Proyecto de Ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes.

Buenos días o buenas tardes ya.

Presidenta, señorías, es un placer comparecer hoy ante esta Cámara con ocasión de la presentación del Proyecto de Ley por la que se crea la autoridad administrativa independiente de defensa del cliente financiero. Con esta autoridad, lo que hacemos es mejorar la red de protección, la red de defensa del cliente financiero existente hoy día. De hecho, esta es la clave de bóveda de nuestra red de protección de los clientes financieros.

Una vez que esta autoridad entre en funcionamiento, lo que haremos es dotar a los clientes de la capacidad de reclamar ante ella para que resuelva los conflictos entre clientes y entidades de manera vinculante, de manera gratuita y, también, de manera ágil en menos de noventa días, todo ello sin necesidad de que los clientes tengan que acudir a los tribunales y, por tanto, con el elemento adicional de ahorro en términos de costes, ahorro en términos de tiempo y también ahorro en términos de incertidumbre. (Aplausos).

Este tipo de mecanismos de reclamación extrajudicial responden, en primer lugar, a una demanda ciudadana, una fuerte demanda de la ciudadanía ejemplificada en Carlos San Juan, si recuerdan, el conocido portavoz e impulsor de la campaña popular a favor de la inclusión financiera de los mayores y las personas con discapacidad. Carlos ya señalaba la importancia de equilibrar la relación entre las entidades y los clientes; de reducir los costes, los tiempos y la incertidumbre en los procesos de reclamación; y, por lo tanto, tener un sistema ágil y justo para los clientes financieros.

Pero es que, precisamente, vamos más allá de la demanda ciudadana, porque este proyecto da cumplimiento también a un mandato constante del legislador, tanto español como europeo, que se ha reiterado aquí en esta Cámara al menos en cinco ocasiones. Permítanme destacar la más reciente de ellas: la disposición adicional primera de la Ley 7/2017, que traspone la Directiva europea relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. Y digo la Ley 7/2007 porque es una ley aprobada durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Esta disposición adicional primera dice lo siguiente: «Para la resolución, con carácter vinculante o no, de litigios de consumo en el sector financiero, será creada por ley […] una única entidad con competencias en este ámbito». En términos muy similares se expresa también la disposición adicional sexta de la Ley 5/2015, que fomenta la financiación empresarial. Por lo tanto ― repito―, la necesidad de esta autoridad se basa, en primer lugar, en la demanda de la ciudadanía y también en el mandato de los legisladores. Su importancia se plasma hoy día también en nuestro plan de recuperación. Se trata de un hito específico del apartado de modernización de la arquitectura institucional en materia de gobernanza económica de nuestro plan de recuperación. Por tanto, debemos dar cumplimiento a este hito para cumplir también con nuestro plan de recuperación. En consecuencia, tenemos la demanda de la ciudadanía, el mandato de los legisladores y el cumplimiento con nuestro plan de recuperación.

Voy a dedicar unos minutos, al principio de esta comparecencia, simplemente para repasar el funcionamiento del sistema actual, para que tengamos claras cuáles son sus deficiencias y podamos, por lo tanto, saber cómo esta autoridad va a responder a ellas.

El sistema actual de protección del cliente financiero opera en tres niveles esenciales. El primer nivel del sistema de protección implica, como no puede ser de otra manera, el cumplimiento general por parte de las entidades financieras de las normas de conducta, las normas que rigen la relación entre clientes e instituciones financieras, y también, por extensión, de los códigos de buenas prácticas y de los compromisos que han sido voluntariamente asumidos por las entidades. Más allá de este primer nivel, tenemos un segundo que contempla los medios extrajudiciales. Esos medios extrajudiciales sirven para resolver disputas en estos conflictos entre clientes y entidades financieras antes de llegar a los tribunales. Precisamente, este nivel consta de dos instancias: en primer lugar, las reclamaciones ante la propia entidad financiera, donde, en cualquier caso, debe producirse esta reclamación; y, posteriormente, en caso de que no sea satisfecha, las reclamaciones ante los servicios de los supervisores financieros. Como hemos dicho, está el primer nivel, que implica el cumplimiento general de normas de conducta; el segundo nivel, medios extrajudiciales; y el tercer nivel, por supuesto, siempre es el recurso ante los juzgados y tribunales del orden civil, donde el cliente puede, y seguirá pudiendo también a partir de ahora, hacer valer sus intereses y derechos legítimos.

Decía anteriormente que, como han puesto de manifiesto tanto nuestra ciudadanía como el propio legislador, ese sistema de protección del cliente financiero tiene algunas deficiencias que son muy relevantes. Permítanme que destaque algunas de ellas. En primer lugar, estos servicios de reclamación que existen ahora mismo por parte de los supervisores financieros ―el Banco de España, la CNMV y también la Dirección General de Seguros― no dan resolución o resarcimiento vinculante al cliente financiero, por su propio ámbito de competencia, que es limitado en este aspecto, y también porque no pueden hacerlo, como ya he dicho, de forma vinculante. De hecho, la resolución de forma vinculante de una disputa entre un cliente y la entidad financiera solo es alcanzable hoy día por vía judicial, con los costes, la incertidumbre y el tiempo adicional que ello supone para los clientes. Por ponerles un pequeño ejemplo con algún dato, según el Consejo General del Poder Judicial, únicamente los tribunales especializados en hipotecas ―es decir, aquellos que tratan, por ejemplo, las cláusulas suelo― tienen pendiente de tramitar más de 140 000 reclamaciones; y ello sin contar, por supuesto, con otros procedimientos de consumo financiero que no están incluidos ni siquiera en esta estadística. Además, tengamos en cuenta que los mecanismos alternativos de resolución de disputas, como por ejemplo el arbitraje, que, en principio, podrían permitir también obtener resoluciones vinculantes si ambas partes decidieran someterse a ellos, han tenido un escaso desarrollo y, por lo tanto, aplicación en nuestro país.

Señorías, queda claro, por lo tanto, que este panorama no permite una protección efectiva de nuestros clientes financieros. Por ello, lo que hoy traemos a la Cámara es la incorporación de un refuerzo de esta protección, de un refuerzo de esta defensa a través precisamente de un mecanismo aumentado de resolución de conflictos de carácter extrajudicial que proporcionará una solución ágil, gratuita y garantista para los clientes financieros, a la vez que va a permitir descongestionar ―y esta parte también es fundamental―.juzgados y tribunales.

Antes de entrar en algunos detalles con respecto a las características esenciales de la autoridad, déjenme que haga un breve repaso a los principales elementos que la definen y que van a dotar a nuestros clientes financieros de una mayor protección.

Como he dicho anteriormente, en primer lugar, la autoridad va a resolver reclamaciones contra incumplimientos tanto de la normativa de conducta como de la normativa en materia de códigos de buenas prácticas, y también sobre elementos como, por ejemplo, el carácter abusivo de las cláusulas contractuales.

En segundo lugar, las resoluciones de la entidad serán vinculantes para todas las entidades financieras y todas esas reclamaciones que estén por debajo de los 20 000 euros. Este umbral de 20 000 euros incluye, aproximadamente, el 95 % de todas las reclamaciones que se tramitan actualmente por parte de los supervisores financieros.

En tercer lugar, la autoridad será ágil, ya que resolverá estas reclamaciones en un plazo inferior a noventa días.

En cuarto lugar ―y no menos importante―, la autoridad hará que estas reclamaciones sean de carácter gratuito para aquellos que reclamen contribuyendo así, por supuesto, a la equidad en las relaciones financieras, equilibrándolas.

En quinto lugar, la autoridad será además única, tal y como reclamaba el legislador, al centralizar las competencias que están actualmente en el Banco de España, en la CNMV y en la Dirección General de Seguros.

En un sistema financiero caracterizado por una constante evolución, un constante surgimiento de nuevos actores difíciles de clasificar muchas veces, con nuevos productos, que también en numerosas ocasiones son productos híbridos, la centralización de estas competencias presenta ventajas más que evidentes; más allá, por supuesto, de ventajas en términos de ahorro o de economías de escala en materia de costes que pueden y van a producirse.

La autoridad también va a tener un ámbito de actuación más amplio del que existe hoy en día: va a permitir reclamar ante entidades financieras que quedan fuera actualmente del marco de reclamación para los clientes financieros como, por ejemplo, oferentes de microcréditos o ciertos proveedores de servicios de criptoactivos. Por lo tanto, el perímetro se amplía de manera garantista para los clientes financieros.

En último lugar, la autoridad también va a incluir, bajo su ámbito, a todas aquellas personas que generalmente, estando en una situación de vulnerabilidad, demandan una cuenta de pago básica. Esta cuenta les es rechazada a menudo por su banco, y, por lo tanto, no son en esa situación, en sentido estricto, un cliente del banco, pero sí que van a estar cubiertos por esta nueva autoridad.

En definitiva, vemos que la introducción de la autoridad es un paso de gigante en la protección de los clientes.

Permítanme dar ahora algún detalle de los elementos principales que trae este proyecto de ley. En primer lugar, en cuanto al ámbito de protección y la ampliación de este ámbito de protección, hemos adoptado un enfoque lo más completo posible, extendiendo la posibilidad de reclamación sobre todas las relaciones financieras, como he dicho anteriormente, incluyendo aquellas que se mantienen con operadores no supervisados, como prestamistas o agentes como, por ejemplo, los proveedores de servicios en materia de criptoactivos que van teniendo hoy día cada vez una mayor importancia. En la medida en que estos operadores hasta ahora no estaban sujetos a la misma regulación sectorial que las entidades financieras tradicionales, la resolución de los conflictos con ellos quedaba fuera del ámbito actual en el sistema de reclamación extrajudicial.

Además, como he dicho, también se ensancha la protección más allá de las normas estrictas de conducta financiera. Este proyecto incluye también reclamaciones por incumplimiento de los códigos de autorregulación que han sido voluntariamente suscritos por las entidades financieras.

