Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, para el reconocimiento del carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de cuerpos penitenciarios en el ejercicio de sus funciones.

Presidenta, diputados, hoy les presentamos la proposición de ley para el reconocimiento del carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de los cuerpos penitenciarios en el ejercicio de sus funciones. Con este reconocimiento se pretende reforzar uno de los pilares básicos del sistema penitenciario, que son los funcionarios de prisiones, funcionarios que tienen como tareas fundamentales, por un lado, la retención y la custodia de detenidos y presos y, por otro, la reeducación y la reinserción social de aquellos que han estado sometidos a penas privativas de libertad.

Actualmente, el personal de la institución penitenciaria lo integran alrededor de 21 500 personas, de las que alrededor de 14 400 se dedican a tareas de vigilancia para garantizar el orden y la seguridad interior en los centros penitenciarios y en los centros de reinserción social. Estas importantes funciones se realizan en entornos confinados, donde el contacto con los internos es muy estrecho y el clima laboral, tenso. Piensen que la convivencia es forzada, ya que los reclusos se ven obligados a cumplir sanciones penales en contra de su voluntad, lo que hace que los funcionarios se enfrenten a situaciones de indisciplina, desobediencia, amenazas y conductas violentas. Por tanto, debe ser un objetivo primordial de la Administración penitenciaria velar por la integridad física y la salud tanto de los funcionarios como de los internos. Tengan en cuenta que un gran porcentaje de reclusos padecen problemas de salud mental y de adicciones, lo que complica todavía más el trabajo de los funcionarios.

El pasado mes de febrero, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias cifró en 508 las agresiones a funcionarios durante 2023, un 12 % más que en el año anterior, pero un 126 % más que hace cinco años, lo cual está convirtiendo a este colectivo en los funcionarios que más agresiones están recibiendo de toda la Administración General del Estado. Esto significa que, de media, cada dieciséis horas agreden a un funcionario de prisiones. Por eso, resulta imprescindible establecer medidas eficaces contra estas agresiones en su ámbito laboral. Aunque el protocolo de actuación frente a las agresiones en centros penitenciarios y centros de inserción les reconoció por primera vez de forma explícita la condición de autoridad pública, he de señalarles que no hay ningún texto con rango de ley que les reconozca esta condición. Por tanto, creemos que es muy importante que se haga.

He de resaltar que ―justo hoy hace una semana― el secretario general de Instituciones Penitenciarias, con motivo de su comparecencia en la Comisión de Interior de esta Cámara, dijo textualmente que creía que era positivo y necesario el reconocimiento de la condición de autoridad, urgiendo a los grupos parlamentarios a aprobar esta condición de agentes de la autoridad, ya que, como dijo, la responsabilidad es del Poder Legislativo, añadiendo además que la norma se encontraba en esta Cámara. Y, efectivamente, existe una proposición de ley del Senado, que entró en esta Cámara, para el reconocimiento de agentes de la autoridad a los funcionarios penitenciarios, proposición de ley cuyo trámite tiene congelado la presidenta del Congreso, señora Armengol, que ha prorrogado hasta en dieciocho ocasiones el plazo para la presentación de enmiendas (aplausos), dando cumplimiento a lo que ordena el Gobierno. Exactamente, la última prórroga es de esta mañana. Y también tiene parada la tramitación de otra proposición de ley del Grupo Socialista. Esto pone de manifiesto, en evidencia, la debilidad parlamentaria de este Gobierno, que, para evitar perder votaciones al no contar con los votos de sus socios de investidura, han sumido al Congreso en una cámara absolutamente paralizada, a la que están usurpando sus competencias legislativas. Por poner un ejemplo, no tenemos más que ver el espectáculo caótico y bochornoso de la Comisión de Hacienda de ayer, en la que el Gobierno mantuvo retenidos a todo el personal de la Cámara y a los diputados hasta la una de la madrugada porque no le salían los números. (Aplausos). Esta circunstancia es de una gravedad extrema, ya que, debido a la injerencia del Ejecutivo en el Poder Legislativo, se está poniendo en peligro un principio fundamental de nuestra democracia, como es la separación de poderes. No sé si el secretario general, cuando apremiaba a los diputados a reconocer con urgencia precisamente en esta Cámara la condición de agentes de seguridad, lo dijo por desconocimiento o por mala fe.

El Grupo Popular, consciente de la necesidad de que un texto con rango legal establezca el reconocimiento de la condición de agente de la autoridad a estos funcionarios, presenta esta proposición de ley, esperando que se tramite con la celeridad a la que aludía el propio secretario general de Instituciones Penitenciarias.

El reconocimiento de agentes de la autoridad también supone que, si reciben una agresión en el ejercicio de sus funciones, puedan ser indemnizados en los mismos términos que contempla el Código Penal para los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Las agresiones y los asesinatos de los trabajadores en las cárceles son una tragedia que no se puede repetir. Y aquí, en nombre de mi grupo parlamentario, quiero mostrar un cariñoso recuerdo y la condena del asesinato de Nuria López a manos de un preso en el presidio de Tarragona, como también quiero enviar a sus familiares todo nuestro cariño y toda nuestra solidaridad. (Aplausos).

Los funcionarios de las prisiones españolas solicitan desde hace muchos años mayor seguridad en los puestos de trabajo, algo que reclaman los funcionarios de todas las comunidades autónomas, porque, aunque en el País Vasco y en Cataluña estas competencias, como saben, se encuentran transferidas a la Generalitat y al Gobierno del País Vasco, tampoco en esos territorios tienen reconocida esta condición de agente de la autoridad, algo que sí ocurre en países de nuestro entorno con sus homólogos, como, por ejemplo, en Francia. Disponer de unos funcionarios con prestigio social, con reconocimiento institucional a su labor y con respaldo legal a su autoridad es requisito fundamental para avanzar en un sistema penitenciario de calidad. Pero, lamentablemente, el Gobierno de España no está en eso. El Gobierno de España utiliza a los funcionarios y la política penitenciaria como moneda de cambio para mantener a Sánchez en la Moncloa. Es absolutamente infame e indigna la frase de su socio Otegi: Presos por presupuestos. Pero, hablando de presupuestos, también es indigno que el presidente del Gobierno haya querido utilizar la tragedia de la DANA para sacar unos presupuestos. (Aplausos).

Un presidente que está atrincherado en la Moncloa, más preocupado por la corrupción de su entorno que por el interés general y por los problemas de los españoles. Pero al Grupo Popular sí nos interesan los españoles y nos preocupan los trabajadores, por eso hoy presentamos esta proposición de ley para mejorar las condiciones laborales de los funcionarios de prisiones, no como hace el Gobierno, que los viene engañando de forma repetida, que les promete que habrá un reconocimiento ―que, como dice el secretario general, tiene que ser urgente―, pero que después, cuando llega esto a la Cámara, se congela siguiendo, como digo, las órdenes del Gobierno. Nosotros queremos este reconocimiento de la condición agentes de la autoridad para los funcionarios, pero también dotarles de los medios materiales adecuados para que puedan desempeñar su trabajo. Por poner un ejemplo, les diré que carecen de guantes seguros que eviten la acción de objetos punzantes y que carecen de chaquetas ignífugas, cuando saben que son los primeros que acuden cuando hay un incendio en un centro penitenciario, antes de que lleguen los bomberos. Nosotros entendemos que estas son medidas esenciales para la prevención de riesgos laborales.

