Proposición de Ley para la regulación de los contratos de alquiler temporales y alquiler de habitaciones.

Gràcies, presidenta, señorías. Bé, gràcies, presidenta. Senyories. Jo els confesso que hui estic bastant nerviosa pel tema que és, així que també li demane a les companyes vivendistes activistes amb les que hem compartit molts anys de lluita que em perdonin las torpezas.

Les confieso que hoy estoy bastante nerviosa por el tema que se trata. Así que también pediré a las compañeras activistas, con quienes llevo años de lucha, que me perdonen las torpezas.

Los hogares con ingresos por alquiler en España son solo un 6 % y tienen una renta media de 46 700 euros al año frente a los 22 000 euros al año de la de los inquilinos. Los grandes propietarios privados de vivienda en alquiler acumulan más de 100 000 viviendas. Blackstone, que es el gran casero de España, acumula más de 44 000 viviendas. Pero es que, además, cuando miramos los nombres de las empresas que constan como grandes caseros, coinciden con los carteles que hemos visto en nuestros barrios y en las redes sociales alertando de desahucios: Blackstone, CaixaBank, Cerberus o Lazora.

Cuando hablamos de derechos, tenemos que hablar también de privilegios, de cómo hacer que unos pocos dejen de tener privilegios a costa de los derechos de muchos. (Aplausos). Pero es que en el caso de la vivienda quiere decir hablar también de valentía y de voluntad política, y esto es lo que tiene esta proposición de ley que traemos hoy aquí junto con los compañeros de Esquerra Republicana, Bildu, Podemos y BNG: tiene la valentía, la tenacidad y la voluntad política de los movimientos sociales de este país. Esta proposición está redactada por las asambleas de los sindicatos de inquilinas de todo el Estado. Y es que en España el derecho a la vivienda ha avanzado cuando se han escuchado las propuestas de la sociedad civil, que siempre ha primado el interés general por encima del interés particular. Aquellos que trabajan codo con codo con las personas afectadas y desde el conocimiento en carnes de las implicaciones que tiene un mercado intervenido a favor del rentismo y de la especulación han hecho propuestas para que en la Administración podamos estar a la altura.

Creo que muchas esperan hoy que algunos de los partidos proponentes les echemos en cara a los partidos del bipartidismo las políticas habitacionales de las últimas décadas —‌que no han existido o han existido en beneficio de esta intervención del mercado a favor de la especulación—, pero creo sinceramente que la ciudadanía está harta y está desesperada y que siente mucha impotencia y que el Estado la ha abandonado. Por tanto, lo que tenemos que hacer aquí es compartir las complejidades, ser honestos y trabajar para encontrar soluciones. (Aplausos). Básicamente, porque considero que a algunas de las que hemos estado muy implicadas en la lucha por el derecho de vivienda durante muchos años se nos queda corto cómo nombrar la situación actual. No encontramos las palabras porque la vivienda es un eje transversal en nuestras vidas: es nuestro refugio; es donde nos proyectamos; es el lugar básico de los cuidados, de las familias heteronormativas y de las familias diversas. No podemos decir que nos preocupa la salud mental o la lucha contra la violencia machista si no nos preocupamos por la vivienda porque yo tengo que poder irme de mi casa antes de huir de mi maltratador. No podemos decir que apostamos por la clase trabajadora, por una vejez digna y por la juventud sin hacer políticas valientes en el ámbito de la vivienda.

Como decía, en este país el mercado está intervenido desde hace décadas, pero a favor de la especulación y del rentismo. Las personas físicas que cobran rentas tienen grandes privilegios fiscales, ya que las bonificaciones fiscales en el IRPF aumentan cuando la vivienda ha sido rehabilitada o cuando se alquila por primera vez, y llegan hasta el 90 %. Aparte está el tema del IVA y el de las socimis, que están en manos de fondos de inversión, que no pagan el impuesto de sociedades y tributan un insultante 1 %. Además, las empresas dedicadas al alquiler con ocho o más inmuebles también tienen grandes beneficios en el IVA y en el impuesto de sociedades, y en varias comunidades, como Madrid y Andalucía, quienes se dedican a comprar pisos para la reventa también pagan menos. Es decir, que gracias a esta intervención en el mercado, de regalarles y perdonarles impuestos, cualquier fondo buitre o especulador paga menos por una vivienda que quien la necesita, y esto se tiene que acabar.

La cuestión es que esto atraviesa nuestras vidas y configura nuestras ciudades. Yo iba a buscar en los medios de comunicación testimonios de personas que tienen dificultades para pagar la vivienda o que han sido desahuciadas, pero luego he pensado que es mejor hablar desde mi propia experiencia. Recuerdo perfectamente a mi vecino Juan, de casi 70 años, que ingresaba una pensión mínima y que estuvo dos meses viviendo y durmiendo en el suelo, en plena ola de frío en Barcelona, porque el ayuntamiento se había llevado sus muebles a la espera de encontrarle una vivienda donde realojarse, que no encontró hasta muchos meses después de su desahucio. Además, Juan se había gastado 200 euros —‌que para él eran una fortuna— en pintar la vivienda para asegurarse de que le devolvían la fianza. Pienso también en Blanca, una vecina de casi 80 años del Barrio Gótico de Barcelona, que durante más de cincuenta años había estado viviendo en un piso del que fue desahuciada porque la propiedad encontró un resquicio legal por el cual, por el impago de 80 euros por parte de Blanca, consiguió desahuciarla. También me acuerdo de Rita embarazada y Siphlu sufriendo acoso inmobiliario en su casa mientras una empresa carroñera les cortaba la luz, hacía obras en la escalera y los amenazaba. Igualmente pienso en jóvenes creadores como Vignesh Melwani, que ha tenido que estar durante meses acogido en casas de amigos porque no encontraba una habitación en Barcelona.

¿Qué implica saber que no podrás pagar una vivienda? Creo que esto es lo que nos tiene que interpelar si queremos que la política tenga que ver con la vida. Implica ansiedad, implica depresión e irritabilidad. De hecho, en la ciudad de Barcelona el número de divorcios está bajando, y no es porque haya un repunte de amor romántico, sino porque hay dificultad de encontrar una vivienda. Implica también tener trabajos precarios y saber que no vas a ver a tus hijos durante muchas horas porque tienes que aceptar esos trabajos precarios. Muchas veces implica dejar de comer ―porque dejas de comer antes de dejar de pagar la vivienda―, insomnio, rabia, impotencia y la certeza de que el Estado te ha abandonado. Pero supone también que hay empresas carroñeras, como Desokupa, que se alimentan de los miedos de la gente y de los bulos de la okupación. Así que, en realidad, garantizar el derecho a la vivienda es una forma también de luchar contra estas empresas filonazis y carroñeras. (Aplausos).

Como decía, para garantizar derechos, hay que confrontar privilegios, y para eso nos podemos mirar en el espejo de activistas de la PAH, de los sindicatos de inquilinas o de Raval Rebel; de los miles de colectivos en todo el territorio español que han puesto sus cuerpos y que han recibido multas. Desde aquí hay que hacerlo sin miedo a los grandes poderes mediáticos, que podrán hacer campañas contra nosotros, sin miedo a recibir querellas y con la convicción de que aquí se juega la legitimidad de las instituciones democráticas.

Lo que hoy presentamos aquí es importante, pero creo que también es importante que seamos claros y que expliquemos a la ciudadanía que hoy se aprueba la aceptación a trámite de esta proposición de ley. Se aprueba que el Congreso pueda debatir en torno a esta propuesta, que discuta acerca de la regulación del alquiler de temporada y del alquiler de habitaciones. Es importante porque camina en la dirección de dar respuesta a la emergencia habitacional sin ser una solución mágica. La mitad de los inquilinos queda en situación de pobreza severa relativa tras el pago de la vivienda. Seguro que muchas de ustedes lo han visto también, pero yo he visto a gente dejar de ir a una entrevista de trabajo porque no podía pagar el bono de transporte que le suponía ir y volver sin la certeza de que le iban a dar ese trabajo; a gente caminando durante horas hasta su puesto de trabajo porque después de pagar el alquiler se había quedado sin dinero para pagar el transporte, o a niños sin extraescolares. Se trata de situaciones que en realidad son límite y que no ayudan a dignificar la vida. Además, dos tercios de los inquilinos están destinando más ingresos de los recomendados: en el caso de Madrid hablamos de que dos tercios de los inquilinos dedican el 68,7 % de sus ingresos al pago del alquiler; y en el de Barcelona, el 61,4 %. De hecho, uno de cada tres hogares destina más del 50 %. (Rumores). Bueno, si no les gustan los datos, no pasa nada, los pueden comprobar en las webs oficiales. No solo hablamos de Madrid o Barcelona; en algunos barrios de la ciudad de A Coruña, el alquiler ha subido un 20 % en los últimos años. Además, no se trata de una cuestión de oferta, ya que Mallorca, habiendo perdido población, también ha sufrido un incremento del precio de la vivienda.

Decía que es importante porque es un trabajo impulsado por la sociedad civil que hemos recogido redactando proposiciones de ley, pero también lo impulsa a través de manifestaciones, diferentes acciones o una huelga de alquileres que en Cataluña ha empezado a caminar. En Barcelona, los vecinos de la Casa Orsola llevan meses organizándose contra las medidas abusivas de Lioness Inversiones. Las vecinas ponen su inteligencia colectiva, el cuerpo y la vida para garantizar un derecho que debería ser un pilar de la democracia.

Pero ¿qué pide esta proposición de ley? Medidas para revertir las brechas que tiene la ley de vivienda. En este sentido, nos alegramos de que el Partido Socialista haya cambiado de opinión. Podríamos haber regulado los alquileres de temporada hace cinco años, pero es perfecto que podamos empezar a hacerlo ahora, aunque vamos un poco tarde. Se trata de regular los alquileres de temporada, que en Cataluña han aumentado un 38 %; porque, mientras que la LAU obliga al arrendador a realizar contratos de cinco o siete años, durante los cuales el precio del alquiler no puede aumentar más allá de la inflación, con el uso fraudulento de los contratos de temporada y habitaciones, se posibilita la expulsión del inquilino y la subida del precio del alquiler, año a año o, en el caso de las zonas tensionadas, lo que se posibilita es que estas viviendas salgan de la regulación para estar captivas por el mercado de alquiler. Es decir, se trata de recuperar la certidumbre en la vivienda, porque ahora mismo la desprotección es la norma para el que alquila un piso en España.

En SUMAR instaremos al Grupo Socialista y al Grupo Popular a acelerar la tramitación de esta norma. Y es que la calle nos está diciendo ‘o vivienda o Gobierno’, pero también nos está diciendo ‘o vivienda o legitimidad y credibilidad en las instituciones democráticas’ y creo que eso, menos a los señores de VOX, nos interpela a todos, también al Partido Popular. Y hay que hacerlo sin acompasar nada, sin escuchar a los lobbies, que llevan décadas dictando cuáles tienen que ser las políticas de vivienda. Hay que hacerlo escuchando a los inquilinos y a las inquilinas.

Sin embargo, no nos podemos quedar ahí. Es necesario limitar la compra especulativa, que si compras una casa por ley hayas de vivir en ella, hacer que el alquiler sea indefinido, ampliar la moratoria de desahucios, es necesario que la fiscalidad castigue a quienes especulan con nuestras vidas y hay que aplicar las leyes que ya tenemos. Aquí, también, hago una interpelación al Partido Popular para que declare las zonas tensionadas en aquellas comunidades autónomas donde gobierna: Madrid, Andalucía, Canarias, país valencià… (Aplausos).

Y, para acabar, quería agradecer a los grupos que votarán a favor de esta admisión a trámite y alegrarme de haber presentado esto conjuntamente con los diferentes grupos de izquierdas, que creo que también es una señal. Quiero agradecer, de nuevo, el esfuerzo, la inteligencia, la persistencia y el poner el cuerpo de los sindicatos de inquilinas y también de gente como la Vane, como Vanesa Valiño que, durante décadas, desde una radiante invisibilidad, ha trabajado al servicio de movimientos sociales e instituciones para iluminarnos en el camino por el derecho a la vivienda.

Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).

