Proposición no de Ley sobre la aplicación de la Tasa en relación con los residuos municipales que deben implantar las entidades locales por los servicios que prestan.

Gracias, vicepresidente. (La señora vicepresidenta, González Vázquez, ocupa la Presidencia).

Señorías, hoy el Grupo Popular trae a debate la necesidad que tienen los ayuntamientos de ser respetados, de ser respetada su autonomía y su libertad para aliviar la carga impositiva a sus vecinos en materia de residuos. Tratar de confundir a los ciudadanos con las trasposiciones de las directivas y escudarse en Europa para justificar su tasazo, el tasazo de Sánchez, es cuando menos un insulto a la inteligencia de los españoles. (Aplausos).

La Directiva de 2018 sobre Residuos se traspone en España a través de la Ley 7/2022, que obligará a todos los ayuntamientos a establecer una tasa de residuos a partir del próximo 10 de abril de 2025. Ya entonces mostramos nuestros reparos, aunque decidimos ser responsables y no oponernos a la transposición de esta directiva que esperaba la industria y que era tan importante para nuestro país. Esta trasposición llegaba tarde y también, desde luego, podía haber llegado mejor. El objetivo de esta directiva es reducir la generación de residuos, aumentar el reciclaje y la reutilización y, sobre todo, fijar objetivos de reciclado para los residuos municipales; pero su objetivo nunca fue ―y repito nunca― aumentar la presión fiscal a las familias. La Directiva sobre residuos no impone directamente a los Estados miembros la obligación de establecer las tasas de basuras, como ustedes nos quieren hacer creer; marca medidas como la correcta planificación de las infraestructuras de gestión de residuos o el uso de mejores técnicas para su tratamiento. Aquí sí que podrían haber utilizado los fondos Next Generation en lugar de haber usado esta directiva para crear una nueva tasa. (Aplausos.―El señor De Olano Vela: ¡Muy bien!). Desde 2018 el Gobierno no ha impulsado ni planificado, junto a las comunidades autónomas y las entidades locales, infraestructuras para lograr los objetivos de reutilización. Mientras tanto, la Comisión Europea, una vez tras otra, alertaba del riesgo de incumplimiento de los objetivos de residuos municipales marcados para 2025. Pero este Gobierno tampoco ha tenido en cuenta las distintas situaciones de los ayuntamientos de España. Nos ha impuesto el tasazo a todos por igual.

Miren, señorías, yo soy alcaldesa de Celadas, un pequeño pueblo de Teruel de apenas 400 habitantes, y les aseguro que esta ley no nos ha tenido en cuenta. ¿Me van a decir cómo explico yo a mis vecinos que voy a cobrarles el doble por la tasa de basuras porque el Gobierno no ha hecho sus deberes? (Aplausos). ¿Cómo les explico que cualquier inversión que haga para mejorar la gestión de residuos la van a tener que pagar ellos porque no han tenido en cuenta el impacto en el medio rural, no han tenido en cuenta la falta de recursos que tenemos los pequeños municipios para cumplir los objetivos marcados, pero sí para los negocietes de Aldama, de Begoña, de Ribera…? Para eso sí que se acuerdan del reto demográfico. (Aplausos).

Esta situación es otro fracaso más de la gestión de Ribera. El Ministerio de Transición Ecológica esta semana reconocía otro fracaso más con el reciclado de las botellas de plástico, que obligará a implantar un nuevo sistema de depósito y retorno. Fracaso tras fracaso del Gobierno de Sánchez en la gestión de residuos que se traduce en lo mismo: más impuestos y más tasas a la ciudadanía. Como si los españoles no tuviéramos bastante con la subida de los impuestos, con la inflación, con el precio de la vivienda, se inventan nuevas tasas que van directamente a saquear los bolsillos de los españoles. (Aplausos).

Pudimos ver la semana pasada aquí cómo el Gobierno y sus socios aplaudían ―sí, aplaudían― la subida de impuestos y la creación de nuevos impuestos. Mientras tanto, las familias, cada vez más asfixiadas, sufren el coste de la vida y el coste de la gestión de su Gobierno.

Esta preocupación que hoy traemos aquí es la preocupación de los ayuntamientos, que tendremos que cobrar a nuestros vecinos el importe total del coste de recogida, de selección, de transporte, de traslado, de gestión, sin que podamos asumir parte del coste para aliviar este tasazo de Sánchez. Vamos a ser los alcaldes ―sí, los alcaldes― los que pongamos la cara por la falta de gestión de este Gobierno. Alcaldes de todos los signos políticos, alcaldes de municipios grandes y pequeños, alcaldes con infraestructuras de gestión de residuos muy diversas, alcaldes de municipios con situaciones financieras también muy diversas, alcaldes que tenemos que decirles a nuestros vecinos ―a los que durante años hemos pedido que sean responsables con el medio ambiente, a los que hemos pedido que reciclen― que, como premio a su responsabilidad medioambiental, ahora les vamos a cobrar el doble. (Aplausos.—El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).

Señorías, esta tasa va a incentivar el reciclaje y la recogida separada. Por lo tanto, es prioritario planificar las infraestructuras necesarias para la correcta gestión de los residuos, habilitar nuevos procesos, concienciar a la sociedad de los objetivos de reutilización y desarrollar el potencial del sector de residuos, a los que tenemos que considerar recursos; recursos para crear nuevos puestos de trabajo en el territorio alrededor de la economía circular.

Reducir la problemática de la falta de gestión de residuos a un tasazo, al tasazo de Sánchez, para cubrir el coste de la no gestión de este Gobierno no es más que otro fracaso de este ministerio. Como alcaldesa me niego; me niego a pensar que todo se soluciona con más impuestos. (Aplausos). Los alcaldes no debemos ser los que impongamos la tasa a nuestros vecinos como imposición del Gobierno. Los alcaldes debemos ser los que gestionemos los residuos de una forma más eficaz para lograr los objetivos marcados.

Se ha perdido mucho tiempo, se ha perdido la oportunidad que ofrecían los fondos Next Generation para transformar este sector por la incapacidad de este Gobierno. Pero estamos a tiempo de recapacitar y estamos a tiempo de reconducir la política medioambiental de este país, de derogar la implantación y aplicación de la totalidad del coste de la gestión de residuos que deja a los ayuntamientos sin autonomía ni libertad para establecer y gestionar sus propios tributos, pero también nos deja a los alcaldes en una situación de inseguridad jurídica, como ayer mismo la presidenta de la FEMP le transmitió al presidente del Gobierno, porque falta una regulación clara. Sin un texto normativo y claro se va a generar un caos tributario, como ya está advirtiendo la Asociación Nacional de Inspectores de Haciendas Locales; por no hablar de la incongruencia con la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Los alcaldes solo pedimos mecanismos para mejorar. Los alcaldes pedimos el acompañamiento y la coordinación con el Estado y las comunidades autónomas para aprovechar las posibilidades que la economía circular brinda a nuestros municipios; pero cargar el coste total de estas inversiones a los vecinos no es la solución. Los vecinos no deben ser quienes paguen la factura de las políticas nefastas de la señora Ribera. No debemos ser los alcaldes los que pongamos la cara por la inacción de un ministerio que no ha estado en su lugar, ni ha desarrollado las políticas de planificación, ni ha ejecutado las infraestructuras necesarias para cumplir con los objetivos marcados, ni ha desarrollado y acompañado a un sector en auge.