En definitiva, proponemos reforzar uno de los fundamentos del sistema penitenciario, como son sus funcionarios, a los que además mostramos desde aquí todo nuestro reconocimiento por su trabajo ejemplar, como han demostrado con creces, sobre todo en las grandes crisis, y basta recordar la actuación ejemplar que han tenido durante la pandemia, como también queremos recordar aquí la actuación ejemplar que han tenido los funcionarios de prisiones del centro penitenciario de Picassent, que, debido a la DANA, han tenido que ir enlazando turno tras turno ante la imposibilidad de poder ser relevados, porque, como saben, la zona estaba inaccesible para sus compañeros.

Por tanto, señorías, al ser esta una ley que avanza en la protección de los funcionarios y en la calidad del sistema penitenciario español, les pido no solo su voto favorable a esta toma en consideración, sino también que se apruebe con la celeridad, con la urgencia que esto requiere, porque todos los funcionarios nos están escuchando y lo están esperando precisamente de esta Cámara, que es la que tiene competencia para regularlo y reconocerlo con rango de ley. De ahí la propuesta que hacemos de modificación de la ley orgánica de instituciones penitenciarias.

Muchas gracias. (Aplausos).

Buenas tardes, señorías. Coalición Canaria votará a favor de esta proposición de ley. En ningún momento nos hemos planteado o contemplado ninguna otra posibilidad. Esta es una cuestión que tiene una importancia fundamental para el buen desempeño de la tutela penitenciaria efectiva. Desde el inicio de esta legislatura, he hecho diversas preguntas al ministro responsable para poder conocer más de cerca, para poder conocer por dentro la situación de los centros penitenciarios de Canarias. Si es importante cuidar estas instalaciones, si es importante responder a las necesidades sociales y económicas de los presos para mantener un orden y poder trabajar en la rehabilitación en territorio continental, en las islas se añade la dificultad de que muchas de estas personas están alejadas de su territorio de arraigo 2000 kilómetros, sin posibilidad de conexión, de visitas y con enormes dificultades sociales y económicas para poder hacer una vida normal, como hace cualquier preso de las islas que pueda estar cerca de esa familia, que siempre siempre, pase lo que pase, echa una mano. Los propios trabajadores nos han trasladado sus preocupaciones y sus necesidades, y también las hemos trasladado al ministerio. Compartimos la necesidad urgente de que estos funcionarios sean considerados sin ambages, con rotundidad, agentes de autoridad, para elevar su protección laboral, pero también para el mayor reconocimiento de sus riesgos y, cómo no, de las indemnizaciones que les pertenecen en cualquier situación de agresión. Entendemos que el pleno reconocimiento como agentes de autoridad para funcionarios y funcionarias de prisiones es un acto de justicia laboral y una medida social necesaria para impulsar el servicio que desarrollan con más garantías y seguridad jurídica. Compartimos plenamente, como digo, el punto 2 de esta proposición de ley para que, además, los informes de los funcionarios gocen de algo muy importante, la presunción de veracidad cuando no haya prueba en contrario.

Pero esta medida, señorías, a pesar de ser un paso importante ―y creo que he sido muy clara en mis primeros minutos respecto al apoyo sin ambages a esta cuestión― no es, desde luego, la solución a los muchos problemas que tienen los trabajadores de prisiones, que viven una complejísima situación que obliga a abordar otros muchos temas que no están siendo abordados adecuadamente. Medidas necesarias vinculadas a la seguridad laboral para prevenir esas situaciones que hacen que sea necesario que se les considere agentes de la autoridad laboral. Estoy hablando, por ejemplo, de la atención a la salud mental, algo que no se está produciendo de la manera adecuada en las prisiones del Estado español, dada la carencia de recursos, de médicos, de enfermeros y del abordaje y el tratamiento necesario en unos espacios donde la salud mental es una de las cuestiones más críticas no solo para las personas presas, sino también para los propios trabajadores. Como he dicho, faltan profesionales, faltan médicos, faltan enfermeros, y esto lleva a situaciones peligrosas, porque el suministro de medicamentos que hay que hacer a tantísimos presos, sin profesionales adecuados, sin la ratio necesaria, genera mucha tensión. Pero es que, además, hay presos a los que hay que proporcionarles la medicación de manera individualizada y separada. ¿Cómo se hace eso si ni siquiera contamos con las plantillas de enfermería que se requieren? Son situaciones de precariedad que conducen a la conflictividad, a la tensión en la convivencia. Y, desde luego, no se puede entender que nos preocupemos en este momento por esa figura de agente de la autoridad ―que, insisto, apoyamos― sin abordar lo que les pone en peligro. Estamos hablando en algunos casos ―les voy a hablar de Tenerife II― de que los trabajadores y las trabajadoras de enfermería padecen además la jubilación de médicos que no se han repuesto. Tienen que repartir entre tres mil y cuatro mil unidades de medicamentos recetados y, como dije antes, hasta setenta y cinco personas necesitan de una atención individualizada y separada. Esto es imposible con los profesionales que tienen hoy. Además, a muchos de ellos se les prometió ese complemento de residencia por lejanía cuando fueron desplazados, que se ha actualizado para otros cuerpos funcionariales, pero no para ellos. Y hablamos de unas instalaciones con unas carencias que hacen que la vida allí no sea medianamente normal y que inciden en el malestar y en los problemas ―insisto― de convivencia que se viven en su interior.

La inflación se ha disparado, los precios de la cesta de la compra, pero los menús siguen siendo los mismos o peores, y esto también genera muchos conflictos que tienen que resolver los funcionarios de prisiones, insisto en que con ratios por debajo de los que deberían tener. Esta es una queja más que habitual, y no la hacen los propios presos, la hacen los trabajadores, que son los que viven la tensión en cada comida ante el enfado, el disgusto y las situaciones de tensión que se generan.

En el caso de Tenerife II ―en mi isla y en mi municipio, en El Rosario―, la prisión no tiene un depósito de agua. La prisión Tenerife II no tiene un depósito de agua propio; se suministra de la red de abastecimiento del municipio de El Rosario, un municipio de menos de 20 000 habitantes, que en un momento de emergencia hídrica incluso tiene cortes para la población general. Imagínense ustedes lo que ocurre en una prisión cuando hay restricciones de agua, descargando toda la presión en el municipio, que tiene que abastecer a todos sus vecinos. Llevamos años esperando que se acometa el depósito, que tampoco sale adelante.

En definitiva, son muchas las circunstancias que generan enormes problemas y conflictos, y aunque hoy apoyamos, por supuestísimo, el reconocimiento de agentes de la autoridad, no nos olvidemos de que si no prevenimos las agresiones de poco les va a servir, porque, al final, no tener las prisiones como Dios manda, no tener el personal que Dios manda, no atender a la gente como tiene que hacerse es dejar a los trabajadores y a las trabajadoras absolutamente indefensos. Ante esto, nuestro reconocimiento les dará seguridad jurídica, no tengo ninguna duda, pero el miedo y la preocupación ante lo que pueda ocurrir mañana por cualquiera de los motivos que he explicitado, eso no se lo quita nadie. No podemos seguirles poniendo en riesgo. Que sean agentes de la autoridad y con medios, con recursos, con personal cualificado y en las ratios adecuadas, con instalaciones decentes y con menús adecuados, y, por supuesto, en el caso de Canarias, con la actualización del complemento por desplazamiento, cosa que sigue sin hacerse.