Gràcies, presidenta. Bona tarda, diputades, bona tarda, diputats. És la segona vegada que portem aquesta proposició de llei a aquest Congrés. I ho vam dir just el dia que es va tombar, la primera vegada, que no pararíem fins que això es pogués debatre i això pogués convertir-se en una mesura real. I hem modificacions, perquè també vam dir, des d’aquest faristol, que ho consideràvem tan important que estàvem disposats a fer totes aquelles modificacions que d’alguna manera nosaltres també vèiem necessàries, però que podien conduir a l’aprovació d’aquesta llei. I, per tant, avui em permetran intentar fer els menys retrets possibles, perquè quan som capaços de tirar endavant una mesura que creiem que és bona per la resta de ciutadans i ciutadanes, o per tots, per tots nosaltres, el que escau és donar les gràcies als grups que saben, saps no comparteixen necessàriament la visió amb tu, però que d’alguna manera també venen a cedir per tal de poder tirar endavant.

Hi ha missatge primer que m’interessa fer arribar, si és que algú ens està escoltant, si és que algú ens està veient: Això és una presa en consideració. Implica que tot el que diem des d’aquest faristol no serà veritat demà. I ho dic perquè, molt sovint, he pujat a aquest faristol i he assegurat que la vida de la gent que comparteixen amb mi el carrer, que comparteix amb mi país, que comparteix amb mi l’edifici on visc, milloraria. I això avui no ho puc dir. El gran drama que estem tenint les esquerres en aquest país és que prometem, que legislem, però la gent no veu modificada la seva vida en la quotidianitat. Que els diem que baixaran els impostos, que farem molts habitatges i que farem una llei d’habitatge que els permetrà viure dignament sense que tot el seu sou vagi a l’habitatge, i ells no ho noten. Que els diem que estem posant les condicions a la sanitat i l’educació perquè estiguin ben atesos, perquè els seus fills i tinguin una bona escola, perquè tothom sigui ciutadà d’aquest Estat i, especialment, del meu país, Catalunya, i no ho noten. I, fins que l’esquerra no sigui capaç que tot allò que es promet des d’aquest faristol es converteixi en condicions de vida que noti la gent en el seu dia a dia, no serveix de res votar-nos. I aquest és el drama i aquesta és la reflexió quan hem de ser conscients que tenim un hemicicle que, en polítiques econòmiques, és de dretes. I, per tant, demano que entenguin lo difícil que és poder arribar aquí a cap formulació legislativa que sigui veritablement transformadora en clau social d’esquerres.

Què fem avui? Tapar els forats de la llei de l’habitatge. Aquesta llei, que se suposa que ha portat al fet que caigui el parc d’habitatges en lloguer, per exemple, a Madrid, però, sorpresa!, si és que a Madrid no s’aplica! Com és possible…? Com és possible, pregunto, que estigui baixant el parc de lloguer de tot l’Estat a causa d’una llei de l’habitatge que no s’aplica en tot l’Estat? I els diré: Perquè les dretes ens guanyen el relat, perquè ens estan dient que no s’aplica per por d’una eventual aplicació de la llei. Senyors, si hi ha una única comunitat autònoma que ho aplica: aquella comunitat que, si fos per casualitat república independent, ja hauria legislat des de fa molt temps sobre l’habitatge, sobre l’educació, sobre la sanitat i sobre allò sobre que només té competències per a gestionar, però no per a decidir. Per això, volem ser una república catalana. Aprofito per a fer l’espóiler de la meva ideologia. Per això necessitem ser una república catalana, per la qualitat de vida de la nostra gent.

Dit això, i, per tant, curant-me ja en salut que demà no canviarà la vida de ningú, els voldria fer un parell de referències. La primera: diuen que a Catalunya, a més de baixar els preus dels habitatges en lloguer —q‌ ue això vol dir que la llei funciona—, s’ha reduït el parc. S’ha reduït el parc per als contractes de lloguer, en xifres de finals del 2022 i xifres de 2023, havien pujat. Per tant, de nou la informació torna a estar esbiaixada i interessada. El que diuen és que hi ha menys habitatges que surten a lloguer, però és que precisament la llei de l’habitatge era per a garantir que els que ja el tenien en habitatge, poguessin seguir aquí. I això és el que ha aconseguit la llei de lloguer. I ningú se n’està fent ressò. Allà, perquè no hi ha valentia suficient i es va deixar el forat dels lloguers de temporada, per on s’han escolat, efectivament, alguns lloguers; i aquí, perquè interessa que el lloguer o l’habitatge sigui un bé de mercat, en lloc d’un dret subjectiu dels habitants d’aquest Estat.

En aquestes circumstàncies, la tensió l’hem explicat quaranta mil vegades. És la tensió entre si l’habitatge és un bé de mercat o l’habitatge és un dret subjectiu, en el qual les persones puguin desenvolupar el seu projecte vital; és previ a predicar-ne altres drets, és previ a predicar el dret a l’honor, el dret a la intimitat, el dret a la pròpia imatge, el dret a la sanitat, el dret a l’escola. És previ a tot això, perquè determina aquests drets a través que tinguis un habitatge on anar a dormir cada dia. Deia la companya que aquest dret s’ha guanyat a base de que moltes persones hi hagin posat el cos; és cert. Cal fer esment a la manifestació del 23 de novembre que va tenir lloc a Barcelona.

I cal fer esment també a la ruptura de la legitimitat que representa que no siguem capaços d’escoltar el que ens estan dient, perquè si com a polítics no subvenim les necessitats mínimes dels nostres conciutadans, algú que em digui per a què servim!, algú que m’expliqui quins interessos estem defensant aquí? Els d’aquesta bancada, ja els sé. Però la meva pregunta ha d’anar per aquesta altra bancada d’aquí. Vostès es van comprometre a fer un índex que seria específic per al lloguer abans d’acabar el 31 de desembre de 2024. Queden amb prou feines tretze dies i aquest índex no l’hem vist. Els vam demanar que fixessin un índex que no permetés mai que l’actualització dels lloguers superés el 2 %. No ens han fet el més remot cas! Els vam demanar que agafessin com a pròpia la necessitat de lloguer social en casos de desnonament i grans tenidors. No ens han fet ni cas! Els vam demanar que hi hagués lloguers de temporada dins de la llei de l’habitatge, no ens han fet ni cas! Però és que amb això s’estan convertint en irrellevants! Si el seu Govern no dona sortida a les necessitats més bàsiques, per què serveix un Govern d’esquerres? I aquesta és la gran pregunta que hem de respondre.

Estem en temps convulsos. Nosaltres sabem bé a qui ens devem, allò que en deien la classe mitjana que ha deixat d’existir perquè tots plegats som una classe simplement treballadora, la majoria de nosaltres, és la que es veu afectada per aquest tipus de legislacions. Estem en temps convulsos. Al carrer van sortir 150 000 persones en contra de com estaven articulats els lloguers. Estem en temps convulsos i ho estan veient la resta dels partits…, de països, perdó; ho estan veient França, ho estan veient Àustria, estan veient tots els països del nostre entorn com estan funcionant, i això és així perquè, gràcies a la ultradreta, però també gràcies a l’afany depredador de bancs i indústries transnacionals i empreses transnacionals, no queda res que sigui el bé comú.

És l’últim Ple abans de les vacances de Nadal. Se’ns ompliran totes les teles amb aquests magnífics missatges de pau, amistat, amor i família, però saben quantes famílies —q‌ uantes famílies!— les passaran patins perquè no tenen habitatge? A aquestes no els faran cap anunci, i és a aquestes a les quals em dirigeixo quan dic: Nosaltres ho intentarem, nosaltres remarem, nosaltres estarem al costat de les associacions per a intentar garantir aquests drets. Però aquest hemicicle és de dretes! Aquest hemicicle prefereix —p‌ refereix!— vigilar els interessos dels dividends a finals d’any. Ens heu d’ajudar, perquè estem al vostre servei, a tots els ciutadans els ho dic, però recordin això quan hi hagin en les pròximes eleccions, recordin-ho, perquè venen temps molt més difícils dels que estem ara.

Gràcies.

Gracias, presidenta. Buenas tardes, diputadas y diputados. Es la segunda vez que traemos esta proposición de ley a este Congreso. Justamente el día en que fracasó, que se tumbó por primera vez, dijimos que no pararíamos hasta que esto se pudiera debatir y pudiera convertirse en una medida real. Hemos hecho modificaciones, porque también dijimos desde este atril que lo considerábamos tan importante que estábamos dispuestos a hacer todas aquellas modificaciones que de alguna manera nosotros también veíamos necesarias, pero que pudieran conducir a la aprobación de esta ley. Por tanto, me permitirán intentar hacer las menos acusaciones posibles porque, cuando somos capaces de llevar hacia adelante una medida que creemos que es buena para el resto de los ciudadanos y ciudadanas, para todos y todas nosotras, sería de rigor dar las gracias a los grupos que sabes que no necesariamente comparten visiones contigo, pero que de algún modo también ceden para ir hacia adelante. Hay un primer mensaje que me interesa hacer llegar, si es que alguien nos está escuchando o nos está viendo, y es que es una toma en consideración, que implica que todo lo que digamos desde este atril no será verdad mañana. Lo digo porque, muy a menudo, he subido a este atril y he asegurado que las personas que comparten conmigo la calle, el país o el edificio en el que vivo mejorarían sus vidas. Y esto hoy no lo puedo decir. El gran drama que estamos teniendo las izquierdas en este país es que prometemos y legislamos, pero la gente no ve modificada su vida en la cotidianidad. Les decimos que bajarán los impuestos, que haremos muchas viviendas y que haremos una ley de vivienda, que les permitirá vivir dignamente sin que todo su sueldo vaya a la vivienda, y ellos no lo perciben, no lo notan. Les decimos que estamos poniendo las condiciones en sanidad y en educación para que estén bien atendidos, para que sus hijos y sus hijas tengan buenas escuelas, para que todo el mundo sea ciudadanía de este Estado y, especialmente, de mi país, Cataluña, y no lo notan. Y, hasta que la izquierda no sea capaz de que todo aquello que se promete desde este atril se convierta en condiciones de vida, que lo note la gente en su día a día, no sirve de nada votarnos. Este es el drama y esta es la reflexión cuando tenemos que ser conscientes de que tenemos un hemiciclo que, en políticas económicas, es de derechas y, por lo tanto, pido que entiendan lo muy difícil que es poder llegar aquí a ninguna formulación legislativa que sea verdaderamente transformadora en clave social de izquierdas. ¿Qué hacemos hoy? Tapar los agujeros de la ley de la vivienda. Esta ley se supone que ha llevado a que caiga el parque de viviendas en alquiler, por ejemplo, en Madrid, pero ¡sorpresa!, ¡si es que en Madrid no se aplica! ¿Cómo es posible que esté bajando el parque de alquiler de todo el Estado a causa de una ley de la vivienda que no se aplica en todo el Estado? Porque las derechas nos ganan el relato, porque nos están diciendo que no se aplica por miedo de una eventual aplicación de la ley. Señores, sí hay una única comunidad autónoma que lo aplica: aquella comunidad que, si fuera por casualidad república independiente, ya habría legislado desde hace mucho tiempo sobre la vivienda, sobre la educación, sobre la sanidad y sobre aquello sobre lo que solo tiene competencias para gestionar, pero no para decidir. Por esto queremos ser una república catalana. Y aprovecho para hacer el espóiler de mi ideología. Por eso necesitamos ser una república catalana, por la calidad de vida de nuestra gente.

Dicho esto, y, por lo tanto, curándome en salud en cuanto a que mañana no cambiará la vida de nadie, les quisiera hacer un par de referencias. La primera: dicen que en Cataluña, además de bajar los precios de las viviendas en alquiler —e‌ sto significa que la ley funciona—, se ha reducido el parque de viviendas en alquiler, pero los contratos de alquiler, en cifras de finales del 2022 y cifras de 2023, habían subido. Por lo tanto, la información vuelve a estar sesgada e interesada. Lo que dicen es que hay menos viviendas que salen en alquiler, pero es que precisamente la ley de la vivienda era para garantizar que, aquellos que ya tenían la vivienda en alquiler, pudieran seguir ahí. Y esto es lo que ha conseguido la ley de alquiler. Y nadie está haciéndose eco ahí (señala los escaños del Grupo Parlamentario Socialista), porque no hay valentía suficiente y se dejó el agujero de los alquileres de temporada, por donde se han colado, efectivamente, algunos alquileres; y aquí (señala los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), porque interesa que el alquiler o la vivienda sea un bien de mercado, en vez de un derecho subjetivo de los habitantes de este Estado.

