Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos.

Buenos días, señora presidenta y miembros de la Mesa de esta Cámara, señoras y señores portavoces de los grupos parlamentarios, señorías, invitados, asociaciones de víctimas participantes en la elaboración del informe, miembros de la Comisión Asesora adjunta al Defensor del Pueblo, miembros de la Unidad de Atención a las Víctimas, señoras y señores.

Señorías, ante todo quisiera compartir nuestro dolor por las víctimas de la DANA y nuestro afecto y solidaridad con sus familiares en varias poblaciones, mayoritariamente de la Comunidad Valenciana, aunque no solo, y no olvidemos a ninguna de las víctimas. Asimismo, hemos de agradecer a quienes han contribuido y contribuyen a afrontar sus efectos.

Señorías, ya tuve ocasión de conversar y debatir en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo sobre diversos extremos o dudas del informe, por lo que, en este momento, y de acuerdo con el procedimiento parlamentario, paso a presentar su contenido.

Es necesario dar una respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido de una u otra forma cubierta por un injusto silencio. Lo que ha sucedido ha sido posible también por ese silencio, el de quienes pudieron hacer más o de otro modo para evitarlo. Podemos decir que todos los estudios victimológicos han puesto de relieve las múltiples barreras internas, interpersonales, institucionales y sociales que tienen que superar las víctimas a la hora de denunciar estos hechos, entre los que cabe señalar la falta de apoyo, la estigmatización y la presión derivada de dinámicas de ocultamiento presentes durante mucho tiempo. Por eso agradezco expresamente a quienes han manifestado su testimonio ante la institución del Defensor del Pueblo y que lo hayan hecho con esa valentía y con ese dolor, porque creo que esto era lo que necesitábamos: escuchar su palabra y su voz, pero no para limitarnos a eso. En ello se basa el presente informe, que responde a su vez a una necesidad social, ética y política expresada ahora ante la ciudadanía. Además, y esto es lo decisivo, responde a lo que las víctimas de abusos sexuales vienen requiriendo para empezar ser escuchadas, atendidas y correspondidas. Son el sentido primero, el sentido último y el sentido central de este informe y esperan la concreción de la respuesta a su situación, que no se postergue.

La encomienda, como ustedes saben, fue hecha por este Congreso de los Diputados el 10 de marzo de 2022, surgida de una proposición no de ley aprobada por una amplísima mayoría. Esta encomienda que recibió el Defensor del Pueblo, los trabajos efectuados por la comisión creada para darle curso y el informe resultante forman parte de un proceso de emergencia de una realidad contundente que viene de muchos años atrás y que únicamente a lo largo de las últimas décadas ha empezado a tomar forma y a formar parte de la conciencia de la sociedad española, y en estos asuntos el tiempo es decisivo. Solo en una fecha tan tardía como mediados de los años ochenta, del siglo pasado, empezaron a aflorar casos de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica que empezaban a hacerse públicos a partir de declaraciones de unas primeras víctimas que se fueron decidiendo a hablar de ello. Ha sido más recientemente cuando se han ido creando asociaciones de víctimas y cuando diversos medios de comunicación no solo se han hecho eco de ello, sino que, además, han emprendido investigaciones muy exhaustivas y de largo alcance. Es el caso, de una manera especial, del periódico El País, que inició en septiembre de 2018 su investigación y que ha hecho públicos cinco informes ―el primero en 2021― que ha ido poniendo a disposición de la Santa Sede, de la Conferencia Episcopal Española y del propio Defensor del Pueblo.

No estamos ante un problema exclusivamente español. España se encuentra entre aquellos países con una larga y profunda tradición católica que lo han encarado mediante una comisión y la elaboración de un informe que establezca las dimensiones del problema y la manera de abordarlo, pero la realidad es que nuestro país está entre los últimos en haberlo hecho. Estas comisiones de otros países han sido promovidas, según el caso, por Gobiernos, por Parlamentos, por equipos académicos o por la propia Iglesia. La primera comisión fue creada en Canadá, donde se publicó un informe hace treinta y dos años, en 1992, actualizado posteriormente en 2005 y 2007. En Estados Unidos se han publicado dos más: uno en 2004 y su ampliación en 2011. Se han hecho informes en Irlanda, en Bélgica, en Países Bajos, en Australia, en Alemania, en Austria, en Francia y en Inglaterra, y más recientemente en Portugal y en Suiza. Y en algunos de los países que acabo de mencionar han sido actualizados, como es el caso del belga, del irlandés y del francés. Recientemente, y con anterioridad a esta encomienda, en España se habían creado comisiones autonómicas en Navarra y en Cataluña que ya están dando sus frutos.

No creo que sea pretencioso decir que con esta comparecencia estamos avanzando un poco más en facilitar una respuesta al problema mediante el informe y con el hecho de presentarlo aquí y ahora en sede parlamentaria, pero se requiere algo más y es decisivo. Es el momento de adoptar medidas concretas. Como señalé, por otra parte, en la comparecencia ante la comisión mixta del 20 de junio de 2022 para dar cuenta de los trabajos que íbamos a emprender entonces, a fin de llevar a cabo un informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos, estamos ante una cuestión bien delicada y no solo por el grave problema que refleja, pues esta cuestión afecta de un modo muy radical a valores implicados en los principios, convicciones y creencias y otros factores que inciden de modo crucial en la experiencia de la ciudadanía y en general de toda la sociedad.

Aproximadamente un año y medio más tarde, el 27 de octubre de 2023, entregué el informe de 777 páginas a la Presidencia del Congreso de los Diputados, fecha en la que fue registrado en las Cortes y, como dicha encomienda señalaba, fue entregado asimismo al Gobierno. Para llevar a cabo este trabajo se desarrollaron tres ámbitos de actuación: una comisión asesora de expertos, una unidad de atención a las víctimas y de apoyo a la investigación y un foro de diálogo con las asociaciones de víctimas. La Comisión Asesora se constituyó el 5 de julio de 2022 y estuvo integrada por veinte miembros: diecisiete asesores externos a la institución del Defensor del Pueblo, once de ellos mujeres, así como la adjunta primera, la adjunta segunda y yo mismo, el titular de la institución, como su presidente. Los diecisiete miembros externos pertenecen al ámbito profesional y académico. Me esforcé ―nos esforzamos― en que fuera una comisión plural en todos los sentidos, por creencias y por ideología: personas con experiencia en atención a las víctimas, con conocimientos de victimología, en psicología o en el ámbito jurídico ― derecho penal, derecho administrativo, derecho canónico y derecho constitucional― y especialistas en derechos humanos. Ha habido, entre ellos, profesionales que dedican su vida a la docencia, a los jóvenes o que han escrito o estudiado sobre las consecuencias de traumas infantiles en la vida adulta. La Unidad de Atención a las Víctimas fue creada el mismo día que la Comisión Asesora, el 5 de julio de 2022, y empezó a trabajar inmediatamente, poniéndose a disposición de todas aquellas personas que quisieran aportar su testimonio sobre los abusos sufridos. Y el tercer ámbito de trabajo ha sido un foro de asociaciones. Se trataba de que representantes y miembros de distintas asociaciones de víctimas de abusos sexuales, que llevan años trabajando en la concienciación pública de su problema y en la reivindicación de su reconocimiento, aportaran sus vivencias, sus puntos de vista, sus propuestas y solicitudes. Resultaba imprescindible escuchar su voz y ella forma parte del informe mismo, en algunos momentos de forma expresa, con sus propias palabras, y en otros asumiendo muchas de sus aportaciones en las conclusiones y en las recomendaciones.

Para enmarcar las dimensiones del problema, se consideró necesario disponer de una encuesta demoscópica y así fijar la incidencia de los abusos sexuales en cualquier ámbito de la sociedad española, además de en el religioso. Por eso su objetivo ha sido elaborar un estudio retrospectivo de prevalencia e impacto de las experiencias de victimización sexual antes de los 18 años en población adulta residente en España. Tras el preceptivo proceso de licitación, en cumplimiento de la normativa de contratación pública, se adjudicó la realización de la encuesta a la empresa GAD3. Existe un único precedente de características similares: la encuesta llevada a cabo en 1994, es decir, hace treinta años, por el profesor Félix López, de la Universidad de Salamanca, por encargo entonces del Ministerio de Sanidad, que en una parte de su cuestionario incluyó preguntas relacionadas con la problemática específica de los abusos en el ámbito de la Iglesia católica. La actual encuesta, encargada por el Defensor del Pueblo, ha tenido como objetivo ―y quiero subrayarlo, señorías― elaborar un estudio retrospectivo de prevalencia e impacto no referido únicamente al ámbito religioso. Se encuestó a una muestra muy amplia de la población; según los técnicos, una muestra absolutamente suficiente: 8013 personas. El informe contiene una minuciosa descripción de los aspectos metodológicos y de los resultados de la encuesta. En el último mes de julio recibí por parte del Congreso de los Diputados la solicitud de poner a su disposición todos los materiales con los que la empresa la elaboró, de manera que se los entregué el pasado 20 de agosto a la presidenta de las Cortes Generales. Consistió en una extensa documentación de 2071 páginas. En el informe se encuentran los datos del análisis y los resultados.

Señorías, subrayo algunos de los datos más relevantes de los resultados de dicha encuesta. De entrada, permite concluir que el abuso sexual, en general, contra menores ―y esto también considero que es decisivo― preocupa de un modo muy singular a la población española, ya que tres cuartas partes de los encuestados indicó que consideraba el abuso sexual infantil como un problema social. Siete de cada diez lo valoraron como muy grave, mientras que cerca del 30 % lo estimó como bastante grave. También se deduce que, en lo que concierne a la prevalencia del abuso sexual, un 11,7 % de las personas entrevistadas afirmaron que habían sido víctimas de abuso sexual antes de su mayoría de edad y un 3,36 % señalaron que ese abuso se produjo en el ámbito familiar. Con respecto a la totalidad de la muestra, integrada tanto por las personas abusadas como por las no abusadas, la tasa de personas que señalan haber sufrido abuso sexual por parte de un sacerdote o religioso católico es del 0,6 % y de un 1,13 % en el ámbito religioso. Este es uno de los datos de especial relevancia para los objetivos del informe. Además, hay que destacar que la mayor parte de las personas encuestadas consideraron que no se están tomando las medidas adecuadas para reducir el problema. En general, cabe decir que estos datos son muy similares a los que han arrojado encuestas parecidas en países de nuestro entorno, donde el abuso sexual tiene lugar en ámbitos de confianza y de poder.

A continuación, me voy a centrar en los resultados de la labor llevada a cabo por la Unidad de Atención a las Víctimas, que constituye un aspecto crucial del trabajo de todo el informe. Se compuso de un equipo formado por varios profesionales: tres psicólogos forenses y clínicos, uno de los cuales ejerció de coordinador, una trabajadora social, una criminóloga, un abogado y un psicólogo sanitario, contando además con el apoyo de dos personas en el trabajo administrativo. Se habilitó un espacio específico, próximo a la sede del Defensor del Pueblo, para favorecer una acogida discreta y se le asignó a la unidad un teléfono y una dirección de correo electrónico que se hicieron públicos en el momento mismo de su creación.

Las víctimas que se han dirigido a la unidad de atención han sido entrevistadas en su gran mayoría de forma presencial. En varias ocasiones los profesionales de la unidad se han desplazado a diversos lugares de España para atender a víctimas, en consideración a su edad o a la situación personal en la que se encontraban. La mayoría de estas visitas fueron de varios días. En concreto, la unidad de atención se desplazó a Toledo, a Zaragoza, a Pamplona, a Sevilla, a Vigo, a Valencia y a Bilbao y realizó seis viajes a Barcelona, incluyendo varias poblaciones. Posteriormente, al cierre del informe, la unidad viajó a Santiago de Compostela y Guadalajara. Esto tiene que ver con aquellos que han reclamado su voluntad de expresar un testimonio y no tenían oportunidad de acercarse a hacerlo. En ocasiones, además de recoger cada testimonio de las víctimas, se indicó a muchas de ellas los recursos de reparación que podían estar a su disposición en distintas instancias.

El objetivo de la unidad no ha sido en ningún caso terapéutico, pero muchos entrevistados han manifestado que la conversación les ha resultado sanadora en mayor o menor medida. Esto ha sido especialmente notable en testimonios de personas, algunas de avanzada edad, que han relatado por primera vez y con gran conmoción el abuso que habían sufrido mucho tiempo atrás, siendo niños, niñas o adolescentes. En este sentido, hay que reconocer que, a medida que iba avanzando el trabajo de la unidad y de la propia comisión, han surgido más mecanismos de reparación, a los que ha sido posible que se dirijan las víctimas, pues la propia Iglesia, a la vista de una realidad incuestionable, los ha ido creando y diversificando desde muchos de sus ámbitos: algunas diócesis y muchas congregaciones. Con posterioridad a la entrega del informe, una parte de la unidad ha continuado operativa con su trabajo y atendiendo a las víctimas que han deseado hacernos llegar su testimonio.

La Unidad de Atención a las Víctimas ha recibido 738 solicitudes de entrevista, de las cuales 516 se han considerado testimonios válidos. Vamos a publicar un documento de actualización que recoja estos datos ―ha pasado un año desde la finalización del informe― y complemente el informe presentado, ya que, de los datos que les acabo de ofrecer, 144 corresponden a nuevos relatos tras la publicación del informe. La mayoría de los testimonios ―471― son directos, es decir, han relatado un abuso sufrido personalmente, y los indirectos son aquellos que han relatado el abuso sufrido por otra persona, a veces un hermano o un compañero de clase. A raíz de los testimonios se ha podido tener constancia y conocimiento expreso de un total de 674 víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. De todas las víctimas escuchadas, 563 fueron hombres, el 84,19 %, y 110 mujeres, el 15,61 %. La gran mayoría tenía entre 30 y 65 años en el momento de la entrevista, siendo la franja de edad más numerosa la comprendida entre los 50 y los 65 años, con 186 víctimas, el 39 %. Asimismo, se ha podido tener constancia de la localización geográfica y de las diócesis u órdenes religiosas concernidas. Estos datos resultan congruentes con la información recogida, de la que tenemos testimonio explícito, respecto a las décadas en las que se cometieron los abusos; fundamentalmente, en los años sesenta, setenta y, en menor medida, ochenta. La fecha de referencia a partir de la cual se realiza nuestro informe es aquella en la que alguien ha mostrado explícitamente su testimonio. Un 97,2 % de las víctimas de abusos sexuales lo fueron siendo menores de edad.