Muchas gracias.

Muchas gracias, presidenta. Arratsalde on, jaun-andreok. Llevamos años considerando la conveniencia de reformar el artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, tanto en debates en el Pleno de esta Cámara como en la Comisión de Interior, bien como iniciativas legislativas, bien como proposiciones no de ley o bien como mociones; sin embargo, nunca ha llegado a culminarse esta reforma. Por no remontarnos a legislaturas muy pretéritas y referirnos exclusivamente a la pasada, recordaré que, solo en este Pleno, como proposición de ley, debatimos la reforma en cuatro ocasiones, tres monográficamente y una cuarta en el contexto más amplio del régimen estatutario del personal de Instituciones Penitenciarias, siendo tomadas en consideración dos de ellas. Ahora, en esta XV Legislatura, de nuevo se reproduce el patrón de otras anteriores. Así, si tomáramos en consideración esta iniciativa, se sumaría a la del PSOE que ya tomamos en consideración en junio pasado, cuyo trámite de enmiendas se encuentra concluido y a la espera de iniciar los trabajos en ponencia y comisión. Sin embargo, señorías, y aun pareciendo que habrá una mayoría suficiente para aprobar esta reforma del artículo 80 de la Ley General Penitenciaria, a la vista de los grupos parlamentarios que la propugnan, aun con distintas iniciativas, mucho nos tememos que esta correrá la misma suerte que en las pasadas legislaturas y que se quedará en nada. Por nuestra parte, por parte del Grupo Vasco, señorías, adelantamos que daremos nuestro voto favorable a la toma en consideración de esta iniciativa, lo mismo que lo hemos prestado a otras con la misma finalidad, sin perjuicio de los matices y observaciones que en el trámite de enmiendas hayamos de considerar. Por lo que hace al fondo del asunto, la tan traída y llevada reforma del artículo 80, señalaré que se endereza, en líneas generales, a la mejora de la protección jurídica de los funcionarios penitenciarios frente a agresiones de terceros, contemplando para ello cinco aspectos; a saber: primero, el reconocimiento legal de su condición de agentes de la autoridad ―reconocimiento formal―; segundo, la identificación en los procedimientos administrativos y judiciales consecuencia de su actividad profesional con el número profesional para reservar el anonimato de sus datos personales; tercero, el valor probatorio de sus informes; cuarto, la separación de otros detenidos e internos cuando sean privados de libertad, y, por último, el resarcimiento por la Administración de los daños que puedan sufrir en la prestación del servicio, lo que se llama el principio de indemnidad. Todas ellas son medidas que, por sí solas, no parece que puedan determinar la reducción de la conflictividad de los centros penitenciarios, aunque sí coadyuvarán ―como decíamos― a una mayor protección jurídica de estos funcionarios, aunque también consideramos que a efectos penales no aportarán sustancialmente una mucho mayor protección a la vista de la definición de los tipos penales de atentado y resistencia grave de los artículos 550 a 556 del Código Penal por su ya condición de funcionarios públicos de los trabajadores de ejecución penitenciaria, así como de la derivada de agentes de la autoridad en la medida en que ejecutan las decisiones de los directores de los centros penitenciarios en cuanto que son autoridad para disponer y disponer de los atributos de mando y jurisdicción propia en sentido amplio, según se deriva de la normativa penitenciaria y de la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo. Ni siquiera el tipo básico de atentado contra la autoridad supondría una sensible mejor protección a la vista de la agravante específica contemplada en el artículo 551.4 del Código Penal, relativa a determinados hechos cometidos en el interior de los centros penitenciarios. Sin embargo, todo lo expuesto no quiere decir que el reconocimiento explícito de la condición de agentes de la autoridad no tenga otros efectos relevantes, tanto simbólicos como prácticos, como, por ejemplo, para reforzar el principio de autoridad en los centros penitenciarios y también la propia estima de los funcionarios, a fin de su función de mantener la buena convivencia, preservar a las personas internas y facilitar el trabajo en pos de la reinserción y resocialización de las personas penadas como fin último de la pena, partiendo también de la confianza en la neutralidad de los funcionarios penitenciarios como garantes de la calidad y eficiencia de un servicio público, lo que claramente tendrá reflejo y reconocimiento en el valor probatorio de los informes que emitan respecto de los hechos presenciado o constatados, salvo prueba en contrario, y sin perjuicio de que aquellos deban aportar todos los elementos probatorios disponibles, en línea precisamente con lo establecido en el artículo 77.5 de la ley de procedimiento administrativo, de la Ley 39/2015. Sin embargo, y respecto a la identificación del número profesional, señalaré que la LECRIM, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya lo contempla en el artículo 762.7 para las declaraciones de los agentes de la autoridad, y en los procesos administrativos también figura en la Instrucción 4/2001 de Instituciones Penitencias, sin perjuicio de que para este supuesto fuera más garantista incorporarlo a una ley, y lo mismo cabría señalar respecto a la separación de otros detenidos y reclusos.

Por último ―voy finalizando, presidenta―, respecto al principio de indemnidad, que aunque no figura en esta proposición de ley del Grupo Popular sí es una reclamación unánime del colectivo y también del conjunto de las iniciativas que hemos visto para reformar el artículo 80, señalaré que, en general, en todas las iniciativas tratadas parece que se basa en una suerte de equiparación con el régimen aplicable a otros agentes de la autoridad con los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, aunque luego lo supera al incluir los daños personales más allá de los materiales causados a aquellos. Tampoco queda completamente aclarado si el derecho a la indemnidad es directo de la Administración o subsidiario una vez que el autor de la agresión o del daño sea insolvente.

En cualquier caso, señorías, volveremos a votar a favor de la iniciativa, confiando que en esta legislatura podamos finalmente modificar el artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria de manera consensuada y no se quede una vez más en el cajón.

Nada más. Muchas gracias.

