Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Muchas gracias, presidente. Señorías, ministro, estamos aquí ante el veto aprobado por el Senado. Nos ha preguntado mucha gente por esta cuestión y yo quiero ser muy honesta y muy clara en este punto. Nuestro pacto para aprobar esta ley con el Gobierno se basó en dos cuestiones: una, que tenía que ver con la especialización de la justicia ―con eso queremos decir que los juzgados de Violencia sobre la Mujer asumiesen las competencias de todas las víctimas de violencias sexuales―; y una segunda: que con los votos de Podemos no se iba a legitimar ningún desahucio. Esas dos condiciones eran clarísimas.

La primera, la especialización de la justicia, la hemos conseguido después de muchísimas negociaciones con el Ministerio de Justicia. Gracias a ello se va a garantizar el acceso a la justicia de todas las víctimas de violencias sexuales en cumplimiento de la ley del solo sí es sí. Ya lo hemos dicho muchas veces: si queremos que las mujeres víctimas de violencia machista vean una puerta de salida de la violencia, la justicia tiene que estar especializada. Gracias a ese acuerdo se va a hacer efectivo el derecho a la justicia gratuita para todas las víctimas de violencias sexuales. Además, en un plazo máximo de nueve meses los juzgados de Violencia sobre la Mujer y la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer asumirán las competencias en violencias sexuales. Este es un compromiso muy importante, porque la ley del solo sí es sí ya obligaba a esta especialización judicial, sin embargo, tenía un año para entrar en vigor, por lo que llevamos un año de retraso acumulado. La implementación de estas medidas es absolutamente imprescindible para asegurar el acceso a la justicia de las víctimas de violencias sexuales. Estamos muy contentas y muy satisfechas de haber conseguido esto y agradecemos al ministro y al ministerio su disposición.

Había una segunda condición que puso Podemos y no solo en esta legislatura, sino también cuando formamos parte del Gobierno en la anterior, donde fui ponente de esta misma ley. Entonces también nos opusimos categóricamente a que dentro de la ley se tramitasen enmiendas que tienen que ver con la vivienda o con los desahucios. Esto no es objeto de la ley, lo dijimos en su momento, en la legislatura pasada; por eso, básicamente la ley no salió adelante. Fue una batalla muy dura para que esas enmiendas se retirasen. Voy a recordar una cosa. Esta es una ley de materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia que, como su nombre indica, es una ley que organiza la justicia para que sea más eficaz. Por lo tanto, no tenía ningún sentido que hubiese enmiendas con respecto a la vivienda y los desahucios en una ley como esta, de cuestiones de procedimiento. Es una ley que están esperando los operadores jurídicos ―lo sabemos―, pero también los administrados de justicia desde hace muchísimo tiempo. Además, como he dicho otras veces, siendo abogada sé perfectamente que cuando la justicia es lenta, no es eficaz y no es eficiente, la justicia no es justa. Por eso, esta ley es muy necesaria y nosotras lo entendemos así.

El sistema de justicia de nuestro país está sufriendo desde hace décadas esas insuficiencias que son ya estructurales. Todos y todas teníamos la tarea de que el funcionamiento de este servicio público fuese eficiente, eficaz y, sobre todo, justo para la ciudadanía. Eso es de lo que se trataba, y me refiero al objeto de la ley: eficiencia y eficacia de la justicia. Eso es lo único que teníamos que haber trabajado, pero, una vez más, en esta legislatura se presentaron enmiendas sobre desahucios y otras relacionadas con la vivienda, esta vez por parte del Grupo Nacionalista Vasco, que retiró varias enmiendas y dejó dos vivas. Ya lo dijimos en su momento, no son objeto de la ley. Modifican la Ley sobre Propiedad Horizontal, el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dos de ellas eran orgánicas. Aunque retiraron algunas, pues, se dejaron otras enmiendas.

El Gobierno nunca nos debería haber traído hasta aquí, a este Pleno, para votar esas enmiendas. El Gobierno tenía que haber vetado esas enmiendas antes de que llegasen a la comisión, porque no son objeto ni materia de esta ley. Hoy no estaríamos aquí. Pero también tengo que decir que esta enmienda no salió adelante en la Comisión de Justicia y por eso no estaba incorporada en el dictamen. La enmienda que se aprobó en Pleno no estaba incorporada en el dictamen, por eso llega aquí viva y se vota aquí en el Pleno. ERC y Bildu votaron a favor de esa enmienda y, evidentemente, con el apoyo del Grupo Popular salió adelante. Votaron por error, y ya se incorporó a la ley, eso sí, aquí en Pleno. Y nos encontramos con esta situación. Por eso, lo único que podemos decir desde Podemos es que, al final, siempre tiene que ser Podemos quien dé la batalla, quien esté negociando durante semanas con el ministerio para que se revierta esta situación que, desde luego, no es nuestra responsabilidad. Porque nosotros hemos cumplido con los acuerdos a los que llegamos con el Gobierno, nosotros hemos votado en contra de esa enmienda en comisión, y también en Pleno, y, sin embargo, ahora está incorporada en el texto. Al final, Podemos es quien tiene siempre que intentar resolver el problema y quien siempre tiene que velar por garantizar los derechos de todos y de todas. Al final, es Podemos quien está preocupado por que con nuestros votos no se legitime ningún desahucio. Siempre hemos dicho —‌y con esto voy a terminar— que con los votos de nuestra organización política, de Podemos, no vamos a recortar derechos y tampoco vamos a legitimar desahucios, como está ocurriendo en este momento.

Nada más. Seguiremos trabajando siempre, hasta el último momento, para que nuestros votos nunca sirvan, como digo, para recortar derechos ni para legitimar desahucios. Muchas gracias.