Todos estos datos cuantitativos del informe no los presentamos como representativos sin más, aunque sí son significativos de los hechos a los que hacen referencia. Se trataba más bien de elaborar un informe cualitativo. Entre los objetivos de la unidad de atención no estaba, primordialmente, llegar a conocer una cantidad concreta y concluyente de personas afectadas. Los datos y las cifras tienen valor, por supuesto, pero no un valor absoluto. Pretender hacer una estimación del número de víctimas a través de su testimonio supondría pasar por alto dos cuestiones de enorme peso y otras más de las que podremos hablar. Por un lado, el silencio voluntario o propiciado de muchas víctimas; por otro, ignorar a las que ya han desaparecido o fallecido como consecuencia del paso del tiempo o ignorar la inaccesibilidad a determinados documentos o archivos. Se recogen en el informe fragmentos de estos testimonios, que constituyen un mosaico de relatos de vida. A través de ellos se puede percibir el alcance del daño producido y sus efectos, a partir de los cuales se ha podido establecer una tipología de los abusos cometidos contra tantas personas, la mayoría niños y niñas.

De todo ello cabe destacar los problemas emocionales y de conducta, los problemas funcionales como consecuencia de esos abusos. Un tercio de las víctimas entrevistadas señalaron haber tenido síntomas de estrés postraumático y un tercio de ellas, asimismo, haber experimentado síntomas depresivos, sentimientos de vergüenza y estigmatización y sentimientos de acción suicida. A ello hay que añadir el hecho de que el abuso no se agota en sí mismo, sino que pervive a lo largo de la vida de una gran parte de sus víctimas. Por decirlo con las palabras de una víctima entrevistada en la unidad de atención: Para el agresor el abuso empieza y termina en el momento que sucede, para la víctima es el inicio de un daño que permanece de por vida. En muchos casos, al cabo del tiempo, la víctima ha experimentado un vacío, que se expresa como el de una vida no vivida, que le ha condenado, además, al aislamiento y a la soledad. Para empezar, como señala el testimonio 303, estos hechos no han prescrito espiritualmente y eso no es algo menor. Los testimonios han hablado de daños cognitivos y han hablado de daño espiritual ante la consternación de lo producido por miembros de una institución de la que, por diversas razones, cabía esperar una singular ejemplaridad; han hablado de dificultades en la vida afectiva y sexual y en la relación con los propios hijos, de la repercusión que ha supuesto para el resto de la familia, que, por extensión, muchas veces también ha sufrido toda su vida por ello, e incluso de las expectativas laborales, que se han visto condicionadas negativamente en muchos casos.

Quisiera ahora centrarme en las respuestas de la Iglesia católica. Con respecto a ello, cabe decir que la Iglesia no es un todo uniforme y homogéneo y que también ha habido un tipo de respuesta dispar, así que se han constatado en el alcance de las respuestas algunas con una buena colaboración y otras con menos.

Para llevar a cabo este informe me dirigí a la Presidencia de la Conferencia Episcopal Española. Al principio del proyecto mantuve reuniones, que en muchos casos he proseguido, con sus presidentes y secretarios generales sucesivos, con el decano del Tribunal de la Rota, con el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, CONFER, y con superiores y miembros de esta, con representantes de institutos de vida consagrada y con escuelas católicas; no solo en este campo, pero es cierto que para hacer el informe he tenido más de ochenta reuniones. Y digo que he tenido porque a ello han de añadirse numerosas entrevistas, reuniones y conversaciones de cuantos han participado en el informe, además de las que yo he mantenido con diversas entidades. Asimismo, me dirigí a todas y cada una de las diócesis del país, es decir, a sus respectivos obispos, y recibí contestaciones prácticamente de todas ellas, si bien con una calidad de respuesta muy variable. Como ustedes bien saben, una cosa es contestar y otra cosa es responder. Me he dirigido a una parte fundamental de los institutos de vida consagrada, en concreto a aquellos que han tenido o tienen un papel muy importante en el campo de la enseñanza, aunque no solamente.

Hay que reconocer que no resulta lo mismo hablar de la respuesta de la Iglesia frente a esta cuestión ―sin pretender nosotros erigirnos en ningún punto exclusivo y privilegiado de referencia al respecto― antes, durante o después de que la comisión asesora del Defensor del Pueblo activara la realización del informe. Puede decirse que en un primer momento había una tendencia bastante generalizada, sobre todo por parte de ciertos ámbitos de la jerarquía, a minimizar el alcance de los abusos. Se hablaba de que eran casos aislados, una manzana podrida, como solía mencionarse, expresiones en definitiva de las que ustedes han oído hablar. De la minimización por parte de la Iglesia se ha pasado a un implícito y progresivo reconocimiento de los hechos. La Iglesia misma encargó una comisión e hizo protocolos de prevención. Por algo habrá sido. Si desde diversos ámbitos de la Iglesia se redactaron estos protocolos de prevención, ello obedeció no a una mera prevención teórica a partir de las noticias acerca de lo sucedido; este hecho, inevitablemente, suponía la asunción de un problema de gran magnitud, y de ahí se ha pasado a una mayor atención a las víctimas y a la aceptación de que hay que avanzar en la reparación real y efectiva y que queda mucho por hacer.

Otro asunto es la percepción de la respuesta de la Iglesia por parte de las víctimas que se han dirigido a la unidad de atención del Defensor del Pueblo, aquellas que han elegido venir a la institución porque entendían que, en su opinión, era el sitio más adecuado para ofrecer su testimonio. Estas sí que en numerosas ocasiones han relatado que las respuestas recibidas por parte de la Iglesia han sido insuficientes, incluso dilatorias, y que de una u otra forma los mecanismos para atender a quienes habían acudido a las instituciones eclesiásticas en búsqueda de la verdad, requiriendo ser escuchados o pidiendo justicia, pocas veces habían sido adecuados.

También hay que señalar, y así lo ha constatado la comisión asesora, que en los procedimientos de derecho canónico, dicho sea con mi respeto, se han detectado importantes deficiencias ―la propia Iglesia los ha detectado también― en lo que tiene que ver con los derechos de las víctimas, ya que hasta el momento no han sido ni son parte del proceso penal canónico, más allá de su posible participación en la investigación previa, ni su voz tiene el lugar que precisa y merece. Y digo que la propia Iglesia era consciente de que ahí había algo que hacer porque la Conferencia Episcopal, en 2023, dictó una instrucción sobre abusos sexuales que ha supuesto un importante avance normativo, aunque aún, por lo que he dicho, insuficiente, ya que las víctimas ―y esto me parece decisivo, insisto― siguen sin formar parte del proceso penal canónico, no llegando a establecer la citada instrucción un estatuto jurídico procesal de las víctimas. Espero que esto se haga. La pura aplicación del derecho canónico, por lo que he señalado, no ha supuesto la superación de la soledad, el silenciamiento, el secreto o la indefensión. Lamentablemente, durante muchos años ha predominado cierta predisposición a negar los abusos; una voluntad de ocultamiento o, en determinados casos, de protección a los abusadores con la consiguiente desconsideración a las víctimas. Conductas como el traslado de las personas abusadoras a otras parroquias o centros docentes, incluso a otros países, han sido, según expresión reciente de las máximas autoridades de la Conferencia Episcopal ―son sus palabras―, ejemplos de malas prácticas realizadas de un modo reiterativo y no ocasional en diversas instituciones de la Iglesia. Estas prácticas no podían permitir responder al problema, sino que lo extendían. Con el paso del tiempo esta clase de reacciones poco adecuadas ha ido decreciendo y se han realizado actuaciones y respuestas en el ámbito de algunos obispados y congregaciones. Esto, unido a un reconocimiento del sufrimiento y de los derechos de las víctimas, así como a una responsabilidad respecto a las consecuencias de los abusos, puede estar abriendo ―eso esperamos― nuevas perspectivas; lo esperamos, pero sabemos que eso es complejo.

Aquí cabe mencionar dos hechos que se han producido hace pocas semanas. Por un lado, la Conferencia Episcopal española y la Conferencia Española de Religiosos, CONFER, han presentado un plan de reparación integral a las víctimas de abusos sexuales, a menores y personas equiparadas en derecho, el Plan PRIVA. Por otro lado, la Santa Sede acaba de presentar un primer informe anual sobre las políticas y procedimientos de tutela de la Iglesia correspondientes al año 2023, elaborado por la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores, Tutela Minorum, que se centra específicamente en los abusos sexuales. Ello supone un reconocimiento de que el problema es efectivamente real y no una ensoñación, pero aún quedan y se precisan pasos concretos.

Con respecto a los poderes públicos, recuerdo ―lo tuvimos siempre bien presente en la Comisión― que la encomienda versa sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica con el añadido de «y el papel de los poderes públicos». En este sentido, en el informe se ha incidido en esta parte del enunciado de la encomienda, empezando por reconocer que estos poderes públicos, a lo largo de décadas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia, no se han hecho cargo del problema hasta hace relativamente poco. No solo la Iglesia lo minimizó, sino que estos poderes públicos no le prestaron una atención especial, sin asumir su específica responsabilidad; de otro carácter, sí, pero una responsabilidad. Sobre este aspecto, hay que empezar por considerar la legislación.

La regulación de los delitos sexuales en el Código Penal ha sido objeto de gran número de reformas, además de las que han aportado dos importantes y recientes leyes orgánicas, la 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia, y la 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la Libertad Sexual. En el ámbito judicial, hay que tener en cuenta que los pocos casos que han llegado a ser enjuiciados por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia, con sentencias en su mayor parte condenatorias, no siempre han podido garantizar que la víctima haya visto satisfecho su derecho a la reparación con las cantidades acordadas en las sentencias en concepto de indemnización; más aún, los casos en los que se ha condenado a las diócesis y congregaciones religiosas a título de responsables civiles subsidiarios han sido una minoría. Las reformas legales que se habían emprendido en este sentido, como la Ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima del Delito, no han tenido un impacto efectivo sustancial en la práctica de las indemnizaciones, dado que no venían acompañadas de una habilitación de recursos. El informe apunta hacia algunas formas de encarar estos problemas. Las dificultades para abordar semejantes cuestiones en el ámbito de la justicia penal no dejan de tener inconvenientes importantes para las víctimas, a pesar de que en un proceso civil la imprescriptibilidad al respecto ofrece la posibilidad de reconocer efectos que favorezcan formas de recuperación o de restauración. Por ello, se plantea la opción de instaurar un procedimiento administrativo dirigido a reconocer a las víctimas de delitos prescritos y de agresores que no pueden ser sometidos a un proceso penal un estatus para poder ser reparadas. La regulación de un procedimiento específico permitiría asegurar el derecho a la justicia de las víctimas, de modo que con un cierto contenido probatorio, concretado en unas exigencias respecto al estándar de pruebas inferiores a las de un proceso judicial, una autoridad institucional independiente e imparcial declarara públicamente que un hecho ha tenido lugar, aunque haya fallecido el victimario, que es injusto y que ha causado un grave daño a la víctima. Esta vía supondría un gran avance para otorgar reconocimiento a las víctimas con sus efectos y consecuencias.

Respecto a la mencionada Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, aparte de reconocer que ha sido un primer paso para afrontar el problema, hay que señalar que queda abierta la posibilidad de emprender una reforma legal para los casos específicos de estas víctimas. Por ejemplo, resulta de un especial interés que a través de la responsabilidad civil subsidiaria pueda imponerse la obligación de que se repare económicamente por parte de la diócesis, congregación u otra institución en el seno de la cual se haya cometido delito por una persona vinculada a ellas. En este sentido, hay que valorar positivamente la directriz de la Fiscalía General del Estado recogida en su memoria de 2022, por la que se requiere a los miembros del Ministerio Fiscal una posición más firme en la petición de la responsabilidad civil subsidiaria.

En el ámbito educativo, hay que cerciorarse de que la inspección ejerza una supervisión efectiva para asegurar que los centros docentes, con independencia de su titularidad pública o privada, cumplan con las normas previstas y con los protocolos existentes. Podríamos hablar de distintas medidas en esta dirección, pero conviene tener en cuenta, y esto es muy importante, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 28 de enero de 2014, que es de enorme importancia. Fue a raíz de la denuncia de un caso de abuso producido en un colegio de Irlanda. Dicha sentencia consideró que el Estado no puede eximirse de sus obligaciones respecto de los menores en las escuelas delegándolas en instituciones privadas o particulares, de manera que la obligación positiva de los poderes públicos de proteger a los menores frente al maltrato y los abusos no desaparece en ninguna de las opciones educativas que puedan existir en un Estado —‌abro comillas— «sea en una escuela pública o de pago ni tampoco en la educación en el propio domicilio» —‌cierro comillas—. Esto es lo que dice la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Me centraré en esta última parte en las conclusiones y recomendaciones que proponemos para que el Parlamento, en el modo en que lo estime, las aborde. Las conclusiones a las que llega el informe se resumen de una manera muy sucinta en cinco: una, la necesidad de reconocer el problema; dos, su comprensión, que exige considerar no solo su dimensión, sino también sus causas y consecuencias; tres, la puesta en evidencia de la manera en la que se ha abordado el problema a lo largo de mucho tiempo, que básicamente ha consistido en su negación o minimización; cuatro, la reparación y la asunción de responsabilidades, y, cinco, la prevención.

Estas conclusiones llevan a la formulación de veinticuatro recomendaciones. Las recomendaciones surgidas del informe se formulan de una manera abierta, con un destinatario amplio. De entrada y de una forma específica, van dirigidas, señorías, a quién ha hecho la encomienda, es decir, al Parlamento, pero también al Gobierno, que ya ha anunciado un primer plan que en diversos aspectos tiene en cuenta las recomendaciones; ahora solo falta que tanto el Ejecutivo como el Legislativo concreten su implementación. Asimismo, dichas recomendaciones se dirigen al conjunto de los poderes públicos, a la Iglesia y a la misma sociedad española.

Por otro lado, cabe añadir que varias de estas recomendaciones señalan que se concibe qué ha de hacerse y suponen cambios normativos, pero, por nuestro respeto al Parlamento, en ningún caso el presente informe especifica imperativamente cómo ha de hacerse. No somos quiénes para decirle al Parlamento cómo debe hacerse. Podemos señalarles, señorías, ya que nos han hecho una encomienda, qué es lo que cabe hacerse, pero no cómo, por entender que esa es tarea del Parlamento o del Gobierno, según cada caso. Es la hora del Parlamento. Me voy a centrar en algunas de estas recomendaciones, que ya he señalado que son veinticuatro.

