Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Grazas, señora presidenta. Antes de entrar en materia, quero dar por defendidas todas as emendas do Grupo Mixto mantidas para a votación plenaria. A respecto desta norma, como xa sinalabamos no debate da totalidade da Lei de eficiencia do Servizo Público de Xustiza, o BNG foi crítico co seu contido e obxectivos. Primeiro, por consolidar unha reforma xa iniciada nos xulgados de Paz e Rexistro Civil que non demostrou ser útil para axilizar os procesos nin para descentralizar e achegar a xustiza á cidadanía. Neste sentido, mantemos para a votación as nosas emendas, que pretenden recoñecer ás comunidades autónomas maiores competencias e implicación á hora de planificar e deseñar a organización xudicial no seu territorio, e tamén aquelas que van na liña de avanzar na descentralización do Poder Xudicial para lograr un sistema que, no mínimo, permita culminar os procesos e recursos na Galiza. Así mesmo, consideramos que esta norma podería ter sido utilizada para avanzar máis na normalización das linguas no ámbito da Xustiza, unha recomendación que mesmo ten trasladado reiteradamente o Consello de Europa en relación co cumprimento, mellor dito co incumprimento, por parte do Estado español da Carta Europea das Linguas. Na Lei Orgánica de defensa logramos un tímido avance ao posibilitar o uso do galego tamén ante tribunais con xurisdición en todo o Estado. Porén, continúa sen ser establecido o dereito a que sexan utilizadas como linguas do procedemento o galego, o euskera ou o catalán, a pesar de seren oficiais en determinados países. De aí a nosa emenda, que reclama que se aplique o mesmo criterio que se recolle, cando menos legalmente, en relación co procedemento administrativo: que sexan as partes as que escollan a lingua de procedemento e poida ser tramitado integralmente nesa lingua. Se for incorporada, como esperamos, a nosa emenda 775, haberá un importante avance na medida en que todas as aplicacións e sistemas permitirán as tramitacións en galego. Eramos tamén moi críticos en relación coa incorporación da norma e, sobre todo, como se incorporaba en relación coas accións colectivas en materia de consumidores e usuarios. Finalmente, esta parte foi retirada, polo que tamén retiramos as nosas emendas; alegrámonos de que así fose. E tampouco concordamos coa introdución da obrigatoriedade de acudir a medios de solución de conflitos ou conciliación como requisito de procedibilidade para poder acudir á vía xudicial civil, un requisito que podería derivar nun atranco e nunha certa privatización indirecta, se non se garantir a existencia de mecanismos públicos de solución de controversias. Nese sentido, consideramos importante a introdución da nosa emenda 776, que efectivamente garantirá que exista un sistema público de conciliación.

Mantemos tamén vivas unha serie de emendas referidas á organización administrativa e dereitos do persoal funcionario, trasladadas pola CIG-Administración, que consideramos que mellorarían o marco laboral do persoal desa Administración. En todo caso, cabe destacar a emenda que garantirá que as persoas funcionarias da Administración de Xustiza terán os mesmos permisos e coa mesma extensión que os establecidos para os funcionarios e funcionarias da Administración Xeral do Estado.

Por último, destacar tamén o recoñecemento das organizacións sindicais dentro das persoas e entes lexitimados para o exercicio de accións colectivas, corrixindo así unha importante eiva na norma. Valoramos tamén o compromiso do ministerio de axilizar a creación dos xulgados de Violencia sobre a Muller de Santiago de Compostela, Lugo e Ourense, previstos no acordo de investidura. E, pola contra, lamentamos que non se quixese, como propuñan o BNG e outras forzas, dar solución á situación da avogacía e procuradoría en relación coas mutuas e a pasarela ao sistema público.

En conclusión, esta lei non nos satisfai enteiramente e segue a preocuparnos que poida servir de escusa para eliminar servizos nos partidos xudiciais máis pequenos. Porén, é evidente que mellorou a respecto do texto orixinal e consideramos importantes os avances logrados. Por este motivo, o BNG, a pesar de todo, votará favorabelmente ao ditame.

Moito obrigado.

Gracias, señora presidenta. Antes de entrar en materia, quiero dar por defendidas todas las enmiendas del Grupo Mixto mantenidas para la votación plenaria. Con respecto a esta norma, como ya señalábamos en el debate de la totalidad de la Ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia, el BNG fue crítico con su contenido y objetivos, primero, por considerar una reforma ya iniciada en los juzgados de Paz y Registro Civil que no demostró ser útil para agilizar los procesos ni para descentralizar y contribuir con la justicia a la ciudadanía. En este sentido, mantenemos para la votación nuestras enmiendas que pretenden reconocer a las comunidades autónomas mayores competencias e implicación a la hora de planificar y diseñar la organización judicial en su territorio, y también aquellas que van en la línea de avanzar en la descentralización del Poder Judicial para lograr un sistema que, al menos, permita culminar los procesos y recursos en Galicia. Asimismo, consideramos que esta norma podría haber sido utilizada para avanzar más en la normalización de las lenguas en el ámbito de la Justicia, una recomendación que incluso ha trasladado reiteradamente el Consejo de Europa con relación al cumplimiento o, mejor dicho, el incumplimiento por parte del Estado español de la Carta Europea de las Lenguas. En la Ley Orgánica de defensa logramos un tímido avance al posibilitar el uso del gallego también ante tribunales con jurisdicción en todo el Estado. Sin embargo, sigue sin ser establecido el derecho a que sean utilizadas como lenguas del procedimiento el gallego, el euskera o el catalán, a pesar de ser oficiales en determinados países. De ahí nuestra enmienda, que reclama que se aplique el mismo criterio que se recoge cuando menos legalmente con relación al procedimiento administrativo y sean las partes las que escojan la lengua de procedimiento y pueda ser tramitado íntegramente en esa lengua. Si, como esperamos, fuese incorporada nuestra enmienda 775, habrá un importante avance en la medida en que todas las aplicaciones y sistemas permitirán las tramitaciones en gallego. Éramos también muy críticos en relación con la incorporación en la norma y, sobre todo, cómo se incorporaba en relación con las acciones colectivas en materia de consumidores y usuarios. Finalmente, esta parte fue retirada, por lo que también retiramos nuestras enmiendas; y me alegro de que fuese así. Y tampoco estamos de acuerdo con la introducción de la obligatoriedad de acudir a medios de solución de conflictos o conciliación, como requisito de procedibilidad para poder acudir a la vía judicial civil, un requisito que podría derivar en un atranco y en una cierta privatización indirecta, si no se garantiza la existencia de mecanismos públicos de solución de controversias. En ese sentido, consideramos importante la introducción de nuestra enmienda 776, que efectivamente garantizará que exista un sistema público de conciliación. Mantenemos también vivas una serie de enmiendas referidas a la organización administrativa y derechos del personal funcionario, trasladadas por la CIG-Administración, que consideramos que mejorarían el marco laboral del personal de esta Administración. En todo caso, cabe destacar la enmienda que garantizará que las personas funcionarias de la Administración de Justicia tendrán los mismos permisos y con la misma extensión que los establecidos para los funcionarios y las funcionarias de la Administración General del Estado.

Por último, quiero destacar también el reconocimiento de las organizaciones sindicales dentro de las personas y entes legitimados para el ejercicio de acciones colectivas, corrigiendo así un importante defecto en la norma. Valoramos también el compromiso del ministerio de agilizar la creación de los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Santiago de Compostela, Lugo y Ourense, previstos en el acuerdo de investidura. Y, por el contrario, lamentamos que no se quisiera, como proponía el BNG y otras fuerzas, dar solución a la situación de la abogacía y procuraduría en relación con las mutuas y la pasarela al sistema público.

En conclusión, esta ley no nos satisface enteramente y sigue preocupándonos que pueda servir de excusa para eliminar servicios en los partidos judiciales más pequeños. Sin embargo, es evidente que mejoró con respecto al texto original y consideramos importantes los avances logrados. Por ese motivo, el BNG, a pesar de todo, votará favorablemente al dictamen.

Muchas gracias.