Grandes han sido los anuncios, pero muy pocas las acciones de la señora Ribera, que hemos visto cómo en todos sus cometidos ha dejado la misma huella; la huella indeleble de este Gobierno, la huella del fracaso.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, señor presidente. Señorías, como ya se ha dicho, todos los ayuntamientos de España están obligados a implantar antes del 10 de abril de 2025 una nueva tasa de gestión de residuos en virtud de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. La ley establece que el productor inicial de residuos ―una familia, una empresa― tendrá que sufragar todos los costes relativos a la gestión de los residuos, incluidos los correspondientes a la infraestructura necesaria y a su funcionamiento y los relativos a los impactos medioambientales y, en particular, los de las emisiones de gases de efecto invernadero. Para ello se obliga a los ayuntamientos a establecer una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria que recaiga sobre los productores de residuos. Señorías, el fanatismo climático que promueven el Partido Popular y el Partido Socialista en Bruselas tiene consecuencias directas en la vida y la prosperidad de los españoles, los cuales no pueden más, y no podemos aceptar que el fanatismo verde de unos pocos acabe repercutiendo en el bolsillo y la economía de las familias y los trabajadores. Lo próximo va a ser que los españoles paguen por respirar. Nos asfixian a impuestos, nos atosigan con todo tipo de burocracia inútil y también nos criminalizan con toda clase de imposiciones absurdas. Si trabajas, te cobran impuestos; si vas de compras o a comer fuera, te cobran impuestos; si te compras una casa, te cobran impuestos; incluso si te mueres, te cobran impuestos (aplausos), y ahora, por tirar la basura, nos pretenden atracar. Esto es insoportable.

Esta nueva imposición está generando un enorme caos y descontento en los ayuntamientos, de tales dimensiones que incluso el propio Ministerio de Hacienda ha tenido que publicar una guía para los municipios, donde matiza muchas de las imposiciones restrictivas y radicales. Es una muestra más de la pésima capacidad de gestión del Gobierno de Sánchez, que ni por asomo busca el bien común de los españoles ni tampoco trabaja para que los ayuntamientos puedan gestionar lo mejor posible sus competencias dentro de la autonomía local, a la que tienen derecho. Sánchez solo quiere ser el alumno más aventajado de Von der Leyen y de las políticas climáticas más radicales de los burócratas de Bruselas, sin importarle lo más mínimo las consecuencias que este tipo de medidas van a tener para las familias y los españoles más vulnerables.

Aunque el Partido Popular ahora haga muchos aspavientos en contra de esta tasa, en realidad está en línea con todos los postulados de la ley de economía circular y es igual de responsable que el Partido Socialista. En las Cortes Generales, el Grupo Popular se abstuvo en la votación de la enmienda a la totalidad que presentó VOX y se abstuvo en la votación final del texto (aplausos). También ha impulsado y aprobado leyes que desarrollan esas medidas en las regiones donde gobiernan, algunas de ellas, como la Ley de Economía Circular de Andalucía, aprobada con los votos del Grupo Socialista.

Señorías, bajo el principio de quien contamina paga, las élites que gobiernan en Bruselas quieren obligar a los españoles a pagar más impuestos por vivir y, por tanto, a empobrecerse. Es el camino al que nos conducen desde hace años las agendas globalistas y que ya anunciaron sus élites a través del Foro Económico Mundial: no tendrás nada y serás feliz; dejarás de comprar, consumir, cocinar, cuidar tu jardín, tener hijos, vestirte, alimentarte, conducir tu coche, adecentar adecuadamente tu hogar, etcétera, o, en caso contrario, pagarás cada vez más y serás incapaz de ahorrar y sacar adelante tu proyecto de vida. Desde VOX no aceptamos este dogma mentiroso, que solo busca empobrecernos e imponernos delirios. Mientras que los que de verdad contaminan, que están muy lejos de España, tienen barra libre y cada vez les va mejor, a nosotros cada vez nos va a peor.

Termino ya, señor presidente. Mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda que propone dar una nueva redacción al punto 2 de la proposición no de ley, instando a la derogación de la Ley 7/2022, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Grazas, señor presidente. Moi boa tarde. A lei de residuos traslada ao ordenamento español a Directiva de 2018 sobre esta mesma materia, que, após comprobar o incumprimento maioritario por parte dos Estados dos obxectivos de reciclaxe de 50 % dos residuos municipais para 2020, pretendía fixar metas máis ambiciosas e, sobre todo, medidas máis efectivas para incrementar a reciclaxe e reducir a produción de residuos. O Estado español foi un dos que incumpriu claramente. E, no caso da Galiza, sitúase, se analizamos o conxunto, á cola do Estado en materia de reciclaxe, cunha porcentaxe en 2022 de 21 %, moi lonxe do obrigado 50 % referido. Mais hai que destacar que certos concellos e mancomunidades, precisamente aqueles que operan á marxe de Sogama, do plan da Xunta, situáronse por riba da media. Os maus resultados da Galiza explícanse porque a Xunta incumpriu as directrices do plan estatal de residuos, PEMAR, e mesmo do plan de residuos urbanos de Galiza 2010-2022, que fixaba un obxectivo de recollida separada e tratamento de 245 000 toneladas de materia orgánica, agora chamada biorresiduos, e prevía a construción de doce plantas de compostaxe e outras microplantas, que nunca chegaron a seren construídas por falta de impulso precisamente da Xunta. En lugar de levar a cabo estas medidas, o Goberno galego optou por unha deriva suicida de ampliación das instalacións de Sogama, que se sustenta na incineración de residuos, e tamén pola licitación de grandes contratos, a maioría co grupo ourensán Valtalia-Copasa; contratos plurianuais e por valor de máis de 750 millóns de euros, que é unha das causas principais do tensionamento das contas de Sogama, empresa mixta con capital 49 % de Gas Natural-Naturgy.