En estas circunstancias, ya hemos explicado mil veces que es la tensión, es decir, si la vivienda es un bien de mercado o la vivienda es un derecho subjetivo, en el cual las personas puedan desarrollar su proyecto vital; es previo a predicar otros derechos, es previo a predicar el derecho al honor, el derecho a la intimidad, el derecho a la propia imagen, el derecho a la sanidad, el derecho a la escuela. Es previo a todo esto, porque determina estos derechos, a través de que tengas una vivienda donde ir a dormir cada día. Decía la compañera que este derecho se ha ganado a base de que muchas personas hayan puesto ya su cuerpo; eso es cierto. Hay que mencionar la manifestación del 23 de noviembre que tuvo lugar en Barcelona.

Pero también hay que mencionar la ruptura de la legitimidad que representa que no seamos capaces de escuchar lo que nos están diciendo, porque si como políticos no subvenimos las necesidades mínimas de nuestros conciudadanos, ¡que me diga alguien para qué servimos!, ¡que me explique alguien qué intereses estamos defendiendo aquí! ¿Los de esa bancada? (Señala hacia los escaños de la parte derecha del hemiciclo), ya los conozco. Pero mi pregunta tiene que ir por esta otra bancada de este lado (señala hacia los escaños de la parte izquierda del hemiciclo). Ustedes se comprometieron a hacer un índice que sería específico para el alquiler antes de acabar el 31 de diciembre de 2024. Quedan escasamente trece días y este índice no lo hemos visto. Les pedimos que fijaran un índice que no permitiera nunca que la actualización de los alquileres superara el 2 %, ¡no nos han hecho el más remoto caso! ¡Les pedimos que tomaran como propia la necesidad de alquiler social en casos de desahucio y no nos han hecho ni caso! Les pedimos que hubiera alquileres de temporada dentro de la ley de la vivienda y no nos han hecho ni caso. ¡Pero es que con esto se están convirtiendo en irrelevantes! Si su Gobierno no da salida a las necesidades más básicas, ¡¿para qué sirve un Gobierno de izquierdas?! Y esta es la gran pregunta que tenemos que responder.

Estamos en tiempos convulsos. Nosotros sabemos bien a quién nos debemos, lo que decía, a la clase media que ha dejado de existir, porque todos en conjunto somos una clase simplemente trabajadora, la mayoría de nosotros, que es la que se ve afectada por este tipo de legislaciones. Estamos en tiempos convulsos. A la calle salieron 150 000 personas en contra de cómo se articulaban los alquileres. Estamos en tiempos convulsos y lo están viendo el resto de los países; Francia lo está viendo, Austria lo está viendo, todos los países de nuestro entorno están viendo cómo estamos funcionando, y esto es así porque, gracias a la ultraderecha, pero también gracias al afán depredador de industrias transnacionales y empresas transnacionales no queda nada que sea el bien común.

Este es el último Pleno antes de las vacaciones de Navidad. Se nos llenarán todas las televisiones con estos magníficos mensajes de paz, amistad, amor y familia, pero ¿saben cuántas familias —¡cuántas familias!— pasarán estas fiestas sufriendo porque no tienen vivienda? Y a estas no les harán ningún anuncio, y es a estas a las que me dirijo cuando digo que nosotros lo intentaremos, nosotros remaremos, nosotros estaremos al lado de las asociaciones para intentar garantizar estos derechos. ¡Pero este hemiciclo es de derechas!, este hemiciclo prefiere —¡prefiere!— vigilar los intereses de los dividendos a final de año. Nos tenéis que ayudar, porque estamos a vuestro servicio, a todos los ciudadanos se lo digo, pero recuerden esto en las próximas elecciones, recuérdenlo, porque vienen tiempos mucho más difíciles de los que vivimos ahora.

Gracias. (Aplausos).

Presidente andrea, diputatuak, arratsalde on. Tal y como nos comprometimos con los sindicatos de inquilinos, con las plataformas de afectados por las hipotecas y con los sindicatos de vivienda, venimos aquí nuevamente a la carga para defender dignidad en las vidas de la gente, para defender una vivienda digna para todos y para todas, y lo hacemos siendo conocedores —y‌ creemos sinceramente que no seremos las únicas personas conocedoras de esta realidad— y sabiendo que abordamos la principal preocupación de los ciudadanos y ciudadanas del Estado español en este preciso momento, pero también desde hace años. Y digo que es la principal preocupación de los ciudadanos y ciudadanas del Estado español, aunque la visión de este hemiciclo lleve a decir lo contrario, porque no parece la principal preocupación de los diputados y diputadas visto el volumen de ocupación de la sala. Pero es importante que sigamos perseverando, aunque sea sobre la base de derrotas, hasta acumular victorias que permitan que la gente tenga garantizado su derecho a un techo, porque quizás alguno todavía no oye los ecos de la calle, pero la calle está empezando a levantarse y a moverse, por lo menos en Euskal Herria. No hace falta ser un experto en dinámicas movilizadoras, sabemos que la calle está empezando a moverse para reclamar lo que le corresponde, que no es sino el derecho a una vivienda digna. Y hoy, igual que en el Pleno de septiembre en el que una proposición de ley muy similar fue derrotada con mayoría de votos en contra, venimos aquí con una propuesta que lo que pretende es achicar la vía de agua que supuso no regular los alquileres de temporada y los alquileres de habitaciones. Tal es así que era una vía de agua prevista, que los grupos que negociamos la ley de vivienda —‌muchos de los cuales hoy firmamos esta proposición de ley— ya instábamos al Gobierno a que regulara en esa ley de vivienda de mayo del año 2023 los alquileres de temporada y los alquileres de habitaciones, porque era por ahí por donde se iban a fugar los alquileres habituales para buscar mayores nichos de rentabilidad económica o, si lo quieren, mayores niveles de especulación con la vivienda a costa de la gente que necesita una vivienda. Tanto es así, que aceptaron firmar una disposición adicional quinta que decía que en el plazo de seis meses un grupo de expertos —c‌ ómo no, siempre grupos de expertos— iba a traer una iniciativa que diera con la fórmula o con la piedra filosofal que regulara los alquileres por temporada y los alquileres de habitaciones. Ha pasado año y medio desde entonces y de las resoluciones del grupo de expertos no sabemos nada. Por tanto, es pertinente que sigamos trayendo estas iniciativas. Yo no voy a emplear esta vez la intervención, como hice en septiembre, para poner los datos encima de la mesa, porque son básicamente los mismos: porque los 3 800 000 viviendas vacías siguen vacías; porque más del 110 % del salario medio del Estado español se tiene que seguir empleando para el pago de un alquiler, que ocupa prácticamente todo eso; porque los jóvenes siguen demandando vivienda; porque el volumen de viviendas públicas en el Estado español no llega al 11 %, igual que antes. Es más, si hay datos nuevos son, si cabe, más preocupantes, como, por ejemplo, el dato de la compraventa de viviendas en el año 2024, que no hace sino acercarnos a la coyuntura del 2007, a lo que entonces se llamó —‌y a alguno le sonará— el calentamiento del mercado inmobiliario. Todos y todas sabemos que cientos de miles de personas en el Estado español, y en Euskal Herria decenas de miles, por desgracia saben lo que significa calentamiento del mercado inmobiliario. Significa desahucios, significa pérdida de las viviendas, significa impagos y significa apropiación otra vez, acumulación por desposesión por parte de las entidades bancarias de los bienes de la gente humilde. Por tanto, cuidado. Es el momento de que empecemos a hacer cosas y las hagamos con rapidez, con la celeridad que no hemos tenido en todo este tiempo. Es verdad que sobre vivienda se han hecho cosas, en el mercado de la vivienda se han hecho cosas, el Estado español no ha dejado de hacer —‌sea cual fuera su Gobierno— política, pero política inmobiliaria, al servicio del mercado inmobiliario. Lo que no se ha hecho es política de vivienda para frenar al mercado inmobiliario, política para poner coto o freno al mercado inmobiliario. Sé que hay gente a la que le escandaliza que se diga esto desde esta tribuna, pero ¿qué hay de malo en poner coto a algo que significa un derecho básico para tener vidas dignas? ¿Qué hay de malo en poner coto a la acumulación de riqueza por parte de unos pocos para algo que significa tener vidas dignas? ¿Acaso a alguien le parece mal que se ponga coto al mercado de la educación para que pueda haber educación pública para todos y para todas? ¿Hay alguien que se atreva y levante la mano para decir que le parece mal? ¿Hay alguien al que le parezca mal que se ponga coto al negocio de la sanidad para que todos y todas puedan tener una sanidad digna, adecuada y gratuita? ¿Hay alguien que se atreva a decir que le parece mal que el Estado intervenga y garantice sanidad para todos y todas, porque esto también podría ser motivo de ganancia para unos pocos? Probablemente no, y eso es lo que tendremos que conseguir con el mercado de vivienda.

Ciñéndome a las cuestiones referidas en la proposición de ley, los contratos de temporada y el alquiler de habitaciones, quiero señalar alguna cuestión básica. Aparte de que están siendo la vía de fuga para esos contratos de alquiler que encuentran la posibilidad de incrementar sine die y sin tope los alquileres a sus arrendatarios, quiero señalar que este tipo de alquileres, los contratos de temporada, no hacen sino incrementar la inestabilidad residencial, la incertidumbre, la desprotección y la angustia. Si malo nos parecía el empleo temporal, ¿por qué nos tiene que parecer bien la vivienda temporal? ¿Por qué tenemos que aceptar que ser nómada forzoso en esta sociedad sea una constante? ¿Por qué tenemos que dar por bueno que tengan que existir desplazados permanentes en nuestra sociedad porque no pueden pagar lo que les piden? La angustia, señorías, en definitiva, es el peor acicate para funcionar, porque la angustia te hace funcionar con temor, te hace funcionar con miedo y cuando hay miedo no hay libertad. (Rumores). Para tomar cañas tal vez, pero para tomar decisiones en libertad, para ser dueño de las decisiones que a uno mismo le importen… Por favor, pidan luego el turno de palabra o cállense. Cállese. Ya que no se lo manda la presidenta, se lo digo yo: cállese. (Aplausos.―El señor Argüelles García pronuncia palabras que no se perciben.—El señor Ibáñez Hernando: ¿Tú quién eres para decir nada? La presidenta está para presidir). ¿Qué?

¿Ven por qué no hay que privatizar la educación? Porque bastante poca hay a pesar de que es pública. (Aplausos.―Rumores).

Como les decía, la angustia ―que a algunos parece que les viene bien― hace funcionar con miedo a la gente y con miedo no hay libertad. Por eso, el Estado tiene que intervenir, para garantizar la libertad a todos y a todas (rumores), no solo a cuatro señoritos, no solo a cuatro pudientes. Por eso hay que proteger al más débil, para construir una sociedad más justa. Sé que duele que se hable así, pero yo no estoy aquí para agradarles el oído, estoy aquí para defender los derechos de una parte de la ciudadanía vasca que reclama dignidad en sus vidas, que reclama derechos, que reclama un Estado que les proteja de cuatro acaparadores de riqueza.

Ante esa realidad ante la que se encuentra la vivienda, nosotros creemos que hay que hacer más y creemos que hay que hacerlo también en el alquiler de habitaciones, porque no se nos escapa que el alquiler de habitaciones se está convirtiendo en la última escombrera del derecho a la vivienda, en la degradación del derecho a la vivienda. Ambas cuestiones, los alquileres de temporada y los alquileres de habitación, como les decía, afectan a otros derechos. Se lo decían antes y se lo decían bien: ¿cómo se puede acceder a tener tarjeta sanitaria si no tienes una vivienda? ¿Cómo puedes acceder a empadronar a tus hijos y a escolarizarlos si no tienes un lugar donde empadronarlos? ¿Cómo puedes acceder a las ayudas sociales que por ley te correspondan, a la protección social que el Estado te deba brindar si no tienes un lugar al que te remitan las cartas? Eso es de lo que estamos hablando, de la dignidad en la vida de la gente. Y sí, estamos hablando de política para hacer frente a los retos presentes construyendo un futuro ―ojalá― mejor y más habitable.

Y, sí, no lo oculto —‌y quizás por eso molestan algunas de las cosas que señalo—, yo vengo aquí a hacer política. Yo no vengo a servir intereses de nadie. Yo vengo a defender unas ideas; unas ideas, por cierto, bastante ―cuantitativamente señaladas― más importantes que las de muchos de este hemiciclo que puedan superarnos en número. Defiendo esas ideas por unas premisas muy básicas: dignidad para todos y para todas, derechos para todos y para todas, vivienda para todos y para todas, libertad real ―esa sí― para todos y para todas. Sé que a alguno y a alguna esto le sonará utópico y, ciertamente, es utópico, pero permítanme ―ya que ha sido un poco bronca la intervención―, terminar con un obsequio, incluso para aquellos con los que me he enzarzado. En esta Cámara, en muchas ocasiones he oído hablar de la utopía y de la quimera y he visto cómo las confundían, no sé si interesada o desinteresadamente. Entiendan una cosa, la utopía, como decía Tomás Moro, es la búsqueda permanente de la sociedad perfecta. La quimera es el engaño, el embuste, la despreocupación y el dolor por la búsqueda de algo imposible. Sigamos, pues, construyendo una utopía para abandonar la quimera de quien dice que hace cosas por la vivienda para que todo siga igual.

