Moción consecuencia de interpelación urgente sobre los continuos ataques a jueces y magistrados por parte de miembros del Gobierno.

Gracias, señora presidenta. Señorías, quién nos iba a decir que después de más de cuarenta años de democracia lo revolucionario iba a ser hablar de independencia del Poder Judicial, calidad democrática, regeneración de las instituciones, libertad e igualdad de los españoles o respeto a la libertad de expresión y de prensa. (Aplausos). Y, sobre todo, quién nos iba a decir que lo revolucionario iba a ser aceptar que la justicia es igual para todos, algo que no gusta mucho a la mayoría fija discontinua que existe en esta Cámara. Asistimos de forma sistemática a ataques, con menciones directas y acusaciones falsas, a jueces y magistrados no solo por parte de los socios de investidura del Gobierno, sino por parte del propio Gobierno. Prevaricadores, fachas con toga, indecentes, tejeros sin bigote o corruptos son algunos de los insultos que se han vertido; ataques que no solamente se realizan desde las redes sociales y medios de comunicación, sino también desde la tribuna del Congreso de los Diputados que hoy tengo el honor de ocupar. Intolerable y vergonzoso, como intolerable y vergonzoso es el silencio cómplice de la tercera autoridad del Estado. Señorías, no estaría de más que el Poder Legislativo, y más en esta Cámara, respetara la ley. (Aplausos). Inadmisible que se consienta a quienes empezaron atacando con nombre y apellidos, a los grupos que sostienen a un Gobierno que no gobierna, que solo permanece en el poder a cambio de pagar un precio cada vez más humillante. Inaceptable que este modus operandi contagiara a los ministros del Gobierno, en especial cuando defienden al más puro estilo hooligan lo que cada día parece más indefendible, el círculo más cercano del presidente y a un ministro de Justicia que en un principio decía rechazar este tipo de conductas y hasta aplaudió con entusiasmo a Isabel Perelló cuando afirmaba que «ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces» pero que ahora tiene que insultarlos porque tiene que contentar a los delincuentes perseguidos por las autoridades cuyos votos son necesarios en el Congreso. Y a ello se suma la estrategia del Gobierno para intervenir en la Judicatura con la incorporación de jueces no profesionales, eludiendo las normas de acceso a la carrera judicial. Y sangrante, sangrante que el propio Pedro Sánchez se haya convertido en el primer presidente del Gobierno en democracia que se querella contra un juez por investigar los presuntos delitos cometidos por su mujer. (Aplausos). Señorías, ¿qué mensaje creen ustedes que se está mandando? Y no ha sido el capricho de un juez: apropiación indebida, intrusismo profesional, corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Además, embarca en esta bochornosa aventura a la Abogacía del Estado —que pagamos todos los españoles—, lo que no es de extrañar, viendo cómo el Gobierno ha asaltado una larguísima lista de instituciones. Hoy me paro en un ejemplo de politización extrema, el del fiscal general del Estado, cuya dimisión exigimos aquí y ahora. (Aplausos). Qué falta de escrúpulos y bajeza moral demuestran cuando quieren poner en jaque uno de los principios fundamentales de nuestra democracia únicamente por seguir sentados en la bancada azul, sillones azules para un Gobierno secuestrado; secuestrado por las exigencias de sus socios de investidura, pero secuestrado también por lo que pueden declarar delincuentes presuntos, confesos o condenados. Sin embargo, tenemos que escuchar declaraciones como la del señor Santos Cerdán de hace unos días refiriéndose a Aldama: «Un presunto delincuente no puede marcar la agenda política». ¿De verdad, señorías? Si la ministra Yolanda Díaz viajó a Bruselas, muerta de risa —‌para más escarnio—, para reunirse con Puigdemont; si el propio señor Santos Cerdán viajó a Suiza para reunirse con el mismo prófugo; si tienen como socio a Bildu, que todos sabemos a quiénes llevan en sus listas, ¿de verdad que un presunto delincuente no puede marcar la agenda política? (Aplausos). ¡Si no han hecho otra cosa que desde que han llegado!

Señorías, la existencia de un Poder Judicial democrático garantiza que ningún político nunca estará por encima de la ley, y no estaría de más que el Gobierno empezara a respetar más a los jueces y menos a los prófugos y a los delincuentes. (Aplausos). Hoy venimos a pedir respeto para el Poder Judicial: hay que poner freno de inmediato ante el peligro de que nuestro país llegue a convertirse en la república bolivariana que tanto admiran sus socios, y muchos de ustedes también, ¿para qué negarlo? Y decir indignación se queda corto para describir lo que sienten millones de españoles ante esta cacería de brujas promovida y alentada por el Gobierno, en la que nosotros no nos queremos quedar impasibles como meros espectadores. Por eso hoy también queremos mostrar el más profundo respeto, admiración y apoyo a todos nuestros jueces y magistrados. (Aplausos).