Muchas gracias, presidenta. Arratsalde on. Buenas tardes, señorías. Comenzaré con una cuestión previa, ya que la portavoz del Grupo Popular que ha defendido la proposición, y de igual forma algunos medios de derecha, se ha centrado en lo que ocurrió ayer en la Comisión de Hacienda. Es cierto que acabó bien entrada la noche, pero, señorías, no es algo extraño en el parlamentarismo, más allá del debate de la conciliación. Lo hemos visto en otros Estados europeos, pero aquí, en las Cortes Generales, ha ocurrido. No es la primera vez que una comisión… (Rumores). Tranquilos, no se pongan nerviosos. (Rumores). No se ponga nervioso, señor Conde. Señor Conde, tranquilo, ¿No ha comido o qué le pasa? Lo que quiero decir es que más allá de centrarse en la anomalía de lo ocurrido ayer, esto que traen ustedes ¿no les parece una anomalía? Es decir, esta proposición ―o alguna similar― la presentaron ustedes en abril en el Senado y llegó a la Cámara. De igual forma, en el mes de junio se defendió y se aprobó, y está en periodo de enmiendas, por mucho que digan que está secuestrada y tal ―qué fácil, ¿no?―. Y ustedes la traen ahora. Y esto, claro… (Rumores). Tranquilos. ¿Qué les pasa? Calma. El asunto es: ¿no tienen más ideas o es una competición con el Partido Socialista y la semana que viene la van a volver a presentar en el Senado? Porque es una marcianada parlamentaria. Lo de que ayer acabará tarde la comisión puede ser curioso, pero es una marcianada: la hemos defendido en junio y ha sido aprobada. Además, dicen que el director general de Instituciones Penitenciarias la semana pasada dijo que esto se tenía que aprobar. ¡Pero si la registraron en marzo! Es de marzo. La tenían por ahí apartada y no tenían nada mejor que traer a colación este asunto. Pero entro en el fondo. Es cierto que en esta cuestión es donde más claros se ven los parámetros de izquierda y de derecha a la hora de resolver problemas que hay en la sociedad, como los hay ―los hay y los han mencionado diferentes portavoces― en las prisiones, en las instituciones penitenciarias. Si vamos a los hechos comparados, decía una portavoz: Para dar la tutela penitenciaria efectiva es necesario aprobar la consideración de agentes de la autoridad. Pero ¿qué nos dicen los datos? Se ha puesto el ejemplo de algún Estado europeo donde los funcionarios y funcionarias de prisiones son agentes de la autoridad y el ejemplo de algunos otros donde no lo son. Pues precisamente los datos nos dicen que allí donde no lo son, que son los países nórdicos, esos que solemos poner de ejemplo habitualmente, es donde menos agresiones hay tanto entre internos como a funcionarios. Eso nos dicen los datos. ¿Va a disminuir la agresividad o mejorar la situación de las prisiones convertir a los funcionarios en agentes? No. Los datos nos dicen que no. Es una medida simbólica, es una medida populista, es una medida de derechas. Desde parámetros de izquierda, no soluciona el fondo del problema intentar llevar por la vía del autoritarismo una cuestión que debe ser resuelta por la vía de la reinserción y la rehabilitación, como dicen todos los expertos, como lo dice el Consejo de Europa, como lo dicen los datos. Es más, los funcionarios y las funcionarias de prisiones ya tienen una protección especial como agentes de la autoridad, como así lo dice la disposición segunda de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Además, la jurisprudencia, la legislación penal penitenciaria, reconoce esa figura en las instrucciones y en las circulares. Ante posibles agresiones, ya existe esa figura. Entonces, ¿a qué viene esto, más allá del simbolismo, cuando los datos nos dicen lo contrario?

¿Qué ocurre? Lo decía bien la portavoz de Coalición Canaria, la señora Valido. La cuestión está en que las prisiones son reflejo de lo que hay en la sociedad, y en la sociedad si hay más problemas mentales, si hay más problemas de consumo, si hay más problemas de agresividad, más se van a dar en las prisiones: al menos, un 30 % de los internos tiene problemas mentales, 4,2 de ellos ―esto es, cerca de 1800― tiene problemas graves mentales. Al mismo tiempo, es allí, en las instituciones penitenciarias, donde hay una carencia de sanitarios, de psicólogos y de psiquiatras, lo que viene señalándose por diferentes organismos año tras año. No se consigue dar solución a ese problema, y ahí está la cuestión.

Es cierto que el pasado año hubo 5000 agresiones entre internos y 500 agresiones a funcionarios de prisiones, que son muchas, pero las que hubo en las calles contra agentes de la autoridad fueron más de 15 000. Quiero decir que unas cosas son las prisiones y otra las calles. También los agentes de la autoridad en las calles las sufren año tras año; solamente algunas salen en los medios de comunicación, pero es algo habitual. Hay que tomar medidas, obviamente, pero la cuestión está en la rehabilitación y en la resocialización, no en el autoritarismo, que no solventa nada, como nos han dicho los datos.

Acabo, señorías. En esta cuestión, Euskal Herria Bildu sigue defendiendo los mismos parámetros que defendía antes. Es una constatación que el progresismo busca con derechos y avances solventar estas problemáticas. Lamentablemente, el Partido Socialista cambió de opinión el pasado año y defiende lo contrario de lo que había defendido hasta ahora. Nos apena sinceramente, porque ahí (señala los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso) les ganan. Ustedes se han avenido a ese discurso que, con los datos comparados y los ejemplos de otros países europeos, va en la línea contraria. Esto no significa que no haya que dar más medios y mayor formación ―incluso en la proposición del Grupo Popular, en el artículo 80.4, se pedía más formación―. Obviamente, cualquier funcionario y funcionaria debe tener más formación y más medios. La cuestión está ahí, en la carencia de medios, en la carencia de medios sanitarios, en la carencia de salud mental en las prisiones. Ahí es donde verdaderamente habría que poner el foco, y en muchas ocasiones queda de lado. Así lo repite constantemente el observatorio contra la tortura del Consejo de Europa en sus diferentes visitas a los centros penitenciarios. Es hora ya de buscar soluciones, pero desde una perspectiva de derechos y desde una perspectiva de izquierdas.

Sin más, como hemos hecho hasta ahora, votaremos en contra. Muchas gracias. (Aplausos).

Moltes gràcies. Ho faré des de l’escó, presidenta, perquè seré molt breu.

Volem posar de manifest —‌ja ho sabem tots— que s’està tramitant una proposició legislativa, una modificació en termes molt similars a la que avui ens tornen a presentar. I els indiquem doncs que, en cas que prosperi, creiem que el que seria adequat és que s’acumulessin en la seva tramitació.

I, en tot cas, repetiré el que ja va esmentar el meu company Cervera quan s’iniciava el tràmit de la primera de les proposicions, i és que des de Junts per Catalunya vetllarem perquè aquesta modificació, la que s’acabi concretant, no desvirtuï en cap cas el model penitenciari propi, el model penitenciari català, Que tampoc suposi o representi una recentralització o una centralització encoberta que afecti les competències de la Generalitat de Catalunya. I, finalment, que en cap cas pugui convertir-se en un llast per al Govern de la Generalitat, per al Govern de Catalunya, perquè, com tantes vegades ja ha passat, el mal finançament en la seva aplicació no estigui a l’alçada de l’augment del cost, que tots sabem que en aquest cas serà bastant considerable.

Moltes gràcies.

Muchas gracias. Voy a hacerlo desde el escaño, presidenta, porque voy a ser muy breve. Queremos poner de manifiesto ―ya lo saben todos― que se está tramitando una proposición legislativa, una modificación en términos muy similares a la que hoy vuelven a presentarnos. Les indicamos que, en caso de que prospere, creemos que lo adecuado sería que se acumularan en su tramitación. En cualquier caso, repetiré lo que ya ha comentado mi compañero Luis Cervera cuando se iniciaba el trámite de la primera de las proposiciones. Junts per Catalunya hará que esta modificación, la que se acabe concretando, no desvirtúe en ningún caso el modelo penitenciario propio, el modelo penitenciario catalán, no que suponga o represente una recentralización o centralización encubierta que afecte a las competencias de la Generalitat de Catalunya y, finalmente, no pueda convertirse, en ningún caso, para el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, como tantas veces ha sucedido ya, en una mala financiación en su aplicación y que no esté a la altura del incremento del coste, que sabremos que sería considerable. Muchas gracias.

Bona tarda, president, senyories. Hem llegit atentament aquesta proposició de llei del Grup Popular. Planteja un assumpte molt sensible i complicat, que ja hem abordat altres vegades en aquesta cambra. Hem de dir que nosaltres, el Grup d’Esquerra, hi votarem en contra, com hem fet altres vegades. Considerem que és una mesura que vol incidir més en les percepcions del ciutadà que en la realitat; considerem que és una mesura populista i oportunista.