Muchas gracias, presidenta. Señorías, traemos hoy este proyecto de ley que viene además de la legislatura pasada, que se denomina Proyecto de Ley Orgánica de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y, como su nombre indica, es una ley que tanto los operadores jurídicos como los administrados y administradas de justicia estaban esperando. Como he dicho muchas veces, y como abogada, cuando la justicia no es eficaz, no es eficiente y es lenta, no es justicia. Por eso, es verdad que esta ley tiene algunos avances, pero desde luego también tengo que decir que no es nuestra ley. Para nosotras, falta una pata muy importante, que estaba evidentemente en el proyecto de ley, que son las acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. Teníamos muchas enmiendas que estaban relacionadas con esta pata de la ley y que, sin embargo, se ha retirado y ha quedado fuera, y para nosotros eso no es una buena noticia. Esperamos que podamos debatir y aprobar esa materia lo antes posible. No podemos obviar que el sistema de justicia de nuestro país padece desde hace décadas y décadas unas insuficiencias estructurales y teníamos la tarea de que el funcionamiento de este servicio público fuese eficiente y también justo, sobre todo justo, para la ciudadanía. En este sentido, creo que hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno que da un paso en esa dirección para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual. Si queremos que las mujeres acudan a la justicia y vean también en la justicia una puerta de entrada segura para salir de esa violencia machista y para dejarla atrás, la justicia tiene que estar especializada, tal y como recoge la ley solo sí es sí. Por eso, gracias a este acuerdo se va a hacer efectivo el derecho a la justicia gratuita para todas las víctimas de violencia sexual y también nos hemos dado un plazo máximo de nueve meses para que, tanto los juzgados de Violencia sobre la Mujer como la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, directamente asuman las competencias que tengan que ver con la violencia sexual. Por eso, creemos que es un paso importante que se incluya esta garantía en esta ley. Esta especialización judicial es un compromiso al que obligaba la ley del solo sí es sí, pero un año después de su entrada en vigor el Estado ya acumula un año de retraso en la implementación de estas medidas, que son absolutamente imprescindibles para asegurar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual. Por otra parte, hemos dejado enmiendas vivas, que entendemos que son importantes para la mejora y la garantía de esta ley, por lo que pido el voto favorable del resto de los partidos políticos y también sobre todo a nuestra enmienda respecto a mutualistas de la abogacía y de la procura. Se han hecho movilizaciones por todo el Estado y siguen movilizándose. Eso evidencia que se necesitan acciones y reformas legislativas que promuevan una auténtica protección social de la abogacía y de la procura. No podemos olvidar que las estructuras actuales de organización de la abogacía y la procura han sido determinantes para llegar también a esta situación de desprotección social, también con respeto a los derechos y retribución justa del turno de oficio, por lo que entendemos que tiene que darse una solución urgente ―que esperamos que salga de aquí hoy― ante esta grave situación generada por la mutualidad, en la que se concreten las reivindicaciones comunes de los movimientos y de la plataforma ante esta cuestión, además de proponer de cara a futuro las reformas institucionales para evitar que esto vuelva a ocurrir. Votaremos a favor por estas mejoras que tiene esta ley, aunque, como digo, no es nuestra ley. Entendemos que es un paso para la mejora de la eficiencia de la justicia, de la especialización de los juzgados, para un mejor funcionamiento de un servicio público como es la justicia, que es un pilar fundamental para garantizar los derechos de todas y de todos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, presidenta. Egun on, jaun-andreok. Intervendré de manera breve para mostrar nuestra opinión favorable en general al dictamen de la Comisión de Justicia sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, sin perjuicio de que mantengamos algunas de nuestras enmiendas en un proyecto amplio y complejo y del que dan buena muestra las casi 1100 enmiendas formuladas por los distintos grupos parlamentarios. Señorías, como ya manifestamos en esta Cámara, llevamos desde la legislatura pasada tramitando tres ámbitos del Servicio Público de Justicia para su mejor eficiencia: el digital, el organizativo y el procesal, que, como consecuencia de su decaimiento por la convocatoria anticipada electoral, se han retomado en esta legislatura en dos textos: el Real Decreto Ley 6/2023, que ha recogido con carácter de urgencia, para no perder fondos europeos, la transformación digital y parte de la procesal, y que esta Cámara convalidó y que se encuentra pendiente de tramitación como proyecto de ley una vez finalizado su periodo de enmiendas, y este proyecto de ley, cuyo dictamen de comisión hoy debatimos en esta sesión plenaria y que acoge lo referido a la reforma organizativa y a aquella parte de la procesal no contenida en el decreto ley citado. Señorías, más allá de este encuadre del proyecto que tramitamos, y entrando en algunas de sus cuestiones concretas, querría destacar en lo organizativo la implantación de los tribunales de Instancia, las oficinas de justicia municipales y la no desaparición de los jueces de Paz, lo que en su conjunto supondrá, además de un acercamiento de la Administración de Justicia al justiciable, una mejora de la planta judicial, sobre todo en la primera instancia y los juzgados unipersonales con previsión de comarcalización y una singular colegialidad a la que se apunta, pero sin privar a cada juez de su responsabilidad exclusiva, con mejor capacidad que la actual Primera Instancia para responder a las nuevas necesidades de la sociedad y cuya implantación facilitará también la creación de nuevas plazas de juez sin necesidad de crear oficinas judiciales específicas para cada uno de ellos. También en este ámbito organizativo es destacable el compromiso de abordar, en tres meses desde la publicación de la ley, la situación de los jueces sustitutos y magistrados suplentes, que representan el 20 % de la plantilla total de jueces y magistrados y se encuentran en una injustificable situación precaria e injusta cuando se les aplica la misma disponibilidad e incompatibilidades que a jueces y magistrados. Sin embargo, señorías, y respecto a la adecuación de la organización de la Administración de Justicia a la estructura territorial del Estado, consideramos una oportunidad perdida no haber sacado las debidas consecuencias a las cláusulas subrogatorias estatutarias en materia de justicia, adaptando al menos la Administración de Justicia a la cuestión territorial. Reconociendo que se da un paso relevante en la buena dirección respecto a la lengua propia en la Comunidad Autónoma de Euskadi en los puestos de trabajo singularizados por razón de esta a través de una transaccional respecto a la enmienda 659 de nuestro grupo parlamentario y otras, todavía quedan cuestiones pendientes, como el mismo rol de los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas que siguen sin culminar en plenitud la organización judicial en el territorio de cada una de ellas a través de la resolución de los recursos de naturaleza extraordinaria, y sin que ello deba poner en cuestión la posición del Supremo respecto a todos los órdenes jurisdiccionales en su función de unificación de doctrina, o las cuestiones planteadas también por enmiendas de nuestro grupo y que mantenemos, como aquella respecto al carácter de determinados cuerpos funcionariales al servicio de la Administración de Justicia, como la transferencia de los letrados de Administración de Justicia a comunidades autónomas como la de Euskadi, que tiene competencias en esta materia a través de las cláusulas subrogatorias, o respecto a la negociación colectiva del personal al servicio de la Administración de Justicia. En otro orden de cosas, y en lo relativo a las reformas procesales, no me extenderé por falta de tiempo en el establecimiento de la obligatoriedad como requisito de procedibilidad en los órdenes civil y mercantil de los MASC, de los medios alternativos de solución de controversias, y con compromiso en el futuro de implantación modulada con respecto a la jurisdicción contencioso-administrativa. Confiamos en que esta reforma facilite otra forma menos contenciosa de solucionar los conflictos, pero no como algo que interpela a la ciudadanía para lograr una justicia más sostenible. También confiamos en que no acabe incurriendo en un ritualismo retardatario y costoso para el ciudadano.

Habría otros muchos aspectos en los que nos hubiera gustado detenernos, pero el tiempo de la intervención tiene reglas que respetar y, por ello, finalizaré, presidenta y señorías, con algunas referencias a las profesiones jurídicas involucradas en el Servicio Público de Justicia. Consideramos que, aun dándose un paso en la buena dirección, el proyecto no aprovecha en plenitud la existencia y potencial de la procura como auténtico colaborador de la Administración de Justicia, singularmente en la fase de ejecución. Una demora en esta, tal y como hoy acontece, especialmente en el orden civil, es una quiebra a la tutela judicial, que no olvidemos que arranca con la petición y acaba con la ejecución.

Por último, y respecto a la previsión social de abogacía y procura, fue esta una cuestión sobrevenida durante la tramitación del proyecto respecto de la que nuestro grupo parlamentario del Partido Nacionalista Vasco ha pedido y pide al Gobierno que dialogue y llegue a un acuerdo razonablemente transversal respecto al futuro rol de las mutualidades como sistema complementario y a la situación de los mutualistas en sus prestaciones, especialmente la de su jubilación y su pasarela hacia el RETA. Cuando llegue ese momento, cuando llegue ese acuerdo, no duden de que le daremos nuestro apoyo.

Finalmente, y respecto al resto de enmiendas de nuestro grupo, denlas por defendidas. Nada más y muchas gracias.

Presidenta, senyories, representants del món judicial, lletrats consistorials que ens acompanyen avui.