Efectivamente, a lei, recollendo o marcado na Directiva, establece a necesidade de penalizar determinadas prácticas, como a da incineración ou o depósito en vertedoiro, ao tempo que promove a reciclaxe, a reutilización, a redución na produción de residuos a tratar e, en todo caso, a compostaxe como método de tratamento de residuos. Para isto, e para lograr unha maior concienciación e compromiso da cidadanía, foi introducido o deber de repercutir o custo da xestión de residuos, tamén coa intención de facer copartícipes das políticas, pois para lograr unha redución é precisa a colaboración activa de veciños e veciñas e que vexan que coas súas boas prácticas poden reducir a factura da xestión do lixo. Claro, isto non acontece na Galiza porque xa dixemos que as decisións do Partido Popular foron na dirección contraria. En todo caso, o BNG pode compartir a necesidade de axustar esta obriga e diferenciar os grandes concellos daqueles que teñen poucos habitantes e poder valorar custos que nada teñen que ver co compromiso cidadán e que encarecen o servizo, como a dispersión poboacional característica da Galiza, e especialmente do medio rural. Porén, esta iniciativa é completamente oportunista e, cando menos, o BNG coñece ben a política do PP nesta materia. A mediados do ano 2024, a Xunta elimina a bonificación e incrementa o canon que cobra aos concellos polo servizo de Sogama nun 30 %, de 68 a 88 euros por tonelada. Os que tiñan bonificación de 15 % pagaban 56 euros por tonelada. E agora anuncia un novo taxazo para 2025 que elevaría a factura ata os 108 euros a través da lei de acompañamento dos orzamentos de 2025. É dicir, a portavoz do PP fala do taxazo do Goberno español na Galiza e o taxazo, señores do PP, son vostedes, que van duplicar o que teñen que pagar os concellos polo lixo. A Xunta xustifica a necesidade deste incremento polo desfase das contas de Sogama, porque tiveron que aplicar o imposto á incineración. En todo caso, o principal responsable é o propio Partido Popular, empeñado en manter un sistema de tratamento de residuos insustentábel de forma inxustificada. Mais empeñado tamén durante lustros nunha política de non colaboración, de asedio e de afogamento daquelas alternativas municipais e/ou mancomunadas que optaron por erguer proxectos de reciclaxe e de compostaxe. Por iso, insistimos, partillando a necesidade de maior flexibilidade nalgúns supostos xustificados: quen debe rectificar é o Partido Popular, con políticas que nunca buscan beneficiar as maiorías sociais, senón intereses empresariais e particulares.

Moito obrigado.

Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. La ley de residuos traslada al ordenamiento español la Directiva de 2018 sobre esta misma materia, que, después de comprobar el incumplimiento mayoritario por parte de los Estados de los objetivos de reciclaje del 50 % de los residuos municipales para 2020, pretendía fijar metas más ambiciosas y, sobre todo, medidas más efectivas para incrementar el reciclaje y reducir la producción de residuos. El Estado español fue uno de los que incumplió claramente. En el caso concreto de Galicia, se sitúa, si analizamos el conjunto, a la cola del Estado en materia de reciclaje, con un porcentaje en 2022 del 21 %, muy lejos del obligatorio 50 % referido. Pero hay que destacar que ciertos ayuntamientos y mancomunidades, precisamente aquellos que operan al margen de Sogama y del plan de la Xunta, se situaron por encima de la media. Los malos resultados en Galicia se explican porque la Xunta ha incumplido las directrices del plan estatal de residuos, PEMAR, incluso del plan de residuos urbanos de Galicia 20102022, que fijaba un objetivo de recogida separada y tratamiento de 240 000 toneladas de materia orgánica, que ahora se llaman biorresiduos, y preveía la construcción de doce plantas de compostaje y otras microplantas, que nunca llegaron a ser construidas por falta de impulso precisamente de la Xunta. En lugar de llevar a cabo estas medidas, el Gobierno gallego optó por una deriva suicida de ampliación de las instalaciones de Sogama, que se sustenta en la incineración de residuos y también en la licitación de grandes contratos, la mayoría con el grupo orensano Valtalia-Copasa; contratos plurianuales y por un valor de más de 750 millones de euros; una de las causas principales del tensionamiento de las cuentas de Sogama, una empresa mixta con capital en el 49 % de Gas Natural. Efectivamente, la ley, recogiendo lo marcado en la directiva, establece la necesidad de penalizar determinadas prácticas, como la de la incineración o el depósito en escombreras, al tiempo que promueve el reciclaje, la reutilización y, en todo caso, el compostaje como métodos de tratamiento de residuos. Para esto y para lograr una mayor concienciación y compromiso de la ciudadanía se introdujo el deber de repercutir el coste de la gestión de los residuos, también con la intención de hacerles copartícipes de las políticas para lograr una reducción que precisa de la colaboración activa de los vecinos y las vecinas y para que vean también que con sus buenas prácticas pueden reducir la factura de gestión de la basura. Claro, esto no sucede en Galicia, porque, como ya dijimos, las decisiones del Partido Popular fueron en la dirección contraria. En todo caso, nosotros, el BNG, puede compartir la necesidad de ajustar este deber y de diferenciar los grandes ayuntamientos de aquellos que tienen pocos habitantes, de poder valorar costes que nada tienen que ver con el compromiso ciudadano y que encarecen el servicio, como la dispersión poblacional característica de Galicia, especialmente en el medio rural. Sin embargo, esta iniciativa es completamente oportunista y cuando menos el BNG conoce bien la política del PP en esta materia. A mediados del año 2024, la Xunta elimina la bonificación e incrementa el canon que cobra a los ayuntamientos por el servicio de Sogama en un 30 %, de los 68 a los 88 euros por tonelada. Los que tenían bonificación del 15 % pagaban 56 euros por tonelada y ahora anuncia un nuevo tasazo para 2025 que elevaría la factura hasta los 108 euros a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos del 2025. Es decir, la portavoz del Grupo Popular habla del tasazo del Gobierno español en Galicia y el tasazo, señora del PP, son ustedes, que van a duplicar lo que tienen que pagar los ayuntamientos por la basura. La Xunta justifica la necesidad de este incremento por el desfase en las cuentas de Sogama, pues tuvieron que aplicar el impuesto a incineración. En todo caso, el principal responsable es el propio Partido Popular, empeñado en mantener un sistema de tratamiento de residuos insostenible de forma injustificada. Pero se han empeñado también a lo largo de lustros en una política de no colaboración, de acoso y de ahogo de aquellas alternativas municipales o mancomunadas que optaron por levantar proyectos de reciclaje y compostaje. Por eso, insistimos en que, compartiendo la necesidad de mayor flexibilidad en los supuestos justificados, quien debe rectificar es el Partido Popular con políticas que no buscan nunca beneficiar a las mayorías sociales sino intereses empresariales y particulares.