En primer lloc, cal recordar que Catalunya i el País Basc tenen assumides les competències en matèria penitenciària i transferits els mitjans i els serveis penitenciaris. Per tant, senyories, la nostra primera reserva és competencial. És inevitable, sobretot, veure-hi una ombra de centralisme i de recentralització també. Nosaltres, com a Esquerra, defensem el model penitenciari català enfocat en la reinserció mitjançant processos d’acompanyament a les persones des d’una perspectiva social per construir una societat més justa, igualitària i segura i, sobretot, amb menys víctimes. Senyories, estem preocupats en aquest sentit —‌aprofito per dir-ho— per les declaracions del nou conseller de Justícia de la Generalitat, que ha manifestat que ell és partidari de declarar agents d’autoritat als funcionaris de presons. Mai, mai, fins ara, cap conseller de la Generalitat havia traspassat aquesta línia vermella, la qual cosa indica —i‌ ho dic amb pena— un notable desconeixement de les presons de Catalunya per part del senyor Espadaler.

En l’exposició de motius de la proposició del Partit Popular es parla d’aconseguir espais de convivència més segurs. Esquerra sosté que convertir els funcionaris en agents d’autoritat, com si fossin policies, no va, senyories, en aquesta direcció, no soluciona res i, ans el contrari, generaria distorsions i problemes. El funcionari, com vostès saben, és un actor indispensable de transformació de la persona que està reclosa en un sentit de reeducació i de reinserció social. Aquest reconeixement que proposa el Partit Popular no facilitaria aquest objectiu, perquè introdueix un biaix molt greu de desconfiança afegida a la relació entre interns i funcionaris. Senyories —v‌ ostès haurien de saber-ho—, a literatura especialitzada sobre sistemes penitenciaris apunta que la confiança i el respecte mutu són claus per mantenir la seguretat i un ambient correcte en els centres penitenciaris. La condició d’agent d’autoritat podria generar tensions sobrevingudes entre interns i funcionaris. Assignar als funcionaris de presons el rang d’agents d’autoritat incrementaria el risc d’abús de poder —h‌ o repeteixo: abús de poder— en un entorn que és especialment delicat. Podria haver-hi més casos d’arbitrarietat repressiva i els interns, en aquest sentit, tindrien menys possibilitat de denúncia.

Crec que ho ha esmentat al meu col·lega, el diputat Iñarritu: el Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura ha denunciat, efectivament, algunes conductes sobre presumptes maltractaments a les presons espanyoles. Això és així, senyories del PP. I també, segons dades d’Amnistia Internacional i de l’Observatori del Sistema Penal, hi ha preocupació en aquest sentit. Canviar la consideració dels funcionaris podria obstaculitzar encara més les investigacions en aquestes situacions irregulars. Diversos col·lectius de drets humans alerten que aquestes mesures contribueixen a una cultura punitiva extraordinàriament anacrònica, especialment en contextos de privació de llibertat. No és l’objectiu de la presó que entenem des del Grup Republicà, no és el model penitenciari que volem per a una societat del segle XXI. Les presons són espais excepcionals, singularment vigilats i sota un control ben fort. Per dins, això és a càrrec dels funcionaris corresponents i, per fora, a càrrec, com vostès saben, de les forces de seguretat; en el cas de Catalunya, del Cos de Mossos d’Esquadra. En un entorn tancat i vigilat com és una presó, l’augment del poder per als funcionaris de presons reduiria encara més els drets dels presos, inevitablement, de manera inercial, mecànicament, posant-los, vulguin o no, el pres, en una situació de més alta vulnerabilitat. Actualment, la jurisprudència, senyories del PP —‌ho saben—, ja considera que els funcionaris de presons disposen d’una protecció significativa quan esdevenen atacs i agressions contra ells, i això és considerats un delicte contra l’autoritat. Això és així segons el Codi penal. Això implica que els presos poden ser castigats severament. Per tant, donar un reconeixement afegit com a figures d’autoritat a aquests funcionaris no canvia res de manera substancial. En canvi —‌en canvi—, és important, aquest nou estatut podria incrementar les condemnes o sancions per qualsevol acte de resistència o desacord per part dels interns. Hem de recordar, a més, senyories del PP, que avui els informes que escriuen els funcionaris ja tenen presumpció sistemàtica de certesa davant la declaració d’un intern. Per tant, no afegeix res de nou tampoc.

Diguem-ho clar: a la majoria de països d’Europa els funcionaris de presons no tenen la consideració —‌no tenen— d’agents d’autoritat, però compten amb mecanismes de protecció laboral i jurídica específics. El Grup Republicà està a favor de que els funcionaris tinguin aquests elements de protecció laboral específics. Per exemple, a Alemanya, al Regne Unit, es proporciona formació i protocols especials per garantir la seguretat dels funcionaris.

Vaig acabant, senyor president. Lamentem també, com ha dit el diputat Iñarritu, que el PSOE hagi girat a la dreta en aquestes coses. Quina època, aquesta, en què la manera de combatre la dreta és afegir-se al discurs de la dreta. Quina època més trista que haurem d’explicar als nostres nets. Senyories, la política ha de resoldre problemes i no pas crear-ne de nous. El Grup d’Esquerra pensa que aquesta proposició de llei del PP crea més problemes, la qual cosa...