Aquí déjenme romper una lanza a favor del trabajo conjunto que hemos venido realizando en los últimos años el Gobierno con las entidades financieras para desarrollar estos protocolos en materia de inclusión financiera para mayores, para personas con discapacidad y también en el ámbito rural. El cumplimiento de estos códigos de autorregulación voluntariamente suscritos también va a caer bajo el ala de la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Para los que nos estén escuchando, algunos ejemplos de elementos específicos o de reclamaciones que podrá atender la nueva autoridad: el cobro de una comisión que no obedezca a ningún servicio que haya sido solicitado; la devolución de un recibo ― por ejemplo, un recibo del gas― sin que se haya informado de ello al cliente; en el caso de la contratación de una hipoteca, la imposición de una tasadora específica al cliente; la denegación de la indemnización tras un siniestro que está incluido en la póliza. Son solo algunos ejemplos de las reclamaciones que van a poder hacer los clientes financieros ante la nueva autoridad.

Y como adelantaba anteriormente, también aquellos clientes potenciales, en particular los solicitantes de las cuentas de pago básicas, van a tener amparo, van a tener recurso ante esta Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Las reclamaciones que se presenten ―esta es otra de las novedades― pueden tener o no un contenido económico. Ejemplo de reclamaciones sin contenido económico: cuando se vulnera el derecho a la apertura de una cuenta de pago básica o también el derecho a la recepción de la información necesaria previa a la contratación o a la firma de un contrato de un producto financiero específico. Estos elementos ―resolución vinculante, devolución de importes indebidamente cobrados, potestad sancionadora― son otros elementos fundamentales ante incumplimientos en la resolución y garantizan la efectividad de este mecanismo extrajudicial de reclamación.

Otro elemento fundamental —‌como decía anteriormente— es la gratuidad. Para garantizar el efectivo y universal acceso a este mecanismo de resolución, lo que hemos planteado en este proyecto, como no podía ser de otra manera, es la gratuidad del sistema. Los ciudadanos no van a tener que recurrir a los costes típicamente asociados al recurso de los tribunales de justicia, como un procurador o un abogado; por lo tanto, garantizamos el acceso de todos ciudadanos a un sistema de resolución de disputas vinculante. Además, la autoridad prestará una atención no solo gratuita, sino personalizada. Esto es particularmente importante, damos un paso más allá en nuestra lucha por la atención personalizada también en materia de inclusión financiera a nuestros mayores, a colectivos vulnerables o a personas con discapacidad. Vamos a elaborar un modelo sencillo y accesible para que todos los ciudadanos puedan presentar sus reclamaciones, tanto a través de canales presenciales como telefónicos o telemáticos. Además, por supuesto, con ese objetivo general de contribuir a la inclusión financiera, el proyecto de ley establece también la obligación de fomentar la educación financiera a través de un elemento de colaboración con los supervisores financieros por parte de la autoridad. Como decía, por lo tanto, estas mejoras nos ayudan a incluir un elemento adicional en esa lucha contra la exclusión financiera y la vulnerabilidad específica de determinados colectivos.

En cuanto a la organización en sí, el funcionamiento institucional de la autoridad, déjenme darles algunos detalles. Como decía, por supuesto, cabe destacar, en primer lugar, que se trata de un único órgano que va a juntar las funciones que hasta ahora estaban siendo desarrolladas por los servicios de reclamaciones del Banco de España, de la Dirección General de Seguros y también de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esto implica que la resolución de las reclamaciones presentadas ante la autoridad dejará de depender del segmento del sector financiero específico en que se origine, dejará de depender del supervisor que las resuelva y también de la tipología de la entidad ante la que se está reclamando, y de si esta está o no siendo supervisada.

Con la implantación de la autoridad vamos a dar un tratamiento uniforme a todas las reclamaciones. Esto, por supuesto, va a incidir positivamente también en la resolución de los conflictos relacionados con productos financieros híbridos o más complejos, que normalmente combinan características de distintas tipologías: elementos o productos de ahorro, inversión y también de seguro. Para cumplir con estas funciones, la autoridad estará dotada de un presidente o presidenta y también de una vicepresidencia y de un consejo rector, que es el órgano que ayudará precisamente, tanto a los titulares de la presidencia como de la vicepresidencia, a llevar a cabo las funciones ejecutivas de estas. En este mismo consejo rector señalo que estarán presentes también representantes de los supervisores. La autoridad va a contar además con secciones específicas, que serán los órganos colegiados competentes a la hora de resolver las reclamaciones. Estos estarán formados por vocales con experiencia y capacidad, cuyo puesto estará dotado de un elevado grado de independencia. Se prevé, en tercer lugar, que exista un consejo asesor con funciones consultivas, que va a incorporar a representantes del Consejo de Consumidores y Usuarios, de asociaciones representativas de personas mayores, de asociaciones representativas de personas con discapacidad, de las patronales del ámbito financiero y también representantes regionales, de las comunidades y de las ciudades autónomas, así como a expertos independientes.

Con respecto al esquema de financiación, para ahondar en la independencia de la propia autoridad, hemos previsto que esta se financiará con el pago de una tasa que abonarán las entidades financieras que, como novedad, será variable. Una tasa variable tanto en función del número de reclamaciones totales que tenga una entidad como de aquellas reclamaciones que sean resueltas a favor de los clientes. Por lo tanto, esto da un incentivo positivo a que las entidades resuelvan de manera favorable y accedan a un mayor y mejor cumplimiento de la normativa actual en materia de conducta. Este modelo de financiación, como decía, es también un paso adicional hacia la independencia de la propia autoridad.

Hay elementos adicionales que están incluidos en el proyecto de ley. En primer lugar, un elemento que a lo mejor puede parecer más anodino, pero que es muy importante, es la introducción por primera vez en nuestro derecho del principio general de prestación personalizada en el ámbito de los servicios financieros. Se entiende por prestación personalizada aquella que tiene en cuenta elementos tan esenciales como la edad o la potencial situación de discapacidad de la persona a la que se están prestando los servicios, características de la zona geográfica donde se reside o también el nivel de competencias digitales de la persona que recibe los servicios. La obligación de esta prestación personalizada corresponderá a las entidades financieras y es el supervisor el que actuará de garante de la misma.

Además, como elementos adicionales que hemos incluido en este proyecto de ley, siguiendo en este caso las recomendaciones del Defensor del Pueblo, modificamos el régimen de cuentas de pago básicas para mejorar la inclusión financiera en tres sentidos amplios. En primer lugar, se mejora la garantía del derecho a una cuenta de pago básica, especialmente para aquellas personas más vulnerables. En segundo lugar, se corrige la situación actual por la que una persona vulnerable que tenga una cuenta ya abierta debe cerrarla antes de solicitar una cuenta de pago básica. Y, por último, se encomienda al Banco de España la elaboración de un modelo de solicitud normalizado, estandarizado, para estas cuentas de pago básicas, para facilitar precisamente el acceso por parte de potenciales usuarios o clientes, evitando situaciones de indefensión. Una tercera modificación adicional muy relevante para la protección del cliente es la obligación de permitir la cancelación telemática de aquellas cuentas a las que el usuario puede acceder, o que se hayan abierto también de manera telemática, sin necesidad de acudir físicamente a la sucursal si se desea dejar de ser cliente de una entidad financiera.

Además, hay otras modificaciones adicionales como, por ejemplo, el hecho de dotar al Banco de España de la capacidad ―que ya tiene la CNMV― de inspeccionar las entidades de su ámbito mediante la técnica conocida como mystery shopping; es decir, hacerse pasar por un cliente sin revelar su condición de inspector para conocer de primera mano y de forma más directa cuál es la naturaleza del cumplimiento en materia de conducta de las entidades financieras. Esta técnica de inspección, como decía, ya la utiliza la CNMV y se ha revelado muy eficaz para saber de primera mano cuál es la realidad del cumplimiento de la normativa de conducta. Asimismo, la apertura del régimen de entidades colaboradoras con la Seguridad Social para avanzar en la lucha contra la discriminación por IBAN y permitir a las entidades de pago realizar estos servicios en igualdad de condiciones con los bancos. Algunos elementos adicionales que hemos introducido son más técnicos, como, por ejemplo, alguna modificación en el régimen de la Central de Información de Riesgos del propio Banco de España.

Déjenme terminar haciendo un repaso a cómo ha sido la tramitación parlamentaria de este proyecto. Como bien saben sus señorías, esta no es la primera vez que un ministro de Economía trae a esta Cámara este proyecto. El anteproyecto del ministro Escolano del que parte el documento que nos ocupa hoy llegó a publicarse en consulta pública en el año 2018. Fue la ministra Calviño la que en el año 2023 trajo a esta Cámara una primera versión de este proyecto de ley, que tuvo —‌tengo que reconocer— una próspera y constructiva tramitación parlamentaria, así como una aprobación, hace apenas poco más de un año, por la mayoría de este Congreso, aunque desafortunadamente decayó justo antes de su adopción final por el Senado, con motivo de la disolución de las Cortes por la convocatoria de las elecciones generales.

La relevancia de la materia y, por supuesto la demanda ciudadana que tenemos y a la que queremos responder, pese a este desafortunado calendario legislativo, ha hecho que este sea uno de los primeros proyectos que hemos vuelto a retomar por parte del Gobierno, con el objetivo, como decía inicialmente, de completar esa red de protección de los clientes financieros. En este proyecto han participado una pluralidad de agentes, incorporando numerosas propuestas y sugerencias. De hecho, en audiencia pública se han recibido más de 35 contribuciones, entre las que se incluyen las de las patronales, asociaciones de consumidores y usuarios o también entidades del tercer sector. Esta alta participación, por supuesto, es muy valiosa, puesto que ha hecho que se enriquezca el debate y que sea un debate que tengamos en primera plana y al que estemos dando respuesta en el Gobierno. Es un debate que afecta de manera directa a los derechos y al bienestar de los ciudadanos.

