Proposición no de Ley para que España respalde la investigación de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional y solicite una orden de arresto contra Nicolás Maduro y otros responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Gracias, señora presidenta. Señorías, en nombre de mi grupo parlamentario y en el Día Internacional de los Derechos Humanos, yo acuso a Nicolás Maduro y a su corte criminal de cometer delitos de lesa humanidad que merecen el castigo de la Corte Penal Internacional, pero también a quienes cierran los ojos, miran para otro lado o arrastran los pies frente a una tiranía desquiciada. ¿Han leído ustedes los últimos informes de Naciones Unidas y Amnistía Internacional? (Muestra un documento). Aquí están, doscientas páginas. No solo denuncian una ola de represión sin precedentes tras las elecciones del 28 de julio, detenciones arbitrarias, casas de opositores marcadas con una equis o ejecuciones sumarias, también denuncian torturas a casi doscientos niños y adolescentes. Es el caso de CD, de 16 años, denunciado por Amnistía: Los sicarios de Maduro —‌y leo literalmente— lo golpearon con un bate de béisbol en la espalda y en el torso, le pusieron una bolsa en la cabeza para asfixiarlo y le dieron choques eléctricos en los pezones. Dos veces perdió el conocimiento, pero las torturas prosiguieron. Lo tumbaron en el suelo, en fila con otros presos. Uno a uno, pasaban militares dándole golpes y patadas para que confesara supuestos pagos por atacar instalaciones del Estado. Todo sórdido, todo falso. El caso de Mariana González, también detenida en la resaca del fraude electoral, acusada sin pruebas de terrorismo, torturada. Lean la carta que escribió a su madre, una mezcla de ternura y de terror: Mamá ―le dice―, prefiero matarme antes que seguir sufriendo. Maduro no ha tenido más remedio que liberarla, claro, pero ahí siguen otros sesenta y nueve niños y adolescentes como ella y más de 1900 adultos, mujeres embarazadas, ancianos, incluso personas discapacitadas. Venezuela es hoy un inmenso campo de torturas, una selva sin ley, y bien lo saben las víctimas y los presos políticos que hoy nos acompañan desde la tribuna y a los que reitero el apoyo y el afecto de mi grupo. (Aplausos).

Yo acuso a los líderes y Gobiernos internacionales que siguen respaldando a este régimen de terror. Colombia, por ejemplo, destino de millones de exiliados venezolanos. Yo los he visto en la frontera de Cúcuta; madres descalzas cargando a sus niños en brazos, familias enteras huyendo de la violencia y la miseria. ¿Cómo es posible que su Gobierno no haga nada para frenar este desastre humanitario? ¿Qué pactos inconfesables, qué oscuras componendas tiene Petro con Maduro o con Diosdado Cabello, el que manda ahora? ¿Y cómo se explica la pasividad de Brasil? Presume de interlocución con la dictadura, asumió la custodia de la embajada argentina en Caracas y permite que los seis miembros del equipo de María Corina Machado, que llevan desde marzo allí asilados, sean hostigados y acosados sin piedad. He hablado con ellos; están sin luz, sin agua, sin apenas comida, rodeados de un lado por las embajadas de Rusia y Corea del Norte y del otro por viviendas expropiadas a golpe de armas largas y reconvertidas en cuarteles del SEBIN. Son rehenes de una organización criminal. Dos de ellos tienen la nacionalidad italiana. Magalli Meda, la jefa de campaña de las fuerzas democráticas, es española, ¿y nadie hace nada? ¿Dónde están los cuerpos diplomáticos de las democracias occidentales? ¿Disfrutando de las paradisíacas playas venezolanas, preparando la Navidad? ¿Y dónde está el Vaticano? El abandono que sufren los demócratas venezolanos es una vergüenza internacional.

