Proposición no de Ley relativa al aumento de la indemnización por despido improcedente.

Presidente, señorías, permítanme que empiece con una cuestión que poco o nada tiene que ver con esta materia, pero es para mandar nuestras condolencias y nuestra solidaridad más sincera para con los familiares, amigos y compañeros de Enric Bataller, que es un compañero que muchos de ustedes recordarán, porque ha sido diputado de Compromís en esta Cámara hace no demasiados años y que parece ha fallecido hoy. Por tanto, vaya nuestro recuerdo y nuestro afecto para sus familiares, amigos y compañeros en primer lugar. Agur eta ohore, Enric.

Ya puestos en materia, permítanme que comience con una fecha ya lejana en el tiempo, pero probablemente muy presente en la memoria de muchos trabajadores y trabajadoras y de los sindicatos del conjunto del Estado español. Hablo del 3 de febrero de 2022. El 3 de febrero de 2022, en esta misma Cámara, se sustanció un sonoro debate en torno a las condiciones laborales del mercado laboral en lo que afectaba a los y las trabajadoras del Estado español. Nosotros en ese momento dimos nuestra palabra de que haríamos todo lo posible para revertir todos los aspectos lesivos de la reforma laboral de 2012, que trabajaríamos para derogar todas las cuestiones lesivas de esa reforma laboral de 2012, y eso es y no otra cosa lo que estamos haciendo al presentar esta proposición no de ley. Hoy lo hacemos con uno de los elementos probablemente más icónicos, más simbólicos, de lo que supuso la reforma laboral de 2012 y, para ser justo y sincero, de lo que supusieron todas las reformas laborales, más de cincuenta, que se vinieron poniendo en práctica en el Estado español desde 1980, siempre para recortar derechos a la clase trabajadora, siempre para depauperar sus condiciones salariales, siempre para condicionar sus condiciones laborales.

Por tanto, lo que hoy planteamos es que se recupere un aumento de la indemnización por despido. Lo hacemos al albur de los últimos acontecimientos, y lo hacemos ―también lo digo― de una manera simple, sencilla. Si han tenido la oportunidad de leer la proposición no de ley, verán que no hemos intentado hilar demasiado fino y al extremo para buscar un apoyo mayor, y lo decimos así, con sinceridad, abiertamente: queríamos concitar un mayor apoyo porque queríamos que esto fuera el primer elemento de una hoja de ruta, de un rumbo hacia la recuperación de la dignidad o de la dignificación de las condiciones laborales para la clase trabajadora en el conjunto del Estado español, por supuesto que en Euskal Herria, pero por extensión en el conjunto del Estado español. Por eso hemos dotado o revestido a esta proposición no de ley, que sabemos que es solo eso, una proposición no de ley, pero que puede marcar una predisposición, una determinación de este Gobierno que se dice progresista para avanzar en este territorio, casi con una pose o con una redacción virginal, quizás imbuidos por los tiempos navideños en los que nos adentramos.

Pero, como decía, lo hacemos marcados también por la coyuntura, y es que si bien desde la década de los 90 se han venido sistemáticamente recortando las indemnizaciones por despido improcedente en el Estado español, pasando de aquellos añorados y recordados cuarenta y cinco días por año y cuarenta y dos mensualidades a los treinta y tres días por año y veinticuatro mensualidades que hay en la actualidad tras la generalización que la reforma impulsada por el Gobierno del Partido Popular y el señor Mariano Rajoy llevó a efecto en 2012, lo que creemos sinceramente es que toca revertir ese camino. Lo creíamos porque lo decían las calles en diferentes huelgas generales, bastantes en Euskal Herria, alguna menos en el Estado español, pero también notables, que hicieron salir a millones de trabajadores y trabajadoras para reclamar que no se tocaran sus derechos. Y lo hacemos también siendo conscientes de la lectura de tiempos. También somos conscientes de que habría sido más fácil llevar esta iniciativa hacia adelante hace dos años. Por eso quería empezar con el 3 de febrero de 2022, porque entonces sí había una mayoría progresista y de izquierdas, dispuesta a tirar para adelante a la velocidad que fuera preciso para hacer esto, y no es menos cierto que ahora es más difusa o más heterogénea esa mayoría que sujeta o sostiene al Gobierno del Estado español.

En cualquier caso, si lo que no les mueve en este debate es su posición o su ubicación en el espectro ideológico entre la izquierda y la derecha, entre el progresismo y lo reaccionario, podrían siquiera apoyarla porque seguramente todos y todas aquí tienen un marcado carácter europeísta. Yo sigo con atención los debates y he oído a señorías de diferentes formaciones políticas, diría que casi de todas, proclamar su honda convicción europeísta, casi atribuyéndose la paternidad del proyecto europeísta, tal y como se ha desembocado hasta los días presentes por parte de la familia política o ideológica de la que provienen. Bien, pues si es por ese europeísmo y ese europeísmo no está de vacaciones, tendrían que apoyar esta iniciativa, porque al final es el Comité de Ministros del Consejo de Europa quien ha emitido en noviembre una recomendación instando al Gobierno de España a que revise las actuales indemnizaciones por despido improcedente y las eleve para dotarlas de una remuneración más adecuada y que esta tenga un carácter disuasorio para el despido, y que además lo haga contemplando el daño real causado a los y las trabajadoras con cada despido. Como digo, eso lo ha dicho el Comité de Ministros del Consejo de Europa. Esa recomendación la han emitido ellos, pero es una recomendación que acompaña a la que ya en julio emitió el Comité Europeo de Derechos Sociales, que decía que el Estado español estaba incumpliendo la Carta Social Europea firmada por el Estado español en 1980 en lo que tiene que ver con esta materia. En otro punto anterior alguien hablaba de la necesidad de escuchar a los expertos. ¿Por qué no se plantean escuchar a los expertos aquí? Supongo que el Comité Europeo de Derechos Sociales sabe algo de los derechos laborales de las poblaciones que residen en la Unión Europea y que, por tanto, escucharle no será una necedad, sino que puede ser incluso bueno y satisfactorio.