Como ya he comentado anteriormente, el texto recoge modificaciones puntuales de otras normativas financieras, fruto de la tramitación parlamentaria en la pasada legislatura, que ya se incluyó en la nueva versión de este texto desde el primer momento. Este texto bebe, por lo tanto, del acuerdo alcanzado hace poco más de un año. Además, en las distintas fases de la nueva tramitación se han ido introduciendo mejoras, algunas de carácter técnico y procedimental y otras de mayor calado, mejoras que hacen —‌yo creo— que estemos ante una versión actualizada, aumentada, que esperamos que pueda contar también con la mayoría de esta Cámara.

Se ha modificado, entre otras cosas, con respecto a la versión que ya fue aprobada por esta Cámara, el régimen de financiación, pasando de una tasa única de 250 euros por reclamación a una tasa que, como he dicho anteriormente, es variable en función del número de reclamaciones que se presentan para cada entidad y también de aquellas que acaban resueltas de manera favorable al cliente. Por lo tanto, esta es una de las novedades, de las mejoras que hemos introducido. Se ha clarificado también el régimen de recursos en sede judicial, de manera que las resoluciones materiales ante la autoridad serán recurribles ante el orden civil. Y, siguiendo las preocupaciones expresadas en este caso por el Grupo Popular, se han eliminado posibles resarcimientos económicos por reclamaciones sin contenido económico. Se han reforzado los mecanismos de reporte al supervisor de posibles incumplimientos en este ámbito y se ha reforzado también la transparencia en el reporte y en el desglose de la información con respecto a posibles incumplimientos no económicos por parte de las entidades financieras. Se ha dado un peso más fuerte al tercer sector, por ejemplo, con su inclusión en el consejo asesor de la autoridad, como pedían varios de los grupos aquí presentes.

Estas son solo algunas de las mejoras que se han realizado con respecto a un texto que, como decía, ya tuvo la aprobación de esta Cámara. Nos encontramos, por lo tanto, con un texto que parte de varios mandatos del legislador y que parte también de esa aprobación de la mayoría de la Cámara de representantes del pueblo. Por lo tanto, recoge además mejoras adicionales en respuesta a las preocupaciones planteadas por los distintos grupos.

En este contexto y dados estos precedentes, permítanme decirles que sorprende la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular. Permítanme recoger aquí, puesto que la sorpresa no solo es mía, lo que decía algún medio de comunicación estos días. De hecho, voy a citar a El Periódico de Cataluña: El PP se impugna a sí mismo este jueves en el Congreso. Esta es un poco la sensación con respecto a esta enmienda a la totalidad. Porque déjenme cerrar, señorías, recapitulando cuatro razones esenciales para rechazar esta sorprendente enmienda a la totalidad. La primera de ellas es la relevancia del proyecto que hoy debatimos. La segunda es la respuesta necesaria a la demanda de la ciudadanía para una mejora en el sistema de protección de sus derechos como clientes financieros. La tercera es la que hace referencia al trabajo ya realizado en esta Cámara; este texto mejora el texto que salió de la tramitación parlamentaria en la pasada legislatura y, por lo tanto, partimos de un texto que ya fue acordado, y es el que ha servido de base para este nuevo proyecto. Así lo reconoció el propio Grupo Popular durante la votación en el Pleno del dictamen del proyecto del año pasado, expresando un voto de abstención, en ese caso, estando de acuerdo en la necesidad de avanzar y también reconociendo no solo la mejora que suponía la tramitación parlamentaria en los distintos ámbitos que les preocupaban originalmente, sino también el valor del texto que se aprobaba tras la tramitación parlamentaria. La cuarta razón es, más allá de este texto ya aprobado, que ya obtuvo la mayoría de esta Cámara, lo que tenemos son nuevas modificaciones que lo mejoran, que se han introducido a raíz de las contribuciones que hemos recibido por parte de todos los grupos parlamentarios y que responden también a algunas de las preocupaciones que ya se señalaron, que se manifestaron en el pasado durante la votación, como las reclamaciones sin contenido económico o posibles reclamaciones espurias también.

Creo que son razones suficientes para rechazar esta enmienda a la totalidad y ponernos a trabajar, señorías, para acordar un texto que es muy necesario y también muy esperado por los ciudadanos. En ese sentido, lo que van a encontrar en el Gobierno y en el ministerio es una disposición a trabajar sobre todas las enmiendas que se vayan a presentar con el objetivo de ir avanzando, porque queremos avanzar de manera ágil y cerrar con éxito este proyecto, que constituye, como he dicho inicialmente, la clave de bóveda de un sistema reforzado para garantizar la defensa de los clientes financieros.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidenta. El 18 de mayo de 2023, se aprueba en el Congreso el Proyecto de Ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero. Se remite, como es habitual, al día siguiente al Senado, pero como todos sabemos, tras el fracaso y la derrota en las elecciones municipales, Pedro Sánchez convoca elecciones al día siguiente. Con la disolución de las Cámaras, la ley decae y ha de reiniciarse la tramitación en esta legislatura. Por ello, y para ser tramitada con carácter de urgencia, vuelve de nuevo a la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital, aunque la urgencia no la estamos visibilizando —‌por ahora— con las veinticinco ampliaciones de los plazos de enmiendas. Señorías, en el momento actual, en el que coinciden, por un lado, la ausencia de presupuestos generales del Estado y la incapacidad de aprobar una senda de déficit y de deuda necesaria para el comienzo de la tramitación de los presupuestos de 2025 y, por otro, la entrada en vigor de la reforma del marco fiscal de la Unión Europea, que establece nuevas reglas fiscales que hacen imprescindible exigir a los poderes públicos control en sus decisiones y en sus políticas, buscando la mayor eficacia, pero también la mayor eficiencia en la utilización de fondos públicos, el Grupo Parlamentario Popular considera que este proyecto de ley no cumple con las exigencias que requiere este momento, y no lo hace por varios motivos. En primer lugar, y al margen del modelo organizativo de funcionamiento al que me voy a referir a continuación, nos gustaría señalar que lo más importante es garantizar la independencia efectiva de los órganos supervisores, y no solo del que se pretende crear, sino de todos. Este es un aspecto que tiende a considerarse por descontado, y a menudo no se le presta la atención suficiente, a pesar de que actualmente nuestro país presenta un déficit muy preocupante en este terreno. Esta semana se ha cumplido un año de la investidura de Pedro Sánchez, que se nos ha hecho corto si pensamos en la acción de un Gobierno incapaz de sacar adelante votaciones trascendentales para nuestro país. Habrá que felicitar a Sánchez, porque tiene lo que quiere: mantenerse en la Moncloa. (Aplausos). Pero, señorías, los que no tenemos nada que celebrar somos los españoles. Llegó a la Moncloa en junio del 2018 y asaltó numerosos organismos del Estado, colocando a militantes socialistas y a afines al frente de estos. Señor Cuerpo, el Gobierno del que forma parte ha demostrado ser incapaz de mantener la mínima independencia y neutralidad de las instituciones. Si no, que se lo pregunten a la consejera del Banco de España, a la que se le intentó forzar su dimisión en un nuevo episodio del insólito ejercicio del poder del Gobierno en las instituciones. (Aplausos). El último ejemplo ha sido nombrar gobernador del Banco de España a un ministro que seguía en activo en el momento de su nombramiento, contraviniendo el requisito de independencia. Estamos seguros de que la nueva autoridad independiente objeto de este proyecto de ley no sería una excepción a esta vergonzosa colonización de las instituciones, señor Cuerpo. En segundo lugar, me voy a referir al modelo elegido por el Gobierno. La Directiva 2013/11 de la Unión Europea, que se incorpora al ordenamiento jurídico por la Ley 7/2017, que promueve el establecimiento de entidades independientes capaces de resolver litigios con los clientes, aportando soluciones eficaces y constituyéndose en una alternativa al procedimiento judicial, es en la que se ampara el proyecto de ley para crear la nueva autoridad, pero es que dicha directiva no impone el modelo centralizado en una nueva —‌y hago hincapié en «nueva»— autoridad como modelo a seguir. La nueva autoridad que se propone ejercería competencias de resolución de reclamaciones de los clientes financieros, que en la actualidad desempeñan los tres supervisores: Comisión Nacional del Mercado de Valores, Banco de España y Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Se justifica en la exposición de motivos que con la nueva reforma se pretende reforzar el sistema extrajudicial de resolución de conflictos en el ámbito financiero que figura en el componente 11, reforma 3, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuando lo que promueve es que se establezcan entidades independientes como alternativas a las judiciales para resolver conflictos de intereses, pero no prejuzga su organización. Por lo que, señor Cuerpo, a pesar de que seguimos compartiendo el objetivo final de impulsar este sistema extrajudicial de resolución de conflictos en este ámbito, no compartimos el procedimiento elegido. Creemos que se puede proteger a los clientes financieros, en especial a los más vulnerables —p‌ ersonas mayores o personas procedentes del ámbito rural— sin realizar una reforma administrativa de tanto calado y con un coste tan elevado.

Baste el ejemplo de la autoridad independiente de Reino Unido —‌que se utiliza de forma indisimulada como modelo en este proyecto de ley—, que ha aumentado su tamaño año tras año y ya se acerca a los cinco mil funcionarios desde los cerca de mil con los que empezó. Además, señor ministro, la experiencia comparada con respecto a la creación de organismos similares al que regula este proyecto de ley no ha sido la práctica común, y la mayoría de los países han optado, bien por mantener las estructuras de servicios de reclamaciones que ya existen, bien por crear una única autoridad competente, apoyándose en los servicios de reclamación extrajudicial que ya tenían. En este proyecto de ley queda claro que el Gobierno se ha decantado por la existencia de cuatro instituciones: Banco de España, CNMV y Seguros y la nueva autoridad.