Besterik ez. Mila esker. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Hace unos diez días Luigi Mangione disparaba a bocajarro al CEO de UnitedHealthcare, una de las mayores aseguradoras privadas de los Estados Unidos, responsable del endeudamiento por cuestiones de salud de miles de personas y acusada por usuarios, en redes sociales, de no atender adecuadamente a los pacientes para aumentar su rentabilidad. Cuando decimos que la violencia engendra violencia, señorías, hablamos también de esto. El crimen de Mangione solo se puede rechazar desde una posición de izquierdas y democrática como la nuestra, pero creo que nos equivocaríamos y que estaríamos cometiendo un grave error si no escuchamos el profundísimo debate social que ha generado este hecho. Mucha gente se ha preguntado en estos días qué es más violento: si un sistema sanitario como el americano privatizado, que mata a miles de personas cada año, o el crimen de Mangione. Parece difícil pensar que en España pudiera pasar algo parecido a esto y creo que es importante que nos preguntemos por qué, señorías. Sería difícil, porque tenemos la enorme suerte de que nuestras madres, nuestros padres, nuestros abuelos y nuestras abuelas pelearon muy duro para traernos una democracia limitada, es verdad, pero una democracia que tiene en su corazón un sistema público sanitario que protege que no se deje a nadie tirado en la puerta de un hospital porque no se puede pagar el tratamiento. (Aplausos). Ese es uno de nuestros mayores tesoros democráticos; esa es, señorías, una de las herencias colectivas más valiosas que tenemos en este país: que se atienda a todo el mundo, cuando las aseguradoras privadas se desentienden de determinados tratamientos porque son demasiado caros. Que tengamos una sanidad pública que hace eso debería ser objeto de protección por parte de todas las demócratas, de todos los demócratas, salvo que te llames Isabel Díaz Ayuso y, entonces, vivas con tu novio en un piso pagado con dinero corrupto precisamente porque tu Gobierno está privatizando y está desmantelando la sanidad pública madrileña para dar ese dinero a la misma gente que le paga a tu novio, a Quirónsalud. (Aplausos.―Rumores). Volviendo al tema que nos ocupa, se preguntarán por qué hablo de esto hoy. Pues hablo de esto hoy, porque tenemos la enorme suerte de que el sistema sanitario español protege a la gente, pero sí tenemos en este país un sistema que yo denominaría casi tan violento como el sistema sanitario americano; ese sistema es el de vivienda. Tenemos un sistema de vivienda enormemente violento con la gente. En estas últimas décadas, decenas de personas se han quitado la vida después de ser desahuciadas por un fondo buitre, por la banca, por una Administración que no tiene corazón, que no tiene escrúpulos. En estos momentos, son millones las personas de nuestro país que se dejan la mayor parte de su sueldo en pagar el alquiler a un casero que no hace nada para ganar ese dinero. Cada vez más personas ni siquiera se imaginan comprando una vivienda, ni siquiera con una hipoteca a treinta años, señorías, y ya es decir. Hay muchísima gente que no solo no se puede emancipar, sino que ni siquiera se puede divorciar porque no se lo puede permitir. España tiene un problema gravísimo de vivienda. Ese problema es de ‘ocupación’, es verdad. Es un problema de ocupación, porque los rentistas están ocupándole la vida a la mayoría de la gente, asfixiándoles, ocupando sus finanzas, dejándoles sin dinero. España tiene un problema de expropiación también con los rentistas, que están expropiándoles los salarios a los trabajadores y las trabajadoras de este país a través del alquiler. Esta violencia, señorías, hay que pararla. La violencia de los fondos buitre que acaparan viviendas para ponerlas en alquiler turístico; la violencia de nuestras jóvenes, que no pueden vivir libremente porque son esclavas de un alquiler o de una hipoteca; la violencia contra las familias, a las que no les queda más remedio que dar una patada en la puerta porque no tienen dónde poner a sus hijos y a sus hijas a cubierto ¡cuando hay millones de viviendas vacías en este país, señorías! (Aplausos). Este sistema violento, que impide que la mayoría de la población tenga una vida decente, digna, feliz hay que cambiarlo entero. Y esta propuesta que hoy traemos aquí ―lo digo honestamente― es una migaja, es una migaja; es empezar a tapar única y exclusivamente un agujero que el Partido Socialista dejó, a sabiendas, en la ley de vivienda.

Pero hay que empezar por algún sitio, señorías; empecemos, pues, por aquí. Pero no lo hagamos pensando que con esto es suficiente, seamos conscientes de que lo que hay que hacer es muchísimo más. O hacemos algo urgentemente o la situación dentro de unos años va a ser directamente catastrófica. Las soluciones están ahí, son sencillas, pero necesitan de una cosa muy concreta: valentía política, la que le falta a este Gobierno del Partido Socialista y SUMAR. Bajemos los alquileres un 40 %; prohibamos la compra de vivienda que no es para residir, porque si compramos una vivienda y no es para vivir en ella, ¡señorías, entonces, ¿para qué es?! ¡Para especular, para robarle a la gente! (Aplausos). Prohibamos Desokupa, un comando parapolicial que debería estar ilegalizado. Los contratos de alquiler deberían ser indefinidos. Estas son las propuestas de Podemos en materia de vivienda, las defenderemos en esta legislatura hasta el final.

Pero hoy quiero terminar diciendo, para que quede claro, una cosa muy sencilla: nuestros votos se van a usar para mantener todos aquellos logros que Podemos consiguió incorporar en la pasada legislatura y que ahora el Gobierno quiere desmantelar. Con los votos de Podemos, señorías, no se hacen desahucios. Aunque el Partido Nacionalista Vasco diga que no son desahucios, son desahucios, y con nuestros votos no se van a hacer.

Por eso, si quieren que levantemos el veto a la ley de eficiencia procesal, van a tener que eliminar esa enmienda.

Muchas gracias. (Aplausos).

Grazas, señora presidenta. Traemos de novo aquí unha proposición de lei nacida do impulso social, da iniciativa social, e rexistrada por diferentes forzas políticas, entre elas o BNG, para regular mellor os alugueres de temporada e por cuartos. Do que se trata é de que estas fórmulas non se convertan en vías para a fraude, perante a evidencia de se estaren a xeneralizar para os arrendadores e arrendadoras sortearen as obrigas que a LAU establece, e, aínda tamén, para evitar a desprotección das persoas que se ven obrigadas a alugar cuartos. Como xa se dixo, esta era unha regulación que debería estar presente na lei de vivenda, mais infelizmente non foi así. E traemos esta proposta porque hoxe xa ninguén nega que estamos diante dunha crise habitacional de grande magnitude, en que crecen as dificultades para ver cumprido o teórico dereito á vivenda, para acceder a unha vivenda digna, quer en propiedade, quer en aluguer. Crecen as dificultades para que mozos e mozas poidan emanciparse e comezar os seus proxectos de vida independente ante a imposibilidade de poder afrontar os prezos disparados dos alugueres. Non hai alternativas habitacionais públicas que incidan realmente no prezo da vivenda, nin sequera que poidan ofrecer solucións ás persoas que se ven desaloxadas. Repunta o problema do impagamento das hipotecas ante a suba desbocada dos xuros. É, por tanto, un problema de primeira magnitude que os poderes públicos deben abordar con urxencia e con decisión. A proposta que hoxe traemos aquí pretende contribuír a prever e resolver situacións concretas, e somos conscientes de que non resolverá o conxunto do problema, para o que son precisas políticas públicas decididas que fornezan alternativas habitacionais e residenciais suficientes e de calidade. É precisamente iso o que o BNG vén reclamando tanto ao Goberno do Estado como ao Goberno galego, que ten as competencias en vivenda; e facémolo desde a lexitimidade de termos actuado en consecuencia cando tivemos responsabilidades de Goberno na Galiza, cun impulso sen precedentes á vivenda pública, que conseguiu facer realidade millares de vivendas en catro anos e xerar mesmo unha inercia coas programadas que, lamentabelmente, o Partido Popular non soubo ou non quixo aproveitar, até voltar a situar en cero ou no unidíxito as vivendas que sacou adiante durante varios anos. Mais xa sabemos que o PP non está para traballar para o interese común senón, en todo caso, para os intereses particulares dos seus amigos, das súas empresas amigas. Porque a construción de vivenda pública é realmente a única vía. Se a vivenda digna é un dereito, é tamén unha obriga para as Administracións públicas garantila, e só é posíbel con políticas públicas de vivenda, especialmente en aluguer social ou controlado.

O problema é que ao PSOE lle custa pasar das declaracións aos feitos e da propaganda á realidade. Queremos lembrar que Pedro Sánchez anunciou a mobilización de 50 000 vivendas da Sareb, despois 43 000 vivendas en alugueiro e aínda 20 000 en terreos de Defensa. Mais, como temos denunciado en moitas ocasións, infelizmente todo isto ficou en nada ou case nada. Reparemos en que a Sareb en vez de ceder gratuitamente os inmóbeis para vivenda pública a quen ten as competencias —‌e só na Galiza serían por volta de 3000— continúa a pretender facer negocio con eles, o que é totalmente inaceptábel. A nova grande solución do ministerio, o chamado plan Viena, opta polo que denominan colaboración públicoprivada, e que na realidade é máis unha outra fórmula de rendibilidade para investidores e un plan pensado para grandes fondos de investimento; cesión de solo por un período de 80 anos a investidores coa única contraprestación de que as vivendas sexan colocadas no mercado a un prezo 20 % por baixo do dese mercado. Pero lembremos que ese prezo está disparado e mesmo disparatado. Realmente, non vemos interese social nese plan, porque, se o houbese, apostaríase pola restitución do carácter público do patrimonio da Sareb e pola cesión dos solos ás comunidades autónomas para vivenda pública en aluguer.

O último grande anuncio do Goberno —‌dunha restra deles que, como dicimos, fican niso, en anuncios— é o realizado polo presidente do Goberno sobre a creación dunha empresa pública de vivenda. Non, señor Sánchez, ese non é o camiño. Lembrámoslle que as competencias son autonómicas e que xa está ben de permanentes e continuadas invasións competenciais. O que teñen que facer é dotar de financiamento suficiente as políticas públicas de vivenda, ceder os terreos de Defensa inutilizados e pólos, cos recursos necesarios, a disposición das comunidades autónomas para a construción de vivenda pública e social; ceder gratuitamente todos os inmóbeis da Sareb e impulsar medidas lexislativas —‌como nós facemos hoxe— que vaian na dirección de controlar real e eficazmente os prezos dos alugueres e os xuros das hipotecas e de garantir o acceso á vivenda. Porque, ademais, vostedes son conscientes de que as medidas tímidas que moveron até agora non obtiveron os resultados que anunciaban. Como previamos, a lei de vivenda resultou insuficiente e ineficaz para controlar e mudar as tendencias dun mercado que sen intervención pública só funciona para o máximo lucro dos operadores inmobiliarios e dos fondos voitre. Eses son os poderes reais que vostedes non queren enfrontar e que, por acción ou omisión, continúan beneficiando, fronte á situación de crecentes dificultades das maiorías sociais para verificar o dereito a unha vivenda digna.

Reclamámoslles, ademais, que prorroguen o escudo social en relación á prohibición dos desafiuzamentos de persoas vulnerábeis e sen alternativa habitacional, mais que o fagan sen vinculación ás condicións establecidas no momento da pandemia e, posteriormente, en relación coa escalada xeneralizada de prezos, de forma que non haxa maneira de que xuíces sen escrúpulos nin decencia se agarren a que xa non se dan esas condicións para autorizar despexos deshumanos en que, como aínda aconteceu hai apenas unha semana, se deixe a crianzas pequenas, e mesmo bebés, na rúa. É necesario precisar mellor a figura do arrendatario vulnerábel para evitar situacións inxustas e inaceptábeis.

Finalizo. En todo caso, esperamos que esta vez si sexa tomada en consideración esta proposición de lei para a regulación dos contratos de aluguer temporal e de cuartos, porque, sen dúbida, vai contribuír a evitar fraudes e abusos que non deberían producirse.