Muchas gracias.

Gracias, presidente. Hoy el Grupo Popular nos trae la misma propuesta que ya se debatió en el Senado hace más o menos un mes. Yo la verdad es que no sé cómo calificar esta propuesta porque ustedes nos están solicitando que incumplamos con una directiva del 2018, que obliga a cobrar la tasa de basuras en función de los residuos que genera cada ciudadano o ciudadana. Es decir, una directiva que lo que viene a decir es que el gasto de recogida y tratamiento debe ser asumido por quienes la generan: ciudadanía, comercios, empresas, y que no puede ser una tasa deficitaria. La directiva es clara por cuanto que dice que los Estados miembros deben —n‌ o dice, desde luego, podrán— recurrir a instrumentos económicos y a otras medidas a fin de proporcionar incentivos para la aplicación de la jerarquía de residuos como los instrumentos económicos y otras medidas que se indican en el anexo IV como sistemas de pago por generación, pay as you throw; una normativa que luego fue recogida además en la ley de residuos del 2022. Ambas normativas, señorías del Grupo Popular, fueron aprobadas con sus votos a favor en Europa, por un lado, y con una abstención en la ley de residuos que, por cierto, da margen hasta el 2025 para aplicar esta tasa u otro mecanismo económico. Por lo tanto, podríamos concluir que en el 2022 a lo mejor no les pareció tan mal esta regulación. Miren, los Gobiernos autonómicos, los Gobiernos locales, las diputaciones, asociaciones de municipios conocen esta normativa. Lo sabían ya. Sabían que iban a tener que aplicar esa tasa o alguna medida económica desde el 2018. Esto no es algo nuevo y, de hecho, las políticas que se han llevado por los distintos ayuntamientos son muy dispares. Hay ayuntamientos que ya la tienen en prácticas desde hace bastante tiempo y otros ayuntamientos que ni siquiera cobran la tasa de residuos, lo cual desde luego parece que no es muy responsable. Y lo que ustedes proponen hoy es cuanto menos injusto, además, para aquellos ayuntamientos que están haciendo las cosas bien, que están aplicando la tasa y son responsables con la gestión de residuos. Sin embargo, ustedes con esta propuesta quieren premiar precisamente a quien lo hace mal o a quien ni tan siquiera lo hace porque resulta impopular asumir el coste que conlleva aplicar esta directiva europea. Quizá lo que tienen que hacer los ayuntamientos es explicar verdaderamente a la ciudadanía cuál es el objetivo de esta tasa que, por un lado, es incentivar la separación de residuos, así como el disponer de los recursos económicos suficientes para posibilitar cambios en los propios sistemas de gestión y tratamiento de residuos para alcanzar ese 55 % de reciclaje, lo que, además, generará a futuro muchísimos menos gastos y una apuesta por trasladar una reducción de tasas a futuro, que es lo que va a ocurrir.

Ustedes en su moción hablan de imposición y de repercusión al cien por cien a la ciudadanía, pero resulta que lo que no dicen es que, además, la tasa o prestación patrimonial no tributaria recogida en el artículo 11.3 y disposición final primera de la ley de residuos, puede ser bonificada hasta un 95 % dentro de la autonomía de los ayuntamientos, y algunos ya lo han hecho. Algunos lo han hecho en su totalidad; otros han reequilibrado la presión fiscal reduciendo, por ejemplo, el IBI en el mismo importe en el que se sube la tasa de residuos; otros proponen minorar el coste de la tasa de residuos mediante lo que se recaude, en su caso, por la posible tasa turística a futuro por varios ayuntamientos. Yo creo que son un ejemplo de distintas posibilidades que se están dando. Porque hay que entender que la basura es de cada uno o de cada una y, desde luego, no se puede defender que se paga a escote porque una tarifa plana, además, no va a conseguir que la ciudadanía tome medidas para separar en origen los residuos. Desde luego, no hace falta ni es responsable para nosotros solicitar instar a incumplir una directiva. Por lo tanto, no vamos a apoyar esa proposición no de ley.

Bé, gràcies, president, senyories. La Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per una economia circular, més coneguda a Catalunya com la llei amb la qual l’Estat ens va expropiar el cànon de residus, diu que a l’abril els ajuntaments han de fixar una taxa obligatòria per la recollida dels residus que pagaran íntegrament els ciutadans en funció de la quantitat de residus generats. També hi ha l’opció que els ajuntaments fixin una prestació patrimonial de caràcter públic no tributària, és a dir, una prestació exigida de manera coactiva per a fins d’interès general —‌en aquest cas, el tractament dels residus. Però la novetat radica en que aquesta taxa que paguen els ciutadans, que hauran de pagar els ciutadans i empreses, ha de cobrir el cent per cent del cost del servei de recollida i tractament de residus sòlids urbans. És a dir, que els ajuntaments ja no podran finançar aquests serveis a partir del pressupost municipal. Això té un objectiu: que tothom sàpiga, de manera transparent, què costa tractar els residus que generem. Insisteixo, de manera transparent. Potser ens hem de preocupar o preguntar a qui no li interessa la transparència en aquest punt. També es vol que tothom prengui consciència i canviï els hàbits, per exemple, reduint el volum d’escombraries, comprant a granel en lloc de productes empaquetats amb plàstic o separant els residus a casa nostra per poder cuidar el planeta, que no deixa de ser la casa de tots nosaltres. La diputada del PP deia que es nega a què els ciutadans hagin d’assumir nous impostos. No, miri, els ciutadans pagar, ja paguen. Pagar, ja paguem. Per exemple, ho fem amb costos indirectes, ara a través de l’IBI, ara a través de la factura de l’aigua. De manera que com que no hi ha transparència, no podem mesurar d’una manera acurada el problema que tenim a sobre. Potser una de les propostes seria si ara se li passa aquesta taxa directa al ciutadà se li pot reduir l’IBI. La realitat és que estem molt a prop en el temps i molt lluny en el compliment dels objectius que ens ha posat la Unió Europea. La reutilització i el reciclatge dels residus municipals ha de ser del 55 % al 25, 60 % al 2030 i 65 % al 2035. A hores d’ara, l’Estat està en una mitjana d’un 24 % de recollida selectiva real. Per tant, cal incentivar la ciutadania a aplicar les tres erres: reduir, reutilitzar i reciclar. Vostès parlen de taxa justa. També els pregunto com es pot establir una taxa justa si no sabem a quins costos ens estem enfrontant. Per tant, gestió transparent, números clars i que qui faci un consum responsable i una gestió sostenible dels residus rebi com a recompensa la taxa justa. És cert que l’Estat espanyol va optar per obligar a cobrir, via taxa, el cent per cent del cost de reciclatge, tractament i reutilització dels residus perquè la Unió Europea l’estava pressionant per no haver fet els deures. Mirin, tampoc els havia fet respecte de l’establiment del cànon de residus i ves per on, ho va solucionar a la brava; quan parlem de Catalunya, amb l’expropiació del cànon de residus català. Catalunya sí que havia fet els deures. Durant divuit anys, havia creat, gestionat i millorat un cànon que obligava a tributar per l’abocament, la incineració, el tractament de residus, de la construcció o de la indústria, divuit anys, divuit anys facilitant l’economia, circular al reciclatge i fent una gestió eficient. Una bona praxi elogiada a tota Europa, que va acabar sent de titularitat de la Hisenda pública espanyola. I ara els catalans cobrem i gestionem un tribut que ja no és nostre. I que, per cert, perquè ho sàpiguen, ha perdut la seva eficiència en un 5 %, uns 5 milions d’euros a l’any com a conseqüència que l’Estat permet generar exempcions i també perquè han complicat la gestió, passant de quatre tipus de cànon a dinou.

