o cargos con rango equivalente, 54 directores de gabinete, 136 directores generales, etcétera. Tienen nada menos que 551 altos cargos y, ojo, más de 1300 asesores; repito, más de 1300 asesores. Y ya que estamos con diputados del Parlamento de Andalucía, solo el delegado del Gobierno en Andalucía tiene 21 asesores a dedo. El número de asesores y el gasto destinado es el más alto de todos los Gobiernos en democracia. Mientras que las familias, los autónomos y las empresas tienen que apretarse el cinturón, pagando más impuestos, pagando más por el precio inasumible del gas y de la luz, por la subida de la cesta de la compra, el Gobierno sigue burlándose de los españoles, sin hacer el más mínimo ajuste en el gasto improductivo. Y todo esto, por no hablar de las irregularidades detectadas en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, la Faffe ―que seguramente los señores parlamentarios de Andalucía conocen bien―, que estuvo funcionando durante los Gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía, que contrató ―según el juez― de forma injustificada, sin observar procedimiento alguno ni respetar las exigencias legales para la contratación, al menos a ochenta y cuatro personas, una de las cuales es Carmen Ibanco, esposa del exsecretario general del PSOE de Andalucía y actual portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas. El juez apunta que la contratación habría sido realizada con omisión de los principios de publicidad y libre concurrencia, sin procedimiento ni convocatoria de ningún tipo ni observancia de los principios de mérito y capacidad, así como el ilícito mantenimiento del personal contratado en distintos puestos de trabajo creados y atribuidos ad hoc para justificar y proporcionar la ilícita prestación de servicios laborales, con el consiguiente cobro de emolumentos y prestaciones por parte de aquellos. Pues bien, estos ochenta y cuatro enchufados socialistas entraban en la fundación mediante un correo electrónico en el que se rogaba su contratación, en muchas ocasiones, pese a no tener ninguna cualificación profesional. Su aval: tener parentesco o afinidad con algún socialista, tal y como recoge un informe de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Termino ya, señora presidenta. Una vez más queda acreditado que los socialistas se preocupan más por el bienestar de los políticos y de sus amiguetes que por el bienestar de todos los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, presidenta. En primer lugar, quisiera dar la bienvenida, en nombre del Grupo Socialista, a los representantes del Parlamento de Andalucía que hoy nos visitan y han defendido esta proposición de ley. También, cómo no, nuestro agradecimiento a las entidades del tercer sector del mundo de la discapacidad y, en especial, a las familias de la discapacidad intelectual. Su dedicación y su esfuerzo diario bien merecen nuestro reconocimiento, y todo apoyo— seguro— será insuficiente. Esta proposición de ley de reforma del EBEP, aprobada por unanimidad en el Parlamento de Andalucía, contará con nuestro voto favorable en este inicio de tramitación parlamentaria, porque los datos de empleo de las personas con discapacidad intelectual en España nos indican que, aunque hemos avanzado mucho, nos queda mucho por hacer. Los datos del INE referentes al año 2023 en empleo de personas con discapacidad intelectual nos indican que la tasa de actividad se ha incrementado, la tasa de empleo ha aumentado y la tasa de paro ha descendido. Pero hay otros datos que también son verdad: solo el 23 % de las personas con discapacidad intelectual tienen trabajo; la tasa de empleo en las personas con discapacidad intelectual en España ―se ha dicho aquí anteriormente― es en torno a cuarenta y cinco puntos inferior al resto de la población. Con estos datos es evidente que el empleo público supone una gran oportunidad para estas personas. Por ello, debemos trabajar e implementar las acciones que posibiliten su acceso. En esto también hemos avanzado. Como bien dicen desde Plena Inclusión, si hace diez años preguntabas a una persona con discapacidad intelectual por la posibilidad de opositar, nadie o casi nadie consideraba la idea. Hoy en día, rara es la persona del colectivo que no lo haya intentado o que, al menos, no conozca a alguien que lo intente. Las políticas desarrolladas por este Gobierno progresista han contribuido a que la función pública avance también en igualdad y en inclusión, y la acción de mi grupo parlamentario y del Gobierno en estos años da buena cuenta de ello. La oferta de empleo público de la Administración General del Estado de 2024 ha supuesto un aumento de las plazas reservada a las personas con discapacidad. Se ha aumentado del 7 al 10 % las plazas ofertadas y de ese 10 % —‌como saben—, un 2 % son las reservadas a personas con discapacidad intelectual. Por otro lado —c‌ omo saben—, una nueva Ley de la Función Pública de la Administración General del Estado se está tramitando —‌debemos evolucionar hacia una Administración más cercana, que ponga énfasis en la consecución de los objetivos sociales—; un proyecto de ley que recoge, entre otros, un principio inspirador de carácter transversal como es la igualdad de oportunidades. Al mismo tiempo, el Gobierno está trabajando en el futuro real decreto que regula el acceso al empleo público de las personas con discapacidad. El contexto social actual demanda políticas públicas más inclusivas, poniendo el foco en la eliminación de barreras de acceso, en la promoción de la igualdad de oportunidades y en el reconocimiento de la diversidad funcional como un valor para la Administración pública. Para ello es imprescindible adaptar el marco regulador a los principios actuales, garantizando su coherencia con las normativas vigentes y las mejores prácticas en materia de empleo inclusivo. Mediante este proyecto de real decreto se pretende, entre otras cuestiones, ofrecer certidumbre con respecto al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, actualizar el cupo de reserva de las plazas para personas con discapacidad y también consolidar una Administración ―como digo― inclusiva y representativa, promoviendo una cultura organizativa basada en el respeto a la diversidad y en la igualdad de oportunidades.

