Proposición no de Ley sobre el compromiso con el derecho a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, con especial atención a la garantía en el derecho a la salud sexual y reproductiva.

Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Miren, tenemos el inmenso privilegio de vivir en uno de los países con mayores cotas de igualdad del mundo. Según el último índice de igualdad publicado por la Unión Europea en 2023, avanzamos a muy buen ritmo, recortando brechas que tienen que ver con el empleo, con el conocimiento o con el reparto de poder. España cuenta con una sociedad claramente comprometida con la igualdad y también con instituciones que en su mayoría trabajan para seguir corrigiendo la injusticia que representa aún hoy en día el machismo.

Si me permiten, una prueba de ello es el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que, como todos ustedes saben, se trata de una herramienta, y junto con la sociedad civil, los poderes económicos, el Consejo General del Poder Judicial, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y otras entidades, como las administraciones, trabajamos para generar una hoja de ruta común que nos permita atajar la violencia machista. Hablamos, como todos entenderán, de un triunfo de la razón del que tendríamos que estar muy orgullosos y orgullosas. (Aplausos). Creo, señorías, que hablando de igualdad, este debe ser el ejemplo a seguir.

Señorías, me preocupa especialmente que esta causa se haya convertido en uno de los arietes polarizadores de la política actual. Por ello, quiero insistir en una idea que ya he planteado: los demócratas tenemos la obligación de defender el progreso de la igualdad, porque es una condición de posibilidad de la democracia. Me atrevería a decir que es uno de esos fuegos sagrados que conservamos y que nos alejan del frío que comienza a hacer en el resto del mundo. Y es quizás sea la potente capacidad democratizadora que tiene la igualdad el motivo por el que la extrema derecha global tradicionalmente ha estado contra la libertad y la autonomía de las mujeres. A escala internacional, de hecho, surgen cada vez más ideas y acciones políticas coordinadas que están dedicadas a reducir y a cercenar la igualdad como valor. Estas maniobras van recalando en los países y, desde luego, España no es una excepción.

Sin ir más lejos, quiero resaltar un lamentable ejemplo, que es aquel intento de imponer el llamado latido fetal en Castilla y León, que proponía que las mujeres, antes de interrumpir su embarazo, tuvieran que escuchar el latido del feto. Esta fue una de las grandes apuestas de la extrema derecha y una de las lamentables herencias de su paso por las instituciones. Maniobra detenida, por cierto, gracias al tesón y al trabajo del PSOE de Castilla y León. (Aplausos). Me atrevo a decir que no fue casualidad que esta medida se implantara semanas después de que esta Cámara aprobara la prohibición de acosar a las mujeres en las puertas de las clínicas. No fue casualidad porque lo que buscaban era, precisamente, institucionalizar esas coacciones que estábamos prohibiendo por ley gracias al empuje feminista de esta Cámara. Y les diré más, resulta profundamente descorazonador que sea el Partido Popular quien convierta el Senado en un lugar de encuentro para debatir sobre este derecho. Es la dirección de la Cámara del Senado quien decide el calendario de ocupación de los espacios y, por tanto, es la Presidencia del Senado la que permite que se abra en el Senado, insisto, en una Cámara de las Cortes Generales, un debate para prohibir el derecho al aborto. La Red Política por los Valores, que es la entidad organizadora de este evento, es una de las grandes muñidoras de estos postulados absolutamente iliberales. Se trata de una organización dedicada a la producción ideológica contra la igualdad de derechos, contra la libertad y contra la autonomía de las mujeres. Es más, José Antonio Kast, el director de esta fundación, afirma que las mujeres deben ser perseguidas por el delito de asesinato cuando interrumpen su embarazo, y además es uno de los grandes defensores del legado de Pinochet; no sé qué les parece esto a ustedes.

Señorías del Grupo Popular, todos los ojos les miran a ustedes, no solo aquí en España, sino también en Europa. Las democracias necesitan conservadores, demócratas cristianos o liberales que sean capaces de hacer propuestas útiles. Ustedes no pueden ser esto que les acabo de describir, no pueden ser esto. Tenemos la responsabilidad ineludible de ser capaces de generar conversaciones comunes sobre lo que supone la igualdad, porque nos jugamos muchísimas vidas en ello, señorías.

El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es sobre todo un derecho a la salud. Eliminar o limitar la posibilidad de que las mujeres puedan interrumpir sus embarazos en condiciones de garantías médicas no evita los abortos, solo pone en juego su salud, exponiéndolas a la muerte y al sufrimiento. Estas leyes, señorías, no atacan la vida, sino que impiden la clandestinidad, la insalubridad y el sufrimiento, como les decía. Así lo reconoce la comunidad internacional cuando ha estudiado todos aquellos países en los que el aborto está prohibido. No necesitamos reflexiones sobre si el aborto debe perseguirse, prohibirse o no, señorías, necesitamos cumplir la Ley de Salud Sexual y Reproductiva (aplausos), es decir, necesitamos educación sexual, lo que implica abordar también cuestiones muy espinosas, como la pornografía, y necesitamos anticoncepción y planificación familiar. Y para eso, necesitamos a todas las fuerzas políticas dispuestas a sostener un debate honesto y sin los excesos propios de los que les he hablado anteriormente.

Señorías, como ya les he señalado antes, la inseguridad en el acceso a la interrupción del embarazo no se circunscribe a la extrema derecha. Son muchas las comunidades autónomas en las que acceder a este derecho es difícil. Y aquí Castilla y León vuelve a destacar. La no actualización del registro de objetores hace que esta prestación deba ofrecerse en clínicas privadas y, además, se hace a través de ofertas públicas muy por debajo del coste que requiere esta prestación. Esto se traduce en viajes inasumibles por parte de las pacientes, en tener que correr por su propia cuenta con gastos que no les corresponden y, además, también supone la imposibilidad de acceder al método que desean emplear para interrumpir su embarazo. Por cierto, esto también es un derecho gracias a una enmienda que planteó el Grupo Socialista en la última renovación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva.

Por ello, señorías, a través de esta iniciativa queremos que el Congreso se comprometa a exigir a todas las comunidades autónomas que cumplan la Ley de Salud Sexual y Reproductiva (aplausos), que garanticen este derecho como lo que es: una prestación sanitaria que está en la cartera de servicios de nuestra sanidad pública, ni más ni menos. Esto no puede demorarse más, señorías. Trasladamos esta exigencia bajo la convicción de que ahondar en derechos y garantías es la mejor forma de plantar cara a quienes quieren recortar derechos.

Quiero finalizar con una cita de Simone Veil, que pronunció en su discurso para la despenalización del aborto, y que creo que a todos nos tiene que hacer reflexionar. La cita dice así: La historia nos muestra que los grandes debates que nos han dividido durante tiempo, con los años, terminan siendo una etapa necesaria para la formación de un nuevo consenso social que se inscribe en la tradición de la tolerancia y la moderación de nuestro país.