I saben què ha passat a nivell de les diferents comunitats autònomes? Que la majoria de les comunitats autònomes no ha volgut saber res, absolutament res de la gestió i recaptació del cànon. Ho està fent l’Estat i després transfereix els recursos. En conclusió, qui ho feia bé, Catalunya, ara es troba amb una gestió menys eficient, i això va en contra de la sostenibilitat.

Gràcies.

Muchísimas gracias, presidente. Señorías, la Ley 7/2022 sobre Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, más conocida en Cataluña como la ley con la que el Estado nos expropió el canon de residuos, dice que en abril los ayuntamientos tienen que fijar una tasa obligatoria para la recogida de residuos que pagarán íntegramente los ciudadanos en función de la cantidad de residuos generados. Por otro lado, está la opción de que los ayuntamientos fijen una prestación patrimonial de carácter público no tributaria. Es decir, una prestación exigida de manera coactiva para fines de interés general, en este caso el tratamiento de los residuos, pero la novedad radica en que esta tasa que tendrán que pagar los ciudadanos y las empresas debe cubrir el 100 % del coste de los servicios de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos. Es decir, que los ayuntamientos ya no podrán financiar estos servicios a partir del presupuesto municipal. Esto tiene un objetivo, que todo el mundo sepa de manera transparente qué cuesta tratar los residuos que generamos. Insisto, de manera transparente. Quizá deberíamos preocuparnos o deberíamos preguntarnos a quién no le interesa la transparencia en este punto. Por otro lado, queremos que todo el mundo se conciencie, que cambie de hábitos, por ejemplo, reduciendo el volumen de basuras, comprando a granel en lugar de productos empaquetados en plástico, o separando los residuos en casa para poder cuidar del planeta, que no deja de ser la casa de todos nosotros. La diputada del Grupo Popular decía que se niega a que los ciudadanos tengan que asumir nuevos impuestos. No, mire, los ciudadanos, pagar, ya pagan. Pagar, ya pagamos. Por ejemplo, lo hacemos con costes indirectos, a través del IBI, a través de la factura del agua, de modo que, como no hay transparencia, no podemos cuantificar de manera precisa el problema que tenemos encima. Quizá una de las propuestas sería, por lo tanto, si ahora se pasa esta tasa directamente al ciudadano, se le podría reducir el IBI. La realidad es que estamos muy cerca en el tiempo y muy lejos en el cumplimiento de los objetivos que nos impone la Unión Europea. La reutilización y el reciclaje de los residuos municipales debe ser del 55 % en 2025, el 60 % en 2030 y el 65 % en 2035. Hoy en día, el Estado está en un promedio del 24 % de recogida selectiva real. Por lo tanto, hay que incentivar a la ciudadanía a la aplicación de las tres erres: reducir, reutilizar y reciclar. Ustedes hablan de una tasa justa. También les pregunto cómo se puede establecer una tasa justa si no sabemos a qué costes nos estamos enfrentando. Por lo tanto, gestión transparente, números claros y que quien consuma de manera responsable y haga una gestión sostenible de los residuos reciba como recompensa una tasa justa. Es cierto que el Estado español optó por obligar a cubrir vía tasa el 100 % del coste del reciclaje, tratamiento, reutilización de los residuos, porque la Unión Europea le estaba presionando por no haber hecho los deberes. Tampoco los había hecho respecto al establecimiento del canon de residuos y mira por dónde lo solucionó a la valiente, cuando hablamos de Cataluña con la expropiación del canon de residuos catalán. Cataluña sí que había hecho los deberes, durante dieciocho años había creado, gestionado y mejorado un canon que obligaba a tributar por la incineración, el tratamiento de residuos, el vertido de la industria; dieciocho años facilitando la economía circular, el reciclaje y haciendo una gestión eficiente, una buena praxis elogiada en toda Europa que acabó siendo de titularidad de Hacienda pública española, y ahora los catalanes cobramos y gestionamos un tributo que ya no es nuestro y que, por cierto, para que lo sepan, ha perdido su eficiencia en un 5 %, cinco millones de euros al año como consecuencia de que el Estado permite generar excepciones y también porque han complicado la gestión pasando de cuatro tipos de canon a diecinueve. ¿Y saben qué ha pasado a nivel de las diferentes comunidades autónomas? Que la mayoría de las comunidades autónomas no ha querido saber nada, absolutamente nada de la recaudación del canon, lo hace el Estado y después transfiere los recursos. En conclusión, quien lo hace bien, Cataluña, se encuentra con una gestión menos eficiente y esto va en contra de la sostenibilidad. Gracias.