Yo acuso al Gobierno de España. No solo ha ignorado la decisión de esta Cámara, que el pasado 11 de septiembre, hace hoy tres meses, le instó a reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Tuvimos, sí, señorías, la inteligencia de ser decentes. No solo ha despreciado la verdad recogida en las actas y la voluntad soberana de un pueblo hermano, encima nos toma por idiotas. Dijo el señor Albares el otro día: He visto alusiones en la prensa, pero Edmundo González no me ha pedido directamente que lo reconozca como presidente. ¿Qué pretende su excelencia? ¿Una visita genuflexa, una carta lacrada? ¿Por qué desdeña a los países que sí lo han reconocido? No debería; son, entre otros, Italia y Estados Unidos. ¿Y por qué insiste en escudarse en el consenso europeo? Lo dijimos en septiembre y lo repetimos: ¿Lo que vale para Palestina no vale para Venezuela? ¿Son los venezolanos ciudadanos de segunda? ¿Y los españoles? Porque ya son dieciséis los españoles en cárceles chavistas, entre ellos Rocío San Miguel, abogada, activista por los derechos humanos y un referente. ¿Qué ha hecho el Gobierno por ella? Dígannoslo, señorías del PSOE. ¿Qué va a hacer el nuevo embajador? Lo mismo que el anterior: nada, en el mejor de los casos.

Yo acuso a los empresarios, a los lobistas y a los comisionistas que siguen haciendo negocio con la dictadura, que anteponen sus intereses económicos a la vida de millones de personas, que tratan y pactan con Delcy Rodríguez como si fuera la ministra de un Gobierno, en fin, ligeramente autoritario y no la cabecilla de una organización criminal. Por cierto, por fin vamos conociendo las andanzas y alianzas de esta señora en España, el hecho insólito de que el señor Sánchez conociera y aprobara su visita contra el nítido veto europeo. Ahora los socialistas hacen como que no conocen a Ábalos, pasaba por ahí… Nada de eso, era el hombre fuerte del Gobierno y del partido, la sombra de Sánchez para esto y para todo. De aquellas complicidades, estas claudicaciones. Como las del señor Zapatero. Zapatero, el íntimo aliado de los hermanos Rodríguez, el observador electoral en jefe de Maduro, el único que no ha reconocido su derrota, por fin empieza a retratarse. Ayer dijo: Llevo casi veinte años intentando que esto no acabe en un enfrentamiento civil. Falso; lleva veinte años corrompiendo la palabra diálogo al servicio de la dictadura. (Aplausos). Luego fue más lejos y justificó las muertes y torturas diciendo que Maduro ha ganado muchas elecciones. Todas fraudulentas. ¡Qué inmoralidad!

Sí, señorías. Mi grupo no se limita a pedirles hoy su apoyo para esta proposición no de ley, que España se adhiera a la denuncia contra un régimen que ejerce el terror contra su población, que el Gobierno pida a la Corte Penal Internacional que dicte ya las órdenes de arresto contra Maduro y los demás responsables de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Venezuela es lo mínimo, porque, además, esas órdenes acabarán dictándose. Basta escuchar con atención las palabras del fiscal Khan la semana pasada en La

Haya, su referencia a la represión poselectoral, su defensa de los menores presos. Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge y Delcy Rodríguez, Tareck El Aissami, todos van camino del banquillo. La verdad y la justicia se impondrán. Lo importante, lo crucial ahora es que lo hagan cuanto antes.

El pasado 24 de agosto, el señor Borrell declaró: De aquí al 10 de enero hay tiempo. No, ni lo había ni lo hay. En Venezuela el tiempo se cuenta por muertos. Por eso, señorías, acabo con una pregunta que no tiene nada de retórica: ¿qué más tiene que ocurrir para que el fin de la dictadura venezolana sea una prioridad de la comunidad internacional, para que los Gobiernos democráticos, empezando por el español, abandonen su indiferencia y su equidistancia, su cobardía y su complicidad? ¿Tienen que detener a María Corina Machado, tienen que encerrarla en el Helicoide, la versión venezolana del matadero sirio de Sednaya, tienen que silenciarla, incluso definitivamente?

Sí, no me miren así; mírense así. Piensen en Alekséi Navalni; también decían de él: es demasiado conocido, demasiado importante, Putin no se atreverá. Apelo a su responsabilidad, señorías, y a sus conciencias.

Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie.―Aplausos dirigidos a la tribuna de invitados).

