Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, para prevenir la práctica de la reduflación y proteger los derechos de las personas consumidoras.

Gracias, presidenta. Buenas tardes. Señorías, hoy defendemos a los consumidores frente a prácticas empresariales abusivas, un tema que nos afecta a todos en el día a día. A principios del pasado mes de septiembre, el Grupo Parlamentario Socialista subió a esta tribuna para defender una iniciativa propia por la que se instaba al Gobierno a adoptar medidas en relación con la práctica de la reduflación; esto es, pagar más por menos, reducir el tamaño de un producto manteniendo el precio, recibir menos cantidad por el mismo dinero, lo que se traduce en subir los precios sin que te des cuenta de inmediato. En aquella ocasión, con motivo del debate, varios grupos indicaron que el Gobierno ya debería haber legislado al respecto, por ello me voy a permitir llevar a cabo una pequeña reflexión: si legislar es una potestad de esta Cámara y no del Gobierno, el mismo reproche merecemos cualquiera de los grupos parlamentarios presentes hoy en el Congreso por no haberlo hecho antes. (Aplausos). En cambio, es una vez más el concepto de política socialista como servicio y herramienta para mejorar las condiciones de vida de las personas el que nos lleva a formular esta iniciativa legislativa que hoy este grupo parlamentario somete a la consideración de la Cámara. No solo les pido su voto favorable, sino también su colaboración para que entre todos mejoremos la propuesta en los trámites posteriores. Y es que, si en general la política debe promover soluciones para los problemas comunes de los ciudadanos haciéndoles la vida más fácil, no tengo ninguna duda de que la iniciativa que hoy defiendo contribuye a ello. Estamos eliminando obstáculos que pueden afectar a las economías de los consumidores y sus derechos. Así, la política de consumo debe ser una herramienta para crear un mercado más justo, seguro y sostenible para todos, y esa es la motivación última de todas las iniciativas que hemos planteado en lo que llevamos de legislatura. Hoy, el Grupo Parlamentario Socialista proponemos soluciones para frenar aquellas prácticas empresariales que aparecen en los momentos en los que, por diversas circunstancias, los consumidores padecemos un encarecimiento de los productos. A cualquiera que me esté escuchando, le viene a la memoria alguna marca o producto que identifica con esta práctica: botellas de refresco, paquetes de arroz, pasta, legumbres, detergentes, frutas u hortalizas envasadas que cuestan lo mismo que antes pero que duran menos sin que seamos conscientes en el momento de la compra de que ha disminuido su cantidad. Se trata de una práctica que afecta por igual a marcas conocidas, productos preenvasados o marcas blancas. Estamos ante una práctica engañosa que se basa en la tendencia que tenemos los consumidores a utilizar como referencia en la compra de los productos su precio y no su peso o cantidad, una práctica engañosa que provoca un encarecimiento real de la cesta de la compra sin conocimiento del consumidor y una práctica engañosa que deteriora la reputación de la marca o establecimiento y su confianza. En definitiva, una práctica que cuando se realiza con opacidad y sin informar claramente al consumidor debe ser considerada —‌tal y como he mencionado— como una práctica engañosa. Todos estuvimos de acuerdo en el anterior debate, con mayor o menor entusiasmo, en que es necesario poner freno a este tipo de prácticas. Hoy, mi grupo les ofrece la posibilidad de hacerlo a través de una proposición de ley que modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para obligar a informar cuando se produzca una disminución de la cantidad en aquellos productos preenvasados que mantengan el mismo o similar diseño y dimensiones de su envase original. De este modo, se evita que el consumidor pueda percibir que no mantienen su contenido habitual aquellos productos porque la cantidad realmente ha disminuido. Se trata de garantizar que los ciudadanos puedan tomar decisiones óptimas sobre sus intereses, que sean conscientes y estén informados del encarecimiento real del producto, porque la reduflación es una auténtica estafa que menoscaba la confianza de los consumidores y acaba con la imprescindible transparencia que debe regir en las relaciones de consumo. Es un ataque directo a nuestro poder adquisitivo y a la transparencia en el mercado, una estrategia que atenta contra los derechos de los consumidores y que debe ser erradicada. Además, afecta principalmente a los hogares de menores ingresos, a los más vulnerables, que son los que destinan una mayor proporción de su salario a productos básicos, a productos de primera necesidad, como alimentos o artículos de higiene. Esta práctica, señorías, provoca una sensación de empobrecimiento silencioso en el que las familias no solo sienten que el dinero no les alcanza, sino que, además, no pueden identificar claramente las razones que hay detrás de esta pérdida de poder adquisitivo.

En un reciente debate en la Asamblea francesa para la aprobación de iniciativas que evitaran este tipo de prácticas en Francia, se aportó el dato de que aproximadamente un 2 % de los productos alimentarios de los supermercados estaban afectados por esta práctica. Aquí, en España, según el estudio publicado en noviembre de 2023 por la consultora Ipsos, el 54 % de los consumidores españoles han notado una reducción del tamaño de los productos en su compra cotidiana. Seis de cada diez consumidores ven esta práctica como inaceptable, lo que nos sitúa entre los países europeos más críticos después de Francia, Suecia y Países Bajos. Según la encuesta realizada por la citada consultora, los snacks, pan, pasta, arroz, dulces, chocolates y comida precocinada son los productos donde la gente dice haber percibido más la reduflación. Asociaciones como la OCU y FACUA han denunciado esta práctica y han alertado sobre el impacto que tiene en la percepción de valor y en la lealtad del consumidor.

Por otra parte, también quiero destacar las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno dentro de las campañas nacionales de vigilancia del mercado y coordinadas por el ministerio mediante el control de las menciones en la publicidad y presentación de los alimentos que pueden inducir a error sobre las características de los productos, y en particular, entre otros, sobre la cantidad que pueden contener en su envase.

Señorías, la información es un derecho básico de los consumidores para poder tomar decisiones óptimas sobre sus intereses. Cuando estos toman decisiones sin información suficiente o por prácticas que podríamos llamar engañosas, ellos son las primeras víctimas, pero también se ve afectado el conjunto del sistema por una pérdida de confianza que es preciso restaurar. A veces, erradicar determinado tipo de prácticas engañosas puede combatirse fácilmente con más información y un consumidor bien informado puede actuar en el mercado con mayor eficacia que los propios poderes públicos. Tal y como acabo de señalar, sin información no pueden existir consumidores empoderados. Cuando esta información es engañosa, les impide tomar decisiones de consumo bien orientadas, bien sea para proteger sus intereses económicos o bien para influir en el ámbito de la ética o la sostenibilidad. La potencia transformadora de sus decisiones se desvanece o se orienta de forma inconsciente e involuntaria hacia decisiones contrarias a su auténtica motivación. Por eso, con nuestra propuesta exigimos que se informe a los ciudadanos de forma clara y comprensible cuando se reduzca la cantidad de un producto manteniendo el mismo o similar diseño de su envase original, y proponemos, igual que ya ha hecho algún país europeo, que esto se indique en el punto final de venta durante un periodo mínimo de noventa días.