Como decía, hoy tenemos la oportunidad para lanzar un mensaje claro: que esta Cámara no desoye las demandas de los sindicatos, que no desoye la demanda de los y las trabajadoras y que no desoye las demandas de Europa, y que lo hace para situar mayor dignidad en los y las trabajadoras, por encima de las recomendaciones ―entre muchas comillas― o presiones ―de manera más directa expresada― de las patronales, ya sea vasca, catalana o estatal, porque las patronales al final siempre juegan a apuntalar marcos involutivos, marcos que optimicen sus beneficios en detrimento de los derechos de los y las trabajadoras, y es lógico, porque ellos saben que el capitalismo no es un terreno neutral de juego entre dos clases enfrentadas. Evidentemente, ellos defienden a su clase, y yo sé que el capitalismo tiene ideología y no es un terreno neutro, y yo defiendo a mi clase, que no es la suya. Por eso les pido el apoyo en cualquier caso, porque creemos que esta iniciativa, con independencia del credo político al que se adscriban, solo hace dotar de más derechos…

… más protección y hacer más difícil el despido, sobre todo porque hay mucha gente que todavía sigue sufriendo el despido, por ejemplo, los seiscientos trabajadores de la planta de Nafarroa de BSH en Esquíroz, que hoy se despiertan con esa triste noticia. (Aplausos).

Gràcies, president. Bona tarda, senyories. El Grup Parlamentari Euskal Herria Bildu ha presentat aquesta PNL que en la seva part dispositiva insta el Gobierno, en la base al requeriment realitzat pel Consell d’Europa, a augmentar la indemnització per acomiadament improcedent, recuperant els nivells previs del 2012. Des de Junts per Catalunya entenem que qualsevol alteració del sistema s’ha de fer amb fórmules que siguin acotades, realistes i que, sobretot, aportin seguretat jurídica, és a dir, que s’han de fer a partir de criteris de valoració prèviament coneguts que no comportin l’increment de costos per acomiadament per sobre del que tenen la majoria de països de la Unió Europea. També cal tenir en compte que una revisió de la indemnització comportarà de ben segur un desequilibri del mercat laboral i del seu marc transaccional; per cert, un marc fixat en les darreres reformes laborals on, per exemple, totes les parts van acceptar minimitzar la temporalitat. I per evitar aquest desequilibri que els dèiem, nosaltres veiem necessari que qualsevol proposta de modificació del sistema indemnitzatori vagi acompanyada de la revisió de les altres variables que alteren el comportament del nostre mercat de treball.

I és per això mateix, senyories, que des de Junts per Catalunya els diem una vegada més als partits del Govern, i en aquest cas també al partit proponent, que no es poden fer reformes o modificacions parcials sense abordar els reptes de fons. No es poden fer modificacions sense abordar els problemes d’eficiència i d’eficàcia que llastren el mercat laboral. Reptes que es poden declinar, en primer lloc i en el cas que ens ocupa, abordant la flexibilitat en matèria de contractació i temporalitat, però també abordant l’absentisme, la incapacitat temporal, la mobilitat, la cobertura de vacants, la productivitat, la formació, l’atur o les polítiques actives, per citar-ne algun.

I és en aquest sentit que va la nostra esmena, en el sentit d’instar el Govern, evidentment, a revisar la indemnització per acomiadament improcedent, a revisar-la responent al requeriment del Consell d’Europa, a revisar-la protegint les persones treballadores i fent-la dissuasiva per a les empreses, però, alhora, ajustada a les indemnitzacions que existeixen a la resta d’Europa. Però, sobretot, tot això cal fer-ho revisant també aquests conjunts d’inputs que els he declinat fa un instant i que queden recollits en la literalitat de la nostra esmena.

Saben, com sempre, que nosaltres, quan presentem una iniciativa o quan presentem una esmena, ho fem pensant en el context laboral i econòmic català, però és cert també que en aquest cas l’esmena, la nostra proposta, és extrapolable i assumible per als quals pensin en el seu país o en el seu territori o en el conjunt de l’Estat.

Res més i moltes gràcies.

Gracias presidente. Buenas tardes, señorías. El Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu ha presentado esta PNL que en su parte dispositiva insta al Gobierno, en base a los requisitos realizados por el Consejo de Europa, a aumentar la indemnización por despido improcedente, recuperando los niveles previos a 2012. Desde Junts per Catalunya entendemos que cualquier alteración del sistema se tiene que hacer con fórmulas que sean acotadas, realistas y que, sobre todo, aporten seguridad jurídica, es decir, que se tiene que hacer a partir de criterios de valoración previamente conocidos que no comporten el incremento de costes por despido por encima de lo que tienen la mayoría de países de la Unión Europea. También hay que tener en cuenta que una revisión de la indemnización comportará seguro un desequilibrio del mercado laboral y de su marco transaccional; por cierto, un marco fijado en las últimas reformas laborales donde, por ejemplo, todas las partes aceptaron minimizar la temporalidad. Y con el fin de evitar este desequilibrio que les comentábamos, nosotros vemos necesario que cualquier propuesta de modificación del sistema indemnizatorio vaya acompañada de la revisión de las otras variables que alteran el comportamiento de nuestro mercado de trabajo. Es por esta misma razón, señorías, que desde Junts per Catalunya les decimos una vez más a los partidos del Gobierno, y en este caso también al partido proponente, que no se pueden realizar reformas parciales sin abordar los retos de fondo, que no se pueden hacer modificaciones sin abordar los problemas de eficiencia y de eficacia que lastran el mercado laboral. Son retos que se pueden declinar, en primer lugar y en el caso que nos ocupa, abordando la flexibilidad en materia de contratación y temporalidad, pero también abordando el absentismo, la incapacidad temporal, la movilidad, la cobertura de vacantes, la productividad, la formación, el paro o las políticas activas, por citar algunas. Y en este sentido va nuestra enmienda, en el sentido de instar al Gobierno a revisar la indemnización por despido improcedente, a revisarla respondiendo a los requisitos del Consejo de Europa, a revisarla protegiendo a las personas trabajadoras y haciéndola disuasiva para las empresas, pero, al mismo tiempo, ajustada a las indemnizaciones que existen en el resto de Europa. Pero, sobre todo, hay que hacerlo revisando también este conjunto de inputs que les he declinado hace un instante y que quedan recogidos en la literalidad de nuestra enmienda. Saben, como siempre, que cuando nosotros presentamos una iniciativa o cuando presentamos una enmienda lo hacemos pensando en el contexto laboral y económico catalán, pero es cierto también que en este caso la enmienda, nuestra propuesta, es extrapolable y asumible para los que piensen en su país, en su territorio o en el conjunto del Estado. Nada más y muchas gracias.

