Juan José Aizcorbe Torra
Con la venia. Estamos ante un debate de totalidad que trae causa de la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista para la modificación de la Ley Orgánica reguladora del derecho de asociación, con el voto favorable y el susurro indisimulado de «Agrupémonos todos en la lucha final», desde SUMAR y Bildu hasta el Grupo Popular en su condición de comparsa desorientada. Dicha proposición tiene como objeto ―tal como señaló de forma brillante mi compañero de bancada, Ignacio Hoces, en su intervención sobre su admisión, a la que me remito en todos sus extremos y en síntesis― incorporar como una causa de disolución de las asociaciones el recuerdo o la apología del régimen anterior, siempre y cuando concurra menosprecio y humillación a las víctimas. Una vez más, el PSOE, para desviar la atención de sus miserias, saca a pasear algo que no importa a los ciudadanos en estos momentos, salvo que en ello nos va la libertad, pues se pretende, bajo esa excusa de marchamo inconfundible de la izquierda en el poder, que los españoles no piensen y, en definitiva, la paz impostada del pensamiento único. (Aplausos). La exposición de motivos de la proposición original declara que la Ley de Memoria Democrática impulsa un proceso de memoria como componente esencial de la configuración y desarrollo de una sociedad avanzada como la española, es decir, hace un reconocimiento expreso de que dicha Ley de Memoria Democrática es la norma central de todo un programa político y legislativo que, a su vez, está notoriamente inspirado por tendencias ideológicas muy determinadas, perfectamente identificadas, que beben del recipiente del odio y del rencor. De hecho, la propia formulación de esta proposición de ley deriva directamente de una previsión contenida en una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática, y así lo hace constar explícitamente la propia iniciativa. En consecuencia, es coherente que nuestra enmienda a la totalidad con texto alternativo consista en la propuesta de una ley que modifique el ordenamiento jurídico en el sentido de terminar con las políticas oficiales de memoria democrática de carácter ideológico y sectario. (Aplausos). Como bien dijo el polémico cronista y escritor ―citando a Borges―: «El pasado es indestructible, pues tarde o temprano vuelven todas las cosas», y una de las cosas que vuelve es el intento de abolir el pasado, que en estas últimas décadas estamos sufriendo en España entre el fanatismo de unos y el silencio timorato de otros, un ensayo especialmente perverso de prohibir el pasado, que no ha consistido tan solo en negarlo, no, ni siquiera en interpretarlo a satisfacción de parte, tampoco, sino en reinventarlo. Con ello, el pasado se convierte en un arma política contra el adversario y en una llamada al resentimiento para destruir la concordia social. Dicha herramienta de conversión inmoral de conciencias y recuerdos de niños a adultos inició su camino en el BOE con la conocida ley de memoria histórica primigenia, de la que pedimos ahora su derogación, promoviendo una lectura de la contienda española con una suerte de buenos, buenísimos y malísimos; con una ensoñación de un bucólico e imaginario paraíso republicano inexistente donde campaba una democracia plena y una patulea de militares fascistas que lo destruyeron a sangre y fuego. Tal reinvención ha sido impune, incorporada al imaginario colectivo mediante la inyección pedagógica, la propaganda mediática cómplice y temerosa de que se la señale como heredera del franquismo cuando este finalizó incluso antes del 20 de noviembre de 1975. Y, como suele ocurrir con la mentira, no se ha resignado con establecer a título de versión discutiblemente aceptada, sino que ha tratado de imponerse como única e inatacable; ley que pudo ser derogada por el Partido Popular cuando tuvo mayoría absoluta y la mantuvo. También en las autonomías no ha tenido la sensatez o, quizá, sí ha tenido la cobardía de custodiar las propias, temerosos del qué dirán. (Aplausos). Así fue como se promulgó y amamantó la llamada ley de memoria histórica, que viene a culminar su obra con la Ley de Memoria Democrática, cuya derogación pedimos, dando sanción legal a una operación de revisionismo histórico que eleva la reinvención ideológica del pasado a la categoría de dogma de fe. ¿Fascismo contra democracia? No, la cuestión no es tan sencilla, y el fascismo puro y la democracia pura alientan a los dos adversarios. La división tan sencilla como falaz hecha por el Gobierno del Frente Popular entre fascistas y demócratas para estimular al pueblo, no se corresponde con la verdad. «La heterogénea composición de los grupos que constituyen cada uno de los bandos demuestra que hay al menos tantos elementos liberales entre los alzados como antidemócratas en el bando gubernamental». No son palabras mías, señorías. Vuestras señorías sabéis que son palabras de Clara Campoamor, quien gracias a su coraje introdujo el voto femenino en España. Ley de Memoria Democrática, norma absolutamente totalitaria, impropia de cualquier democracia, incluso muchas dictaduras no se han atrevido a dictar leyes de memoria intentando condicionar la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de cátedra, la libertad de fundación y la libertad de asociación, que es exactamente lo que ataca de manera masiva este Gobierno y, concretamente, en esa proposición de ley el Grupo Socialista junto con sus cómplices de investidura, ahora ya también compañeros del gran saqueo; ley que atenta contra la concordia nacional, que escupe el abrazo que el pueblo español se dio hace décadas sellando posterior y formalmente la Transición.