Egun on. Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, hoy llega aquí este veto del Senado, que hay que decir que no nos pilla de sorpresa. Teniendo en cuenta cuál es hoy en día la mayoría en el Senado y cuál es la práctica política que está llevando a cabo el Partido Popular, no hay ninguna sorpresa. Nosotros nos mantenemos en lo que dijimos hace ya unas semanas. Creemos que la ley es una ley compleja. Es cierto que ha venido precedida de una negociación muy acelerada, debido a los tiempos marcados por exigencias europeas, pero más allá de la complejidad de esta ley ‘de 3 en 1’, creemos que el acuerdo es satisfactorio. Se avanza en la solución de contenciosos, en la protección integral de la infancia y la adolescencia y, de igual forma, en relación con la planta judicial. En Euskal Herria Bildu propusimos una serie de enmiendas, y es cierto que en aquellas de tipo organizativo no llegamos a grandes acuerdos; esperamos, en el futuro, poder llegar a ellos. Pero vimos con satisfacción que, a partir de una enmienda aprobada conjuntamente con una transaccional con el Grupo Nacionalista Vasco, logramos reducir la temporalidad del empleo público del servicio de la justicia, dando mayor estabilidad profesional a trabajadores y trabajadoras, y también que se reconozca la importancia de una lengua cooficial como es el euskera, para que los empleados y empleadas de la justicia tengan que tener el conocimiento de ambos idiomas cooficiales en la Comunidad Autónoma vasca. Ello supone dar un paso más en su normalización y que cualquier ciudadano que acuda a estos servicios pueda ser atendido en cualquiera de los dos idiomas cooficiales de la Comunidad Autónoma vasca. Es cierto que, de igual forma, no se llegó a un acuerdo en todo lo que tenía que ver con los mutualistas. Creemos que es una asignatura pendiente que debe ser resuelta cuanto antes. En cambio, se dio un paso positivo en la derogación de las golden visa. Creemos que era algo justo y de sentido común. Comentaba la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra en relación con una enmienda que se aprobó —‌y es cierto— que errare humanum est. Errar es de humanos, y nosotros desde Euskal Herria Bildu pedimos disculpas a la ciudadanía porque nos confundimos en la votación de una enmienda. Eso llevó a que se aprobara una enmienda que no tenía nada que ver con esta ley, pero fue Euskal Herria Bildu —‌junto a otro grupo parlamentario— quien se confundió. Los grupos que apoyan al Gobierno en este caso votaron bien. ¿Qué ocurre? Que, desde el primer día —n‌ o porque nadie tenga que salvar a nadie—, hablando con los partidos del Gobierno, estamos intentando revertirlo, para marcar un calendario y que, próximamente, en una nueva proposición legislativa, podamos corregir ese error. Con base en esa enmienda, se agilizan los juicios en los allanamientos de morada y en las usurpaciones. En lo relativo a los allanamientos de morada, no tenemos nada que decir; creemos que es positivo que se proteja a las víctimas de esa situación. En relación con las usurpaciones, esto es, a la okupación de edificios abandonados, sin uso, creemos que la prioridad, en un momento de crisis habitacional, debe ser proteger a esas personas hasta que se les den alternativas. Hay que ver cuáles son los perfiles que se encuentran en esa situación, no hay que hacer caso a los bulos o a las campañas publicitarias de las empresas de alarmas —‌hay algún diputado y algún grupo que parece representante de esas empresas de alarmas—, a esos grupos de ultras y matones que se dedican a ir amenazando, fuera de la ley, a personas que se encuentran en esa situación, o a algún grupo que se sienta representante también de lobbies bancarios o de fondos buitre. Aquí la prioridad debe ser dar protección a las personas que se encuentran inmersas en una crisis habitacional. Lo dicho: desde el primer día, estamos trabajando con los partidos que apoyan al Gobierno y con el Gobierno para revertir esa situación. Yo creo que hay una mayoría representada por los partidos progresistas y los partidos que apoyan al Gobierno que podrá dar una solución de sentido común a la situación que se creó con la aprobación de esa enmienda. Para acabar, creemos que la ley es satisfactoria, que cubre numerosos asuntos que necesitan de una respuesta rápida y urgente, y, por ello, la apoyamos y no entenderíamos de ninguna manera que se fuera por la vía —‌de una forma u otra, con cualquiera de las excusas— de apoyar lo aprobado por el Grupo Popular en el Senado. Sin más, muchas gracias. Les deseo a todos y a todas unas felices fiestas. Feliz Navidad. Gabon zoriontsuak. Gracias.

President, senyories, senyor ministre... Com hem dit repetidament, la proposta del Govern per millorar l’eficiència en el servei públic de justícia no és la nostra proposta. La pretensió era millorar el funcionament en aquest servei de justícia suprimint els jutjats unipersonals i agilitzar els procediments eliminant retards innecessaris. Considerem que queda enfosquida, perquè tot apunta que anem cap a una indesitjable administrativització de la justícia, cap a una justícia més formalitzada i allunyada dels justiciables, dels ciutadans i de les seves necessitats. Els col·legis d’advocats ja han advertit dels perjudicis de la digitalització, de les videoconferències i del canvi en l’organització judicial que comportarà per a la presencialitat i la inmediació dels judicis.

No volem una eficiència corporativa en interès només de jutges, de [#01.39] i de funcionaris; volem una eficiència que no sigui la de la millora del servei públic de justícia només per a aquests òrgans, per a aquests components del servei de justícia, sinó que també ho sigui per als ciutadans i per a tots els professionals de la justícia. Volem una llei que sigui eficient per resoldre els conflictes de la societat. Sobra Administració i falta una justícia propera als ciutadans. Per això, des del primer moment hem dit que calia retornar la llei a la societat, a la realitat territorial i lingüística, per exemple, fent que la llei reconegui les competències autonòmiques o afavorint que els procuradors passin a ser més cooperadors de l’Administració de justícia i puguin realitzar actuacions materials, per exemple, en l’execució de sentències.

També hem aconseguit que finalment es creï el partit judicial de Sant Cugat. Però sobretot —‌sobretot—, com hem dit repetidament, la nostra línia vermella ha estat el manteniment de la justícia de pau com a òrgans judicials efectius i plenament integrats al poder judicial, i ho hem aconseguit. La justícia de pau es manté, la competència de Catalunya en justícia de pau no es toca, els jutges de pau no es toquen, les competències judicials dels 898 jutges de pau catalans no es toquen. En la tramitació d’aquesta llei, hi insisteixo, el nostre esforç ha estat per acostar la llei, massa corporativista i allunyada de la realitat, a un model de justícia proper als ciutadans i respectuós amb el territori. Senyories, hi ha un tòpic que he sentit dir aquí alguna vegada i que és fals, o que almenys s’ha demostrat fals en aquesta tramitació legislativa: és allò de que la pressió fa diamants. És mentida, perquè les presses i la pressió no fan diamants, i menys en una tramitació legislativa tan complexa com la que ens ocupa.

Centrant-nos en el servei de justícia, aquesta reforma s’ha deixat algunes coses en el tinter i m’interessa ara posar-les sobre la taula. En primer lloc, l’obligatorietat del coneixement de les llengües cooficials per part del personal de justícia, per part de jutges i magistrats i per part dels lletrats de l’Administració i els funcionaris de Justícia. En segon lloc, l’estabilització dels funcionaris i dels lletrats de l’Administració de justícia, que en el cas de Catalunya i de la resta de territoris amb llengües pròpies passa també per l’establiment d’un cupo, d’una reserva de llocs de funcionaris amb coneixement de la llengua. En tercer lloc, ha quedat en el tinter també la promoció d’un quart torn i l’estabilització dels jutges i fiscals substituts. S’ha fet un primer intent, però cal fer un pas més. En quart lloc, caldria revertir l’eliminació de les entitats especialitzades en la realització forçosa dels béns resultants dels procediments judicials. Creiem que ha estat un error eliminar aquesta opció que hi havia ara en la realització dels béns i creiem que s’ha de revertir. En cinquè lloc, ha quedat també en el tinter la justícia de proximitat a Barcelona. I, finalment, caldrà esmenar també alguns oblits en la recuperació dels jutges de pau, especialment en la celebració de matrimonis.