En tercer lugar, entro en el último punto que sostiene esta enmienda a la totalidad del proyecto de ley de creación de la nueva autoridad. En este punto cabe señalar que durante años hemos defendido en nuestro programa un modelo de dos instituciones: uno de solvencia y otro encargado de velar por que la conducta de las compañías se rigiera por normas éticas y establecidas. Se han discutido hasta la saciedad las ventajas e inconvenientes de los modelos de supervisión en este ámbito. El Congreso de los Diputados —‌usted lo ha reseñado en su intervención— se ha manifestado en dos ocasiones, con motivo de la Comisión de investigación de la crisis financiera y también con las resoluciones de la Comisión de reconstrucción, a favor las dos veces del modelo twin peaks de supervisión, donde el responsable de la supervisión de solvencia fuera el Banco de España y el de conducta, la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esta solución sería más sencilla y económicamente más eficiente. La propuesta de twin peaks ha sido defendida por el gobernador del Banco de España —e‌ l independiente, para que me entiendan— en numerosas ocasiones, y cito textualmente: Para mí el mayor coste es no dar un salto adicional hacia el modelo de twin peaks. En este sentido, apuntó que si se hubiera optado por este sistema de supervisión no haría falta crear una nueva autoridad, dado que habría sido la CNMV la que concentraría todas las reclamaciones.

También criticó que esta autoridad así concebida aumentaría la litigiosidad, pero habrá que preguntar la opinión al nuevo gobernador del Banco de España en sustitución del gobernador independiente. Por cierto, la labor de este último, de Hernández de Cos, fue reconocida por todos y cada uno de los grupos que conformamos la Comisión de Economía en la última sesión en la que él compareció. En este mismo sentido se ha pronunciado el presidente de la CNMV hace poco más de un mes cuando señala, y leo también textualmente: Personalmente llevo diciendo lo mismo desde 2005, cuando entré en la CNMV, soy partidario del modelo twin peaks. Y argumenta las mismas razones que defendemos y que defiende el sector. Por eso, y dada la solución actual, no compartimos que se opte por este modelo híbrido de reparto de competencias, porque lo que se propone es que tanto la vigilancia de la solvencia como la vigilancia de la conducta sigan en manos de los tres órganos actuales —‌Banco de España, CNMV y Seguros—, mientras que se establece que las funciones de resolución administrativa de conflictos se integrarían en el cuarto órgano de nueva creación, que estaría encargado de resolver todas las reclamaciones financieras. Por lo tanto, serían cuatro los organismos que tendrían competencia en materia de protección del consumidor.

En definitiva, y como señalé antes, estimamos que se pueden alcanzar los mismos objetivos que pretende el proyecto de ley de creación de la autoridad sin necesidad de crear una nueva estructura administrativa con doscientos cincuenta efectivos y un coste de 25 millones de euros anuales en personal y coste inicial, que a buen seguro, y siguiendo el ejemplo británico, aumentaría sensiblemente.

Termino como empecé. Lo importante es garantizar la independencia efectiva de los organismos públicos. En 2014, solo cuatro años antes de la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, este escribió un tuit que textualmente decía: Hay que acabar con la colonización por los partidos de las instituciones, sustituir la afinidad por el mérito y la capacidad. (Aplausos.―Varios señores diputados: ¡Muy bien!). Señorías, hoy en día ya hay más de cincuenta instituciones colonizadas por Sánchez porque, antes de la RTVE —q‌ ue culminará la semana que viene—, ha habido otras colonizaciones: fiscal general del Estado, Consejo de Estado, Tribunal Constitucional, el CIS, Correos, el INE, y estamos seguros de que la nueva autoridad independiente objeto de este proyecto de ley no sería una excepción a esta vergonzosa colonización de las instituciones.

Señorías, ¿creen que Sánchez mintió en el tuit de 2014? No les dejo contestar: no mintió, cambio de opinión; es lo que pasó. Y junto a las mentiras sobre declaraciones hechas en años anteriores, va acumulando frases que pasarán a la historia y que reflejan perfectamente la personalidad del nefasto presidente que está teniendo España desde 2018. Esperemos que se acabe pronto por el bien de España. A la frase tan dolorosa sobre la tragedia de la DANA ―si necesitan más recursos, que los pidan― se unirán otras más que también dan idea de su catadura moral.

Hoy, Aldama, empresario encarcelado por la trama de corrupción que envuelve al PSOE y al Gobierno socialista, ha declarado ante un juez que el presidente, el ‘número 1’, le dijo: Gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado. (Aplausos). Señor Cuerpo, se trata del mayor escándalo que se ha dado en democracia, que involucra a ministros. Usted lleva poco tiempo, pero si su antecesora ha sido informada, ¿lo son todos?, ¿cómo funciona esto?, ¿se informan en el Consejo de Ministros? Es de tal gravedad lo que está saliendo que, de cumplirse solo la mitad, el PSOE quedaría totalmente abatido.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Lo cierto es que ya en la legislatura anterior debatimos dos enmiendas a la totalidad acerca de este proyecto, la que presentó Esquerra Republicana, por un lado, y la que presentó VOX, si bien con argumentos muy distintos. Fíjense, tampoco ha pasado tanto tiempo y, hoy, sin embargo, ninguno de esos dos grupos ha presentado una enmienda a la totalidad y, en cambio, es el Grupo Popular el que nos la presenta, algo que sorprende ya que el proyecto que hoy se nos presenta es una mejora del inicialmente aprobado en su día, al que se abstuvo el Grupo Popular en la votación del dictamen del proyecto de ley. Mi grupo ya dijo en su día que la creación de esta autoridad supondrá la puesta en marcha de un mecanismo de resolución de controversias entre las entidades financieras y sus clientes a través de una única autoridad administrativa. Hasta ahora es verdad que la resolución de las reclamaciones financieras se reparte entre tres organismos: Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Además, como las entidades financieras son entidades supervisadas por el Banco de España, sus decisiones pueden ser reclamadas ante el Banco de España que, junto con la CNMV, mantienen una función de prevención de buenas prácticas y uso financiero dentro de su cualidad de entidades supervisoras. Si el cliente, además, no tiene satisfacción mediante estas vías, le queda abierta la vía jurisdiccional. No podemos obviar tampoco los avances legislativos para la implementación de diferentes fórmulas de resolución extrajudicial de conflictos, como son la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje, o el Real Decreto Ley 1/2017, de 20 de enero, de Medidas Urgentes de Protección de Consumidores en Materia de Cláusulas Suelo. Además, la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, trasposición de la Directiva 2013/11, de 21 de mayo, prevé en su disposición adicional primera la creación por ley de una única entidad con competencias para la resolución, con carácter vinculante o no, de litigios de consumo en el sector financiero y obliga a las entidades financieras a participar en los procedimientos de dicha entidad de resolución alternativa de litigios; pero no regula ni desarrolla dichos procedimientos, y solo se limita a establecer los requisitos que buscan la armonización de la calidad de las entidades de resolución alternativa a las que pueden recurrir los y las consumidores y los empresarios y empresarias para la resolución de sus litigios. Por lo tanto, la citada directiva permite que los Estados miembros hagan uso de las entidades de resolución alternativa de litigios de consumo ya existentes, pero no impide en ningún caso la creación de nuevas entidades que desarrollen la misma actividad; pero tanto unas como otras, las entidades ya creadas y las de nueva creación, deberán ajustarse por igual a las exigencias y procedimientos establecidos por los Estados miembros si desean ser acreditadas.

Por tanto, el proyecto de ley crea esa nueva autoridad, que integrará a los actuales servicios de reclamaciones de los organismos supervisores para resolver reclamaciones contra incumplimiento de las normas de conducta, buenas prácticas y usos financieros sobre el carácter abusivo de las cláusulas contractuales. El instrumento de resolución extrajudicial que se regula en este proyecto de ley es voluntario y alternativo, tanto en la jurisdicción civil como en el acceso a cualquier otro medio alternativo de resolución de controversias, como puede ser el sometimiento a los procedimientos arbitrales de consumo o a los establecidos por otras entidades acreditadas. No se sustituyen, sino que se refuerzan otros mecanismos que ya están a disposición de los clientes financieros.

De esta autoridad y de este mecanismo se ha venido hablando en la Comisión de investigación sobre la Crisis Financiera, en la que, entre las conclusiones aprobadas en cuanto a los organismos reguladores, se manifestaba la necesidad de disponer de un mecanismo eficaz de resolución de disputas entre clientes y entidades financieras, corroborando, por tanto, que el sistema no ha sido del todo eficaz, proponiendo, además, la valoración de la arquitectura institucional denominada twin peaks. También se ha hablado de ella más recientemente, con motivo de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, en la que se precisaba que España mantiene aún la estructura de supervisión previa a la crisis, siendo uno de los pocos países de la Unión Europea con tres organismos supervisores cuyas competencias en ocasiones se solapan entre sí, y se hacía necesaria una reforma integral del modelo de supervisión financiera hacia otros con dos organismos gestores centrados en tareas específicas, modelo conocido como twin peaks. En esto se basa o se justifica la enmienda a la totalidad que hoy nos presenta el Grupo Popular.

En definitiva, el prelegislador podía haber optado por este sistema, por el sistema arbitral de consumo actual, pero nada impide la creación de esta nueva autoridad incardinada en el ámbito de la supervisión de las entidades financieras y que responde a un modelo híbrido, que no responde ni al modelo sectorial ni al integrado en dos pilares.