Grazas, señor presidente. A reforma laboral do ano 2012, impulsada polo Partido Popular e profundamente regresiva e antisocial, implicou, entre outras moitas cuestións, flexibilizar as condicións para despedir e abaratar o despedimento, baixando de corenta e cinco para trinta e tres días de indemnización no caso de despedimentos improcedentes. Isto non só deu máis capacidade e facilidades ás empresas para despedir, senón que desprotexeu os traballadores e as traballadoras. O peor é que doce anos despois esta situación de desprotección continúa. E faino porque a reforma realizada polo Goberno do PSOE e Unidas Podemos, con Yolanda Díaz á fronte do Ministerio de Traballo —p‌or tanto, agora, de SUMAR— e contra os compromisos públicos adquiridos, non derrogou a reforma laboral do PP de 2012. Tiveron aínda outra oportunidade para facelo aprobando a proposición de lei que presentamos conxuntamente BNG, Esquerra Republicana de Catalunya e Bildu, debatida neste Pleno en marzo de 2023, que derrogaba, esta vez si de maneira integral, a reforma regresiva do PP. Mais preferiron, tanto o PSOE como Unidas Podemos, votar en contra. Nesa proposta recuperábase a indemnización de corenta e cinco días, mais tamén a autorización administrativa previa dos ERE, que tantos fechamentos de empresas —‌polo menos na Galiza— e despedimentos puido ter evitado, ou a prevalencia dos convenios autonómicos e provinciais sobre os estatais cando mellorasen as condicións laborais, cuestión que, finalmente, lembramos, acabou saíndo adiante nesta lexislatura. Como lembra a formación propoñente, Euskal Herria Bildu, agora é o Comité de Ministros do Consello de Europa quen decide facer unha recomendación ao Estado español para que proceda a establecer un sistema de compensación por despedimento improcedente que resulte adecuado e disuasorio para as empresas e teña en conta os danos reais sufridos polas persoas traballadoras ilegalmente despedidas. Unha recomendación deste tipo debería ser motivo de vergoña para o autodenominado Goberno máis progresista, e, como dicimos nós, xa lles é tarde para actuar. A que esperan para derrogar de verdade a reforma regresiva do Partido Popular e, no mínimo, recuperar as condicións de despedimento —‌non precisamente superestritas— anteriores a 2012? Evidentemente, o BNG votará a favor desta PNL e continuará a insistir na necesidade de recuperar de verdade os dereitos para a clase traballadora galega e do conxunto do Estado. Moito obrigado.

Gracias, señor presidente. La reforma laboral del año 2012, impulsada por el Partido Popular y profundamente retrógrada y antisocial, ha implicado, entre otras cosas, flexibilizar las condiciones para despedir y abaratar el despido, bajando de cuarenta y cinco a treinta y tres días la indemnización en el caso de los despidos improcedentes. Esto no solo ha dado más capacidad y facilidades a las empresas para despedir, sino que ha desprotegido a los trabajadores y a las trabajadoras, y lo peor es que doce años después esa situación de desprotección continúa. Y es así porque la reforma realizada por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, con Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo —‌ahora de SUMAR— y contra los compromisos públicos adquiridos, no ha derogado la reforma laboral del PP de 2012. Tuvieron aún otra oportunidad para hacerlo aprobando la proposición de ley que presentamos conjuntamente BNG, Esquerra Republicana y Bildu, debatida en este Pleno en marzo de 2023, que derogaba de manera integral una reforma agresiva del PP. Pero han preferido, tanto el PSOE como Unidas Podemos, votar en contra. En esa propuesta se recuperaba la indemnización de cuarenta y cinco días, pero también la autorización administrativa previa a los ERE que tantos cierres de empresa —‌por lo menos en Galicia— y despidos podría haber evitado, o la prevalencia de los convenios autonómicos y provinciales sobre los estatales cuando mejorasen las condiciones laborales, cuestión que, finalmente, recordamos, acabó saliendo adelante en esta legislatura. Como recuerda la formación proponente, Euskal Herria Bildu, ahora es el Comité de Ministros del Consejo de Europa quien decide hacer una recomendación al Estado español para que proceda a establecer un sistema de compensación por despido improcedente que resulte adecuado y disuasorio para las empresas y tenga en cuenta los daños reales sufridos por las personas trabajadoras ilegalmente despedidas. Una recomendación de este tipo debería ser motivo de vergüenza para el autodenominado Gobierno más progresista, pero, como decimos nosotros, ya es tarde para actuar. ¿A qué esperan para derogar de verdad la reforma regresiva del Partido Popular? Y lo mínimo es recuperar las condiciones de despido, no precisamente las superestrictas anteriores a 2012.

Evidentemente, el BNG votará a favor de esta PNL y continuará insistiendo en la necesidad de recuperar de verdad los derechos para la clase trabajadora gallega y del conjunto del Estado.

Muchas gracias.

Gracias, señor presidente. En Podemos tenemos claro que en la defensa de los derechos laborales no podemos quedarnos a medias, y por eso vamos a luchar por todas las medidas que sean necesarias para proteger a las trabajadoras y a los trabajadores frente a los despidos, así que, por supuesto, vamos a apoyar esta proposición no de ley de EH Bildu que incrementa las indemnizaciones por despido improcedente de estas trabajadoras. La realidad es que en España se sigue incumpliendo la Carta Social Europea ―ya lo ha dicho el proponente―, lo denunciaron los sindicatos en el año 2022 y recientemente lo ha confirmado el Consejo de Europa. Las indemnizaciones actuales son claramente insuficientes y la reforma laboral de 2012, promovida por el Partido Popular, convirtió el despido en una herramienta barata y fácil para las empresas de nuestro país, recortando, eso sí, los derechos de millones de trabajadores y de trabajadoras. Desde Podemos reconocemos en la reforma laboral del año 2021 un avance, pero es un avance insuficiente a todas luces. Nosotras nos desmarcamos de aquellos que asumen la limitación de la reforma laboral como un éxito cerrado. Para nosotras no es un éxito que no se hayan recuperado las indemnizaciones por cuarenta y cinco días por año trabajado y no es un éxito que las empresas sigan utilizando el despido como una herramienta fácil para precarizar a las trabajadoras y a los trabajadores. Además, no podemos olvidar las grandes injusticias del sistema laboral actual. El contrato laboral es el único tipo de contrato que en caso de incumplimiento no se indemniza por la totalidad a la parte perjudicada, que en este caso sería el trabajador o trabajadora, y esto es lo que hace es demostrar la desigualdad estructural de un modelo que prioriza a las empresas y a la patronal. Desde Podemos vamos a seguir trabajando con valentía no solo para revertir la precariedad laboral que trajo consigo los recortes en materia laboral que puso en marcha el Partido Popular, sino también los que se pusieron en marcha por parte del Partido Socialista, así que vamos a dar nuestro voto favorable a esta proposición no de ley. Gracias.