Respecto al reconocimiento de los hechos ocurridos y de las víctimas que los han padecido, se recomienda la realización de una reparación pública; reparación pública simbólica que se refiere explícitamente al prolongado periodo de tiempo de desatención y de inactividad por parte de la Iglesia y de los poderes públicos y en cuya organización debería contarse con la participación de los representantes de las víctimas y de las familias, que han sido también víctimas. Se considera preciso que la Iglesia católica adopte compromisos públicos para el reconocimiento real y efectivo de las víctimas y su reparación y que emprenda lo que sea necesario para las reformas pertinentes. Se recomienda —‌para nosotros esto es imprescindible— proceder al desarrollo legal para que se disponga de una forma de acreditar el estatuto de víctima de esa violencia sexual específica sin que los hechos estén limitados a un momento concreto.

Respecto a la reparación, y como desarrollo de esta acreditación de víctima de abuso sexual en el ámbito institucional de la Iglesia, se recomienda la creación de un órgano especial de carácter temporal e independiente que tenga como finalidad la reparación de las víctimas así acreditadas en aquellos casos en los que, por la prescripción del delito y otras causas, no se haya podido seguir un proceso penal contra el victimario. Hoy por hoy considero que tanto la Conferencia Episcopal como muchísimas órdenes religiosas con las que hemos tenido ocasión de hablar están en la convicción, y muchas también están en la práctica, de que cuando tienen conocimiento de que hay un abuso han de acudir en primer lugar a la Fiscalía —e‌ s, además, su deber— y, tras ello, proceder según los mecanismos que consideren, repito, en primer lugar, a la Fiscalía y, después, según los mecanismos que consideren, pero esto no es lo que ha ocurrido históricamente.

Se debe prever una compensación que no debe estar sujeta a la mera discrecionalidad, ni sometida a criterios desvinculados de una valoración profesional especializada, ni basada en decisiones de distintas organizaciones o profesionales contratados, y que esa medida general no produzca desigualdad. Esto no debería llevar a reproducir la opacidad, la arbitrariedad y el silenciamiento, pero en algunos casos claramente lo hay. Las compensaciones se han de determinar en un procedimiento reglado, profesional y transparente, mediante la adopción de una ley que, además del procedimiento de reparación indicado anteriormente, pueda reformar el régimen de prescripción de la acción de responsabilidad civil derivada de los delitos de agresión y abusos sexuales de menores. Para ello resulta necesario la creación de un fondo estatal. Algunas veces, aunque no es el caso ―desde luego, menos ante ustedes, que conocen muy bien esto―, hemos de tener cierto cuidado, porque cuando decimos estatal no queremos decir del Gobierno, lo cual no significa que el Gobierno no esté en el ámbito estatal. ¿Para qué? Para el pago de las compensaciones a favor de las víctimas que acuerde el mencionado órgano especial de reparación. Esta obligación de reparación puede cumplirse en colaboración o en cooperación con la Iglesia católica o, con carácter subsidiario, el responsable de la misma, pero la Iglesia no ha de mantenerse al margen de esta compensación, sino que ha de ser central en ella.

Es necesario impulsar reformas legislativas que faciliten los procesos de justicia restaurativa, asegurando que, mediante procesos especializados, se pueda ofrecer una vía de reparación a las víctimas, aunque para esto deben desearlo voluntariamente. Conocen ustedes bien que la justicia restaurativa exige la voluntariedad concreta, esto es, que deseen expresamente participar de estos procesos. No se puede, por tanto, proponer como obligatorio previo a la reparación o a la indemnización; es voluntaria, sin voluntariedad no hay justicia restaurativa.

Respecto al apoyo a las víctimas, se recomienda que se asegure que todas ellas tengan derecho a la asistencia integral, especializada y accesible, con independencia de su sexo o identidad sexual. Hay que priorizar la escucha a las personas afectadas por este tipo de delitos por parte de jueces y fiscales. Está bien que hablemos de ellos, está bien que hablemos con ellos, pero es fundamental que escuchemos lo que ellos y ellas dicen. Y han de asegurar los jueces y fiscales la notificación en persona de las resoluciones que pongan fin al procedimiento por prescripción, con una explicación en lenguaje claro de la existencia de otras vías ajenas al proceso judicial penal. Tampoco hemos de olvidar ―esto lo sentimos, desde luego, como un problema fundamental― la tarea aún pendiente de abordar más explícitamente: los abusos cometidos contra personas con discapacidad.

Las oficinas públicas de asistencia a víctimas de delitos deben prestar una atención específica e integral que incluya atención psicológica, jurídica y social a las víctimas de delitos contra la libertad sexual. Y hay que establecer un mecanismo de coordinación, porque, por un lado, están las oficinas públicas de atención, pero tiene que haber un mecanismo de coordinación entre las oficinas de protección del menor y prevención de abusos de la Iglesia católica y las oficinas para víctimas de delitos dependientes del Ministerio de Justicia o de los Gobiernos de las comunidades autónomas; de lo contrario, producimos en las víctimas un desconcierto que se resume en ir de acá para allá.

Por otro lado, está la separación entre la Iglesia y el Estado, que ustedes conocen bien y que, además, no supone que no se pueda trabajar en espacios de coordinación y colaboración; como bien saben, significa otra cosa. Este asunto requiere eso. Es decir, considero imprescindible que, por el bien de las víctimas, se adopten compromisos conjuntos en este punto; para empezar, que no sea necesario presentar el testimonio de las víctimas una y otra vez, lo que supone una injusta, dolorosa e innecesaria revictimización.

En cuanto a la prevención, se recomienda el desarrollo reglamentario de las disposiciones de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, a fin de que sean relevantes para prevenir, detectar y perseguir los abusos sexuales de menores. Resultan necesarias la revisión periódica y la evaluación del conjunto de la normativa aplicada en este ámbito, así como la supervisión efectiva de la inspección educativa. Asimismo, hay que tener en cuenta la necesidad de diseñar en educación un enfoque afectivo-sexual de los menores adaptado a su nivel de desarrollo. Deben ponerse en consonancia los protocolos de prevención diseñados por las instituciones religiosas con las previsiones de los protocolos impulsados por la Administración para que no se genere ―como he señalado― confusión entre las víctimas.

En lo que se refiere a la formación y a la investigación, se recomienda que los colegios oficiales de profesionales dedicados a la atención psicológica y social o a la educación de menores de edad ofrezcan una formación especializada a aquellos profesionales que intervengan con víctimas de abusos ocurridos en el ámbito religioso. Los poderes públicos deben garantizar el cumplimiento de las previsiones normativas respecto a la necesidad de que todos los profesionales en contacto con menores de edad reciban la formación adecuada sobre los abusos sexuales ―no solo sobre ello, pero también sobre ello―, en especial en los centros educativos, con independencia de su titularidad pública o privada, y en otras instituciones. El Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y los colegios de abogados y procuradores deben velar por la adecuada formación y sensibilización de los miembros de la carrera judicial y fiscal y de los profesionales mencionados en relación con la problemática aquí trazada. Las Cortes Generales y el Gobierno de España, encargados de las medidas necesarias para cumplir con los objetivos de este informe, habrían de adoptar las decisiones y hacer un seguimiento de ellas, así como evaluar los resultados de estas reformas adoptadas.

En definitiva, para concluir, puede considerarse que se ha roto el silencio social e institucional ―el silencio, solo el silencio―, aunque para las víctimas resulte de una manera tardía. Este es el momento de tomar medidas concretas. Tanto esta Cámara como el Defensor del Pueblo somos depositarios de la confianza de aquellas personas que han acudido a lo largo de los últimos meses a esta institución dando testimonio; les puedo asegurar que no ha sido para ellos nada fácil, no solo por los abusos que recibieron, sino también por la respuesta que encontraron a los abusos que recibieron.

Es importante, muy importante que estemos aquí, en este momento institucional, en el seno del Parlamento, sin dogmatismos y pensando en las víctimas. Hablo del silencio del que se ha visto rodeado durante muchos años ―de hecho, largas décadas― el grave problema de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. Lo han hecho muchas víctimas, sin condiciones personales ni de ningún otro tipo, para exponer con coraje y dolor su situación, y en buena medida la sociedad española también está en el momento de la respuesta. Pensamos que entre todos estamos contribuyendo a romper dicho silencio. Se ha de anteponer la reparación de las víctimas a cualquier otra diferencia ideológica o de creencias y se habrá de acordar cómo ha de hacerse. El testimonio 72 nos decía: Nunca se podrá saber qué hubiera sido de mí, de mi vida, sin mi experiencia de abuso y nunca se podrá saber cuánto del ser mutilado que me he sentido se ha debido a ello. Solo puedo especular que he sido la sombra de lo que podría haber sido.

En alguna ocasión he dicho que lo que ha sucedido a lo largo de mucho tiempo ha sido posible por el mantenimiento de este silencio. Se acabó. Su ruptura no se debe sin más a esta comisión asesora del Defensor del Pueblo y su informe ―nosotros no tenemos esa arrogancia―; se debe en gran medida al esfuerzo de tantas víctimas que desde hace años están desvelando públicamente los terribles hechos que sufrieron y que los han acompañado durante toda su vida, desde su infancia. Merecen y necesitan una respuesta. Se debe también a la contribución de los medios de comunicación, que están ayudando a este despertar; a quienes desde distintos ámbitos han acompañado sus itinerarios de vida y sus reivindicaciones, y, en alguna medida ―espero―, a lo que pueda aportar este trabajo elaborado por una institución pública y que hoy presentamos en este Pleno. Desde luego, todo dependerá en gran parte de la respuesta de ustedes, señorías, como miembros de las Cortes Generales.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias… Obrigado, señora presidenta. Moi bo día, señorías, señor Defensor do Pobo. Quero comezar por expresar o meu recoñecemento e do BNG a todas as vítimas de abusos sexuais, o recoñecemento a todas as que tiveron a coraxe de romper a lousa de silencio con que a Igrexa Católica tentou ocultar a ignominia, especialmente por se tratar dunha institución que infelizmente ten aínda un grande poder e influencia social. En marzo de dous mil vinte e dous, o Congreso aprobaba a constitución dunha comisión independente para elaborar un informe sobre as denuncias de abusos sexuais no ámbito da Igrexa Católica e o papel dos poderes públicos. O resultado dese traballo, o informe que hoxe debatemos, desde logo moi necesario e moi ilustrativo que achega unha análise, sobre todo recomendacións, que entendemos deben ser asumidas polo conxunto dos poderes públicos interpelados. Durante moito tempo, a presión social, cultural e da propia estrutura eclesiástica silenciou as vítimas. É preciso darlles voz, facilitar canles para denunciar e que poidan obter reparación individual e tamén reparación colectiva e pública con acto de recoñecemento, tal e como apunta o propio informe.

Os casos de abuso que transcenderon até o momento foi precisamente grazas ao traballo e esforzo das propias vítimas, acompañados, en certa medida, por medios de comunicación que investigaron algunhas das denuncias. Neste sentido, consideramos moi adecuada a reflexión sobre que o Estado non pode inhibirse das súas obrigas e debe responder ante os casos de abuso, especialmente de menores, pois ten de exercer o seu deber de tutela e supervisión, con independencia de que eses menores fosen escolarizados en institucións públicas ou privadas. Convén destacar que aínda a día de hoxe, a investigación realizada por esta comisión achou reticencias e falta de colaboración por parte de moitas dioceses. O informe chega mesmo a falar dunha tendencia xeral a tentar minimizar a cuestión e a se negar a abordar os factores internos que poden favorecer as dinámicas de abuso e de encubrimento. Porén, o que entendemos elemento central é o feito de que moitos dos casos denunciados, que son só unha pequena parte dos realmente producidos, non acharon resposta por parte da xustiza penal debido á aplicación das normas de prescrición. Reformar a lexislación para establecer a imprescritibilidade ao delito de abuso sexual infantil é crucial.

Por iso, instamos a acelerar e impulsar a reforma lexislativa que xa foi tomada en consideración a pasada semana para lograr ese obxectivo o antes posíbel. Mais é imprescindíbel tamén que sexan abordadas o resto das recomendacións do informe como a de establecer mecanismos para recoñecer e reparar as vítimas. Mesmo se a Igrexa mantiver a negativa a facelo. Debe ser estabelecido o procedemento declarativo específico que permita ás vítimas seren escoitadas, obteren un pronunciamento expreso da súa condición e recibiren recoñecemento e medidas reparadoras adecuadas e deben ser tomadas en consideración e recomendacións referidas a reformas lexislativas como as que teñen que ver coa prescrición da acción civil derivada do delito de agresión e abuso sexual a menores ou a que debe operarse na Lei 35/1995 sobre axudas públicas ás vítimas de delitos violentos e contra a liberdade sexual para asegurar contías suficientes para adecuar o procedemento á necesidade das vítimas. E tamén debe garantirse que as oficinas de atención ás vítimas, así como os xulgados e tribunais dispoñen dos recursos humanos e materiais necesarios, contando con profesionais adecuados e formando e sensibilizando o persoal nesta materia.

Ademais, e finalizo, de forma específica no ámbito educativo, as Administracións competentes deben velar polo establecemento de protocolos dirixidos á prevención de abusos sexuais, garantindo ambientes seguros e pautas a seguir cando se detectaren en situacións de abuso, debendo actuar as inspeccións educativas con independencia de que o centro sexan de titularidade pública e/ou privada, e en todo caso hai que esixir á Igrexa a súa responsabilidade polo amparo e a ocultación de delitos tan graves tal e como recolle o informe; comezando pola transparencia e por colocar a disposición dos investigadores e investigadoras todos os arquivos.

Moito obrigado.

Gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señorías. Señor defensor del pueblo, quiero empezar expresando mi reconocimiento y el del BNG a todas las víctimas de abusos sexuales, a todas las que tuvieron el coraje de romper la losa del silencio con la que la Iglesia católica ha intentado ocultar la ignominia, sobre todo por tratarse de una institución que, desgraciadamente, todavía tiene un gran poder e influencia social.

En marzo de 2022 el Congreso aprobaba la constitución de una comisión independiente para elaborar un informe sobre la denuncia de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. El resultado de ese trabajo es el informe que hoy debatimos, que es muy necesario y muy ilustrativo y aporta un análisis y, sobre todo, recomendaciones que deben ser asumidas por el conjunto de los poderes públicos interpelados.

Durante mucho tiempo, la presión social, cultural y de la propia estructura eclesiástica silenció a las víctimas. Es necesario darles voz, facilitar canales para denunciar y que puedan obtener reparación individual, pero también reparación colectiva y pública con actos de reconocimiento, tal y como apunta el propio informe.