Mi grupo entiende que es necesario establecer mecanismos para avanzar y mejorar en la protección a la ciudadanía en sus relaciones con el sistema y servicios financieros en un ámbito, además, donde hay una asimetría de información y en un entorno en el que la complejidad de los servicios financieros es cada vez mayor. Por tanto, es necesario dar una respuesta eficaz a las reclamaciones de usuarios en el ámbito hipotecario, de tarjetas, condiciones del seguro, operaciones de valor, transferencias, comisiones, en un escenario en el que aún hay miles de ciudadanos y ciudadanas que no han tenido una respuesta judicial frente a reclamaciones de operaciones firmadas con anterioridad al año 2014, cuando ya estamos en 2024. Llevan demasiado tiempo esperando una solución y, por tanto, es el momento de actuar. Es fundamental que los clientes financieros dispongan cuanto antes de un instrumento que les permita sobrevivir en el cada vez más complejo mundo en el que los usuarios de servicios financieros se encuentran, además, cada vez más indefensos frente a las técnicas, las tecnologías e incluso las estrategias comerciales de un sector en el que hasta hace muy poco un cliente gestionaba sus ahorros con una simple libreta o cartilla de ahorros, pero que ahora, sobre todo para los clientes mayores y pensionistas, resulta una misión prácticamente imposible, y en la que además se sienten vulnerables y desprotegidos. Por tanto, creemos necesario tener un mecanismo y procedimiento ágil y eficaz para potenciar la resolución extrajudicial de conflictos y reducir la judicialización en el ámbito financiero; un mecanismo que, además, fue mejorado en el trámite de enmiendas en cuanto a la definición de cliente potencial, las reclamaciones sin contenido económico, el famoso tema de la tasa, la financiación de la autoridad, las resoluciones vinculantes, las revisiones judiciales, la cuenta básica de clientes, etcétera; todo ello, como he dicho, en aras de conseguir un mecanismo ágil y eficaz para la ciudadanía.

Por eso, hoy no vamos a votar a favor de la enmienda a la totalidad. De todas formas, mi grupo trabajará para mejorar quizá un poco más este proyecto de ley a través de la interposición de enmiendas, que espero puedan contar con el apoyo del Gobierno y del resto de grupos.

Nada más y muchas gracias.

Gràcies, presidenta. Bona tarda, ja! Des del nostre grup, votarem en contra d’aquesta esmena a la totalitat. El projecte de llei d’esmena, per nosaltres, és una eina legislativa necessària per construir una arquitectura de regulació financera que protegeixi els consumidors i, alhora, els defensi davant de les pràctiques abusives de les entitats financeres. No oblidem d’on venim. La crisi financera de l’any 2008 va portar al PSOE primer i al PP després a realitzar un rescat bancari. Amb la bandera capitalista que no ens podem permetre una fallida del sistema financer, els dos grans partits aviat es van posar d’acord per realitzar una injecció massiva de diners públics a la banca espanyola. Resultat: una reestructuració bancària on es van transferir més de 120 000 milions d’euros de l’erari públic, en forma d’ajuts en recapitalització. Anys després, aquest rescat bancari no ha estat retornat íntegrament a la ciutadania i, segons el Banc d’Espanya, hi ha més de 60 000 milions d’euros impossibles de recuperar. Tot i això, la banca continua sense fer aquest retorn a la ciutadania. Encara hi ha milers de persones en mans de la seva usura. Per fer recordatori, mentre l’Estat espanyol salvava la banca regalant milions d’euros de l’erari públic dient que no hi havia alternativa, desenes de milers de famílies perdien casa seva —‌eren expulsats de casa seva— i milers de petits empresaris no podien fer front a les seves despeses bancàries degut a l’esclat de la crisi financera. Ells i elles, que en definitiva som nosaltres, érem els qui realment no teníem alternativa. Les entitats financeres tenen molt més poder que els clients individuals. Per tant, aquesta autoritat pot equilibrar aquesta situació oferint als clients un recurs efectiu i accessible que no depengui exclusivament dels tribunals. L’autoritat ha de proporcionar un sistema gratuït, imparcial i ràpid, perquè els clients puguin veure ateses les seves reclamacions envers les entitats financeres. Una autoritat com aquesta ha de contribuir a frenar males pràctiques i a sancionar aquelles entitats que no compleixin amb els estàndards mínims d’equitat. També creiem imprescindible, en un context de concentració bancària com l’actual, la creació d’aquesta autoritat de defensa del client, perquè pot ajudar a frenar possibles abusos derivats de la manca de competència i a preservar la qualitat del servei. Per Esquerra, és un dels punts importants d’aquesta llei acabar amb l’exclusió financera que pateixen moltíssimes persones. Com segurament poden imaginar, treballarem esmenes per aquesta llei amb l’objectiu d’assegurar que l’Autoritat de defensa del client financer asseguri la inclusió de la ciutadania i l’accés als productes bàsics per operar en un món digital. Sobretot vetllarem especialment pels col·lectius en situació de vulnerabilitat, ja sigui per discapacitat, edat o origen. Els bancs, els últims anys, han retallat també en infraestructura i serveis. Per exemple, a la circumscripció de Lleida van passar de tenir 199 caixers automàtics a tenir-ne 49, una caiguda del 75 % en 15 anys. De fet, en el conjunt de l’Estat, segons el Banc d’Espanya, en un sol any els caixers automàtics al conjunt de tot l’Estat han caigut un 7,2 %. I si fixem la mirada als municipis més petits, els de menys de 500 habitants, la caiguda ha estat de l’11 %, de 426 a 379 caixers. S’entén quina és la tendència de la banca, oi? Per tant, prenguin d’exemple el projecte de llei enviat des del Parlament de Catalunya redactat pel govern republicà. Des d’Esquerra Republicana es van fer grans passes per avançar en la inclusió financera. Es va treballar i ja és una realitat la posada a disposició de caixers automàtics als centenars de municipis, d’on els bancs n’han anat marxant les darreres dècades, tot i tenir grans beneficis. I és que el problema, quan una oficina tanca, no és només l’afectació als usuaris que es queden sense serveis, sinó que també al darrere deixa reestructuració laboral, provocant acomiadaments col·lectius, baixades de sou i despoblament rural. Una altra de les problemàtiques que detectem és que els productes financers han arribat a un gran nivell d’especialització. Aquesta problemàtica es veu incrementada per les noves tecnologies aplicades en productes fintech. Caldrà, doncs, apoderar els consumidors i usuaris per conèixer els productes que ofereixen les entitats financeres, però no amb l’objectiu de encolomar productes com fa habitualment la banca, sinó amb la formació financera necessària que els garanteixi un alt nivell de protecció. Per tant, i per acabar, votarem negativament a aquesta totalitat. I senyor Casares, senyor ministre Cuerpo, vagin prenent apunts, perquè presentarem esmenes per facilitar l’acreditació de persones que han arribat recentment a l’Estat a productes financers bàsics, per oferir eines presencials i telefòniques, a més de les virtuals, perquè tothom pugui accedir a l’autoritat, per garantir l’atenció als usuaris en ciutats de menys de 50 000 habitants, per millorar la protecció en cas de clàusules abusives, ampliar el llindar de clàusules vinculants per dotar de pes efectiu aquesta autoritat, establir uns terminis d’admissió a tràmit i resolució adequats per assegurar que els consumidors no es trobin en una situació d’indefensió prolongada en el temps.

En definitiva, hem de reforçar aquesta autoritat per a que sigui una eina essencial per protegir els drets financers del conjunt de la població, però especialment en el conjunt de la població d’aquells més vulnerables, i posar en evidència…, ai, sí, posar en evidència la necessitat de polítiques públiques fortes. És el moment d’enfortir el públic davant d’un sistema financer que hem vist que massa sovint prioritza el benefici a curt termini sobre el benestar comú, que és la usura de la banca que hem anat repetint cada vegada que n’hem tingut oportunitat.

Gràcies.

Gracias, presidenta. Buenas tardes ya. Desde nuestro grupo votaremos en contra de esta enmienda a la totalidad al proyecto de ley. Para nosotros es una herramienta legislativa necesaria para construir una arquitectura de regulación financiera que proteja a los consumidores y, a la vez, los defienda ante las prácticas abusivas de las entidades financieras. No olvidemos de dónde venimos. La crisis financiera de 2008 llevó al PSOE primero y al PP después a realizar un rescate bancario. Con la bandera capitalista de «no nos podemos permitir la quiebra del sistema financiero», los dos grandes partidos se pusieron pronto de acuerdo para realizar una inyección masiva de dinero público a la banca española, que tuvo como resultado una reestructuración bancaria, a la que se transfirieron más de 120 000 millones de euros del erario público, en forma de ayudas en recapitalización. Años después, ese rescate bancario no ha sido devuelto íntegramente a la ciudadanía y, según el Banco de España, hay más de 60 000 millones de euros imposibles de recuperar. A todo esto, la banca sigue sin hacer este retorno a la ciudadanía, y hay miles de personas en manos de su usura. A modo de recordatorio, mientras el Estado español salvaba a la banca, regalando millones de euros del erario público y diciendo que no había alternativa, decenas de miles de familias perdían su casa y eran expulsadas de su casa, y miles de pequeños empresarios no podían afrontar sus gastos bancarios debido al estallido de la crisis financiera. Ellas y ellos, que somos nosotros, en definitiva, eran quienes realmente no tenían alternativa, pues las entidades financieras tienen mucho más poder que los clientes individuales. Por tanto, esta autoridad puede equilibrar esa situación, ofreciendo a los clientes un recurso efectivo y accesible, que no dependa exclusivamente de los tribunales. La autoridad ha de proporcionar un sistema gratuito, imparcial y rápido, para que los clientes puedan ver atendidas sus reclamaciones frente a las entidades financieras. Una autoridad como esta ha de contribuir a frenar malas prácticas y a sancionar a aquellas entidades que no cumplan con los estándares mínimos de equidad. También creemos imprescindible, en un contexto de concentración bancaria como el actual, la creación de esta autoridad de defensa del cliente porque puede ayudar a frenar posibles abusos derivados de la falta de competencias y a preservar la calidad del servicio. Para Esquerra uno de los puntos importantes de esta ley acabar con la exclusión financiera que sufren muchísimas personas. Como seguramente pueden imaginar, trabajaremos en enmiendas para esta ley, con el objetivo de asegurar que la autoridad de defensa del cliente financiero asegure la inclusión de la ciudadanía y el acceso a los productos básicos para operar en un mundo digital. Sobre todo, velaremos especialmente por los colectivos en situación de vulnerabilidad, sea por discapacidad, edad u origen. Los bancos en los últimos años han recortado también infraestructuras y servicios. Por ejemplo, en la circunscripción de Lleida, pasaron de tener 199 cajeros automáticos a tener 49, con una caída del 75 % en quince años. De hecho, según el Banco de España, en un único año los cajeros automáticos en el conjunto del Estado cayeron en un porcentaje muy considerable; y, si nos fijamos en los municipios más pequeños, los de menos de 500 habitantes, la caída ha sido de un 11 %, de 426 a 379 cajeros. ¿Ya se entiende cuál es la tendencia de la banca, verdad? O sea, que tomemos como ejemplo el proyecto de ley enviado al Parlamento de Cataluña y redactado por el Gobierno republicano. Esquerra Republicana ha dado grandes pasos para avanzar en la inclusión financiera, ha trabajado y ya es una realidad la puesta a disposición de cajeros automáticos en los centenares de municipios de donde los bancos se han ido marchando en las últimas décadas, a pesar de los grandes beneficios que han tenido. Porque cuando una oficina cierra, el problema no es solo la afectación a los usuarios que se quedan sin servicios, sino que también detrás deja todo lo que es la reestructuración laboral, provocando despidos colectivos, bajadas de sueldo y despoblamiento rural.