Gracias, presidente. Mi grupo y yo queremos mostrar nuestras condolencias al que fue nuestro compañero en esta Cámara y que, además, recordamos con mucho cariño. La reforma laboral del 2021 ratificó la versión revisada de la Carta Social Europea, así como el procedimiento sobre reclamaciones colectivas ante el Comité Europeo de Derechos Sociales. UGT y Comisiones Obreras apostaron por esta vía para aumentar la cuantía de las indemnizaciones por despido improcedente; un cambio de actitud y de opinión por cuanto que la rebaja de la indemnización de los 45 días de salario por año trabajado, con un tope de 42 mensualidades, a los 33 días de salario por año trabajado, con un tope de 24 mensualidades, fue fruto precisamente del Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad del Empleo de 1997, que adoptaron UGT y Comisiones Obreras junto a CEOE y Cepyme. Tampoco se puede olvidar que la indemnización vigente, consecuencia de la reforma laboral del 2012, en la práctica ya venía siendo aplicada porque con la reforma de 2010, con el PSOE, se amplió el ámbito subjetivo del contrato de trabajo para el fomento de la contratación indefinida y precisamente uno de esos atractivos era esta rebaja indemnizatoria cuando los despidos objetivos sean calificados como improcedentes. Y esto es lo que hoy debatimos aquí: una propuesta basada en la resolución del Comité de Derechos Sociales, que rechaza precisamente el tope de indemnización por despido improcedente, porque esta ― dice― ni es disuasoria ni repara adecuadamente el daño causado a las personas trabajadoras. En definitiva, lo que viene a decir es que las compensaciones deben variar en función de las circunstancias de cada persona trabajadora, circunstancias que entendemos que serán aquellas relativas a la edad, situación familiar, género, antigüedad u otras. Una resolución, que es cierto que no es vinculante, pero que algunos juzgados están reconociendo, otorgando para ello compensaciones adicionales. Es una cuestión esta, además, que se encuentra pendiente de pronunciamiento del Tribunal Supremo.

Si nos atenemos exclusivamente a la justificación esgrimida por el Comité, por ejemplo, entendemos que no es lo mismo un despido improcedente que otorga la misma indemnización a una mujer de 50 años con cargas familiares que, por ejemplo, a una mujer de 30 años sin cargas familiares, con estudios o diferentes casuísticas. Esto puede tener sus ventajas, como una indemnización más justa atendiendo a las circunstancias propias de la persona trabajadora, pero también sus desventajas, porque es cierto que la empresa se lo puede pensar dos veces antes de despedir, pero también se lo puede pensar dos veces a la hora de contratar. En este sentido, debiéramos preguntarnos no solo por las ventajas de esta propuesta, sino también por esas posibles consecuencias colaterales que pueden ser negativas como, por ejemplo, dualidades que pueda haber en este sentido en una misma empresa o incluso que se llegue a posibles discriminaciones a determinados colectivos, paralizando contrataciones. Es necesario profundizar más en esta cuestión para valorar las ventajas o desventajas de una indemnización desde luego predeterminada frente a una indemnización incierta, en función de las circunstancias de cada caso y en función de los daños efectivamente causados.

Hablan de aumentar la cuantía en su propuesta, pero desconocemos cómo proponen que se materialice esta, si a través de distintos tramos de cuantías, que podría ser, y determinando casuísticas, o a través de un diseño pactado entre sindicatos y empresas. Porque ¿cómo se diseña o se regula una indemnización que varía en función de las circunstancias de la persona trabajadora y a la vez garantice la transparencia de las condiciones para ambos, para las personas trabajadoras y empresas y empresarios autónomos con trabajadores a su cargo? La dificultad está en regular algo que es subjetivo: ¿qué parámetros se van a utilizar? Porque estas circunstancias, hasta ahora, necesariamente deben probarse en sede judicial y quedan sometidas a la apreciación discrecional de un tribunal competente. Entendemos y compartimos el fondo del asunto y las buenas intenciones que lleva aparejada esta iniciativa que no es nueva, que ya anunció también la ministra de Trabajo y que, sin embargo, el Gobierno parece que no compartía, aparte del PSOE, por cuanto que defendió en Europa el sistema de despido actual frente a la cuestión planteada por UGT y Comisiones Obreras ante el Comité.

Por otro lado, hay que decir también que el Banco de España proponía una reforma del despido más centrado en mejorar la determinación de las causas y también en reducir la incertidumbre asociada.

En definitiva, nos movemos en un terreno resbaladizo en torno a una propuesta bienintencionada y que entendemos que requiere de un mayor análisis y mayor rigurosidad para poderse regular de forma eficaz y eficiente y que sirva precisamente para disuadir de este tipo de despidos y para una restauración económica, desde luego, más justa.

Nada más y muchas gracias.

Senyor president, senyories, cal començar fent un exercici de memòria política. La darrera reforma laboral, impulsada pel Govern Sánchez-Díaz, va ser una ocasió perduda. La composició d’aquella Cambra, més a l’esquerra que l’actual, oferia una oportunitat històrica per anar molt més enllà en drets laborals, i ho podran constatar avui mateix. Però es va optar pels vots de la dreta de Ciutadans i de la dreta dels convergents, renunciant a abordar aquests aspectes fonamentals com les causes i el preu de l’acomiadament improcedent. Repeteixo, improcedent, que en alguns llocs està prohibit.

I, el que és més greu, aquella reforma es va aprovar sense debat, furtant a aquest Parlament la possibilitat de presentar esmenes. Això és molt greu i no ho oblidarem. I el que és més greu, aquella reforma es va aprovar sense debat i ara és el moment de fer el que hauríem d’haver fet en el seu moment, que és anar posant pedaços. Aquest és el motiu pel que avui som aquí, aquí debatent una PNL de Bildu, perquè aquells que tenien la responsabilitat d’impulsar un canvi real van decidir mirar a un costat de la patronal, que només negocia quan guanya; si no guanya, es despenja. Si no guanya, es despenja. Crec que no cal que doni exemples de moltes vegades que s’ha despenjat, i quan estan els seus, ni s’asseuen. Recordo de la reforma de 2012. Senyor Cervera, el 2012, sense cap mena de diàleg social, es va aprovar la reforma laboral del Partit Popular, sense reforma. És a dir, i sense canvis estructurals, unilateralment. El que passa que el bloc de dretes plurinacional cada vegada està més clar i més consolidat, passa que alguns baden i no s’adonen que això pot passar. En fin…

Però, senyoria, nosaltres vam ser molt persistents. Des del Grup Republicà no només vam portar aquesta qüestió a través d’una pregunta oral a la ministra i una interpel·lació directa a la ministra, sinó que recordo que vam portar aquí, amb Bildu i BNG, una proposició de llei per a recuperar els drets perduts, incloent-hi el preu de l’acomiadament i les seves causes. Se’ns la va tombar quan es podia haver aprovat.