Con la venia. El Grupo Popular sigue copiando a VOX en este tipo de iniciativas, lo que demuestra, primero, que el Grupo Popular carece de iniciativa propia en materia de política exterior y, segundo, que comienza a encaminarse por el buen camino, aun con muchas vacilaciones y temores todavía. Si ayer en la Comisión Mixta para la Unión Europea copiaba casi al pie de la letra las iniciativas de VOX para que se suspenda y, eventualmente, se denuncie el Acuerdo de diálogo político y de cooperación de Cuba con los Estados miembros de la Unión Europea de 2016, al tiempo el Grupo Popular no aceptaba las enmiendas de VOX para que se instase al Gobierno a alinearse con la política, ya muy próxima, del electo presidente Trump en relación con Cuba. El pretexto fue que el Partido Popular no sabía cuál iba a ser esa política; pretexto digo y digo bien porque es perfectamente conocida la postura sobre esta cuestión del preconizado secretario de Estado, el senador Marco Rubio, hijo de exiliados cubanos, que en el pasado y recientemente ―antes de ayer, es decir, un día antes de ese pretexto sin fundamento alegado por el PP― informaba la CNN que había reiterado su propósito de incrementar el embargo comercial a la República de Cuba, por consiguiente incrementar las sanciones económicas, y corregir la política de la Administración Biden, que se ha caracterizado por ampliar los vuelos desde los Estados Unidos a destinos de la isla de Cuba y abrir los sistemas de pago en línea a los empresarios cubanos; todo ello porque ya dijo Rubio, entonces y en el pasado, que esa política había dejado miles de dólares en manos de un Gobierno, el cubano, que utiliza ese dinero para controlar a todas las personas en principio destinatarias de esos fondos y esos flujos de numerario. Asimismo, cabe esperar que el presidente Trump, tan pronto sea elegido, también trate de combatir la política de México que en los últimos meses ha consistido en el envío de cientos de miles de barriles de petróleo al Gobierno cubano. Luego pretextos y nada más que pretextos, pero ya sabemos que el Partido Popular no apoyó la elección del presidente Trump. Es más, su secretaria general, doña Cuca, que hoy no está presente, manifestó públicamente su apoyo a Kamala Harris, de quien dijo que había supuesto una revolución en la política norteamericana, con el resultado conocido. (Aplausos). Si esta PNL que se debate hoy merece la aprobación del Grupo VOX, es porque reproduce casi al pie de la letra lo que ya sostuvo VOX al enmendar, en el mes de octubre pasado, una PNL del Grupo Popular, también defendida entonces en la Comisión Mixta para la Unión Europea, por la que se pedía instar al Gobierno a apoyar ―estoy leyendo textualmente― las actuaciones que se están llevando a cabo en la Corte Penal Internacional contra los dirigentes del régimen dictatorial encabezado por Nicolás Maduro y cualquier responsable de la comisión de delitos de lesa humanidad, así como remitir al fiscal de la Corte Penal Internacional la situación ―que así se llama en la terminología del estatuto de dicha Corte― que está padeciendo el pueblo venezolano a manos de dicho régimen dictatorial, al objeto de que se incoe una investigación y que la Sala de Cuestiones Preliminares ordene la detención de este con arreglo al artículo 58 del Estatuto de Roma. Luego, doña Cayetana, no se ufane usted tanto en aquello que es una mera copia de lo que VOX ya viene proponiendo. (Aplausos).

También es cierto que en aquella ocasión que acabo de recordar VOX propuso, vía enmienda, que se reprobase la actuación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en su apoyo al régimen bolivariano y el Grupo Popular se negó a aceptar esa enmienda. Usted, doña Cayetana, y su grupo sabrán por qué; nosotros no lo entendemos.

Por lo demás, nosotros también hemos solicitado, vía enmienda a aquella PNL, la ampliación temporal y subjetiva de las medidas restrictivas existentes contra el régimen bolivariano establecidas por el Reglamento 2017/2063, de la Unión Europea, a todos los miembros de la dirección del régimen y funcionarios que colaboren en la represión de la oposición, ganadora de las elecciones acaecidas el pasado mes de julio de 2024. España, a día de hoy, recordémoslo una vez más, sigue sin reconocer a González Urrutia como presidente electo de Venezuela, a pesar de la resolución recaída en este Congreso el pasado 11 de septiembre. Todo ello obedece al apoyo constante y trasnochado del Partido Socialista a todos los Gobiernos de signo izquierdista, democráticos o no, en Hispanoamérica y en todo el mundo (aplausos), empezando por Cuba, promotor y sostén permanente de todos ellos desde 1959; todo ello en el amplio conjunto de la ridícula diplomacia del miniministro de Asuntos Exteriores, que todavía anda suelto por las cancillerías del mundo. No sé si es mejor que ande suelto o que lo retenga su amo, que acaso sería peor.