Señorías, termino mi intervención pidiéndoles de nuevo su apoyo. Con nuestra iniciativa queremos garantizar que los consumidores cuenten con la información y la transparencia necesarias para tomar decisiones informadas. Si bien las empresas deben adaptarse a un entorno económico desafiante, no podemos permitir que el coste de esa adaptación recaiga injustamente sobre los ciudadanos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Arratsalde on. De forma muy breve, porque esto ya lo hemos debatido en diferente forma hace bien poco. Es decir, hace tres meses, concretamente el 11 de septiembre, debatimos una PNL acerca de la reduflación, que fue aprobada por este Parlamento por una amplia mayoría, creo que con 308 votos a favor y 33 abstenciones. En aquel momento ya dijimos que se trataba de una iniciativa que de poco serviría para luchar contra este problema si no se materializaba en una ley, y hoy, como consecuencia de aquella proposición no de ley, el PSOE nos propone modificar una ley para regular la reduflación o, lo que es lo mismo, menos producto pero más caro.

Hoy, tal y como lo han hecho Francia o Alemania, se toman medidas en la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para evitar que la cesta de la compra se encarezca. En definitiva, para impedir o limitar la estrategia que llevan a cabo algunos fabricantes para reducir sus costes y por la que reducen la cantidad de producto manteniendo los precios, aunque a costa del consumidor. Y es que no hay que olvidar que a nadie nos gusta pagar más por menos o pagar lo mismo por menos, cuando además no nos informan de ello. La reduflación no es ilegal, pero las asociaciones de consumidores piden que tanto los productores como los supermercados lo comuniquen cuando se produzca un cambio de este calibre. Hoy, es lo que se va a hacer: obligar a las empresas a informar al consumidor de forma clara y comprensible si se reduce un producto y se mantiene el mismo precio.

Lo dijimos ya, y hoy también lo decimos: resulta un tanto sorprendente que justamente se aborde este cambio cuando la inflación se está estabilizando y no lo hicieran cuando estábamos en plena etapa inflacionista, algo además de lo que ya venían advirtiendo tanto FACUA como la OCU y que los usuarios y usuarias venían también percibiendo, además de que también lo recogió un informe de la consultoría Ipsos, en el que se destaca que el 54 % de las personas consumidoras en España han notado una reducción del tamaño de los productos en su compra cotidiana.

Aunque esta iniciativa llega un poco tarde, bienvenida sea, pues se trata de erradicar este tipo de prácticas que afectan a las y los consumidores y que puedan combatirse con más y mejor información y evitar la publicidad o venta engañosa. No se puede menoscabar la confianza de la gente y, por todo ello, votaremos a favor de la toma en consideración de esta iniciativa.

Ekimen horren honen alde bozkatuko dogu izanbe produktu bat murrizten bada edo prezioa bera mantenitu manteniten bada enpresak kontsumitzaileari informaziñoa modu argi eta ulergarrian emotera behartuta egongo direlako. Eskerrik asko.

Votaremos a favor porque, si se limita un producto y se mantiene el precio, debe informarse al consumidor de manera debida.

Muchas gracias.

Arratsalde on. Buenas tardes. La ley del consumidor ya exige información correcta en la oferta comercial de los bienes y servicios. La información siempre debe posibilitar el elegir sin inducir al engaño; especialmente, se debe facilitar información comparable con el resto de las ofertas y también con respecto a la situación anterior del producto. Pero aquí el moderno marketing también ha venido a modernizar viejas artimañas de lo que era la antigua sisa, que consiste precisamente en robar poco a poco, sin que te enteres, en eso que ahora ha venido a llamarse precisamente la reduflación; esto es, encarecer el producto sin que se note. En realidad, es vender 80 gramos como si fueran 100, pero al precio de 120. En eso consiste. La Comisión Europea señala que inducir a error al consumidor medio sobre el tamaño del producto es una práctica engañosa. También, las actuales legislaciones estatales y autonómicas ya disponen que el etiquetado y presentación de los bienes no pueden inducir a error. Así que estamos de acuerdo con esta propuesta que nos traen, que tiene que impulsar la realización de campañas de información sobre estas prácticas, obligar a informar de forma clara y, sobre todo, reforzar la vigilancia del mercado. La cuestión es la siguiente. Si algo de esto estamos haciendo y no funciona, ¿por qué es? A la hora de discutir esta ley y de concretar su articulado tendremos que fijarnos en cuáles son las razones de esta expansión y por qué no se ha podido controlar esta situación. Y la respuesta es que en el sector agroalimentario hay un incremento y una concentración del poder, de las plusvalías y del marketing por parte de la gran industria agroalimentaria. La reduflación y otras prácticas por el estilo, que también existen, son estrategias para ocultar precisamente ese encarecimiento, para tener una imagen más competitiva de precio y para, además, conseguir más beneficio. Y todo esto se está dando porque las grandes empresas de elaboración y distribución agroalimentaria están desbocadas. Durante estos últimos años, la evolución al alza de los precios de los productos elaborados ha sido muy superior al de los no elaborados. Esto se resalta, por ejemplo, en índices estadísticos como el referido a las ventas, que indica que el volumen y peso total de mercancía vendida no ha aumentado en el último año, incluso ha descendido; sin embargo, el monto de los ingresos se ha incrementado. ¿Y a quiénes está perjudicando especialmente? Efectivamente, a las y los consumidores, que sufren la subida de los precios, pero también a las y los productores, que en muchos casos siguen vendiendo a pérdida sus animales y cosechas a la industria alimentaria. Por eso, si las personas consumidoras están sufriendo la reduflación por parte de las productoras y de los productores, lo que están sufriendo es un remachaque en su situación.

Estamos de acuerdo en que hay que responder a estas prácticas, pero simultáneamente hay que crear unas condiciones de mercado para que se dé un reparto más equitativo de las plusvalías y evitar las subidas de precios injustificadas. Responder al fraude y a las subidas de precios injustificadas requiere una intervención más integral. Hay que responder desde diferentes planos: hay que aplicar la ley del consumidor, pero hay que desarrollar también la ley de la cadena alimentaria. Hay que incrementar la información, el control y la vigilancia y es preciso lograr un reparto más justo de las plusvalías en la cadena alimentaria. En este sentido, hoy quiero aprovechar estar aquí para llamar la atención ante una nueva amenaza contra la agricultura familiar, la que va a venir provocada por la rebaja de los aranceles que contempla un posible acuerdo con Mercosur. Hoy, el conjunto de países de Mercosur ya es el principal exportador de productos básicos agrícolas en la Unión Europea. No se necesitan contingentes adicionales libres de derechos arancelarios para incrementar estas exportaciones. La Unión Europea en estos momentos importa diez veces menos de lo que exporta el área geográfica Mercosur ―me refiero a productos agroalimentarios― y, señorías, como señalan las asociaciones agrarias de Vía Campesina, la experiencia dice que este tipo de acuerdos acaba beneficiando a los grandes latifundios y a las élites económicas de ambas partes en detrimento de los pequeños y medianos agricultores.

