Agustín Conde Bajén
PPDiputado.Página 104Vídeo
Gracias, señora presidenta. Señorías, la pasada semana este Pleno tuvo ocasión de debatir la interpelación sobre los escándalos que rodean la gestión del ahora ministro Óscar López, tanto en su departamento como en su anterior puesto como jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alias el ‘número 1’, como se le conoce en los ambientes delincuenciales. En su magnífica intervención, mi compañero, Pedro Muñoz Abrines, hizo una enumeración de los casos de corrupción que afectan al presidente, a su familia, a su entorno, a su Gobierno y a su partido. Fue una enumeración cuya mera lectura, sin añadir comentario alguno, consumió gran parte del tiempo que tenía asignado, porque, en efecto, la corrupción del PSOE es enciclopédica, oceánica e inabarcable. Para poder ocuparnos de ellos en este Congreso no nos queda más remedio que tratarlos por capítulos. La semana pasada vimos, y en consecuencia lo hacemos también hoy, los que tienen su lugar de comisión en el Palacio de la Moncloa y son cometidos con la colaboración o utilizando como medio a altos cargos de Presidencia del Gobierno. Algo está podrido en el Estado de Dinamarca, dijo Marcelo, el guarda del castillo de Elsinor; algo está podrido en la Moncloa, decimos nosotros. (Aplausos). A la vista de lo que va trascendiendo de las declaraciones judiciales ―y en esta semana tenemos varios ejemplos― y de los documentos aportados a los juzgados, resulta ya bastante claro que Begoña Gómez utilizó recursos públicos para hacer negocios privados. La propia acusada, en una torpe estrategia de defensa, llegó a entregar documentos que acreditaban cómo la directora de programas del gabinete del presidente del Gobierno, María Cristina Álvarez, pedía a una empresa privada que siguiera financiando la cátedra de la esposa del presidente del Gobierno por la que esta recibía una remuneración privada de la Universidad Complutense. No es que la directora de programas ayudara a la esposa del presidente del Gobierno en sus actividades oficiales o representativas, no; es que pasaba el platillo para que los ingresos privados de Begoña Gómez aumentaran. (Aplausos). Además de lo anterior, se ha comprobado que Begoña Gómez remitió una carta a Red.es ―un ente público, no lo olviden― mostrando su interés en participar en cuatro contratos cuya adjudicación solicitaba a la empresa Innova Next, propiedad del señor Barrabés, el amigo de la pareja presidencial. Red.es terminó por adjudicar esos contratos a quien Begoña Gómez solicitaba. ¡Faltaría más! Lo pedía el ‘número 1’. Y ello, aunque Innova no hizo la mejor oferta económica y aunque para eso se tuviera que forzar la valoración subjetiva recogida en el pliego. Con esa adjudicación, la empresa recomendada por Begoña Gómez, con la que esta decía tener interés en cooperar activamente, se embolsó diez millones de euros. La Fiscalía Europea, naturalmente, está investigando estos contratos y la Audiencia Provincial ha dicho que constituyen una conducta racionalmente sospechosa. Ambas conductas, la solicitud de financiación y la adjudicación, pueden constituir ―y así se investigan― delitos de malversación de fondos públicos y de tráfico de influencias. Además de presuntamente delictivo, señorías, todo ello es sencillamente inmoral, impropio de una democracia avanzada y éticamente reprobable. A mayor abundamiento, hemos sabido que el fiscal general del Estado recabó un expediente tramitado en la Fiscalía Provincial de Madrid, relativo a la pareja de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, expediente que se hizo enviar a su correo electrónico particular, por cierto. Antes de que ningún medio de comunicación hubiera publicado una sola línea al respecto, la jefa del gabinete del ahora ministro Óscar López, Pilar Sánchez Acera, remitió esa documentación al secretario general del PSOE en Madrid pidiéndole que la usara en el pleno de la Asamblea que iba a tener lugar el siguiente día. Ante las dudas del tal Lobato para emplear una documentación que este sabía que debía ser secreta, la jefa del gabinete del jefe del gabinete ―vaya denominación tan ridícula, por cierto― decidió tranquilizarle, y le escribió diciendo: «Te aviso cuando salga». Tres cuartos de hora más tarde le vuelve a escribir y le dice: «Ya está». Eso sí, cuando un medio de la órbita del equipo de opinión sincronizada ya había publicado esa información secreta cuya divulgación, insisto, es un delito. Es decir, que el fiscal general, ahora imputado por estos hechos, recaba una documentación que misteriosamente acaba en las manos del gabinete de Pedro Sánchez en Moncloa y que, casualmente, acaba luego publicada por un digital coincidiendo con el pleno de control de la Asamblea de Madrid, de todo lo cual, se pone al tanto al secretario general del PSOE en la comunidad para que lo use contra Ayuso. ¿Se cree alguien que los documentos de la Fiscalía, en poder del fiscal general, salieron directamente de esa mano a la de Pilar Sánchez Acera sin pasar antes por otras manos de más importancia? (Aplausos). ¿Se cree alguien que Pilar Sánchez Acera tuvo ella sola la iniciativa de entregar esos documentos a Lobato sin que otra cabeza pensante lo pensara? Eso es exactamente lo que parece que está investigando ahora la justicia, el recorrido que la documentación secreta hizo desde las manos del fiscal general y el equipo de Fortuny hasta las de Lobato y El Plural. Se admiten apuestas, señorías. No nos cabe duda de que el fiscal general acabará condenado por estos hechos, como también lo será la jefa del gabinete del jefe del gabinete y como no podemos descartar que suceda también con el ahora ministro Óscar López, si se comprueba que entre uno y otra andaba el ahora ministro.
Señorías, la moción consecuencia de interpelación de la semana pasada tiene cinco puntos en su parte propositiva, que hemos tratado de redactar del modo más neutro posible, para utilizarlos como un termómetro de la resistencia de los grupos parlamentarios a la corrupción. Pedimos cosas tan sencillas como que el Gobierno aclare la participación de Begoña Gómez en la adjudicación del contrato de Red.es; en el segundo, que se informe de las funciones de esta dirección de programas de Presidencia del Gobierno; en el tercero, que el Gobierno garantice que los funcionarios de Moncloa se dedican solo a sus funciones institucionales y no a echar una manita para hacer caja a los altos cargos del Gobierno; en el cuarto pedimos que el Gobierno informe sobre cómo es posible que una información que obra en la Fiscalía aparezca en los despachos de Moncloa, y en el quinto les instamos a que los altos cargos cumplan con el código de buen gobierno.
Para ser francos, señorías, no pensamos que los diputados del Grupo Socialista vayan a votar a favor de esta moción, pese a que los puntos que acabo de resumirles son de una evidencia moral indudable. Aquellos que recibieron a Begoña Gómez en su congreso de Sevilla hace solo unos días entre ovaciones y abrazos no creo que vayan a hacer ahora nada que pueda incomodarla. (Aplausos). Pero ¿y el resto, señorías? El resto de los grupos parlamentarios tiene aquí la posibilidad de marcar distancias con ese pozo de corrupción que rodea al Gobierno o pueden unir su destino a Pedro Sánchez y quedar infectados con él. Ustedes eligen, señorías. (Aplausos.―Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!).