Señorías del Gobierno, nunca es demasiado tarde; hoy tienen ustedes la oportunidad de recuperar parte, solo parte, de la dignidad política que perdieron entre indultos, malversación, sedición, amnistía, cupos, invasión de instituciones y la corrupción que les ahoga y sobrevuela cada vez sobre un mayor número de ministerios y miembros de las más altas esferas de su partido, sobre el reconocidísimo a nivel internacional director de orquesta o sobre el mismísimo ‘dormitorio’ de la Moncloa. Para recuperar esa dignidad política que merecen y ansían los españoles, solo deben hacer una cosa: no estar supeditados a la supervivencia de una única persona, Pedro Sánchez. Dejen de presionar y atacar a los jueces; no quieran concentrar todo el poder en una sola persona. Sin jueces independientes no hay Estado de derecho; sin Estado de derecho no hay democracia, y sin democracia no hay libertad.

Muchas gracias. (Aplausos).

Con la venia. ¿Pide respeto para el Poder Judicial la oradora del Grupo Popular? Pues, si ustedes quieren respetar al Poder Judicial, dejen de pactar políticamente la composición del Consejo General del Poder Judicial eligiendo a diez de sus vocales de acuerdo con el Grupo Socialista. (Aplausos). No es posible que en una democracia el gobierno de la Judicatura esté controlado por los partidos políticos. ¡A ver cómo hay que explicarles a ustedes esto! No sé ya: ¡en chino mandarín! Y acepten, por lo tanto, las enmiendas que hemos presentado, también la relativa a que los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo no sean nombramientos discrecionales, políticos, teledirigidos por los partidos políticos. ¡Ya está bien! ¡Están ustedes tomando el pelo a todo el mundo, a esta Cámara primero y a los españoles también! ¡Es irritante esa actitud! (Aplausos). «Los jueces y magistrados profesionales integrados en una carrera son la última garantía en un Estado de partidos como el español», lo escribió Manuel García-Pelayo, primer presidente del Tribunal Constitucional, designado por el Grupo Socialista en 1986. Es la última garantía contra todos los excesos que supone el Estado de partidos, que lleva a una confusión de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Por esa razón, el Partido Socialista y este Gobierno, en particular, como no son demócratas ni quieren ya la democracia ni la libertad en España, atacan sistemáticamente a jueces y magistrados. (Aplausos). Lo hemos visto con el nombramiento del fiscal general del Estado, porque les recuerdo que el Ministerio Fiscal forma parte del Poder Judicial con autonomía. Y lo hemos visto porque ese nombramiento ha dado lugar, como estamos viendo en estos días, a que el designado sea en este momento imputado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, situación insostenible en cualquier régimen democrático. Y a ese fin ―tomen ustedes nota, señores diputados del Grupo Popular―, VOX en el día de ayer ha dirigido un escrito al Consejo de Ministros para pedir su destitución. Y, claro, probablemente el Gobierno la desestimará —‌por acto presunto o expreso, nos da igual—: pues iremos a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, con arreglo a su anterior jurisprudencia sobre la declaración de nulidad del nombramiento del fiscal general del Estado, en tiempos de Felipe González, Eligio Hernández. (Aplausos). ¿Y qué más escándalos de ataques a los jueces quieren ustedes? Pues, sí, los que hemos visto: intimaciones constantes a los magistrados del Tribunal Constitucional por el presidente del Gobierno y el ministro de la Presidencia, señor Bolaños, en víspera del auto del Tribunal Constitucional de 19 de diciembre de 2022, e intimaciones a los magistrados del Tribunal Supremo de la Sala Segunda, que debían y deben aplicar la ley de amnistía, todas ellas incursas, en opinión de quien les habla, en el tipo delictivo del artículo 508.2 del Código Penal. En esa situación estamos, por no hablar de lo anecdótico —‌que no lo es tanto— que ha mencionado la oradora del Grupo Popular, a saber, que, al ser imputada su mujer, doña Begoña, la reacción de doña Begoña y su marido, citado a declarar en calidad de testigo en esa causa —‌insólita, no la he visto en mi vida―, ha sido querellarse contra el juez instructor. ¿Con qué finalidad? Con una finalidad intimidatoria. ¡Desvergüenza absoluta! (Aplausos).

Y ahora ya lo último, que también mete de rondón, copiándonos, el Grupo Popular después del Pleno de la semana pasada: esa pretensión del Grupo Socialista, mediante una disposición final nueva en la ley orgánica de eficiencia de la justicia, de que accedan o permanezcan de modo indefinido en la carrera judicial los jueces y magistrados suplentes y sustitutos. Aquí fue interrogado al efecto el señor Bolaños, ministro de la Presidencia y de Justicia, y, cómo no, mintió una vez más. Mintió una vez más. Yo les pregunto a ustedes, señores diputados del Grupo Socialista: ¿no es posible que este sujeto, que comienza su encumbramiento político como maestro de ceremonias de la profanación de la sepultura de Franco y sigue en destinos más altos (risas), donde está exhibiendo toda su ineptitud y su falta de rectitud e intención, no es posible que este sujeto, este individuo incalificable diga alguna vez la verdad en su vida política? En la otra no lo sé, no me importa. (Risas y aplausos). ¿No es posible esto? ¿Es un imposible humano?