La iniciativa que ens ocupa pretén millorar l’eficiència en l’àmbit de la justícia o, més ben dit, en el servei públic de justícia des del punt de vista organitzatiu de la planta judicial, complementant el Reial Decret 6/2023 de digitalització del servei públic de Justícia. D’entrada, hem de deixar clar que aquest model de justícia espanyola no és el nostre, no és el que volem per Catalunya.

Per nosaltres, la justícia té unes altres prioritats. En primer lloc, evidentment, ser efectiva en resoldre els conflictes de la societat i, per això, creiem que sobra administració i falta justícia. Una justícia que hauria de ser més propera als ciutadans. Just al contrari que creiem que s’encamina aquesta llei. Però per nosaltres és prioritari que la justícia, més enllà del servei en la resolució de conflictes, deixi de ser ostatge d’una cúpula que es posa on no s’ha de posar, que és en la vida i les aspiracions polítiques dels ciutadans de Catalunya i que ho fa de forma arbitrària, amb dobles estàndards i vulnerant els nostres drets, que ens criminalitza, permet que se’ns espiï i ens acusa de terroristes. Una justícia que quan s’esmena que és el que hem fet amb la llei d’amnistia, es rebel·la fins i tot contra les decisions de la sobirania popular expressades per aquesta cambra.

Per això les nostres prioritats, insistim, són unes altres en matèria de justícia, com ho són establir un sistema de responsabilitat penal per als jutges que faci que abans de prevaricar s’ho hagin de pensar almenys dues vegades, com obligar que coneguin les llengües oficials on estan destinats, en compliment de la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries, o com eliminar l’Audiència Nacional, un òrgan inacceptable en cap estat democràtic.

Tornant a la llei que ens ocupa, creiem que pot portar a una indesitjable administrativització de la justícia, és a dir, a una justícia formalista i allunyada dels ciutadans i de les seves necessitats. No volem una eficiència en el Servei de Justícia… No volem una eficiència en la justícia corporativista en interès només dels jutges, dels LAJ i dels funcionaris, en lloc d’una eficiència en la justícia per als ciutadans. I per això hem intentat retornar la llei als ciutadans, a la realitat social, a la realitat territorial, a la realitat lingüística.

Per això nosaltres creiem que no és menor haver aconseguit que la llei, en primer lloc, com ressaltava el diputat Mikel Legarda, no és menor que la llei reconegui les competències autonòmiques que incomprensiblement no apareixien enlloc en l’escrit original. O haver aconseguit un primer pas en la desconcentració de part de les funcions de l’activitat judicial en els procuradors, que passen a ser cooperadors de l’administració de justícia i a realitzar diverses actuacions materials per impulsar i agilitzar el procés judicial.

Tampoc és menor, ni molt menys, haver aconseguit el que hem aconseguit en matèria de justícia, de pau i de proximitat. Perquè, com hem dit repetidament, la nostra línia vermella ha estat sempre mantenir la justícia de pau com a òrgans jurisdiccionals i plenament integrats en el poder judicial. I ho hem aconseguit. La justícia de pau es manté. La competència de Catalunya en justícia de pau no es toca i els 898 jutges de pau catalans no es toquen. Per nosaltres no era objecte de transacció l’eliminació dels jutges de pau com a òrgans jurisdiccionals. Per això, en aquesta i en la passada legislatura, Junts per Catalunya ha estat l’únic grup parlamentari que no ha signat mai una transaccional per suprimir la justícia de pau a Catalunya. A canvi, se’ns oferia una figura de conciliador extern al poder judicial, nomenat pel ple del municipi i que mantenia el nom de Jutge de Pau. Ens donaven gat per llebre i en cap moment ho hem acceptat.

En primer lloc, perquè això buidava de competències, buidava de contingut l’article 108 de l’Estatut d’Autonomia, que estableix la competència de la Generalitat en justícia, de pau i de proximitat, en els termes que estableix la Llei orgànica del Poder judicial. Si aquests termes que estableix la Llei Orgànica del Poder Judicial eren eliminar com a òrgan judicial com a òrgan jurisdiccional, el jutge de pau, quedava sense contingut la competència catalana en aquesta matèria, i això no ho podíem acceptar.

I en segon lloc, a Catalunya hi ha 898 jutges i jutgesses de pau que fan efectiva la justícia de proximitat a milions de catalans. Una justícia connectada al territori i a la seva gent. Una justícia que es fa principalment en català i que és imprescindible que es mantingui especialment als municipis en risc de despoblació i amb una població envellida, on aquesta justícia de pau és precisament una eina essencial per superar la barrera digital.

L’acord al que hem arribat preserva les atribucions actuals dels jutges de pau, les jurisdiccionals i les d’altres tipus i, naturalment, es preserva el suport administratiu, l’espai físic i el reconeixement en els espais físics dels jutges de pau. També es preserva la potencialitat de la justícia de pau per a recuperar competències perdudes i fins i tot guanyar-ne de noves. Per exemple, hem aconseguit també, en coherència amb la naturalesa dels jutges de pau com a jutges de proximitat que puguin participar en processos de conciliació fins a un límit de 10 000 euros.

Però no volem aturar-nos aquí. Creiem que la justícia de proximitat ha de recuperar competències en matèria civil i fins i tot en matèria de delictes lleus; també en matèria de registre civil i en temes de família, sempre que no hi hagi implicats menors. I aquesta potencialitat, aquest poder tenir més competències que inicialment, es perdia, també l’hem mantingut. Tot el nostre esforç ha estat acostar la llei a un model de justícia més proper als ciutadans i més respectuós amb el territori. Per nosaltres la justícia no és eficient si no és arrelada a la gent, al territori i a la llengua.

Finalment, i acabo, vaig acabant presidenta, mantenim una esmena que sol·licitem que sigui votada per ses senyories, on demanem que s’incorpori a la llei que ara es tramita, doncs la previsió de la justícia de proximitat a l’Ajuntament de Barcelona. Per mi, com a lletrat consistorial de l’Ajuntament de Barcelona, és un orgull defensar aquesta esmena. I, en definitiva, es tracta simplement de desenvolupar d’una vegada la previsió, aprovada per la llei estatal de 2006, aprovada per aquestes Corts, que regula el règim especial del municipi de Barcelona. Una previsió que preveu la implantació de la ciutat de Barcelona per la via de la reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial, que és el que estem fent, d’una justícia de proximitat amb la corresponent a escala judicial. Una justícia que té com a principal atribució la resolució dels conflictes de convivència d’acord amb els sistemes de mediació i conciliació. Per tant, és una esmena totalment en la línia i en la lògica de la llei que ara mateix s’està aprovant.

Crec que el tema és d’interès de tot l’arc parlamentari. En concret, recordo que la històrica diputada Elisenda Malaret va ser molt ferma a defensar la justícia de proximitat a Barcelona l’any 2006, quan es va aprovar la llei. I volem veure què diuen els diputats del PSC no el 2006, sinó ara, any 2024. Si tenen aquest criteri i defensen les demandes de Catalunya i en aquest cas de la ciutat de Barcelona, o no.

Mirin, ara sí que acabo, senyora presidenta. Mirin, el senyor Hereu va dir ahir que els diputats socialistes són la majoria catalana. Que ens ho demostrin. Que ens ho demostrin, perquè l’únic que sabem és que una vegada i una altra, els diputats del PSC es limiten a obeir les ordres que els hi donen aquí, aquí a Madrid. Obeir Madrid, senyories, no crec que sigui ser…, que sigui ser que… Obeir Madrid, senyories, no crec que se’n pugui dir…, no crec que se’n pugui dir ser la majoria catalana. Obeir Madrid és ser una simple terminal del PSOE, sense criteri, ni voluntat ni consideració per al país que representen. Obeir Madrid no és en cap cas ser la majoria. Jo crec que el senyor Hereu hauria de fer-se’n càrrec i també se n’hauria de fer càrrec els senyors i senyores del PSC.

Moltes gràcies.