I, dit això, i més enllà de la llei d’eficiència en el servei de la justícia, el que cal encarar és la legitimitat de la justícia. El que és prioritari és que la justícia deixi de ser hostatge d’una cúpula judicial que es nega a assumir el rol que, d’acord amb l’ordenament jurídic, li pertoca i, en canvi, intervé en la vida política, actuant amb parcialitat, amb arbitrarietat, amb dobles estàndards i, en definitiva, vulnerant els drets de tots nosaltres. Ho sabem molt bé els independentistes catalans que hem estat objecte de campanyes d’odi i d’estigmatització iniciades i guiades per aquesta cúpula judicial, unes campanyes d’odi que, per a vergonya de molts, han tingut un ressò irresponsable i malintencionat en la progressia espanyola, com vam veure, per exemple, la setmana passada en la intervenció de la portaveu de SUMAR a la subcomissió de discursos d’odi davant d’una persona víctima dels discursos d’odi com és Gonzalo Boye; o com vam veure fa dos anys, quan un portaveu d’un grup d’aquesta cambra, que ara es dedica a fer discursos sobre bulos, va utilitzar la porqueria fabricada pel jutge Aguirre per acusar-nos a nosaltres de connivència amb el Kremlin: ens va dir que érem els amics de Putin dues setmanes després de que Rússia envaís Ucraïna en el context emocional del moment, una posició que va aprofitar des d’aquesta mateixa tribuna el president del Govern per dir que coquetejàvem amb Putin.

Ahir, el ministre Bolaños retreia als diputats del PP que es rebolquin en el bulo, en la mentida, i, fins i tot, el ministre Marlaska els va reclamar als mateixos diputats del PP que demanin perdó per haver-nos acusat falsament. El que cal, el que demanem des de Junts per Catalunya és menys gesticulació i més coherència i que els que ara s’escandalitzen amb el que està fent el poder judicial es comprometin a reformar a fons el poder judicial, incloent —‌incloent— una inexcusable reforma per establir la responsabilitat penal dels jutges quan delinqueixen. I també considerem que aquests que ara es queixen tant del poder judicial i la seva actuació arbitrària han de prendre la responsabilitat i començar a donar exemple ells, perquè si es queixen de que els jutges es neguen a aplicar una llei com la llei d’amnistia, el primer que han de fer és assumir-la ells mateixos, assumir-la política i actuar en conseqüència.

Moltes gràcies.

Presidente, señorías, señor ministro. Como han dicho repetidamente, la propuesta del Gobierno para mejorar la eficiencia del Servicio Público de Justicia no es nuestra propuesta. La pretensión era mejorar el funcionamiento en este servicio de justicia, suprimiendo los juzgados unipersonales y agilizar procedimientos, eliminando retrasos innecesarios. Todo apunta a que vamos hacia una indeseable administrativización de la justicia, hacia una justicia más formalizada y alejada de los ciudadanos y sus necesidades. Los colegios de abogados ya han advertido de los perjuicios que esta digitalización, las videoconferencias y el cambio en la organización judicial, comportará para la presencialidad y la inmediatez de los juicios. No queremos una eficiencia corporativa en interés solo de jueces, debates, funcionarios y no queremos una eficiencia que sea la mejora del Servicio Público de Justicia solo para estos órganos, para estos componentes del servicio de justicia, sino que lo sea también para la ciudadanía y todos los profesionales de la justicia. Queremos una ley que sea eficiente para resolver los conflictos de la sociedad, porque sobra Administración y falta una justicia cercana a la ciudadanía. Por eso, desde el primer momento hemos dicho que era necesario devolver la ley a la sociedad, a la realidad territorial y lingüística. Por ejemplo, hay que reconocer competencias autonómicas o favorecer que los procuradores pasen a ser más cooperadores de la Administración de Justicia y puedan realizar actuaciones materiales, por ejemplo, en la ejecución de sentencias. También hemos conseguido que finalmente se cree el partido judicial de Sant Cugat, pero, especialmente, sobre todo, como hemos dicho repetidamente, nuestra línea roja ha sido el mantenimiento de la justicia de paz como órganos judiciales efectivos y plenamente integrados en el Poder Judicial, y lo hemos conseguido. La justicia de paz se mantiene, la competencia de Cataluña en justicia de paz no se toca, los jueces de paz no se tocan, las competencias judiciales de los noventa y ocho jueces de paz catalanes no se tocan. En la tramitación de esta ley, insisto, nuestro esfuerzo ha sido para acercar la ley, demasiado corporativista y alejada de la realidad, a un modelo de justicia cercano a la ciudadanía y respetuoso con el territorio. Señorías, hay un tópico que he escuchado decir aquí alguna vez y que es falso o que al menos se ha demostrado falso en esta tramitación legislativa, y es aquello de que la presión hace diamantes. Es mentira, porque las prisas y la presión no crean diamantes, y menos en una tramitación legislativa tan compleja como la que nos ocupa. Centrándonos en el servicio de justicia de esta reforma, se han dejado algunas cosas en el tintero y me interesa ponerlas sobre la mesa ahora. En primer lugar, la obligatoriedad del conocimiento de las lenguas cooficiales por parte del personal de justicia, por parte de jueces y magistrados y por parte de los letrados de la Administración y los funcionarios de Justicia. En segundo lugar, la estabilización de funcionarios y personal en el Ministerio de Justicia, que en el caso de Cataluña y del resto de territorios con lenguas propias pasa también por el establecimiento de un cupo, de una reserva de lugares de funcionarios con conocimiento de la lengua. En tercer lugar, ha quedado en el tintero también la promoción de un cuarto turno, el de estabilización de los jueces y fiscales sustitutos. Se ha hecho un primer intento, pero hay que dar un paso más. En cuarto lugar, sería necesario revertir la eliminación de las entidades especializadas en la realización forzosa de los bienes resultantes de los procedimientos judiciales. Creemos que ha sido un error eliminar esta opción que existe ahora en la rehabilitación de los bienes y que hay que revertirlo. En quinto lugar, ha quedado también en el tintero la justicia de proximidad en Barcelona. Y, finalmente, será necesario enmendar también algunos olvidos en la recuperación de jueces de paz, especialmente en la celebración de matrimonios.