Buenas tardes, presidenta, señorías. Hemos leído atentamente esta proposición de ley del Grupo Popular. Plantea un asunto muy sensible y complicado. Lo hemos abordado otras veces en esta Cámara y tenemos que decir que nuestro grupo, Esquerra, votará en contra, como ha hecho otras veces. Consideramos que es una medida que quiere incidir más en las percepciones del ciudadano que en la realidad. Consideramos que es una medida populista y oportunista. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). En primer lugar, hay que recordar que Cataluña y el País Vasco tienen asumidas las competencias en materia penitenciaria y transferidos los medios y los servicios penitenciarios. Así pues, señorías, nuestra primera reserva es competencial. Es inevitable, sobre todo, ver en ello una sombra de centralismo y recentralización. Nosotros, Esquerra, defendemos el modelo penitenciario catalán enfocado en la reinserción mediante procesos de acompañamiento a las personas desde una perspectiva social para construir una sociedad más justa, igualitaria y segura y, sobre todo, con menos víctimas. Señorías, estamos preocupados en este sentido ―aprovecho para decirlo― por las declaraciones del nuevo conseller de Justicia de la Generalitat, que ha manifestado que él es partidario de declarar agentes de autoridad a los funcionarios de prisiones. Nunca hasta ahora ningún conseller de la Generalitat había traspasado esta línea roja, lo cual indica ―lo digo con pesar― un notable desconocimiento de las cárceles en Cataluña por parte el señor Espadaler. En la exposición de motivos de la proposición del Partido Popular se habla de conseguir espacios de convivencia más seguros. Esquerra sostiene que convertir a los funcionarios en agentes de autoridad, como si fueran policías, no va, señorías, en esta dirección. No soluciona nada, más bien al contrario; generaría distorsiones y problemas. El funcionario, como ustedes saben, es un actor indispensable de transformación de la persona que está recluida en un sentido de reeducación y de reinserción social. Este reconocimiento que propone el Partido Popular no facilitaría este objetivo, porque introduce un sesgo muy grave de desconfianza añadida a la relación entre interno y funcionario. Señorías, ustedes deberían saberlo. La literatura especializada sobre temas penitenciarios apunta que la confianza y el respeto mutuos son claves para mantener la seguridad y un ambiente correcto en los centros penitenciarios. La condición de agente de autoridad podría generar tensiones sobrevenidas entre internos y funcionarios. Asignar a los funcionarios de prisiones el rango de agentes de autoridad aumentaría el riesgo de abuso de poder ―repito: abuso de poder― en un entorno que es especialmente delicado. Podría haber más casos de arbitrariedad represiva y los internos, en este sentido, tendrían menos posibilidad de denunciar. Creo que ha comentado mi colega, el diputado Iñarritu, que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura ha denunciado, efectivamente, algunas conductas sobre presuntos malos tratos en las cárceles españolas. Esto es así, señorías del PP. También, según datos de Amnistía Internacional y del observatorio del sistema penitenciario, hay preocupación en este sentido. Cambiar la consideración de los funcionarios podría obstaculizar todavía más las investigaciones en estas situaciones irregulares. Distintos colectivos de derechos humanos alertan de que estas medidas contribuyen a una cultura punitiva extraordinariamente anacrónica, especialmente en contextos de privación de libertad. No es el objetivo de la cárcel que entiende el Grupo Republicano. No es el modelo penitenciario que queremos para una sociedad del siglo XXI. Las cárceles son espacios excepcionales, singularmente vigilados y bajo un control muy fuerte. Por dentro esto es a cargo de los funcionarios correspondientes y por fuera a cargo, como ustedes saben, de las fuerzas de seguridad; en el caso de Cataluña, del cuerpo de Mossos d’Esquadra. En un entorno cerrado y vigilado como el de la cárcel, el aumento del poder para los funcionarios de prisiones reduciría todavía más los derechos de los presos inevitablemente y de forma inercial, mecánicamente, poniendo ―se quiera o no― al preso en una situación de más alta vulnerabilidad. Actualmente, la jurisprudencia, señorías del PP ―lo saben―, considera que los funcionarios de prisiones disponen de una protección significativa cuando tienen lugar ataques y agresiones contra ellos, y estos son considerados un delito contra la autoridad. Esto es así según el Código Penal. Esto implica que los presos pueden ser castigados severamente. Así pues, dar un reconocimiento añadido como figuras de autoridad a estos funcionarios no va a cambiar nada de manera sustancial. En cambio, es importante este nuevo estatuto que podría aumentar las condenas o sanciones por cualquier acto de resistencia o de desacuerdo por parte de los internos. Tenemos que recordar, además, señorías del PP, que hoy los informes que escriben los funcionarios ya tienen presunción sistemática de certidumbre ante la declaración de un interno. Así pues, no añade nada nuevo tampoco.

Dejémoslo claro. En la mayoría de los países de Europa, los funcionarios de prisiones no tienen ―no tienen― la consideración de agentes de autoridad, pero cuentan con mecanismos de protección laboral y jurídico específicos. El Grupo Republicano está a favor de que los funcionarios tengan estos elementos de protección laboral específicos. Por ejemplo, en Alemania o Reino Unido se proporcionan información y protocolos especiales para garantizar la seguridad de los funcionarios.

Voy terminando, señor presidente. Lamentamos también, como ha dicho el diputado Iñarritu, que el PSOE haya virado a la derecha en estas cosas. ¡Qué época esta en la que la manera de combatir a la derecha es añadiéndose al discurso de la derecha! ¡Que época tan triste vamos a tener que contar a nuestros nietos! Señorías, la política tiene que resolver problemas y no crear nuevos. El Grupo de Esquerra cree que esta proposición del PP genera más problemas, y sabemos que …

... volem advertir, serà greu. És la nostra responsabilitat, senyories, com a legisladors evitar-ho. I recordin una dita castellana: lo mejor es enemigo de lo bueno.

Gràcies.

… es nuestra responsabilidad como legisladores evitarlo. Recuerden un dicho: Lo mejor es enemigo de lo bueno.

Muchas gracias. (Aplausos).

Señor presidente, señoras y señores, el 2 de abril del 2024 se registró por el Grupo Popular esta proposición que venimos hoy a debatir. La traen a consideración después de que hace un mes se haya cerrado el plazo de enmiendas de otra proposición de ley con idéntico objeto, a la que el Grupo Popular presentó una enmienda más extensa, incluso, que el texto que hoy nos traen aquí a debate. No sé, señora Luna, si se han autoenmendado ―nos lo tendrá que explicar― a través de la PL que ha presentado el Grupo Socialista o si nos ponen a discutir la versión antigua, la corta, por algún motivo.

Yo creo que esto es un poco una burla al Parlamento. El trabajo del Grupo Parlamentario Popular no es enfangar ni sabotear las instituciones del Estado, sino redactar proposiciones de ley sobre los problemas de la sociedad. Es obvio que el Partido Popular siempre llega tarde, como vimos con el señor Mazón. El 17 de abril del año 2024 se registró la proposición de ley de reforma de la ley penitenciaria del Grupo Socialista, para reconocer el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios. La toma en consideración se aprobó en junio y está únicamente pendiente de que se aborde en breve el trabajo de la ponencia legislativa. Las diferencias entre ambas propuestas son mínimas y sencillas de solventar en el proceso de elaboración de un dictamen legislativo. Considerando que la otra propuesta es más extensa y detallada al incluir también la obligación de resarcir económicamente a los funcionarios penitenciarios cuando sufran daños personales o materiales con ocasión del servicio, no alcanzamos a entender cuál es la intención del Grupo Popular de duplicar en esta Cámara un debate que ya está abierto para el reconocimiento del carácter de autoridad. Se nos ocurren varias: no sé si están riéndose de nosotros, si nos están haciendo perder el tiempo o si están haciendo que los contribuyentes pierdan gratuitamente dinero.

Como ya han presentado enmiendas a la PL del Grupo Socialista, que no están en esta PL, ¿debemos entender que esta PL que ahora debatimos es insuficiente, que está insuficientemente redactada? ¿Hay más explicaciones? ¿Es, simplemente, porque han llegado tarde? ¿Esta actuación carente de lógica es porque no se han enterado de que existe otra en tramitación legislativa que ya ha cerrado el plazo de enmiendas? ¿Quizás es simplemente una sutil trampa para luego decirnos que no están de acuerdo con lo que ustedes votan? No sé qué explicación darle. En la práctica, están apartando la atención de los funcionarios y de la sociedad sobre los verdaderos problemas de las prisiones, porque el reconocimiento de la condición de agentes de la autoridad es importante y lo reivindican los sindicatos, pero también es visto con preocupación por organizaciones de derechos civiles y derechos humanos. Vaya por delante nuestro reconocimiento a los profesionales que trabajan en las prisiones, a todos ―a los de los servicios médicos y psicológicos, a los juristas, a los servicios generales, al personal de vigilancia―, y está claro que hay que darles recursos, porque su tarea va mucho más allá de sus competencias ―muchas veces tiene una orientación claramente tratamental― y hay falta de medios e inversiones suficientes.

Nuestro país ha avanzado de forma sobresaliente en el contexto europeo en estos últimos cuarenta años de democracia en materia de prisiones. Estamos situados a la vanguardia europea de los tratamientos de reinserción de la población penitenciaria. Por eso, nos sorprende que esta proposición que hoy presenta tenga contenidos más limitados que los que están en tramitación y, sobre todo, que ignore los problemas. Presentan hoy una PL que ignora los problemas más importantes que hay en el sistema penitenciario.