Concluyo, señora presidente. Gracias.

¿Perdón?

Como a usted le guste más. Si es señora presidenta, señora presidenta. Es usted una señora y yo me inclino con respeto. Me inclino respetuosamente ante sus deseos. (Aplausos).

La Unión Europea, a pesar de la resolución del Parlamento Europeo de una semana posterior a la de este Congreso de los Diputados, sigue reconociendo como representante de Venezuela ante las instituciones europeas al designado por el Gobierno de Maduro, por raro que parezca. Esta es la realidad. Lamento que… ¡Ah!, está presente doña Cristina Narbona, que en el último debate algo me dijo sobre esto, a mi juicio con error.

Finalmente, a todos estos efectos relativos a Venezuela, tampoco podemos desconocer la deletérea política económica del chavismo.

Baste un dato: entre 2012 y 2020, Venezuela perdió el 80 % de su PIB. Nada más y muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, quiero mandar un saludo muy especial a los venezolanos y venezolanas que nos acompañan esta tarde aquí y que son la viva muestra del acogimiento que nuestro país y el Gobierno de Pedro Sánchez ha llevado a cabo durante los últimos años. (Aplausos). Son 150 000 los venezolanos y venezolanas acogidos por asilo político. Y, señora Álvarez de Toledo, no puedo tolerarle en absoluto que usted diga que el Gobierno de España es cómplice del señor Maduro. Eso es absolutamente falso, absolutamente falso. La prueba está en que en el Gobierno de España, en primer lugar, estamos acogiendo permanentemente a quienes vienen a este país, que no es una dictadura precisamente. En segundo lugar, liderando a escala internacional declaraciones contundentes de rechazo al régimen de Maduro; muchas declaraciones, no un comunicado como ustedes piden, no. Aquí ha habido declaraciones en los márgenes de la Asamblea de Naciones Unidas en el mes de septiembre, con treinta y dos países que firmaron el texto propuesto por el Gobierno de España, por el señor Albares, por cierto. (Aplausos). Pero también está la Declaración de Santo Domingo del 16 de agosto, con veinte países firmantes de América Latina y de Europa, junto con Estados Unidos y Canadá, de nuevo un texto propuesto por el Gobierno de España contra el régimen de Maduro.

Por eso, señoría, ante su proposición no de ley hemos planteado un texto en el que, por supuesto, hay coincidencias en cuanto al rechazo al régimen de Maduro, en cuanto a la defensa de los derechos humanos de los venezolanos, a su lucha por la libertad y por la democracia. ¡Claro que sí! Es lo que está haciendo este Gobierno, liderar a escala internacional una posición de rechazo absoluto. Nada de complicidad, señora Álvarez de Toledo, nada de complicidad. (Rumores). No equivoque usted los términos, porque eso no es tolerable.

Pero, señoría, ya que ha traído usted esta proposición no de ley, además de invitarla a que lea esas declaraciones y vea en esos textos reflejada la postura que España transmite a muchos países, además de eso, léase, por favor, el artículo 13 del Estatuto de Roma sobre la regulación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. ¿Sabe lo que dice? Que la Sala de Cuestiones Preliminares toma sus decisiones sobre las órdenes de detención, en su caso, cuando hay suficientes pruebas de los delitos de los que se acusa, sin que pueda mediar ningún tipo de gestión externa, sin ningún tipo de agente externo. ¿Comprende lo que quiere decir esto? Quiere decir que la Corte Penal Internacional y la Fiscalía son independientes, ningún Gobierno puede instar a la Corte Penal Internacional a que dicte una orden de detención. Esa es una decisión que, de acuerdo con la regulación existente ―y míresela usted, por favor; mírela también el señor de VOX antes de decir que se pida la detención del señor Maduro―, no forma parte de la legislación de la Corte Penal Internacional. Corte Penal Internacional a la que, por supuesto, el Gobierno de Pedro Sánchez considera una de las instituciones más importantes en este momento para preservar la paz, la seguridad, y para defender los derechos humanos ―¡Claro que sí!―.