No es cierto lo que se ha dicho y lo que se ha escrito en esa disposición final introducida a modo de enmienda en ese proyecto. No es cierto. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de julio de este año relativa a los jueces honorarios italianos no dice en modo alguno que estos deban integrarse ni que deban permanecer con carácter definitivo en la carrera judicial. Dice exactamente lo contrario. Lo que dice esa sentencia es que no es conforme con el derecho europeo que las normas italianas que prevén una limitación en el número de prórrogas del nombramiento de jueces honorarios sean indefinidamente repetidas, es decir, prorrogadas sin límite en el tiempo por el Gobierno italiano. Es decir, la sentencia lo que pretende es que no se actúe en fraude a la ley y que esos jueces honorarios no permanezcan en la carrera judicial italiana indefinidamente. Es decir, este señor…

… ha vuelto a mentir a este Pleno. Se ha mentido a través de enmienda y este sujeto sigue mintiendo sin tasa. Se dijo por Aldama el otro día…

… que Sánchez era un mitómano, trastorno, como ustedes saben, de naturaleza mental. Pues no. No es un mitómano; si lo fuera, sería en algún grado inimputable y es imputable y será imputado igual que Bolaños. (Rumores.—Risas.—Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Muchas gracias, presidenta. Intervendré desde el escaño y lo haré brevemente. Simplemente para manifestar que no apoyaremos la iniciativa del Grupo Popular, pues creemos que en muchas ocasiones ve la paja en las declaraciones de ciertos partidos de la Cámara y nunca la viga en ciertos jueces y magistrados. Y ahora simplemente para recordar las declaraciones que el 13 de noviembre hizo el señor Velasco contra Irene Montero y contra Podemos. Nos parecen injustificables desde todo punto de vista. Y con respecto a la regularización de la situación de los jueces y magistrados suplentes, compartimos lo que manifestó en la sesión de control la semana pasada el ministro Bolaños diciendo que, efectivamente, las normas de la Unión y de los tribunales de Justicia de la Unión respecto a la disminución de la interinidad de los servidores públicos no excluyen en ningún momento a los funcionarios públicos que lo componen, los jueces y magistrados.

Nada más y muchas gracias.

Muchas gracias, presidenta. Arratsalde on. Buenas tardes, señorías. Señorías del Grupo Popular, en su moción presentan una serie de propuestas que, si las vemos en términos generales, pueden ser loables: el respeto a la independencia judicial, la no intromisión. Yo creo que eso es aceptable por cualquier miembro de esta Cámara. Ahora bien, lo que ocurre es que esta lista que hacen aguanta mal la prueba del algodón y, además, incluyen en ella elementos que poco o nada tienen que ver con el fin de esta moción. Añadir que pueda ser una intromisión la permanencia en la carrera judicial de magistrados y magistradas que están de alguna manera suplentes, ¿qué tiene que ver con el fin de la independencia judicial? De igual forma, el punto 1, de respeto y de no dar instrucciones a los magistrados, choca con el punto 5, en el que dicen lo que se tiene que hacer a raíz del caso Víctor Aldama. Es que es incluso contradictorio. Por un lado, ustedes piden que no se den instrucciones; por el otro, se meten de lleno a decir qué se debe hacer judicialmente con ese caso. Esto es, les queda un poco flojo como argumentario. Pero vamos a la prueba del algodón que les decía. Y lo decía otro parlamentario, que no ven la viga en el ojo propio. Si hacemos un repaso a lo ocurrido en estos años, ¿no hemos visto a un senador, que hoy en día es eurodiputado, diciendo que el Tribunal Constitucional era el cáncer de la democracia? ¿No hemos visto a un diputado que se sienta en su bancada diciendo que un magistrado era un pijo ácrata? ¿Eso no es una ofensa, no es un ataque? Pero vayamos más allá. Les animo a hacer un repaso a la hemeroteca de lo que dijeron sus representantes, incluido un presidente del Gobierno, sobre los magistrados a raíz de la sentencia del caso Gürtel o del caso Lezo. Les animo a que den un repaso a la misma, pero escuchen. La legislatura anterior nos cansamos de repetir esa frase de un senador de su partido diciendo que controlarían la Sala segunda por la puerta de atrás. ¿No es eso intromisión, o de qué hablaban? De igual forma, aquello de la Fiscalía te lo afina. ¿Pero saben lo que es más grave? Que al mismo tiempo estaban ustedes señalando a magistrados catalanes que supuestamente apoyaban el referéndum en Cataluña publicando sus caras, sus fotos del DNI en una portada de un periódico que, como ha quedado probado judicialmente, fueron filtradas por miembros de su Gobierno. Esto es señalamiento a magistrados. ¿Ahí no hay respeto a los magistrados? ¿Ahí no tiene que haber? Claro, como son presuntamente prodemócratas o proindependentistas, ahí no. Lo más grave es que, al mismo tiempo que hacían todo esto, tenían bajo su control al Consejo General del Poder Judicial, aquel que debe velar por el gobierno de los jueces. Lo tenían controlado, ¿y lo tenían controlado para qué? Lo tenían controlado para hacer nombramientos que quedasen y perdurasen. Hay un ejemplo muy claro. En el año 1995, en la Sala segunda de lo Penal, del Supremo, esa que sentencia sobre casos de corrupción, que está formada por trece magistrados, había siete magistrados progresistas y seis conservadores. ¿Saben cuál es hoy la ratio? Nueve conservadores y dos progresistas. ¿Y por qué ha ocurrido todo esto? ¿Es casual? No. Ha ocurrido porque ustedes en esos años ―veinticinco años en total de bloqueos continuados del Consejo General del Poder Judicial― lo que hicieron es nombrar a magistrados de su cuerda para que esa supuesta independencia judicial fuera la que controlan ustedes, con lo cual no cuela. Y a raíz de esto, cuando hoy en día un expresidente de su partido dice que el que pueda actuar que actúe, sabemos bien a qué se está refiriendo. Se está refiriendo a que se produzcan casos como los que traían ustedes hoy a mención, precisamente por eso, porque han controlado por detrás y controlan por delante también el Poder Judicial. Y ya digo que no es casual; lo han hecho bajo un esquema de trabajo, con lo cual no cuela. Decía la señora Lorente que lo revolucionario hoy en día es hablar de independencia judicial. No. Lo contrarrevolucionario es que ustedes traigan esto intentando hablar de independencia judicial. Señorías del Grupo Popular, no cuela. Muchas gracias.