Moito obrigado.

Gracias, señora presidenta. Traemos de nuevo aquí una proposición de ley nacida de la iniciativa social registrada por diferentes fuerzas políticas, entre ellas el BNG, para regular mejor los alquileres de temporada y de habitaciones. De lo que se trata es de que estas fórmulas no se conviertan en vías para el fraude ante la evidencia de que se esté generalizando para los arrendadores y arrendadoras sortear los deberes que la LAU establece; y, además, para evitar la desprotección de las personas que se ven obligadas a alquilar habitaciones. Como ya se ha dicho, esta era una regulación que debería estar presente en la ley de vivienda, pero desgraciadamente no ha sido así. También traemos esta propuesta porque hoy ya nadie niega que estamos ante una crisis habitacional de gran magnitud y que crecen las dificultades para ver cumplido el teórico derecho a la vivienda, para acceder a una vivienda digna, ya sea en propiedad, ya sea en alquiler. Crecen las dificultades para que los y las jóvenes puedan emanciparse y empezar sus proyectos de vida independiente ante la imposibilidad de poder afrontar los precios disparados de los alquileres. No hay alternativas habitacionales públicas que incidan realmente sobre el precio de la vivienda, ni siquiera que puedan ofrecer soluciones a las personas que se ven desalojadas. Repunta el problema del impago de hipotecas ante la subida desbocada de los intereses. Es, por lo tanto, un problema de primera magnitud que los poderes públicos deben abordar con urgencia y con decisión.

La propuesta que hoy traemos aquí pretende contribuir a prevenir y resolver situaciones concretas, y somos conscientes de que no resolverá el conjunto del problema, para lo cual son precisas políticas públicas decididas que den alternativas habitacionales y residenciales suficientes y de calidad.

Es precisamente eso lo que el BNG ha estado reclamando tanto al Gobierno del Estado como al Gobierno gallego, que tiene las competencias en vivienda; y lo hacemos con la legitimidad de haber actuado en consecuencia cuando tuvimos las responsabilidades de gobierno en Galicia, con un impulso sin precedentes a la vivienda pública, que consiguió hacer realidad miles de viviendas en cuatro años e incluso generar una inercia con las programadas que, lamentablemente, el Partido Popular no ha sabido o no ha querido aprovechar, hasta volver a situar en cero, con un dígito, las viviendas que sacó adelante durante varios años. Como ya sabemos, el PP no está para trabajar por el interés común, sino, en todo caso, para los intereses particulares de sus amigos y de sus empresas amigas. Porque la construcción de la vivienda pública es realmente la única vía. Si la vivienda digna es un derecho, es también una obligación para las Administraciones públicas garantizarla, y solo es posible con políticas públicas de vivienda, especialmente en alquiler social o controlado.

El problema es que al PSOE le cuesta pasar de las declaraciones a los hechos y de la propaganda a la realidad. Queremos recordar que Pedro Sánchez anunció la movilización de 50 000 viviendas de la Sareb; después, 43 000 viviendas en alquiler; y 20 000 en terrenos de Defensa. Pero, como hemos denunciado en muchas ocasiones, desgraciadamente, todo esto ha quedado en nada o casi nada. Fijémonos en que la Sareb en vez de ceder gratuitamente los inmuebles para vivienda pública a quien tiene las competencias ―solo en Galicia serían cerca de 3000―, continúa queriendo hacer negocio con ellos, lo cual es totalmente inaceptable. La nueva gran solución del ministerio, el llamado plan Viena, opta por lo que se denomina colaboración público-privada, que, en la realidad, es otra fórmula más de rentabilidad para inversores y un plan pensado para grandes fondos de inversión; con la cesión de suelo por un período de ochenta años a inversores con la única contraprestación de que las viviendas sean colocadas en el mercado a un precio un 20 % por debajo del de ese mercado; pero recordemos que ese precio está disparado e incluso disparatado. Realmente, no vemos interés social en ese plan, porque si lo hubiese, se apostaría por la restitución del carácter público del patrimonio de la Sareb y por la cesión de los suelos a las comunidades autónomas para vivienda pública en alquiler.

El último gran anuncio del Gobierno ―de una retahíla de ellos que, como hemos dicho, quedan en eso, en anuncios― es el realizado por el presidente del Gobierno sobre la creación de una empresa pública de vivienda. No, señor Sánchez, ese no es el camino. Le recordamos que las competencias son autonómicas y que ya está bien de permanentes y continuadas invasiones competenciales. Lo que tiene que hacer es dotar de financiación suficiente a las políticas públicas de vivienda, ceder los terrenos de Defensa inutilizados y ponerlos, con los recursos necesarios, a disposición de las comunidades autónomas para la construcción de vivienda pública y social; ceder gratuitamente todos los inmuebles de la Sareb; e impulsar medidas legislativas ―como nosotros hacemos hoy― que vayan en el sentido de controlar real y eficazmente los precios de los alquileres y de los intereses de las hipotecas y de garantizar el acceso a la vivienda. Además, ustedes son conscientes de que las medidas tímidas que han promovido hasta ahora no han obtenido los resultados anunciados. Como preveíamos, la ley de vivienda resultó insuficiente e ineficaz para controlar y cambiar las tendencias de un mercado que sin intervención pública solo funciona para el máximo lucro de los operadores inmobiliarios y de los fondos buitre. Esos son los poderes reales a los que ustedes no se quieren enfrentar y que, por acción u omisión, continúan beneficiando, frente a la situación de crecientes dificultades de las mayorías sociales para verificar el derecho a una vivienda digna.

Les reclamamos, además, que prorroguen el escudo social en relación con la prohibición de los desahucios de personas vulnerables y sin alternativa habitacional, pero que lo hagan sin vinculación con las funciones establecidas en el momento de la pandemia y, posteriormente, en relación con la escalada generalizada de precios, de forma que no haya manera de que jueces sin escrúpulos ni decencia se agarren a que ya no se dan esas condiciones para autorizar desahucios inhumanos y que, como ha sucedido apenas hace unas semanas, se deje a menores, e incluso a bebés, en la calle. Es necesario precisar mejor la figura del arrendatario vulnerable para evitar situaciones injustas e inaceptables.

Finalizo. En todo caso, esperemos que esta vez sí sea tomada en consideración esta proposición de ley para la regulación de los contratos de alquiler temporal y de habitaciones, porque, sin duda, va a contribuir a evitar fraudes y abusos que no deberían producirse.

Muchas gracias.

Arratsalde on guztioi. Irailean bilkura honetan esan genuen bezala, 2023ko etxebizitza-legea indarrean dagoenetik etxebitzia duin bat lortzea geroz eta zailagoa da. Eta alokairuari dagokionez, ez da lortu legeak zioena. Hau da, ez da inolaz ere, erreztu etxebizitza bat lortzea, etxebizitza gutxiago dago alokagai eta dagoena garestiagoa da. Etxebizitzaren egoera larria lehen bazen, orain larriagoa da. Lege bat onartzearekin ez baita nahikoa etxebizitzaren politika bat ez baldin badago bere atzean. Bestalde, ezin esan genezake legea ez dela aplikatzen ari. Batzuek dioten bezala, legea indarrean dago boletinean argitaratu zenetik, hau da, 2023ko maiatzaren 26tik. Onartu zen garaian esan genuen eta duela 3 hilabeteko debatean errepikatu genuen, legeak eremu konpetentzialean supostu duen erasoaz aparte, zenbait hutsune ditu eta zirrikutu horiek erabiltzen dira gaur legeak alokairuaren inguruan ezartzen dituen zenbait neurri ekiditeko. Batzuek betiko errelatoa eraiki nahiko dute, eraikiko dute eta esango dute espekulatzaile handiak direla soilik zirrikitu hauek erabiltzen dituztenak. Eta irakurketa errez eta interesatuetan oinarritzen baldin bada daukagun diskurtsoa benetan errealitatea bere osotasunean aztertu gabe, zirrikitoak zeintzuk diren eta hauek, hauek zergatik diren aztertu gabe ezin izango dira neurri hartu. Zergatik dago gaur duela urte bat baino gehia baino etxebizitza gutxiago alokagai? zergatik ez da etxebizitza merkeenen alokairuen prezioa jaitsi? zergatik bideratu da ohiko etxebizitzaren alokairua beste alokairu mota ezberdinetara, denboraldi motzakoetara, turistikoetara edo salmentan jarri dira edo hutsik daude? zergatik? Ba entzun nahi izanez gero publikatu diren txostenak irakurri eta adituak diotena kontutan hartzen badugu, puntu batean adostasuna topa genezake. Etxebizitza legeak eragiten duen ziurtasun falta horrek merkatutik etxebizitzak ateratzea eman du. Eta horretaz gain, erregulatu gabeko edo ondo erregulatu gabeko alokairura eraman dituztelako beste zenbait etxebizitza. Merkartuan etxebizitza ipintzen dituzten jabe txiki horien hautua, parte handi batean, etxebizitzak merkatutik ateratzea izan delako. Eta horrek oraindik okertu du are eta gehiago gaur bizi dugun etxebizitza falta zeren estatuko merkatuan alokagai dagoen etxebizitzen ehuneko larogeitabostaren jabe txikiak dira eta hori kontutan hartzea ezinbestekoa da. Datuan nonahi ditugu, iturri ezberdinetako datuak baina azken hilabete hauetan etxebizitza batzordetik igaro diren aditu gehienek errepikatu dutena zera da; etxejabeek beren etxe hutsak alokagai jartzeko segurtasun juridiko gehiago behar eta eskatzen dute. Eta bestalde, pertsona zaurgarrienek etxebizitza bat lortzeko dituzten arazoen aurrean neurriak hartu behar ditugu.

Buenas tardes, señorías. Como ya dijimos en el pleno de septiembre, desde que entrara en vigor la ley de vivienda de 2023, el acceso a una vivienda digna es cada vez más difícil. En cuanto al alquiler, no se ha conseguido lo que la ley pretendía, es decir, no se ha facilitado en ningún caso el acceso a la vivienda. Hay menos viviendas en alquiler y las que hay son más caras. Si la situación de la vivienda era ya grave, ahora lo es más. No podríamos decir que la ley no se está aplicando, como dicen algunos, la ley está en vigor desde su publicación en el Boletín, con fecha de 25 de mayo de 2023, en concreto. Ya lo dijimos cuando se aprobó y lo repetimos también en el debate de hace tres meses. Además del ataque que ha supuesto la ley en el ámbito competencial, tiene algunas lagunas que se aprovechan además para evitar algunas de las medidas que hoy impone la ley en materia de alquiler. Algunos querrán construir el relato de siempre, el relato habitual, y dirán que los grandes especuladores utilizan estos resquicios para ganar dinero en vez de destinar la vivienda para su función social, y en esta lectura sencilla e interesada basarán su discurso, sin analizar realmente la realidad en su conjunto, sin analizar cuáles son los resquicios, por qué se aprovechan. No se preguntarán, por supuesto, quién es responsable de estos resquicios, quién está especulando. ¿Por qué hay hoy menos viviendas en alquiler que hace un año? ¿Por qué no se ha reducido el precio del alquiler de las viviendas más baratas? ¿Por qué se ha destinado el alquiler de la vivienda habitual a otros tipos de alquiler de temporada corta, por ejemplo, turísticos, o se han puesto a la venta estas viviendas o están vacías? ¿Por qué? Bien, si queremos escuchar, si leemos los informes que se han publicado y tenemos en cuenta lo que dicen los expertos, podremos llegar a un consenso en un punto: la inseguridad que provoca la ley de vivienda ha llevado a que se saquen viviendas del mercado y, además de eso, ha llevado a que otras viviendas terminen en un alquiler no regulado o no bien regulado. Los pequeños propietarios que ponían sus viviendas en el mercado han decidido, en gran parte, sacar sus viviendas del mercado, y eso aún ha empeorado más la falta de vivienda que sufrimos en la actualidad. El 85 % de las viviendas alquiladas en el mercado estatal corresponden a pequeños propietarios, y esto es necesario tenerlo en cuenta. Existen muchos datos provenientes de diferentes fuentes, pero lo que la mayoría de los expertos que han pasado estos últimos meses por la Comisión de Vivienda han repetido es que los propietarios exigen una mayor seguridad jurídica para alquilar sus viviendas vacías. Por otro lado, debemos también tomar medidas ante los problemas de acceso a una vivienda de las personas más vulnerables.