I no som només nosaltres qui ho diuen. El senyor Pepe Álvarez, secretari general de la UGT, ja ho advertia clarament un mes abans de l’aprovació de la reforma del 6 de gener. Ho deia ell, perdó, ho deia el 6 de gener de 2022, un mes abans del 3 de febrer, quan es va aprovar, gràcies a Casero, una reforma laboral, a més de voler-la pactar amb la dreta. Pepe Álvarez encara es pensava que es podria aprovar en seu parlamentària algunes millores. Deia així Pepe Álvarez, el 6 de gener: «Queda por negociarse lo más importante: el despido», i es va passar el rodillo. Això és el que va passar.

El Tribunal Constitucional diu que és clar que quan un organisme internacional interpreta un tractat, aquesta interpretació és vinculant per a l’Estat espanyol. És vinculant per a l’Estat espanyol. Ni el Govern ni els tribunals poden ignorar-lo, tal com afirma Cristóbal Molino Navarrete, catedràtic de Dret del Treball. La sort ja està tirada. Pensa el Govern espanyol continuar incomplint el mandat dels tribunals internacionals de reformar i millorar les condicions dels treballadors injustament acomiadats? La dreta també ho permet, això, tan europeista que és? No aplicarà aquesta sentència?

Però no només parlem de lleis, sinó de persones. A Espanya acomiadar surt massa barat, fins al punt que les empreses poden calcular l’acomiadament com una despesa més, sense cap conseqüència real. Això no és una democràcia laboral, senyories, això és un sistema que afavoreix l’abús, la precarietat i la inseguretat jurídica, però dels treballadors.

La PNL de Bildu, que nosaltres defensem, és clara i és justa. Reclama el mateix que reclamem: reclama el que diuen a Europa, recuperar un sistema d’indemnitzacions a un acomiadament improcedent, improcedent, proporcional i reparador, garantir que l’acomiadament tingui efecte dissuasiu.

Senyories de PSOE i de SUMAR, la vostra reforma de l’any 2022 es va quedar a mig camí. Té coses bones, però es va quedar a mig camí, podent anar molt més enllà. Avui tenim l’oportunitat de rectificar. Avui tenen l’oportunitat de rectificar i veuran que és molt més difícil fer-ho avui que fa uns mesos.

Nosaltres, des del Grup Parlamentari Republicà, el tenim clar: els drets no es negocien amb segons qui; es garanteixen. No permetrem que l’acomiadament injust continuï sent un privilegi assequible per a les empreses mentre que els treballadors i les treballadores són desprotegits i ignorats. És hora d’actuar en la línia que hauríem d’haver actuat en la legislatura passada i començar a recuperar tots els drets i no només uns quants, perquè, quan la dreta gana, perdem deu llençols; quan arriba l’esquerra, guanyem tres, però ja hem perdut set. I així es va repetint la història.

Moltes gràcies.

Señor presidente, señorías, hay que empezar haciendo un ejercicio de memoria política. La última reforma laboral, impulsada por el Gobierno Sánchez-Díaz, fue una ocasión perdida. La composición de esa Cámara ofrecía la oportunidad histórica de ir más allá en derechos laborales y lo podemos constatar hoy mismo, pero se optó por los votos de la derecha, convergentes y Ciudadanos, no abordando el tema, por ejemplo, del pago del despido improcedente. En algunos lugares está prohibido este despido improcedente. Y esa reforma se aprobó sin debate, robando a este Parlamento la oportunidad de presentar enmiendas. Esto es muy grave y no lo olvidaremos. Y lo más grave es que esa reforma se aprobó sin debate y ahora es el momento de hacer lo que deberíamos haber hecho en su momento: ir poniendo pedazos.

Por eso estamos aquí debatiendo una PNL de Bildu, porque los que tenían la responsabilidad de impulsar un cambio real decidieron mirar a un lado con la patronal, que solo negocia si gana; si no gana, se descuelga. Creo que no es necesario que dé ejemplos de las veces que se ha descolgado, y cuando están los suyos, ni se sientan. Me acuerdo de la reforma de 2012, señor Cervera. En 2012, sin ningún tipo de diálogo social, se aprobó la reforma laboral del Partido Popular, sin debate y sin cambios estructurales, unilateralmente; el bloque de derecha plurinacional cada vez está más claro y consolidado, pero algunos no se dan cuenta de que esto pasó. Pero nosotros fuimos muy persistentes. El Grupo Republicano no solo llevamos esta cuestión a través de una pregunta oral a la ministra y con una interpelación directa, sino que recuerdo que llevamos aquí, con Bildu y BNG, una propuesta de ley para recuperar los derechos perdidos, incluido el precio del despido y sus causas, y no se aprobó. No somos solo nosotros los que lo decimos. El señor Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, ya lo advertía claramente el 6 de enero de 2022, un mes antes del 3 de febrero, cuando se aprobó esta reforma laboral gracias a un pacto con la derecha. En ese momento todavía se pensaba que se podrían aprobar en sede parlamentaria algunas mejoras. Pepe Álvarez, el 6 de enero. (Muestra un documento). Queda por negociarse lo más importante: el despido, y se pasó el rodillo. Esto es lo que pasó.

El Tribunal Constitucional dice que está claro que cuando un organismo internacional interpreta un tratado esta interpretación es vinculante para el Estado español. Ni el Gobierno ni los tribunales pueden ignorarlo, como afirma Cristóbal Navarrete, catedrático de Derecho del Trabajo. La suerte está echada. ¿Piensa el Gobierno español continuar incumpliendo el mandato de los tribunales internacionales de reformar y mejorar las condiciones de los trabajadores injustamente despedidos? ¿La derecha también lo permite, tan europeísta como es? ¿No va a aplicar esta sentencia? Pero no solo hablamos del despido de personas. En España despedir sale demasiado barato, hasta el punto de que las empresas pueden calcular el despido como un gasto más, sin ninguna consecuencia real. Esto no es una democracia laboral, señorías, esto es un sistema que favorece el abuso, la precariedad, la inseguridad jurídica, pero de los trabajadores.

