Javier Sánchez Serna
PodemosDiputado.Página 51Vídeo
Gracias, presidente. Las últimas informaciones que se han publicado sobre el rey emérito, Juan Carlos I, vuelven a arrojar dudas sobre el papel del monarca en el golpe de Estado que se dio en esta Cámara el 23 de febrero de 1981. En concreto, nos referimos a la filtración de unos audios entre Juan Carlos I de Borbón y la vedette Bárbara Rey, donde podemos escuchar al exjefe del Estado agradeciendo el silencio de uno de los generales golpistas del 23-F, del señor Alfonso Armada. En un momento de la conversación, Juan Carlos I se refiere así a Armada: El tío se pasa siete años en la cárcel, se ha ido a su pazo de Galicia y el tío jamás ha dicho una palabra; en cambio, el tío este ―se refiere a Sabino Fernández, el exjefe de la Casa Real― siempre está largando. Estas palabras no han pasado desapercibidas para nadie. Estamos hablando de que el entonces rey de España, en una conversación privada con su ‘amiga’ Bárbara Rey, se jacta de que uno de los generales golpistas del 23-F ha guardado silencio a pesar de los años de cárcel mientras que a su vez se queja de que su jefe de la Casa Real habla demasiado. A este respecto, surgen algunas dudas y cuestiones. Por ejemplo: ¿qué es aquello sobre lo que el general Armada guardó silencio? ¿Por qué el rey Juan Carlos I celebraba que un golpista declarado, a pesar de la condena a siete años de cárcel, jamás dijera una palabra? ¿En qué le beneficiaba al rey ese silencio de Armada? Además de estos audios, se han conocido más cosas. Dos semanas después de la publicación de aquellos audios, el periódico Público desvelaba la confesión que Sabino Fernández ―exjefe de la Casa Real, como decía― habría hecho a un pequeño grupo de amigos antes de morir. Según personas presentes, Sabino habría confesado que ―y cito― fue el propio rey quien promovió el golpe, con el objetivo de acabar con la carrera política de Suárez y la UCD. Por otra parte, la serie documental de HBO Salvar al rey, emitida en septiembre del año 2022, también recogió testimonios de exmiembros de los servicios de inteligencia del Estado, reconociendo que Juan Carlos I, como mínimo, conocía, amparó y encubrió los preparativos del golpe de Estado del 23 de febrero. Resulta evidente que, a partir de estas nuevas revelaciones, mucha gente se estará haciendo preguntas sobre el papel que ese supuesto salvador de la democracia, el rey emérito, tuvo en aquella jornada y, sobre todo, en los días previos al golpe. El 23-F ha operado hasta ahora como un mito legitimador de una monarquía que venía prácticamente sin legitimidad democrática, impuesta por un dictador, pero aquel día, sin embargo, y según el relato oficial, el rey frenó un golpe militar y así habría salvado nuestra democracia. A la vista de los hechos, cabría preguntarse si realmente el fin del golpe del 23-F fue imponer una dictadura militar o si buscaba más bien reforzar el papel de la monarquía en todo el proceso de transición democrática. Más allá de especulaciones, aquí el problema de fondo es que la documentación del 23-F nunca fue desclasificada y aún hoy, cuarenta y tres años después, no hay una fecha determinada para hacerlo. Por eso Podemos registró una interpelación al Gobierno de España para preguntarle si, a la luz de estas nuevas revelaciones, podrían considerar al menos la desclasificación de esos documentos ocultos del 23-F; sin embargo, la respuesta de la ministra de Defensa, Margarita Robles, la semana pasada aquí no es que fuera decepcionante, sino que fue poco menos que surrealista. La ministra Robles vino aquí a relatarnos la versión oficial del 23-F, a contarnos que ya había habido juicio y a decirnos que la documentación había sido examinada por tribunales militares y que, por lo tanto, aquí ya no hay nada más que mirar o que decir. Bueno, dijo eso y que a ella le gustaba mucho que viniera la gente los seis de diciembre a mirar los tiros que había pegado Tejero y que somos una democracia plena. En fin, como digo, fue una intervención surrealista de la ministra de Defensa.
Podemos ha presentado esta moción para pedir una vez más que el Gobierno de España desclasifique y haga pública toda la información que obre en su poder sobre el golpe de Estado del 23-F. En primer lugar, porque es una prerrogativa del Gobierno de España y si quieren, lo pueden hacer; de hecho, lo han hecho ya con tanta otra documentación clasificada durante estas cuatro décadas. Y, en segundo lugar, porque vamos ya muy tarde. La mayoría de los países europeos tienen legislaciones democráticas que permiten desclasificar documentos confidenciales a los treinta años. Como he dicho, desde el 23-F han pasado casi cuarenta y cuatro años y seguimos teniendo una ley de secretos oficiales que viene de la Dictadura. Y lo que es peor, se presentan legislatura tras legislatura muchos intentos de reforma, pero se dejan caducar todas. La ministra de Defensa nos decía el pasado miércoles que el Gobierno de Pedro Sánchez está comprometido con sacar una nueva ley de secretos oficiales. La pregunta es obvia: ¿a qué esperan? En esta Cámara tienen una mayoría democrática para hacerlo. De hecho, ya se han aprobado proposiciones de ley que van en este sentido. Entonces, ¿por qué no permiten su tramitación? ¿Por qué semana tras semana se piden prórrogas y se evita la reforma definitiva de esta ley de secretos oficiales? ¿Tiene que ver con que aprobar una nueva ley de secretos oficiales implicaría la desclasificación automática de los documentos clasificados del 23-F?
Yo sé que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular son partidos monárquicos, partidos que defienden una jefatura hereditaria del Estado y que, además, llevan cuarenta años tapando muchos escándalos relacionados con Juan Carlos I y con la Monarquía, pero sinceramente creo que estas nuevas informaciones que hemos conocido revisten la suficiente gravedad para que incluso ustedes, como defensores de la institución monárquica, deban estar interesados en despejar todo tipo de dudas sobre el papel del exjefe del Estado en los acontecimientos del 23-F, y eso se hace sencillamente permitiendo el examen público y libre de la documentación que todavía está clasificada. No tiene sentido que cuarenta y tres años después del intento de golpe de Estado no haya siquiera una fecha fijada para la desclasificación de toda la documentación. Defender eso es tanto como pensar que la ciudadanía española es menor de edad o que la Monarquía solo puede operar en condiciones de opacidad, impunidad y secreto. El problema es que ambas consideraciones son contrarias a la misma idea de democracia.
Señorías, hoy les pedimos el voto favorable a esta moción para que el principio democrático y el principio parlamentario prevalezcan sobre el principio monárquico y los secretos del rey emérito.
Muchas gracias. (Aplausos).