Señorías, protejamos los consensos. Educación y anticonceptivos para no abortar, aborto libre y seguro para no morir.

Gracias, presidente. (Aplausos).

Gràcies, president. Senyories, assistim avui a un nou capítol d’aquesta guerra PP-PSOE, una acció-reacció en tota regla. En aquest cas, el PSOE intentant parar el cop mediàtic del PP quan el PP anuncia que posarà en marxa una iniciativa per eliminar l’obligatorietat de fer ús del permís de paternitat de sis setmanes postpart. El PP ho ha venut com a flexibilitat perquè les famílies disposin com considerin del permís. El PSOE ho veu —‌i nosaltres també, que consti— com un retrocés, ja que l’obligatorietat té com a objectiu que les mares estiguin acompanyades pels pares en la tasca de cuidar la criatura que acaba d’arribar al món. De fet, aquesta obligatorietat de fer ús del permís en el cas dels pares de manera simultània amb les mares es va implementar perquè la flexibilitat prèvia servia perquè els homes acabessin delegant en les mares l’atenció al nounat. Això, segons les dades de la Seguretat Social.

Un altre exemple d’acció-reacció: el PSOE denuncia, en la seva iniciativa d’avui, l’ús del PP de les seves majories al Senat per allotjar-hi una jornada antiavortista el 2 de desembre. Bé, hem de dir que aquesta és una situació que vull dir que no ve de lluny i que no és diferent del posicionament que ha mostrat el PP en contra de la reforma, per exemple, del Codi penal que es va fer en aquesta cambra per castigar les persones que coaccionen les dones que volen interrompre voluntàriament l’embaràs.

Deixant de banda aquest estira i arronsa que es porten vostès, el PSOE i el PP, volem posar el focus en un fet inqüestionable: el Govern espanyol sembla no tenir capacitat de fer complir la llei perquè no en controla l’aplicació allà on no té competències. Això és de calaix. I m’explico. En la seva iniciativa denuncien que hi ha comunitats autònomes on no es pot complir la Llei 1/2023, que garanteix l’accés públic, universal i gratuït als serveis i programes de salut sexual i salut reproductiva, serveis que inclouen l’avortament voluntari legal, com a conseqüència, per exemple, que algunes comunitats no compten amb un registre d’objectors de consciència que permeti fer compatibles tots dos drets: el d’objecció i el dret a poder avortar a la sanitat pública, tal com recull la llei. Els recordo que Junts va presentar una esmena que vostès, els senyors del PSOE, van rebutjar, en què es demanava que el registre no fos a nivell autonòmic, sinó de cada centre del sistema públic de salut. Ho demanaven els metges també per raons de confidencialitat respecte dels seus posicionaments, i estava plenament justificat perquè facilitava el servei, com ha quedat demostrat —s‌í, facilitava el servei. I ara estem veient que aquell «no» ha tingut, podríem dir, unes conseqüències indesitjades.

Per acabar, deixi’ns fer memòria d’una altra esmena de Junts que tampoc no va prosperar en la Llei orgànica de salut sexual i reproductiva, la que suprimia l’article que feia referència a la gestació per subrogació. La llei la qualifica com una forma de violència contra la dona i aquesta vam considerar que és —‌valgui la redundància— una consideració que genera estigma als nens i nenes que viuen a l’Estat i que són fruit d’una gestació subrogada. Aquesta falta de sensibilitat respecte d’ells també s’hauria de corregir, com també les dificultats que els pares tenen a l’hora de fer els tràmits de filiació. Que ho acabin pagant els nens és una conseqüència, una vegada més, indesitjada.

El mes de setembre, el Tribunal Suprem va autoritzar els pares d’un nen nascut per gestació subrogada a modificar en el Registre Civil el lloc de naixement. Inicialment hi constava la població estrangera on havia nascut. Se’ls ha permès posar el domicili familiar per protegir de nou l’interès del menor. Evidentment, si al registre hi consta un país estranger quan els pares no hi tenen relació amb aquest país, més enllà de que és on han anat a fer la gestació subrogada, s’està remarcant el caràcter adoptiu de la filiació del menor i, per tant, les seves circumstàncies d’origen. Això entenem que ens hauria de preocupar a totes i a tots, que no s’acabin fent lleis que poden generar situacions que acabin anant en contra del bé superior dels infants.

Nosaltres no hem presentat esmena al respecte, evidentment, de la gestació subrogada perquè avui no tocava, però sí que hem presentat una esmena per demanar afegir un punt perquè el registre d’objecció de consciència, respecte de la intervenció directa en la pràctica de la interrupció, sigui, com dèiem, de cada centre sanitari del sistema públic de salut i no d’àmbit autonòmic, i encara menys que constin aquestes dades de l’objector a l’Institut Nacional de Gestió Sanitària.

Gràcies.

Gracias, presidente. Señorías, asistimos hoy a un nuevo capítulo de esta guerra PP-PSOE, una acción-reacción del PSOE intentando parar el golpe mediático del PP cuando el PP anuncia que pondrá en marcha una iniciativa para eliminar la obligatoriedad de hacer uso del permiso de paternidad de seis semanas postparto. El PP lo ha vendido como flexibilidad para que las familias dispongan como consideren de este permiso. El PSOE lo ve —y‌ nosotros también, que conste— como un retroceso, ya que la obligatoriedad tiene como objetivo que las madres estén acompañadas de los padres en la tarea de cuidar a la criatura que acaba de llegar a este mundo. De hecho, esta obligatoriedad de hacer uso del permiso en el caso de los padres de forma simultánea con las madres se implementó porque la flexibilidad previa servía para que los hombres terminasen delegando en las madres la atención al recién nacido, esto de acuerdo con los datos de la Seguridad Social. Otro ejemplo de acción-reacción: el PSOE denuncia en su iniciativa de hoy el uso de esas mayorías en el Senado para organizar una jornada antiabortista el 2 de diciembre. Bien, hemos de decir que esta es una situación que no nos viene de lejos y que no es distinta del posicionamiento que ha mostrado el PP en contra de la reforma, por ejemplo, del Código Penal que se hizo en esta Cámara para castigar a aquellas personas que coaccionan a las mujeres que desean interrumpir voluntariamente su embarazo. Dejando velado este estira y afloja que se llevan ustedes, PSOE y PP, deseamos poner el foco en un hecho incuestionable: el Gobierno español parece no tener capacidad de hacer cumplir la ley porque no controla la aplicación donde no tiene competencias. Esto es de cajón, y me explico. En su iniciativa denuncian que hay comunidades autónomas donde no se puede cumplir la Ley 1/2023, que garantiza el acceso público, universal y gratuito a los servicios y programas de salud sexual y salud reproductiva, servicios que incluyen el aborto voluntario. Como consecuencia, por ejemplo, algunas comunidades no tienen un registro de objetores de conciencia que permita hacer compatibles todos los derechos de objeción y el derecho de poder abortar en la sanidad pública, tal y como recoge la ley. Les recuerdo que Junts presentó una enmienda que ustedes, los señores de PSOE, rechazaron. Entonces se pedía que el registro no fuese a nivel autonómico, sino de cada centro del sistema público de salud. Lo pedían los médicos, también por razones de confidencialidad con respecto a sus posicionamientos, y estaba plenamente justificado, porque facilitaba el servicio como ha quedado demostrado. Sí, facilitaba el servicio. Y ahora estamos viendo que ha tenido unas consecuencias indeseadas. Para terminar, permítanos hacer memoria de otra enmienda de Junts que tampoco prosperó en la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva, la que suprimía el artículo que hacía referencia a la gestación por subrogación. La ley la cualifica como una forma de violencia en contra de la mujer y esta consideramos que —v‌ alga la redundancia— es una consideración que genera estigma a los niños y niñas que viven en el Estado y que son el fruto de una gestación subrogada. Esta falta de sensibilidad con respecto a ellos también se tendría que corregir, como también las dificultades que los padres tienen a la hora de realizar los trámites de filiación. Que lo acaben pagando los niños es una consecuencia, una vez más, indeseada.