La PNL de Bildu, que nosotros defendemos, es clara y justa. Solicita lo mismo que reclamamos: reclamar lo que dice Europa, recuperar un sistema digno ante un despido improcedente, que esta indemnización sea proporcional y reparadora, y que el despido tenga un efecto disuasorio.

Señorías, la reforma del año 2022 se quedó a medio camino. Tiene cosas buenas, pero se quedó a medio camino y podía ir más allá. Hoy tenemos y tienen la oportunidad de rectificar, y verán que es mucho más difícil hacerlo hoy que hace unos meses.

Nosotros, en el Grupo Parlamentario Republicano, lo tenemos claro: los derechos no se negocian con según quién; se garantizan. No permitiremos que el despido injusto continúe siendo un privilegio asequible para las empresas mientras que los trabajadores y las trabajadoras son despedidos e ignorados. Es hora de actuar en la línea en la que deberíamos haber actuado en la legislatura pasada y empezar a recuperar todos los derechos y no solo unos cuantos, porque, cuando la derecha gana, perdemos diez sábanas; y, cuando llega la izquierda, ganamos tres, pero ya hemos perdido siete. Y así se va repitiendo la historia.

Muchas gracias.

Muchas gracias, presidente. Querría empezar con un recuerdo al que fuera diputado de Compromís, Enric Bataller, y mandar un abrazo fuerte a su familia, allegados y allegadas. Señorías, España encabeza el crecimiento económico en Europa, ya que crece casi cuatro veces más que la media de la Unión Europea. Y no solo eso, también lidera la creación de empleo en Europa. Desde 2002, se ha creado un millón de empleos netos, uno de cada cuatro de los generados en la Unión. Pero hay más: el PIB creció un 3,4 % interanual, mientras que el empleo lo hizo un 2 %. Por lo tanto, la productividad del factor trabajo aumentó un vigoroso 1,4 %. Hay más empleo, de más calidad y con un crecimiento muy relevante de la productividad. (Aplausos). Llevamos cuatro años de políticas eficaces que demuestran que proteger a la clase trabajadora no solo es una cuestión de justicia social, sino también de inteligencia económica. Cuando llegamos al Gobierno encontramos un panorama desolador: una década de Gobiernos del Partido Popular que se habían dedicado a desmantelar los derechos laborales, y de diversos Gobiernos del Partido Socialista que procuraron encontrar un equilibrio en las relaciones laborales que se quedaba muy muy corto. En lugar de conformarnos con un mercado laboral roto, nos propusimos reconstruirlo y dotarlo de estabilidad, seguridad y derechos. El resultado está a la vista: más contratos indefinidos, menos temporalidad y más empleo. Pero sí, queda mucho por hacer. Las relaciones de trabajo en España enfrentan tres problemas estructurales: unas jornadas de trabajo excesivas, un montón de horas extras que ni se pagan ni se cotizan y la persistencia de un despido injusto cuya indemnización no es verdaderamente restaurativa para la persona afectada ni realmente disuasoria para las empresas. Señorías, el problema que tenemos hoy es que la indemnización por despido se calcula en exclusiva en función de la antigüedad y del salario. Este modelo ignora factores cruciales como la causa del despido, las circunstancias personales del trabajador afectado o las características de la empresa. No es de recibo que una tienda de barrio pague la misma indemnización por despido que una multinacional, que factura millones. (Aplausos). Este sistema no solo es injusto, sino que fomenta la competencia desleal entre empresas.

Como les decía, el Ministerio de Trabajo y Economía Social lleva cuatro años de avances en materia laboral. En la pasada legislatura dimos el primer paso: atacamos la precariedad, ya que la reforma laboral puso fin al abuso y logró reducir la temporalidad al nivel más bajo de la historia. Y ahora toca el segundo paso: toca estabilidad y seguridad. Nadie puede sentirse estable en su empleo si el despido sigue siendo barato, injusto y sin consecuencias reales para quien despide sin causa, que es de lo que estamos hablando. (Aplausos). Por eso toca garantizar una protección frente al despido injustificado, y motivos para ello tenemos de sobra. Son muchos los estudios que demuestran que los despidos injustificados afectan a la salud mental de las personas trabajadoras, y por eso la protección frente a la extinción injusta debe incorporar la dimensión personal y emocional, y no solo la económica. Como ya se ha dicho, el Comité Europeo de Derechos Sociales ha emitido una resolución que condena a España porque su legislación no cumple precisamente con un despido que sea, efectivamente, restaurativo y disuasorio. Y el argumento principal: la clase trabajadora debe ser el eje de las políticas públicas no solo por justicia social, sino porque una economía que desprotege a sus trabajadores genera desigualdad, inestabilidad y un menor crecimiento, y eso lo hemos demostrado.

Garantizar unas relaciones laborales justas es pensar en términos de país, porque salvaguardar la igualdad de oportunidades, unas condiciones dignas de trabajo y de despido y la estabilidad laboral no beneficia solo a las que trabajan, sino que fortalece la economía, reduce las desigualdades y fomenta una sociedad más cohesionada. Es un compromiso que trasciende ideologías porque, cuando todas y todos tienen acceso a un empleo digno, el país avanza unido. Competir con despidos baratos e injustos no es competir, es hacer dumping social a la parte débil de las relaciones laborales. Pero, claro, tenemos una derecha parlamentaria, señorías del PP, que, frente al ofrecimiento y la mano tendida, intenta bloquear cada paso que damos. Lo vimos con las subidas del salario mínimo interprofesional, lo vivimos con la reforma laboral, y lo veremos ahora, que planteamos una indemnización justa por despidos injustos. Y cuando traigamos la reducción de jornada sin reducción del salario, ¿qué van a hacer? ¿Votar en contra de la voluntad de la ciudadanía que quiere esa reducción de jornada y un despido justo? ¿Van a seguir ignorando a la ciudadanía como hacen cada día en las comunidades autónomas que gobiernan, por ejemplo, en materia de vivienda? (Aplausos).

Señorías del PP, su modelo ha sido siempre el mismo: despidos fáciles, salarios bajos y derechos mínimos. Algunas estamos aquí para sumar y ustedes solo han sabido restar, pero, miren, nunca es tarde: siempre están a tiempo de mirar a la calle, de mirar fuera de este hemiciclo, ver lo que quiere la mayoría social y actuar en consecuencia.