Presidenta, señorías, representantes del mundo judicial, letrados consistoriales que nos acompañan hoy, la iniciativa que nos ocupa pretende mejorar la eficiencia en el ámbito de la justicia o, mejor dicho, en el Servicio Público de Justicia desde el punto de vista organizativo de la planta judicial, complementando el Real Decreto 6/2023 de digitalización del Servicio Público de Justicia. De entrada, debemos dejar claro que este modelo de justicia española no es el nuestro, no es el que queremos para Cataluña. Para nosotros la justicia tiene otras prioridades. En primer lugar, ser efectiva para resolver los conflictos de la sociedad y, por eso, creemos que sobra Administración y falta justicia, una justicia que debería ser más cercana a los ciudadanos, lo contrario de lo que hace esta ley. Pero para nosotros es prioritario que la justicia, más allá del servicio para resolver conflictos, deje de ser rehén de una cúpula que se pone donde no debe ponerse, esto es, en la vida y las aspiraciones políticas de los ciudadanos de Cataluña, y lo hace de forma arbitraria, con dobles varas de medir y vulnerando nuestros derechos, que nos criminaliza, permite que nos espíen y nos acusa de terrorismo. Una justicia que, cuando esté la enmienda, que es lo que hemos hecho con la ley de amnistía, se revela incluso contra las decisiones de la soberanía popular expresada en esta Cámara. Por eso, nuestras prioridades, insistimos, son diferentes en materia de justicia. Por ejemplo, establecer un sistema de responsabilidad penal para los jueces que haga que antes de prevaricar tengan que pensárselo al menos dos veces; por ejemplo, obligarles a que conozcan las leyes oficiales del lugar donde están destinados, cumpliendo la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, o, por ejemplo, eliminar la Audiencia Nacional, un órgano inaceptable en cualquier Estado democrático.

Volvemos a la ley que nos ocupa. Creemos que puede llevar a una indeseable administrativización de la justicia, es decir a una justicia formalista y alejada de los ciudadanos y de sus necesidades. No queremos una eficiencia en el sentido de justicia, no queremos eficiencia en la justicia de manera corporativista y en interés solo de los jueces, los LAJ y los funcionarios. En lugar de eso, queremos una mejora para los ciudadanos, y por ello hemos intentado devolver la ley a los ciudadanos, a la realidad social, territorial y lingüística. Por ello, nosotros creemos que no es menor haber conseguido que la ley, en primer lugar, como resaltaba el diputado Mikel Legarda, reconozca las competencias autonómicas que, incomprensiblemente, no aparecían en el escrito original; o haber conseguido un primer paso en la desconcentración de parte de las funciones de la actividad judicial en los procuradores, que pasan a ser cooperadores de la Administración de Justicia y a realizar diversas actuaciones materiales para impulsar y agilizar el proceso judicial. Tampoco es menor, ni mucho menos, haber conseguido lo que hemos conseguido en materia de justicia, paz y proximidad, porque nuestra línea roja siempre ha sido mantener la Justicia de Paz como órganos jurisdiccionales plenamente integrados en el Poder Judicial. Lo hemos conseguido; la Justicia de Paz se mantiene. La competencia de Cataluña en Justicia de Paz no se toca; y los 898 jueces de Paz catalanes no se tocan. Para nosotros no era objeto de transacción la eliminación de los jueces de Paz como órganos jurisdiccionales. Por ello, en esta y en la pasada legislatura Junts per Catalunya ha sido el único grupo parlamentario que nunca ha firmado una transaccional para suprimir la Justicia de Paz en Cataluña. A cambio, se nos ofrecía una figura de conciliador externo al Poder Judicial, nombrado por el Pleno del municipio y que mantenía el nombre de juez de Paz. Nos daban gato por liebre y en ningún momento lo aceptamos. En primer lugar, porque esto vaciaba de competencias o de contenido, mejor dicho, el artículo 108 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que establece la competencia de la Generalitat en cuánto a Justicia de Paz y proximidad, en los términos que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. Si estos términos eran eliminar como órgano jurisdiccional al juez de Paz, pues quedaba sin contenido la competencia catalana en esta materia, y esto no lo podíamos aceptar. Y, en segundo lugar, en Cataluña hay 898 jueces y juezas de Paz que hacen efectiva la justicia de proximidad a millones de catalanes; una justicia conectada con el territorio y su gente; una justicia que se hace principalmente en catalán y que es imprescindible que se mantenga, especialmente en los municipios con riesgo de despoblación y con una población envejecida. Esta Justicia de Paz es esencial para superar la barrera digital.

El acuerdo al que hemos llegado conserva las atribuciones actuales de los jueces de Paz, las jurisdiccionales y las de otro tipo, y naturalmente se conserva el apoyo administrativo, el espacio físico y el reconocimiento en los espacios físicos de los jueces de Paz. También se conserva la potencialidad de la Justicia de Paz para recuperar competencias perdidas e incluso ganar nuevas. Por ejemplo, hemos conseguido, en coherencia con la naturaleza de los jueces de Paz como jueces de proximidad, que puedan participar en procesos de conciliación de hasta 10 000 euros. Pero no queremos quedarnos aquí. Creemos que la justicia de proximidad tiene que recuperar competencias en materia civil y de delitos leves; también en temas de Registro Civil y de familia, siempre que no haya menores implicados, y esta potencialidad de más competencias que inicialmente se perdían la hemos mantenido. Todo nuestro esfuerzo ha sido acercar la ley a un modelo de justicia más cercano a los ciudadanos y más respetuoso con el territorio. Para nosotros, la justicia no es eficiente si no está arraigada en la gente, el territorio y la lengua.

Finalmente ―y acabo señora presidenta―, mantenemos una enmienda, que esperamos que sus señorías voten favorablemente, en la que perdimos que se incorpore en la ley que ahora se tramita la previsión de la justicia de proximidad en el Ayuntamiento de Barcelona. Para mí, como letrado consistorial de Barcelona, es un orgullo defender esta enmienda. En definitiva, se trata simplemente de desarrollar, de una vez por todas, la previsión aprobada por la ley estatal de 2006, aprobada por estas Cortes, que regula el régimen especial del municipio de Barcelona; una previsión que previene la implantación en la ciudad de Barcelona, por la vía de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es lo que estamos haciendo, de una justicia de proximidad con la correspondiente escala judicial, que tiene como principal atribución la resolución de los conflictos de convivencia, de acuerdo con los sistemas de mediación y conciliación. Por lo tanto, es una enmienda que va en línea y sigue la lógica de la ley que ahora mismo se está aprobando. Creo que el tema es de interés para todo el arco parlamentario. En concreto, recuerdo que la histórica diputada Elisenda Malaret, fue muy firme a la hora de defender la justicia de proximidad en Barcelona en el año 2006 cuando se aprobó la ley, queremos saber qué dicen los diputados del PSC no en 2006, sino ahora, en el año 2024, a ver si tienen este criterio y defienden las demandas de Cataluña y, en este caso, de la ciudad de Barcelona o no.

Miren ―y ahora sí que acabo, señora presidenta―, el señor Hereu ayer dijo que los diputados socialistas son la mayoría catalana. Que nos lo demuestren; que nos lo demuestren, porque lo único que sabemos es que una y otra vez los diputados del PSC se limitan a obedecer las órdenes que les dan aquí, en Madrid. Obedecer a Madrid, señorías, no creo que sea mayoría catalana. Obedecer a Madrid es ser una simple terminal del PSOE, sin criterio ni voluntad ni consideración por el país que representan. Obedecer a Madrid en ningún caso significa ser la mayoría. Yo creo que el señor Hereu tendría que entenderlo y también las señoras y los señores del PSC.

Muchas gracias.

Gràcies, presidenta. Bon dia, diputats! Bon dia, diputades! Costarà posar les coses al seu lloc. Tots, tots els diputats i diputades de la Comissió de Justícia que han estat en els diversos debats aquesta legislatura respecte de la llei que avui porten a aprovació saben perfectament que Esquerra Republicana de Catalunya va plantejar unes quantes línies vermelles en l’aprovació…, en l’eventual aprovació d’aquest text. El primer, entenent que se subsumia una transposició de la directiva en un text on no tocava i que tenia a veure amb les accions col·lectives de consumidors i usuaris, la sol·licitud que es desenganxés d’aquesta tramitació el que tenia a veure amb les accions col·lectives per fer una tramitació una mica més relaxada, una mica més tècnicament acurada i una mica més debatuda entre els diputats i diputades d’aquesta cambra, perquè comença a ser massa habitual que haguem de debatre coses amb una transcendència en la vida quotidiana de la gent important en dos dies o tres dies, una ponència, una comissió i vinga, aprovat, com si fos un paquetet amb un llaç. Hi ha coses que tenen una rellevància que mereixen una reflexió i una ajuda d’experts que un grup de set diputats és capaç de dir que necessita. Necessitem experts que ens donin un cop de mà, senyors del govern. Un cop tret això i de tota manera previ, hi havia la línia vermella dels jutjats de pau. Jo entenc que moltes vegades sortim aquí a fer un tall per la nostra gent, penjar-lo a Twitter i a córrer. Jo crec que la feina parlamentària té molt a veure amb el que s’acaba de dir i amb rebatre o està d’acord que els parlamentaris anteriors diuen. Per tant, em permetran que no deixi passar que Junts per Catalunya és «l’únic grup que va defensar els jutjats de pau», perquè arriba un moment que has de dir això no és veritat. Des del primer dia, Esquerra Republicana té claríssim que els jutjats de pau són l’element fonamental per determinar quin serà el nostre vot en aquesta llei. Sí, sí, no sé si ho he d’escriure, ho he de llegir, però en qualsevol cas, senyor Pagès, està equivocat. I el que ha dit aquí en aquesta tribuna és mentida i ja en tinc prou. M’entendrà, ja en tinc prou. Ja en tinc prou d’haver de passar pel que diuen vostès i pel que diuen el PSC. Prou. S’ha acabat. Els seus set vots valen el mateix que el nostre i no toleraré que la dreta catalana corregeixi el que al meu país està destrossant ara fent-se l’independentista aquí. Ja n’hi ha prou. Vostès volen guerra. Tindran guerra.