En el mes de septiembre, el Tribunal Supremo autorizó a los padres de un niño nacido por gestación subrogada a modificar en el Registro Civil el lugar de nacimiento. Inicialmente constaba como la población extranjera donde había nacido y se les ha permitido poner el domicilio familiar para proteger nuevamente el interés del menor. Evidentemente, si en el registro consta un país extranjero cuando los padres no tienen relación con ese país, más allá de que es donde han ido a hacer la gestación subrogada, está remarcando el carácter adoptivo de la filiación del menor y, por lo tanto, sus circunstancias de origen. Esto entendemos que nos tendría que preocupar a todas y a todos, que no se acaben convirtiendo en leyes que pueden generar situaciones que acaben yendo en contra del bien superior de los niños y niñas.

Nosotros no hemos presentado enmienda al respecto de la gestación subrogada porque hoy no tocaba, pero sí que hemos presentado una enmienda para pedir y añadir un punto por que el registro de objeción de conciencia con respecto a la intervención directa en la práctica de la interrupción sea, como decíamos, de cada centro sanitario del sistema público de salud y no de ámbito autonómico. Y todavía menos que consten estos datos del objetor en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

Gracias.

Sí, bona tarda. Gràcies, president. Bona tarda, diputats; bona tarda, diputades. Nosaltres hem presentat una esmena, i per això sortim en aquest torn, perquè, a més a més, volíem afegir que el Govern tingui el compromís de denunciar tant les associacions com les iniciatives antiavortament que estem veient en aquest Estat aquests darrers dies. És a dir, ens trobem amb una proposició no de llei que no té un contingut excessivament dens ni complicat ni difícil d’entendre i que fins i tot en altres moments hauríem dit que, bé, era una cosa molt poc treballada per portar-la en aquest Ple. Però és cert que, després de parlar amb la companya senadora Sara Bailac, que està al capdavant de l’aliança que s’està fent contra la cimera antiavortista que està preparant al Senat, he hagut de concloure que la proposició té el seu sentit.

Clar, jo crec que si sortim al carrer i comencem a explicar a la gent que en aquest Ple estem debatent en ple segle XXI, el 2024, que hi ha una part dels legisladors, i legisladores, que han decidit que un dret que hem obtingut, com l’avortament, i, per tant, la cúspide, la cima del que són els drets sexuals i reproductius els estem posant a debat, jo crec que no hi hauria un acord unànime al carrer. I també crec que no estem sent capaços d’explicar que determinades ideologies comportaran a la quotidianitat de la gent coses com aquestes, coses que donem per fetes, drets que donem per adquirits, per assentats, per inamovibles, i no ho són. Llavors, cada cop que pujo en aquest faristol a defensar un d’aquests drets, em desespero una mica, perquè qualsevol dia d’aquests acabarem també debatent si el divorci ha de ser o no amb culpabilitat o qualsevol dia d’aquests acabarem debatent si les senyores podem tenir o no un compte bancari sense que el marit ens autoritzi. I, per tant, la meva estupefacció és gran quan al Senat es permet i es dona suport a una iniciativa d’aquest calibre.

Permetin-me dir-los de tota manera, perquè crec que és important saber-ho, que els col·laboradors de la cimera no són gent innòcua, no són només ànimes inflamades religiosament i caritatives que consideren que això és matar una vida i, per tant, creuen que s’ha de fer. No, no, és la ultradreta. És gent com el Center for Fundamental Rights, que és un grup d’experts de dreta proper al Govern hongarès que —a‌ part d’ajudar Trump, clar— ha anomenat els jueus «excrements pudents» i ha anomenat la comunitat gitana «animals». Eh, 2024. És aquesta gent la que anirà al Senat. No és la bona gent en defensa de la família i de les oportunitats perquè les dones tinguin altres alternatives abans d’avortar, no: és la International Organization for the Family, que és un grup classificat com a grup d’odi, perquè odia la comunitat LGTBI+; és el Talenting Group. En aquests tinc menys a dir-hi, perquè només —n‌ omés— treballen en cooperació internacional en base als principis bíblics, donant suport a mitjans de comunicació com les webs cristianes en contra de l’educació sexual —‌en contra de l’educació sexual—, que és un dret de qualsevol nen i de qualsevol nena en una societat democràtica, avançada i occidental.

Per tant, amb això volem dir: com sempre, el feminisme és una eina més al servei de la ultradreta per fer el seu discurs viral. Per tant, en aquest sentit hem d’estar absolutament units fent front a aquest retrocés que ens podem trobar qualsevol dia. I ja ho he dit quaranta vegades també: hi ha un capítol de El c‌uento de la criada —La història de la criada— que comença de la manera més tonta en una societat normal i acaba sense targetes de crèdit, sense capacitat de vot, sense capacitat de tenir un compte bancari. I és una distopia, però si no els parem acabarà sent veritat. I si jo he de donar per fet que hi ha una part del PP que és raonable, els hi demano que aixequin la veu, perquè és la seva majoria absoluta al Senat la que permet que això estigui passant.

Acabo amb un prec al Govern. Fa uns dies els hi vam demanar explicacions perquè en les baixes per dismenorrea o en les baixes per avortament no arribessin els diagnòstics als empresaris, i per què estava passant. No ens han respost. Demanem, si us plau, que ens responguin en aquest cas, perquè és greu. Les empreses no han de tenir mai els diagnòstics, i menys si són d’aquest tipus.