Molt bona tarda a totes i a tots de nou. Permeti’m abans que res, contextualitzar. A l’Estat no s’estan complint de cap manera els objectius marcats per la Comissió Europea en matèria de residus. Dels tres indicadors claus per al 2025 i el 2030 només s’han superat el nivell marcat en matèria de reciclatge d’envasos, segons dades del propi Estat espanyol. Per contra, l’Estat incomplirà els objectius marcats en reciclatge i en quantitat de residus que van a parar als abocadors municipals. Aquest incompliment es produeix perquè no existeix al conjunt de l’Estat una aposta ferma per una política justa, econòmica i socialment en l’àmbit de residus, malgrat que a Catalunya fa anys que sí. Fa anys que s’ha fet aquesta aposta, una aposta que, evidentment, contribueix —‌i ho fa amb escreix— a millorar les dades del conjunt de l’Estat. De fet, a Catalunya ja fa un parell d’anys que es va celebrar el 25è aniversari, és a dir, dues dècades i mitja de l’inici de la recollida de fracció orgànica de residus. També superen ja els 300 municipis on s’apliquen sistemes d’alta eficiència de recollida de residus, com el porta a porta o els contenidors intel·ligents o models mixtes. Dit això, entro a la proposició no de llei del Partit Popular. De fet, des d’Esquerra Republicana de Catalunya creiem que és evident que cal respectar els principis d’autonomia municipal. I sent nosaltres un partit que ens ho creiem, un partit profundament municipalista, compartim que no s’ha d’establir, que no s’han d’establir càrregues fiscals inassumibles per a la ciutadania, això sí, però també cal ser curosos amb el compliment dels objectius mediambientals marcats, en aquest cas, per la Comissió Europea, en un context, senyories del Partit Popular, d’emergència climàtica, al qual hem de respondre urgentment. I no em facin parlar, perquè no tinc temps, del que ha passat al País Valencià. També cal remarcar que si ara estem debatent l’entrada en vigor de l’obligatorietat d’aplicar la taxa de residus al cent per cent dels municipis és perquè no s’han fet els deures fins a dia d’avui. De fet, falta molt per a complir els deures. És evident que una taxa municipal, per definició, ha de cobrir el cost del servei i, per tant, també que cal complir amb el principi de que qui genera residus paga. I per una raó o per una altra, els deures que sí, repeteixo, que s’han fet al meu país, que sí que s’han fet a Catalunya, que sí han fet i han pagat els catalans i catalanes, sembla que no s’han fet —‌de fet, no sembla— no s’han fet a la resta de l’Estat. Fetes aquestes consideracions que ens duran a votar en contra, senyories del Partit Popular, d’aquesta proposta, és cert que en alguns casos l’aplicació d’aquesta llei el 2025 comportarà un augment notable de la pressió fiscal en determinats municipis. En aquest sentit, des d’Esquerra Republicana estem oberts i hem proposat solucions per millorar la justícia, en aquest cas fiscal, allà on pertoqui. I m’explico. Una de les propostes que hem posat damunt la taula consisteix en sufragar una part de la dels costos relatius a la recollida i gestió de residus amb la recaptació del recàrrec de l’impost turístic. Parlem de municipis on hi ha molt turisme. I és que, com saben, ciutats com Barcelona, una part de la generació de residus està directament lligada a la presència, en el cas de Barcelona, de més de 15 000 milions de turistes que van visitar, per exemple, la ciutat l’any 2023. Segons aquest principi, el principi de qui genera rebuig paga, aquesta proposta pretén alleugerir la pressió fiscal sobre la ciutadania resident a Barcelona, és a dir, els contribuents de la taxa, els ciutadans i ciutadanes de Barcelona, els barcelonins i barcelonines. Amb això s’aconseguiria mantenir l’ambició en matèria d’economia circular, sent a la vegada justos amb la ciutadania que conviu amb els grans fluxos turístics de ciutats com Barcelona, però també aplicable òbviament, a altres ciutats turístiques, per exemple, a Sitges, a Palamós o a tants d’altres municipis catalans. Aquesta proposta que els explico avui aquí, al Congrés dels Diputats, i que veig que totes i tots estan molt atents escoltant-la, es va aprovar amb els vots d’una majoria del plenari a l’Ajuntament de la capital, a l’Ajuntament de Barcelona. I esperem que després d’haver-la posat també avui damunt de la taula, aquí, el PSOE per justícia fiscal, el PSOE també per compromís amb la transició ecològica, es pugui aprovar d’aquí molt poc al Congrés dels Diputats. I acabo, president. Recordar que el millor residu que tenim és el que no es genera. Per tant, aprofitem per reivindicar les polítiques de prevenció de residus que evitaran després els costos i, sobretot, evitaran els sobrecostos de la seva gestió. En definitiva, treballem totes i tots per un futur més just i més sostenible. Res més. Moltes gràcies.

Muy buenas tardes a todas y a todos de nuevo. Permítanme, antes que nada, contextualizar. En el Estado no se están incumpliendo de ningún modo los objetivos marcados por la Comisión Europea en materia de residuos. De los tres indicadores clave para el 2025 y 2030, solamente se ha superado el nivel marcado en materia de reciclaje de envases, según datos del propio Estado español; en cambio, el Estado incumplirá los objetivos marcados en reciclaje y cantidad de residuos que van a parar a los vertederos municipales. Este incumplimiento se produce porque no existe en el conjunto del Estado una apuesta firme a favor de una política justa, económica y socialmente en el ámbito de los residuos, a pesar de que en Cataluña hace años que sí, en Cataluña hace años que se ha apostado por ello, una apuesta que evidentemente contribuye con creces a mejorar los datos del conjunto del Estado. De hecho, en Cataluña, hace ya un par de años se celebró el 25.º aniversario, dos décadas y media de la recogida de fracción orgánica de residuos; también superábamos los trescientos municipios en los que se aplican sistemas de alta eficiencia de recogida de residuos, como el puerta a puerta o los contenedores inteligentes o modelos mixtos.

Dicho esto, entro en la proposición no de ley del Grupo Popular. De hecho, desde Esquerra Republicana de Cataluña creemos que es evidente que hay que respetar los principios de autonomía municipal, y siendo nosotros un partido que lo creemos, un partido profundamente municipalista, compartimos que no se han de establecer cargas fiscales inasumibles por la ciudadanía, eso sí, también hay que ser prudentes en el cumplimiento de los objetivos medioambientales marcados, en este caso, por la Comisión Europea en un contexto, señorías del Grupo Popular, de emergencia climática al cual debemos responder de manera urgente. Y no me hagan hablar, porque no tengo tiempo, de lo que ha sucedido en el país valenciano.

Hay que destacar también que si ahora estamos debatiendo la entrada en vigor de la obligatoriedad de aplicar la tasa de residuos al cien por cien de los municipios es porque no se han hecho los deberes hasta el día de hoy; de hecho, falta mucho para acabar los deberes. Es evidente que una tasa municipal, por definición, debe cubrir el coste del servicio y, por lo tanto, también hay que cumplir con el principio de quien genera residuos paga, y, por un motivo u otro, los deberes que sí se han hecho, repito, que sí se han hecho en mi país, que sí se han hecho en Cataluña, que sí han hecho y pagado los catalanes y catalanas, parece que no se han hecho; no es que lo parezca, es que no se han hecho en el resto del Estado.