Seguim, per tant, jutjats de pau, juntament amb l’Associació de Jutges de Pau de Catalunya, hem estat treballant-ho. S’apropiaran dels 10 000 euros en els temes de conciliació en casos civils. Bé, doncs que s’apropiïn. Nosaltres també ho hem negociat i va ser a demanda nostra. Vam pujar també des dels 90 euros que teníem fins al 150 —p‌ er cert, una mica rata tot plegat— però bé, anem incrementant la capacitat dels jutges de pau d’impartir funció jurisdiccional al territori català, perquè saben vostès que és una figura històrica en el nostre territori i que, per tant, era de la màxima importància per nosaltres mantenir-la.

Què més ens ha preocupat? Perquè vivim al món real. Per exemple, que s’incorporés tots els temes vinculats a la Llei Orgànica de Garantia de la Llibertat Sexual pel que feia a planta. Què més ens ha mogut? La incorporació de tot el que s’havia previst a la Llei Orgànica de Protecció de la Infància i de la Violència Infantil, també en seu d’aquesta llei, que era on efectivament tocava.

Per tant, malgrat que no tenim una coincidència del cent per cent i malgrat que el que sí que acceptaré és que la tramitació de tot el que tenia a veure amb els mitjans alternatius de resolució de conflictes venia ja molt treballat de la legislatura anterior i, per tant, potser no va ser objecte de suficient debat en seu de la ponència, com que ja estava bastant treballat i la idea era intentar desjudicialitzar al màxim possible els processos que poden tenir una resolució sense que hagin d’arribar als tribunals, la línia ens semblava correcta. La conversió de la planta de l’Estat espanyol en jutjats unipersonals, de jutjats unipersonals a tribunals amb tres magistrats, ens semblava també correcte.

Recupero el que ha comentat una diputada anteriorment. La justícia, quan és lenta, no és justícia, és injusta. I, per tant, malgrat que l’administrativització de la justícia pugui ser un problema, és també part de la seva capacitat garantista. I tots veiem clar que hem de mantenir unes oficines judicials que, efectivament, serveixin per a la impartició d’aquesta justícia.

Elements una mica sobrevinguts en aquest debat, però que em sembla important posar en relleu. El primer, donarem suport a l’esmena respecte de les mutualitats d’advocats, que presenta Sumar. Perquè ho he dit quaranta vegades i estaria bé que ens ho féssim tots plegats nostre: Quan algú presenta una esmena que és correcte, se li dona suport. Donarem suport a l’esmena que té a veure amb la justícia de proximitat a la ciutat de Barcelona. Entre altres coses perquè quan corria el 2006 i, després del comentari que s’ha fet al ministre Hereu, en aquell moment era l’alcalde de Barcelona i jo era regidora del govern. Per tant, part del disseny que es va fer de la justícia de proximitat a Barcelona prové d’Esquerra Republicana de Catalunya, perquè és la idea de justícia que tenim, aquella que entén el territori, que està adherida al territori i que, per tant, pot impartir això que entenem per justícia.

No faré comentaris perquè, entre altres coses, no em queda temps, sobre l’opinió que el meu grup té respecte del poder judicial espanyol. Crec que en aquest moment no toca i que ja tindrem altres moments per dir el que nosaltres pensem sobre ell, que a mi em sembla que és bastant…, que ho sap tota la cambra, perquè ho hem dit en diverses ocasions i segurament hi ha comissions on és més oportú dir-ho. Per tant, posicionament positiu respecte de la llei.

Posicionament respecte d’aquestes esmenes que els hi he comentat. Hem retirat totes les nostres esmenes. Ens semblava que el que havíem de garantir és que els articles de l’Estatut laminat, al qual nosaltres vam votar en contra perquè era insuficient, també es va carregar tots els aspectes de justícia. Per tant, l’únic marc normatiu que realment ens vincula és el que es conté en els articles de 101 a 108 de l’Estatut de Catalunya, que és el que disposa també els mitjans materials i personals.

I sobre aquest tema voldria fer un esment a la situació dels interins de l’Administració de Justícia, a la situació dels jutges substituts, que s’arregla una mica en aquesta llei, però no suficientment. I acabar dient que jo crec que tots plegats estem laminant tant la credibilitat de les institucions, que estaria bé que alguna de les lleis que aprovéssim en aquesta cambra servís perquè algun dels poders, en el seu dia a dia, la quotidianitat de la gent recuperi una mica de la credibilitat perduda. Quan et senyalen data per a un judici d’aquí a dos anys no és justícia, tant si és per elements civils com contenciosos com criminals. Això no és justícia, diputats.

Moltes gràcies.

Gracias, presidenta. Buenos días, diputados; buenos días, diputadas. Costará poner las cosas en su sitio. Todos los diputados y las diputadas de la Comisión de Justicia que han participado en los distintos debates en esta legislatura respecto de la ley que hoy se trae a aprobación, saben perfectamente que Esquerra Republicana de Catalunya planteó unas cuantas líneas rojas en la aprobación, en la eventual aprobación, de este texto. Primero, se subsumía una trasposición de directiva en un texto donde no tocaba y que estaba relacionada con las acciones colectivas de consumidores y usuarios; la solicitud de que se desenganchara de esta tramitación lo relacionado con las acciones colectivas, para hacer una tramitación un poco más relajada, un poco más técnicamente precisa y un poco más debatida entre los diputados y diputadas de esta Cámara. Porque empieza a ser demasiado habitual que haya que debatir cosas con trascendencia importante en la vida de la gente en dos días: una ponencia, una comisión y, venga, aprobado, como si fuera un paquetito con un lazo. Hay cosas que tienen una relevancia que merecen una reflexión y una ayuda de expertos, que un grupo de siete diputados es capaz de decir que necesita. Necesitamos expertos que nos echen una mano, señores del Gobierno.

Dicho esto, y previo a esto, había una línea roja de los jueces de Paz. Yo entiendo que muchas veces salgamos aquí a hacer un corte de voz para nuestra gente, para colgarlo en Twitter, y ya está, pero el trabajo parlamentario está muy relacionado con lo que se acaba de decir y con rebatir o estar de acuerdo con lo que dicen los parlamentarios anteriores. Con lo cual, permítanme que no deje pasar que Junts per Catalunya es el único grupo que defendió los juzgados de Paz. Porque llega un momento que tienes que decir: Esto no es verdad. Desde el primer día, Esquerra Republicana tiene clarísimo que los juzgados de Paz son el elemento fundamental para determinar cuál será nuestro voto en esta ley. (El señor Pagès i Massó hace gestos desde el escaño). Sí, sí, no sé si lo he de describir o leer, pero, señor Pagès, en cualquier caso, está equivocado. Lo que ha dicho en esta tribuna es mentira y ya estoy harta, ya estoy harta. No puedo pasar por lo que dicen ustedes y los del PSC. Se acabó. Siete votos valen lo mismo que el nuestro, y no toleraré que la derecha catalana corrija lo que está destrozando a mi país. ¿Ustedes quieren guerra? Tendrán guerra.

Seguimos. Por lo tanto, juzgados de Paz, juntamente con la Asociación de Jueces de Paz de Cataluña hemos estado trabajando en ello. ¿Se apropiarán de los 10 000 euros en los temas de conciliación en casos civiles? Pues que se apropien. De hecho, nosotros también lo hemos negociado. Fue por nosotros. También subimos de los 90 euros a los 150. Un poquito escaso y mezquino. Vamos incrementando la capacidad de los jueces de Paz para impartir justicia jurisdiccional en el territorio catalán. Saben que es una figura histórica en nuestro territorio y, por lo tanto, para nosotros era muy importante mantenerla.