Habiendo dicho esto, y más allá de la ley de eficiencia del servicio de la justicia, hay que afrontar la legitimidad de la justicia. Es prioritario que la justicia deje de ser raptada por una justicia judicial que se niega a asumir el rol, el papel que de acuerdo con el ordenamiento jurídico le pertoca y, en cambio, interviene en la vida política actuando con parcialidad, con arbitrariedad, con dobles estándares y, en definitiva, vulnerando los derechos de todos nosotros. Lo sabemos muy bien los independentistas catalanes, que hemos sido objeto de campañas de odio y de estigmatización inicial por esta cúpula judicial, unas campañas de odio que, para vergüenza de muchos, han tenido un eco irresponsable y malintencionado en la progresía española; como vimos, por ejemplo, la semana pasada, en la intervención de la portavoz de SUMAR en la subcomisión de discursos de odio ante una persona víctima de los discursos de odio como es Gonzalo Boye. O como vimos hace dos años, cuando un portavoz de un grupo de esta Cámara, que ahora se dedica a hacer discursos sobre bulos, utilizó la porquería fabricada por el juez Aguirre para acusarnos a nosotros de connivencia con el Kremlin. Se nos dijo que éramos amigos de Putin dos semanas después de que Rusia invadiese Ucrania, en ese contexto emocional del momento, una posición que aprovechó en esta misma tribuna el presidente del Gobierno para decir que coqueteábamos con Putin.

Ayer, el ministro Bolaños criticaba a los diputados del PP que se revuelquen en el bulo y la mentira e incluso el ministro Marlaska reclamó a los mismos diputados del PP que pidieran perdón por habernos acusados falsamente. Lo que es necesario y lo que pedimos en Junts per Catalunya es menos gesticulación y más coherencia. Y con los que ahora se escandalizan con lo que está haciendo el Poder Judicial que se comprometan a reformarlo a fondo, incluyendo —‌incluyendo— una inexcusable reforma para establecer la responsabilidad penal de los jueces cuando delinquen. Y también consideramos que estos que ahora se quejan tanto del Poder Judicial y su actuación arbitraria deben tomar la responsabilidad y comenzar ellos a dar ejemplo, porque si se quejan de que los jueces se niegan a aplicar una ley como la de amnistía, lo primero que tienen que hacer es asumirla ellos mismos, asumirla políticamente y actuar en consecuencia.

Muchas gracias.

Bon dia, president; bon dia, diputats. Tenia la vaga esperança de no haver d’intervenir, perquè ja fa un parell de dies que ho dic: a mi el clima de Madrid em mata. No altres coses només, però, a més a més, també el clima. De manera que hauran d’aguantar aquesta veu, que semblo una granota raucant. Així que les meves disculpes.

Però, clar, m’he vist impel·lida a sortir perquè els discursos de grups amb els quals solem estar d’acord en molts motius s’han basat en assenyalar errors. No es preocupin, seguirem el camí també d’assenyalar els errors de gent que fa la sang amb nosaltres quan s’equivoquin. Ho deia Jon Iñarritu: errare humanum est. Marcar-ho aquí al faristol no sé si és tan humanum. Vostès també haurien pogut parar la votació un cop es van adonar, amb aquesta preclara intel·ligència, que ens havíem equivocat, de manera que hagués tornat el text a la comissió, ho hauríem resolt i no caldria que ens estiguéssim plantejant votar a favor d’un veto que ha posat el PP al Senat contra una llei a la qual el contingut de l’error era accessori, perquè no era el que havíem de discutir.

Per nosaltres, aquesta llei conté alguns elements que ens han costat molt i que, per tant, és important que preservem, i quan diem això ens tornem a referir als jutjats de pau. Malgrat que sembla que només un dels grups de la cambra ho hagi tingut com a línia vermella —‌vostès saben que ho he repetit per activa i per passiva: era, efectivament, la nostra línia vermella—, hem deixat una bona organització i un bon lligam amb el que és la justícia o la planta ordinària i, per tant, estem contents. Però el que s’ha assenyalat com a elements que falten els compartim, compartim que sigui necessari el requisit per anar a Catalunya. I ho compartim també —i‌ aquí crec que ens hauríem de poder posar d’acord— amb el que fa, per exemple, referència a la funció pública. Si hi ha una llei de funció pública que s’està tramitant, estaria bé unir esforços, més enllà del que ens haguem dit o deixat de dir en aquest hemicicle, per mirar que no puguin destacar funcionaris de l’Estat a Catalunya que no coneguin les llengües i que, per tant, facin impossible l’atenció de la ciutadania en el seu propi idioma. Per tant, creiem que el que s’ha aconseguit és suficient com per votar en contra d’aquest veto del Senat. Que sigui suficient no vol dir que sigui tot el que calia, però n’és una gran part.

Respecte a l’error comès, mirin, jo ja tinc una edat, per tant, hi han coses que em costa molt deixar-me dir i no sortir a dir res. Si hi ha algun grup que s’ha distingit per la defensa contra els desnonaments entenc que és Esquerra Republicana de Catalunya, i també Bildu. I, per tant, no ens vinguin a salvar de res, perquè ja ho salvarem, perquè vam cometre un error. Però si algú ha estat al capdavant del dret de l’habitatge i al capdavant de la defensa de la gent que té problemes en l’emergència habitacional, entenc que hem estat nosaltres. I, per tant, hi ha coses que, ja m’ho permetran, no me les penso deixar escoltar sense dir res.

I acabo. Lamentablement, probablement hauré d’intervenir també en el tema dels impostos i hauran de tornar a tenir aquesta tortura de sentir aquesta veu —‌em sap molt de greu. Només dir que la llei ha sigut suficientment complexa de treballar, suficientment complexa d’arribar a acords, i hi ha hagut una sessió des del que ens van presentar fins ara que fa necessari que s’aprovi en aquest moment.

Moltes gràcies.

Buenos días, presidente. Buenos días, diputados, tenía la vaga esperanza de no tener que intervenir, porque hace un par de días que lo vengo diciendo: ¡el clima de Madrid me mata! No otras cosas solo, también el clima, de manera que tendrán que aguantar esta voz; parezco una rana que croa, así que mis disculpas.

Me he visto impelida a salir porque los discursos de grupos con los cuales solemos estar de acuerdo en muchos motivos se han basado en señalar errores. No se preocupen, seguiremos el camino de señalar los errores de gente que hace sangre con nosotros cuando se equivoquen. Lo decía Jon Iñarritu: errare humanum est, pero marcarlo aquí no sé si es tan humanum. Ustedes también habrían podido parar la votación una vez se dieron cuenta —‌con esa inteligencia— de que nos habíamos equivocado, de manera que hubiéramos devuelto el texto a la comisión, lo habríamos resuelto y no haría falta que estuviéramos planteándonos votar a favor de un veto que ha puesto el PP en el Senado contra una ley cuyo contenido del error era accesorio, porque no era lo que íbamos a discutir.