Gracias, presidente. Buenas tardes, diputados y diputadas. Nosotros hemos presentado una enmienda, por esto salimos en este turno, porque además queríamos añadir que el Gobierno ha de tener el compromiso de denunciar, tanto en las asociaciones como en las iniciativas antiaborto, qué estamos viendo en este Estado en estos últimos días. Es decir, nos encontramos con una propuesta no de ley que no tiene un contenido excesivamente tenso ni complicado ni difícil de comprender y que, incluso, en otros momentos habríamos dicho que era una cosa muy poco trabajada para llevarla a este Pleno. Pero es cierto también que después de hablar con la compañera senadora Sara Bailac, que está delante de la vigilancia que se está haciendo en contra de la cumbre antiabortista que están preparando en el Senado, he tenido que concluir que la propuesta tiene su sentido. Creo que si salimos a la calle y empezamos a explicar a la gente que en este Pleno estamos debatiendo en pleno siglo XXI ―en el año 2024, de hecho― que hay una parte de los legisladores y las legisladoras que han decidido que un derecho que hemos tenido, como el del aborto, que está, por lo tanto, en la cúspide, en la cima de los derechos sexuales y reproductivos, lo estemos poniendo a debate, pues no creo que hubiera un acuerdo unánime en la calle. Tampoco estamos siendo capaces de explicar que ciertas ideologías comportaran en la cotidianeidad de las personas cosas como estas, cosas que damos hechas. Son derechos que damos por adquiridos, por sentado e inamovibles, y no lo son. Entonces, claro, cada vez que subo a este estrado a defender estos derechos, me desespera un poco, porque un día de estos acabaremos también debatiendo si el divorcio ha de ser o no con culpabilidad; o cualquier día de estos acabaremos debatiendo si las señoras podemos tener una cuenta bancaria sin que nuestro marido nos lo autorice. Por lo tanto, mi estupefacción es grande cuando el Senado se permite y da apoyo a una iniciativa de este calibre. No obstante, permítanme decirles, porque creo que es importante saberlo, que los colaboradores de la cumbre no son gente inocua. No son almas inflamadas religiosamente y caritativas que consideran que esto es matar una vida y que, por lo tanto, creen que se tiene que hacer. No, no, es la ultraderecha. Es gente como el Center for Fundamental Rights, que es un grupo de extrema derecha cercano al Gobierno húngaro que, aparte de al señor Trump, ha pedido para los judíos… y ha llamado animales a la comunidad gitana. Es esta gente la que irá al Senado. No es la buena gente en defensa de la familia y de las oportunidades para que las mujeres tengan otras alternativas antes de votar, no. Es la Internacional Organization for the Family, que es un grupo clasificado como grupo de odio, porque odia la comunidad LGTBIQ+. No tengo que comentar mucho de ellos. Bueno, trabajan en cooperación internacional con principios bíblicos, dando comunicación basada en los valores cristianos, en contra de la educación sexual ―repito, en contra de la educación sexual―, que es un derecho de cualquier niño o niña en una sociedad democrática avanzada y occidental. Por lo tanto, como siempre, queremos decir que el feminismo es una herramienta más al servicio de la ultraderecha para realizar su discurso y hacerlo virar. En este sentido, hemos de estar absolutamente unidos, haciendo frente a este retroceso que nos podremos encontrar cualquier día. Ya le he dicho cuarenta veces: hay un capítulo de El cuento de la criada, que empieza de la forma más tonta en una sociedad normal y acaba sin tarjetas de crédito, sin capacidad de voto y sin capacidad de tener una cuenta bancaria. Es una distopía, pero si no les paramos, acabará siendo verdad. Y si he de dar por hecho que hay una parte del PP que es razonable, les pido que levanten la voz, porque su mayoría absoluta en el Senado es la que permite que esto esté ocurriendo. Y termino con un ruego al Gobierno. Hace unos días les pedimos explicaciones de por qué estaba pasando que en las bajas por dismenorrea o aborto llegasen los diagnósticos a los empresarios. No nos han respondido. Pedimos, por favor, que nos respondan en este caso, porque es grave. Las empresas no han de tener nunca los diagnósticos, y menos si son de este tipo.

Acabo immediatament. Per tant, que alguna de les seves ministres requerides, per favor, comparegui.

Moltes gràcies.

Termino inmediatamente. Por lo tanto, pedimos que alguna de las ministras requeridas comparezca. Muchas gracias. (Aplausos).

Defender el derecho al aborto debería ser algo lejano y anacrónico incluso, y debería serlo si se respetaran básicamente los derechos de las mujeres de forma integral. Porque hablamos de autonomía, de no ser infantilizadas ni tutorizadas, de ser reconocidas como seres humanos maduros y con capacidad de raciocinio y elección. Pero, desgraciadamente, es de rabiosa actualidad, y no solo por los objetores o los ultras, sino también por los países que amenazan en retroceder en este derecho. De hecho, hay países tan cercanos, como Andorra, que lo prohíben en todas sus circunstancias; y también en Honduras o en el Vaticano. No debe ser casualidad pues ese lema feminista que grita «Fuera los rosarios de nuestros ovarios». Su supresión provoca la violación de múltiples derechos, como el derecho a la propia vida, a la salud, a la intimidad, a la autonomía y a no sufrir violencia ni discriminación. No es solo un derecho relacionado con la salud. Garantizar este derecho es crucial para eliminar además las desigualdades que padecen muchas mujeres, especialmente aquellas que viven en situación de exclusión social, marginación o discriminación, porque, por muy católica que sea la clínica, si hay dinero, el aborto se hace. Esto es una realidad.

El aborto debería ser un derecho fundamental autónomo, que reconociera que las mujeres somos libres y que nuestro cuerpo es nuestro. Y no lo digo solo yo ni tampoco los miles de mujeres que han luchado durante décadas, poniendo sus cuerpos, su inteligencia y también su libertad, lo dice el Parlamento Europeo, que el 11 de abril de este 2024 pedía mediante una resolución que se incluyera el derecho al aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Declara: Toda persona tiene derecho a la autonomía física y a un acceso libre, informado y pleno. Y sigue: Francia dio un importante paso adelante y gran parte de la derecha votó ―anótenselo ustedes― a favor de introducir el aborto en la Constitución. Amnistía Internacional establece una relación directa entre el derecho al aborto y el cumplimiento de los derechos humanos. El acceso a un aborto legal y seguro no es un derecho aislado, pues forma parte de los derechos sexuales y reproductivos, y al derecho a la autonomía personal ―repito, a la autonomía personal―, o al acceso a los servicios de salud integral. Por eso es urgente que nos dotemos de todos los mecanismos que garanticen, al fin y al cabo, que sea real y efectivo.