Sincerament, és difícil decidir com hem d’agafar-nos totes aquestes iniciatives que ens presenta el Partit Popular, els responsables de la instrumentalització partidista de totes, absolutament totes les institucions democràtiques de l’Estat, els responsables en societat, indistingible amb la cúpula judicial espanyola, de la judicialització de la política i de la politització de la justícia, els responsables del govern dels jutges, de la dictadura de les togues, ens tenen inundats amb iniciatives que són pura hipocresia.

El mes d’octubre, moció denunciant la baixa qualitat democràtica de les institucions espanyoles. El Partit Popular denunciant la baixa qualitat democràtica de les institucions. Una altra proposició reclamant el cessament immediat del Fiscal general de l’Estat, com si els senyors del PP mai haguessin tingut res a veure amb noms com Maza, Moix, Grima, Grinda, Zaragoza, Madrigal, Cadena, Moreno, Mariscal, Pastor i tants i tants d’altres. I ara toquen els jutges i ens venen amb una iniciativa molt indignats pel que vostès diuen «continuos ataques a jueces y magistrados por parte de miembros del Gobierno».

És molt curiós que aquesta indignació no la tinguessin, com deia el diputat Iñarritu, quan un diari va treure la seva portada assenyalant 33 jutges catalans que defensaven senzillament l’exercici d’un dret perfectament democràtic i perfectament constitucional. Sincerament, senyories, és difícil aguantar-se el riure quan llegeixes a la moció «nos encontramos en un momento en el que la independencia del poder judicial y el respeto debido a jueces y magistrados está siendo socabado por el Gobierno», com si els noms de Lesmes, Marchena, Llarena, García-Castellón, Velasco, Aguirre, Tardón mai haguessin existit per vostès.

Però deixem el riure. Deixem el riure per un altre moment i anem a la moció, que no fa tanta gràcia. Llegeixo una part que m’interessa, una part referida a la intervenció, a les intervencions que es va fer en aquest hemicicle el 14 de novembre, quan es va debatre el dictamen del projecte de Llei orgànica de mesures d’eficiència en el Servei Públic de Justícia. Concretament, es deia: «Se sucedieron una serie de comentarios» —‌en referència a suposats insults i acusacions falses— «contra el poder judicial. Todo ello ante un ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, impertérrito, que no dijo nada al respecto, pues necesitaba sus votos. Se llegó a decir por parte de un diputado independentista que se debía eliminar la Audiencia Nacional, entre comillas, un órgano inaceptable en cualquier estado democrático».

Aquest diputat independentista, s’ho poden imaginar, era un servidor de vostès i em ratifico. Em ratifico. S’hauria d’eliminar l’Audiència Nacional no només perquè és l’òrgan successor sense solució de continuïtat del TOP, sinó també perquè materialment és un tribunal que cada dia actua com un tribunal d’excepció, un tribunal impropi de qualsevol sistema democràtic. A més a més, senyora Llorente, s’ha deixat de dir que a la moció també vaig proposar establir un sistema de responsabilitat penal que faci que els jutges s’ho pensin dues vegades a l’hora de delinquir.