¿Qué más nos ha preocupado? Porque vivimos en el mundo real. Por ejemplo, que se incorporaran todos los temas relacionados con la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual en cuanto a planta. ¿Qué otra cosa nos ha movido? La incorporación de todo lo que se había previsto en la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia también en sede de esta ley, que es donde efectivamente tocaba. Por lo tanto, pese a que no coincidimos al cien por cien, lo que sí aceptaré es que la tramitación de todo lo relacionado con los medios alternativos de resolución de conflictos venía ya muy trabajado de la legislatura anterior y, por lo tanto, no va a estar sujeto a suficiente debate en la ponencia. Como ya estaba bastante trabajado y la idea era intentar desjudicializar al máximo los procesos que pueden tener una resolución sin llegar a los tribunales, la línea nos parecía correcta. La conversión de la planta del Estado español en juzgados unipersonales a tribunales con tres magistrados también nos parecía correcta. Recupero lo que ha comentado una diputada anteriormente: La justicia cuando es lenta no es justa, es injusta. Por lo tanto, pese a que la administrativización de la justicia pueda ser un problema, también es parte de su capacidad garantista, y todos vemos claro que debemos mantener unas oficinas judiciales que efectivamente sirvan a la impartición de esta justicia.

Elementos un poco sobrevenidos a este debate, pero que me parece importante poner en relieve. En primer lugar, daremos apoyo a la enmienda en cuanto a las mutualidades de abogados, que presenta SUMAR. Lo he dicho cuarenta veces, y estaría bien que lo hiciéramos nuestro: cuando alguien presenta una enmienda correcta, se apoya. Daremos apoyo también a la enmienda relacionada con la justicia de proximidad en la ciudad de Barcelona, entre otras cosas, porque en 2006, luego del comentario que se ha hecho al ministro Hereu, en esa época él era alcalde de Barcelona y yo era concejala del Gobierno, así que parte del diseño que se hizo de la justicia de proximidad en Barcelona proviene de Esquerra Republicana de Catalunya, porque es la idea de justicia que tenemos, aquella idea que entiende el territorio, que está adherida al territorio y que, por lo tanto, puede impartir lo que entendemos por justicia.

No haré comentarios porque, entre otras cosas, no me queda tiempo, sobre la opinión que tiene mi grupo respecto del Poder Judicial español. Creo que en este momento no corresponde y habrá otros momentos para decir lo que pensamos al respecto, que creo que toda la Cámara lo sabe porque lo hemos dicho en varias ocasiones, y seguramente hay comisiones donde es más oportuno decirlo. Por lo tanto, posicionamiento positivo en cuanto a la ley, también en cuanto a estas enmiendas que he comentado; hemos retirado todas nuestras enmiendas. Nos parecía que debíamos garantizar que los artículos de ese estatuto laminado, que votamos en contra porque era insuficiente, también se cargó todos los aspectos de justicia. Por lo tanto, el único marco normativo que realmente nos vincula es el contenido en los artículos 101 a 108 del Estatuto de Cataluña, que es lo que dispone también los medios materiales y personales. En cuanto a los interinos de la Administración de Justicia, la situación de jueces sustitutos se arregla un poco en esta ley, pero no lo suficiente.

Acabaré diciendo que creo que todos juntos estamos laminando tanto la credibilidad de las instituciones que estaría bien que alguna de las leyes que aprobáramos en esta Cámara sirviera para que alguno de los poderes ―en su día a día, en la cotidianidad de la gente― recupere un poco de la credibilidad perdida. Cuando te señalan fecha para un juicio de aquí a dos años, no es justicia, tanto si es por elementos civiles como contenciosos, como criminales; esto no es justicia, diputados.

Muchas gracias. (Aplausos).

Señora presidenta, la amplitud de contenidos de este proyecto y la pluralidad de los distintos operadores jurídicos involucrados han supuesto una gran complejidad. Por ello, muchas cuestiones se abordan en este proyecto de manera insuficiente y otras tantas van a quedar pendientes. Enhorabuena a todas y todos quienes han hecho posible llegar hasta aquí. Es una buena noticia que hayamos sido capaces de alcanzar un amplio acuerdo entre grupos parlamentarios, excepto VOX y el Grupo Popular, que han pasado del bloqueo institucional al Consejo General del Poder Judicial al bloqueo al sistema de organización de la justicia. Las derechas no asumen que la justicia es de toda la sociedad y no suya, que es un servicio público fundamental que requiere de eficiencia, de proximidad, de celeridad para satisfacer los derechos fundamentales de la gente.

Avanzamos en la modernización de la justicia, dejando atrás un modelo que procede del siglo XIX y lo vamos a adaptar al siglo XXI. Los tribunales de Instancia sustituirán a los antiguos juzgados unipersonales, creando oficinas municipales de justicia en los municipios más pequeños en zonas rurales, donde podrán realizarse los trámites procesales sin tener que desplazarse. Se acerca así el Servicio Público de Justicia a sus usuarios y se combate el despoblamiento. Especial importancia tienen para descongestionar la justicia los medios alternativos de solución de controversias, formas de solución de conflictos por vías extrajudiciales o previas a la vía judicial que reducirán la litigiosidad. En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, se especializan los órganos judiciales de la fiscalía y sus equipos técnicos para la prevención y persecución de la violencia contra los menores.

También hay otras reformas de la planta judicial y procesales que se incorporan. Lamentamos que se haya retirado el bloque relativo a la defensa y protección de consumidores y usuarios (aplausos), perdiendo una oportunidad de avanzar en el ejercicio de las acciones colectivas de consumidores y usuarios. Es urgente retomarlo pronto. Nos obliga la legislación europea para proteger a consumidores y usuarios en un mundo globalizado y digitalizado en el que han aumentado las vulneraciones de sus derechos y las prácticas abusivas de las grandes empresas. Habrían sido necesarias más medidas con impacto en la lucha contra la despoblación, protegiendo más el empleo en las nuevas oficinas municipales de justicia, medidas que redundarán en una mejora de las condiciones laborales en la Administración de Justicia y, por tanto, en la eficacia del servicio público.

Tanto el Ministerio de Justicia como el Grupo Socialista deberían haber sido más receptivos a las demandas de sindicatos, como Comisiones Obreras, y por eso les pedimos que aprueben nuestras enmiendas 47 y 48, que se han mantenido vivas tras el debate en la Comisión de Justicia, porque son medidas para fijar más empleo en territorios en riesgo de despoblación. (Aplausos).

Destacamos los avances en la función de jueces y magistrados. La experiencia de los jueces y juezas de Paz se pone al servicio de las nuevas oficinas de justicia en los municipios, donde podrán realizar tareas de coordinación. Una jurisdicción más cercana al territorio, que también combate la despoblación. Damos un paso trascendental para estabilizar la situación de magistrados y magistradas suplentes, de juezas y jueces sustitutos. En el Poder Judicial, aunque no lo sepa mucha gente, existe una inaceptable precariedad entre jueces y juezas en ejercicio. Para este grupo parlamentario de la izquierda plurinacional ha sido prioritario conseguir una solución a esta inaceptable situación. Por eso, incluimos una disposición final para acabar con la temporalidad, aumentando el número de efectivos de jueces y magistrados, lo que fortalecerá la carrera judicial.

Queda por concretar una ley para dotarlo de un régimen retributivo y de Seguridad Social que garantice los principios de independencia económica y protección durante el servicio activo y la jubilación, porque solo así vamos a cumplir, por fin, el artículo 402 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Un 17 % de los jueces de España, 1008 exactamente, son trabajadores precarios, con escasas garantías de independencia al tener debilitada la garantía de inamovilidad. Es un colectivo con funciones esenciales en democracia y en un Estado de derecho, pero arrastran condiciones profesionales degradadas. Una vez nombrados, solo perciben retribuciones cuando son llamados, permanecen largos períodos en espera sin poder realizar ninguna otra actividad y sin percibir retribución alguna. Es un colectivo feminizado, el 73 % son mujeres. España presenta una tasa juez/habitante de 11,3, mientras que la Unión Europea supera el 17; es decir, faltan jueces y, por eso, es preocupante que el Consejo del Poder Judicial, que tanto tiempo ha estado en ejercicio, se haya desentendido de este problema hasta ahora, negándose a garantizar el derecho a condiciones de trabajo dignas a los jueces y juezas sustitutos.

La legislación europea se opone a estas prácticas de renovación sucesiva en precariedad, porque es una relación laboral de jueces y fiscales sustitutos que debe garantizarse. Por eso, estamos obligados a que la actividad de estos jueces y juezas se desempeñe en la totalidad de los días laborables del año. La justicia europea ha ordenado acabar con este abuso de la temporalidad en España y esto nos obliga a acometer un proceso de consolidación en el empleo. Reduciendo la temporalidad aumentaremos el número de jueces por habitante en España hasta los estándares de calidad europeos para que la justicia esté realmente al servicio de la gente y, sobre todo, fortalecemos la garantía de inamovilidad de los miembros de la carrera judicial, porque eso sí que es un pilar fundamental de su independencia.