La proposición de ley que hoy debatimos, tal y como lo hizo la anterior, debatida hace apenas tres meses, reconoce que se va de la figura del contrato del arrendamiento de vivienda habitual hacia el arrendamiento por temporada con la entrada en vigor de la regulación de alquileres en aquellos territorios en los que se aplica, pero también en los que no se aplica. Es lo que recoge la proposición de ley.

Es una gran contradicción lo que los promotores recogen en la exposición de motivos, porque algunos de los portavoces de los grupos firmantes, por un lado, alegan en numerosas ocasiones que no se están viendo mejoras de la ley porque esta no se está aplicando ―se refieren únicamente al tema de las zonas tensionadas, que es optativa para las comunidades autónomas―, pero, por otro lado, reconocen que esta ley está afectando a los alquileres, porque la ley se está aplicando desde el momento de su entrada en vigor, y es desde entonces cuando los propietarios, sobre todo los pequeños propietarios, han retirado todavía más sus viviendas del mercado del alquiler, porque, según todos los estudios, se ha incrementado su inseguridad jurídica y temen que, ante el impago, no puedan recuperar sus viviendas en un tiempo demasiado largo, que puede llegar a dos años o más, y se conviertan en garantes del derecho a la vivienda de personas y familias vulnerables. No es la Administración la garante del derecho a la vivienda, sino que se convierten en ello los pequeños propietarios. Por lo tanto, no es la Administración pública la que garantiza este derecho. No se trata del temor a la aplicación del artículo 18, en lo relativo a las zonas tensionadas. El último estudio de la OCU lo deja claro: el temor de la mayoría de los pequeños arrendadores no es no poder subir el precio, es el temor al impago.

Por lo tanto, tal y como dijimos hace tres meses, con esta ley ¿qué se está generando? Pues inseguridad jurídica hacia el propietario arrendador e inseguridad jurídica hacia aquellas personas que quieren arrendar una vivienda y son obligadas a aceptar contratos de temporada, lo que las aboca a una continua desprotección e inestabilidad en su proyecto de vida. Esta inestabilidad afecta en mayor medida a las personas más vulnerables, que sufren mayor discriminación a la hora de poder alquilar; a menor oferta, mayor dificultad para acceder al alquiler, ya que el propietario o la inmobiliaria requerirá mayores garantías para el pago, discriminando aún más a los más vulnerables.

En relación con lo que plantea la proposición de ley, consideramos que se mejora la anterior, ya que, entre otras cuestiones, se elimina la posibilidad de subarriendo sin consentimiento del arrendador en la vivienda de temporada; se sigue manteniendo una duración de temporalidad discutida a nuestro entender, aunque esta vez pasa de seis a nueve meses. Hablábamos en aquel entonces de las necesidades de las personas que tienen que salir fuera por estudios o de los trabajadores temporales. Tendremos que tener en cuenta la temporalidad de esas necesidades. Se tendrá que analizar también lo relativo al desistimiento del contrato en lo referente a la necesidad de indemnización de los contratos temporales.

Como hicimos hace tres meses y como ya dijimos entonces, vamos a apoyar esta proposición porque queremos que se inicie su tramitación, y si sigue adelante, presentaremos nuestras propuestas. Las enmiendas no solo afectarán a la ley de arrendamientos urbanos, ya que, aunque se quiera ocultar o disimular, los datos no pueden tapar la realidad y gran parte de los efectos negativos sobre el alquiler de la vivienda habitual se deben a la regulación actual de la vivienda, ley que también habrá que retocar.

Vamos a votar, por lo tanto, a favor porque creemos sinceramente que tenemos que dar solución a esta urgencia: la necesidad de una vivienda asequible y digna, en este caso de alquiler. Creemos que tenemos que evitar la inseguridad e indefensión de la persona que alquila, dando seguridad y certidumbre también al arrendador, para que haya oferta suficiente con la que cubrir la demanda, aunque pensemos que el problema no es el alquiler de temporada en sí, sino que este se usa en fraude de ley para evitar la regulación de vivienda actual. Tenemos que buscar una solución para detener el aumento imparable de los precios que está generando que no solo jóvenes, sino también familias que viven de alquiler no puedan hacer frente a las altas rentas actuales. Tenemos ―como también ha dicho antes la portavoz de ERC― que buscar una solución para tapar los agujeros de la ley de vivienda, aunque creemos que los agujeros que tiene la ley no son únicamente estos.

Y termino ya. Podemos miente para confundir a la gente. La enmienda planteada por el Grupo Vasco no va de echar a la gente de su casa, va de sacar cuanto antes de tu casa a quien te la ocupa. Hablamos de un delito de allanamiento de morada y de usurpación.

Mil esker.

Moltes gràcies, senyora presidenta. Molt bona tarda a tothom. Abans que res, em sento obligada, evidentment, a recordar el context en el qual ens trobem avui. Fa un any ara que es va aprovar una llei de la vivenda espanyola que, segons molts de vostès, havia de solucionar els problemes d’accés al lloguer dels joves i famílies i famílies vulnerables. Junts hi va votar en contra. Els advertim un cop i un altre que només s’aconseguiria reduir l’oferta de lloguer per culpa de la tremenda inseguretat jurídica que es traslladava al sector privat i també per seguir mantenint el bloqueig urbanístic al sòl, i així ha estat. Les darreres dades oficials de tercer trimestre d’enguany, de fa una setmana, acrediten que a Catalunya els preus del lloguer respecte al segon trimestre d’enguany tornen a augmentar. Ja ho veuen. Es van precipitar fa unes setmanes quan esmentaven baixades de preus generalitzats a Catalunya, però el pitjor és que s’han reduït entre un 19 i un 23 % el nombre de nous contractes. Aquest darrer trimestre s’han resolt, acabat, més contractes d’arrendament que no pas se n’han creat de nous. No havia passat mai: saldo negatiu de nous arrendaments per primer cop. Amb les seves noves regulacions accentuen, imprudentment, la inseguretat jurídica del sector privat, que està abandonant a correcuita el mercat del lloguer. Avui, qualsevol ciutadà, qualsevol jove que es vulgui emancipar té moltíssimes menys possibilitats d’accedir a un lloguer que fa un any, perquè hi ha moltíssims menys pisos ofertats en lloguer, entre un 19 i un 2 3 % menys, com els he dit abans. I això, que és el resultat del fracàs de les polítiques basades en apriorismes ideològics suposadament d’esquerres, és un drama. A Catalunya, el principal epicentre de la crisi és la ciutat de Barcelona, i d’allà s’han projectat els efectes perversos al conjunt de l’àrea metropolitana i en certa manera també a la resta de Catalunya. Avui s’insisteix de nou en fórmules similars que ha estat posant en pràctica l’univers Comuns, SUMAR, Podem amb la resta del bloc d’esquerres a Barcelona, fórmules més dirigides a quedar bé que no pas a que vagin bé. Amb les dades a la mà, s’han demostrat escandalosament ineficaces, equivocades, i ens trobem en una situació crítica. En dos anys ens caldran a Catalunya 140 000 noves llars. El parc públic d’habitatge existent, lluny de la mitjana europea, que s’apropa al 10 %, no arriba ni a un miso 2 %. I aquesta dada és molt significativa, perquè, com a Europa una de cada deu habitatges és de titularitat pública, es poden fer polítiques públiques efectives, però aquí, desgraciadament, només menys de dos de cada cent habitatges són de titularitat pública. Què es pot fer amb això? Des de fa anys que els governs responsables no han volgut destinar un pressupost sòlid i sostingut a l’ampliació del parc públic d’habitatge, han preferit aplicar fórmules estrambòtiques en comptes de fer allò que tots els experts recomanen. En l’actualitat no hi ha més parc públic d’habitatge perquè no s’ha volgut, ni els Comuns a Barcelona, ni Esquerra a Catalunya, ni PSOE-SUMAR aquí. Perquè ja ho van veient, limitant el preu del lloguer no s’ha augmentat el parc públic; ni demonitzant als propietaris, tampoc; ni eliminant el lloguer de temporada, tampoc. Res de tot això ampliarà el parc públic d’habitatge. I Junts per Catalunya defensem que és aquí on rau el problema, perquè les nostres propostes no són propagandístiques com les d’alguns, però els experts asseguren que són les úniques propostes capaces de revertir l’actual situació. Han de deixar d’embolicar més la troca amb continus retocs legislatius de molt poc abast real, com el que avui ens proposen. El que és necessari és augmentar a marxes forçades el parc públic d’habitatge, perquè sabem, com saben arreu, com sap qualsevol responsable públic amb una mirada progressista de la situació, que les polítiques públiques d’habitatge s’han de dur a terme principalment amb habitatges públics i amb recursos públics, no extorquint a tothom a tort i a dret, tal i com fem de destinar els recursos públics, tal i com fem en educació, sanitat o en seguretat. En canvi, en habitatge el que s’ha fet aquests darrers anys ha estat fer recaure tota la responsabilitat, que hauria de ser pública, cap al privat, tant en termes de desenvolupament urbanístic com de construcció de nou habitatge com darrerament de protecció, al seu càrrec, dels llogaters vulnerables.

Els legisladors, tots vostès, nosaltres, tots, hauríem d’impedir que l’actual Govern i els socis segueixin eludint les seves responsabilitats. Cal que tots reconeguem l’accés a l’habitatge com un nou pilar de l’estat del benestar, com ho són l’educació ―ho deia abans―, la sanitat, la seguretat, i, consegüentment, pressionar per a assegurar que siguin els poders públics els que desenvolupin les polítiques públiques d’habitatge i que les sufraguin amb fons públics, que per a això es recapten impostos, per a redistribuir-los amb l’enfortiment de l’estat del benestar.

I avui ens tornem a trobar amb una proposta que causarà molta frustració als que de veritat pateixen el viacrucis d’accedir a un habitatge, perquè de bona fe creuran que això millorarà les seves possibilitats d’accedir a un habitatge digne, però han de saber que no serà així, que només s’està intentant emmascarar de nou el fracàs del Govern i socis amb una proposta que, si s’aprovés íntegrament i de manera literal, empitjoraria encara més l’accés a l’habitatge. Junts per Catalunya vam negociar uns canvis en la proposta inicial i ara s’especifica que salvaguardaran les competències exclusives de Catalunya en aquest àmbit. Per això hem accedit a parlar i a debatre sobre el lloguer de temporada. El nostre vot d’avui, un cop protegides les nostres competències, farà possible el debat. Fem un sí al debat, però no pressuposin ni per un instant un sí de Junts a aquest text. Abans caldria que el text resultant fos substancialment diferent al què aquí se’ns presenta. Hauríem d’anar en la mateixa línia de la del nostre grup de Junts, en el Parlament de Catalunya, que ha registrat una proposició legislativa dirigida a eliminar el frau en aquests tipus de lloguer a través d’un registre públic, que evitarà que alguns propietaris utilitzin deshonestament aquest tipus de contractes per a escapolir-se de les prescripcions exigides pel lloguer habitual.

Tinguin present també que Junts per Catalunya no validarà que els joves, per exemple, els joves estudiants catalans, perdin l’opció d’anar a una altra ciutat a estudiar i a començar a construir els seus projectes vitals fora de casa, com hem fet tants, permetent, tal com es proposa veladament en aquest text, l’eliminació de facto dels lloguers de temporada. Ni tampoc validarem mai la precarització del dret a l’habitatge equiparant una habitació a un habitatge. No és novetat per a ningú que Junts sempre hem dit que, si es volen els nostres vots, abans han de negociar amb nosaltres. Avui l’únic que farem és obrir la porta a negociar, res més, però tampoc res menys.

Gràcies.

Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todo el mundo antes. En primer lugar, me siento obligada, evidentemente, a recordar el contexto en el que nos encontramos hoy. Hace un año ahora que se aprobó una ley de la vivienda española que, según muchos de ustedes, tenía que solucionar los problemas de acceso al alquiler para jóvenes y familias y familias vulnerables. Junts votó en contra. Les advertimos una vez y otra que solo se conseguiría reducir la oferta de alquiler por culpa de la tremenda inseguridad jurídica que se trasladaba al sector privado y también para seguir manteniendo el bloqueo urbanístico al suelo, y así ha sido. Los últimos datos oficiales de tercer trimestre de este año, de hace una semana, acreditan que en Cataluña los precios del alquiler respecto del segundo trimestre de este año vuelven a aumentar. Ya lo ven. Se precipitaron hace unas semanas, cuando mencionaban bajadas de precios generalizados en Cataluña, pero lo peor es que se han reducido entre un 19 y un 23 % el número de nuevos contratos. Este último trimestre se han resuelto acabar más contratos de alquiler que los que se han creado de forma nueva. Esto no había ocurrido nunca: saldo negativo de nuevos alquileres por primera vez. Con sus nuevas regulaciones acentúan de forma imprudente la inseguridad jurídica del sector privado que está abandonando con prisas el mercado del alquiler. En la actualidad, cualquier ciudadano, cualquier persona joven que quiere emanciparse tiene muchísimas menos posibilidades de acceder a un alquiler que hace un año porque hay muchos menos pisos en oferta de alquiler. Entre un 19 y un 23 % menos, como les he dicho antes, y esto, que es el resultado del fracaso de las políticas basadas en apriorismos ideológicos supuestamente de izquierdas, es un drama. En Cataluña, el principal epicentro de la crisis es la ciudad de Barcelona, y de ahí se han proyectado los efectos perversos al conjunto del área metropolitana y en cierta medida también al resto de Cataluña. Hoy se insiste de nuevo en fórmulas similares que ha estado poniendo en práctica el universo Comunes, SUMAR y Podemos con el resto del bloque de izquierdas en Barcelona, fórmulas más dirigidas a quedar bien que a que vayan bien y que con los datos en la mano se han demostrado de forma escandalosamente ineficaz. Son leyes equivocadas, y nos encontramos en una situación crítica. En dos años será necesario tener en Cataluña 150 000 nuevos hogares. El parque público de vivienda existente, lejos de la media europea, que se acerca al 10 %, no llega ni a un escaso 2 %, y este dato es muy significativo, porque, como en Europa una de cada diez viviendas es de titularidad pública, se pueden hacer políticas públicas efectivas, pero aquí, desgraciadamente, solo menos de dos de cada cien viviendas son de titularidad pública. ¿Qué se puede hacer con esto?

Desde hace años los gobiernos responsables no han querido destinar un presupuesto sólido y sostenido para la ampliación del parque público de vivienda, han preferido aplicar fórmulas estrambóticas en vez de hacer aquello que todos los expertos recomiendan. En la actualidad no hay más parque público de vivienda porque no se ha querido, ni los Comunes en Barcelona, ni Esquerra en Cataluña, ni PSOESUMAR aquí. Ya lo van viendo, limitando el precio del alquiler no se ha aumentado el parque público; ni demonizando a los propietarios, tampoco; ni eliminando el alquiler de temporada, tampoco. Nada de todo esto va a ampliar el parque público de vivienda, y Junts per Catalunya defiende que es aquí donde está el problema, porque nuestras propuestas no son propagandísticas como las de algunos, pero los expertos aseguran que son las únicas propuestas capaces de revertir la situación actual. Tienen que dejar de liar más la cuestión con continuos retoques legislativos de muy poco calado real, como el que hoy nos proponen. Lo que es necesario es aumentar a marchas forzadas el parque público de vivienda, porque sabemos, como se sabe en todas partes, como sabe cualquier responsable público con una mirada progresista en cuanto a la situación, que las políticas públicas de vivienda tienen que llevarse a cabo principalmente con vivienda pública y con recursos públicos, no externalizando a diestro y siniestro a todo el mundo, tal como se hace, y destinando recursos públicos, tal como se hace con educación, sanidad o en seguridad. En cambio, en vivienda lo que se ha hecho en los últimos años ha sido hacer recaer toda la responsabilidad que debería ser pública en el sector privado, tanto en términos de desarrollo urbanístico como de construcción de nuevas viviendas como últimamente en protección a su cargo de los rentistas vulnerables.

Los legisladores, todos ustedes, nosotros, todos, tendríamos que impedir que el actual Gobierno y sus socios sigan eludiendo sus responsabilidades. Es necesario que todos reconozcamos el acceso a la vivienda como un nuevo pilar del Estado del bienestar, como lo son la educación ―lo decía antes―, la sanidad o la seguridad, y, consiguientemente, presionar para garantizar que sean los poderes públicos los que desarrollen las políticas públicas de vivienda y que las sufraguen con fondos públicos, que para eso se recaudan impuestos, para redistribuir los impuestos reforzando el Estado del bienestar.

Hoy nos encontramos de nuevo con una propuesta que causará mucha frustración a los que realmente sufren el vía crucis de acceder a una vivienda, porque de buena fe creerán que esto va a mejorar sus posibilidades de acceder a una vivienda digna, pero tienen que saber que no será así, que solo se está intentando enmascarar nuevamente el fracaso del Gobierno y sus socios con una propuesta que, si se aprobara íntegramente y de forma literal, empeoraría todavía más el acceso a la vivienda. Junts per Catalunya negoció unos cambios en la propuesta inicial y ahora se especifica que van a salvaguardar las competencias exclusivas de Cataluña en este ámbito. Por esto hemos accedido a hablar y a debatir sobre el alquiler de temporada. Nuestro voto de hoy, una vez protegidas nuestras competencias, hará posible el debate. Damos un sí al debate, pero no presupongan ni por un instante un sí de Junts a este texto. Antes sería necesario que el texto resultante fuera sustancialmente diferente al que se nos presenta aquí. Deberíamos ir en la misma línea de la de nuestro grupo, Junts, en el Parlamento de Cataluña, que ha registrado una proposición legislativa dirigida a eliminar el fraude en estos tipos de alquiler a través de un registro público, que evitará que algunos propietarios utilicen de forma deshonesta este tipo de contratos para escapar de las prescripciones exigidas por la ley de alquiler habitual.

Tengan presente también que Junts per Catalunya no validará que los jóvenes, por ejemplo, los jóvenes estudiantes catalanes, pierdan la opción de ir a otra ciudad donde estudiar y comenzar a construir sus proyectos vitales fuera de casa, como hemos hecho tantos, permitiendo, tal como se propone veladamente en este texto, la eliminación de facto de los alquileres de temporada. Tampoco aprobaremos nunca que haya más escasez equiparando una habitación a una vivienda entera. No es novedad para nadie que Junts siempre ha dicho que, si se quieren nuestros votos, antes tienen que negociar con nosotros. Hoy lo único que haremos es abrir la puerta a negociar, nada más, pero tampoco nada menos.

Gracias.

Gracias, señora presidenta. Los alquileres de temporada y por habitaciones eran hasta hace muy poco figuras excepcionales en nuestro país. En los primeros se alojaban profesores, estudiantes u opositores que cambiaban de lugar de residencia por unos meses; los segundos eran una opción muy divertida, ideal para muchos jóvenes que se emancipaban con amigos al poco de cumplir los 20. Ambos casos estaban muy tasados, muy circunscritos a un momento vital muy concreto, y se caracterizaban precisamente por su carácter transitorio: el que marchaba a otra ciudad por razones laborales o formativas volvía al poco, y el que daba sus primeros pasos fuera de casa en un piso compartido se iba tan rápido como se estabilizaba su pareja o su trabajo o reunía unos ahorros. El alquiler de temporada o por habitaciones, por tanto, era el primer peldaño dentro de la escalera de la vida de las personas, un detalle puntual y nada más que eso. Este era el fresco habitual de nuestras ciudades hasta hace muy poco. Eran tan insignificantes estas figuras y era tan específico su uso que en los informes y estudios sobre el mercado de alquiler de hace un puñado de años ni siquiera se recogía su incidencia. Esos tiempos ya quedaron atrás, y quién los pillara. En 2024, el 30 % de los pisos anunciados en las grandes ciudades ya solo se ofrecen por meses; el alquiler de temporada se ha disparado un 230 % en toda España desde 2019: en Málaga, 466 %; en Alicante o Sevilla, por encima del 300 %; en Barcelona, 250 %. Con estas cifras se hace evidente que los nuevos contratos de temporada ya no los firman quienes cambian de ciudad por motivos laborales o por motivos de estudios, sino que tenemos a multitud de familias con la incertidumbre de no saber dónde vivirán al año siguiente, a parejas con la casa a cuestas, a jóvenes instalados en un nomadismo perpetuo. Esto es un drama, y las perspectivas no son más halagüeñas tampoco en el caso de los pisos compartidos. La oferta de habitaciones ya supera a la de pisos completos en Madrid, en Barcelona o en Valencia. En estas tres ciudades, en 2020 la suma total de pisos compartidos era de 2500 anuncios; hace seis meses eran 22 000, y esta mañana eran 33 000. También ha cambiado el rostro de los habitantes de este tipo de inmuebles; la edad media es actualmente de 34 años, por lo que hay toda una generación a la que no le ha quedado más remedio que aparcar su proyecto vital y habitar un estado de precariedad indefinida. No conocen la intimidad ni la privacidad ni la estabilidad emocional ni la posibilidad de tener hijos; por no conocer, no conocen ni siquiera a los desdichados que tienen al otro lado del tabique, que también van cambiando cada dos por tres. Esto ya no va únicamente de vivienda, es un problema de tal envergadura, es una transformación tan radical de hábitos y costumbres que amenaza la salud, la libertad, la dignidad y la forma de vida de nuestro pueblo, amenaza lo que somos, nuestra identidad. (Aplausos). Llegados a este punto, es preciso que algunos asuman su responsabilidad, porque aquí no nos han traído ni la marea ni el viento, aquí nos han conducido políticas bien concretas, que son las que defiende este Gobierno y las que preconizan los grupos proponentes, que, en un ejercicio de trilerismo y sinvergonzonería, pretenden hoy desentenderse de los efectos de sus decisiones y sus medidas. (Aplausos). Y es que el auge desaforado de los alquileres de temporada o por habitaciones o turísticos es la consecuencia directa de cinco años de regulaciones fallidas y de legislación aparentemente bienintencionada, muy grandilocuente, muy empalagosa, como esta iniciativa, pero absolutamente devastadora para quienes buscan y necesitan acceder a una vivienda. ¿Qué pensaban, que dejar maniatados y sin garantías a los propietarios en caso de impago no iba a tener consecuencias en términos de desconfianza o de inseguridad? (Aplausos). ¿Pensaban qué suspender los lanzamientos sine die, que prorrogar forzosamente los contratos, que controlar las rentas, que impedir los desalojos en caso de okupación o que condenar a los arrendadores a procesos interminables para recuperar la posesión no iba a hacer mella? ¿De verdad lo pensaban? Se cargan ustedes el mercado de alquileres, los títulos de propiedad sufren un deterioro sin igual, la Administración se lava las manos y traslada al particular su cometido, su tarea de brindar alternativa habitacional a los vulnerables, aquí no construye vivienda pública nadie, ¿y pensaban que esto iba a salir gratis? Pero ¿lo pensaban? ¿Por qué? ¿Por ingenuidad, por infantilismo, porque querían taparse los ojos y entonces ya no pasaba en realidad? (Aplausos). Los actos tienen consecuencias, las políticas tienen consecuencias y ustedes lo sabían. Todo lo que está pasando hoy: el desplome de la oferta de larga duración, la reducción drástica de la firma de contratos de alquiler, los casting inmobiliarios, las colas que dan la vuelta a la manzana para ver los pisos más baratos, el retraso en la edad de emancipación, el récord de hogares en situación de sobreesfuerzo, el récord de inquilinos en riesgo de pobreza, la expulsión del mercado de arrendamiento de jóvenes y rentas bajas, la especulación, todo esto ya sabíamos que pasaría, y sabíamos que pasaría porque ya había pasado en otros lugares. Bueno, en otros no, en todos; había pasado en todos los lugares donde se habían aprobado legislaciones similares a las que ustedes han aprobado en los últimos cinco años. (Aplausos). Pero a ustedes esto les da igual porque andan divorciados de la realidad, solo les importa la ideología, y si para que su ideología quede por encima tienen que quedar por debajo los españoles, ustedes no tienen duda: que sufran.

El último giro de guion es que quienes han creado la enfermedad son quienes quieren vendernos la cura, pero lo cierto es que ya no cuela, porque no es una cura, es una pócima envenenada. Una nueva regulación no purga, no limpia, no corrige los errores de la regulación fallida anterior, al revés, la hace aún peor. (Aplausos). Lo que tienen que hacer con los alquileres es dar marcha atrás, no seguir ajustando y ajustando y ajustando las tuercas a ver si no queda un solo piso que los españoles puedan alquilar.