La agroganadería es un sector estratégico que no puede dejarse caer en favor de otros sectores. Es necesario garantizar el futuro del sector, especialmente el de la agricultura familiar. La rebaja progresiva de los aranceles supone una autopista de entrada de productos agrarios a menores precio y ya sabemos sobre la base de qué: el no cumplimiento de estándares sociales y el no cumplimiento de los estándares de calidad. Así que no hagamos políticas en favor de los que nos venden paquetes de ochenta gramos como si fueran de cien y cobrándonos a 120.

Muchas gracias.

Moltes gràcies, presidenta. Fa no encara quatre mesos passava per aquesta mateixa Cambra una proposició no de llei, també del mateix Grup Socialista, que tractava exactament el mateix tema. I ja els deia llavors en la meva intervenció que en aquesta matèria aquell tràmit no serviria per a absolutament res i només era una manera de quedar bé sense corregir ni obtenir cap resultat. Per això ara ens trobem avui aquí, amb una nova iniciativa, parlant del mateix per a intentar posar solució a la inacció de l’anterior proposta. Com ja deia en la meva primera intervenció en aquella ocasió, una proposta adreçada a resoldre la típica picardia made in Spain. De fet, revisant les notes de la meva primera intervenció d’aquell dia, avui podria repetir fil per randa la mateixa intervenció i continuaria tenint tot el mateix sentit. Aquell dia jo els deia que Espanya excel·leix en conductes més o menys tramposes, que Espanya és el país de la institucionalització de Rinconete y Cortadillo, i això no és ficció. En el seu cas, és la crònica d’una societat, de la seva societat. Mirem-ho, com es pot entendre si no que l’economia submergida, el mercat negre, l’estraperlo, el frau fiscal, el blanqueig de capitals, les portes giratòries, el tràfic d’influències i, com deia, fins i tot les novel·les picaresques, com es pot entendre que hagin esdevingut no només pràctiques habituals, sinó també en elements que formen part del seu imaginari col·lectiu i d’un estil de vida associat a la idiosincràsia espanyola? Aquest conjunt de fenòmens arrelats tant en l’esfera pública com en la privada no són simples anomalies o desviacions puntuals que s’hagin produït de manera accidental. No, no. S’integren en un marc sociocultural que ha estat alimentat per la història, per les estructures de poder i fins i tot per una certa tolerància social al mentir i no dir la veritat. Sense anar més lluny, aquesta setmana passada, en la compareixença del ministre Cuerpo en comissió, vèiem un nou exemple de com fer trampes fent ballar les dades macroeconòmiques per a aixecar una cortina de fum i fer veure que Espanya és un tros de paradís a la terra. De fet, alguns de les dades macroeconòmiques que explicava el ministre podien ser fins i tot certes, però, tot i que certes, només una anàlisi miop de la situació, i fent trampes en la seva explicació, podia convertir aquelles dades en allò que presumeix tot sovint aquí Pedro Sánchez, que Espanya viu el seu millor moment de la història. De veritat? De veritat que Espanya viu el millor moment de la història? Perquè segurament, el que ens hauríem de preguntar és en quin món viuen vostès, perquè quan obres l’objectiu i mires el conjunt de les dades econòmiques i de la realitat, te n’adones que aquesta afirmació és del tot trampa i les dades diuen una cosa molt distinta.

De forma molt sintètica: un 26,7 % d’atur juvenil, el pitjor de tota Europa, 11 punts per sobre de la mitjana europea; un 11,2 % d’atur, també el pitjor de tota Europa; i els que treballen, el seu sou mig és un 17 % més baix que la mitjana europea. Per contra, Espanya és el segon país on més puja el preu de compra d’habitatges, un 33 % en els darrers deu anys. En el mateix període, el lloguer ha augmentat un 60 %. I pel que fa a l’IPC, en els darrers quatre anys ha augmentat un 20 %. Un 20 % d’augment de l’IPC en els últims quatre anys!

Per altra banda, vostès presumeixen de tenir el PIB que més creix, doncs en els últims vint anys només ha crescut un 5,7 %, quan a la resta de la Unió Europea ha estat d’un 22,65 %, quatre vegades més que a Espanya. I si es miren el deute públic, les dades la situen en 1 636 000 milions d’euros, 34 000 euros de deute públic per habitant, el deute públic més gran de la història d’Espanya, el 106 % del producte interior brut. I el fons de reserva de les pensions? A la inversa del deute públic: només un 0,4 % del producte interior brut, enfront del 7 % que té França o del 11,2 que té Portugal.

Així podríem anar allargant les evidències que, com els deia al començament, vostès fan trampes i els ciutadans no noten pas que Espanya sigui aquest tros de paradís que diuen vostès a la terra. Perquè és evident que els indicadors de costos estan molt per sobre d’Europa i que els indicadors d’ingressos estan molt per sota d’Europa, l’equació no s’aguanta. Perquè escoltin, tothom està insatisfet; parlis amb el sector que parlis, i vagis on vagis, fa temps que no es troba ningú satisfet amb vostès i amb les seves polítiques. Ningú, ni tan sols els seus.

Així doncs, està bé evitar les trampes en la comercialització de productes, com proposen avui. Sí, i tant! Però, escoltin, per a això no calia fer una proposició de llei. Ja els vam dir quan van debatre el mateix fa uns mesos, que això ho podrien haver arreglat fa temps per altres vies molt més ràpides i contundents, que proposant un simple etiquetatge. O potser es pensen que sense un sistema dur d’inspeccions i sancions, qui fa aquestes pràctiques ―tècnicament reprovables― no trobarà per altres vies per a saltar-se aquesta proposta que vostès fan avui? Per tant, amb tot això no n’hi ha prou per a garantir els drets i el benestar dels ciutadans. El que caldria esperar d’un Govern és que fessin el que cal per a deixar de tenir el deute públic més gran de la història, no facilitar que sigui el país amb les majors dificultats per a accedir a l’habitatge —‌ja sigui de compra o de lloguer—, o de deixar de ser el que tenen més atur d’Europa, deixar de ser els que tenen el pitjor atur juvenil de tot Europa, aconseguir reduir l’IPC per a no escanyar més la gent i no pensar en tot moment en augmentar els impostos a ciutadans i empreses. Això sí que seria realment meritori, però jo diria que això és demanar massa per a vostès.

Moltíssimes gràcies.