El Gobierno de España está trabajando. Hoy mismo, el Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, que mejorarán el sistema y reforzarán los derechos de las personas más vulnerables. (Aplausos). El Grupo Parlamentario Socialista apoyamos esta proposición del Parlamento de Andalucía, pero debemos ser conscientes de que el Estatuto Básico del Empleado Público, como su propio nombre indica, es de carácter básico, porque son las comunidades autónomas las que deben legislar, concretando lo que ellas consideren más oportuno dentro de su ámbito competencial. No debemos olvidar que las competencias están ―muchas de ellas― en las comunidades autónomas. Tampoco podemos olvidar que todas las reformas pendientes ―la nueva ley de función pública, la modificación del EBEP― deben contar con el mayor acuerdo posible, fruto del diálogo social con las entidades del sector y los representantes sindicales; y porque trabajar por la igualdad y las personas con discapacidad intelectual no es solo adaptar el EBEP.

En Andalucía —‌porque en Andalucía tienen las competencias para ello—, el Gobierno de la Junta Andalucía debe asumir su responsabilidad. (Aplausos). Trabajar de verdad por las personas con discapacidad es también mejorar y no desmantelar la sanidad pública ―como está haciendo el PP en Andalucía―, es aumentar el presupuesto para la atención temprana, es no cerrar aulas en la educación pública y es proveer de más medios y profesionales a los centros educativos, más maestros de PT, de AL, más PTIS (aplausos) y no tratar de manera despectiva ―como se ha hecho― a las familias de alumnos con necesidades educativas especiales. (Aplausos.―Rumores). Andalucía tiene sus competencias, y una es hacer cumplir también la ley de dependencia. Los andaluces son los que más tardan en ver resuelta su solicitud. En Andalucía se tarda 609 días para resolver un expediente, 280 más que la media nacional. Señor Martín, no sé de qué Andalucía viene usted. Creo que no es la misma que yo veo todos los días; creo que es muy distinta. Usted ha pintado aquí una Andalucía ideal que no es la que me encuentro yo en la calle. Andalucía está a la cola ―lo ha dicho la compañera de SUMAR― de las comunidades autónomas en tasa de actividad de las personas con discapacidad. Está muy por debajo de la media nacional, y eso es competencia del Gobierno del señor Moreno Bonilla (aplausos), porque, señorías del PP, llevan ya más de seis años gobernando en Andalucía.