I miri, també m’hi ratifico. Cal un sistema de responsabilitat que acabi amb el corporativisme de les sales de govern per fer front als jutges delinqüents. ¿És imaginable una justícia independent i imparcial si els jutges i magistrats són els únics ciutadans de l’Estat, al costat del monarca evidentment, que estan exempts de tot sistema d’exigència de responsabilitats? No, no és possible. L’exercici de la funció jurisdiccional també ha d’estar subjecta als mateixos controls que la resta d’autoritats públiques. Sinó, no hi ha estat de dret, sinó el resultat és la impunitat total. El resultat és institucionalitzar la prevaricació en l’exercici de la funció judicial. El resultat és la dictadura de les togues. Ho hem vist amb un Tribunal Suprem rebel que es nega a aplicar, per motius estrictament polítics, una llei que és demolidora en la seva literalitat, la llei d’amnistia. Un Tribunal Suprem que menysprea els principis més bàsics de l’Estat de dret. El primer, el primer principi que menysprea, és el principi de legalitat i que no accepta la jerarquia del Tribunal Constitucional.

Cal dir que no m’estranya. No m’estranya gens que la cúpula judicial hagi respost sense pensar-s’ho a l’ordre d’Aznar de que «cada cual haga lo que pueda». Perquè la llei d’amnistia no és un perdó, no és una indulgència graciosa. Nosaltres no hem abaixat el cap. La llei d’amnistia no és només una esmena a la totalitat de la repressió judicial contra l’independentisme, sinó que és una impugnació radical del règim del 1978, que genera i ha de generar encara efectes de fons que transcendeixen el curt termini.

I encara hi ha una altra cosa que voldria comentar per acabar. Si és un insult, si és un insult proposar la reforma de la justícia, si és un insult proposar l’eliminació de l’Audiència Nacional, també és un insult demanar modificar l’accés a la carrera judicial? Doncs miri, també hi estem totalment d’acord. Cal replantejar de dalt a baix l’accés a la carrera judicial perquè, com explica molt bé el professor Joaquín Urías, en un llibre que es diu La justicia en el banquillo, que li recomano molt que llegeixi, la carrera judicial està infiltrada massivament per jutges que abans eren jutges franquistes i ara són jutges de dretes i d’ultradreta, és a dir, pels mateixos.

Acabo. La seva moció no és per riure. Al contrari. Pas a pas, vostès estan aconseguint que qualli un relat fals, una realitat alternativa. I hem de reconèixer que sí, que ho estan aconseguint. I el Partit Socialista des de la Moncloa, des del Ministeri de Justícia i des del Ministeri Fiscal també indirectament fan el que poden per donar-los la raó.

Moltes gràcies.

Sinceramente, es difícil decidir cómo tenemos que tomarnos todas estas iniciativas que nos presenta el Partido Popular, los responsables de la instrumentalización partidista de todas, absolutamente todas, las instituciones del Estado, los responsables de la cúpula judicial española, los responsables de la judicialización de la política y de la politización de la justicia, los responsables de la dictadura de las togas, que nos tienen inundados con iniciativas que son hipocresía.

En el mes de octubre denunciamos la baja calidad democrática de las instituciones españolas. Otra propuesta reclamando el cese inmediato del fiscal general del Estado, como si los señores del PP no hubieran tenido nada que ver con gente como Grima, Grinda, Marsa, Bosch, Marina, Mariscal, Pastor y tantos otros. Ahora tocan los jueces y nos vienen con una iniciativa muy indignados, porque ustedes ―dicen― consideran que hay continuos ataques a jueces y magistrados por parte de miembros del Gobierno. Es muy curioso que esta indignación no la tuviesen, como decía el diputado Iñarritu, cuando un periódico puso en su portada a treinta y tres jueces catalanes señalándolos por defender simplemente el ejercicio de un derecho perfectamente democrático y perfectamente constitucional. Sinceramente, señorías, es difícil aguantarse la risa cuando lees en la moción que nos encontramos en un momento en el que la independencia del Poder Judicial y el respeto debido a jueces y magistrados está siendo socavado por el Gobierno, como si los nombres de Lesmes, Marchena, Llarena, García-Castellón, Velasco, Aguirre o Tardón no hubiesen existido jamás para ustedes.