Señorías, VOX respeta la memoria de todas las víctimas y de todas las guerras civiles, también de las guerras civiles del siglo XIX, las tres guerras y las anteriores, por supuesto que sí. VOX pretende solo una máxima: que se permita a los españoles pensar en libertad, ser libres, que los españoles piensen respetuosamente lo que quieran de su historia, historia escrita por los historiadores y no por los políticos, y, por supuesto, VOX, nosotros, queremos dar sepultura digna a todos los muertos de la última contienda civil. A lo que nos negamos es a que la última memoria que sea válida en esta nación sea la memoria del Partido Socialista y sus adláteres, que, entre otras cuestiones, fue responsable directo del estallido de la Guerra Civil de 1936. (Aplausos). Naturalmente que los españoles pueden dar sepultura digna, y deben dar sepultura digna a sus abuelos o bisabuelos, de ambos bandos, con independencia de cuál sea su filiación política o su idea de pensamiento, y con toda la dignidad que merecen los muertos; muertos a los que este Gobierno, abanderado de la mentira, del encono y del enfrentamiento, no dejan descansar en paz, que no tiene escrúpulos en acosar, asediar y profanar a comunidades religiosas como la existente en el Valle de los Caídos, repitiendo lo que hicieron en la funesta Segunda República. Esta proposición de ley viene en el momento donde aparece indisimuladamente el alma y la mística de este Gobierno de la izquierda, del socialismo, de los que entonan sin recato puño en alto la sangrienta cantinela de la Internacional; no es otra que la corrupción económica, la corrupción política y la corrupción moral en todos sus componentes, en todas sus acciones, como estamos viendo estos días, con su práctica de eliminación al adversario y el asalto a las instituciones; asalto a las instituciones con el auxilio sorprendente e inesperado ahora del Partido Popular, asaltando también todas aquellas instituciones que deben procurar en una democracia controles y balances para la existencia de separación de poderes, como el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, incluso en Televisión Española, a la que han acudido famélicos en busca de las sobras de un nefasto banquete, maldito sea, nombrando con el mismo método a cuatro consejeros en el Senado. (Aplausos). Pero hoy el problema es más grave aún, porque uno de esos partidos, los socialistas, se ha instalado en el extremismo más absoluto, pactando con todos los enemigos de la libertad y la unidad, convertido en lo más parecido a una banda de saqueadores. Como dijo también brillantemente mi compañero, José María Sánchez, ustedes son amigos de la represión ideológica, no creen en la libertad; además, son necios, porque cómo se puede pretender imponer por ley la interpretación de un hecho como una contienda civil, que es un hecho que causa dolor, muerte, devastación, que remueve las conciencias de cada uno de los que sufrieron y sus herederos, que tienen sentimientos y opiniones distintas. Es imposible y es que, además, es cruel. Lo que pretenden es muchísimo más serio de lo que pueda parecer. Quien controla el pasado, controla el futuro, escribió George Orwell, nombre de pluma de Eric Blair en su profética 1984, casualmente el mismo año en el que sale a la luz El conocimiento inútil de Jean-François Revel y su certero análisis de la realidad presente: «La primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo es la mentira»; mentira como ahora: la mentira de un Gobierno que rebusca un caducado enfrentamiento de los españoles a casi cien años de la proclamación de la Segunda República, la espita que encendió con sus desmanes, como también advirtió Clara Campoamor, la tragedia de la contienda, que ahora remueven para tapar de nuevo sus actuales miserias.
Señorías, España es un personaje excepcional, inimaginable, fuera de serie, que ahora grita desesperadamente en busca de su nuevo autor. Ojalá lo encuentre, y ojalá lo encuentre en la concordia de una patria unida en su destino, próspera y en paz; una patria que asuma toda su historia, con sus luces y sus sombras, consciente del gran valor de la libertad, la que ustedes pretenden censurar una vez más. Aspirar, señores del Grupo Socialista, a que ustedes, en un acto de suma honradez, respeten la libertad es tan imposible como arar en el mar.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).