España se ha erigido en realidad como uno de los países pioneros en el reconocimiento de los derechos relacionados con las mujeres y, también, de los derechos reproductivos y sexuales desde 1985 hasta 2022. Estar a favor del aborto ―escúchenme bien, señorías― es estar a favor de la vida de miles y miles de mujeres que han sido multadas, encarceladas y condenadas al ostracismo social; o que han muerto, y aún lo hacen, en cuartuchos insalubres; o que se desangran, por ejemplo, por las calles o en su cama. Su vulneración sí puede conllevar la muerte. (Aplausos). Aprovecho, pues, la tribuna para agradecer a tantas y tantas mujeres que lo defendieron antes de que apareciera en nuestras leyes; mujeres que lucharon contra el machismo y el sistema patriarcal en clandestinidad, contra el silencio, el reproche y las miradas punzantes. Por ellas, por nosotras y por todas las que vendrán, debemos seguir avanzando. (Aplausos).

Pese a que nuestras leyes reconocen el derecho, no todas las mujeres en España pueden ejercerlo por igual. Todas las mujeres deberían poder acudir a un centro de salud u hospitalario público cercano, pero hay mujeres en España que deben peregrinar por otras ciudades o comunidades autónomas con tal de poder acceder a este derecho.

Señorías, les debo advertir que las feministas no vamos a consentir que por la puesta en marcha del registro de objetores no funcione en ciertos territorios. No permitiremos que en los hospitales públicos no exista personal médico para realizar abortos, porque esto tiene que ver ―insisto― con la vida y con nuestro derecho a ser seres humanos. Con eso tiene que ver. Por todo eso hemos presentado dos enmiendas, señorías, como bien sabe el Grupo Socialista. La primera aborda el problema de los registros de las personas objetoras de conciencia y la segunda nos encamina, al fin y al cabo, a introducir el aborto como un derecho fundamental e, insisto, autónomo en nuestra Constitución. Porque el feminismo avanzó orgullosamente en 1985, lo hizo en 2010, lo hizo en 2019, lo hizo en 2022 y lo vamos a volver a seguir haciendo en 2024, en 2025 y en todos los años que nos vengan por delante, señorías; todos. (Aplausos).

El feminismo y las mujeres de este país, señorías, no vamos a permitir ni que se nos desprecie, ni que se menoscaben nuestros derechos porque, insisto, esto no es un derecho que solo tiene que ver con la salud, sino que tiene que ver con entender que las mujeres somos seres libres, autónomas, conscientes, adultas y que hacemos con nuestro cuerpo lo que nos dé la gana. (Aplausos).

Así que, sin más, muchas gracias y, no lo duden, nos van a tener enfrente en el Senado el día 2. (Aplausos).

Muchas gracias, presidente. Señores del Grupo Parlamentario Socialista, tengo que empezar manifestándoles que al ver su iniciativa me generó cierta perplejidad. Hablan de igualdad cuando forman parte de un Gobierno y de un grupo parlamentario que ha creado la mayor desigualdad entre hombres y mujeres. Les recuerdo la ley del sí es sí, que ha rebajado penas y sacado de la cárcel a delincuentes sexuales. (Aplausos). Lo que me sorprende, señora Fernández, es que usted pretenda que la ministra de Sanidad, Mónica García, haga algo en favor de las mujeres. Tengo que recordarle que fue la responsable, primero, de que se silenciara a una víctima de violencia sexual, y, después, de que al presunto acosador se le premiara con un puesto en esta Cámara. (Aplausos). Pero, claro, como dijo Tania Sánchez, Errejón nos valía la pena porque era un gran político. ¿Dónde está la defensa de su feminismo? Además, plantean una iniciativa faltando a la verdad en su exposición de motivos cuando hablan de Castilla y León, comunidad a la que pertenecemos las dos. Sabe que en ningún momento se ha modificado el protocolo de atención de interrupción del embarazo, que está ajustado al ordenamiento jurídico. Actúen con seriedad a la hora de reflejar algo por escrito. Claro, si es que pueden. Esta tarde hemos visto que no. Y no lancen cortinas de humo para tapar sus propios errores, y más cuando estamos hablando de salud. Ustedes presentan una iniciativa para instar al Gobierno, a sus socios de Gobierno ―en este caso a SUMAR, que es quien está al frente de Sanidad―, a que desarrollen la Ley Orgánica 1/2023, de salud sexual y reproductiva. No se olviden que, haciendo referencia a la objeción de conciencia y a un posible registro de objetores, es preciso tener presente lo que dicen los artículos 18, 19 bis y 19 ter. Señorías, estamos hablando de una ley de aplicación por los profesionales sanitarios que fue redactada sin recabar su opinión ni la de las sociedades científicas, y que se tramitó sin los informes pertinentes del Consejo de Estado ni de la Comisión de Bioética. Es una ley que rezuma hostilidad hacia los profesionales sanitarios a quienes no escucharon. El registro médico de objetores de conciencia, además de cercenar un derecho constitucional, oculta la voluntad de castigar a quienes, ejerciendo su derecho, se niegan a practicar abortos. Tiene un sospechoso tufo a lista negra y, por su carácter público, puede limitar el derecho reconocido en el artículo 18 de la Constitución. Por ello, es importante que en esta iniciativa quede claro que los profesionales sanitarios han de ser tenidos en cuenta, como hemos contemplado en nuestra enmienda. La ley lleva publicada desde el 28 de febrero de 2023 y ahora, casi dos años después, ustedes presentan esta iniciativa en línea con los anuncios flash de la ministra; eso sí, saltándose la ley en los artículos antes mencionados, porque no tienen en cuenta ni al marco del consejo interterritorial ni a las profesiones sanitarias. Sin embargo, la ministra anuncia borradores de protocolos para el registro de objetores de conciencia. Miren, llevan un año de legislatura y el único balance que pueden hacer es el de un año de corrupción que ha salpicado al Ministerio de Sanidad. ¿Para qué crean un observatorio contra el fraude y la corrupción sanitaria? ¿Qué pasa? ¿Qué ocultan, que no conocemos aún los españoles? Ha sido un año también de mala gestión que afecta a la igualdad de todos los españoles y a su cohesión territorial. ¿Dónde está la financiación de la ley ELA? ¿Para cuándo van a resolver la falta de médicos de familia y comunitaria? ¿Realmente les interesa la Atención Primaria? Pero bueno, señorías, aún hay esperanzas de que se resuelva la situación de la Atención Primaria, porque tenemos a una ministra que lo va a impulsar como representante del Comité Ejecutivo de la OMS en Europa, y lo que no hacemos en España lo vamos a hacer ahora desde la OMS. (Aplausos). ¿Para cuándo la Agencia de Salud Pública? Les recuerdo que terminó el plazo de presentación de enmiendas el 18 de septiembre. ¿Qué pasa, que su debilidad parlamentaria no permite la tramitación? La emergencia provocada por la DANA pone en valor el papel que podía tener este organismo en la planificación de recursos o en cómo prevenir infecciones o epidemias. ¿Por qué tienen tanto rechazo al modelo MUFACE? ¿Van a ceder, señorías del Grupo Socialista, a esto con tal de mantener a Sánchez en la Moncloa?