Y, por eso, nuestro Gobierno, si hay órdenes de detención, señoría, desde luego, no mirará para otra parte o no se opondrá a ellas. A lo mejor, algún día tenemos que hablar de la orden de detención del señor Netanyahu, porque esa ya está dictada. (Aplausos). Es la que está en curso, señora Álvarez de Toledo, y por crímenes. Usted ha relatado aquí muchos, absolutamente terribles, pero mire usted cómo está la Franja de Gaza, ¿o es que eso no forma parte de los elementos con los que atacar al Gobierno de España? Porque cada vez que se viene aquí a hablar de Venezuela es para decir de manera altisonante: Yo acuso al Gobierno de España. ¿De qué nos acusa? ¿De acoger a los venezolanos y venezolanas? ¿De acoger al señor Edmundo González? (Aplausos). ¿De qué nos acusa? ¿De haber liderado en el Consejo Europeo del día 17 de octubre una declaración relativa a Venezuela? En el Consejo Europeo de 17 de octubre se hizo la última declaración sobre Venezuela, impulsada por el Gobierno de España. Léansela, vean lo que dice, no hay la menor sombra ni de complicidad ni de aquiescencia, todo lo contrario, señoría.

Así que ahí está nuestro texto, espero que acepten la redacción. Muchas gracias. (Aplausos.—Una señora diputada: ¡Muy bien!).

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenas tardes. ¿Hay ciudadanos españoles desaparecidos en Venezuela, como ha denunciado alguna asociación de defensa de los derechos humanos? Esto es lo que hoy también nos debería aclarar el Gobierno de España. Como también nos debería decir cuáles son las gestiones que está realizando para que los españoles retenidos y encarcelados en Venezuela sean puestos en libertad. Señorías, cualquier demócrata, independientemente de su ideología, debe defender la libertad y la democracia en cualquier parte del mundo; debe defender los derechos humanos, y también repudiar aquellas dictaduras que los vulneran. También todos los países democráticos deben hacer todo lo posible en aquellos organismos internacionales. En Venezuela hay un Gobierno, el Gobierno de Maduro, que es una dictadura, y Maduro es un dictador; dictador que vulnera los derechos humanos, que persigue, apresa e incluso también asesina a aquellos que no piensan como él. Por lo tanto, señorías, aquellos que permanezcan callados, aquellos que miren para otro lado, serán cómplices ―sí, cómplices― de su tiranía, y también de esta persecución, de esta represión y de los asesinatos.

Señorías, una vez más hay que elegir. Hay que elegir entre víctimas y verdugos, hay que elegir entre democracia y dictadura, hay que elegir entre represión o libertad. No valen equidistancias, no vale la defensa de intereses espurios. En ningún caso —e‌ n ningún caso—, aquellos países en los que impera el Estado de derecho deben dejar de tomar todas las medidas a su alcance que les marca el derecho internacional para acabar con la dictadura de Venezuela, para que sus responsables sean puestos a disposición de los jueces internacionales y que paguen por el daño causado.

Señorías, ni España ni las instituciones españolas pueden mirar para otro lado ante el dolor que está sufriendo la hermana Venezuela, con una única ansia de los venezolanos: querer vivir en libertad y en democracia. Hoy, más que nunca: «Viva Venezuela libre». (Aplausos).