¿Es un problema el bum de alquiler de temporada y por habitaciones? Es un problema. ¿Es un problema que los grandes se pongan las botas con las necesidades de la gente? Es un problema. ¿Quieren que descienda el número pisos turísticos, por habitaciones o de temporada? Alejen sus manos de la vivienda y reconozcan todo lo que han cometido. Reconozcan y háganse responsables del fruto podrido de sus políticas, porque, de lo contrario, seguiremos aquí dando vueltas y vueltas a nuevas regulaciones que serán exclusivamente poner al zorro a cuidar del gallinero. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, presidenta. Señorías, buenas tardes. La vivienda es un derecho y como tal debe ser protegido. El mercado sin regulación no funciona, como ha quedado ya ampliamente demostrado. El Gobierno es muy consciente de este problema y ha hecho del acceso asequible a la vivienda una prioridad central de esta legislatura. Señorías, ya tratamos aquí una iniciativa prácticamente igual sobre alquileres temporales y alquiler de habitaciones en septiembre y no obtuvo el apoyo de la Cámara. Ya se dijo en aquel momento, y se repite ahora, que el Gobierno estaba trabajando y sigue trabajando deprisa en la regulación del registro único de los alquileres de corta duración. La regulación se realizará en forma de real decreto, que actualmente se encuentra en tramitación administrativa urgente en el seno del Gobierno y cuya publicación en el BOE está prevista antes de finalizar este año. De esta forma, España se convertirá en el primer país de la Unión Europea que desarrolle el Reglamento 2024/1028 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración. Pero hemos ido más allá con un aumento sin precedentes de los recursos económicos, mejorando la regulación, la fiscalidad, la movilización de suelos públicos, la protección del parque y la colaboración con todo tipo de actores. Estos han sido ejes fundamentales de la política de vivienda en estos doce meses de Gobierno. Quiero resaltar el anuncio que realizó a primeros de este mes el presidente Pedro Sánchez sobre la creación de una gran empresa pública estatal de vivienda que destinará recursos y actuaciones a la creación en todo el territorio de la vivienda pública de acceso asequible, blindada a perpetuidad y que será gestionada por la propia empresa. (Aplausos). El Gobierno es consciente de que la solución del problema concierne a todas las administraciones y, por eso, busca el consenso con todas ellas. En la recién celebrada Conferencia de Presidentes autonómicos, en lo que se refiere a la vivienda, el Gobierno ha propuesto a las comunidades autónomas: uno, blindar el carácter público y social de las viviendas financiadas con recursos públicos de forma permanente e irreversible; dos, aprobar una reforma de la ley del suelo que ofrezca más seguridad jurídica a los ayuntamientos y ayude a acelerar la construcción de viviendas asequibles, y, tres, que hagan uso de la ley de vivienda, cuyas herramientas están dando buenos resultados allí donde se aplican, reduciendo el precio de los alquileres. Y mientras el Gobierno propone, ¿qué hace la oposición del Partido Popular? Pues ya lo dijo el jefe Aznar: el que pueda hacer, que haga. Pero no en ayudar a solucionar los problemas reales de la gente, sino en su inútil estrategia de acoso y derribo —‌que, por otra parte, no van a conseguir— del Gobierno de Pedro Sánchez. El que deba hacer, que no haga, es la proclama oculta, pero clara respecto del problema de la vivienda, igual también del jefe, allí donde el PP tiene responsabilidades. Pongamos el ejemplo de Madrid, región que conozco bien, paradigma de la actuación del PP y banco de pruebas de sus políticas. Se lleva a rajatabla el mandato de: el que deba hacer, que no haga nada; es el mercado, amigo. (Aplausos). Y se ufanan de ello. El propio alcalde de Madrid, el señor Almeida, lo dijo expresamente: que no iba a hacer nada para regular los alquileres en una de las ciudades que cuenta con los precios más altos de toda España. Y es exactamente lo que hacen: nada. Aunque quizás es mejor que no lo hagan, por otra parte. Recuerden, señorías, la venta que realizó Ana Botella de viviendas públicas a fondos buitres. Afortunadamente, ahora el Tribunal Supremo da la razón a los inquilinos y les permite comprar sus pisos al precio que Botella los vendió a los fondos buitre. (Aplausos).

El Gobierno de la señora Ayuso se desentiende completamente del problema. Es más, no lo ve como tal. Reconoce que los precios del alquiler han subido, pero, según ella, no están a los niveles de otras capitales del mundo. Igual Ayuso empieza a pensar que tendríamos un problema cuando los alquileres se pongan a los niveles que tienen París, Londres o Nueva York. En el último año, el alquiler ha subido en Madrid un desorbitado 20 %. Para la señora Ayuso —e‌ n realidad, esto es una opinión general en el Partido Popular, si no fuera así, ya se encargaría ella, la jefa, de que su opinión fuera aplicada—, la ley estatal de vivienda es mala, malísima. Dice que la ley es la culpable de que se hayan disparado los precios en Madrid y de que la oferta haya bajado. Yo me pregunto: ¿en qué datos se basa para ello? Porque, que yo sepa, la ley no se está aplicando en la Comunidad de Madrid. Los únicos datos de los que se disponen son los de Cataluña, comunidad en la que sí se está aplicando y los precios se están moderando e incluso reduciendo ligeramente. Sí me consta que hay en Madrid quienes están haciendo algo por el problema de la vivienda. Me estoy refiriendo a alcaldes y alcaldesas de once municipios, todos ellos del Partido Socialista, que se han unido para la confección y aprobación de una iniciativa legislativa que inste al Gobierno regional de la señora Ayuso a la declaración de zonas tensionadas. Son los alcaldes y alcaldesas de los ayuntamientos de Fuenlabrada, Alcorcón, Getafe, Parla, Ciempozuelos, Coslada, San Fernando de Henares, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, Pinilla del Valle y San Martín de la Vega. (Aplausos). Desde aquí les envío el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, porque me consta que les mueve el interés de sus vecinos y vecinas por acceder a alquileres asumibles y asequibles. Pero no es solo que no se haga nada positivo por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid y de la ciudad de Madrid contra la escalada de precios del alquiler en la región, sino que se está tratando de hacer de Madrid un pseudo paraíso para fondos y millonarios, con todo un abanico de medidas para atraerles hacia nuestra región. ¿Y cuál es el resultado? Si en 2023 había en Madrid 7600 personas con más de tres pisos alquilados, esa cifra ha alcanzado las 10 242 en la actualidad, un 35 % más.

Termino, señorías. Les adelanto que el Grupo Socialista repetirá el voto favorable que ya emitió en septiembre pasado para posibilitar que esta proposición de ley pueda ser debatida y mejorada.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Señorías de Bildu, a ustedes no les corresponde dirigir este Pleno. Absténganse de señalar a nadie. Sus señalamientos ya los hemos vivido. (Aplausos.—Una señora diputada: ¡Muy bien!). Y que ustedes vengan aquí a decirnos que con miedo no hay libertad, ¡precisamente ustedes…! (Aplausos). Entrando en materia, la gente a la que representamos quiere seriedad, necesita seriedad y compromiso. No necesitan excusas ni anuncios en vano ni tampoco desvíos de atención como los que acabamos de escuchar del portavoz socialista, al que le preocupa más lo que hace la señora Ayuso que los incumplimientos del señor Sánchez. (Aplausos). Llevamos seis años viendo al señor Sánchez sobrevivir políticamente y no gracias a un proyecto de país, sí a base de cesiones constantes a los partidos minoritarios, a base de entregar la llave del Legislativo a los partidos independentistas, a los quince partidos agrupados en SUMAR y a Podemos, cuyas políticas intervencionistas nos han llevado al límite de la inseguridad jurídica y la consecuente crisis habitacional. Han conseguido aumentar la preocupación del acceso a la vivienda del puesto 17º al 1º del ranking. Señorías, no nos engañemos. El problema de la vivienda no lo han creado el mercado ni los propietarios, ni los cientos de miles de industriales que trabajan en el sector de la construcción, ni los ayuntamientos, ni las comunidades autónomas, ni tampoco el sector turístico. ¿Quién lo ha provocado? El intervencionismo ideológico y sectario de este Gobierno. Lo ha provocado, entre otras leyes, la nueva ley de la vivienda, impuesta hace un año y medio por Podemos, Bildu y Esquerra. Y hoy, estos mismos partidos, sustituyendo a SUMAR por Podemos, presentan esta proposición de ley, que dice textualmente en su exposición de motivos: La realización de contratos temporales se ha convertido en la práctica en una figura clave, utilizada por miles de arrendadores para esquivar algunos de los preceptos más garantistas de la LAU y la regulación de alquileres. Dicho en otras palabras, pretenden poner parches para evitar que siga la fuga de propiedades del alquiler residencial hacia el temporal. Pretenden solucionar el intervencionismo con más intervencionismo. La teoría dice que el Poder Legislativo está para intentar hacer leyes más justas y que protejan a quien quieren cumplirlas. Sin embargo, este Gobierno ha trasladado a los pequeños propietarios la responsabilidad de atender a las familias vulnerables. Sí, ha delegado la protección de los más vulnerables en los particulares, en los ahorradores, que son los que tienen el 89 % de las viviendas de este país. (Aplausos). Y con su inseguridad jurídica ―con la inseguridad que provocan― han conseguido que una de cada cuatro viviendas haya desaparecido del mercado del alquiler residencial. No olvidemos que el Convenio Europeo de Derechos Humanos nos dice que la Administración pública siempre se debe hacer cargo de las personas vulnerables y que en ningún lugar debe recaer sobre los conciudadanos. Ante la falta de certidumbre legislativa y la falta de seguridad jurídica, los ahorradores y los pequeños propietarios no pueden asumir el riesgo de impago ni cubrir los costes de las propiedades durante dos o tres años hasta poder recuperarlas, ni los costes legales que todo esto conlleva. Por tanto, estamos ante otro claro ejemplo en que el Partido Socialista cede el poder a los grupos minoritarios y luego, cuando llegan las nefastas consecuencias, el señor Sánchez se pone de perfil y deja que los Izquierda Unida, después Podemos y ahora SUMAR se hundan en sus miserias. No es la primera vez que pasa, seguro que se acuerdan, ¿a que sí, a que solo sí es sí que se acuerdan? (Aplausos). ¡Vaya batiburrillo de Gobierno!

En lo que llevamos de legislatura, este Gobierno ya lleva cincuenta derrotas legislativas. Es decir, medio centenar de ocasiones en las que ustedes mismos se han traicionado por disputas internas, y todo esto sin contar las veces que se han retirado las iniciativas antes de que se debatan para evitar el ridículo en público. Y todo esto sin contar tampoco con las cuarenta y tres leyes bloqueadas en la Mesa para evitar que la oposición apruebe más leyes que el propio Gobierno. ¿Y a qué se dedica este Gobierno? A utilizar todos los recursos públicos para defender judicialmente al entorno del señor Sánchez; también, a colonizar las instituciones públicas para intentar controlar la opinión de los ciudadanos, y a lanzar anuncios en plan salvapatrias, tipo: construiremos 184 000 viviendas públicas. Demostrándose después que la vivienda únicamente es un arma electoral. O hace un par de semanas, decían: crearemos una nueva empresa pública para construir y gestionar vivienda. Pero un par de días después salió la ministra corrigiéndole, diciendo que, al final, lo que harían es reorganizar la empresa pública ya existente, Sepes.

Los españoles somos una sociedad a la que la vivienda en propiedad nos ha permitido llegar a la edad de jubilación con cierta independencia económica y también tener una vivienda en propiedad nos ha permitido superar las crisis económicas, pese a estar a la cola de la Unión Europea en datos macroeconómicos. Para recuperar la estabilidad del acceso a la vivienda debemos actuar ya, pero no remando en el sentido contrario. Tomen nota, luego no nos digan que no traemos propuestas.

Primero, debemos implantar medidas para que los propietarios pongan sus viviendas en alquiler, con servicios de intermediación, con seguros de impago y en colaboración con las empresas municipales de vivienda. Segundo, desbloqueen la ley antiokupación para dar certidumbre, tranquilidad y seguridad jurídica. Se trata de estar al lado de las víctimas y esta sería una medida a coste cero para la Administración. Tercero, ayudas para la compra y rehabilitación de viviendas en los pueblos rurales para promover la repoblación activa. Cuarto, hay que reformar la Ley de Suelo para dar seguridad jurídica a los ayuntamientos en sus planeamientos urbanísticos. Y, quinto, tenemos que dotar de medios a las Administraciones locales para atender a las familias vulnerables.

No hay tiempo que perder, señorías. Como ya se ha demostrado en otros territorios, el intervencionismo no es el camino. Dejen de utilizar la vivienda como un arma política y de enfrentar a los ciudadanos y escuchen a los expertos, que están cansados de darles la solución.

Muchas gracias. (Aplausos).