Señorías, lo que estamos viendo en el Parlamento es una clara huida por parte del Gobierno, empezando por Sánchez y continuando por sus ministros. La ministra de Sanidad tiene más de doscientas preguntas orales y treinta peticiones de comparecencias de mi grupo pendientes de sustanciarlas en la Comisión de Sanidad. Tengo el convencimiento de que se le ha olvidado el camino. Y, mientras tanto, en el Sistema Nacional de Salud sin dar solución a los múltiples problemas por los que pasa.

Muchas gracias. (Aplausos.―Un señor diputado: ¡Muy bien!).

Obrigado, señor presidente. Moi boa tarde. Garantir o aborto como un dereito para todas as mulleres e que sexa prestado na sanidade pública sen dilacións nin trabas é unha loita histórica do feminismo galego e tamén do BNG. Neste sentido, quero lembrar que nós temos presentado no seu día emendas durante a tramitación da Lei de saúde sexual e reprodutiva e da interrupción voluntaria do embarazo, emendas, algunha delas, que ían dirixidas precisamente a eliminar os artigos referidos á obxección de conciencia. Se, como a propia exposición de motivos desta PNL afirma, a interrupción do embarazo é xa un dereito regulado por lei e amparado polos tribunais e polo dereito internacional, non cabe obxección de conciencia. Porén, esa posibilidade foi infelizmente mantida no texto. Nós temos que dicir que o persoal sanitario está para garantir dereitos, nunca para negalos. Non pode ser que o hipotético dereito dun médico á obxección negue e impida un dereito fundamental das mulleres. Sabemos que era deber das comunidades autónomas, dado que son as Administracións competentes en materia de sanidade, regular un rexistro de obxectores, cuestión que aínda non se cumpriu en moitas delas, o que dificulta o acceso á interrupción do embarazo na sanidade pública. Porén, tamén cabe lembrar que era obriga do Ministerio levar un rascuño ou proposta de protocolo ao Consello Interterritorial do Sistema de Saúde. Un protocolo que deberá incluír as condicións mínimas do rexistro e que a ministra, por certo, anunciou a fin do mes de setembro que tiña ultimado. Mais aínda non foi aprobado. Esa falta de protocolo é a que tamén está servindo de escusa para non avanzar no exercicio real e sen pexas do dereito á interrupción voluntaria da gravidez por parte das mulleres. E insistimos en que ningún hipotético dereito dun médico pode negar o que é fundamental para preservar a saúde e a vida das mulleres. E porque, ademais, se utiliza —s‌ abémolo— para, de paso, favorecer o negocio das clínicas privadas e facilitar as campañas ultras de atemorización contra as mulleres que queren abortar. Contra isto hai que actuar. Por tanto, nós votaremos a favor desta PNL que o que fai é reclamar ao Goberno, na súa parte resolutiva, avanzar na protección e defensa dos dereitos sexuais e reprodutivos das mulleres e esperamos que, efectivamente, o Goberno actúe e dea un paso decisivo nesta dirección. Moito obrigado.

Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Garantizar el aborto como un derecho para todas las mujeres y que sea prestado en la sanidad pública sin dilaciones y trabas es una lucha histórica del feminismo gallego y también del BNG. En este sentido, quiero recordar que nosotros hemos presentado enmiendas durante la tramitación de la ley de derechos sexuales y de la interrupción voluntaria del embarazo; enmiendas algunas de las cuales iban dirigidas precisamente a eliminar los artículos referidos a la objeción de conciencia. Como dice la propia exposición de motivos de esta PNL, la interrupción del embarazo es un derecho ya regulado por la ley y avalado por el derecho internacional, no cabe objeción de conciencia. Sin embargo, esa posibilidad fue infelizmente mantenida en el texto.

Tenemos que decir que el personal sanitario está para garantizar derechos, nunca para negarlos. No puede ser que el hipotético derecho de un médico a la objeción niegue e impida un derecho fundamental de las mujeres. Sabemos que era deber de las comunidades autónomas, dado que son las administraciones competentes en materia de sanidad, regular un registro de objetores; cuestión que todavía no se cumplía en muchas de ellas, lo que dificulta el acceso a la interrupción del embarazo en la sanidad pública.

Sin embargo, también hay que recordar que es obligación del ministerio llevar un registro territorial, un protocolo, hacer un borrador del protocolo que la ministra anunció, por cierto, a final del mes de septiembre, que había ultimado pero que todavía no ha sido aprobado. Esa falta de protocolo es la que también está sirviendo de excusa para no avanzar en el ejercicio real y las trabas al ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria por parte de las mujeres. Insistimos en que ningún hipotético derecho de un médico puede negar lo que es fundamental para preservar la salud y la vida de las mujeres. Porque, además, se utiliza ―lo sabemos― para, de paso, favorecer el negocio de las clínicas privadas y facilitar las campañas ultras de atemorización contra las mujeres que quieren abortar. Contra esto tenemos que actuar.

Por tanto, nosotros vamos a votar a favor de esta PNL que va a reclamar al Gobierno, en su parte resolutiva, la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Esperamos que, efectivamente, el Gobierno actúe y dé un paso decisivo en esta dirección.

Muchas gracias.

Señorías, esta tarde debatimos una proposición no de ley que reafirma el compromiso con la igualdad de género y los derechos sexuales y reproductivos en un contexto en el cual conquistas como estas se ven completamente amenazadas.

Para nosotras es importante recordar los avances en la anterior legislatura, durante la cual España alcanzó un reconocimiento internacional por el trabajo realizado en materia de igualdad. Así también lo hace la proposición no de ley en su parte expositiva, haciendo referencia a estos informes. Medidas como la ley de libertad sexual, la ampliación de los derechos reproductivos o los avances en corresponsabilidad han sido hitos, sin lugar a duda, destacados. Sin embargo, es una lástima que no se haya valorado lo suficiente a la ministra que hizo posible estos avances, nuestra compañera Irene Montero.

Lamentamos que en esta legislatura el feminismo haya pasado a ser algo testimonial, y ha sido relegado a un segundo plano del debate político en esta Cámara sin tener la ambición que nosotras creemos que se merece.

A pesar de las leyes que tenemos vigentes, todavía existen retos importantes que debemos sacar adelante. La falta de registros adecuados de objetores de conciencia y las desigualdades regionales que existen en el acceso al aborto, entre otros problemas, siguen afectando a miles de mujeres en nuestro país. No es suficiente con aprobar leyes en esta Cámara, sino que hay que asegurar su implementación, hay que garantizarla; y que sea de manera homogénea en todo el territorio de nuestro país. Debemos garantizar una supervisión efectiva y asegurar los recursos adecuados para todas las mujeres sin importar su origen, situación económica o el lugar donde viven.

Señorías, no podemos retroceder en derechos ni convertir los avances en igualdad en meras declaraciones de intenciones.

Gracias.

