Francisco Javier Ortega Smith-Molina
Buenos días. Muchas gracias, presidenta. La proposición de ley a la que nuestro grupo ha tenido que presentar una enmienda a la totalidad con texto alternativo no pretende otra cosa que llevar a cabo una modificación de la hasta ahora ley de protección de las libertades y la seguridad ciudadana, precisamente, para lograr el objetivo contrario: desproteger la seguridad ciudadana y las libertades de todos los españoles.
Sería importante comenzar analizando quiénes son los autores de esta iniciativa para entender cuáles son sus objetivos. Esta proposición de ley ―que no proyecto de ley, porque una vez más se intenta evitar cualquier informe desfavorable sobre ella por los órganos preceptivos― viene de la mano del Gobierno de Sánchez, aunque sea a través de su partido político; el partido del puño en alto y la Internacional, del himno del odio, de la muerte, de la represión y de los regímenes totalitarios en el mundo (rumores.―Aplausos), el PSOE de la historia criminal, con sus golpes de Estado y sus asesinatos de líderes de la oposición. Y, ¡cómo no!, de la mano de sus socios preferentes: los golpistas de Esquerra Republicana de Catalunya, los separatistas de las nueces y el kale borroka del PNV, los filoetarras que jamás condenaron el terrorismo de Bildu y, ¡cómo no!, ¡cómo no!, los comunistas ―siempre los comunistas― de SUMAR y su secretario general, el abogado de las FARC. Estos son los autores, y con estos autores nos podemos imaginar cuáles son los objetivos y las pretensiones de esta proposición de ley. Todos ellos, todos los partidos que he citado, a lo largo de su historia y en la actualidad se basan en la acción política del odio: odio a España, odio a la libertad, odio al orden, a la ley, a la convivencia pacífica. Esa es su trayectoria, basada en apoyar siempre el crimen, la violencia y la amenaza. Por eso los objetivos de esta proposición no son otros ―y es parte de su estrategia política― que el control de las calles, mantenerse en el poder, especialmente cuando lo ven amenazado, cuando saben que podrán ser desalojados del poder en las próximas elecciones. Por eso quieren controlar la desestabilización de las calles y el caos, limitar la autoridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, además de haber controlado los resortes del Poder Judicial. Y esto lo hacen generando desigualdad entre los españoles, porque no nos creamos que sus intereses y sus intenciones son iguales para todos los españoles. Con estas leyes, serán duros y seguirán siéndolo con los españoles que cumplimos la ley, que actuamos de manera pacífica y democrática. Seguirán apaleando a quienes se manifiesten pacíficamente. Recordemos lo que hicieron con las manifestaciones de agricultores y ganaderos, toda la fuerza y todo el rigor contra ellos; lo que han hecho y siguen haciendo con aquellos manifestantes pacíficos que, en las calles de Ferraz, en Madrid, protestaban contra Sánchez y sus corruptelas, ordenar apalear a jóvenes y a mayores. (Aplausos). O, por ejemplo, a quienes han protestado por la falta de ayuda como consecuencia de las riadas en Valencia. Contra ellos, toda la fuerza y todo el rigor del Estado. Pero, ¡qué permisivos son con aquellos que rodeaban el Congreso! ¡Qué permisivos son con los terroristas del CDR cuando incendiaban las calles de Cataluña, lanzaban adoquines, destruían vehículos policiales y atacaban con barras de hierro a nuestros agentes! ¡Qué permisivos son con los sindicalistas de las mariscadas y esos piquetes desinformativos que no son otra cosa que piquetes mafiosos de coacción a los trabajadores que no se quieren manifestar en huelga! (Aplausos). ¡Qué permisivos son con quienes okupan las viviendas de los españoles! ¡Qué permisivos son con quienes hacen escraches a la oposición política!
¿Qué pretenden en esta iniciativa? Desvirtuar el principio de autoridad y de veracidad en las denuncias y en los atestados de los agentes de la autoridad, pasando de criterios objetivos —s e entiende veraz, salvo prueba en contrario— a criterios subjetivos —dependerá si es lógica, razonable y valorable la afirmación del agente—, favoreciendo las contramanifestaciones no comunicadas, que no son otra cosa que intentar privar a quienes se manifiesten de manera pública y pacífica, a quienes lo hagan de una manera legal, con contramanifestaciones no avisadas previamente, de ese derecho de manifestación democrática constitucional.
En su iniciativa llevan a cabo todo tipo de rebajas en las sanciones previstas, generando la pérdida del efecto disuasorio que tienen las sanciones para comportamientos incívicos, para infracciones a la seguridad; rebajando las sanciones a la okupación de inmuebles; rebajando las sanciones a los insultos y a las injurias a los agentes de la autoridad; rebajando las sanciones a la resistencia a la autoridad; rebajando las sanciones a los escraches en las sedes institucionales, como, por ejemplo, la sede de la soberanía nacional, este Congreso; rebajando las sanciones a aquellos que graban a los agentes, poniendo en riesgo su seguridad personal o la de su familia y poniendo en riesgo el buen fin de las operaciones policiales (aplausos); rebajando las sanciones al consumo de droga en espacios públicos, siempre favoreciendo a quienes consumen droga; debe ser porque muchos de ellos son consumidores habituales de droga. (Rumores.—Aplausos).