Para nosotros, esta ley contiene algunos elementos que nos han costado mucho y que, por tanto, es importante preservar, y cuando decimos esto nos volvemos a referir a los juzgados de paz. A pesar de que parece que solo uno de los grupos de la Cámara lo haya tenido como línea roja, ustedes saben que lo he repetido por activa y por pasiva: era, efectivamente, nuestra línea roja. Hemos dejado una buena organización y un buen vínculo con la justicia o la planta ordinaria y, por tanto, estamos contentos. Pero lo que se han señalado como elementos que faltan, los compartimos.

Compartimos la necesariedad, es decir, que sea necesario el requisito para ir a Cataluña, lo compartimos también, y creo que aquí nos tendríamos que poner de acuerdo con lo que hace, por ejemplo, referencia a la función pública. Si hay una ley de función pública que se está tramitando, estaría bien unir esfuerzos más allá de lo que nos hayamos dicho o dejado de decir en este hemiciclo, con el objetivo de que no puedan destacar funcionarios del Estado en Cataluña que no conozcan las lenguas y que, por tanto, hagan imposible la atención de la ciudadanía en su propio idioma. Creemos que lo que se ha conseguido es suficiente como para votar en contra de este veto del Senado. Pero que sea suficiente no quiere decir que sea todo lo que hacía falta, pero es una gran parte.

Con respecto al error cometido, miren, yo ya tengo una edad y, por lo tanto, hay cosas que me cuesta mucho dejar de decir y no decir nada al respecto. Si hay algún grupo que se ha distinguido por la defensa de los desahucios, entiendo que es Esquerra Republicana de Catalunya, y también Bildu. Por lo tanto, no nos vengan a salvar de nada, porque ya lo salvaremos, porque cometimos un error. Pero, si alguien ha estado en la delantera del derecho a la vivienda y en la delantera de la defensa de las personas que tienen problemas con la emergencia de vivienda, hemos sido nosotros. Por lo tanto, hay cosas que, ya me lo permitirán, pero no pienso dejar que me lo digan sin decir nada. (Aplausos).

Y acabo. Lamentablemente, probablemente tendré que intervenir también en el tema de los impuestos y tendrán que volver a escuchar la tortura de esta voz, y me sabe muy mal. Solo quiero decir que la ley ha sido suficientemente compleja de trabajar y suficientemente compleja de llegar a acuerdos. Ha habido una sesión desde que se presentó hasta ahora, que hace necesario que se apruebe en este momento.

Muchas gracias. (Aplausos).

Señor presidente, señorías, la Ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia reforma muchos aspectos importantes de nuestro sistema jurisdiccional: introduce los tribunales de instancia, reforma normas de enjuiciamiento, da más medios alternativos de solución de controversias en vía no jurisdiccional ―y esto va a descongestionar la justicia e introducir una nueva cultura de solución de conflictos―, fortalece la justicia restaurativa e incluye un proceso de estabilización de jueces, magistrados y fiscales sustitutos, en situación de absoluta precariedad desde hace años; unos profesionales de la justicia maltratados, que han venido siendo víctimas del encadenamiento de contratos sucesivos en fraude de ley en situación de precariedad. Es un reconocimiento de derechos laborales que es calificado por VOX en su veto como ―literal― un programa comunista de subversión de las instituciones.

La legislación y la jurisprudencia europeas han ordenado corregir esta situación mediante la estabilización en estos puestos de trabajo de profesionales con acreditada competencia jurídica, como se ha constatado cada vez que durante años el Poder Judicial ha renovado su sustitución. Es una solución excepcional y limitada para resolver un problema puntual; no es una reforma estructural ni un cambio permanente en las formas de acceso a la carrera judicial y fiscal. Es una medida única para corregir abusos históricos y garantizar la sostenibilidad del sistema judicial. Se trata de un colectivo compuesto por un 77 % de mujeres y más de un 70 % de personas mayores de 50 años.

En la izquierda plurinacional nos oponemos al veto de las derechas y reiteramos que nos comprometemos a abordar rápidamente la aprobación de acciones colectivas en garantía de derechos de consumidores y usuarios, para impedir las prácticas abusivas de las grandes empresas. (Aplausos). Y también quedan pendientes en esta ley más medidas para proteger las condiciones de trabajo y el empleo en el Servicio Público de Justicia, como ha venido reclamando Comisiones Obreras.

También hay que dejar sin efecto esos errores involuntarios habidos en la votación de enmiendas en este Pleno, que han aprobado medidas procesales que pretenden acelerar lanzamientos en algunos supuestos. Es bastante cuestionable que lo consigan, desde nuestro punto de vista, pero en todo caso obvian la condición de vulnerabilidad de los inquilinos. Como aquí se ha explicado, se trata de un error no intencionado de algunos grupos, que no puede impedir la aprobación de una ley que suprime los visados golden visa de quienes especulan con la vivienda (aplausos), cumpliendo así la reivindicación del movimiento de defensa del derecho a la vivienda.

Ayer asistimos estupefactos a la última cacicada del Partido Popular y VOX para controlar la justicia. Tras el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial durante cinco años, negándose a cumplir la Constitución, llegan las renovaciones de los tribunales superiores de Justicia de comunidades autónomas, y la primera sorpresa fue ayer en las Cortes de Castilla y León, con un espectáculo inaceptable en el Pleno. La terna de jueces propuesta por el Partido Popular fue derrotada por 31 votos a favor y 35 en contra. A pesar de perder la votación, el presidente de la Mesa de las Cortes, de VOX, impuso que quedaba aprobada la terna rechazada por la asamblea legislativa. Este es el respeto a la democracia y a la justicia del Partido Popular y de VOX: pierden una votación y la dan por aprobada. (Aplausos). VOX retuerce la institución y el Partido Popular se aprovecha. Y las derechas hablan de despolitizar la justicia, pero eso solo lo defienden cuando no pueden secuestrarla y ponerla a su servicio. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León lleva diecinueve años presidido por un juez nada neutral ni imparcial, que declara, por ejemplo, que el Partido Comunista de España no puede tener los mismos derechos que el resto de los partidos. Y esta transgresión de las reglas básicas de la democracia la continúan hoy con estos vetos del Partido Popular y VOX tras la cacicada del Partido Popular para conseguir controlar la justicia en Castilla y León. Desde luego, los argumentos de su veto decaen totalmente; ya no pueden alegar malas técnicas legislativas o voluntad de intervención de este Gobierno en la justicia.