Muchas gracias, presidenta. Hace no todavía cuatro meses pasaba por esta Cámara una proposición no de ley del mismo Grupo Socialista que abordaba exactamente el mismo tema, y ya les decía entonces en mi intervención que en esta materia ese trámite no serviría para absolutamente nada y solo era una forma de quedar bien sin corregir ni obtener ningún resultado. Por eso hoy estamos aquí, ante una nueva iniciativa, hablando de lo mismo para intentar poner solución a la inacción de la anterior propuesta. Como ya decía en mi primera intervención en aquella ocasión, una propuesta dirigida a resolver la típica picaresca made in Spain y, repasando las notas de mi primera intervención, hoy podría repetir exactamente lo que dije en aquella ocasión y todo tendría sentido. Ese día les decía que España es excelente en conductas más o menos tramposas, que España es el país de la institucionalización de Rinconete y Cortadillo, y esto no es ficción. En su caso, es la crónica de una sociedad, de su sociedad. ¿Cómo podemos entender si no que la economía sumergida, el mercado negro, el estraperlo, el fraude fiscal, el blanqueo de capitales, las puertas giratorias, el tráfico de influencias y, como decía, incluso las novelas picarescas se hayan convertido no solo en prácticas habituales, sino también en elementos que forman parte de su imaginario colectivo y de un estilo de vida asociado a la idiosincrasia española? Este conjunto de fenómenos arraigados tanto en la esfera pública como privada no son simples anomalías o desviaciones puntuales que se hayan producido de forma accidental. No, se integran en un marco sociocultural que ha sido alimentado por la historia, por las estructuras de poder e incluso por una cierta tolerancia social a mentir y no decir la verdad.

Sin ir más lejos, la semana pasada, en la comparecencia del ministro Cuerpo en comisión, vimos un nuevo ejemplo de cómo hacer trampas haciendo bailar los datos macroeconómicos para levantar una cortina de humo y hacer ver que España es un pedazo de paraíso en la tierra. De hecho, algunos de los datos macroeconómicos que contaba el ministro podían ser incluso ciertos, pero, a pesar de ser ciertos, solo un análisis miope de la situación, y haciendo trampas en su explicación, podía convertir aquellos datos lo que presume aquí Pedro Sánchez, que España vive su mejor momento de la historia. ¿De verdad? ¿De verdad que España vive su mejor momento de la historia? Seguramente, lo que deberíamos preguntarnos es en qué mundo viven ustedes, porque cuando se abre el objetivo y se ven los datos económicos y la realidad, te das cuenta de que esta afirmación es una trampa y que los datos nos cuentan algo muy distinto.

De forma muy sintética: un 26,7 % de paro juvenil, el peor de toda Europa, 11 puntos por encima de la media europea; un 11,2 % de paro, también el peor de toda Europa; y en cuanto a los que trabajan, su sueldo medio es un 17 % más bajo que la media europea. Por el contrario, España es el segundo país donde más sube el precio de compra de viviendas, un 33 % en los últimos diez años. En el mismo periodo, el alquiler ha aumentado un 60 %. En lo que respecta al IPC, en los últimos cuatro años ha aumentado un 20 %. ¡Un 20 % de aumento del IPC en los últimos cuatro años! Por otro lado, ustedes presumen de tener el PIB que más crece, pero en los últimos veinte años solo ha crecido un 5,7 %, cuando en el resto de la Unión Europea ha crecido un 22,65 %, cuatro veces más que en España. Si ustedes echan un vistazo a la deuda pública, los últimos datos la sitúan en 1 636 000 millones de euros, 34 000 euros de deuda pública por habitante, la deuda más grande de la historia de España, el 106 % del producto interior bruto. Y el fondo de reserva de las pensiones, al revés de lo que acaba de decir: solo un 0,4 % del producto interior bruto, frente al 7 % que tiene Francia o el 11,2 que tiene Portugal.

Así podríamos continuar con las evidencias, porque, como les decía al principio, ustedes hacen trampas y los ciudadanos no notan que España sea este pedazo de paraíso en la tierra. Es evidente que los indicadores de costes están muy por encima de Europa y que los indicadores de ingresos están muy por debajo, y la ecuación no se sostiene. Todo el mundo está insatisfecho; hables con quien hables, con el sector que hables, o vayas donde vayas, nadie está satisfecho con ustedes y con sus políticas. Nadie, ni los suyos. Así pues, está bien evitar las trampas en la comercialización de productos, como proponen hoy. Sí, esto está bien, pero, oigan, para esto no era necesaria una proposición de ley. Ya les dijimos cuando debatimos lo mismo hace unos meses que esto lo podrían haber arreglado hace tiempo a través de otras vías mucho más rápidas y contundentes, más que proponer un simple etiquetado. ¿O quizá creen, sin un sistema duro de inspecciones y sanciones, que quien lleva a cabo estas prácticas ― técnicamente reprobables― no va a hallar por otras vías para saltarse esta propuesta que ustedes hacen hoy? Con todo esto no es suficiente para garantizar los derechos y el bienestar de los ciudadanos. Lo que cabría esperar de un Gobierno es que hicieran lo necesario para dejar de tener la deuda pública más grande de la historia, y no facilitar que sea el país con las mayores dificultades para acceder a la vivienda ―ya sea de compra o de alquiler―, o para dejar de ser el país con más paro de Europa, el país con el mayor paro juvenil de Europa, y conseguir reducir el IPC para no ahogar más a las personas y no pensar en todo momento en el aumento de impuestos para ciudadanos y empresas. Esto sí que sería realmente meritorio, pero yo diría que esto es pedir demasiado para ustedes.

Muchas gracias.

Bona tarda. Això de la reduflació ja sembla un tema per fascicles. Primer, ens porten una proposta no de llei; al cap d’una setmana és una proposició de llei i potser d’aquí a poc serà un projecte de llei. Bé, en fi. La reduflació és un atac directe contra les classes populars, és una pràctica que redueix el contingut dels productes mentre els preus es mantenen o fins i tot augmenten, una manera encoberta d’empobrirnos cada dia més. Això afecta els productes que comprem cada dia: la llet, els cereals, el detergent, la pasta… Ens trobem amb caixes més petites i menys contingut, però amb preus intactes o disparats. Les classes treballadores, ja escanyades —‌ja escanyades—pels salaris insuficients i preus desbocats, el petit autònom veu com cada dia perd poder adquisitiu. Aquesta pràctica augmenta la pobresa i fa encara més precària la vida de moltes famílies.

Aquest problema no és nou. La reduflació és, en certa manera, un intent d’estafar sense cap ètica, que cal combatre-ho amb contundència. No ho neguem. Sabem que controlar la reduflació és imprescindible, però també sabem que sense una política econòmica valenta aquesta llei serà insuficient i cal anar molt més enllà. Està bé la reduflació, està molt bé, però crec que hi ha coses més importants a regular per a poder millorar el poder adquisitiu de les classes treballadores, ja siguin assalariades o ja siguin autònoms.

Mentrestant, anem a evidències, anem a fets. Les grans empreses —‌que alguns encara els estalvien impostos— les grans empreses continuen acumulant beneficis escandalosos. Segons dades recents, els beneficis empresarials de l’Estat, fets, els beneficis empresarials de l’Estat espanyol han crescut de forma desproporcionada en comparació amb el PIB, mentre que els salaris, en canvi, no han anat disminuint… han anat disminuint, perdó, en termes relatius. És a dir, més percentatge del PIB per als beneficis empresarials, menys per a les aportacions dels salaris. Això evidencia una desigualtat de creixement i una manca de redistribució justa de la riquesa. El problema doncs no és només la reduflació, és un sistema que permet aquestes injustícies.