Material antidisturbios. No aceptan el uso exclusivo y legítimo de la fuerza por parte del Estado, que es utilizar frente a la violencia todas las armas legítimas del Estado. No quieren que se utilice material que en cualquier país del mundo se entiende lógico y proporcionado, por ejemplo, las pelotas de goma, los chorros de agua o los gases lacrimógenos. ¿Cómo pretenden que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se puedan enfrentar a manifestaciones violentas de la extrema izquierda, de los separatistas en Cataluña o de la kale borroka en el País Vasco? ¿Cómo pretenden hacerlo? ¿Lanzándoles flores, caramelos, con buenas palabras? Frente a los adoquines y las barras de hierro, tendrán que responder con pelotas de goma, con escudos y con defensas, y eso es democracia y Estado de derecho. (Aplausos).
Pretenden aprovechar ―y esto es muy grave― esta iniciativa de reforma legislativa para abrir todavía más la puerta de nuestras fronteras. En concreto, pretenden que Ceuta y Melilla se conviertan en barra libre de entrada mediante el fraude de los mecanismos de protección internacional, como pueden ser el refugio y el asilo, mediante mecanismos que impidan a nuestros agentes el rechazo en frontera y les tengan que dejar pasar porque han pedido solicitud de refugio y asilo, en vez de hacerse como debería hacerse en nuestras embajadas o en nuestros consulados.
Pretenden restringir la identificación de las personas diciéndoles a los agentes que, si no los pueden identificar en dos horas los tienen que poner en la calle. Pensemos por un momento, si hablamos de personas que no llevan identificación, en que si son yihadistas, terroristas, violentos depredadores o delincuentes y en ese momento no se les puede identificar porque es muy difícil hacerlo, que habrá que ponerles en la calle, según la proposición de ley que se va a debatir.
Y, por último, pretenden nada menos que desproteger a los comerciantes legales, a aquellos que en su venta en establecimiento fijo o en su venta ambulante cumplen la ley y tienen las licencias correspondientes. Frente a eso, barra libre para todo el que haga venta ambulante ilegal, los top manta y todo lo que hay detrás, que son las mafias del tráfico de personas y de mercancías ilegales.
Por eso, VOX, en coherencia con sus principios de respeto a la legalidad y su afán de que se mantenga el orden en las calles, ha presentado una enmienda con texto alternativo que principalmente se basa en las siguientes cuestiones. La primera, reforzar la devolución o rechazo en frontera, se llame en caliente, en templado o en frío, pero los agentes tienen que saber que quien entra por la fuerza por una frontera podrán rechazarlo primero y devolverlo a su país de origen. (Aplausos). También la iniciación preceptiva, que no facultativa, de los expedientes de expulsión, que habrán de ser reales y eficaces, no como ahora, que uno de cada diez es devuelto a su país de origen. Se elevan como sanciones muy graves todas las que supongan infracciones de obstrucción a la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todo lo que suponga la okupación ilegal de inmuebles y todo lo que supongan grabaciones que pongan en riesgo la seguridad de los agentes, de sus familias o del buen fin de las operaciones policiales. También se propone la creación de un protocolo de uso legítimo de la fuerza para garantizar a nuestros agentes seguridad jurídica en la utilización de sus armas reglamentarias y del material antidisturbios, para que tengan una norma, un protocolo de uso de la fuerza que les evite estar siempre en permanente riesgo de ser señalados con procedimientos sancionadores por un supuesto uso desproporcionado de la fuerza. Y, por último, reforzando todos los mecanismos, todos los principios de autoridad de los agentes.
Las conclusiones a las que llegamos con esta proposición de ley son las siguientes —y voy terminando, presidenta—. No pretenden otra cosa los autores que proteger a los violentos y a los delincuentes, ya lo hemos visto con los indultos, ya lo hemos visto con la ley de amnistía y ahora lo vemos con esta, que habrá de cambiarse el nombre y llamarse ley de inseguridad ciudadana. Pero, en cambio, desprotegerán a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a los españoles que actúan de manera legal y pacífica. Van a generar con ello inestabilidad y caos en las calles y, con ello, van a lograr amordazar a la oposición, a una disidencia pacífica y a una respuesta democrática a sus intenciones.
Por tanto, creo que no debemos olvidar esos principios que dicen que sin seguridad no hay libertad (aplausos), sin libertad no puede hablarse de democracia, sin democracia no puede hablarse de garantía de los derechos fundamentales, y cuando no hay garantía de los derechos fundamentales se comienza la senda de los regímenes autoritarios de las dictaduras y de los Estados fallidos.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).