Los casos de abuso han trascendido hasta ahora gracias, precisamente, al trabajo y esfuerzo de las propias víctimas, acompañadas, en cierta medida, por medios de comunicación que investigaron algunas de las denuncias. En este sentido, nos parece muy adecuada la reflexión de que el Estado no puede eludir sus obligaciones y debe responder ante los casos de abuso, especialmente de menores, pues debía ejercer su deber de tutela y supervisión, independientemente de que esos menores fuesen escolarizados en instituciones públicas o privadas.

Conviene destacar que todavía hoy en día la investigación realizada por esta comisión se enfrenta a reticencias y a falta de colaboración por parte de muchas diócesis. El informe llega incluso a hablar de una tendencia general a intentar minimizar la cuestión y a negarse a abordar los factores internos que pueden favorecer las dinámicas de abuso y encubrimiento.

Sin embargo, lo que entendemos como elemento central es el hecho de que muchos de los casos denunciados, que solo son una pequeña parte de los realmente producidos, no encontraron respuesta de la justicia penal debido a la aplicación de las normas de prescripción. Reformar la legislación para establecer la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual infantil es crucial, y tenemos que acelerar la reforma legislativa que fue tomada en consideración la semana pasada para lograr este objetivo lo antes posible. Pero también es imprescindible que se aborde el resto de las recomendaciones del informe, como la de establecer mecanismos para reconocer y reparar a las víctimas, incluso si la Iglesia se mantiene en la negativa de hacerlo. Hay que establecer un procedimiento declarativo específico que permita a las víctimas ser escuchadas, obtener un pronunciamiento expreso de su condición y recibir reconocimiento y medidas reparadoras adecuadas.

Deben ser tomadas en consideración las recomendaciones referidas a las reformas legislativas, como la de prescripción de la acción civil derivada de los delitos de agresión y abuso sexual a los menores o la que debe operarse en la Ley 35/1995, de Ayudas Públicas a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, para asegurar cuantías suficientes y adecuar el procedimiento a las necesidades de las víctimas. También hay que garantizar que las oficinas de atención a las víctimas, así como los juzgados y tribunales, dispongan de los recursos humanos y materiales necesarios, contando con profesionales adecuados y formando y sensibilizando al personal en esta materia.

Finalizo. De forma específica, en el ámbito educativo las Administraciones competentes deben velar por el establecimiento de protocolos dirigidos a la prevención de abusos sexuales, garantizando ambientes seguros y pautas a seguir cuando se detecten situaciones de abuso, debiendo actuar las inspecciones educativas, independientemente de que los centros sean de titularidad pública o privada.

En todo caso, es necesario exigir a la Iglesia su responsabilidad por haber amparado y ocultado delitos tan graves, tal y como recoge el informe, empezando por la transparencia, y poner a disposición de los investigadores e investigadoras todos los archivos.

Muchas gracias.

Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Señor Gabilondo y representantes de las asociaciones, siento tener tan poco tiempo para un tema tan importante, pero voy a tratar de ir a lo esencial.

Hoy la defensoría del pueblo presenta sus conclusiones y recomendaciones para abordar el terrible problema de agresiones sexuales que se han producido durante décadas en el seno de la Iglesia católica en nuestro país. Para variar, España llega tarde; es un tema que ya ha sido abordado en muchos otros países.

Una vez más, sus señorías del Partido Socialista se equivocaron en el enfoque. Convertir en un proceso a puerta cerrada controlado por el Defensor del Pueblo la comisión de investigación necesaria en este Congreso, una comisión pública que pudiera formar parte del proceso de reparación simbólica a las víctimas, creo que ha usurpado a las víctimas y a la ciudadanía del necesario debate público. Hacerlo así contribuye a perpetuar el silencio, que es el principal aliado de los agresores y de la Iglesia católica, que ha gozado y goza de innumerables privilegios en España. Es obvio que a la alta jerarquía eclesiástica de nuestro país le da igual lo que hayan hecho los agresores; lo importante es que no se sepa, que no trascienda. No contarán con nuestro silencio ni con nuestra complacencia, señor Gabilondo.

Con este proceso a puerta cerrada, ustedes, señorías del Partido Socialista, han desconectado este tema del enorme cambio cultural que se ha impulsado en nuestro país y que ha puesto en el centro del debate público el tema sobre la libertad sexual. Esta comisión se tenía que haber celebrado en el Congreso y se tenía que haber acompañado del despliegue legislativo que la ministra Montero y yo misma realizamos la pasada legislatura con la LOGILS y la ley de lucha contra todas las formas de violencia hacia la infancia.

Las víctimas de violencia sexual en el seno de la Iglesia católica no son víctimas de abusos, un término ya desechado; son víctimas de violencia sexual. Y no son víctimas de segunda por el hecho de que sus agresores pertenezcan a una de las instituciones más poderosas y privilegiadas de nuestro país, que ha desplegado una permanente estrategia de ocultación de la violencia sexual. Y tiene que quedar claro que, además, este no es un problema del pasado ―esto es algo que me preocupa enormemente del enfoque del informe―, sino que hoy, en este momento, las agresiones sexuales en el seno de la Iglesia se siguen cometiendo y con una enorme impunidad.

Estas víctimas han de tener derecho ―es la obligación del Gobierno― a asistencia jurídica, psicológica y social gratuita a través de áreas especializadas que se creen en las oficinas de víctimas, áreas homólogas a los centros de crisis 24 horas que ya establece la ley del solo sí es sí y que el Gobierno ya tenía que haber puesto en funcionamiento en cada provincia. Y, por supuesto, es imprescindible obligar a la Iglesia católica a un proceso de reparación público, simbólico y económico que ofrezca un poco de justicia a estas personas, la que no han obtenido del sistema de justicia ni de la propia Iglesia. Además, hay que asumir de una vez que la Iglesia y sus miembros tienen que cumplir con las mismas leyes que el resto de la ciudadanía.

Por último, no hay más que leer algunas de las recomendaciones del informe para darse cuenta de que España necesita una reflexión a fondo sobre su sistema educativo. El Estado, lo público, no puede seguir dejando en manos de la Iglesia, que ha demostrado una y otra vez que tiene una estrategia de encubrimiento permanente de la violencia sexual, la educación de un altísimo porcentaje de nuestros niños y nuestras niñas que acuden a la educación concertada con esta institución. (Aplausos). Separar los espacios donde se forma a nuestra infancia de una institución que no hace nada para atajar su terrible problema de violencia sexual es, señorías, una urgencia democrática.

Muchas gracias. (Aplausos).

Eskerrik asko mahaiburu anderea. Egun on guztioi. Hau lotsagarria da. Gaur guztiok onartu eta gureganatu behar dugun lotsa. Eta barkamena eskatu. Eta arazoa konpondu. Abusuen lotsa. Adingabekoen kontrako abusuarena. Elizak lotsa sentitu behar du eta barkamena eskatu. Eta egora honi kristau apalatasunez konponbidea bilatu. Hitz hauek ez dira nereak, ezta ere beste politikari batenak, kazetari ezagun batena ere ez dira, ezta biktimenak ere. Izan zitezkeen. Eta gainera zilegitasun osoarekin. Baina ez, ez dira. Hitz hauek Jorge Bergolio Fancisco aita Santuarenak dira. Eliza katolikoaren ordezkari gorenaren hitzak. Dena esaten dute. Eta galdera askoren erantzuna izateaz gain, gure gaurko agerraldi honi zentzua ematen diote.

Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todos.

Esto es una vergüenza que debemos compartir y pedir perdón y solucionar el problema. Hablamos de la vergüenza de los abusos contra menores. La Iglesia debería sentirse avergonzada y pedir perdón y buscar una solución desde el cristianismo. Estas palabras no son mías, ni tampoco de otro político, ni de un periodista famoso, ni tampoco son palabras de las víctimas. Podrían ser sus palabras y, además, tendrían toda la credibilidad, pero no son sus palabras. Estas son las palabras de Jorge Bergoglio, el papa Francisco, el responsable principal de la Iglesia católica. Estas palabras ya lo dicen todo y, además, son la respuesta a muchas preguntas y le dan todo el sentido a esta intervención de hoy.

Una cuestión previa. En el informe que ha presentado el defensor del Pueblo, al cual saludo y agradezco la labor realizada, el resumen está en inglés, y nos hubiera gustado que también hubiera estado en euskera, en catalán o en gallego. Creo que es lógico que esté en estos idiomas.

Dicho esto, quisiera manifestar que este informe es la respuesta a una petición que se hizo en esta Cámara a raíz de una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Vasco, y creo que esa encomienda, este informe, es muy bueno y, por tanto, quiero mostrar mi agradecimiento al defensor del Pueblo y a su equipo y a la comisión por el trabajo realizado. Y lo digo, entre otras cosas, porque tiene tres virtudes: es un informe serio, es un informe objetivo y es un informe empático. Creo que es importante esta tercera cuestión.

¿Y qué nos enseña este informe?: la radiografía de algo que sí sucedió y darle la importancia social que tiene; reconocer que ha estado oculto y que ha sido minimizado, como lo ha dicho él, por parte de la Iglesia católica; que tiene unas consecuencias negativas en las víctimas; que no ha tenido una respuesta igual y que requería un tratamiento especial, más allá de otros abusos, porque quien lo ha cometido y en los contextos en los que se han cometido —‌el educativo; por medio de intimidación; en una cultura social basada en la religión— son diferentes a otros ámbitos, y es importante separarlos.

La respuesta de la Iglesia católica ha sido durante demasiados años una respuesta de negación o minimización de estos casos. Esto es algo que no se puede ni defender ni tolerar. Pero ni este informe lo es ni mi grupo quiere hacer de esto una causa general, porque no es el caso. Tampoco esto es un juicio. A nosotros, como responsables políticos, nos corresponde recoger el mandato que le hicimos al Defensor del Pueblo y actuar en consecuencia, poniendo los recursos necesarios para reparar a las víctimas y crear la estructura necesaria para que jamás vuelva a ocurrir. En ningún caso, estos son argumentos para omitir responsabilidades, sino para exigir reparaciones. Vuelvo a otras palabras del papa Francisco: «Las palabras ya no bastan. Hacen falta medidas concretas. Las víctimas deben de ser escuchadas, deben de estar en el centro y tienen derecho a la verdad. Las atrocidades deben ser reconocidas y se debe hacer justicia». Esto lo dijo el papa Francisco en Bruselas.

Ni la petición de perdón de la Iglesia debe de quedar sin justa reparación hacia las víctimas, ni los agresores sexuales pueden quedar exonerados de su responsabilidad. En otros ámbitos que todos conocemos, se utiliza el binomio mayoritariamente compartido como paso fundamental para afrontar positivamente una situación consecuencia de un quebrantamiento, que es reconocimiento del daño causado, derecho a la reparación. Creo que el informe del Defensor del Pueblo manifiesta claramente que el eje central de todo esto debe ser la víctima ―lo ha dicho el defensor en su intervención―, es el sentido primero, el sentido último, el sentido central. Aunque muchos prefieran que nos centremos casi únicamente en el victimario, que también, la Iglesia debe explicar por qué se dieron en su ámbito estos abusos, por qué fue posible, por qué hubo esa impunidad, por qué ocurrió esto en su seno y por qué miembros de la Iglesia fueron los causantes. Debe hacer una reflexión importante.

Aquí debemos centrarnos en lo que incumbe a los poderes públicos, ya que el informe deja claro —‌en un momento dado lo dice— que, además de la obligación de reparación que incumbe a la Iglesia católica por los daños ocasionados por clérigos, religiosos o religiosas, hay una obligación del Estado que se funda no solo en los deberes generales de solidaridad. Se trata de aquellos casos en los que los abusos se han cometido en un centro educativo o en el contexto de una actividad en la que el Estado tenía un deber de supervisión. Digamos, pues, que el eje central es la víctima, como elemento que ha sufrido una agresión sexual en una de las etapas más frágiles de su vida, con lo que ello supone, y como persona incomprendida y desguarnecida. Porque esa víctima era menor, estaba desguarnecida, y sus agresores estaban en un régimen de impunidad.

La respuesta de la Iglesia, según el informe, ha sido heterogénea y, en ocasiones, insuficiente. Aunque algunas diócesis colaboraron con la investigación, otras rechazaron hacerlo. Además, ciertas actitudes han evidenciado una reticencia institucional a reconocer el problema en toda su magnitud. El problema no ha sido que la Iglesia no tuviera internamente sistemas para encauzar esta gravísima problemática en su seno. El error y el horror han sido el ocultamiento, consciente en algunos casos, y el ofensivo desinterés. Decía Stamp que es fácil esquivar nuestras responsabilidades, pero no podemos eludir las consecuencias de eludir nuestras responsabilidades.

Por tanto, este informe arroja algo de luz entre tanta oscuridad y creemos acertadas las medidas que plantea.

No tengo más tiempo eta bukatzera noa. Elizaren barnean eman diren sexu abusuei erantzun bat emateko behar soziala eta derrigortasun politikoa daukagu. Ez epaile lanak egiteko ezta gutxiago ere ebazle izateko. Baina bai biktimekiko abusu horiek gaitsezteko eta estali dituzten konplizitatea salatzeko eta batez ere gehiago gerta ez daitezen behar diren oinarriak jarri eta dagozkigun erantzukizun politikoak hartzeko. Hau edonon gertatuta ere gizartearentzat onartezinakdiren ekintzak dira. Eta denborak ezin du galbidean utzi hori jasan zutenen testigantza eta sufrimendua. Errudunek bere erruduna, errua onartu eta ordaindu beharko dute egokien ikusten den moduan. Eta besteok baliabideak jarri beharko ditugu errugabe diren eta biktima izan direnek behar-beharrezkoa duen errekonozimendu guztia izan dezaten. Mila esker.

Ya finalizo. Tenemos que responder como políticos ante los abusos sexuales dentro de la Iglesia. No queremos ser jueces ni tampoco dar una resolución, pero sí que debemos condenar todos estos abusos y denunciar las complicidades que los han ocultado y, sobre todo, para que no vuelvan a ocurrir, debemos poner las bases necesarias y asumir las responsabilidades que nos corresponden. Esto que ocurre en cualquier lado es inadmisible para la sociedad. El tiempo no puede hacer que olvidemos los testimonios y el sufrimiento de los que sufrieron todo esto. Los culpables tienen que asumir su culpa y pagarla como mejor se vea y, además, los demás tendremos que poner recursos para el reconocimiento que tengan las víctimas, un reconocimiento que todavía no han tenido, pero que se merecen.

Muchas gracias.