Concluyo. Hace ahora un año que dimos un buen ejemplo al aprobar la modificación del artículo 49 de la Constitución Española para dar dignidad a las personas con discapacidad. Sigamos ese ejemplo y no otro ―por cierto, VOX votó en contra―. Sigamos ese ejemplo, porque, señorías de VOX y de todo su club internacional de patriotas, para nosotros no es ningún ejemplo el señor Trump, bien lo ha explicado mi compañera Pilar Navarro. Señores superpatriotas, ese no es ni será nuestro ejemplo.

Gracias. (Aplausos.—Varios señores diputados: ¡Muy bien!).

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Quiero darles la bienvenida a los parlamentarios andaluces que nos acompañan esta tarde aquí y felicitarles por esta magnífica iniciativa. Mis primeras palabras quisiera dedicarlas hoy como andaluza a recordar que el pasado 9 de febrero se cumplió un año de la tragedia de Barbate, un año del cruel asesinato de David Pérez y Miguel Ángel González. (Aplausos). Un año después, nadie asumió responsabilidades políticas. Y un año después exigimos justicia y exigimos verdad. Como diputada del Partido Popular y como andaluza hoy tengo el orgullo de representar en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados, a mi tierra, Andalucía, una tierra que ha demostrado ser pionera, innovadora, comprometida con las políticas de discapacidad; y el mío es un partido que allí donde gobierna trabaja para que la discapacidad no sea un obstáculo, sino una oportunidad. En el Partido Popular tenemos el compromiso inquebrantable con la igualdad de oportunidades y con la inclusión real de las personas con discapacidad. La proposición de ley de reforma parcial del Estatuto Básico del Empleado Público viene impulsada desde el Parlamento andaluz, desde Andalucía, tierra que, bajo el liderazgo de Juanma Moreno, ha impulsado políticas activas para eliminar barreras y para fomentar la plena inclusión de las personas con discapacidad. La aprobación de esta iniciativa en el Parlamento andaluz es reflejo de esa voluntad política y es muestra de que se pueden transformar las palabras en hechos, que la política útil puede mejorar la vida de las personas con discapacidad y puede garantizar su plena inclusión en el mercado laboral. Señorías, se trata de un asunto que trasciende la política partidista. La inclusión de las personas con discapacidad en la función pública no es una cuestión de ideologías, sino de justicia social y de cohesión democrática. Es una deuda pendiente con miles de ciudadanos que desean aportar su talento y su esfuerzo al servicio público y que hasta ahora han encontrado barreras que dificultan su acceso. Esta propuesta, señorías, busca garantizar un derecho fundamental: la igualdad real y efectiva del acceso a la función pública de las personas con discapacidad en condiciones de equidad; reforzando los principios de mérito, de capacidad; con una visión más inclusiva y adaptada a las necesidades de esta nueva sociedad. Hoy defendemos mucho más que un cambio normativo; defendemos un modelo de éxito, una forma de gobernar que pone a las personas en el centro de la acción política y que ha convertido a Andalucía en un referente en políticas de inclusión y de accesibilidad. (Aplausos).

En Andalucía hemos trabajado con rigor, con sensibilidad y con resultados palpables. Hemos demostrado que se puede gobernar desde el compromiso real con las personas con discapacidad, no con eslóganes, no con discursos, sino con hechos concretos. Bajo el Gobierno del Partido Popular hemos convertido nuestra tierra en referente nacional de las políticas de discapacidad. Señorías, el Partido Popular ha sido, es y seguirá siendo el gran defensor de los derechos de las personas con discapacidad en España. Nuestro compromiso con la inclusión, la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida de este colectivo es una realidad avalada por hechos y por reformas legislativas de calado. Bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, el Partido Popular ha llevado a cabo las reformas más importantes en materia de discapacidad, asegurando que las personas con discapacidad sean reconocidas con igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, a la educación y a la vida independiente. Y lo hacemos con hechos, señorías. Llevamos en nuestro programa electoral la reforma del artículo 49. Durante los Gobiernos del Partido Popular se alcanzó un récord histórico de empleo para las personas con discapacidad. Hemos promovido reformas para mejorar la compatibilidad entre pensiones y empleo, fortalecer los Centros Especiales de Empleo, programas de asistencia personal para garantizar la vida dependiente de las personas con discapacidad. En definitiva, somos artífices de las leyes más importantes para las personas con discapacidad en España (aplausos): el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, de 2013 ―a día de hoy, todo un referente legislativo en esta materia―; la proposición de ley para equiparar la dependencia con el 33 % de discapacidad, aprobada en el Senado en 2023, sí, señorías en 2023. Y sí, estamos en 2025, y esta ley sigue dentro del congelador de la señora Armengol, que pone palos en las ruedas para que no vean la luz iniciativas tan importantes y necesarias para las personas con discapacidad por el simple hecho de ser iniciativas promovidas por el Grupo Popular. (Aplausos).