Termino, presidente. Doy las gracias al Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu por traer al Pleno esta PNL que, una vez más, nos permite afirmar que los derechos ―como nos ha enseñado la lucha de la clase trabajadora―no se mendigan; se pelean y se conquistan, y en esto en esto nos van a encontrar. Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, presidente. Señorías, camaradas y compañeros, subo a este púlpito en este momento tan crucial para denunciar con vehemencia la verborrea vil y abyecta que Bildu pronuncia cada vez que abre la boca desde esta tribuna. Y denuncio todos los ataques, el daño y el horror que ha perpetrado contra los trabajadores de España y contra el pueblo español en su conjunto. Bildu es ese engendro de la política separatista que, con el oportunismo más bajo, nos quiere vender que tiene principios y valores y que se preocupa por algo más que por su agenda política en pro del separatismo. (Aplausos). Vienen aquí vestidos de demócratas, cuando en realidad son los herederos y el brazo político de aquellos que tienen las manos manchadas con la sangre de los trabajadores españoles. (Aplausos). No nos engañan aunque ahora vayan sin capuchas porque, díganme: ¿qué clase de defensa de los trabajadores se puede esperar de aquellos que apoyaron y que hoy aplauden y homenajean a asesinos de trabajadores? Yo se lo digo: ninguna. (Aplausos).

Bildu, en su ceguera ideológica y en su hoja de ruta de pudrir las entrañas de una tierra doblemente española como es la vasca, ha olvidado que los trabajadores españoles no somos piezas en su tablero político; somos el corazón y el pulso de España, que se merece que no se le tome el pelo con discursos como el que usted ha pronunciado.

Hablan de derechos y justicia aquellos que con sus viles acciones hablaron más alto que con sus palabras; hablan de derecho y justicia aquellos que aprueban que con balas, secuestros, extorsiones y miedo se expulsara de sus casas y de sus tierras vascas a trabajadores y a sus familias (aplausos); hablan de derechos y justicia mientras siguen conspirando en la sombra, vendiendo nuestro futuro al mejor postor. Porque sí, señorías de Bildu, ustedes siguen destilando odio. Y vienen aquí con su marxismo socialista, que promueve ese falso redentor mostrando su verdadero rostro; un rostro, como he dicho, de odio y de engaño. Mientras las familias españolas se enfrentan a la explotación fiscal, a la precariedad, a la falta de oportunidades, Bildu se dedica a sus juegos de poder y a sus pactos tenebrosos con el autócrata de la Moncloa. Bildu usa la causa de los trabajadores para lavar su imagen y tratar de borrar su pasado. Han demostrado que los trabajadores les importan muy poco y que no les importan ni las familias, ni que tengamos las tasas de desempleo más altas de la Europa de la OCDE, ni que nuestros jóvenes se tengan que emancipar y que tengan que marcharse fuera en busca de oportunidades. Solo les importa seguir exprimiéndonos a impuestos, que luego despilfarran en sus delirios ideológicos, en sus amigotes y en regalárselo a países extranjeros, como prebendas y autopromoción. Y de las familias españolas que no llegan a final de mes, que sufren el abandono de este Gobierno y de un Congreso lleno de egoístas a los que solamente les importa su estatus y su sueldo, no se preocupan realmente. (Aplausos).

La verdadera defensa de los trabajadores no se hace con medidas a corto plazo o con discursos vacíos; la verdadera defensa se hace defendiendo nuestros sectores productivos, nuestra soberanía industrial y productiva, un proyecto de una España fuerte y próspera y con menor dependencia del exterior; se hace anteponiendo los intereses de España a los intereses egoístas de sus señorías, unas señorías egoístas que prefieren ser cómplices de esta sin razón, en lugar de estar al lado del pueblo. Pero que sepan los españoles que aun quedamos en esta Cámara trabajadores valientes, que estamos dispuestos a sufrir el señalamiento y la censura por denunciar las tropelías y traiciones de Sánchez y de sus socios. (Aplausos). Unámonos y luchemos, no solo contra Bildu, sino también contra este Gobierno infame y traidor y contra todo lo que representa la división, el egoísmo político, la falsedad, la corrupción, la traición y el abandono y la destrucción de las clases medias y trabajadoras. Acabemos con las mentiras de este Gobierno, acabemos con Sánchez y su Gobierno corrupto, que está llevando a la ruina a nuestras familias. Con Sánchez en el Gobierno, solo hay paro, pobreza y corrupción. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes. Todas las medidas que ha hecho y que está haciendo este Gobierno, todas, van orientadas a contribuir a una Europa más social. Por lo tanto, bienvenidos sean los pronunciamientos que haya en este sentido, incluido el de la Carta Social Europea que ustedes han estado comentando. Quiero recordar que España ratificó el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo y también la Carta Social Europea. Los dos convenios ofrecen protección frente a despidos injustificados y, así, también garantizan una indemnización adecuada u otra reparación apropiada. Señorías de Bildu, ustedes hablan única y exclusivamente de cuantía. Este Gobierno tiene como prioridad la protección de las personas y también de los empleos. De todas maneras, haría falta una visión más amplia, pero, en cualquier caso, celebramos que se abra este debate en esta Cámara; creo que es una buena noticia. Ahora bien, me gustaría introducir la reforma del 2012, la reforma que el Partido Popular llevó a cabo. ¿Qué hizo aquella reforma? Yo creo que destruyó empleo, redujo prestaciones sociales, bajó los salarios y, sobre todo, abarató el despido. (Aplausos). Estas políticas nos han llevado a incumplir los criterios de la Carta Social Europea y esta situación respecto a estas políticas es la que ha dado lugar a diferentes sentencias judiciales: el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o el Tribunal Superior de Justicia del

País Vasco que, amparándose en esta carta social, han incrementado indemnizaciones por despido injustificado. (Rumores).