Gracias, señora presidenta. Saludo a las representantes y los representantes de las asociaciones de víctimas y saludo también al señor Gabilondo. Señor Gabilondo, vuelvo a agradecerle la labor realizada, como lo hice también en la comisión en la que se presentó el informe. Han pasado algo más de dos años y medio desde que el Congreso planteó la encomienda al Defensor del Pueblo de realizar un informe que diera luz y reconocimiento, ante la falta de respuesta, a la situación de sufrimiento, soledad y silencio que han vivido las víctimas de los abusos sexuales en el entorno de la Iglesia Católica, y que pusiera los cimientos para iniciativas legislativas que den respuestas a las necesidades planteadas por ellas. En este hemiciclo se ha debatido en repetidas ocasiones también el tema que nos trae hoy, pero ahora, tras recibir formalmente este informe, nos toca accionar los mecanismos legislativos necesarios para dar las respuestas a las víctimas y a la sociedad en general, que las que están esperando; son las víctimas sobre todo las que nos las piden. Es urgente el desarrollo de la ley. Durante estos años hemos visto la respuesta de la Iglesia. Han pasado de la negación casi total al intento de minimizar la cuestión, aludiendo que hay algunas manzanas podridas, a la compra de silencios ―eso también se ha hecho― y, finalmente, al parecer —r‌epito: al parecer—, a reconocer lo que ha generado, pero sin asumir su verdadera responsabilidad. En numerosas ocasiones las víctimas han relatado que las respuestas recibidas por la Iglesia han sido insuficientes. Ayer mismo, esto se certificaba en varios medios de comunicación. Nos decían las víctimas que los mecanismos para atender a quienes habían acudido en búsqueda de verdad, pidiendo ser escuchados o pidiendo justicia, generalmente han sido insuficientes e inadecuados. En el informe se alude a la necesidad de instaurar un procedimiento administrativo dirigido a reconocer a las víctimas, incluidos los delitos ya prescritos, para obtener un estatus de víctimas y poder ser reparadas, y compartimos esta propuesta. También se habla de la posibilidad de realizar una reforma legal de la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia, para casos específicos, como en lo referido a la responsabilidad subsidiaria, con el fin de imponer la obligación de que se repare económicamente por parte de las diócesis, congregaciones u otras instituciones en el seno de la cual se haya cometido un delito por una persona vinculada a estas. Esta reforma recibiría también nuestro apoyo.

Entre las veinticuatro recomendaciones del informe se hace un alegato a la justicia restaurativa y a la reparación pública simbólica, como ya se hizo también en Navarra por parte del Gobierno navarro, pero pensamos que esta reparación simbólica debe conllevar también un reconocimiento y compromiso público por parte de la Iglesia católica, y también de reparación. Compartimos plenamente que se deba prever una compensación que sea determinada en un procedimiento reglado, profesional y transparente. Asimismo, resulta necesaria, indudablemente, la creación de un fondo estatal financiado por la contribución de la Iglesia, solo de la Iglesia, que decidirá si contribuyen todas las diócesis o si venden propiedades para indemnizar, como lo hizo también Francia. En sus manos queda la decisión del cómo.

Señorías, la Iglesia está negando este tema y está evitando cualquier tipo de colaboración con el Estado, pero nosotras no hablamos de colaboración Estado-Iglesia, hablamos de plena responsabilidad de la Iglesia en lo que ella ha generado. Si en Alemania, Francia, Australia y Portugal lo han hecho, ¿por qué aquí no se puede hacer de manera rotunda? Entendemos que algunas víctimas, por su avanzada edad, quieran evitar una nueva dilación, lo entendemos, pero si queremos que se aborde de una manera digna, que no se cierre en falso la realidad de los casos de abuso de la Iglesia, pensamos que se debe exigir y garantizar este paso.

Finalizo hablando del presente y del futuro, hablando de la sexualidad como una dimensión humana vital y que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Pongamos las herramientas para que desde la infancia y a lo largo de la juventud, adultez y vejez podamos vivir nuestra sexualidad de una manera grata y también libre, que nadie invada e interceda sin consentimiento en ella, que podamos cultivarla. Preparemos a la sociedad y a la ciudadanía para comunicar nuestras dificultades y, en su caso, solicitar ayuda en lo referente a nuestra sexualidad, sin miedo, sin miedo a la culpabilización, a la vergüenza y a la duda. También hay algo muy necesario hoy en día, pero está fallando: estamos poniendo dificultades a la escucha. Necesitamos una escucha sin juicios en torno a lo sexual.

Para todo ello, vuelvo a incidir en este hemiciclo en la necesidad de una educación sexual integral. Si no la garantizamos, seguiremos abonando los silencios y tabúes de los que se han valido los victimarios que abusaron de miles y miles de niños y niñas y también los que los protegieron y han favorecido esta gran impunidad durante tantos años.

Mila esker. (Aplausos).

Molt bon dia, senyories, presidenta, senyor Gabilondo. Voldria saludar, en primer lloc, a les persones que ens acompanyen i molt especialment a les víctimes d’abusos i a les persones i entitats que s’han involucrat en la lluita pels drets de les víctimes dels abusos a menors. És gràcies a ells, és gràcies a vosaltres i al vostre esforç constant i perseverant que avui la societat ha pres consciència del fenomen dels abusos sexuals, concretament dels comesos en el si de l’Església catòlica i també de la necessitat de veritat, de justícia i de reparació integral del dany causat. Espanya va tard. La majoria de països europeus ja han passat per aquest procés, en el que estem ara a nosaltres, i països, sense anar més lluny, com Catalunya, s’han avançat en aquest procés. Tot just ara tenim una primera resposta des de les institucions de l’Estat espanyol. Com diu el subtítol de l’informe, «una resposta necessària», necessària davant el patiment, la soledat i el desemparament de milers de menors abusats. Un dolor que durant massa anys s’ha mantingut encobert per un silenci injust i insuportable. Una resposta, com dèiem, necessària perquè la gran part de la ciutadania, no només de les víctimes, i la mateixa justícia ho exigeixen. La societat, com deia, ha pres consciència progressivament. Des de finals del segle passat, s’han anat fent públics casos d’abusos sexuals. Al principi, la societat els entomava com a circumstàncies excepcionals, amb impacte mediàtic però puntuals, i només ha estat en els darrers anys que s’ha girat el focus cap a les víctimes. I això és mèrit precisament de les associacions i, també val la pena dir-ho, de mitjans de comunicació responsables amb la seva tasca, que és investigar i informar. Una tasca que sovint queda amagada pel silenci, però també pel sensacionalisme i la gesticulació ideològica. L’informe que ens ha remès el Defensor del Poble es basa en tres àmbits: una comissió assessora d’experts, una unitat d’atenció a les víctimes i de suport a la investigació i un fòrum de diàleg amb les associacions. Creiem que la metodologia ha estat adequada, suficient per arribar a un primer diagnòstic i, per tant, considerem acomplert el primer requisit d’aquest procés, que és el de la veritat. Valorem especialment, com ja s’ha dit, el procés d’escolta, l’element qualitatiu que aporta el tracte directe amb les víctimes i les associacions. Més dubtes, en canvi, ens planteja, per exemple, l’enquesta i les projeccions que se’n deriven.

Justícia, considerem que l’informe també compleix aquest element, almenys els mínims d’aquest element del requisit de justícia. Es posa la víctima al centre. I no només això, sinó que, tal com explicava el senyor Gabilondo, l’Església no s’ha sentit afrontada. Al contrari, ha entès que havia de fer front a aquest problema, precisament per la necessitat que té de ser exemplar.

En aquest sentit, posem en relleu la instrucció sobre abusos sexuals de la Conferència Episcopal de 2023, el recent Pla de reparació integral de les víctimes d’abusos a menors, PRIVA, o la implementació de protocols de prevenció i la creació d’oficines de prevenció. Fer justícia és deixar de negar els fets o minimitzar-los és deixar de protegir els victimaris. Fer justícia és no emparar-se en les formalitats del dret canònic. És posar punt i final a les males pràctiques, com el trasllat de abusadors a d’altres parròquies, d’altres centres docents o inclús d’altres països, unes pràctiques que, de ser habituals, han passat a ser vergonyoses. Han passat a considerar-se vergonyoses, perquè si bé en alguns casos salvaven les formalitats, en el fons eren una condemna per a les víctimes a la soledat, al silenci i la indefensió.

Fer justícia, com s’ha dit també, requereix que els poders públics assumeixin la seva responsabilitat. D’alguna manera ho vam fer la setmana passada, quan aquest Congrés va prendre en consideració una reforma penal necessària per evitar la prescripció dels abusos, que ens arribava del Parlament de Catalunya. També ho va fer amb l’aprovació a la passada legislatura de les lleis de protecció integral a la infància i l’adolescència davant la violència i la LOGILS. Però el cert és que hem de reconèixer que anem tard i que ho podríem haver fet millor.

Cal reformar la legislació per garantir que la justícia i el dret a la reparació a les víctimes siguin plenament efectius. Cal impulsar reformes legislatives per dur a terme una justícia restaurativa. Cal la previsió d’una assistència en la reparació integral a les víctimes, quan la via judicial penal no és possible per la prescripció del delicte o la mort del victimari. Cal millorar la llei de l’Estatut de la víctima del 2015 per fer efectives les responsabilitats civils. I també, també una sèrie de propostes que es contenen a l’informe: Cal, per exemple, implantar un procediment no judicial sinó administratiu, on una autoritat independent i imparcial faciliti el reconeixement dels fets i asseguri el dret a la justícia i l’efectiva reparació del dany causat. I així fins a 25 propostes d’actuació més que conté l’informe que abasten des de l’àmbit judicial fins a l’educatiu o l’econòmic.

Ara recau sobre nosaltres el deure de donar forma a aquestes propostes. Ara és responsabilitat dels poders públics donar forma a aquestes propostes, i en això demano que el Govern no es tanqui en pressupòsits ideològics que el poden allunyar de la realitat. L’informe conclou que l’Església catòlica ha d’adoptar compromisos públics per al reconeixement real i efectiu de les víctimes i la seva reparació. Aquesta és la conclusió de l’informe.

La bona notícia és que l’Església s’ha mogut. Potser no tothom ha estat a l’alçada. No hi va estar l’anterior president de la Conferència Episcopal Espanyola, el senyor Omella, però sí que ho ha estat, creiem, l’actual president, el senyor Argüello, i també la gran majoria de l’Església catalana i de l’espanyola, que han entès que era el moment d’acostar-se a la societat, d’acostar-se a les víctimes que era l’hora d’emprendre un camí en direcció contrària a l’opacitat i a les aparences. Un camí cap al reconeixement dels fets i la reparació integral de les víctimes, que ha d’incloure, com no pot ser d’altra manera, un rescabalament econòmic que vagi més enllà, que superi les barreres dels formalismes legals i que inclogui també la creació d’un fons estatal, un fons en cooperació, en col·laboració amb l’Església o amb caràcter subsidiari a la reparació de l’Església, però en tot cas, sense que l’Església se’n mantingui al marge.

Acabo. Tenim l’esperança que les paraules del papa Francesc el passat 27 de setembre a Bèlgica no hauran estat dites en va. Afegeixo a les paraules que ha dit el diputat que m’ha precedit unes altres paraules que també va dir en aquest mateix dia a Brussel·les. Va dir el papa Francesc: «Els abusos a menors són la vergonya i la humiliació de l’Església. L’església ha de demanar perdó i resoldre aquesta situació amb humilitat cristiana i fer tot el que sigui necessari i perquè això no torni a passar mai més».

Moltes gràcies.

Muy buenos días, señorías, presidenta, señor Gabilondo. En primer lugar, quisiera saludar a las personas que nos acompañan, especialmente a las víctimas de abusos, y a las personas y entidades que se han involucrado en la lucha por los derechos de las víctimas de los abusos a menores. Gracias a ellos, a su esfuerzo también perseverante, la sociedad ha tomado conciencia de la gravedad de los abusos sexuales, concretamente los cometidos en el seno de la Iglesia católica, y también ha tomado conciencia de la necesidad de verdad, justicia y reparación integral del daño causado.

España va tarde: la mayoría de los países europeos han pasado ya por este proceso, en el que estamos ahora nosotros; países ―sin ir más lejos, Cataluña― que se han adelantado en este proceso. Acabamos de tener precisamente una primera respuesta de las instituciones del Estado español, una respuesta necesaria, como dice el subtítulo del informe, ante el sufrimiento, la soledad y el desamparo de miles de menores abusados. Es un dolor que durante demasiados años se ha mantenido encubierto por un silencio injusto, insoportable.

Es una respuesta necesaria, como decíamos, porque gran parte de la ciudadanía, no solo las víctimas, y la misma justicia lo exigen. La sociedad, como decía, ha ido concienciándose progresivamente, desde finales del siglo pasado se han ido haciendo públicos casos de abusos sexuales. Al principio la sociedad lo tomaba como circunstancias excepcionales con impacto mediático pero puntuales, solo los últimos años se ha cambiado el foco hacia las víctimas. Y eso es precisamente mérito de las asociaciones y hay que decirlo ―vale la pena― también mérito de algunos medios de comunicación responsables con su tarea, que es investigar e informar; una tarea que muchas veces queda ocultada por el silencio pero también por el sensacionalismo y la gesticulación ideológica.

El informe que nos remite el Defensor del Pueblo se basa en tres ámbitos: una comisión asesora de expertos, una unidad de atención a las víctimas y apoyo a la investigación, y un foro de diálogo con las asociaciones. Creemos que la metodología ha sido adecuada, suficiente para llegar a un primer diagnóstico y, por tanto, consideramos cumplido el primer requisito del proceso que es el de la verdad. Valoramos especialmente, como se ha dicho ya, el proceso de escucha, el elemento cualitativo que aporta el trato directo con las víctimas y las asociaciones. Más dudas nos plantea, por ejemplo, la encuesta y las proyecciones que de ahí se derivan.

Justicia. Consideramos que el informe cumple también este elemento, al menos los mínimos de este elemento de requisito de justicia. Se pone a la víctima en el centro y no solo eso, sino que, como explicaba el señor Gabilondo, la Iglesia no se ha sentido afrontada, al contrario ha entendido que tenía que afrontar este problema precisamente por la necesidad que tiene de ser ejemplar. En este sentido, ponemos en relieve la Instrucción sobre abusos sexuales de la Conferencia Episcopal de 2023 y el reciente Plan de reparación integral de las víctimas de abusos a menores, PRIVA, o también la implementación de protocolos de prevención y creación de oficinas de prevención.