Pero dejemos de reír, dejémoslo para otro momento y pasemos a la moción, que no hace tanta gracia. Leo una parte que me interesa, una parte referida a las intervenciones que se han hecho en este hemiciclo el 14 de noviembre, cuando se debatió el dictamen de medidas de eficiencia energética en el Servicio Público de Justicia. Se decía concretamente que se sucedieron una serie de comentarios en referencia a supuestos insultos y suposiciones falsas contra el Poder Judicial, todo ello ante la presencia de un ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes que no dijo nada al respecto, pues necesitaba sus votos. Se llegó a decir por parte de un diputado independentista que se debía eliminar la Audiencia Nacional, entre comillas, un órgano inaceptable en cualquier Estado democrático. Este diputado independentista, ya se pueden imaginar, era servidor de ustedes y me ratifico en lo que dije: habría que eliminar la Audiencia Nacional, no solo porque es el órgano sucesor sin solución de continuidad de todo, sino también porque materialmente es un tribunal que cada día actúa como un tribunal de excepción, un tribunal impropio de cualquier sistema democrático.

Además, tampoco se ha dicho que en la propuesta se proponía establecer un sistema de responsabilidad penal que haga que los jueces se lo piensen dos veces antes de delinquir. Y también me reivindico: es necesario un sistema de responsabilidades que acabe con el corporativismo de las salas de Gobierno para hacer frente a los jueces delincuentes. ¿Se pueden imaginar ustedes una justicia independiente e imparcial si los jueces y magistrados son los únicos ciudadanos del Estado, junto con el monarca, obviamente, exentos de cualquier tipo de sistema de exigencia de responsabilidades? No, no es posible. El ejercicio de la función jurisdiccional también tiene que estar sujeto a los mismos controles que el resto de las autoridades públicas. Si no, no hay Estado de derecho; si no, el resultado es la impunidad total, el resultado es institucionalizar la prevaricación en el ejercicio de la función judicial, el resultado es la dictadura de las togas. Lo hemos visto en un Tribunal Supremo rebelde, que se niega a aplicar por motivos estrictamente políticos una ley que es demoledora en su literalidad, la ley de amnistía, que menosprecia los principios básicos del Estado de derecho ―el principio primero es el de la calidad― y que no acepta la jerarquía del Tribunal Constitucional. Claro, que no me extraña en absoluto que la cúpula judicial haya respondido sin pensárselo a las órdenes de Aznar: que cada cual haga lo que pueda. Porque la ley de amnistía no es un perdón, no es una indulgencia graciosa, no hemos bajado la cabeza. La ley de amnistía no es solo una enmienda a la totalidad de la represión judicial contra el independentismo, sino que es una impugnación radical del régimen del 78, que genera y seguirá generando a efectos de fondo que trascienden el corto plazo.

Y hay otra cuestión que querría comentar para acabar. Si es un insulto proponer la reforma de la justicia, si es un insulto proponer la eliminación urgente de la Audiencia Nacional, ¿es también un insulto pedir que se modifique el acceso a la carrera judicial? Pues también estamos totalmente de acuerdo. Hay que plantearse de arriba abajo el acceso a la carrera judicial, porque, como explica el profesor Joaquín Urías en un libro que se llama La justicia en el banquillo, que les recomiendo mucho que lean, la carrera judicial está infiltrada masivamente por jueces que antes eran jueces franquistas y ahora son jueces de derecha y de ultraderecha, es decir, por los mismos.

Acabo. Su moción no hace gracia ni mucho menos. Paso a paso están ustedes consiguiendo que cuaje un relato falso, una realidad alternativa y, lo reconozco, lo están logrando. Y el Partido Socialista desde la Moncloa, desde el Ministerio de Justicia y desde el Ministerio Fiscal indirectamente hace lo que puede para darles a ustedes la razón.

Muchas gracias. (El señor Figaredo Álvarez-Sala pide la palabra).

Por el artículo 72.1, en relación con el 103.1.

Ruego, señora presidenta, que se llame al orden al anterior interviniente por señalar con nombres y apellidos y de forma directa a jueces y magistrados españoles por el mero hecho de hacer su trabajo y hacer cumplir las leyes. Es absolutamente intolerable que en esta Cámara de forma sistemática y sin que nadie llame la atención…