Miren, ustedes incluyen tres modificaciones ―es el corazón de su propuesta― que ya están incluidas en la ley que está en tramitación: la consideración de agente de la autoridad, el reconocimiento del principio de veracidad de los informes emitidos por los funcionarios y medidas para que la situación de detención o traslado de retenidos o funcionarios que estén en régimen de prisión ―ellos encarcelados― puedan tener garantías de seguridad. Eso está muy bien, pero ¿por qué no abordan, en este debate sobre el reconocimiento del carácter de agente de la autoridad, una tendencia populista, como ya se ha hecho en esta tribuna, de reforzamiento del autoritarismo? Es decir, cuando ustedes no se centran en los verdaderos problemas y siguen haciendo énfasis en algo que ya se está tramitando, realmente lo que están haciendo es recurrir a ese discurso populista que refuerza el autoritarismo, que denuncia unos falsos problemas de convivencia en nuestra sociedad, unos problemas que no existen en este país. Apuntarse a ese discurso a quien acaba luego reforzando es a la ultraderecha. Es un discurso absolutamente injustificado, cuyas consecuencias ya hemos visto en toda Europa.

Lo que les propongo ―aprovecho para proponérselo a todos los grupos parlamentarios― es que nos centremos en los problemas pendientes de resolver en las prisiones, que son otros, no es este ―ya hay una PL en marcha cuya tramitación está a punto de acabar―. Les proponemos un acuerdo para mejorar el sistema penitenciario, para aliviar la sobrecarga y la limitación de los recursos de los funcionarios, para abordar la deficiencia de los servicios sanitarios y de salud mental, para aliviar su escasa remuneración, la falta de medios técnicos para atender a los internos y la ausencia de coordinación con los sistemas de salud de las comunidades autónomas. Un médico o una médica en una prisión española no puede acceder informáticamente al historial médico del interno porque no puede acceder a las bases de datos del Sistema Nacional de Salud, salvo en tres comunidades autónomas, Navarra, País Vasco y Cataluña, las únicas que han cumplido la Ley 16/2003 e incorporado los servicios sanitarios y de salud penitenciarios a los correspondientes servicios públicos de salud de sus comunidades autónomas. Es una obligación que tenían todas las comunidades autónomas antes ―¡atentos!― del 1 de diciembre de 2004; es decir, desde hace veinte años numerosas comunidades autónomas no cumplen con este mandato. Iba a preguntárselo al señor Feijóo, pero no está, o a la señora Gamarra, pero tampoco está, así que, señora Luna, se lo tengo que preguntar a usted: ¿va el Partido Popular a incorporar los servicios de salud penitenciarios en la sanidad pública en Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Extremadura, Andalucía, Canarias,

Baleares, Comunidad Valenciana, La Rioja o Murcia? (Aplausos). Y también le pedimos al Partido Socialista que lo haga en Castilla-La Mancha y Asturias. En esta última estamos en el Gobierno, así que nosotros nos vamos a poner ya a trabajar para que se haga esa transferencia.

Ya acabo. Solamente si conseguimos un acuerdo para poner en marcha inmediatamente estas medidas, este debate habrá servido para algo; si no, es una absoluta pérdida de tiempo para este Congreso. Sobre su proposición, obviamente vamos a votar en contra, y lo vamos a hacer para favorecer a los funcionarios, porque ¡solo faltaba que, estando a punto de aprobar la otra PL, ahora la complicáramos con este invento que nos traen! Gracias. (Aplausos).

Muchas gracias. Esta toma en consideración que nos trae el Grupo Popular, para llevar a cabo la reforma de la Ley General Penitenciaria en su artículo 80 y reconocer que los funcionarios de prisiones deben ser entendidos y reconocidos legalmente como agentes de la autoridad, está muy bien, pero llega tarde y es manifiestamente insuficiente. Pero el Grupo Socialista tampoco puede decir nada, porque, como ya se ha dicho esta tarde aquí en varias ocasiones, lleva retrasando la aprobación de esta condición durante varias legislaturas y, además, no hace más que dejar que caduque, seguir prorrogando y prorrogando y volver a presentarla. Hace cuatro años, en febrero de 2020, VOX ya presentó una proposición de ley de carácter global, de carácter integral, dirigida a establecer un marco general de protección y garantías para nuestros funcionarios de prisiones. A nadie se le oculta que VOX es el único partido de esta Cámara que no cree en el sistema de competencias de las comunidades autónomas. En concreto, en esta materia creemos que es absolutamente necesario que el Estado recupere la competencia exclusiva penitenciaria para que no ocurran situaciones de trato favorable, como hemos visto, por ejemplo, en Cataluña con respecto a los presos condenados golpistas o, en el País Vasco, con respecto a los presos condenados asesinos etarras. (Aplausos). Y además para evitar una situación inaceptable, y es que a igual trabajo e igual responsabilidad no haya una terrible discriminación con respecto a los funcionarios del resto de España, y por eso esa exigencia permanente de lograr una equiparación salarial. VOX presentó ya por entonces en el Senado una propuesta de estatuto orgánico para los funcionarios de prisiones, una regulación integral para esos más de 21 500 funcionarios. Cómo no lo íbamos a hacer si uno de los fundadores de VOX es precisamente José Antonio Ortega Lara, funcionario de prisiones, que fue secuestrado durante 532 días por los socios bilduetarras del Gobierno de Sánchez. (Aplausos). Por eso nos importan las prisiones, porque lo llevamos muy dentro, porque sabemos la lucha diaria que llevan los funcionarios de prisiones, sabemos las terribles presiones que sufrieron por el terrorismo etarra, por las mafias del tráfico de estupefacientes y en unas condiciones de absoluto abandono e inseguridad por parte de los gobiernos del Partido Socialista, del Partido Popular, del Partido Popular y del Partido Socialista, décadas de abandono a nuestros funcionarios de prisiones. Por eso nosotros no andamos con parches, con medias tintas, con oportunismos circunstanciales que algunos nos traen de vez en cuando para parecer, de cara a la galería, que les importan nuestros funcionarios de prisiones. Para nosotros la cuestión es mucho más importante. Por eso, hemos propuesto en ese estatuto la necesidad de la creación de una academia nacional de altos estudios penitenciarios donde sean formados en materia jurídica, en materia de defensa personal, en materia de psicología, de donde vengan verdaderamente preparados para enfrentarse a una tarea diaria de altísima responsabilidad y de altísimo peligro. Segundo, que sean reconocidos como agentes de la autoridad y, junto con ello, que sea aceptado el principio de indemnidad, es decir, que el Estado responda de las indemnizaciones que se establezcan a favor de los funcionarios de prisiones; y además que sea reconocida como profesión de riesgo, con el derecho a una jubilación anticipada para nuestros funcionarios. (Aplausos). Se ha citado ya el terrible suceso del 30 de agosto de 2023: el cobarde y vil asesinato de una funcionaria de prisiones, Nuria López. Nuria López es un caso muy llamativo, muy triste, pero es que en el pasado año 2023 hubo 508 casos de agresiones que sufrieron nuestros funcionarios de prisiones, habiendo aumentado en más de un 12 % la siniestrabilidad y las agresiones con respecto a estos funcionarios. Esto por sí solo justificaría el reconocimiento de ese principio de autoridad y otras muchas medidas que van directas a garantizar su seguridad.