Hechas estas consideraciones, que nos llevarán a votar en contra, señorías del Grupo Popular, de esta propuesta, es cierto que en algunos casos la aplicación de esta ley en el 2025 comportará un aumento notable de la presión fiscal en determinados municipios, y en este sentido, desde Esquerra Republicana, estamos abiertos y hemos propuesto soluciones para mejorar la justicia, en este caso, fiscal allí donde corresponda. Me explico: una de las propuestas que hemos puesto sobre la mesa consiste en sufragar una parte de los costes relativos a la recogida y gestión de residuos con la recaudación del recargo del impuesto turístico. Hablamos de municipios en los que hay mucho turismo. Como saben, en ciudades como Barcelona una parte de la generación de residuos está directamente vinculada a la presencia ―en el caso de Barcelona― de más de 15 000 millones de turistas que visitaron, por ejemplo, la ciudad en el año 2023. Según este principio, el principio de quien genera residuos paga, esta propuesta pretende aligerar la presión fiscal sobre la ciudadanía residente en Barcelona, es decir, los contribuyentes de la tasa, los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona. Por lo tanto, con esto se conseguiría mantener la ambición en materia de economía circular siendo a la vez justos con la ciudadanía que convive con los grandes flujos turísticos de ciudades como Barcelona, pero también aplicable, evidentemente, a otras ciudades turísticas: por ejemplo, Sitges, Palamós o tantos otros municipios catalanes.

Esta propuesta que les explico hoy aquí, en el Congreso de los Diputados ―veo que todas y todos están muy atentos escuchándome―, se aprobó con los votos de una mayoría del Pleno en el Ayuntamiento de la capital, Barcelona, y esperamos que después de ponerla sobre la mesa hoy aquí de nuevo, el PSOE por justicia fiscal, el PSOE, también por compromiso con la transición ecológica, se puede aprobar de aquí a muy poco en el Congreso de los Diputados.

Acabo, presidente. Quiero recordar que el mejor residuo que tenemos es el que no se genera. Por lo tanto, aprovechemos para reivindicar las políticas de prevención de residuos, que evitarán después los costes y, sobre todo, los sobrecostes de su gestión. En definitiva, trabajemos todas y todos por un futuro más justo y más sostenible.

Nada más. Muchas gracias.

Muchas gracias, presidente. Dado que solo tengo cinco minutos de tiempo, hoy no voy a hablar de los motivos ambientales que podrían justificar la creación de una tasa de residuos, sino que me voy a centrar en los motivos económicos. Es verdad que este Pleno de vez en cuando nos recuerda que hay una mayoría de derechas, pues bien, hablemos de economía. Hoy hace ciento cincuenta días que la Unión Europea agotó todos sus recursos naturales, mismas fechas de mayo que también los agotó el Estado español, con lo que evidentemente una política geoeconómica de Europa debe tener como principal prioridad el reciclado de sus residuos, para que vuelvan a ser recursos y para que esa economía no dependa tanto del exterior. Ese es el motivo central por el cual Europa fija unos objetivos de reciclaje del 65 % para el año 2035. Cabe recordar, y se ha dicho aquí, que hoy España está muy lejos de esos objetivos, se encuentra hoy por debajo del 40 %, y es por eso que la Unión Europea, cuando hace las recomendaciones una y otra vez al Estado español, le indica que para mejorar la recogida de residuos es pertinente y de forma muy destacada la creación de una tasa de residuos y avanzar hacia el pago por generación. Así pues, el principal motivo de la Unión Europea es la geoeconomía, de la misma forma que el principal motivo del Estado español es la geoeconomía y la economía circular. Vamos a hablar de los ayuntamientos. En eso puedo hablar en primera persona porque como concejal del Ayuntamiento de Barcelona impulsé la creación de esta tasa hace pocos años. Usted habla mucho de los alcaldes y las ciudades, y yo impulsé esa tasa hace muy pocos años, la tasa de creación de residuos. (Aplausos). ¿Y por qué la impulsé? Porque el principal elemento que define los costes vinculados a la gestión y al tratamiento de residuos es si se recicla o no se recicla, y le pondré un ejemplo muy simple: el coste de gestionar una tonelada de residuos del contenedor gris es de 130 euros por tonelada, el coste de gestionar un contenedor de reciclaje es de cero euros por tonelada. ¿Entienden cuál es la diferencia? Entender los residuos como basura o entender los residuos como recursos; la basura que pagamos para llevarla a vertederos o a incinerar, o los recursos para generar economía. Es decir, que si lo que queremos de verdad es reducir la presión fiscal de la ciudadanía vinculada a un servicio público, de nada nos servirá bajar la tasa que lo financia. Eso a lo que nos llevará es a que ese servicio entre en pérdidas o en fallida. Lo único que podemos hacer para disminuir los gastos en el caso de la gestión de residuos es mejorar el reciclaje, reducir sus costes. Por otro lado ―se ha dicho―, no es verdad, no es verdad que la creación de una tasa de residuos signifique una mayor presión fiscal para la ciudadanía. De hecho, los costes del servicio ya forman parte de las arcas municipales, ya los paga la ciudadanía. De lo que hablamos es de la visibilización del coste de un servicio, que no es incompatible con reducir otras medidas fiscales. De hecho, muchos ayuntamientos que sí que tenían la tasa de residuos la retiraron y subieron el IBI. Pues ahora quizás lo que toca es hacer lo contrario. Vamos a hablar de la ciudadanía, que es lo importante, porque también es injusto para la economía doméstica. Hoy en día, los ayuntamientos que no tienen una tasa de residuos sitúan a su ciudadanía ante dos injusticias: la primera, que un hogar, independientemente de que recicle o no recicle, de que genere muchos residuos o no genere residuos, va a pagar lo mismo. ¿Qué incentivos tiene un hogar para reciclar? Que una familia no pueda reducir sus recibos porque independientemente de lo que haga en su hogar siempre va a pagar lo mismo es la peor penalización que podemos hacer para la economía doméstica. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es darles herramientas para que, en función de sus buenos hábitos, puedan pagar menos y que de esta forma no se discrimine a aquellos que sí están haciendo una buena labor. Pero es que no solo es eso; es que el hecho de que no tengan herramientas para aliviar su economía doméstica además hace que paguen por los que no lo hacen bien. Es decir, si reciclar o no reciclar no comporta costes totalmente diferenciados, hace que las familias que hoy en día sí que reciclan estén pagando los costes de los que no reciclan; eso sí que es injusto, que los que están reciclando paguen por los que no están reciclando. (Aplausos). Y le voy a dar un ejemplo muy fácil. Hoy en día en Barcelona una familia que recicla puede llegar a pagar tres veces menos que una familia que no recicla, un 300 % en la tasa de residuos. Eso es justicia para la economía doméstica. (Aplausos). Acabo, señorías. Estaré encantado de debatir otro día los motivos ambientales que también me llevarían a apoyar dicha tasa, pero simplemente por los motivos económicos que he expuesto, los geoeconómicos de la Unión Europea, la economía circular del Estado español, para que los ayuntamientos puedan reducir los costes del servicio y para que la ciudadanía tenga herramientas para reducir la presión de su economía doméstica es preciso crear una tasa de residuos. Y le pido al Grupo Popular que recapacite sobre esa campaña de alcaldes que no van a aceptar esa tasa. Explíquenselo a la ciudadanía, explíquenles que independientemente de lo que hagan siempre les vais a cobrar lo mismo, que no vais a conseguir bajar los costes del servicio; explíquenles la verdad. Y además me adelanto, porque la semana pasada conocimos otra medida que va a ser crucial para mejorar el reciclaje, conocimos que se habían instaurado en todo el territorio los sistemas de depósito, devolución y retorno. Y ya les adelanto que no gasten tinta en frenar su implementación, sino que los animo a que remen a favor de Europa y de la economía familiar.