Hacer justicia es dejar de negar los hechos, de minimizarlos, es dejar de proteger a los victimarios. Hacer justicia es no quedarse tras las formalidades del derecho canónico, es poner punto y final a malas prácticas, como el traslado de abusadores a otras parroquias, por ejemplo, a centros docentes, o incluso a otros países, prácticas que de ser habituales han pasado a considerarse vergonzosas. Porque si bien en algunos casos salvaban las formas, en el fondo eran una condena para las víctimas a la soledad, al silencio y a la indefensión. Hacer justicia, como también se ha dicho, requiere que los poderes públicos asuman su responsabilidad. De alguna manera lo hicieron la semana pasada cuando este Congreso tomó en consideración una reforma penal necesaria para evitar la prescripción de los abusos, que nos llegaba del Parlamento de Cataluña. También lo hizo con la aprobación la pasada legislatura de la ley de protección integral de la infancia y adolescencia ante la violencia, pero también es cierto que hay que reconocer que vamos tarde, que lo podríamos haber hecho mejor.

Hay que reformar la legislación para garantizar que la justicia y el derecho a la reparación de las víctimas sean plenamente efectivos. Es necesario impulsar reformas legislativas para llevar a cabo una justicia restaurativa. Hay que pensar en la previsión de la asistencia integral de las víctimas, de la reparación integral de las víctimas cuando la vía judicial penal no es posible por la prescripción del derecho o la muerte del victimario. Hay que mejorar la Ley del Estatuto de la víctima de 2015 para hacer efectivas las responsabilidades civiles y también toda una serie de propuestas que se contienen en el informe, por ejemplo, hay que implantar un procedimiento no judicial sino administrativo, donde una autoridad independiente e imparcial facilite el reconocimiento de los hechos y asegure el derecho a la justicia y a la efectiva reparación del daño causado. Y así hasta veinticinco propuestas de actuación más que contiene el informe que van desde el ámbito judicial, hasta el educativo o el económico. Ahora recae en nosotros el deber de dar forma a estas propuestas. La responsabilidad ahora de los poderes públicas de dar forma a estas propuestas y para eso pido que el Gobierno no se cierre en presupuestos ideológicos que lo puedan alejar de la realidad.

El informe concluye que la Iglesia católica ha de adoptar compromisos públicos para el reconocimiento real y efectivo de las víctimas y su reparación. Esta es la conclusión del informe, la buena noticia es que la Iglesia se ha movido, puede que no todo el mundo haya estado a la altura, no lo estuvo el anterior presidente de la Conferencia Episcopal Española, el señor Omella, pero sí creemos que lo ha estado el actual presidente, el señor Argüello, y también la gran mayoría de la Iglesia catalana y española que han entendido que era el momento de acercarse a la sociedad, a las víctimas; que era el momento de emprender un camino en dirección contraria a la opacidad, a las apariencias, un camino hacia el reconocimiento de los hechos y a la reparación integral de las víctimas que ha de incluir, como no puede ser de otro modo, la reparación económica que vaya más allá de los formalismos legales y que incluya también la creación de un fondo estatal, un fondo en colaboración con la Iglesia o con carácter subsidiario a la reparación de la Iglesia, pero en todo caso sin que la Iglesia se mantenga al margen.

Termino. Tenemos esperanza de que las palabras del papa Francisco del pasado 27 de septiembre en Bélgica no hayan sido dichas en vano. Y añado a las palabras que ha dicho el diputado que me ha precedido en el uso de la palabra otras palabras también de ese mismo día del papa en Bruselas. Dijo el papa Francisco: Los abusos a menores son la vergüenza y la humillación de la Iglesia. La Iglesia ha de pedir perdón, ha de resolver esta situación con humildad cristiana y hacer todo lo que sea necesario para que eso no vuelva a pasar nunca más.

Muchas gracias.

Bon dia a tothom. Senyor president, senyor defensor del poble, senyores i senyors diputats, avui abordem un tema que posa de manifest una de les majors injustícies dels nostres temps, els abusos sexuals a menors per part de membres de l’Església catòlica i l’encobriment sistemàtic d’aquests crims durant dècades. Permeteu-me començar reconeixent la tasca del Defensor del Poble, els seus informes sobre aquest assumpte, un informe que podem qualificar de esgarrifós i horrorós. És un primer pas necessari per començar a posar llum sobre una foscor que ha durat massa temps. Tard, molt tard, però esperem que això sigui el començament d’una cosa important. També hem de ser clars. Aquest informe per a nosaltres és insuficient davant la magnitud del problema i la inacceptable impunitat que encara persisteix, que encara persisteix. Ja n’hi ha prou. Ja n’hi ha prou de comissions. Toca legislar. Toca que actuï la justícia penal. I toca que hi hagi que ho faci de manera retroactiva i restitutiva. Es pot pensar que el percentatge de nens i nenes afectats és petit, però aquest percentatge, segons el mateix informe del Defensor del Poble, pot arribar a 400 000 nens i nenes, 400 000 nens i nenes, que només pot ser la punta de l’iceberg perquè hi ha molta gent que no ha denunciat encara, d’una societat que va produir el nacionalcatolicisme d’un règim franquista i criminal, molts dels quals encara es troben en aquest Parlament. Aquest percentatge, com deia abans, no és menor. Són milers i milers de nens i de nenes, de vides marcades per la violència física i la violència psicològica, el silenci, la complicitat institucional. I això, senyores i senyors, és intolerable en una societat que es proclama democràtica i justa. Permeteu-me que comenci dirigint unes paraules a les víctimes, aquelles persones que han carregat durant anys amb el pes d’un dolor silenciat i brutal, agreujat per la manca de suport i el menyspreu institucional. Per a molts i moltes, el patiment no va finalitzar amb l’abús o amb la violència física o psíquica. Va continuar amb el silenci imposat, amb la vergonya, amb el complex de culpa, amb el sentiment d’impunitat d’un entorn que no els va protegir, d’un entorn que no els va protegir. És imprescindible que aquest congrés estigui a l’altura de les seves esperances i que passi de blablablà a actuar d’una vegada per totes, 2021…, 2024, perdó, 2024. Aquest discurs és per a ells, perquè ningú més hagi de patir el que elles i ells han patit, perquè les seves veus siguin escoltades i perquè les institucions que van fallar en la seva protecció responguin pels seus actes. Alguns diran, sé que ho diran, alguns diran que els abusos de l’Església són un reflex del que passa a la societat, com sempre descarregant. Però això no és cert. Això no és cert. Els abusos a l’Església són un reflex d’una societat, però és un tema que té unes particularitats. Una relació de poder i de confiança, l’església és una institució moral que s’ha presentat com a guia espiritual. Quan algú abusa en aquest context, l’impacte és devastador perquè destrueix la confiança espiritual i emocional de la víctima i, a vegades per tota la vida.

Encobriment sistemàtic, l’església ha encobert aquests crims i aquests crims durant dècades, traslladant els abusadors a Llatinoamèrica o altres parts, després tornant aquí i seguint fent vida normal, destruint proves i dificultant la investigació. Això són realitats que no podem amagar. L’església ha tingut històricament un accés directe i gairebé privilegiat i il·limitat a menors, creant oportunitats perquè aquests abusos es cometessin en un entorn de confiança absoluta. Aquest no és només un problema de delinqüència individual, és un problema d’una institució que ha fallat de manera sistemàtica. És el problema d’una institució que ha fallat de manera sistemàtica.

El silenci, el silenci còmplice de les jerarquies eclesiàstiques, és indecent. Sense anar més lluny, avui fa uns dies, quan inaugurava el president de la Conferència episcopal espanyola el plenari anual, no va dir res d’això. I aquest silenci no és neutral, és complicitat. Perpetua el patiment de les víctimes i debilita la credibilitat de la institució. És inacceptable que mentre altres països han establert comissions de la veritat, l’Església espanyola, també la catalana, —‌que alguns se n’obliden— l’església espanyola i la catalana es resisteix a col·laborar amb les investigacions i obrir els seus arxius. Quan dic la catalana, també em refereixo perquè aquí hi ha des de Montserrat a l’escolania, a escoles, a esplais, el que vulgueu, parròquies, etcètera, etcètera. No es salva ningú. Aquesta lacra no té bandera. Sí una institució que l’ha defensada.

És inacceptable, com deia, que altres països sí que ho han fet i aquí no passa res. Aquest congrés ha d’exigir accions concretes i exigir l’assumpció pública de responsabilitats i transparència total. Ho ha d’exigir, no allò si volen, no, no, exigir. En contrast amb aquesta actitud, com deia, països com França, Irlanda, Portugal, Austràlia, etcètera, han actuat. Dos exemples. El cardenal Bernard Law va dimitir com a arquebisbe de Boston després de reconèixer el seu paper en l’encobriment de abusadors. O Justin Welby, l’arquebisbe de Canterbury, que va dimitir després de casos similars, l’arquebisbe de Canterbury. Que no parlem del papa Francesc, no, no, l’arquebisbe de Canterbury, que és la màxima autoritat de l’Església anglicana.

Aquí, en este Estado no dimite ni Dios, nunca mejor dicho en este caso. A més, França ha creat un fons d’indemnitzacions exclusivament finançat per l’Església. I remarco «exclusivament finançat per l’Església», que no tenim per què pagar amb el que valen els nostres impostos els delictes dels altres. No els tenim per què pagar nosaltres. Els diners públics són molt cars. No hi ha d’haver cap càrrega a les espatlles de l’estat, és a dir, de tothom. El regne d’Espanya no pot ser menys. I senyores i senyors diputats, és hora d’actuar, com deia, amb contundència.

Per això, i a conseqüència de l’informe, proposem la… com ja està aquí passat a llei, però que es compleixi i que arribi fins al final, la imprescriptibilitat retroactiva en les accions civils i judicials d’abusos a menors. La creació d’un fons d’indemnització finançat exclusivament per l’Església. L’obertura obligatòria dels arxius eclesiàstics per a investigadors independents i que s’obrin els processos penals que calguin. La revisió del concordat entre Espanya i la Santa Seu. Aquest concordat, signat el 1979, és una relíquia del passat que avui atorga privilegis inacceptables a l’Església catòlica i dificulta l’accés a la justícia. Revisar-lo és imprescindible per assegurar que ningú estigui per sobre de la llei. Aquí tothom és igual i qui la fa l’ha de pagar.

Conclusió. Aquest no és només un debat sobre lleis i reparacions, que ho és. És un debat sobre una institució per recuperar la confiança perduda. I això va dedicat a l’Església. L’església espanyola i l’església catalana han de comprometre sí o sí a un canvi estructural i cultural profund que inclogui educació i sensibilitat a tots els nivells, tolerància zero amb l’encobriment i col·laboració total amb la justícia.

Moltes gràcies.

Buenos días a todos, señor presidente, señor defensor del pueblo. Señoras y señores diputados, hoy abordamos un tema que pone de manifiesto una de las mayores injusticias de nuestros tiempos: los abusos sexuales a menores por parte de miembros de la Iglesia católica y el encubrimiento sistemático de estos crímenes durante décadas. Permítanme que empiece reconociendo la labor del Defensor del Pueblo y sus informes sobre este asunto. Un informe que podemos tachar de espantoso y horroroso. Es un primer paso necesario para poder arrojar luz a una oscuridad que ha durado demasiado, llega tarde, muy tarde pero esperemos que esto sea el inicio de algo muy importante. También hay que ser claros, este informe para nosotros es insuficiente ante la magnitud del problema y la inaceptable impunidad que todavía persiste. Ya está bien de comisiones, toca legislar, toca que actúe la justicia penal y de forma retroactiva y restitutiva. Cabría pensar que el porcentaje de niños y niñas afectados es pequeño, pero este porcentaje, según el mismo informe del Defensor del Pueblo, puede llegar a 400 000 niños y niñas; 400 000 niños y niñas que solamente podrían ser la punta del iceberg, porque todavía mucha gente no ha denunciado en una sociedad que produjo el nacional catolicismo de un régimen franquista criminal, muchos de ellos todavía en este Parlamento. Este porcentaje, como decía, no es menor, son miles y miles de niños, de niñas, de vidas marcadas por la violencia física y psicológica, el silencio, la complicidad institucional. Y esto, señoras y señores, es intolerable en una sociedad que se proclama democrática y justa.

Permítanme que empiece dirigiendo unas palabras a las víctimas, aquellas personas que durante años han cargado con el peso de un dolor silenciado, agravado por la falta de apoyo y el menoscabo institucional. Para muchos y muchas el sufrimiento no acabó con el abuso o la violencia psíquica o física, siguió con el silencio impuesto, con la vergüenza, con el complejo de culpa, el sentimiento de impunidad de un entorno que no les protegió. Es imprescindible que este Congreso esté a la altura de sus esperanzas y que pase del blablablá a actuar de una vez. 2024. Este discurso es para ellos, para que nadie más tenga que sufrir lo que ellos y ellas han sufrido, para que sus voces sean escuchadas y porque las instituciones que fallaron en su protección respondan de sus actos.

Algunos dirán ―y sé que lo dirán― que los abusos de la Iglesia son un reflejo de lo que sucede en la sociedad, siempre descargando, pero esto no es cierto. Los abusos de la Iglesia son un reflejo de una sociedad, pero es un tema con unas particularidades: una relación de poder y de confianza. La Iglesia es una institución moral que se ha presentado como guía espiritual. Cuando alguien abusa en este contexto el impacto es devastador, porque destruye la confianza espiritual y emocional de la víctima, a veces, para toda la vida. Encubrimiento sistemático. La Iglesia ha encubierto estos crímenes durante décadas trasladando a los abusadores a Latinoamérica o a otros sitios y luego volviendo aquí con una vida normal, destruyendo pruebas, dificultando la investigación. Esto son realidades que no podemos ocultar. La Iglesia, históricamente, ha tenido acceso directo ―y casi privilegiado― ilimitado a menores, creando oportunidades para que estos abusos se produjeran en un entorno de confianza absoluta. Este no es solo un problema de delincuencia individual, es un problema de una institución que, de forma sistemática, ha fallado. Es un problema de una institución que ha fallado de forma sistemática. El silencio cómplice de las jerarquías eclesiásticas es indecente. Sin ir más lejos, hoy o hace unos días, cuando inauguraba el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el actual, no dijo nada al respecto y este silencio no es neutro, es complicidad, perpetúa el sufrimiento de las víctimas y debilita la credibilidad en la institución.