El veto del partido de la verborrea, el odio y la xenofobia, VOX, es tan delirante como sus posiciones en materia de justicia. Solo puede calificarse así la mención literal en su veto a una diabólica presunción de malignidad en la acción de Gobierno para politizar al Poder Judicial y degradar las instituciones. Eso es lo que dicen los que opinan que 31 votos son más que 35 votos. Su desprecio a la Constitución se constata con afirmaciones como que ―literal― esta propuesta adolece de sectarismo ideológico, o la radicalización y agravamiento de los males causados por el Estado de las autonomías, o que debe ser vista como un avance en el proceso de ruptura nacional originado por las autonomías. VOX no respeta la configuración del Estado contenida en la Constitución, y no puede calificarse más que de reaccionario y fascista afirmar que la ley adolece de perversión por introducir el lenguaje inclusivo y el desdoblamiento artificioso para referirse a los dos sexos y añadir que el combate a la violencia de género, la perspectiva de género y la diversidad de género sexual son una ideología disolvente. Esta misoginia es la explicación por la que el PP y VOX no han querido sacar adelante la enmienda presentada por la senadora Carla Antonelli sobre concurso de provisión en los juzgados de Violencia sobre la Mujer, dando prioridad a las juezas y magistradas que conocen esos juzgados. (Aplausos).

Las derechas han pasado del bloqueo institucional al Consejo del Poder Judicial al bloqueo a cualquier medida para mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia, para reconocer derechos a sus usuarios y a los profesionales de la justicia. No asumen que la justicia es de toda la sociedad, no de su propiedad. Es un servicio público cuya finalidad es satisfacer los derechos fundamentales de la gente en democracia. Por eso, por supuesto, estaremos en contra de estos vetos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Señor presidente, ya advertíamos a sus señorías en la primera intervención en esta Cámara sobre el presente proyecto de ley que nuestra obligación era no huir de la vehemencia necesaria que requieren los últimos acontecimientos en los que está envuelto el Gobierno. Señalábamos nuestro reproche a un importante proyecto de ley que debe reformar la justicia, proyecto de ley punteado con premura inusitada y enmiendas al peso, incoherente, con absoluto desprecio a las mínimas normas legislativas y que apuntala el fallido Estado de las autonomías amamantado por todos ustedes con regocijo suicida. Es una reforma de la justicia a conveniencia del Gobierno, con las exigencias a la carta, como si de un mercado persa se tratase, para satisfacer intereses colectivos particulares y no generales; con obediencia al separatismo sablista que, en pago a sus favores, modifica ―incluso― la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, cebando con ello las desigualdades y atacando elementos esenciales del Estado.

Es un proyecto de ley, como es habitual, repleto de consignas ideológicas y de un lenguaje inclusivo que pervierte y entorpece su significado, advertido por los letrados de esta Cámara, a los que el representante de SUMAR ha llamado fascistas; con un deficiente desarrollo de la carrera profesional del personal de justicia, que pierde la oportunidad de que se constituyan verdaderos juzgados de familia, infancia y capacidad con carácter general y juez especializado; que entorpece la libertad de empresa con atribuciones ilógicas a la Inspección de Trabajo, y que exalta el espíritu confiscatorio de este Gobierno mediante más privilegios a la Agencia Tributaria, con un régimen transitorio inasumible ―y lo saben bien unos y otros―, donde hay diferencias que se mantendrán entre comunidades autónomas por mor de las competencias en justicia y, por ende, desigualdades también entre españoles.

Cómo no vamos a mostrar desazón si este Gobierno nos habla de reformar la justicia cuando las decisiones de los tribunales y del Tribunal Supremo son pisoteadas arbitrariamente desoyendo sus resoluciones o sentencias, amnistiando delincuentes, manoseando la Fiscalía General del Estado o amenazando incluso con acabar con la acusación popular. En un sistema jurídico que se precie, las sentencias de los tribunales y del Tribunal Supremo deberían ser el punto final de cualquier controversia. (Aplausos). Su función no es solo garantizar la legalidad, sino también proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluidos los servidores públicos. Sin embargo, cuando estas decisiones carecen de eficacia práctica y permiten que persista o, peor aún, que se perpetúen actuaciones arbitrarias dirigidas a un objeto único ―como, por ejemplo, la escandalosa arbitrariedad e injusticia en el caso del coronel Pérez de los Cobos― algo está fallando. Algo de esto debería decirse aquí, y VOX procurará que se diga en el futuro.

Es alarmante cómo el incumplimiento reiterado del contenido de las sentencias puede minar la confianza en las instituciones y perpetuar la ilegalidad en la actuación administrativa, como hace este Gobierno, y la impunidad de quien, de forma reiterada, se burla de la ley y de las decisiones de los tribunales. La tutela judicial efectiva es un derecho fundamental consagrado en el artículo 24 de la Constitución. Su vulneración afecta no solo a las víctimas directas, sino también a la esencia misma de nuestro ordenamiento jurídico. Cuando las sentencias judiciales se incumplen, como hace este Gobierno, mediante nuevos actos administrativos o decisiones arbitrarias igual de ilegales ―así lo ha manifestado el Tribunal Supremo― se despoja a los ciudadanos de la protección que les garantiza el sistema y se abre puerta a la anarquía jurídica, quebrando el principio de seguridad jurídica. El Estado de derecho no puede ser una ficción. Cuando las decisiones del Tribunal Supremo se convierten en papel mojado, todos perdemos. Es hora de reclamar un sistema en el que la legalidad y la justicia no sean meras palabras, sino pilares fundamentales que guíen la actuación de quienes tienen en sus manos la responsabilidad de servir al bien común. (Aplausos).

Y atención a los vientos que proceden de algunos oráculos de sectores izquierdistas del Tribunal Constitucional, según noticias publicadas sobre la nueva teoría del ala izquierdista de la corte, elegida

―no olvidemos― por el consenso, según la cual un Parlamento no podría derogar leyes. Vaya por delante nuestro aviso a navegantes, pues dicha forma de proceder de la izquierda ya se intentó también en la Segunda República y ―como ya se ha dicho en estas Cámaras― las leyes alcanzan su justificación siempre de una norma superior en el orden jerárquico de las normas del derecho. Este principio de unidad del orden jurídico es algo indiscutible en un Estado de derecho. Las leyes obligan como leyes porque nacen y porque alcanzan su fuerza de una norma suprema, la Constitución, de igual manera que los reglamentos y las sentencias alcanzan su fuerza de otra norma superior a ellos, que es la ley. De este encadenamiento, señorías, no se puede salir. Una ley no puede señalarse a sí misma las condiciones para ser derogada, porque entonces esa ley usurpa disposiciones y características que no residen en ella, sino que residen en la norma siguiente de la escala del orden jurídico único constitucional.

Decimos no a este proyecto de ley y a todo lo que provenga de este Gobierno. Nuestra oposición, que quede claro, no puede ser una simple oposición a una línea del Gobierno, a una actuación concreta del Poder Ejecutivo, no; la nuestra, la oposición de VOX se sitúa en un frente mucho más dilatado, fuera de la mecánica usual. Nos levantamos airadamente contra una situación totalmente de contrafuero, en la que los principios del Estado de derecho se conculcan sin que hasta la fecha nadie con autoridad por razón de oficio y virtud de la palabra dada lo evite o rechace. Nuestra obligación es enmendar esta ley y todas las leyes que este Gobierno impostado moldee. Parafraseando a Lope de Vega: Creer sospechas y negar verdades es lo que llaman en el mundo ausencia. Como ausente está este Gobierno de la verdad del pueblo español, que es un pueblo vivo, como la España viva que defiende VOX.