Muchas gracias. (Aplausos).

Moitas grazas, presidente. Boa tarde, señorías. Señorías del Grupo Popular, yo les pediría que dejaran de mentir y de hacer demagogia con un tema tan importante para el presente y para el futuro de todos. (Aplausos). Señora Clemente Muñoz, la Ley 7/2022 tiene como objetivo principal reducir los efectos negativos de la generación y de la gestión de residuos. Son objetivos acordados en Europa precisamente para acelerar la transición de nuestro modelo productivo hacia la economía circular frente al usar y tirar del modelo lineal. Y quiero dejar claro que el incumplimiento de estos objetivos derivaría en sanciones comunitarias. La norma no impone taxativamente la imposición de una tasa, sino que pretende que paulatinamente se instaure el pago por generación, que está basado en el principio de que quien contamina, paga, o mejor dicho, quien más contamina, más paga. Y quiero dejar claro también que la tasa de residuos ya existía. Hasta ahora, los ayuntamientos podían decidir imponerla o bien financiar el servicio de manera alternativa, pero financiarla de manera alternativa no quiere decir que no se pague, ¿verdad? Pero ustedes pretenden una vez más hacer de la mentira doctrina, y esta PNL es una buena prueba de ello y también de su irresponsabilidad. Así que me veo en la obligación de recordarles que la Directiva Europea 2018/851 fue precisamente impulsada y aprobada por el comisario europeo Arias Cañete. ¿Le conocen ustedes, verdad? (Aplausos). Quiero recordarles también que dispone que los Estados miembros deben establecer sistemas de pago por generación y deben además proporcionar incentivos a la separación en origen. Esto y su obligatorio cumplimiento es conocido desde el año 2018 por todos, absolutamente por todos, desde los ayuntamientos a las empresas, empresas con las que, por cierto, señor Sánchez ―que está por ahí―, nos reunimos ustedes y nosotros en la tramitación de esta ley. Por cierto, en ella trabajaron ustedes junto al Grupo Parlamentario Socialista y los demás grupos de esta Cámara y entonces no se opusieron a ella, sino que se abstuvieron en esa votación. Supongo que entonces no le veían ustedes inconveniente alguno. Dicho esto, señorías, como les decía al comienzo, por favor, dejen de mentir a la gente y dejen de hacer demagogia con esta ley. Porque resulta que vienen ustedes ahora aquí a decirnos que esto es una vulneración de la autonomía municipal y de su libertad en el establecimiento de tributos; ustedes, precisamente ustedes, erigiéndose en los defensores de la autonomía municipal; ustedes, que con el Gobierno de M.Rajoy cometieron la mayor injerencia en la autonomía municipal (aplausos) con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. ¿Les suena, verdad? Usted, que se ríe tanto, seguro que la recuerda. Entonces no les preocupaba a ustedes esa autonomía municipal, más bien les molestaba, y por eso no tuvieron inconveniente alguno en asaltarla. Dejen de mentir a la gente, díganles la verdad, díganles que la tasa de basuras ya existía (rumores), que no es una invención de este Gobierno ni de Pedro Sánchez y que no viene tampoco de la mano de esta ley de residuos. Digan la verdad a la gente y también a los ayuntamientos. Díganles que ahora la tasa deberá reflejarse con total claridad y no escondida dentro de otra tasa o impuesto, como ocurre en muchos casos ―y ya se ha dicho aquí― dentro del IBI, por ejemplo. Y díganle a la gente que lo que se hace ahora es diferenciar claramente el pago que ya se estaba haciendo y que ahora reflejará además el coste real tanto directo como indirecto de la recogida, el transporte y el tratamiento. Dejen de mentir también respecto a que no se pueden implementar bonificaciones, porque la ley es muy clara y recoge perfectamente la posibilidad de bonificaciones por separar correctamente, para personas en riesgo de exclusión social, por compostaje de forma individual o colectiva, etcétera. Y ya que vamos a contar verdades, de galega a galegos, señorías do Partido Popular que están hoxe por aquí, xa de paso poden explicarlles vostedes tamén aos galegos e as galegas por que o canon de Sogama que pagan os concellos adscritos pretenden vostedes bonificalo restándollo precisamente aos concellos do Fondo de Cooperación Local. Iso é unha bonificación?

… de gallega a gallegos, señorías del Grupo Popular que están aquí, ya pueden explicar a los gallegos y gallegas por qué el canon de Sogama que pagan los ayuntamientos adscritos intentan ustedes bonificarlo restando precisamente a los ayuntamientos del Fondo de Cooperación local. ¿Eso es una bonificación? Eso sí que es interferir en la autonomía municipal (aplausos), porque restan recursos a los ayuntamientos y encima les cobran dos veces.

Para quienes no lo sepan, Sogama es la encargada de gestionar los residuos de 295 ayuntamientos gallegos. Es una sociedad participada por la Xunta y el 49 % restante por Naturgy, donde más del 81 % de los residuos van a incineración y a vertederos precisamente, solo el 18 % a reciclado, justo lo que Europa dice que debemos evitar. ¿Es curioso, verdad? Pues así los ayuntamientos pagan el canon de Sogama altísimo precisamente por priorizar lo que más se grava, que es la incineración y el depósito. La Xunta se recauda a sí misma y además…

Termino ya, presidente. … detrae del Fondo de Cooperación Local dinero que ya es de los ayuntamientos; un negocio redondo, y todo eso sin sonrojarse el Partido Popular. Lo mismo ocurre con esta PNL, que es solo un ejemplo más de sus mentiras y manipulaciones bajo la creencia del «miente, que algo quedará». Miren, señorías, ¿saben lo único que quedará? Lo único que quedará de manifiesto será una vez más su falsedad y su falta de lealtad y responsabilidad. Nada máis. Moitas grazas. (Aplausos).

No.