Es inaceptable que, mientras que en otros países se han creado comisiones de la verdad, la Iglesia española y la catalana ―también la catalana, que algunos lo olvidan― se resisten a colaborar en las investigaciones con sus archivos. Digo la catalana también, porque aquí también ha habido casos: desde Montserrat, la escolanía, a centros escolares, lugares de ocio juvenil, parroquias, esplais. No se salva nadie. Esta lacra no tiene bandera, sí una institución que la ha defendido. Es inaceptable, como decía, que haya otros países que sí lo han hecho y aquí no pasa nada. Este Congreso debe exigir acciones concretas y de responsabilidad pública y transparencia total. Lo tiene que exigir, no decir: si quieren ustedes. No, lo tiene que exigir. Hay países como Francia, Australia, Portugal y otros que han actuado. Dos ejemplos: el cardenal Bernard Law dimitió como arzobispo de Boston tras reconocer su papel como cómplice en abusos o Welby, arzobispo de Canterbury, que dimitió tras abusos similares. Estoy hablando del arzobispo de Canterbury, no del papa Francisco, de la máxima autoridad de la Iglesia anglicana.

Aquí en este Estado no dimite ni Dios, nunca mejor dicho, en este caso. Además, Francia ha creado un fondo de indemnizaciones exclusivamente financiado por la Iglesia. Remarco exclusivamente financiado por la Iglesia, porque no tenemos por qué pagar con nuestros impuestos los delitos de otros. No tenemos que pagarlos nosotros. El dinero público es muy caro. No tiene que haber carga para el Estado; es decir, para todos. No podemos ser menos. Tenemos que actuar, señoras y señores, con contundencia. A raíz de este informe, proponemos ―se ha aprobado en ley, pero que se llegue hasta el final―: imprescriptibilidad retroactiva de las acciones civiles y judiciales de abusos a menores, la creación de un fondo de indemnización financiado exclusivamente por la Iglesia, la apertura obligatoria de los archivos eclesiásticos para investigadores independientes y que se abran los procesos penales que correspondan, la revisión del concordato entre España y la Santa Sede. Este concordato, firmado en 1979, es una reliquia del pasado que hoy concede privilegios inaceptables a la Iglesia católica y dificulta el acceso a la justicia. Revisarlo es imprescindible para garantizar que nadie esté por encima de la ley. Aquí todos somos iguales y quien la hace la paga. En conclusión, este no es solo un debate sobre reparaciones ―que sí―, es un debate sobre una institución que quiere recuperar su confianza perdida. La Iglesia catalana y española deben prometer sí o sí un cambio estructural y cultural profundo que incluya educación y sensibilidad a todos los niveles, tolerancia cero ante el encubrimiento y colaboración total con la justicia. Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Voy a saludar al defensor del pueblo, a las personas que han formado parte de este informe y también a los miembros de asociaciones que están hoy aquí. También quiero avanzar que, en las próximas semanas, el Grupo Plurinacional SUMAR, en colaboración con aquellos grupos que lo consideren y quieran, presentaremos una iniciativa para crear desde ya una comisión de trabajo que concrete las propuestas del Defensor del Pueblo que le correspondan al Legislativo para no dilatar más en el tiempo poder continuar este trabajo que empezó ya en la legislatura anterior. En 2020 afloraron muchas denuncias de personas que habían sufrido abusos y violencia sexual en la infancia y la adolescencia en el seno de la Iglesia católica y fue entonces cuando el Defensor del Pueblo inició los trabajos y ha presentado un informe. En las conversaciones, viendo las reacciones que teníamos como sociedad ―indignada, sobrecogida, escandalizada― una no podía evitar tener la sensación también de que había un punto en la reacción social de no sorpresa, de que teníamos en el imaginario inconsciente interiorizado que en el seno de la Iglesia católica se cometen abusos sexuales. No por parte de todo el mundo, claro, pero sí de manera sistemática. Ahora entraremos en lo que tiene que ver con la institución eclesiástica, pero creo que hay que empezar reconociendo también que hemos fallado como sociedad. Reconocerlo, pedir perdón. Hannah Arendt decía que el perdón ―ciertamente una de las más grandes capacidades humanas y quizás la más audaz de las acciones en la medida en la que intenta lo aparentemente imposible, deshacer lo que ha sido hecho, y logra dar lugar a un nuevo comienzo allí donde todo parecía concluido― es una acción única que culmina con un acto único. Por tanto, pedir perdón y, obviamente ―y más desde este Parlamento―, hacer política para enmendar ese error y trabajar por la reparación y la no repetición. Creo que hoy tenemos la oportunidad de hacer política de verdad, de la que hace que las instituciones merezcan confianza. Cuando uno sufre abusos sexuales en la infancia, la vida se te rompe y la diferencia entre que te hagas añicos y que te puedas recomponer pasa también por que las instituciones te den una respuesta y te sostengan. En este caso, estamos hablando de la posibilidad de que haya más de 400 000 personas víctimas de los abusos cometidos en el seno de la Iglesia católica; un 1,3 %, según la encuesta del Defensor del Pueblo, donde, además, se indica que el 50 % de las personas que denuncian una agresión o un abuso conocen a otras víctimas que son también víctimas del mismo victimario, el 50 %. Es decir, aquí, en realidad, también está pasando lo mismo que con la violencia machista: la mayoría de la gente no denuncia y eso nos tiene que llamar la atención. Además, si el 50 % de las víctimas dicen conocer a más víctimas del mismo victimario, tenemos un problema como sociedad y la educación sexoafectiva cobra más importancia que nunca para aprender que no hay que abusar de los cuerpos, pero también para poder vivir nuestra sexualidad liberada y en libertad. El contexto que tiene y en el que crece la persona abusada es clave para poder abordar, afrontar y transitar el trauma y el dolor. Yo dudaba si traer testimonios que recoge el informe, pero creo que, en realidad, lo que hay que hacer es focalizar lo que supone ser víctima para entender también la importancia de crear esa comisión de trabajo con la mayor premura posible. Supone la pérdida de confianza en el futuro, desesperanza, dificultades interpersonales, el uso de la violencia, aislamiento, baja autoestima, un autoconcepto negativo, ansiedad, depresión, pensarse y percibirse como una persona que no es merecedora de afecto, tener disociación, estrés postraumático, depresión, vergüenza. Esto no todo a la vez, claramente, pero son algunas de las cuestiones que sufren las víctimas. Que estas personas crezcan pensando que hay algo que no está bien en ellas, que no son merecedoras de amor, me parece que es uno de los mayores castigos que se puede infligir a alguien. Frente a esto, inicialmente la Conferencia Episcopal Española, es verdad que con el cardenal anterior, dijo que iban a actuar si alguien denunciaba, pero que no iban a ser proactivos. En cambio, la francesa ―lo ha comentado ahora el compañero de Esquerra Republicana― invirtió más de 200 000 euros en hacer una investigación independiente. Con más de 400 000 posibles víctimas, cualquier otra institución hubieran saltado por los aires. Esto es más grave si pensamos que estos casos seguramente han aflorado por la pérdida de poder de la Iglesia católica en el Estado español, porque mientras tuvieron el poder que tuvieron durante la época franquista estos casos fueron silenciados y encubiertos. Es cierto que algunas diócesis sí han actuado ―capuchinos, jesuitas― y que recientemente, como comentaba el defensor del pueblo, la Conferencia Episcopal ha activado algunos protocolos, pero es en el seno de la Iglesia católica donde se producen estos abusos a niños y niñas que tenían que ser cuidados por sus victimarios, que habían depositado su confianza y ese depositar la confianza es lo que hace aún más grave estos hechos.

Frente a esto, ¿qué podemos hacer? El mismo Defensor del Pueblo abre la posibilidad a la redacción de una ley, porque las mismas víctimas también piden al Estado que garantice que la Iglesia lleve a cabo una labor restaurativa, de investigación y de reparación; una Iglesia que muchas veces ha encubierto el dolor, y ese encubrimiento genera más dolor a veces que el propio abuso. Ahora que tenemos el informe, hay que impulsar efectivamente medidas de reconocimiento y reparación; también reparación económica, hay que poder hablar de la creación de ese fondo de compensación financiado íntegramente por la Iglesia católica. También hay que reconocer la inactividad de los poderes públicos; la necesidad de activar ―se han comentado por parte de otros compañeros diputados― en las instituciones educativas, públicas y privadas, la inspección para que sea mucho más proactiva; la necesidad de crear un espacio autónomo que genere confianza, una instancia independiente de escucha y reparación que apliquen mecanismos de justicia restaurativa; garantizar la no repetición; la obligación de formar a las personas que tengan personas a su cargo; la posibilidad de investigar los casos que han ocurrido ahora; y, exacto, la educación sexoafectiva basada en la evidencia continuada, y la reparación vinculada a la asunción de responsabilidad; por eso la propuesta de la creación de esta comisión de trabajo a partir de ya. Básicamente, es porque ahora tenemos la oportunidad de hacer política y de hacer política para que las instituciones merezcan la pena.

Gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Gabilondo. Como diría Chesterton, el pecado más grande del hombre moderno es la indiferencia ante el sufrimiento humano y esto nos lleva a la barbarie. Por eso el asunto que hoy nos concierne es uno de los temas de máxima gravedad moral, como son los abusos sexuales en la infancia y adolescencia, porque sin duda la peor de todas las corrupciones es la corrupción del alma infantil. A VOX este drama le genera repulsa, repugnancia y abominación. Los abusos a los más pequeños e inocentes son una tragedia y una monstruosidad que habla de vidas marcadas por el dolor y la traición y, por eso, desde VOX acompañamos a todas las víctimas. (Aplausos). Por ello, también exigimos las penas más duras para los autores de estas atrocidades, es decir, que de por vida vean la luz del sol desde los barrotes de sus celdas. (Aplausos). Pero, desgraciadamente, hoy es uno de esos días en el que Pedro Sánchez intenta hacer del Parlamento un juzgado y del defensor del pueblo, que, como todo el mundo sabe, es el defensor de los intereses de Pedro Sánchez, un juez. Este informe, por muy satisfecho que esté el señor Gabilondo de haber fiscalizado a sus antiguos compañeros, carece del procedimiento contradictorio y garantista que sí se exige en el orden jurisdiccional penal. Estamos seguros de que muchos de los casos aquí detallados son verdad y, por tanto, nuestra máxima repulsa y condena, pero estamos también convencidos de que muchos de los casos habrán dejado mucho que desear y, por tanto, la lucidez de Gabilondo no habrá estado a la altura. Además, como bien sabe, el Defensor del Pueblo carece de competencias en esta materia, ya que el artículo 54 del texto constitucional y la Ley Orgánica 3/1981 señalan que las competencias son la defensa de los derechos comprendidos en el Título I del texto constitucional y que para eso podrá supervisar la actividad de la Administración y, que sepamos, la Iglesia católica no es ni Administración pública ni sector público. Al Grupo Socialista le da lo mismo que los crímenes de los que hoy hablamos no sean competencia parlamentaria. Se han convertido ustedes en auténticos expertos en utilizar la miseria ajena como herramienta política y están dispuestos a todo con tal de tapar el lodazal de corrupción en el que se ha convertido su partido. (Aplausos). Señorías, estamos ante el epítome de la despersonalización. Para el PSOE, las personas han pasado a un segundo o tercer plano donde los actos abominables solamente merecen ser investigados si permiten arremeter contra una incómoda institución. En lugar de prevalecer la preocupación por el compatriota, se impone la lógica partidista del PSOE y sus aliados de la generalización y el ensañamiento. Para las señorías del PSOE y sus aliados nada importan las víctimas si no sirven como herramienta política ni tampoco los victimarios, que son simples peones en su borrachera de odio histórico contra la Iglesia católica, institución con las que tienen ustedes directamente una obsesión enfermiza desde hace demasiado tiempo, desde las matanzas de frailes de 1834 al «Arderéis como en el 36», pasando por las palabras del fundador del Partido Socialista cuando dijo: Deseamos la muerte de la Iglesia. (Aplausos).

Miren, un solo caso de abuso sexual ya es demasiado, infinitamente más de lo que pueda soportarse, una infamia inigualable. El problema es que al Gobierno de Pedro Sánchez no le preocupan los abusos sexuales, su interés por las víctimas depende directamente de que sirva de potencial munición para atacar a la Iglesia católica. Por eso, mientras a bombo y platillo hablan de los abusos cometidos por unos sinvergüenzas, que han utilizado a la Iglesia católica para encubrir sus crímenes, ocultan ustedes los abusos a menores tuteladas en la Administración socialista de Asturias, Baleares y Valencia. (Aplausos). Y mientras encargan informes tendenciosos al Defensor del Pueblo, se dedican a soltar a violadores y pederastas. Más de 1200 criminales sexuales han visto reducidas sus penas y 120 han sido excarcelados y, señorías del PSOE, ese sí será su legado. (Aplausos). No nos extraña, porque ustedes son los que han introducido la ideología trans en los niños y dan charlas de contenido sexual a los más pequeños. Lo primero es una aberración de perturbados, y lo segundo, una enferma promoción de la pederastia. También hemos tenido que ver ese infame cartel en Almería promocionando el sexo con menores. Señorías de la izquierda, son precisamente los intelectuales de la izquierda que ustedes siguen citando, como Sartre, Simone de Beauvoir o Foucault, los que querían la despenalización de los crímenes con niños en eso que muy acertadamente se ha llamado el pedófilo mayo del 68. (Aplausos). Pero para el señor Gabilondo y para muchas de sus señorías, estos niños tienen menor dignidad. Tampoco veremos un informe del Defensor del Pueblo acerca de las consecuencias de importar inmigrantes ilegales de culturas ajenas a la nuestra donde se denigra a la mujer y donde el abuso es la norma. De hecho, ninguna de sus señorías, a excepción de VOX, recriminó a Pedro Sánchez que se fuera a Mauritania a traer inmigrantes cuando en Mauritania el 70 % de las mujeres y niñas sufren mutilación genital.

El Gobierno de Sánchez, en consecuencia, no tiene legitimidad ni justa causa ni recta intención. Estos hechos terribles, pero que representan en realidad una ínfima parte de los abusos sexuales cometidos en España, los utilizan para atacar a una institución que es parte del ser mismo de España y pilar de nuestra civilización, como diría José Calvo Sotelo, dirigente, por otro lado, que fue asesinado en julio de 1936 por socialistas. (Aplausos). Y esto, señorías, es una injusticia mayúscula que pretende hacer pasar la parte por el todo en esta especie de memoria histórica en materia eclesiástica. Señorías del PSOE, ¿por qué no investigan los abusos en el ámbito educativo general, en el artístico o en el deportivo? Y mejor, ¿por qué no se investigan ustedes mismos (aplausos), que tienen cientos de casos de abusos sexuales como la izquierda en España?