Se incorpora una disposición final para fortalecer los procedimientos de solución autónoma de conflictos a través de la Inspección de Trabajo para conseguir la aceptación voluntaria por las empresas de acuerdos que garanticen los derechos de los trabajadores, reduciendo así la litigiosidad laboral. También se suprimen las golden visa de quienes especulan con la vivienda, como ha venido defendiendo el movimiento de defensa del derecho a la vivienda.

Pero queda pendiente la pasarela al RETA de las y los mutualistas de la abogacía y la procura que, a pesar de nuestros esfuerzos, no ha contado con apoyos suficientes para incluirse en esta ley. Por eso, mantenemos viva nuestra enmienda 144, dando ahora otra oportunidad a que, con la aprobación de este proyecto de ley, alcancemos una solución acorde con las justas demandas de las plataformas de abogados y abogadas, procuradores y procuradoras para establecer una pasarela al RETA, porque es de justicia dar una solución a la precariedad y a la vejez de miseria a la que las mutuas han llevado a este importante colectivo, con la permisividad sucesiva de Gobiernos durante años. Los profesionales de la abogacía y la procura deben tener coberturas y pensiones equiparables a las que corresponderían de haber cotizado a la Seguridad Social, integrando al 100 % en el RETA los años en que se cotizó a las mutualidades como régimen alternativo, uno por uno. (Aplausos).

Por eso, votaremos a favor del proyecto y pedimos que apoyen las tres enmiendas. Muchas gracias. (Aplausos).

Señora presidente, miembros de la comisión participantes en la ponencia, especialmente los que llevan la representación de la misma en este debate, permítanme vuestras señorías una intervención esquemática, simple, insuficiente por la premura del tiempo asignado, siendo de obligada condición hoy y ahora aquí no huir de la vehemencia necesaria que requiere la actual y calamitosa situación en España con los últimos acontecimientos en momentos de rabia, de dolor, de sentido de duelo con los hechos más trágicos y de estupefacción, indignación y reproche por tanta iniquidad política de este Gobierno y sus secuaces de turno. (Aplausos).

Ejemplo de ello es el trámite formal con el que despacha este importante proyecto de ley ―que debe reformar, en teoría, la justicia― con rapidez inusitada en su fase final, con enmiendas a paladas, a martillazos deslavazados, retirando una sección entera ―tal como se advirtió―, incoherente y que apuntala el fallido Estado de las autonomías que han estado amamantando todos ustedes con fruición suicida, empeñados en matar las almas regionales para sustituirlas por hechos diferenciales a través de estructuras administrativas caras, inútiles y perversas como las comunidades autónomas, con todo el soporte artificioso y pesebres de favores que las hacen inútiles ―como hemos visto, por desgracia―, que reafirman la desigualdad entre españoles y que persisten ―con esta reforma que afecta a la justicia― en trato diferente en según qué taifa. Proyecto de ley llamado de eficiencia del servicio público de justicia, justo en los momentos en que el fallido Estado de las autonomías ha mostrado su auténtico y pavoroso rostro en un Estado ineficiente y fratricida, inexistente cuando más necesario era. (Aplausos).

Reforma de la justicia que se ha tramitado con absoluto desprecio a las mínimas normas legislativas ―una vez más―, de forma precipitada e incompatible con un estudio verdaderamente profundo de una iniciativa tan trascendente ―tal como se ha recordado aquí― y, a pesar de ello, votan que sí.

Reforma de la justicia a conveniencia del Gobierno y con las exigencias a la carta de los socios de compañía y el separatismo pedigüeño, pero separatismo que no engaña, salvo a aquellos que finjan ser engañados y, como hemos visto aquí, con ganas de gresca también entre ellos.

Reforma de la justicia y, como es habitual, norma repleta de consignas ideológicas, de un lenguaje inclusivo que pervierte y entorpece su significado, como se les advirtió también por los propios letrados de la comisión.

Reforma de la justicia que carece de un eficaz y eficiente desarrollo de la carrera del personal de justicia o que pierde la oportunidad de que se constituyan verdaderos juzgados de Familia e Infancia con carácter general y juez especializado.

Una reforma de la justicia que entorpece la libertad de empresa con modificaciones que no vienen al caso, donde se atribuyen a la Inspección de Trabajo —‌en la que SUMAR se ha autoproclamado legítimo portavoz, señores inspectores de Trabajo― funciones y actividades de conciliación, mediación y arbitraje en huelgas y conflictos, convirtiéndola en juez y parte.

Reforma con la que se pretendía, mediante amago, de tapadillo por los partidos políticos, modificar la Ley de Seguridad Social mediante enmiendas separadas, insuficientes y de simple postureo, para atender la necesidad e injusticia que afecta a miles de profesionales a los que se niega el derecho a una pensión digna cuando se les obliga a permanecer únicamente en mutualidades o mal informados sin acceso a ser acogidos por la Seguridad Social. Procede la pasarela uno por uno en tiempo cotizado y ustedes, señores del Gobierno y adláteres, son los responsables.

Es una reforma de la justicia que enaltece el espíritu confiscatorio del Gobierno y modifica la Ley Concursal, donde el privilegio de la Agencia Tributaria puede ser previo, incluso, a los gastos del propio concurso en una perversión insoportable.

Reforma de la justicia que de nuevo, y en pago a los favores del separatismo vasco, modifica la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local sin venir a cuento, por la que sobre los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter general, que son los secretarios de ayuntamiento y los interventores municipales, acogidos a un proceso selectivo, concurso de traslado o adjudicación de destino único, a partir de ahora, en el ámbito de las provincias vascongadas, será el Gobierno vasco quien tendrá todas las competencias que tiene ahora el Estado con respecto a esos funcionarios. Lógicamente, nos oponemos a esta ruptura y a esa desigualdad en un cuerpo de ámbito nacional. Esto supone, una vez más, la destrucción de los elementos esenciales del Estado español para convertir España en un almacén de retales. (Aplausos).

Son tantas las patrañas y la mugre legislativa que modifica incluso normas de financiación de los partidos políticos o que, bajo el pretexto de una teórica respuesta a un procedimiento de infracción de trasposición, que tampoco viene a cuento, modifica la Ley 23/2014, de Reconocimiento Mutuo de Resoluciones Penales en la Unión Europea, un traje a medida hecho para los socios del PSOE, los separatistas y los herederos políticos de ETA, como hicieron recientemente con el cómputo de penas para etarras ―insisto en ello― abriendo la vía de ‘salvemos a Puigdemont’. (Aplausos).

Es una reforma de la justicia con un régimen transitorio i-na-su-mi-ble, y lo saben muy bien, manteniendo las diferencias en las competencias de justicia entre las comunidades autónomas, que por mor de unas y otras van a distintas velocidades; por ejemplo, aquellas donde todavía se deben presentar las copias en papel y aquellas que utilizan la dirección electrónica única. Es una justicia con falta de recursos y medios que señala juicios para el año 2029; un desastre y, tal como se plantea la reforma, no se mitigará.

Saben que es una mala reforma, pilotada por un Gobierno sin escrúpulos e incapaz y que, con estos mimbres, la justicia española no será ni ágil ni útil, pero sí desigual para los ciudadanos en función de cada comunidad autónoma.