… se insulte a la judicatura. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Señorías, el Partido Popular y la ultraderecha usan políticamente a los jueces que se dejan usar. Un juez hace política si admite una querella contra la directora de la agencia meteorológica, que no es adivina ni conspiradora, sino una científica. (Aplausos). Criminalizar las previsiones meteorológicas es política negacionista que daña la seguridad humana. Hay jueces, ex directores generales de corruptos Gobiernos del Partido Popular, que hacen política con visión de clase al despreciar a una exministra por haber sido cajera (aplausos) y nadie sanciona a los jueces que manchan el buen hacer de la mayoría de la judicatura. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León afirmó en 2021 que la democracia de un país se pone en solfa desde que el Partido Comunista forma parte del Gobierno. Yo he visto actuaciones judiciales que nunca podrán imaginar, sistemas de turnar querellas siempre beneficiosas para los poderosos, presidentes de tribunales organizando amables salas de enjuiciamiento, instructores que nunca vieron la relación del Partido Popular con la Gürtel ni con otras corruptelas, pero que incautan cuanto dispositivo electrónico se encuentra en el despacho del fiscal general del Estado (aplausos), jueces que declaran secretas causas, pero que dan traslado de los secretos a las acusaciones realizadas por grupos ultraderechistas. Los hay que ven delitos en clínicas ginecológicas, pero que no vieron ningún crimen en las actuaciones de Pinochet; jueces que envían a prisión a titiriteros por una obra de guiñol infantil y que a la vez dejan en libertad a peligrosos líderes de organizaciones mafiosas internacionales; jueces que detectan tramas de ‘indepes’ catalanes más allá de Orión; vocales que tras secuestrar más de cinco años al Consejo General del Poder Judicial y declarar que la aprobación de la ley de amnistía abolió el Estado de derecho llegan al Tribunal Constitucional, a propuesta del Partido Popular, y no se abstienen en el debate de inconstitucionalidad relativo a la ley sobre la que se han pronunciado infinitas veces antes. Riñas de bar que acaban con condenas por terrorismo; jueces que no ven delito en un chat de policías municipales que hablan de matar a una alcaldesa de Madrid, pero que abren once piezas separadas sobre financiación ilegal que desacreditan a la izquierda y que nunca llegan a juicio. (Aplausos). Y he visto a un magistrado que, tras impedir una declaración de Bárcenas (rumores), acabó de responsable de Justicia del Partido Popular y a una jueza que sincronizó con la campaña electoral cuatro causas contra el ayuntamiento de izquierdas de Sevilla. (Aplausos). Nunca, nunca llegó a condena, pero las elecciones municipales las ganó el Partido Popular.

La judicatura que renuncia a ser imparcial no puede estar exenta de crítica y todos tenemos el mismo derecho de libertad de expresión que el Consejo General del Poder Judicial aplica para exonerar impresentables actuaciones de la judicatura. El Partido Popular utiliza ampliamente la libertad de expresión cuando despelleja a jueces que resuelven de forma contraria a lo que consideran su derecho a la impunidad. El Partido Popular machacó al juez De Prada, ponente de la sentencia Gürtel; Monago, Martínez-Almeida, De Cospedal, Rafael Hernando y Carlos Rojas descalificaron la sentencia y al juez y dijeron que era cercano a ETA. Durante la instrucción de las causas Gürtel y Bárcenas, el PP atacó a los jueces instructores y a los fiscales generales del Estado. Rajoy tildó de cacería las investigaciones. De Cospedal y Cifuentes acusaron de hacer política de incoherentes e hipócritas a los jueces que paralizaron en 2014 la privatización sanitaria. Y el señor Hernando acusó al juez Pedraz de pijo ácrata y de hacer demagogia política indecente. ¿De qué respeto a los jueces nos hablan ustedes? Al PP la democracia le estorba tanto que está poniendo a generales a hacer política. Una vicepresidencia y una secretaría autonómica para la reconstrucción son responsabilidades políticas en una democracia. Si un teniente general, vicepresidente, desprecia las responsabilidades políticas, está despreciando la democracia (aplausos) y al anunciar que no acatará órdenes políticas se pone a la altura de quienes sustituyeron democracias por dictaduras. Nadie se puede imaginar al general jefe de la UME diciendo que no acatará órdenes políticas. Y un general apolítico ya nos gobernó cuarenta años en dictadura. (Aplausos).

Una solución técnica también responde a opciones políticas. Es una decisión política, por ejemplo, cómo financiar la reconstrucción, si con la tributación de grandes patrimonios o de los trabajadores; si recaudando dentro o fuera de la Comunidad Valenciana; si reconstruir primero las infraestructuras o las viviendas de los más vulnerables. Y, como hizo Alfonso XII, el Partido Popular está entregando el poder político a jueces y a militares y ninguno ha pasado por las urnas. La política es la principal herramienta de transformación para la clase trabajadora.

El Partido Popular y VOX hacen permanente política con las instituciones que controlan. No pretendan además callar la boca a quienes piden más democracia y no pretendan mantener en la precariedad indefinidamente al 20 % del Poder Judicial por propia decisión del Consejo General del Poder Judicial.

Gracias. (Aplausos).

Bueno, cuento con el plus que me ha dado el representante y portavoz de VOX, que se ha pasado un minuto y pico. (Rumores.―Risas.―Aplausos). Para equiparar, para equiparar.

Muchas gracias, presidenta. Hoy podríamos titular la iniciativa que nos trae el Grupo Popular como los que incendian permanentemente la justicia, hoy disfrazados de bomberos. Aquellos que más han trabajado por quebrar la independencia de los jueces permanentemente, los que tienen colapsada la justicia con 1516 procedimientos por corrupción y más de treinta de los suyos en la cárcel, algunos de ellos ministros, estos nos vienen a dar lecciones. (Aplausos). Porque el Partido Popular quiere estar al lado de la justicia, pero no para defenderla, sino para controlarla por la puerta de atrás. Un verdadero deseo del Partido Popular, su aspiración, su sueño, es tener una justicia sumisa, al igual que intentaron controlar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado mediante aquella policía patriótica en el Gobierno de M.Rajoy. Y después tenemos a la ultraderecha de VOX, haciendo hoy, señorías, esta mañana, apología del franquismo y del fascismo, un tiempo sin libertad y sin democracia aplaudido por todos ustedes, señores de la ultraderecha, y con el silencio cómplice del Grupo Popular. (Aplausos). ¡Es una vergüenza! ¡Es una vergüenza!