Què fa falta per afrontar aquest problema? A banda del que vostès proposen, aquí hem aportat com a Esquerra uns altres solucions, i alguns altres partits també en el mateix sentit. Augment salarial significatiu, increment del salari mínim, fins a assolir al 60 % del salari mitjà, tal com recomana la Carta Social Europea, per a garantir condicions de treball dignes. Més controls i sancions, si no s’estableixen en aquesta llei sancions reals per a dissuadir aquestes pràctiques, sense sancions clares, tot això és paper mullat. Transparència permanent, només s’exigeix informar durant noranta dies. Això no és suficient. L’etiquetatge ha de ser clar i accessible de manera constant, incloent-hi la història de pes i mida del producte.

Què proposem? Règim sancionador contundent a les empreses que enganyen en aquest tema. Índex de reduflació, cal identificar les empreses que utilitzen aquestes pràctiques i publicar-ne resultats perquè la ciutadania ho sàpiga. Llistes de males pràctiques, associacions de consumidors i sindicats han de tenir eines per a assenyalar les empreses que es lucren amb aquest engany. Clàusules de revisió salarial, incorporar als convenis col·lectius —‌i això sí que és molt important— incorporar als convenis col·lectius clàusules que garanteixin augments salarials automàticament vinculats a l’IPC per a protegir el poder adquisitiu, només podent-se despenjar en cas que hagin minvat els beneficis, que hagin minvat o que hagin arribat per sota del que és lògic, no?

Negociació col·lectiva, això també és molt important i molt efectiu. Promoure acords entre sindicats i patronal que assegurin una redistribució justa dels beneficis empresarials. Això inclou mesures com incentivar la participació activa dels treballadors en les negociacions i garantir que els increments salarials siguin proporcionals als beneficis empresarials, assegurant així que el creixement econòmic es reflecteixi en les condicions de vida de la classe treballadora. De res ens serveix quan vostès diuen que el PIB està augmentant i que està pujant si aquest PIB no repercuteix a tota la població en general. No serveix de res per a la majoria de la gent.

En definitiva, calen mesures molt més valentes, sense augmentar salaris i sancions, els abusos al control de la reduflació serà insuficient. Exigim doncs un control ferm amb els drets de la classe treballadora per a garantir una vida digna.

I per altra banda, també he escoltat aquí alguns que parlen des del supremacisme que només hi ha corrupció en l’Estat espanyol. Jo crec que alguns partits estan plens de corrupció, estan molt plens de corrupció i plens de finestres giratòries o de portes giratòries. Recordem a Duran i Lleida, a Sánchez Llibre o recordem els casos Pujol, etcètera. No. La corrupció està molt ben repartida pels pobles i pels països; cap poble se’n salva, malauradament. I cal combatre-la a tot arreu per igual.

Moltes gràcies.

Buenas tardes. Esto de la reduflación parece un tema por fascículos. Primero, una propuesta de ley; después, una proposición de ley y dentro de poco quizá será un proyecto de ley. La reduflación es un ataque directo contra las clases populares, una práctica que reduce el contenido de los productos mientras los precios se mantienen o aumentan, una manera encubierta de empobrecernos cada día más, y esto afecta a los productos que compramos cada día: leche, cereales, detergente, pasta. Las cajas son cada vez más pequeñas y con menos contenido, pero con precios intactos o disparados. Las clases trabajadoras, ya ahogadas por los salarios insuficientes y los precios desbocados, y el pequeño autónomo ven cómo cada día pierden poder adquisitivo. Esta práctica aumenta la pobreza y hace que la vida sea todavía más precaria para muchas familias. Este problema no es nuevo. La reduflación es, en cierto modo, una forma de estafar y hay que combatirlo con contundencia. Controlar la reduflación es imprescindible ―lo sabemos―, pero también sabemos que sin una política económica valiente esta ley será insuficiente y debe ir más allá. La reduflación, sí, está bien combatirla, pero creo que hay cosas más importantes que debemos regular para poder mejorar el poder adquisitivo de las clases trabajadoras, ya sean asalariadas o autónomas. Entre tanto, hay evidencias, hechos: algunos todavía se ahorran impuestos. Las grandes empresas acumulan beneficios escandalosos. Los beneficios empresariales del Estado español han crecido de forma desproporcionada en comparación con el PIB mientras que los salarios han ido disminuyendo en términos relativos. Más porcentaje del PIB para beneficios empresariales y menos aportaciones para los salarios y esto conduce a una desigualdad, a una falta de redistribución justa de la riqueza. El problema no es solo la reduflación, es un sistema que permite estas injusticias.

¿Qué es preciso para hacer frente a este problema? Al margen de lo que ustedes proponen, aquí Esquerra y otros hemos aportado soluciones en un mismo sentido. Aumento salarial significativo. Aumento del salario mínimo hasta llegar al 60 % del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea, para garantizar condiciones de trabajo dignas. Más controles y sanciones. Si no se establecen en esta ley sanciones reales para disuadir estas prácticas, sin sanciones claras todo esto es papel mojado. Transparencia permanente. Solo se exige informar durante noventa días. Esto no es suficiente. El etiquetaje debe ser claro y accesible de forma constante, incluyendo historia, peso, medida y tamaño del producto. ¿Qué proponemos? Un régimen sancionador contundente para las empresas que engañan en este tema. Índice de reduflación. Se deben identificar las empresas que autorizan estas prácticas y publicar resultados para que la ciudadanía lo conozca. Listas de malas prácticas. Asociaciones de consumidores y sindicatos deben disponer de herramientas para ver qué empresas se lucran con este engaño. Cláusulas de revisión salarial. Incorporar a los convenios colectivos ―y esto es muy importante― cláusulas que garanticen el aumento salarial vinculado al IPC para proteger el poder adquisitivo y que solo se puedan descolgar si se han reducido los beneficios o que hayan llegado por debajo de lo que es lógico. Negociación colectiva. Esto también es muy importante. Promover acuerdos entre sindicatos y patronales que aseguren una redistribución justa de los beneficios empresariales. Esto incluye medidas como la incentivación de la participación activa de los trabajadores en las negociaciones y garantizar que los incrementos salariales sean proporcionales a los beneficios empresariales, asegurando de esta forma que el crecimiento económico se refleje en las condiciones de vida de la clase trabajadora. Porque no sirve de nada que ustedes digan que el PIB está aumentando si este PIB no repercute en toda la población en general, no sirve de nada para la mayoría de las personas. En definitiva, se precisan medidas más valientes. Sin aumentar los salarios y sin aumentar las sanciones, el control será insuficiente. Exigimos un control firme con los derechos de la clase trabajadora para garantizar una vida digna.