Feliz Navidad a todos, señorías. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, corresponde a esta Cámara levantar o mantener el veto que el Senado ha puesto sobre la ley de eficiencia de la Justicia, y la elección es sencilla: acuerdo o veto. Frente al debate del Congreso, la mordaza de la mayoría del PP en el Senado (aplausos); meses de trabajo frente a días de cierre patronal, de lock out, de vagancia política; Congreso plural frente al sectarismo conservador en un Senado al servicio del PP; debates, transacciones, mejoras, puntos de acuerdo, capacidad de trabajo frente al veto, en definitiva, trabajo colectivo o la derecha vaga y perezosa. (Rumores). Miren, el Senado, en nuestro sistema, se configura como Cámara territorial y de segunda lectura; una función que ha ejercido con normalidad hasta que el PP ha decidido que eso ya no le interesa, que si una ley no les conviene ni se molestan en debatirla o tramitarla o enmendarla o cambiarla de arriba abajo con su mayoría, de lo que estarían en su legítimo derecho. No. El PP, que tanto se llena la boca de separación de poderes, de partido de Estado, de democracia, aplica la ley del veto en aquellas leyes que no le gustan, y todo por no ejercer su papel leal de oposición. Miren, les voy a leer unas palabras que no son mías, son del señor Bravo, portavoz económico del Grupo Popular, dichas la semana pasada al ministro de Justicia. Abro comillas: «Le voy a pedir una cosa, señor Bolaños, solamente le voy a pedir esto: yo no pido que ustedes voten a favor de lo que nosotros propongamos, tan solo les pido que no nos veten las propuestas que hagamos para ayudar. Le pido exclusivamente que nos dejen debatir». Y bien, señorías, ¿cómo les dejan a ustedes estas palabras? ¿Dónde les quedó a los senadores del resto de los partidos la capacidad de debate? ¿Dónde está en el Senado el «no nos veten las propuestas»? ¿Dónde quedó? La única verdad, señorías, es que aquí, en el Congreso, los diputados tuvimos meses de debate y los senadores, bajo su cerrojo, en el Senado, fueron impedidos de su función legislativa por su capricho o su vagancia, que no sé qué es peor. (Aplausos). La verdad es que en esta ley han decidido dimitir de su responsabilidad política. Señorías, en esta ley ha habido desde el primer momento tres actitudes. La primera ha sido la de siete grupos de esta Cámara, que se han remangado para sacar adelante un texto que pudiera satisfacer a la mayoría de esta Cámara y a los operadores jurídicos que están esperando esta ley. La segunda ha sido la actitud de VOX, con 12 enmiendas de 1070, repito, 12 de 1070, es decir, la nada, siguiendo el ejemplo de su líder; la vaguería, la nadería, el vacío parlamentario, la vaguedad que su jefe les inculca ―y son alumnos bien aventajados―, eso sí, bien aderezado de proclamas fachas, alegorías patrias y, señorías, lecciones que ni les hemos pedido ni necesitamos. Así que pónganse a trabajar y dejen de una vez de engañar a la ciudadanía. (Aplausos). Y la tercera actitud ha sido la de ustedes, señorías del Grupo

Popular, con ese cinismo que raya ya lo humanamente soportable. Decidieron tirar por la borda semanas de trabajo para instalarse en el bloqueo a la ley; un bloqueo que han llevado hasta el último escalón con este veto en el Senado. Señorías, ustedes han tomado una decisión política: renunciar a la política para trabajar solo por el poder. Han renunciado a las reglas del juego democrático para manosear fuera de esta Cámara y conseguir lo que esta Cámara democráticamente no les da. Es más, han subarrendado su labor de oposición a actores que residen fuera de esta Cámara. Para que me entiendan, su cuerpo está aquí, pero su mente no. Ustedes se sientan en esos escaños, menos cuando hay copas por Navidad, pero quiénes les hacen el trabajo sucio no están aquí, en esta Cámara.

Señorías, si hoy se aprueba esta ley ―que esperemos que sí―, no será por nada de lo que ustedes hayan hecho. Así que, para que lo sepan sus señorías, los operadores jurídicos ―que algunos nos acompañan aquí― y también la ciudadanía, si a partir de hoy vamos a contar con una justicia actualizada y adaptada al siglo XXI, no será por ustedes; si vamos a permitir a los juzgados y tribunales atender en un tiempo razonable la tutela judicial efectiva, no será por ustedes; si vamos a introducir los medios adecuados de solución de controversias en vías no jurisdiccionales ―que espero que así sea―, tampoco será por ustedes; si vamos a aumentar la eficiencia y la celeridad en la tramitación de procedimientos judiciales, no será por ustedes. ¿Saben también qué no va a ser gracias a ustedes? La creación y construcción de tribunales de instancia y oficinas de justicia en los municipios; la introducción de los principios fundamentales del derecho colaborativo; la reforma de leyes contenciosas, la de lo social, la de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tampoco será por ustedes. Sigo: subastas, costas, medidas para letrados, para procuradores, para graduados sociales, para jueces y juezas sustitutos y, sí, para jueces de paz; nada de eso va ser por ustedes, nada. ¿Saben lo que tampoco será por ustedes? Todas las modificaciones que dan continuidad a la LOGILS y a la LOPIVI en defensa del menor en la lucha contra la violencia sobre la mujer. (Aplausos). Nada, nada será por ustedes. Tampoco la especialización de los juzgados en infancia, familia y capacidad será gracias a ustedes; tampoco las secciones de violencia sobre la mujer y la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para la creación de una fiscalía contra la violencia sobre la mujer. Nada será por ustedes. Señorías. Finalmente, las modificaciones en la ley de asistencia gratuita o la ampliación del derecho de asistencia jurídica gratuita a víctimas de violencia de género, terrorismo, trata de seres humanos y otros delitos graves tampoco serán con su más mínima ayuda en este proceso legislativo. (Aplausos).

Termino, presidente. De esto nada será por ustedes y, aunque en el futuro hagan como si nada y se apropien ufanos, como hacen siempre, de conquistas a las que hoy renuncian, todo se hará sin ustedes. La historia les juzgará como el freno del progreso que siempre han sido y siempre serán.

Muchas gracias. (Aplausos).