Otra de las problemáticas que detectamos es que los productos financieros también han llegado a un gran nivel de especialización. Esta problemática se ve incrementada por las nuevas tecnologías aplicadas en productos fintech. Habrá, pues, que empoderar a los consumidores y usuarios para conocer los productos que ofrecen las entidades financieras, pero no con el objetivo de encolomarles productos, como hace la banca habitualmente, sino una información financiera necesaria que les garantice un alto nivel de protección.

Por tanto, para terminar, votaremos negativamente a esta enmienda a la totalidad. Señor Casares y, también, señor ministro, vayan tomando apuntes, porque presentaremos enmiendas para facilitar la acreditación de personas que han llegado recientemente a productos financieros básicos en el Estado, con herramientas presenciales y telefónicas, además de las virtuales, para que todo el mundo pueda acceder a la autoridad, para garantizar la atención a los usuarios en ciudades de menos de 50 000 habitantes, para mejorar la protección en casos de cláusulas abusivas, ampliar también el umbral de cláusulas vinculantes para que sea efectiva esta autoridad y establecer plazos de admisión a trámite y resolución adecuados para garantizar que los consumidores no se encuentren en una situación de indefensión prolongada en el tiempo. En definitiva, hemos de reforzar esta autoridad, para que sea una herramienta esencial para proteger los derechos financieros del conjunto de la población, pero especialmente en el conjunto de la población de los más vulnerables, y poner en evidencia ―sí, poner en evidencia― la necesidad de políticas públicas fuertes. Es el momento de reforzar lo público ante un sistema financiero que hemos visto que demasiado a menudo prioriza el beneficio a corto plazo sobre el bienestar común, que es la usura de la banca, que hemos ido repitiendo cada vez que hemos tenido oportunidad.

Gracias. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Buenas tardes. Señorías, como ha comentado ya el ministro, hoy debatimos una norma de gran trascendencia para la protección de los derechos de los clientes financieros en nuestro país; una norma que, como ya han comentado también el ministro y varios compañeros, obtuvo una mayoría amplia en esta Cámara, pero en el último minuto, debido a la convocatoria de elecciones, pues no llegó terminar su trámite. El Grupo Popular ha presentado una enmienda a la totalidad a este proyecto de ley, que lo que hace es desarrollar la disposición adicional primera de la Ley 7/2017. Y es algo bastante curioso porque en la legislatura pasada no la presentó. Sí lo hizo VOX, aunque en esta legislatura no lo ha considerado, pero el Grupo Popular no presentó absolutamente ninguna enmienda. Y hoy nos propone una enmienda a la totalidad, con la justificación de que no hace falta esta autoridad para proteger a los ciudadanos frente a la banca y los grandes capitales, aunque, como bien sabéis, un ciudadano normal no tiene capacidad de protegerse frente a una gran entidad, como es la banca. Hoy os quería dar algunos datos. Entre 2017 y 2023 los tribunales dictaron 599 000 sentencias relacionadas con las cláusulas suelo, que incluso llegaron a los tribunales europeos. El cliente financiero ha ganado el 97 % de estas sentencias frente a la banca, pero aún quedan 140 000 casos pendientes de reclamaciones relacionadas con otros abusos de la banca frente al ciudadano. También, quiero contarles una anécdota que tuve con mi compañero Carlos Martín cuando empezamos esta legislatura. Los que me conocen saben que yo vengo del sector bancario, del sector financiero. Ante la subida de los tipos de interés, el señor Martín y yo intentamos hablar con la banca para que las familias españolas pudieran cambiar su hipoteca de tipo variable a tipo fijo sin ninguna penalización. Obviamente, en ese momento la banca nos dijo que era imposible. Yo le recordé que, cuando subieron los tipos de interés, muchos de mis compañeros de la banca no sabían ni siquiera que había un tipo variable, porque este venía siendo negativo en los últimos años, y eran la gran mayoría de la plantilla de la banca. A mí esto me generó una alarma porque, si se nos pasaba por alto alguna cosa a nosotros, que trabajábamos en la banca ―como le ha pasado algunas veces al Grupo Popular, incluso con alguna ley―, cómo no se le iba a pasar por alto a mi madre una cláusula frente a la banca, sobre todo cuando estas vienen edulcoradas muchas veces y cuesta mucho que la ciudadanía las comprenda. (Aplausos). Sé que mi comentario no agradó a la banca, pero puso de manifiesto que el ciudadano está desprotegido frente al gran capital, porque este obviamente va a proteger a sus empleados y sus intereses.

Entonces, ante esta enmienda que nos presenta el Grupo Popular, en la que dice que es innecesaria esta autoridad porque es una entidad redundante, yo me pregunto a quién están defendiendo de verdad, porque me parece paradójico que no presentaran enmiendas en la pasada legislatura, pero sí en esta. Creo que es por el mero hecho de hacer una oposición constante a este Gobierno. De hecho, la ley de esta legislatura es mucho más garantista que la anterior, y a la anterior no le pusieron ningún problema. Me gustaría recordar que el Partido Popular es el partido que defiende a la banca, el del rescate de los 60 millones de euros de fondos públicos, el creador de la Sareb de 35 000 millones de euros de deuda, el que fomenta la concentración en oligopolio de la banca y, por supuesto, el que rechaza el impuesto a la banca. Lo hemos podido comprobar hoy con este paquete fiscal.

Por eso, me gustaría traer la frase que dijo ayer el compañero del Grupo Popular, Bendodo. Comentó que el Partido Popular está gobernando desde la oposición. Muchos nos hemos reído, pero a mí no me gustaría pasar por alto esa frase porque, efectivamente, el Partido Popular gobierna desde la oposición, del lado de la banca, del lado de los grandes fondos buitres (aplausos), del lado de los rentistas y del lado de las energéticas. Eso es gobernar desde la oposición, porque está del lado del capital.

Nosotras, como formación integrada en este Gobierno, tenemos claro para quién estamos gobernando, y lo hemos demostrado hoy con este paquete fiscal. Gobernamos para una mayoría social y tenemos a nuestro alcance algo fundamental, que es el BOE. Nosotros hemos sido elegidos por la mayoría social para transformar su vida, pero para transformar la vida de las personas debemos hacerlo a través de valentía, a través de consensos y a través de reformas progresivas y fiscales. Por eso, no solamente es importante esta entidad que proteja a los ciudadanos frente a la banca, también es importante hablar de lo que hemos aprobado hoy, que no se pase por alto lo que hemos aprobado hoy, y me gustaría dejar reflejado que el Grupo Popular ha votado en contra de un paquete fiscal que defiende a los y las españolas. Hoy, el Partido Popular está del lado de la banca, está del lado de un oligopolio con el que está gobernando hoy, pero, efectivamente, desde la oposición. (Aplausos).

Hoy hemos aprobado ―bueno, esperemos que se apruebe― un impuesto mínimo del 15 % a las multinacionales, algo que exige la propia Unión Europea; un incremento del IRPF a las rentas más altas; reducciones fiscales a las pymes, a las micropymes y a los artistas; desgravaciones por recapitalización empresarial y cargas adicionales a productos tabaqueros y vapeadores; reforma del impuesto sobre sociedades para limitar las deducciones empresariales y prevenir el fraude de los hidrocarburos y también equiparar el impuesto a la gasolina y al diésel sin olvidar ―que siempre también nos lo tumbáis― subir el IVA a los pisos turísticos. (Aplausos).

Señorías, me gustaría finalizar esta intervención recordando esa frase porque, en efecto, aquí solamente hay dos modelos: el modelo de los acuerdos para la progresión fiscal, el modelo de la distribución de la riqueza, el modelo que protege la ciudadanía ―que es quien nos ha votado― y el modelo del Partido Popular que, efectivamente, busca estar siempre del lado del oligopolio, al lado de los rentistas, al lado de los grandes tenedores y jamás jamás van a votar a favor en esta legislatura algo para los y las españolas.

Votaremos en contra. Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro, debatimos hoy una enmienda a la totalidad al proyecto de ley del Gobierno, que trae al Congreso para su aprobación, relativa a la creación de la autoridad administrativa independiente que, básicamente, resuelva los conflictos de las entidades financieras, los bancos, con su clientela. En el texto el Gobierno manifiesta que dicha autoridad ha de estar sometida a los principios de independencia, transparencia, contradicción, eficacia, legalidad, libertad y representación. Vaya por delante ―con todo el afecto y respeto que sabe que le tengo, señora Garrido, del Grupo Popular, grupo autor de la enmienda― que a buenas horas, pues en ocasiones no hay quien entienda al Grupo Popular. Presenta una enmienda a la totalidad sobre un proyecto de ley mejorado sobre el que hace unos meses y en términos similares VOX hizo lo propio y ustedes se abstuvieron. Con este Gobierno no se puede ir con paños calientes. No importa lo que nos digan, no importa lo que nos llamen ―al menos a VOX no le importa―, pues a todo lo que proponga este Gobierno tenemos la obligación de decir no, no y no. (Aplausos). No a un Gobierno que en vez de cumplir todo lo que promete, promete todo lo que no puede cumplir.