Acabo insistiendo de nuevo en que en VOX condenamos con toda dureza y determinación los abusos sexuales allá donde se hayan producido y a la vez exigimos las penas más severas para los abusadores, porque, a pesar de lo que ustedes pretenden, cada cruz levantada en lontananza es garantía de auxilio y protección. Así se encumbran la inmensa mayoría de nuestros pueblos, comarcas y pedanías, y así luce el fresco de infinidad de recuerdos y costumbres, y solo así, fruto de la comunión entre españoles, se abona un próspero e ilusionante porvenir para España donde, señorías, el Partido Socialista sea simplemente un mal recuerdo.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, presidenta. Buenos días, señor Ángel Gabilondo, defensor del pueblo. Buenos días a todos los invitados. Buenos días de nuevo, porque, después de oír al señor Hoces Íñíguez, me resulta abominable, me resulta impensable, no tienen entrañas, vuelven a revictimizar a las víctimas. (Aplausos). Ustedes no están aquí para eso. Quiero saludar a todas las víctimas que nos ven por streaming también fuera del Congreso. Señorías, quiero comenzar con un testimonio real: Fui a confesar los abusos a una parroquia, le expliqué los abusos; el cura confesor no me hizo ninguna pregunta, no le importaba nada. Mi penitencia fue ir a unas cinco misas. Les metía las manos por las camisetas, el culo, el pene; tocaba a los niños; a las niñas no nos tocaba nada, solamente tocaba a niños y solamente a algunos. Las mujeres hemos vivido en ambiente abusivo en las casas, en las calles, en los trabajos: tocamientos, besos robados, piropos obscenos, etcétera. Algunos abusos de sacerdotes entraban dentro de lo normal que nos pasaba, y eso ha sido un freno para las denuncias de las mujeres y para la lucha de nuestros derechos.

Señorías, quiero saludar, ahora sí, desde esta tribuna a todas las asociaciones y transmitirles todo el reconocimiento del Grupo Socialista, así como nuestro compromiso con la reparación. Los socialistas estamos con las víctimas, no con los abusadores. (Aplausos). Hoy, desde el Pleno de esta Cámara, ponemos al fin voz a miles de testimonios como estos que les acabo de relatar, que sucedieron en España durante muchas décadas. En ellos se denuncian los abusos que algunos miembros de distintas congregaciones y órdenes religiosas de la Iglesia católica realizaron a tantos niños y niñas por el simple hecho de ser menores.

Hoy finaliza la encomienda que este Congreso le hizo al Defensor del Pueblo para que presentase un informe que debatimos hoy. Como se señala en las páginas del mismo, es necesario responder.

Señora Belarra, no sé si está por aquí, pero a ustedes no las entiendo. Votaron sí a que elaborase el informe el Defensor del Pueblo. Ahora es el tiempo del Parlamento, ahora es el tiempo de debatir en este Parlamento. Este informe nos da la posibilidad de ese debate y nos permite a los diputados un debate más rico y con elementos objetivos para poner en marcha esta comisión. Simplemente, señora Belarra, el informe se lo encargamos al Defensor del Pueblo todos.

Hoy finaliza la encomienda que este Congreso le hizo al Defensor del Pueblo para que presentase un informe que debatimos hoy. Como se señala en las páginas del mismo, es necesario responder. Por eso la necesidad de este plan, que ni pretende zanjar el tema ni pretende ser la última palabra. Ahora es el turno de las instituciones y de los poderes públicos, ahora es el turno de la política. Señorías, el extenso informe que nos ha presentado el Defensor del Pueblo ha tenido como finalidad el análisis y la respuesta de una serie de recomendaciones y conclusiones sobre la base del necesario reconocimiento, reparación y atención a las víctimas, a la prevención, investigación e información y, sobre todo, a la sensibilización sobre un gravísimo problema que ha afectado a tantas personas y que ha durado demasiado tiempo, señorías.

En este sentido, el Gobierno de España presentó en el mes de abril su plan de respuesta ante el informe del Defensor del Pueblo sobre la base de dos grandes objetivos: por un lado, mejorar la eficacia del sistema integral de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia y el abuso sexual y, por otro, dar una respuesta específica a los abusos sexuales cometidos en el ámbito de la Iglesia católica, en particular a aquellos para los que por el tiempo transcurrido no sea posible instar las acciones penales previstas en la legislación vigente. La voluntad del Gobierno del presidente Pedro Sánchez en esta cuestión es clara: el único ánimo es el de saldar una deuda con todas las víctimas que durante tantos años han estado olvidadas y silenciadas, por lo que se debe reparar su daño y se les debe poner en el centro de la acción política, pero para ello es necesario que la Iglesia católica dé también pasos en este sentido.

Es verdad que el papa Francisco ha reconocido que la Iglesia católica debe sentir vergüenza, pedir perdón y hacer todo lo posible para que esto no vuelva a suceder. Somos sabedores, tenemos conocimiento de que ha existido algún cardenal, arzobispos y obispos que han mostrado su disposición a reparar estas situaciones. En esta misma línea, el arzobispo de Madrid reconocía hace unas semanas que la Iglesia española no debía pasar página y que no habían cuidado a las víctimas. Pero las palabras no son suficientes, son necesarias medidas concretas de cara a las víctimas, porque necesitan ser escuchadas y reparadas. La Iglesia española lo debe afrontar con verdadera sinceridad y seriedad. (Aplausos). Por este motivo, la voluntad del Gobierno de España sigue siendo la de llegar a un acuerdo y la de desarrollar e implementar las recomendaciones que se han hecho desde el Defensor del Pueblo, recomendaciones, por cierto, que son respaldadas por la mayoría de los grupos parlamentarios de esta Cámara y también por muchas de las víctimas que han sufrido estas terribles agresiones.

Señorías, podríamos seguir hablando de todas las medidas que este informe sugiere, pero no quisiera repetirme, porque ya se han enumerado desde esta tribuna. Por eso quiero acabar mi intervención dando las gracias, en primer lugar, al defensor del pueblo y a todo su equipo por su arduo trabajo a la hora de realizar este informe; gracias también por su sensibilidad en el trato a las víctimas, defensor. En segundo lugar, a todas las asociaciones y a todas aquellas víctimas que han luchado tanto para llegar hoy hasta aquí; este informe es fruto también de sus reivindicaciones y de su lucha contra unos hechos que no debieron suceder nunca.

No quisiera finalizar mi intervención sin reiterar el testimonio de reconocimiento a las víctimas y el compromiso de reparación de todo el Grupo Socialista hacia ustedes y del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Quisiera trasladarles la necesidad de saldar la deuda con las víctimas, que durante demasiadas décadas han permanecido en el olvido, reparando el daño causado. Reitero que el Partido Socialista y el Grupo Socialista siempre estarán con las víctimas, nunca con los agresores. No escatimará esfuerzos para lograrlo. Permítanme acabar con un testimonio de una víctima: Yo necesito resarcimiento, que se haga justicia, que la Iglesia, en nombre de este hombre, me pida perdón; no ha de ser un perdón frío, jurídico, sino de verdad, mirando a la cara, y también necesito un resarcimiento. Gracias a todos vosotros de corazón.

Gracias, presidenta. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Señorías, señor defensor del pueblo, miembros de las asociaciones de víctimas que nos acompañan, sean muy bienvenidos al Congreso de los Diputados, que es su casa. Lamento que los ministros responsables de las competencias más afectadas por este informe, que son el de Justicia —‌que acaba de llegar en este mismo momento— y la ministra de Infancia no hayan estado presentes en un debate tan importante como este. (Aplausos). Señor defensor, recibió usted de esta Cámara en 2021 la encomienda de realizar un informe sobre un tema enormemente grave y difícil: el estudio sobre los abusos a menores en el seno de la Iglesia católica y la respuesta de los poderes públicos, o más bien la falta de respuesta, a un problema muy serio por el que diferentes países de nuestro entorno se han preocupado ya, han investigado y han buscado diferentes vías para mitigar el daño causado, y también medidas para evitar que pueda volver a ocurrir en un futuro. El papa Francisco ha reconocido en numerosas ocasiones la necesidad de romper el silencio sobre los abusos a menores, que son, en palabras textuales suyas, la vergüenza y la humillación de la Iglesia, abogando por una respuesta desde la humildad cristiana, decidida y firme, lamentando que haya pasado tanto tiempo hasta que las víctimas han sido escuchadas por fin. La dificultad de la tarea de investigación de los abusos en menores y de la elaboración de este informe es enorme desde cualquier punto de vista. Desde la perspectiva jurídica, se trata de casos que mayoritariamente han prescrito por el largo tiempo transcurrido, ya que se produjeron fundamentalmente en las décadas de los sesenta a los ochenta del siglo XX y afectan a personas que en muchos casos han fallecido o tienen una edad avanzada, lo que incide tanto en su recorrido judicial, que es mayoritariamente inexistente, como en el propio esclarecimiento de los episodios e incluso en la exactitud de los datos que se puedan recabar. Hay que tener en cuenta, además, que la Iglesia cuenta con un derecho propio, el canónico, con un estatuto jurídico especial para los religiosos que solo desde la aprobación de la Constitución española se va aproximando al del resto de la ciudadanía, coincidiendo en la actualidad las normas del derecho canónico de carácter espiritual y las del derecho de la sociedad civil. También es muy difícil desde la perspectiva psicológica, porque son hechos muy dolorosos para las víctimas y que han tenido profundas repercusiones de todo tipo en sus vidas, consecuencias que se analizan también en el informe. El tiempo transcurrido afecta igualmente a la capacidad reparadora de las medidas que puedan ponerse en marcha. Y desde una perspectiva espiritual, se trata de episodios acaecidos en el seno de la institución que representaba para muchas víctimas el referente de autoridad moral en sus vidas y las de sus familias, y por ello resulta aún más necesario, pero también más difícil, el proceso de reparación del daño causado a la persona desde una perspectiva integral. Para abordar todas estas dificultades, se elaboró una encuesta demoscópica que se planteó con un doble objetivo: el de analizar los abusos sexuales a menores independientemente de su autoría, en primer lugar, y en una segunda fase mucho más detallada, centrarse exclusivamente en los abusos cometidos en el seno de la Iglesia católica, entendiendo esta en un sentido amplio, pues no se trata solo de los sacerdotes o miembros de órdenes religiosas, sino también de cualquier otra persona vinculada profesional o voluntariamente a este entorno, como es el caso del profesorado laico, los monitores o los trabajadores en actividades deportivas formativas o vacacionales vinculadas a la Iglesia. La encuesta se realizó con una muestra de 8013 personas, suficientes según la opinión técnica. De ellas, destaco solo unas cifras: 8013 personas, 937 de las cuales afirman haber sido víctimas de abuso sexual, un 3,36 % declara que ese abuso tuvo lugar en el entorno familiar, un 0,6 % por parte de un sacerdote o miembro de la Iglesia católica y un 1,13 % en el ámbito religioso, es decir, 90 personas en total. En resumen, de las 937 víctimas, 90 lo son por la actuación de personas del entorno de la Iglesia católica.

La primera consecuencia que se extrae de estas cifras es que debería existir mucha más alarma de la que hay en relación con la incidencia de los abusos en el entorno familiar. Estos delitos cometidos contra menores de edad son monstruosos, pero no podemos por menos que atribuir a la familia y a las personas próximas a aquellos el primer lugar en este odioso elenco. El Grupo Parlamentario Popular alertó en su día de la necesidad de ampliar el espectro de la investigación para abarcar de manera más completa este fenómeno. De ahí que en la proposición no de ley que dio lugar a esta investigación pretendíamos abarcar el problema de los abusos a menores en su conjunto, para actuar más eficazmente no solo en la parte punitiva, sino en la prevención y en la protección de los menores. Recordemos cómo al mismo tiempo que se aprobaba la elaboración de este informe se rechazaban por el Gobierno y sus socios en esta Cámara investigaciones sobre menores tuteladas por las administraciones autonómicas que estaban siendo prostituidas, unos casos que causaron una enorme alarma en su momento y que siguen ahora su curso judicial.

Haber circunscrito la investigación a los menores en el entorno de la Iglesia católica ha dado como resultado unos datos sin duda útiles, pero también distorsionados y sesgados en cuanto al fenómeno en su conjunto. El informe habla mayoritariamente de niños, cuando sabemos perfectamente que la mayoría de las víctimas de abusos sexuales, tanto en la niñez como en la adolescencia, son niñas, en España y en todo el mundo, y numerosos informes publicados recientemente de Save the Children, de la Fundación ANAR, de Educo o del propio Ministerio de Igualdad así lo indican. Por otro lado, los testimonios recogidos por la encuesta y el informe son muy heterogéneos y difícilmente agrupables para el establecimiento de conclusiones de carácter definitivo, porque corresponden a un periodo cronológico muy amplio por un lado, y por otro, las fórmulas para la obtención de la información son demasiado variadas y heterogéneas para poder sistematizar y comparar los datos. No obstante, tienen un inmenso, un enorme valor por la valentía de los testimonios y por el esfuerzo individual que supone bucear en la memoria de hechos tan dolorosos para cada una de las víctimas que han colaborado en este informe.

Durante el tiempo transcurrido desde 2021, la Iglesia puso en marcha un informe propio, encargado mediante una auditoría que contextualiza los datos obtenidos en las décadas que van desde los años sesenta a los ochenta, en pleno franquismo, una época marcada por la falta de libertades y con una Iglesia omnipresente muy diferente a la actual, que se ha ido transformando y tomando conciencia progresiva del dolor de las víctimas y de la necesidad del perdón y de la reparación integral. Por tanto, una reparación que tiene que actuar sobre el dolor causado y repararlo legal y espiritualmente, además de prevenir futuros hechos de manera tajante.

Toda la información recopilada en estos informes, en estos documentos es la que sustenta el Plan de reparación integral a menores y personas equipadas en derecho víctimas de abusos sexuales, el llamado PRIVA, aprobado en el seno de la Iglesia en julio pasado. Y va acompañado de un nuevo informe que bebe de los anteriores, titulado Ver la luz. En ese plan se establece el compromiso firme de la Iglesia por el reconocimiento del daño causado, la solicitud de perdón, el acompañamiento de las víctimas y la reparación desde una perspectiva integral que incluye la reparación económica, pero también la acogida, la escucha y el apoyo espiritual y psicológico.

Termino, presidenta. Defensor, este informe, junto con los otros que se han redactado recientemente y con el trabajo y testimonio de las asociaciones de víctimas, permite que se pueda pasar de las palabras a los hechos, del conocimiento a la acción, una tarea que la Iglesia está iniciando ya con voluntad de perdón y reconocimiento para con las víctimas y sus familias, y en la que como institución asume el deber que, individualmente, no puede ya ser exigido. A los poderes públicos nos corresponde, les corresponde, una tarea aún mayor: la de atajar y eliminar este problema en todos los ámbitos, también en los que no aparecen reflejados en este informe.

Muchas gracias. (Aplausos).