Arratsalde on, kaixo guztioi. Gaur alderdi sozialistak dakarren ez-legezko proposamen honek hiru helburu nagusi ditu: batetik, alde batetik berdintasun politiketan eman diren aurrera pausuen defentsa sutsua egitea, bestalde 1/2023 osasun sexual eta haurdunaldia borondatez eteteko legeak dioena bete dadila exijitzen duela, eta bestalde, kontzientzi objekzioa ez dadila izan eragozpena. Horiexek hiru gauz horiek izango lirateke batez ere gai nagusiak gaur alderdi sozialistak ekartzen dizkit, erkartzen diguten ez-legezko proposamen honetan.

Buenas tardes a todas y a todos. La PNL presentada hoy por el Grupo Socialista tiene tres objetivos principales. Por un lado, la defensa ferviente de los avances realizados en cuanto a las políticas de igualdad; por otro lado, exigir el cumplimiento de lo establecido en la Ley 1/2023, de salud sexual y reproductiva.; y, por último, que la objeción de conciencia no sea un impedimento. Estos tres temas serían los principales que recoge la PNL que el Grupo Socialista nos trae hoy aquí.

Digamos que hoy no vamos a repetir el debate del aborto porque ya se ha hablado mucho; tanto que, ya en su momento, se cruzó el río, como decíamos, no solo por su legalidad, sino en toda su totalidad. La sociedad ha cambiado, y ahí estamos en otra tesitura.

Tampoco vamos a hacer un debate sobre la igualdad y sus logros porque son muchos y son necesarios, evidentemente, y es el armazón fundamental para el progreso, la democracia y la ubicación en una Europa de derechos y libertades ―de eso no tenemos ninguna duda―. El negacionismo de esos derechos es el que está quedando en evidencia últimamente, como todos sabemos.

Por tanto, estamos de acuerdo con el objetivo de garantizar el derecho a la salud sexual y con lo que propone, es decir, que hay que garantizar el derecho a una salud sexual y también a la interrupción voluntaria del embarazo. Los que llevamos ya unos trienios aquí hemos participado en varias leyes: en las de 2010 y en las de 2023; y también en una propuesta que pudo hacer el Partido Popular y que se quedó en el camino. Se quedó tan en el camino que se quedó en el camino hasta el ministro que lo propuso.

Por lo tanto, digamos que estamos de acuerdo con el objetivo, pero pregunto: ¿por qué por medio del consejo interterritorial? Nosotros, por ejemplo, en Euskadi somos plenamente competentes en los dos sentidos: en el sentido del ámbito competencial y en el sentido del servicio sanitario para ejercerlo. Nosotros vamos a decidir el cómo. La ley orgánica ya dice el qué, pero nosotros vamos a decir el cómo. Es un servicio público, y cada uno, el que es competente en la materia, decide el cómo.

El artículo 13 de la ley de interrupción voluntaria del embarazo dice: «Son requisitos necesarios de la interrupción voluntaria del embarazo: a) Que se practique por un médico especialista, preferiblemente en obstetricia y ginecología o bajo su dirección. b) Que se lleve a cabo en centro sanitario público o en un centro privado acreditado». Afortunadamente, eso se cambió en la ley, porque el anteproyecto lo ponía de otra manera, y tuvimos que hacer fuerza para que al final la redacción fuera la que es.

En Euskadi el servicio es público porque lo ofrece, lo dirige y lo establece Osakidetza; y después lo realizan físicamente unas clínicas privadas concertadas y acreditadas para ello. Las mujeres que acuden en Euskadi a hacer una interrupción voluntaria del embarazo están monitorizadas por el Servicio Vasco de Salud. Hay una instrucción del Departamento de Sanidad que dice claramente cómo se debe ejercer, y es público; y en ella se dice cómo debe ser la derivación. Por lo tanto, para aquellos que están con lo público y lo privado, que creo que confunden muchas veces, les digo que las que van voluntariamente en Euskadi las dirige Osakidetza a unos centros concertados; y no es por un tema de objeción de conciencia, es por un tema de no saturación del servicio público de Osakidetza; y es por un tema de eficiencia, porque en los casos en los que no es voluntario y es por un tema médico más allá de la catorce semanas, como dice la ley, lo hace Osakidetza en sus propios centros.

El asunto de la objeción de conciencia ―ya que me queda poco tiempo― es un derecho individual e intransferible; y hay una obligación de dar el servicio por medio de las autoridades sanitarias. Objeción de conciencia, sí; obligación de dar servicio, también.

Sobre el registro, nuestra opinión, desde el principio, fue no estar de acuerdo; estábamos en oposición con lo que se dice sobre la obligatoriedad de esos registros. No estamos en contra de que haya ―y eso lo decíamos aquí cuando defendíamos nuestras enmiendas en la ley del aborto―, pero no consideramos que sea obligatorio. Reitero lo anterior: cada uno es autónomo y debe saber cómo es la mejor manera para hacerlo.

Defendemos, pues, el acceso libre y gratuito de las mujeres que necesitan interrumpir su embarazo; no somos nadie para juzgar por qué lo hacen. Defendemos la obligatoriedad de las autoridades sanitarias competentes en ofrecer ese servicio. Defendemos el derecho a la objeción de los médicos individualmente. Y defendemos la autonomía de las comunidades autónomas que, como Euskadi o Navarra, son plenamente competentes para organizar estos servicios.

Muchas gracias, señor presidente.

Eskerrik asko mahaiburu jauna. Arratsalde on jaun-andreok. Bueno, kalifikatibo bat erabiltzearren, bitxia da gobernuan dagoen alderdiak gobernuari osoko bilkuran eta legez besteko proposamen baten bidez eskatzea legea bete dezan. Dena den, bitxikeria bitxikeri, bat egiten dugu talde sozialistak aurkeztutako legez besteko proposamenaren edukiarekin oro har, eta horrenbestez, gure aldeko bozka izango du.

Buenas tardes, señoras y señores. Por utilizar un calificativo, resulta curioso que el partido en el Gobierno solicite al Gobierno en Pleno, y a través de una proposición no de ley, que cumpla la ley. No obstante, curiosidades aparte, compartimos el contenido de dicha proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, y, en consecuencia, contará con nuestro voto a favor.

La verdad es que, aunque estamos de acuerdo con el fondo de la cuestión y apoyaremos la PNL, como acabo de decir, nos resulta cuando menos curioso que el Grupo Socialista inste al Gobierno a coordinar e impulsar las acciones pertinentes a través del consejo interterritorial. Es cierto que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular con o sin apoyo de VOX no solo no han desarrollado el derecho al aborto, sino que además le han puesto todo tipo de impedimentos, pero no es menos cierto que el Partido Socialista tampoco viene con los deberes hechos. En el caso de la Comunidad Foral de Navarra, gobernada por el Partido Socialista, el registro de objetores aún no está hecho, y lo mismo ocurre en la Comunidad Autónoma Vasca, donde el Partido Socialista gobierna junto con el PNV. Como resultado, hoy en día alrededor del 90 % de los abortos en Euskal Herria se realiza en clínicas privadas; es decir, el 90 % de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo no pueden ejercer su derecho en los servicios públicos de salud. ¿Cuál es el motivo para que el Partido Socialista no haya impulsado el registro de objetores en nuestras comunidades autónomas siendo miembro ―mayoritario en una y minoritario en otra, pero miembro al fin y al cabo― de ambos Gobiernos? En este sentido, no olvidemos que es el Ministerio de Sanidad a quien corresponde la redacción del protocolo que regirá el registro de objetores. Si bien la ministra Mónica García dijo ya en septiembre que el ministerio estaba en disposición de desarrollar dicho protocolo, aquí estamos esperando todavía. Después de dos meses aún no sabemos nada sobre el tema.