Analizando su enmienda, ustedes denuncian ―y VOX también― la ausencia de presupuestos generales del Estado de este ejercicio 2024 que languidece ―cierto―, la incapacidad de aprobar la senda de déficit y deuda ―cierto― y, con ello, la falta de tramitación de los presupuestos generales del Estado para el año 2025 ―cierto―, que coincide con la entrada en vigor de la reforma del marco fiscal de la Unión Europea que establece y exige contención en las decisiones y en las políticas del Gobierno ―cierto―, sin olvidar que la obligación del Gobierno es buscar la mayor eficacia, pero también la mayor eficiencia en el uso de los fondos públicos. Cierto también.

Todo lo anterior le da absolutamente igual al Gobierno. Lo sabemos todos los que estamos aquí, unos y otros. En todo lo anterior es evidente que también hay un interés público, incluso una necesidad emergente de crear un sistema que resuelva los conflictos entre las entidades financieras y su clientela. La ausencia de un sistema que ofrezca un procedimiento de resolución alternativa de litigios que sea independiente y justo ha ocasionado que cientos de miles de consumidores financieros, de clientes de bancos, hayan tenido que acudir a un procedimiento judicial para ejercitar sus derechos y reclamaciones, colapsando los juzgados y tribunales. Muchos de nosotros ―bueno, algunos pocos― como letrados y abogados, a los que también se ignora en este proyecto de ley, hemos tenido numerosos procedimientos relacionados con las controversias bancarias, ya sea en un lado o en otro. Sabemos lo que sucede con ese colapso que afecta, cómo no, a todo el sistema judicial.

Ustedes, señores del Grupo Popular, proponen el mantenimiento de la alternativa conocida como twin peaks, en el que el responsable de la supervisión de solvencia sea el Banco de España y el de conducta la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que la consideran técnicamente más sencilla y económicamente más eficiente. Pero dicha alternativa sigue siendo una buena solución para repartir el trabajo de los supervisores. No es una alternativa a la creación de una autoridad de defensa del cliente por la sencilla razón de que esa autoridad no debería ser un supervisor financiero. Su función debería ser aplicar las normas de conducta para reparar al cliente cuando sus derechos hayan sido vulnerados, no vigilar su cumplimiento. Así pues, la alternativa que proponen no cumple su finalidad, pero es que la propuesta del Gobierno tampoco. El régimen propuesto no distingue con claridad entre la organización de la autoridad independiente como parte del organismo político en la organización del sistema de su resolución de litigios, que debería constituir su principal actividad. Si a eso añadimos que el Gobierno socialista ha demostrado ser incapaz de mantener la más mínima neutralidad e independencia en las instituciones, debiendo pasar los nombramientos de presidente y vicepresidente por el Ministerio de Economía y por el Congreso con la mayoría absoluta, lo que se evidencia es que esa neutralidad no existirá y que la independencia de la autoridad independiente es entonces una falacia.

La propuesta, tal y como se plantea, crea una autoridad frágil, señor ministro, como un apéndice de los supervisores carente de potestades para marcar y ejecutar sus propias políticas. Efectivamente, con ello el sistema dispone de garantías de imparcialidad, pero la autoridad independiente, que entendemos puede ser útil, no lo es en los términos propuestos porque carece de independencia, con lo cual la hace inútil a su propósito. El diseño que se propone de autoridad de defensa del cliente financiero debería asumir todas las potestades relacionadas con la defensa del cliente financiero, y no lo hace. De este modo, los supervisores podrían concentrar sus esfuerzos en garantizar la estabilidad del sistema financiero, la solvencia de las entidades y la transparencia del mercado, que es su misión. Tan importante es impedir que la banca haga rehén o capture a la autoridad independiente como dejar claro a los clientes afectados por los bancos que la autoridad no es su abogado. Dicha autoridad debería ser un organismo técnico que funcionase al margen de la política.

Para finalizar, es evidente que a nadie se le escapa, aunque sea alguien lego en la materia, pero no menos importante, que la creación de este organismo, tal y como está diseñado, es un paso más hacia la dilución de la actividad jurisdiccional y el aumento del poder político vía control de organismos decisorios no jurisdiccionales. ¿Nada es nuevo? Nada es nuevo, salvo el ropaje, y el espíritu del problema persiste históricamente.

Y estando en el Barrio de las Letras, donde se encuentra este edificio, permítanme vuestras señorías, con la licencia de un momento tranquilo aquí, en familia, con el recuerdo escrito de aquellos tiempos del Siglo de Oro de tabernas con jarras de caldos bastos, mozas lozanas y mozos de honores incólumes, de prestamistas y duelos, donde Quevedo escribió aquellos poemas cuyo estribillo rezaba «poderoso caballero es don dinero», pues, eso mismo, para evitar abusos bueno es que se defienda en justicia, incluso en equidad, a los clientes de los bancos, pero con una autoridad que realmente cumpla los principios de independencia, transparencia, contradicción, eficacia, legalidad, libertad y representación y que no cueste dinero a los españoles, no con el proyecto que presenta este Gobierno.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Presidenta, señorías, ministro, permítanme que comience con una idea. Señorías del Partido Popular, para esperpento el señor Feijóo, que hoy da carta de naturaleza a un delincuente confeso que está en la cárcel contra una persona inocente. Y nos lo dice un señor que afirma que no conocía a un narcotraficante con el que veraneaba. (Aplausos). ¡Venga ya! ¡Basta ya de manchar el nombre de gente inocente, señorías del Partido Popular! (Rumores.―La señora Sánchez Torregrosa: ¡No levantes mucho la voz!). Tranquilícense.

Señorías del Partido Popular, están ustedes también para hablar de colonización de las instituciones, cuando pusieron a todo tipo de gente, mucha de ella con muy poca competencia, y, para máximo exponente de esa colonización de las instituciones ―lo recuerdan muy bien los madrileños―, en Bankia, en Caja Madrid, en el Fondo Monetario Internacional, un señor, Rodrigo Rato, que acabó en la cárcel. Esa es la colonización de las instituciones del Partido Popular.

Y déjenme también que les diga que hoy hay una buena noticia para España y una mala noticia para el Partido Popular. Teresa Ribera, señorías, será la mujer española que tenga la mayor responsabilidad en la historia de los 75 años de la Unión Europea. (Aplausos). ¡Orgullo para España, señorías!

Y ahora sí, señor ministro, hoy traemos un proyecto que mejora y protege a la ciudadanía con la creación de una autoridad administrativa independiente de defensa del cliente financiero, sobre la que el Grupo Popular presenta una enmienda a la totalidad. Y a partir de aquí todo es una incoherencia continua, señorías del Grupo Popular. ¿Por qué? Lo voy a repasar: en primer lugar, porque crear esta autoridad fue el mandato de una ley de 2017 que aprobaron ustedes; en segundo lugar, porque fue un ministro del Partido Popular quien inició los trámites de esta ley; en tercer lugar, porque en la legislatura pasada no presentaron enmiendas y se abstuvieron en el dictamen tanto en Pleno como en comisión, y, en cuarto lugar, porque durante la tramitación del proyecto se aprobaron muchas enmiendas que, según ustedes mismos, mejoraban el proyecto de ley. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha ocurrido para que el Grupo Popular pase de la abstención a la enmienda a la totalidad y a votar en contra? (Un señor diputado: Cambio de opinión). Permítanme que se lo diga: No se entiende nada. Aunque, en realidad, creo que se entiende todo: ustedes no quieren una mayor protección de los clientes financieros del sector de la banca, los seguros y los valores, esa es la realidad, y esto se entiende mucho mejor en días como hoy, cuando ustedes han vuelto a decir que no al mantenimiento de un impuesto a las entidades financieras, y, además, lo hacen en el año de los mayores beneficios de la historia de la banca, señorías del Grupo Popular.

En realidad, siempre que se trata de elegir entre la gente y los poderosos, siempre eligen a los de arriba. Cuando había que rescatar a las familias, ¿recuerdan?, prefirieron rescatar a los bancos, con un coste de dinero público de más de 60 000 millones de euros, a pesar de que nos engañaron y dijeron que no iba a costar nada. Pero ya hoy, señorías, no engañan a nadie, los españoles saben que lo único que han hecho en este Congreso es votar en contra de sus intereses, porque van en contra de los españoles cuando votan en contra de subir las pensiones, de incrementar el salario mínimo o de una reforma laboral con la que estamos creando más empleo que nunca.

Y también les digo, señorías, que no hay bulo que tape las cosas buenas de este proyecto de ley, porque, no, señorías del Grupo Popular, esta ley no va a costar millones de euros a los españoles, como dicen ustedes, porque se va a financiar a través de una tasa que van a abonar las entidades financieras. Y, no, señorías del Grupo Popular, esta autoridad no es un chiringuito, como también dicen, es un organismo para proteger a la gente de los abusos del sector financiero, como, por cierto, tampoco era un chiringuito ni un gasto innecesario, como afirmaron, la Unidad Valenciana de Emergencias, que creó Ximo Puig y suprimió Carlos Mazón y el Partido Popular en su infame pacto con VOX. (Aplausos). ¿Saben lo que sí son chiringuitos? La Oficina del Español que creó la señora Ayuso en Madrid para colocar a Toni Cantó o la fundación pública sin ningún tipo de actividad en la que trabajaba Abascal cobrando más de 80 000 euros al año. (Aplausos). ¡Esos sí que eran chiringuitos, señorías del Grupo Popular!