En tercer lugar, es absolutamente necesario ampliar la plantilla, una plantilla envejecida, escasa y desmotivada. Pongamos dos ejemplos: dos funcionarios de prisiones que tienen que entrar en un módulo con más de ciento cuarenta reclusos, varios de ellos altamente peligrosos; o que de cada tres bajas que se producen en Instituciones Penitenciarias, solo una es cubierta. Esto lleva a una situación, como digo, de envejecimiento y de escasez en la plantilla de funcionarios de prisiones. Hay una falta de medios materiales, necesitan equipos de protección individual, chalecos, guantes, trajes especiales, material contra incendios y también, cómo no, la utilización, como en tantas otras prisiones del mundo, de sistemas Táser de inmovilización de reclusos con sistema de bloqueo desde la unidad central de control de seguridad de cada centro penitenciario. Y no quisiera olvidarme, porque también es de justicia y muy importante: necesitan una retribución justa, con salarios, con incentivos y con los pluses de peligrosidad que requiere su trabajo.

Por eso, desde aquí todo nuestro apoyo y agradecimiento a los funcionarios de prisiones, que cada día son la última frontera de la seguridad y de la justicia en un Estado de derecho, que han sido —r‌epito— abandonados, ignorados y utilizados durante décadas por los partidos Popular y Socialista y todos los diferentes socios que han ido pasando a su lado. Llegará la hora en que los funcionarios de prisiones tengan el estatuto orgánico que se merecen, con todas estas necesidades perentorias que vienen reclamando desde hace décadas incluidas.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Presidente. Señorías, confieso que a veces para seguir el Pleno, en especial cuando están en el uso de la palabra diputados y diputadas del Grupo Popular o de VOX y se ponen en modo odio, insulto o bronca, yo me pongo en modo zen, con riesgo de ensoñación. (Aplausos y risas). Es una cuestión de salud democrática. Cuento esto porque, cuando me propusieron para defender la posición del Grupo Socialista hoy aquí ante esta proposición de ley de modificación del artículo 80 de la Ley General Penitenciaria, pensaba: hostia, si esto ya lo hemos tratado, ¿o lo he soñado —p‌ or el tema del riesgo de ensoñación—? ¿Lo he soñado? No, no lo he soñado, se trató aquí el 18 de junio, y la propuesta en aquel caso era más completa y era del Grupo Socialista. Pero es que incluso el Grupo Popular votó a favor y, en el trámite de enmiendas, presentó dos enmiendas que, a mi juicio, incluso ampliaban o mejoraban el texto: ampliaban la condición de funcionario para que tuvieran la condición de agente de la autoridad, y ampliaban el concepto de funcionario a funcionarios de carrera, interinos, eventuales o laborales, es decir, a todo empleado público, a todo trabajador y trabajadora que se dedica a la profesión en centros penitenciarios. Bien, pues no lo he soñado. Entonces pensé: a lo mejor es algún tipo de descuido del Grupo Popular, es un descuido y lo han traspapelado cuando han ido al registro para presentar otras iniciativas. Pero es que tampoco, no se ha traspapelado, porque estamos aquí y porque hay una intención clara del Grupo Popular de que también se trate aquí hoy, a pesar de que se trató el 18 de junio. Ni lo he soñado ni ha sido un descuido, estamos aquí debatiendo otra vez la misma propuesta tomada ya en consideración el 18 de junio de este año. Señorías, no ha sido un descuido, pero sí que es un error, porque ¿qué objetivo tiene esta repetición? (Rumores). También se ha dicho aquí antes, los empleados de Instituciones Penitenciarias y sus representantes sindicales deben hacerse la misma pregunta que me hago yo: ¿qué objetivo tiene esta repetición? Señorías del Grupo Popular, lo he comentado: ya votaron a favor de esta proposición de ley presentada por el Grupo Socialista y, como otros grupos de la Cámara, presentaron enmiendas. Es decir, ahora además, resulta que en el texto que han presentado hoy, cuando yo he comentado que querían ampliar con sus enmiendas a funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual, se enmiendan a sí mismos y vuelven a hablar solo de funcionarios. Todo esto me recuerda su presunto error en la votación sobre la ley de antecedentes penales (aplausos), que al final, después de sus explicaciones, uno se preguntaría si se leyeron el texto. Señorías del Grupo Popular, ¿de verdad creen que así ayudan al colectivo de trabajadores de las Instituciones Penitenciarias?

Y tengo que referirme a otra cosa. Ya hicieron gala de utilizar esta tribuna para insultar al Gobierno cuando presentaron la propuesta para la jubilación anticipada de policías nacionales y guardias civiles el pasado 15 de octubre. Su diputada portavoz en aquella ocasión desplegó todo el repertorio de bulos, insidias y mentiras contra el Gobierno. Habló de todo, de todo menos de la reivindicación de los policías y guardias civiles. Es como si yo aquí hoy me dedicara a enumerar todas las contradicciones, mentiras y bulos que han hecho correr estas semanas para tapar la incompetencia del Govern de la Generalitat Valenciana y de su presidente. Pero hoy toca hablar de servidores públicos. Señorías, les recuerdo que, durante el debate de la proposición socialista el 18 de junio, la misma portavoz que he comentado antes llegó a decir, y cito literalmente, que los diputados y las diputadas socialistas tendríamos que estar agachados todos debajo de los escaños. ¡Qué barbaridad! Y más aún dicha en este escenario, que aún preserva los restos de aquella intentona del 23-F. ¡Menuda contribución al parlamentarismo democrático! Y flaco favor le hacen ustedes a las legítimas reivindicaciones de los profesionales y los sindicatos. (Aplausos).

Como ya destacó el compañero José Luis Aceves en el Pleno comentado del 18 de junio, el Grupo Socialista apoya el reconocimiento del carácter de agentes de la autoridad a los empleados públicos de Instituciones Penitenciarias. De esta forma, se les otorgará una protección real y efectiva acorde con la situación actual de las prisiones españolas y conforme a las singularidades propias de dicho cuerpo, lo que les permitirá desarrollar sus funciones en mejores condiciones. Pero, señorías, nuestras propuestas van más allá de la declaración de condición de agentes de seguridad. Es fundamental dotar a estos cuerpos de la normativa que ya poseen los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, permitiendo así, uno, su identificación por número de registro profesional, salvaguardando su anonimato y su intimidad domiciliaria en los actos procesales de notificación, emplazamiento o requerimiento; dos, la separación de los trabajadores penitenciarios del resto de otros detenidos o presos; tres, su protección por parte de la Administración, al aplicarse la obligación de resarcirles en los supuestos de daños materiales o personales sufridos como consecuencia de su actividad profesional; cuatro, la presunción de veracidad, ya que con la condición de agente de autoridad gozarían del principio de veracidad, salvo prueba en contrario; y, cinco, la necesidad de dotar de formación reglada de acceso al cuerpo y de formación continua y de especialización a lo largo de la carrera profesional. O sea, política útil, refuerzo y profesionalización de los servicios públicos.

Presidente, acabo, y quiero hacerlo en nombre de mi grupo, expresando nuestro reconocimiento a los empleados públicos del Cuerpo de Instituciones Penitenciarias por su servicio a la comunidad.

Señorías del Grupo Popular, vengan a la política útil, defiendan lo público. Y, sí, señorías, votaremos a favor, otra vez.

Gracias. (Aplausos).