Gracias, presidenta. El pasado 21 de noviembre, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu y contra su exministro de Defensa Yoav Galant, con cargos que incluían crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La decisión de la Corte Penal Internacional contra los máximos dirigentes sionistas despertó un gran revuelo en el mundo, tuvo una gran repercusión, sin embargo, el Partido Popular mantuvo un estricto silencio. Quizá entonces no hablaran de las acusaciones de la Corte Penal Internacional, pero sabemos lo que dijeron antes de esta actuación de la Corte Penal Internacional: Estamos del lado de Israel. Nuestro apoyo a Israel nunca decaerá —d‌ ecían ustedes en el Parlamento Europeo—. Israel defiende la democracia y los valores occidentales, decía el secretario general del PP en Cataluña, a pesar de los 40 000 palestinos asesinados, 17 000 de ellos niños y niñas. Si Israel no gana, la próxima guerra será en nuestras costas. Firmado por José María Aznar, criminal de guerra del Trío de las Azores. (Rumores). Hoy, esta misma derecha progenocidio, esta misma derecha que enmudece cuando la Corte Penal Internacional pide arrestar a Netanyahu (rumores), que mira para otro lado cuando Estados Unidos amenaza a los jueces de la Corte Penal Internacional, nos trae una proposición para llevar al presidente de Venezuela —‌al presidente de una nación que sí condena el genocidio de Israel— ante la Corte Penal Internacional. El doble rasero, el cinismo y la hipocresía se comentan solos. Señorías de la derecha, ustedes tienen que hablar de Venezuela para tapar sus miserias. Hablan de Venezuela sencillamente porque no le pueden decir a la opinión pública española que están con quienes bombardean y dejan morir de hambre a los palestinos. Hablan de Venezuela porque cada vez les resulta más difícil explicar su seguidismo a los Estados Unidos y a sus guerras proxy en Europa, que nos están arruinando económicamente. Hablan de Venezuela para no tener que hablar de su apoyo a los golpes de Estado en Bolivia y en Perú. ¿Saben qué pasa, señorías del Grupo Popular? Que ustedes ya no engañan a nadie, no engañan aquí y mucho menos allí. Venezuela es un país soberano y debe ser respetado como tal. Como en cualquier otro país, tendrán que ser las instituciones venezolanas las que resuelvan las disputas internas y encuentren la vía para garantizar la convivencia y la paz. Lo que no necesita Venezuela ni ningún país de América Latina son más injerencias externas de la Internacional reaccionaria ni más intentos de azuzar el golpismo y la violencia. En Venezuela, señorías, no hay un genocidio ni crímenes de lesa humanidad, no hay cuerpos amputados de niños por las calles, no hay un exterminio planificado. (Rumores). En Gaza sí, por eso la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia centran sus esfuerzos en parar el genocidio en Gaza, mientras ustedes callan. Que las señorías del Grupo Popular quieran invertir la realidad de los hechos y jueguen a confundir solo les retrata a ustedes del lado de los verdugos sionistas. Nada más y muchas gracias. (Aplausos.―Varios señores diputados: ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!).