Y, miren, estamos ante un buen proyecto de ley, que es fruto, como bien recordaba el ministro, del trabajo de la legislatura pasada y del conjunto del esfuerzo del Ministerio de Economía, y además estoy seguro de que vamos a poder mejorarlo en el trámite de enmiendas parlamentarias, porque esa es la voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez y del conjunto del PSOE. Y, sobre todo, es una ley que va a responder frente a los problemas cotidianos de los españoles, para quienes ustedes miran hacia otro lado. Hablamos de recurrir ante el cobro de una comisión que no obedece a ningún servicio solicitado o de la devolución por parte del banco de un recibo sin informar al cliente o de la imposición de una tasadora específica en la contratación de una hipoteca o de la denegación de una cuenta de pago básica. Hablamos de todas estas cosas, señorías, que son las que preocupan a millones de españoles.

Por tanto, señorías, esta es una ley necesaria. Y solo por una cosa valdría la pena: sería valiosa por apoyar a nuestros mayores, porque esta ley viene a protegerles, a cuidarles y a darles tranquilidad, y también para las personas vulnerables. En definitiva, señorías del Grupo Popular ―sé que no lo entienden― esta es una ley justa y necesaria. Y, en definitiva, que sus bulos y sus mentiras no impidan a este país seguir avanzando con este Congreso de los Diputados.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias. Intentaré ser breve, todo lo que pueda. Señora Garrido, le reconozco la dificultad y también el mérito de su intervención: la dificultad porque no es fácil justificar a estas alturas, como también han hecho muchos de nuestros compañeros hoy en el hemiciclo, el cambio de posición de su partido, y también el mérito por intentar meter en su intervención todo tipo de consignas y argumentos que nada tienen que ver con lo que se discute aquí hoy, desde los presupuestos generales del Estado a la DANA o el propio Aldama. ¿En la discusión sobre la autoridad administrativa de defensa del cliente financiero? Pues sí, lo ha conseguido usted, así que enhorabuena; no ha debido ser fácil. A cambio ―creo que esa es la pena―, no ha tenido apenas tiempo para discutir los argumentos que traían aquí hoy y que supuestamente debían justificar ese veto a la totalidad del proyecto. Sin embargo, aunque le haya dedicado usted poco tiempo, creo que ha sido suficiente para comprobar la ausencia de argumentos válidos, y, precisamente, déjeme que vaya, uno a uno, repasando los tres argumentos que ha señalado usted. El primero es el de la independencia efectiva de la autoridad. Me da la sensación de que no ha llegado o no ha tenido tiempo de mirar el detalle del texto. Si usted analiza el detalle del texto propuesto, puede ir al artículo 8, donde se garantiza la autonomía y la plena independencia de la autoridad, pero también puede ir más allá, puede ir al artículo 12 ―en este caso, el señor Aizcorbe sí se lo había leído―, que señala precisamente cómo va a ser el nombramiento de los titulares de la Presidencia y la Vicepresidencia, y este nombramiento se efectuará tras consulta a los supervisores y, además, se efectuará una vez que la Comisión de Economía de este Congreso haya otorgado su conformidad por mayoría absoluta, es decir, hay una garantía total de la participación y de la conformidad de esta Cámara a través de su Comisión de Economía en el nombramiento de los dos principales puestos de esta autoridad. Creo que es suficiente garantía como para ser conscientes de que la autonomía y la independencia de esta autoridad serán plenas. Pero hay más elementos que lo garantizan: por supuesto, el carácter no renovable de sus mandatos, el hecho de que sean mandatos de seis años, es decir, que no coincidan con el ciclo político, y también la limitación de los motivos de cese. Es una legislación que garantiza, si además sumamos esa independencia en materia de financiación, la total autonomía e independencia de la institución, y esto quiero que quede bien claro. Su segundo argumento tiene que ver con una discusión más general, con la concepción acerca de cómo se realiza la supervisión en materia de solvencia y la supervisión en materia de conducta por parte de los supervisores; el elemento más micro, podríamos decir, aludiendo a ese debate que hay sobre si es necesario o no separar estas dos competencias, ese modelo twin peaks. Pues bien, aquí de nuevo le ha respondido, ha hecho parte de mi trabajo el señor Aizcorbe. Este reparto de competencias de supervisión y conducta no es nuevo. De hecho, tenemos un ejemplo clásico en este caso, que es el que se da en el Reino Unido ―siempre se cita como un ejemplo tradicional de reparto de competencias―, donde hay un supervisor prudencial, que es la autoridad de regulación prudencial, y un supervisor de conducta. Pues bien, justo en el Reino Unido, donde existe este reparto de competencias, ellos también tienen una institución independiente, que es el Ombudsman, que es la que se encarga de la resolución extrajudicial de las reclamaciones financieras. Tienen también una autoridad en la que se está mirando, en la que se mirará la nueva Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero, independientemente de que exista un modelo twin peaks o no. Es decir, estas son dos discusiones apartadas y no son ningún motivo para rechazar su creación; al contrario, incluso en sistemas donde existe este modelo twin peaks también tenemos una entidad adicional, que es la que se encarga de la resolución extrajudicial de estas reclamaciones.

Además, aludía al elemento referente al coste o crecimiento de este tipo de entidades, y, como le decía, en este caso ―creo recordar que usted también ha citado a esta autoridad del Reino Unido―, si vamos al tamaño de estas autoridades, lo que tenemos es que en el Reino Unido es esta separación entre la entidad que se ocupa de la supervisión en materia de solvencia y la entidad que se ocupa de la conducta la que ha hecho que la entidad que se ocupa de la conducta haya crecido de manera más exponencial, llegando a tener más de cuatro mil trabajadores, pero el Ombudsman, es decir, la autoridad a semejanza de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, apenas tiene trabajadores por encima de los cuatrocientos para todo el Reino Unido. Por tanto, creo que debemos tener una exacta definición de las instituciones con la que sea lícito comparar la nueva Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero que queremos crear para que los ciudadanos que nos están escuchando sean capaces de comprender hasta qué punto esta autoridad también está en línea con las mejores prácticas a nivel internacional.

Y su tercer argumento es el coste financiero. Lo ha dicho aquí el señor Casares, y la respuesta podría ser muy rápida: el coste presupuestario de la autoridad es cero. Esta autoridad se financia con una tasa a las entidades financieras. Lo he citado en mi intervención, pero también lo he citado como un argumento adicional que garantiza la independencia de la autoridad. Y, de nuevo, aquí tengo que hacer referencia al elemento de responsabilidad presupuestaria, que ha sido citado en varios momentos. Para este Gobierno la responsabilidad presupuestaria es un eje fundamental de nuestra política económica, y esto, por supuesto, se ve reflejado en la evolución de los indicadores fiscales. No es este el momento ni, por supuesto, el debate para entrar a considerarlo, pero podemos hacerlo cuando quieran tanto con propia vicepresidenta primera del Gobierno como sin ella porque lo tenemos muy claro. Y esta visión de reducción de la deuda pública, esta visión de reducción del déficit público hacia delante, haciéndolo compatible con la protección y la garantía de los derechos sociales y de nuestro estado de bienestar es parte del modelo de éxito de crecimiento de nuestra economía y es parte del crecimiento equilibrado que nos mantiene líderes a nivel europeo y siendo el motor que garantiza el crecimiento de la zona euro.

Y termino ya. Creo que, habiendo desarmado ya los tres argumentos que usted citaba como imprescindibles para presentar hoy esta enmienda a la totalidad de la autoridad y señalando que lo que verdaderamente importa, lo que va a quedar para los ciudadanos de la sesión de hoy es que estamos dando un paso más hacia la creación de una autoridad que va a equilibrar esa relación de fuerzas entre los clientes financieros y las entidades financieras, estamos dando un paso más hacia una autoridad que va a completar el ámbito de protección de los clientes financieros para que puedan acudir a través de una ventanilla única a resolver los conflictos, la reclamaciones que tengan, y hacerlo de una manera vinculante, de una manera ágil y de una manera gratuita, y todo ello además con un efecto secundario muy positivo, y es que se consigan desatascar los tribunales, ya que el 95 % de las reclamaciones actuales se verían atendidas por la propia autoridad, como he dicho, de una manera ágil y gratuita.

Señorías, lo que creo que esperan los ciudadanos de nosotros, tanto del Gobierno como del Legislativo, es que solucionemos con nuestro trabajo sus preocupaciones, y en este caso creo que lo haremos y lo debemos hacer trabajando conjuntamente, mejorando, si es que es necesario, el proyecto que tenemos sobre la mesa, pero haciéndolo rápido, todo lo ágil que podamos. Y para ello, por supuesto, nuestra mano está tendida y esperamos poder hacerlo también con su contribución.

Muchas gracias. (Aplausos.—La señora Garrido Valenzuela pide la palabra).

Gracias, presidenta. Nos reafirmamos en los motivos que nos han llevado a plantear esta enmienda a la totalidad en el proyecto de ley de creación de Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, fundamentalmente por la colonización de instituciones. No me consuela que diga que en la ley figuran los artículos 8 y 12, garantizando la autonomía de esta autoridad independiente, porque tendríamos que ver los estatutos de creación del Banco de España y mire dónde estamos. Por otro lado, hacemos hincapié en que no se pueden apoyar en que el motivo de la creación de esta autoridad independiente está en que ya se reguló en 2017, cuando había un Gobierno del Partido Popular. En primer lugar, la directiva de 2013 lo que dice es que se cree una entidad que se ocupe de los litigios presentados por el cliente financiero. Y la otra parte que nos obliga a ver que no está refrendado es la ley de 2017, que lo restringe y dice que sea una única autoridad independiente. En ningún momento ni en la directiva ni en el plan propuesto por Europa se dice que tenga que ser una nueva autoridad; simplemente, una autoridad. Gracias. (Aplausos).