Por otra parte, tampoco podemos dejar de lado las responsabilidades que en esta cuestión tiene el Ministerio de Igualdad, porque la ley sobre derechos sexuales y reproductivos debe implementarse en su totalidad, no solo en cuanto al derecho a la interrupción del embarazo. Si bien muchas competencias de su desarrollo quedan en manos de las comunidades autónomas, para poder llevarlas a cabo, el ministerio debe dotar del presupuesto y del impulso necesarios para la implementación de la ley. Y aunque se salga un poquito del tema de hoy, el Ministerio de Igualdad también debe poner las vías para implementar en su totalidad la Ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, más allá del Código Penal, poniendo el foco en las medidas integrales que propone, por ejemplo, en los campos de formación, prevención y sensibilización, y para ello debe dotarla también de los presupuestos y el impulso necesarios.

Beraz, baloliak kanpora botatzeari utzi behar zaio. Hitzetik, hitzetatik ekintzetara pasatzeko garaia da. Bakoitzak bere erantzukizuna bere gain hartu eta bere betebeharrak betetzeko garaia. Besterik ez.

Eskerrik asko.

Por lo tanto, hay que dejar de echar balones fuera. Es hora de pasar de las palabras a los hechos y es tiempo de que cada cual asuma su responsabilidad y cumpla con sus obligaciones.

Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, presidente. Señoría, su discurso perfectamente aprendido, con los argumentos falaces de siempre, no nos ha explicado muchas cosas. Por eso le pregunto: ¿Por qué ustedes mismos han pasado de concebir el aborto como un mal que hay que tratar de evitar a concebirlo como un bien que se debe procurar? ¿Por qué, señorías, consideran que es bueno y saludable matar a un ser humano en el seno de su madre y consienten que se trate como un anticonceptivo más? (Aplausos). ¿Por qué, señorías, les parece escandaloso lo que propone VOX: que una mujer que va a decidir eliminar la vida de su hijo pueda escuchar voluntariamente el latido de su corazón? ¿Por qué les parece eso escandaloso? A nosotros lo que nos resulta escandaloso es que todos ustedes, incluido el Partido Popular, impidan que una mujer que va a sufrir ese desgarro conozca el alcance de sus actos y pueda decidir en libertad. ¿Y ustedes hablan de libertad? Es un daño irreparable, señorías. Lo que es escandaloso, señorías, es que presionen a los médicos cuya función es salvar las vidas para que las eliminen. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).

Les pregunto: ¿Por qué no ofrecen ningún tipo de alternativa al aborto a las mujeres que tienen problemas?, ¿por qué no les ofrecen alternativas? ¿Acaso les parece bien que seamos el país de Europa donde más crece el aborto?, ¿les parece bien? ¿Por qué existen todo tipo de medios y financiación para acabar con la vida de un hijo y no existen medios para sacarlo adelante? (Aplausos). ¿Me puede usted explicar usted por qué? ¿Por qué, según REDMADRE, se gastan doce veces más en abortos que en ayudar a las mujeres embarazadas que quieren ser madres?, ¿por qué, señoría? ¿Por qué, con el expolio fiscal que sufrimos, invierten nuestros impuestos en financiar las muertes y no los destinan a salvar vidas? ¿Por qué no se destinan nuestros impuestos a salvar vidas? Señoría, ¿por qué si, según el CIS, el 77 % de los jóvenes no tienen hijos por motivos económicos, no llevan a cabo una política de natalidad? ¿Por qué eligen ustedes siempre la muerte? (Aplausos).

Todas estas preguntas, señorías, las dejan sin respuesta porque existe una maldad intrínseca escondida en sus políticas. La guerra que han emprendido no es una guerra con tanques ni es una guerra con bombas, es una guerra bastante más dañina. Va dirigida como un torpedo directamente al corazón; es un enemigo invisible disfrazado de derechos para acabar destrozando a la mujer, a su hijo y a la familia, y en esta guerra están todos ustedes implicados, y digo todos, incluido el Partido Popular, que ha asumido de forma total la ideología de género y la consideración del aborto como un derecho. (Aplausos). ¿Y nosotros, señorías, somos los ultras, los radicales, los de extrema derecha por defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural? Pues, señorías, nosotros pensamos que los radicales son ustedes, los que consideran que es un derecho, es un avance y es progreso matar a un ser humano.

De extrema izquierda y radical es su Gobierno, que deja las políticas sociales en manos de ministras comunistas; una ideología condenada por las múltiples violaciones de derechos humanos realizadas a lo largo de la historia. Eso es lo radical. ¿Cómo vamos a aceptar que impongan su visión de la mujer, la de su musa intelectual, Simone de Beauvoir? Se puede seguir riendo usted, señoría, pero Simone de Beauvoir era una mujer acusada de abusos sexuales a otra mujer, que tuvo relaciones sexuales con una menor y que, por supuesto, despreciaba obsesivamente la maternidad. Usted se puede seguir riendo. Lo que es de extrema izquierda, señoría, es intentar impedir que se celebre un acto en el Senado a favor de la vida. Esa es su democracia. ¿Nos acusan de ir contra los derechos de las mujeres ustedes, los que sacan violadores a la calle o hacen competir a las mujeres contra los hombres porque el sexo se puede elegir; los que basan su política de igualdad en perspectivas de género que no tienen en cuenta la cualidad maternal y tan solo persiguen inocular la división y el odio contra el hombre; los que estimulan la eliminación de un hijo? Eso sí, estas políticas son para los demás, no para ustedes. (Aplausos). Nosotros queremos que se reconozca el derecho de una mujer a ser madre, pero a todas las que quieran ser madre, no solo a las ministras.

Señorías, ustedes pasarán, todos pasaremos, pero la verdad no pasará. Hay unas verdades inherentes al propio mundo y al ser humano que determinan que o somos defensores de la vida y la familia o España y Europa no serán. Termino. Señorías, el derecho a la vida es la raíz y el sustento de toda civilización, y solo VOX lo defiende por convicción. Otros se equivocaron cuando por rentabilidad política abandonaron los principios. El mundo está despertando y el PP se empeña en estar en el lado equivocado de la historia. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).