En contraste, señorías, la máxima de este Gobierno y de nosotros, los socialistas, es actuar siempre con pleno respeto a la independencia de los jueces, siempre (rumores), porque para nosotros es sagrado el artículo 117 de la Constitución: la justicia emana del pueblo. Y es cierto que hemos avanzado mucho en agilidad e independencia judicial con este Gobierno progresista. Por ejemplo, en la aprobación de la última ley para la modernización de la justicia, con el voto en contra del Grupo Popular. Sin embargo, quedan grandes reformas pendientes: el acceso a la judicatura. Señorías, sí, reconozcámoslo, existe una evidente endogamia en el acceso a la judicatura, y el día en que haya más jueces hijos de obreros que hijos de magistrados habrá vencido la democracia. (Aplausos). Sin embargo, tenemos a un Partido Popular que incendia permanentemente los poderes fundamentales de la justicia. Lo hicieron secuestrando al Consejo General del Poder Judicial por cinco años (rumores) y lo hacen todos los días poniendo en duda y no respetando la independencia del Tribunal Constitucional. Por cierto, en esto le tengo que dar la razón a los señores de VOX, porque de los doce magistrados ―de los doce magistrados―, diez fueron apoyados por el Grupo Popular en el Senado o en el Congreso. A pesar de esto, hay que recordar las deleznables palabras de González Pons, calificando al Constitucional como el cáncer del Estado, una frase ofensiva no solo hacia los magistrados y magistradas, no, sino hacia los millones de españoles y españolas que están padeciendo esta terrible enfermedad. No tienen ustedes ningún pudor en ningún momento.

Y basándonos en todo esto, señorías del Grupo Popular, les hago una pregunta: ¿ponen ustedes en duda la independencia del juez Peinado por ser el padre de una concejala del Partido Popular? (Rumores). ¿La ponen ustedes? Nosotros respetamos sus resoluciones (protestas), aunque, evidentemente, no las compartimos y las combatiremos donde haga falta, claro que sí. (Aplausos). Mientras tanto, ustedes siguen y siguen y continúan intentando incendiar también la Fiscalía General del Estado. (Rumores). Sí, también ustedes, sí. Nosotros, el Gobierno, el PSOE y este Parlamento, apoyamos su imparcialidad, su competencia profesional y la independencia del actual fiscal general, porque la única verdad jurídica hoy día es que los correos y mensajes analizados por la UCO no revelan ninguna orden directa de filtración a la prensa, pero eso a ustedes les da igual. La verdad a ustedes siempre les da igual. (Aplausos). Porque cuando tienen que elegir estos señores y señoras del Partido Popular y de la ultraderecha entre la verdad del fiscal general y las mentiras sin pruebas de un delincuente confeso, siempre con los delincuentes. Siempre con los delincuentes. (Rumores.―Aplausos).

Para terminar, señorías, ustedes tuvieron una semana trágica. Fuimos enterándonos de las andanzas del señor Mazón. Tenemos como vicepresidenta primera de Europa a la señora Ribera; por cierto, haciendo el ridículo otra vez el señor Feijóo. (Grandes protestas). Sí, haciendo el ridículo.

Sí, otra vez haciendo el ridículo. (Continúan las protestas). Y, además, contra su pronóstico, logramos una reforma fiscal para que aporten más los que más tienen (protestas.―Varios señores diputados: ¡El tiempo!), a pesar del peloteo que les hicieron a los señores de Podemos por los pasillos, peloteo que todos vimos, y seguramente de los mensajes que mandaron al señor Iñarritu ―seguro que a Bildu también le mandaron algún mensaje― para hacer fracasar la reforma. (Aplausos.―Rumores.―Varios señores diputados: ¡El tiempo!). Y claro, para tapar todo esto, señorías, ustedes han encontrado un nuevo vellocino de oro. Han encontrado un nuevo dios. Alabado sea el señor Aldama, delincuente confeso (protestas.―Varios señores diputados: ¡El tiempo!), porque ya sabemos que para ustedes la verdad, la palabra, la honorabilidad de personas honestas no vale nada. (Grandes protestas.―Varios señores diputados: ¡El tiempo!). Pero la palabra de un delincuente, de un narcotraficante, sin pruebas, para ustedes es ley. (Rumores.―Aplausos). Por tanto, señores del Grupo Popular, dime con quién te juntas y te diré cómo eres. (Protestas.―Aplausos).