El impulso de la ELA. Cumplan, señorías, ¡cumplan ya con la ELA! (Un señor diputado: ¡Muy bien!― Aplausos). Y nos preguntamos también cuánto tiempo va a estar en el cajón la reforma de la ley de dependencia y discapacidad que han anunciado hoy. ¿Resuelve el problema de la financiación que está padeciendo Andalucía, cuya aportación está muy por encima de lo que le corresponde? ¿De dinero se habla, señorías? ¿De dinero se habla? Yo creo que no. Con un presupuesto prorrogado desde 2023, de dinero no se puede hablar. Frente al esfuerzo incansable del Partido Popular de mejorar la vida de las personas con discapacidad, el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios de Gobierno han optado por la pasividad, convirtiendo la política en una estrategia de propaganda donde priman los discursos vacíos y la inacción. Han preferido priorizar otros debates y han abandonado a las personas con discapacidad a su suerte. Bueno, sí, realmente algo sí que han hecho: el desastre de MUFACE. Recortes, falta de inversión, abandono de miles de funcionarios, que ven peligrar su acceso a la sanidad. Nos encontramos con la desidia, la inacción y el oportunismo de Sánchez. Caos en la función pública, dejadez en las políticas de discapacidad y desastres generalizados. Solo tienen un proyecto, señorías, un único proyecto, su proyecto es seguir en el poder. (Aplausos).

El Partido Popular ha sido y sigue siendo el gran defensor de los derechos de las personas con discapacidad en España. Cumplimos con hechos, tenemos claro que vamos a seguir impulsando políticas que mejoren la vida de las personas con discapacidad. Señorías, apoyemos esta reforma y construyamos una función pública más accesible, más equitativa y más preparada. Hoy no hablamos de números, no hablamos de datos, no hablamos de reformas, hoy hablamos de personas, de hombres, de mujeres que, a pesar de las barreras, siguen adelante con determinación y con coraje; hablamos de quienes sueñan con aportar su talento, con demostrar que su capacidad es mucho más grande que cualquier discapacidad; hablamos de tantas y tantas personas que no piden privilegios, solo igualdad de oportunidades. Por ellos, por ellas, estamos aquí esta tarde. Porque una sociedad justa es aquella que no deja a nadie atrás. Porque un país verdaderamente avanzado es aquel que sabe que la inclusión no es caridad, es justicia. Y porque la verdadera grandeza de un país se mide por la forma en la que trata a quienes más dificultades tienen cuando encuentran piedras en su camino. En el Partido Popular cumplimos con hechos y vamos a seguir políticas que mejoren la vida de las personas con discapacidad. Sigamos el ejemplo de una política útil, de una política que cambia la vida; sigamos el camino de quienes creemos que la inclusión no es un privilegio, sino un derecho. Sigamos el ejemplo de Andalucía. Sigamos el ejemplo del Partido Popular, porque hemos demostrado que cuando se gobierna con seriedad, con compromiso, con sensibilidad y con rigor, las cosas cambian y cambian a mejor, porque la verdadera inclusión no se proclama, se practica; porque la igualdad no se promete, se garantiza. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!―Aplausos).