También he escuchado cómo algunos hablan desde el supremacismo, diciendo que solo hay corrupción en el Estado español. Creo que algunos partidos están llenos de corrupción y llenos de puertas giratorias. Recordemos a Duran i Lleida, a Sánchez i Llibre o el caso Pujol. La corrupción está muy bien repartida en los pueblos y países; no hay ningún pueblo o país que se salve de ella y hay que combatirla en todas partes por igual.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidenta. La proposición de ley que nos presenta hoy el partido mayoritario en el Gobierno tiene muy buenas intenciones, pero llegamos todos un poco tarde. Señorías, está muy bien dotarnos de medidas para frenar el futuro abuso de las distribuidoras de alimentos en España, al igual que en otros sectores; el problema aparece cuando el cambio llega tarde y no se actúa de forma contundente con las leyes vigentes que tienes aprobadas y a tu disposición. La ciudadanía se desanima y piensa: ¡A buenas horas mangas verdes! En cuanto la inflación empezó a bajar, las cadenas se apresuraron a publicitar el cambio que nunca debieron hacer. Por ejemplo, en los paquetes de galets ―ahora que estamos en Navidad―, al igual que en todos, ya pone claramente el gramaje. Parte de la ley cumplida. Por eso intentaremos que sea un poco más ambicioso de lo que se nos plantea. En los primeros días de volver al gramaje inicial, hasta colocaron en las cintas de pago, en el separador de los productos, la publicidad correspondiente. Es normal que vayamos por detrás porque no tenemos una bola de cristal. Por eso, cuando detectamos un fraude legal, pero fraude, al fin y al cabo, lo que hemos de intentar conseguir es que no se repita y menos que en el proceso siempre sea un winwin para la empresa. Reduce la cantidad y no sube el precio. Y en la reducción, posiblemente, tenga más margen de beneficio, ya que el precio, como todos sabemos, es libre. Para más cachondeo, cuando vuelve al gramaje inicial, como nos ha pasado, hace una campaña de marketing y los que quedamos mal somos nosotros y las Administraciones. Para el consumidor, que no tiene por qué entender de leyes, no actuamos cuando toca y cuando lo hacemos, vamos a remolque de las grandes cadenas, que son las buenas.

Por eso SUMAR, como siempre, es el que estira un poquito más a la izquierda en defensa de los consumidores para no endulzar las medidas y que no molesten al que defrauda. El problema no está exclusivamente en avisar en caja alta y tipografía de palo que te están engañando, sino en que no lo hagan. En la sociedad del mercado el precio es libre y es precisamente en el precio donde nos fijamos, donde se fijan las familias cuando van al súper y no en el gramaje. Si la empresa productora o la comercializadora quieren cambiar la cantidad de un producto habitual, deben estar obligadas a cambiar la imagen del envoltorio utilizando otro color, por ejemplo, y, como propone la PL, un aviso; y si es posible, con luces fosforescentes y en carteles, como cuando promocionan sus ofertas y rebajas.

No sé si sus señorías se acuerdan de cómo, cuándo y por qué se inició todo esto que hoy discutimos; yo sí. El 27 de diciembre de 2022, con efectos de 1 de enero de 2023, y como medida para reducir el coste que la guerra en Ucrania producía en la economía familiar, el presidente Pedro Sánchez anunciaba ―abro cita―: La cesta de productos de primera necesidad, que hasta ahora tributaba al 4 %, pasará a tributar al 0 %. Por otro lado, el aceite y la pasta, que actualmente tienen un IVA del 10 %, pasarán a tenerlo del 5 %. Cierro la cita. En el Grupo Plurinacional SUMAR no éramos unos entusiastas de la medida, ya que los antecedentes apuntan a que cuando rebajas el IVA, alguien se lo queda en el trayecto y nunca llega la rebaja al consumidor. Como me han escuchado decir varias veces desde la tribuna ―igual piensan que soy un poco pesado, lo siento―, era en aquellas fechas un inquieto director general de Consumo en las Islas Baleares. Teníamos dos días hábiles para comprobar si las cadenas modificaban sus precios antes de la entrada en vigor. Hacían lo que en muchas rebajas, es decir, subir para luego bajar y llevárselo crudo; es lo que habitualmente hacen. Eran dos días en plenas vacaciones de Navidad, con el poco personal que tienen las Administraciones de consumo y Navidad en la Administración, no digo más. Hicimos a correcuita un listado de sesenta productos básicos para chequear si bajaban, mantenían o subían los precios. Empezamos el 28 de diciembre y repetimos el 4 de enero. Se analizaron siete grandes superficies en la isla de Mallorca y ―¡oh sorpresa!― tres supermercados subieron precios de alimentos básicos en vez de bajar el IVA; y otros en algunos productos mantenían precios sin aplicar la bajada. Esa era la realidad. Ese muestreo se lo pasamos a la CNMC, porque desde la comunidad autónoma no teníamos capacidad suficiente para analizar de forma rigurosa si se cumplía o no y para que, en el supuesto de incumplimiento, se sancionase por la Administración competente. Es importante que nosotros armemos leyes que sean aplicables y que la Administración actúe con lo que tiene y no mire para otro lado. En consumo, como en otros muchos temas, la Administración competente es la autonómica y demasiadas veces mira hacia otro lado. Como sus señorías saben, porque lo anunció aquí mi compañero Carlos Martín, SUMAR pretende introducir un impuesto inteligente que se adapte en función de los márgenes excesivos que tenga cada una de estas empresas.

Otro elemento fundamental dentro de la reduflación, que hoy no se trata, es la reduflación en la vivienda. En solo tres años, el tamaño medio de la vivienda se ha reducido en ocho metros cuadrados, pero son más caras. Y, señorías, la mala noticia es que parece que es una tendencia que no va a cambiar, sino que los hogares van a seguir menguando de tamaño. Señorías, hemos de actuar.

Otro caso de reduflación es el que han vivido durante más de veinticinco años los afectados de las hipotecas referenciadas al IRPH. Este caso de estafa bancaria ha sido sentenciado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado 12 de diciembre a instancias de unas prejudiciales del juzgado de Primera Instancia de Donostia y referenciadas a una serie de preguntas de los letrados Ortiz y Erausquin, cuestiones extraídas del informe financiero encargado por Consumo de las Baleares. En ella, la reduflación la han ejercido la Abogacía del Estado y el Tribunal Supremo ―ellos dos―, porque su visión de defensa de los españoles se reduce a los intereses de los españoles que están al frente de las entidades bancarias. Otra sorpresa. Precisamente en este tema, el diputado que les habla ha enviado una carta al Banco de España con el informe de un reconocido matemático, en la que se demuestra que esas hipotecas llamadas

IRPH tenían una doble retribución, ya que se cobraba por partida doble la comisión de apertura y, en cambio, el servicio solo se prestaba una vez. A la espera de la confirmación del Banco de España, al que he de reconocer su labor objetiva, los bufetes de abogados ya pueden ir ampliando su personal, porque los abusos bancarios no pueden quedar impunes. Y SUMAR es y será el aval que tienen la ciudadanía y los consumidores para defenderles.

Gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, presidenta. A su señoría de Junts, que ha hecho aquí una disertación de la corrupción alrededor de toda la sociedad española, por lo que sea se le ha olvidado un tres per cent de los datos. No sé si será olvido o despiste. (Aplausos). Como saben, la reduflación tiene lugar cuando pagamos lo mismo o más por un producto, pero recibimos menos cantidad o de peor calidad, es decir, vienen menos patatas en la bolsa y nos cobran lo mismo. Es un hecho denunciable y que tiene consecuencias directas sobre el consumidor español, cuyo poder adquisitivo ya se encuentra de por sí mermado con respecto a la media de la Unión Europea. Es una estafa silenciosa, pero también una perfecta metáfora de lo que ocurre con la gestión del Gobierno, que pone tronos a las causas y parches a las consecuencias. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Y vamos a ver el porqué, el porqué y el cómo de la hipocresía del Gobierno, que aplica la reduflación a todos los ciudadanos: encarecen la cadena de producción y elevan los impuestos de todo, y luego buscan revertir las consecuencias con eufemismos y pegatinas. Ustedes han batido el récord en recaudación de impuestos. Durante los seis primeros meses del año exprimieron y esquilmaron un 10 % más de impuestos a la ciudadanía; en cambio, no vemos dónde están esos servicios. Estoy seguro de que la etiqueta que ustedes desean para los alimentos sería de mayor utilidad en la nómina de los españoles y que se explicara qué hacen con los dineros que extraen con el IRPF. Una etiqueta que, por ejemplo, se podría poner en el impuesto sobre circulación, ya que ahora tu coche diésel paga los mismos impuestos, pero puede circular por menos calles. (Aplausos). Una etiqueta que se puede poner también en cualquier producto que lleve IVA o en la declaración de la renta; una etiqueta que se puede poner en los precios de la vivienda, que aumentan un 10 % al año; o una etiqueta que, por desgracia, podemos ver en la primera página de la ley ELA, en la que ustedes prometen y luego se olvidan. Pagamos más impuestos que nunca y recibimos menos servicios públicos y, además, de peor calidad. Asimismo, batimos un récord de deuda, incrementando nuestro país la suma que debemos a razón de 135 000 euros por minuto. Es decir, pagamos más impuestos, estamos más endeudados y, en cambio, perdemos más poder adquisitivo. (Aplausos). Esa es la concepción de progreso del Partido Socialista, la que enfila el camino hacia el abismo. Ese es el resultado, una sensación de retroceso y falta de rumbo. Los ciudadanos pagamos los platos rotos de una desastrosa gestión. Hay miles de ejemplos que vamos a ir enumerando poco a poco. Empecemos por Renfe, un caso, además, que a todo el mundo nos viene a la cabeza y un símbolo claro de este deterioro. Mientras que el Gobierno presume de que los trenes están en el mejor momento de la historia, vemos cómo los trenes de alta velocidad y larga distancia llegan tarde como nunca. El porcentaje de retrasos se ha duplicado del año 2019 al año 2023; casi el doble de incidencias en apenas cuatro años, todo por la mala gestión. Esto significa que los ciudadanos están pagando billetes más caros y reciben un servicio cada vez más impredecible y deficiente. Señores, esto no es progreso, esta es la reduflación aplicada a su gestión de los servicios públicos. Pero vamos con otra aún más preocupante: la educación, la inversión más importante para el futuro de nuestros hijos. Aquí no estamos hablando de retraso de trenes; estamos hablando, como he dicho, del futuro de nuestros hijos. En el último informe PISA, que es demoledor, los alumnos españoles han obtenido los peores resultados en materias tan importantes como son las matemáticas. España no solo no avanza, sino que retrocede mientras otros países mejoran. Nos venden leyes educativas que solo generan confusión, bajan la exigencia, a la par que solo promueven el adoctrinamiento. Y el resultado es claro: nuestros jóvenes salen menos preparados y menos competitivos al mundo; eso sí, la recaudación de los impuestos sigue funcionando a toda máquina.

Vamos ahora con la sanidad pública, un orgullo nacional que se tambalea en manos Partido Socialista. Los datos son escalofriantes: 850 000 personas están en lista de espera para ser operadas (aplausos); el peor dato desde que hay registros. Son familias enteras las que sufren durante meses, e incluso años, en lista de espera para ser atendidas, y ahora se les añade el millón y medio de personas que ya no serán atendidas por MUFACE, sino que irán a la ya saturada sanidad pública.

¿Y dónde va el dinero que se recauda con estos impuestos? Porque no van a las colas de los hospitales, ni a la mejor atención primaria, ni a reducir estas cifras vergonzosas. Van a chiringuitos, a los 32 000 millones de euros que repartieron en subvenciones ustedes el año pasado; a 400 millones en ayudar a terceros mientras Valencia, por ejemplo, agoniza; a regar publicidad institucional; a los Broncanos; a los sindicatos corruptos, o, por ejemplo, al Ministerio Interior de Marruecos, que le dan 30 millones. A todo, menos a lo que de verdad importa. Va a los Koldos, a los secretarios de organización del PSOE, al número dos de Sánchez, a la mujer de Sánchez, al hermano de Sánchez. Van a todo esto, menos a las cosas que realmente importan.

Estamos ante un Gobierno que, ante esta crisis, aplica la reduflación a la gestión pública. Pagamos más impuestos que nunca, recibimos cada vez peores servicios y la calidad de vida de los ciudadanos se resiente. Y enfrente se encuentran a un Gobierno cuyas soluciones pasan por cambiar las etiquetas de los productos; unos productos con precios cada vez más elevados debido, precisamente, a la inacción del Gobierno. Y este es el resultado de las políticas que priorizan la recaudación sobre la gestión eficiente.

Y la pregunta es sencilla: ¿hasta cuándo vamos a tolerar que nos cobren más por menos calidad en todo lo que debería ser público y garantizado? Seamos claros, señorías. España necesita una gestión responsable, eficiente y comprometida con sus ciudadanos, no con la propaganda. Es hora de exigir soluciones y dejar atrás la reduflación gubernamental que nos roba oportunidades y el futuro cada vez que disminuye nuestro poder adquisitivo. Y el culpable, una vez más, señorías, con los récords de recaudación es el Gobierno del Partido Socialista.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes. Hoy subo a esta tribuna para dar voz a millones de españoles que ven como el esfuerzo en sus salarios se diluye por el alza de los precios, los impuestos y unas políticas que solo benefician a unos pocos. La reduflación es uno de los ejemplos más claros de esta situación. Este concepto, que parece muy técnico, se entiende fácilmente cada vez que alguien realiza una compra y descubre que trae menos cantidad en el mismo envase por el mismo precio y en algunas ocasiones más. Esta práctica refleja la incapacidad del Gobierno de Pedro Sánchez para controlar la inflación. Estamos ante un Gobierno sin rumbo, sin recorrido y sin iniciativa. (Aplausos). Solo les queda convocar elecciones. Preguntaba la portavoz de Esquerra Republicana en el anterior punto del orden del día, la señora Vallugera, que para qué sirven los gobiernos de izquierdas. Para engañar y para esparcir el fango entre los españoles. La reduflación no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una política económica fallida que ha reducido el poder adquisitivo de las familias en más de 5 puntos. Esta Cámara aprobó este año dos proposiciones no de ley del Grupo Popular para mitigar el efecto de la inflación. En una de ellas, en el mes de febrero, se exigía la reducción del IVA de la carne, el pescado y las conservas. En otra, en el mes de abril, se pedía una rebaja del IRPF para las rentas medias y bajas, modificando los tres primeros tramos. Estas medidas, defendidas por mis compañeros Mila Marcos y Juan Bravo, se anticipaban a un escenario de inflación creciente que hoy es ya una realidad. La inflación acumulada desde el año 2021 se aproxima al 20 %, y el Gobierno ha permanecido inactivo ante estas propuestas. Mientras Europa tomaba medidas para combatir la inflación, el Gobierno de Pedro Sánchez adoptaba la política del avestruz, escondiendo la cabeza y culpando a los demás. Pero, pese a que se aseguró que la inflación sería transitoria, tres años después los precios siguen subiendo, afectando al poder adquisitivo de los españoles. Cada mes la población se empobrece más. El índice AROPE revela que el 26,5 % de la población española, es decir, unos 12,7 millones de personas están en riesgo de pobreza o exclusión social, uno de cada cuatro. Y la situación es aún más preocupante en los menores de