Señor vicepresidente, señorías, buenos días. En esta dura mañana vamos a intentar ser un poco pedagógicos. ¿Por qué el Grupo Popular propone y el Senado veta una supuesta ley esencial para la justicia en España? Sabemos que, en el tiempo de la lectura rápida, de los ciento cuarenta caracteres y del titular no es fácil explicar lo que implica cada reforma de esta ley, pero creo que se entenderá que, por muy beneficioso que sea un artículo o que sean cinco, no se justifica sacrificar a las mujeres víctimas de violencia de género. Lo explicaré: abre líneas de desprotección probablemente irreparables en la independencia del poder judicial y un nuevo asalto en el desmantelamiento de la estructura del Estado con cesiones a dos comunidades autónomas. (Aplausos). No es fácil explicar la complejidad de esta decisión, pero espero desarrollar con claridad que tenemos que decir que no a la totalidad porque no cabe un voto separado sobre cada parte de la ley. Es el todo o nada, y en el todo se genera mucho daño y puede causarse mucho dolor del que no vamos a hacernos responsables. En todo caso, creemos que pierde la justicia, que ha pasado de ser objetivo a excusa en esta ley. Señorías, ya que estamos cerca de la Navidad, hagamos un ejercicio metafórico clarificador antes de seguir. Imagínense que se acercan a ustedes con un documento encuadernado de 250 páginas, con letra minúscula y apretada, y en la primera página leen: El abajo firmante se compromete y le entrega en este acto un millón de euros con la única condición para la entrega del nominal de que en los próximos cinco segundos firme este documento. Claro, el personaje de nuestra metáfora preguntará: ¿Y las 249 páginas siguientes qué dicen? ¿A qué me obligan? ¿Debo leerlas? Pero no tengo tiempo en cinco segundos. No se moleste, dirá el proponente, es una pura formalidad que no le obliga a devolver la cantidad recibida ni al pago de intereses; la letra es muy pequeña y en todo caso relata las condiciones para que su comunidad de vecinos se beneficie con una lluvia de millones que, si usted no firma, nunca recibirá su comunidad y no le dejarán vivir en paz. Y preguntará: Pero ¿tendrá consecuencias negativas para ellos? No, hombre, no, no, no; son pequeñas incomodidades, pequeñeces, errores, nada comparado con poder contar con un dinero que no podríamos tener si usted no firma. Señorías, un prudente ciudadano, le diría: no firme, nadie da duros a cuatro pesetas. Este texto de la portada del millón de euros, ignorando los 249 folios restantes y decenas de artículos de esta ley, es la ley que debatimos. (Aplausos). ¿Es, por tanto, una ley beneficiosa para la transformación de la justicia, como ha defendido con vehemencia el señor Aranda o como hace en otras ocasiones el señor Bolaños? No es así.

Las preguntas trampa que tanto me han hecho ―si usted quiere una justicia más ágil y eficiente, si está de acuerdo con el impulso de los MAC para que desatasquen nuestros juzgados y tener tribunales más eficientes y oficinas modernas que permitan un funcionamiento ejemplar en la atención a los ciudadanos― son la letra grande de unos presupuestos comunes en los que hay coincidencia. Nosotros no nos vamos a negar a eso, los compartimos, lo malo es lo que esconden, y lo que esconde esta ley es a lo que decimos que no. Decimos que no a la letra pequeña inasumible, con muchas objeciones técnicas, temporales y económicas que no han sido salvadas y que no podrán ser subsanadas después. Junto con eso y algún otro beneficio que se ha colado en la tramitación y que tanto lamentan ahora, porque algunos se equivocan ―¡oh!, señorías, algunos se equivocan y piden disculpas―, se han añadido muchas y variadas reformas, que se convierten en condiciones inescindibles y que, por tanto, condicionan nuestro voto.

De otro lado, la simplificación ha llevado a decir estos días que esta ley resuelve el problema de la okupación, y que vetarla es impedir que entre en vigor esa ventaja. Señorías, eso es desviar el objetivo de lo fundamental y solo beneficia a quien precisamente no hace nada para luchar contra la okupación, el Gobierno. (Aplausos). Están maniatados por sus socios, que se ponen sistemáticamente del lado de los delincuentes. No estamos hablando de vulnerables, estamos hablando de delincuentes. He escuchado durante horas estas semanas a quien, en defensa de su legítimo interés, intentaba convencernos de que lo demás que arrastra esta ley no importa, porque lo suyo es lo más importante, y humanamente es comprensible. Pero en muchos temas nuestra posición está clara. ¡Doscientas enmiendas, señor Aranda! Doscientas enmiendas que han sido para usted una realidad paralela y con las que han decidido hacer ingeniería jurídica para que el PP no figure, pero ahí está, ahí está. (Aplausos). Luego algunas cosas son porque nosotros nos hemos puesto ahí. Son ustedes los que han decidido quiénes son sus socios, y sus socios son sinceros y lo han dejado muy claro aquí: la justicia española no les importa, la justicia española hay que anularla, a la justicia española hay que pedirle responsabilidad. ¡Quieren impunidad con la justicia española! Esos son sus socios.

Esta simplificación hace que nosotros digamos a los ciudadanos: No se preocupen, claramente son ellos los que no quieren atajar el problema de la ocupación, pero ahí está nuestra ley, bloqueada; treinta y tres prórrogas de plazo de enmiendas, pero ahí está la ley. No se preocupen por el veto, pero sí se van a preocupar por una cosa. Aquí se ha vendido algo y tengo que decirlo, y espero que el presidente me deje unos segundos. Esta ley sí va a ser ―puede provocarlo si se vota y sale adelante con este texto― el mayor retroceso en la protección de las mujeres víctimas de violencia machista y en la lucha contra la trata en uno de los peores momentos de sucesión atroz de asesinatos al atribuir por una enmienda, como se ha dicho aquí, para conseguir el voto de Podemos, sin reflexión, sin acuerdo, saltándose los trabajos del pacto, intensos en este momento, saltándose la opinión de los jueces y juezas. No se preocupen tendremos una proposición de ley y seguro que ustedes la van a votar, ahí está y ahí estará. Eso es lo que va a hacer el Partido Popular. (Aplausos).

Termino, señor presidente. Todas estas cosas y todo lo que en las semanas desde la comisión hasta el Senado dijeron los profesionales, todos los profesionales, no los puedo relatar, que estaban en pie de guerra. Cien transacciones que incorporaron y le dieron la vuelta a todo.

Han perjudicado a los procuradores. Han engañado a Junts con los jueces de paz. Les han eliminado las competencias para contraer matrimonio. Han hecho todas las barbaridades que han querido. Bienvenidos a los que ahora defienden las enmiendas intrusas.

Y concluyó. Señor Santiago, pregúntele al señor Bolaños ―agradezco que esté aquí―. Él sabe que intentamos la modificación ―la tenemos en el plan de calidad del presidente Feijóo― del magistrado autonómico y no cuajó en el pacto. Sabe que… (Aplausos).