Gracias, presidenta. Señoras y señores diputados, ¿qué es lo mejor para Venezuela cuando se plantea una proposición aquí, una moción, un texto, y qué es lo mejor para la democracia también? Que salga algo adelante, no que fracase y que Maduro pueda apuntarse un tanto. Yo creo que, hablando de Venezuela, en lo que no deberíamos estar es en un enfrentamiento entre partidos en el marco del Estado, sino pensando en qué es lo mejor para Venezuela. Y lo que conviene es que todos los que creemos en la democracia, todos los demócratas vayamos juntos y aprobemos algo en lo que, como verán, estamos básicamente de acuerdo y, sin embargo, parece que se quiere poner un acento en las pequeñas diferencias. Hay evidencias claras de la victoria del señor González Urrutia, sin duda; nosotros votamos en ese sentido cuando se discutió por última vez sobre Venezuela en este hemiciclo. Yo creo que no es necesario repetir esa posición, y lo que hace la enmienda de VOX es obligar a votar de nuevo sobre algo que ya ha decidido y sobre lo que ya se manifestó este hemiciclo, este Congreso. Pero es que, además, la aceptación de esa enmienda por parte del Grupo Popular supondría que se debería votar en bloque la propuesta y yo creo que no sería nada inteligente, porque si cogen los textos del Grupo Popular y del Grupo Socialista son muy parecidos, es que son muy parecidos. El punto uno y el punto cuatro, uno dice: emitir un comunicado, el otro dice: seguir emitiendo comunicados, ¡como hace siempre el Gobierno!, esté quien esté: seguimos, porque ya lo hacemos. El punto cuatro lo mismo: continuar informando. Pero el texto, el contenido es el mismo, y también es idéntico en el respaldo a los informes de Naciones Unidas, que yo creo que desde luego hay que apoyar desde aquí. Es el punto 2 el que genera algunas diferencias. En él se habla de crímenes de lesa humanidad. Yo, sinceramente, creo que el problema es que el crimen de lesa humanidad no está completamente definido, pero, desde luego, lo que sí tengo claro es que si alguien tiene que decir si hay crímenes o no de lesa humanidad es el Tribunal Penal Internacional. ¿Es lesa humanidad? Probablemente sí, y les digo que probablemente sí, porque son los delitos de carácter inhumano que suponen «un ataque generalizado y sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque». Pero, luego, ¿sobre qué casos? Hay algunos que no encajan, hay otros que sí: encarcelamiento, tortura, persecución de grupo por motivos políticos ―que creo que es más que evidente―, desaparición forzada de personas. Claro que hay indicios de crimen de lesa humanidad, ¿pero es este Parlamento el que le tiene que decir eso a la Corte Penal Internacional? Entiendo que no, entiendo que no procede y creo que es un exceso, sobre todo si, como dice la portavoz del Grupo Popular, acabará dictándose esa orden contra el señor Maduro. Si acabará dictándose, seamos escrupulosos a la hora de tomar decisiones en esta Cámara. Desde luego, crímenes de lesa humanidad ―insisto― yo no digo que no se hayan cometido en Venezuela, han podido cometerse, pero se han cometido en muchísimos Estados del mundo y se siguen cometiendo hoy en día. Podemos ir a Oriente Medio, y no me quedo solo con un país, estamos todos pensando en algo, claro, pero hagan un recorrido alrededor: ¿qué crímenes de lesa humanidad se cometen permanentemente contra colectivos, grupos e individuos? En muchísimos de esos países y también en otros lugares de la geografía mundial. Yo creo que el proceso está en marcha, hay que darle todo nuestro apoyo, hay que facilitar absolutamente por parte de las instituciones españolas esa investigación y que la corte finalmente decida. Nuestro decidido apoyo a la oposición democrática y a que el día 10 tome posesión como nuevo presidente de Venezuela el señor González Urrutia, porque todos los indicios y pruebas que se han mostrado señalan que fue el vencedor de las elecciones; nuestro decidido apoyo. Y finalizo. Aquí, como ha dicho el representante de UPN, hay que elegir, pero hay que elegir qué es lo que queremos que salga, ¿algo en beneficio de Venezuela o algo en beneficio de la lucha partidista? ― Acabo, señora presidenta―. Lo mejor, en mi opinión, es que hubiera un acuerdo, ¡porque es que estamos tan cerca en el texto!, que se negocie un acuerdo sobre todo sobre ese punto 2. Si no, se lo digo al Grupo Popular ―se lo he pedido antes personalmente a su portavoz―: vótese por puntos, porque que salgan el 1, el 3 y el 4 ya sería muy importante. Y, desde luego, lo que no conviene es aceptar esa innecesaria enmienda de VOX que obligaría a votar en conjunto. Por lo tanto, hay que elegir, nosotros lo tenemos claro: estamos con la democracia, estamos con la oposición democrática venezolana y con que el señor González Urrutia tome posesión como nuevo presidente. Pero en lo que también estamos de acuerdo, y lo tenemos muy claro, es que a la Corte Penal Internacional no le tenemos que decir lo que tiene que hacer, sobre todo cuando acabará sucediendo lo que se nos está pidiendo. Nada más y muchas gracias.

Señorías, permítanme comenzar hablando de los puntos de la proposición no de ley.

Primer punto. Nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores ha emitido desde el 10 de abril de 2019 ocho comunicados —‌ocho— sobre la situación de Venezuela, todos ellos se pueden consultar. El último es de 16 de agosto de 2024, firmado con otros dieciséis Estados, entre ellos, Estados Unidos y la Unión Europea. Es explícito: rechazo de la represión, exigencia de libertad de los presos, respeto al asilo diplomático y que se publiquen las actas electorales. ¿Se quieren ustedes salir del consenso internacional?