18 años, donde uno de cada tres, el 34 %, vive en condiciones de pobreza. Somos el segundo país, solo por detrás de Rumanía. España es uno de los países en los que más crece la pobreza, siendo el tercer país de la Unión Europea en el que más se ha elevado.

Aunque los datos macroeconómicos puedan mostrar cierta estabilidad, la realidad para muchas familias españolas es un deterioro constante de su calidad de vida bajo el Gobierno de Pedro Sánchez. Todo aumenta en este país, su corrupción y la cesta de la compra, que recordamos que se ha incrementado un 38 % desde el año 2022. (Aplausos).

Hago mías las palabras de mi compañero Antonio Martínez, en el mes de septiembre, que intervenía para fijar la posición del Grupo Popular en la proposición no de ley que el Grupo Socialista trajo aquí, han sido ustedes incapaces hasta de copiar en la exposición de motivos la fecha en la que se celebró ese debate, que fue el 10 de septiembre y no el 11 de febrero. Mienten. Es innato en ustedes. (Aplausos). Mienten hasta en lo más básico, y también mienten cuando dicen que Francia adoptó medidas en abril de este año, de 2024, cuando en realidad fue en marzo de 2023. Quizás lo que querían era acercar la fecha al primer anuncio que hicieron ustedes para combatir la reduflación y hacer lo mismo que se hacía en Francia y Alemania, que fue en septiembre del año 2023.

Hablaba la representante del Grupo Socialista de prácticas empresariales que el Gobierno ya debería haber regulado. ¿Por qué no lo hicieron cuando lo anunciaron en septiembre de 2023?

Hablaba también de las campañas nacionales que hicieron, sobre las que dirigí una pregunta al Gobierno en el mes de junio y nos contestaron en septiembre, acerca de unas campañas nacionales para controlar 140 productos. ¿Saben qué comunidades lo hicieron? Baleares, Extremadura, La Rioja, Murcia y Madrid. ¿Les suena algo quién gobierna en esas comunidades? El Partido Popular, que es el único que se preocupa de verdad de los ciudadanos. (Aplausos).

Miren, Francia tomó medidas, como decía, en marzo 2023, un año antes, con la aprobación del llamado «trimestre antiinflación». Ese programa francés logró acuerdos con grupos de distribución, acuerdos para reducir los márgenes de los productos básicos, y desde noviembre del año 2023 es necesario que cuando se aplique a un producto la reduflación lo indiquen en su etiquetado. Qué diferencia con ustedes, que lo hacen todo desde la imposición, renunciando al diálogo entre los agentes afectados.

La inflación no solo afecta a los precios, también alimenta la inflación fiscal. Mientras suben los precios, el Gobierno incrementa la recaudación a costa de los ciudadanos. Desde el año 2018, ustedes, el Gobierno, han aumentado más de setenta veces los impuestos a los españoles, incluyendo tasas encubiertas y normativas que asfixian a las familias, autónomos y empresas. Desde la llegada de Pedro Sánchez, la brecha de la renta per cápita de España respecto a la media europea ha aumentado un 37 %. Actualmente la renta per cápita española se sitúa en 6540 euros por debajo de la media europea, reflejando un incremento del 13 % en la distancia con otros países de su entorno. Y nos vienen aquí y nos dicen en esta tribuna que no podemos permitir que el coste recaiga sobre los ciudadanos. ¡¿Pero cómo tienen tanta cara?! (Aplausos). ¿Qué están haciendo ustedes más que repercutir a los ciudadanos, a sus bolsillos, la inflación y la subida de impuestos? El Gobierno se jacta del incremento de la recaudación, pero ¿a costa de quién? De los españoles, que ven como su dinero pierde valor. Este aumento no es un logro del Gobierno, es un robo silencioso a las familias, que ven como su poder adquisitivo se esfuma en el supermercado.

Ustedes nos hablan hoy aquí de este informe: IPSOS Global. (Muestra un documento). Estoy seguro de que no se lo han leído entero, porque miren lo que dice. Este informe dice que el 54 % de los encuestados afirman haber notado la reduflación y la consideran inaceptable, pero también dice que el 77 % cree que el poder adquisitivo se reducirá o se mantendrá en 2024, que el 38 % de los españoles declara vivir con lo justo, que el 23 % no llega a final de mes y que el 71 % es pesimista sobre la inflación para el año 2024. Este informe era de otoño de 2022. Ojo con este dato, el 61 % de los españoles culpa a las políticas del Gobierno de la situación inflacionaria. ¿Ustedes se lo han leído? ¿De verdad me quieren decir que se lo han leído y no han hecho nada en todo este año para solucionar los problemas que sufrimos los españoles?

El Partido Popular está preparado para liderar el cambio. Hoy nos traen aquí esta propuesta en su semana fantástica de la corrupción, en sus ocho días de oro de la corrupción. Señorías, este Gobierno no va a ninguna parte y no sirve ya para casi nada. El Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, es la única alternativa para gobernar con eficacia y devolver a los ciudadanos el control sobre su economía. La política económica actual, marcada por la inflación, la reduflación y la subida de impuestos, ahoga a los españoles. El Gobierno debe reducir los impuestos a familias, autónomos y pymes, debe dejar de beneficiarse de la inflación que engorda las arcas públicas. Ya está bien de eslóganes vacíos y de excusas.

Se necesita una gestión económica más justa y más responsable. (Aplausos.―La señora Montesinos de Miguel: ¡Muy bien!).

PROPOSICIONES NO DE LEY:

―DEL GRUPO PARLAMENTARIO EUSKAL HERRIA BILDU, RELATIVA AL AUMENTO DE LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO IMPROCEDENTE. (Número de expediente 162/000382).