La reforma del 2021, en su momento, no dio una respuesta concreta a este tema. Sin embargo, me gustaría recordarles varias cosas. Este Gobierno ya ha manifestado una clara voluntad de modificación de este punto. Y lo ha hecho incluyéndolo en los acuerdos de Gobierno y, sobre todo, incluyéndolo en el Plan Anual Normativo; por supuesto que lo ha incluido. Y también teniendo en cuenta que esto debe hacerse dentro del diálogo social, que es fundamental, porque es la única herramienta para hacer realidad las reformas. Y, sobre todo, teniendo en cuenta el principio de seguridad judicial, que es lo que evitará que podamos tener conflictos judiciales de este otro tipo. Pero, señorías, lo más importante que ha hecho la reforma del 2021 es crear empleo; cerca de veintidós millones de personas están trabajando en este momento. (Aplausos). Nunca ha habido tanta gente trabajando; cuatro de cada diez contratos son contratos indefinidos y, paralelamente, ha aumentado el salario mínimo interprofesional y hemos creado el ingreso mínimo vital. (Aplausos). Señorías, esto simplemente demuestra que la fórmula para crear empleo de calidad no pasa por el abaratamiento del despido.

Señorías, somos un partido de izquierdas, somos un partido socialista que en nuestro ADN llevamos la necesidad de protección de los derechos y libertades de todas las personas…

… siempre a favor de la clase trabajadora y de la mayoría social, y yo lo que creo —n‌ o tengo ninguna duda— es que va a seguir siendo así. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!).

Muchas gracias. (Aplausos).

Bildu trae esta iniciativa legislativa para —‌supuestamente— mejorar los derechos de los trabajadores, pero no es creíble. No es creíble, porque es un partido que quiere destruir la unidad de España y al que le importa muy poco el progreso de los españoles y los derechos de los trabajadores. (Aplausos.—Varios señores diputados: ¡Muy bien!). Es un partido que solo está pendiente de cobrar los peajes al Partido Socialista, que Pedro Sánchez siempre estará dispuesto a pagar para mantenerse en el poder.

Nos encontramos con otra iniciativa laboral que afecta de forma determinante a las empresas, pero sin contar con su opinión. Ni siquiera mencionan en su proposición no de ley la necesidad de que esta medida se debata y se consensúe en el marco del diálogo social, lo vuelven a omitir. Aprobar esta modificación legislativa supondría introducir una mayor rigidez en el mercado laboral y en las relaciones laborales, y aumentarían las dificultades de acceso al empleo de numerosas personas, en especial aquellas personas que tengan circunstancias desfavorables; además, hay que decir que un sistema de indemnización tasado viene siempre a dotar de una mayor seguridad jurídica a los trabajadores.

El Consejo de Europa, que no forma parte de la estructura institucional de la Unión Europea, no es un órgano comunitario, recientemente —‌en noviembre—, ha emitido una recomendación, concretamente para que se revise la normativa por parte del Estado español para que las indemnizaciones tengan en cuenta el daño real sufrido por los trabajadores despedidos de forma ilícita, así como las circunstancias individuales de sus casos que resulten disuasorias para el empleador. El Gobierno socialista, junto con SUMAR, defendió ante la Comisión Europea que el sistema español de protección del trabajador que ha sido despedido de forma ilícita provee una indemnización adecuada y articula un mecanismo de reparación adecuado. Deducimos, por tanto, que el Gobierno está conforme con la regulación actual del Estatuto de los Trabajadores. Prueba de ello es que, en febrero del 2023, votó en contra de una moción de Esquerra Republicana que pretendía subir la indemnización; y sobre todo, el Gobierno socialista junto con SUMAR no reformó el Estatuto de los Trabajadores con la reforma laboral del 2022. (La señora Montesinos de Miguel: ¡Muy bien!—Aplausos). Nos preguntamos: ¿el Partido Socialista va a cambiar otra vez de opinión al respecto?

La regulación actual deriva de la reforma laboral del 2012, que fue realizada por el Partido Popular para recuperar el empleo que se estaba destruyendo masivamente en el contexto de la mayor crisis económica y social que ha vivido este país en los últimos treinta años, fruto de la herencia ruinosa que nos dejó el Partido Socialista con Zapatero y su mala gestión. (Aplausos). Recordamos sus falsos brotes verdes, que solo él vio; su Plan E, que supuso un agujero de más de 7800 millones de pérdidas, tal y como señaló el informe del Tribunal de Cuentas en 2013; decenas de miles de millones de facturas sin pagar, que dieron lugar al plan de pago a proveedores, que evitó el cierre a miles de autónomos y pymes, y todo gracias al Partido Popular. El PSOE negó sistemáticamente la crisis y no adoptó medidas estructurales, dejando al país en una situación extrema y al borde del rescate económico, que el Partido Popular supo evitar y pudo hacerlo. La reforma laboral del 2012 fue una reforma para el empleo y sirvió para recuperar siete de cada diez puestos de trabajo de los más de tres millones y medio que se destruyeron con la crisis. (Aplausos). Se aprobaron medidas que tendían a la flexibilidad del mercado laboral, precisamente para evitar los despidos y para que este fuese el último recurso. Ahí tenemos los ERTE, figura jurídica creada y establecida por la ministra Fátima Báñez en 2012. (Aplausos). El Gobierno de Mariano Rajoy heredó de Zapatero una tasa de paro del 24 % y la redujo al 15 % en el año 2018. (Aplausos.―Varios señores diputados: ¡Muy bien!).

Señorías de Bildu, su defensa de los trabajadores se resume en el asesinato de más de doce sindicalistas por la banda terrorista ETA, terroristas a los que siguen homenajeando hoy en día. (Aplausos).

SUMAR forma parte de este Gobierno, pero tiene una opinión diferente. En la calle, mantiene el despido restaurativo y que hay que hacer una reforma del Estatuto de los Trabajadores, sin embargo, en su reforma laboral del 2021 no tocaron el artículo 51 del Estatuto, lo dieron por válido, así que es una actitud incoherente e hipócrita. (Aplausos). ¿Por qué? Porque luego, cuando están en el Consejo de Ministros, no hacen la reforma oportuna, un ejemplo más de la debilidad y de la contradicción de la coalición de Gobierno.

Respecto al carácter disuasorio de la indemnización, debemos tener en cuenta que la paradoja hoy es que 2,2 millones de trabajadores renuncian a sus puestos de trabajo, los abandonan. Son dimisiones, no despidos, y esto no lo han tenido en cuenta.

Termino. Estamos ante recomendaciones que no compelen a los Estados miembros, no son obligatorias, no son trasposiciones de directivas comunitarias. En nuestro ordenamiento jurídico los trabajadores están protegidos.

Hay mecanismos complementarios que garantizan una reparación adecuada de sus derechos y de sus circunstancias personales.

Señorías de Bildu, los conocemos, sabemos quiénes son, lo que han hecho y lo que pretenden… (Aplausos).