Segundo punto: los redactores de la proposición no de ley ignoran y manipulan el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Los Estados, el Consejo de Seguridad y el fiscal pueden solicitar que se inicie un procedimiento, pero quien decide y abre ese procedimiento es la corte. Y sobre la base de esa decisión de la corte que tuvo lugar en 2021, se procedió a hacer 8900 encuestas de posibles víctimas, se emitió un informe público y se firmó entre la Corte Penal Internacional y el Gobierno de Venezuela un acuerdo de formación, acompañamiento y persecución de estos crímenes. Ese acuerdo estuvo en vigor hasta que se rompió por parte de la corte, del fiscal Jan, justo dos meses antes de las elecciones, y el Gobierno reaccionó expulsando a la oficina y al personal. El comunicado que apoyó España con los otros dieciséis países ha pedido reiteradamente que se vuelva a abrir esa oficina y que entre en funcionamiento.

Señorías, los Estados pueden aportar información a la Corte Penal Internacional, pero una vez iniciada la investigación del fiscal, la corte actúa como un tribunal independiente que se rige exclusivamente por criterios legales dictados por sus magistrados y magistradas imparciales con arreglo al Estatuto de Roma. Cualquier indicación, repito, cualquier indicación por parte de un Estado miembro es una violación del Estatuto de Roma, y eso es lo que ustedes proponen en esta proposición no de ley.

Tercer punto. Ha habido en el último año cinco informes de Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Venezuela. Estos informes no necesitan ser respaldados, porque son informes de organismos independientes del sistema de Naciones Unidas. En su caso, se votan como resoluciones en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hay que respetar los procedimientos de Naciones Unidas, y, como dijo el alto comisionado Türk, ahora más que nunca es esencial un diálogo constructivo y abierto entre los y las venezolanas con las instituciones del Estado para superar las profundas divisiones y reconstruir el contrato social entre la población venezolana.

Cuarto punto. El ministro Albares ha comparecido ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado y la del Congreso y ante el Pleno del Congreso una vez este mismo año, desde que hubo elecciones en julio. El 24 de ese mismo mes, se publicó la exigencia de acceso consular a los detenidos de nacionalidad española, y el 4 de octubre el ministro Albares confirmó que esa protección consular se estaba ejerciendo y estaba en vigor. Están en Madrid Leopoldo López y Edmundo González, y lo han agradecido al Gobierno de España. Por favor, dejen de utilizar a la carrera diplomática para sus fines partidistas.

Señorías, la situación en Venezuela es extremadamente seria y llena de peligros. Las sanciones por crímenes de lesa humanidad ―y también hay una denuncia ante la Corte Penal Internacional en el caso Venezuela II— han hundido la economía del país más rico en reservas de petróleo y gas. Ocho millones de personas han salido del país, ejerciendo una presión humanitaria sobre el resto de América Latina. Es urgente recuperar la lógica del Acuerdo de Barbados. Los incumplimientos del Acuerdo de Barbados por parte del Gobierno, sí, pero también por la plataforma de la oposición hasta el 28 de julio, no impidieron que la misión observadora de Naciones Unidas declarara que las elecciones habían sido válidas. El problema ocurre cuando el Consejo Nacional Electoral no cumplió con su mandato constitucional y no presentó los comprobantes electorales. Sin ellos no se puede comprobar ni hacer efectivo el mandato constitucional y no se puede proclamar presidente ni a una parte ni a la otra.

Esa fue la posición del Gobierno de España. Lo que queda por hacer es evitar que Venezuela entre en un bucle destructivo de más sanciones, más inmigración, más polarización, más represión, hasta acabar en un Estado fallido que permita que fuerzas externas entren y saqueen la propiedad colectiva del petróleo en Venezuela. (Aplausos). Ya fracasaron los golpes de Estado, el asedio de las sanciones, la estrategia fallida de los seudopresidentes como Guaidó. Ahora es necesario hacer todo lo posible para crear las condiciones para el diálogo entre las distintas fuerzas de la oposición y el Gobierno, en el respeto del Estado de derecho, y avanzar hacia unas elecciones presidenciales controlables democráticamente y que se atengan a la propia Constitución del país.

Señorías, con Brasil, con México, con Colombia, España estará al frente para defender los intereses de los 200 000 hispanovenezolanos, para impulsar el Estado de derecho, los derechos humanos y una salida democrática de esta crisis y evitar que algunos echen gasolina al fuego, porque no se puede dejar la diplomacia en manos de pirómanos demagogos, y menos en la situación actual.

Muchas gracias. (Aplausos).