Es una reforma incompleta, sesgada, sin razón, sin ciencia que, como decíamos al principio, apuntala el fallido Estado de las autonomías. Esta no es la reforma que necesita la justicia en España ni los españoles. Es una oportunidad perdida.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Buenos días, presidenta, señorías. Permítanme que empiece mi intervención trasladando desde esta tribuna mi más sentido pésame a las familias de las víctimas de la reciente DANA. Como murciano, sé bien los estragos que pueden causar las inundaciones, aunque se me hace imposible asimilar la tragedia humana sucedida. Y, cómo no, reconocer y agradecer a los cuerpos de seguridad, a los militares, a las entidades del tercer sector y, sobre todo, a los miles de voluntarios y voluntarias, muchas de ellas de mi tierra, su colaboración en las zonas afectadas. Hoy defiendo con convicción este proyecto de ley, que apuesta por un modelo de justicia del siglo XXI; una justicia ágil, accesible y verdaderamente al servicio de las personas. Por eso, señorías, les pido que lo aprueben, como hará el Grupo Parlamentario Socialista, porque estamos haciendo historia; historia para conseguir una justicia que deje atrás las viejas estructuras y métodos que ya no responden a una sociedad moderna y dinámica. Señorías, una justicia eficaz y moderna no es un lujo ni una aspiración ambiciosa, es un deber y una obligación que tenemos con los ciudadanos que nos eligen (aplausos), quienes esperan que sus derechos se protejan con rapidez, claridad y equidad. Nuestro sistema judicial necesita avanzar al ritmo de la sociedad, no puede quedarse rezagado mientras los problemas de las personas avanzan sin solución. Esta reforma consiste, como dije antes, en adaptar la justicia al siglo XXI, mejorar su organización, pero también sus procedimientos; una organización mediante la creación de tribunales de Instancia en cada partido judicial, sustituyendo el viejo esquema de juzgados unipersonales creado en el siglo XIX. Estos tribunales reducirán la sobrecarga de los juzgados y agilizarán los procesos. Paralelamente, se crean las oficinas de justicia en los municipios y se establece un nuevo modelo de oficina judicial vinculando a cada uno de estos tribunales. Y sus procedimientos, modificando las leyes procesales más importantes de este país ―Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley reguladora de la Jurisdicción Social, Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y Ley de Enjuiciamiento Criminal― con un objetivo claro: garantizar una mayor agilidad y accesibilidad al proceso judicial. Apuesta de forma decidida por los medios alternativos de solución de controversias, que aliviará la carga de los tribunales y fortalecerá la cultura del diálogo, ofreciendo a la ciudadanía respuestas más rápidas y satisfactorias. Este proyecto de ley es el esfuerzo de un proceso de colaboración y esfuerzo continuado. Hace ya seis años, desde el Plan Justicia 2030, se está trabajando en esta reforma, que tuvo como primer paso la convalidación del Real Decreto 6/2023, que aborda cuestiones procesales, así como de digitalización e innovación tecnológica. Quiero reconocer desde aquí el trabajo incansable del actual Ministerio de Justicia y de los que le han precedido que, junto con el ministro, hoy nos acompañan; así como de los servicios de la Cámara, los letrados y las letradas de la Comisión de Justicia; de mis compañeros Mercè y Paco, que han dado el máximo compromiso para mejorar cada línea de este texto, sin olvidar a la infatigable asesora del ministerio, Nuria, y a los asesores del grupo, Vicente y Sandra. Agradezco también a los grupos parlamentarios que hayan aportado su apoyo y disposición. Se han presentado casi 1100 enmiendas, de las cuales se han aprobado 106 transaccionales, una gran mayoría de las enmiendas presentadas por los grupos, y las casi 200 presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, que se corresponden, señorías, con los acuerdos de la pasada legislatura con la mayoría de los grupos parlamentarios. (Aplausos). Sinceramente, creo que aún quedan cuestiones por conseguir, pero se han logrado grandes transformaciones. Hemos adaptado la organización judicial a la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia y a la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Hemos mantenido a los jueces y juezas de Paz, que vertebran la Administración de Justicia, sobre todo en aquellas zonas de nuestro país menos pobladas. Hemos abierto el camino para solucionar cuestiones crónicas como la relativa a los derechos laborales de los jueces y juezas sustitutos. Hemos efectuado un reconocimiento expreso al derecho colaborativo. Hemos atendido una reivindicación histórica como la creación del partido judicial de Sant Cugat. Hemos eliminado las golden visa. Hemos reforzado la figura de la procura y se ha eliminado el bloque referido a las acciones colectivas, que se tramitará en un momento posterior. (Aplausos).

Señorías, hoy damos un paso importante, un cambio histórico, y lo damos juntos. Desde mi grupo esperamos contar con sus señorías para dar los siguientes pasos, para seguir aprobando las leyes que permitan transformar el Servicio Público de Justicia que merecen nuestros ciudadanos.

Sin embargo, señorías, no puedo ignorar la decisión de bloqueo sistemático de algunos grupos parlamentarios. Me estoy refiriendo a VOX y al Partido Popular, que han preferido la cómoda trinchera de la inacción a la responsabilidad de colaborar en este proyecto de ley. Llama poderosamente la atención que el parlamentario de VOX suba a esta tribuna como si hubiesen trabajado en esta ley sin descanso: 11 enmiendas presentadas de 1100 y la mitad para cambiar el idioma de género. (Aplausos). Esa es la aportación de VOX a la justicia de este país.

Quiero hacer una pregunta, como ya hizo mi compañero Víctor en el debate a la totalidad de la enmienda que ustedes presentaron a esta ley. Señorías del Partido Popular, ¿consideran necesaria una nueva organización de la Administración de Justicia, sí o no? Señorías del Partido Popular, ¿consideran que el modelo tradicional del juzgado unipersonal se ha quedado obsoleto, sí o no? Señorías del Partido Popular, ¿consideran que se debe seguir avanzando en la especialización de los órganos judiciales, sí o no? Pues, señorías, de esto va este proyecto de ley y de esto van las mejoras introducidas sobre la tramitación de esta ley (aplausos), algunas de ellas recogidas en sus propias enmiendas.

El Partido Popular, como nos tiene acostumbrados cuando se trata de los avances sociales que se han producido en este país, ha optado por un no sistemático, eludiendo el compromiso que merecen sus propios votantes, que, como el resto de los ciudadanos, esperan una justicia cercana y eficiente. Creo, señorías del Partido Popular, que hubiese merecido la pena que sus jefes o su jefa les hubieran dejado que se implicaran en este trabajo. Ustedes han pensado que no, que era mejor quedarse al margen. Señorías, nosotros seguiremos tendiéndoles la mano para encarar el resto de reformas de la justicia que estamos llamados a enfrentar en esta legislatura. Pero les digo una cosa: quedarse al margen en la mejora de la justicia de este país no es neutralidad, es abandono y, sobre todo, señorías, es una irresponsabilidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

Presidenta, señorías, buenos días. Antes de comenzar, quiero dejar constancia de mi pesar por tantas víctimas y de mi afecto y apoyo a todos los afectados por la DANA, la consideración y el respeto por el inmenso trabajo de los servidores públicos y de los voluntarios y la preocupación por el temporal, que vuelve a golpear en las últimas horas. (Aplausos). Señorías, vamos a hablar de verdad de la ley. Les informo: estamos ante la ley del sí o sí, ante una nueva modalidad de un real decreto ley ómnibus para leyes orgánicas. Vean: se registra un proyecto fake, se redacta otro mediante enmiendas en el ministerio, que luego presentan los grupos de Gobierno y se impone. Eso es lo que entienden por negociar. Es la prueba inequívoca de que entró en esta Cámara el proyecto fake del que yo hablaba el 11 de julio, una nueva falta de respeto a las Cortes Generales. Y se lo voy a explicar, porque no son frases para impactar. ¿Que no es posible la implantación de la ley en julio de 2025 ―lo dice todo el mundo― sin riesgo de colapsar la justicia? No importa, sí o sí. ¿Que se carga a ayuntamientos y comunidades con el coste de la ley? No importa, sí o sí. ¿Que la ley es más difícil de leer e interpretar que un jeroglífico? Sí o sí. ¿Que de las observaciones técnicas de los letrados, cincuenta y cuatro apretados folios, se aceptan cuatro comas y se desoye todo lo demás? No importa, sí o sí. Se aprueba como sea, por encima de todo, sea cual sea el pago; la justicia es la que paga el precio. Esta ley del sí o sí es el late motiv real de un proyecto que debería haber sido lo que el portavoz socialista ha relatado, pero que no lo es. Hoy la tenemos que aprobar sea como sea y está manchada de indignidad, porque, junto con el debate de Radiotelevisión Española, el día 30 de octubre se convocó una ponencia para incorporar todo lo que pasaba por allí, todo lo que querían, haciéndolo rápidamente y con una comisión el día 4 para que no se notara mucho.

Este debería ser un texto para modernizar, agilizar y mejorar la justicia y hacerlo con acuerdo, claro que sí. Esto no es un hito, claro que no, señores del Partido Socialista, señor ministro, esto no es un hito, porque, si lo fuera, no habrían contaminado esta ley con tantas cosas que nada tienen que ver con la justicia ni con la eficiencia. (Aplausos).

Trescientos cuarenta folios de dictamen dan para mucho, treinta y seis leyes modificadas dan para mucho, diecinueve modificadas en la última semana. No tengo tiempo, pero les voy a poner algunos ejemplos para que vean a qué nos enfrentamos. Hasta el 30 de octubre se habían aprobado 53 enmiendas y 13 transacciones; en la ponencia del 30 de octubre se aprueban 67 transacciones y 121 enmiendas, prácticamente todas del PSOE; el lunes 4 de noviembre, 25 nuevas transacciones a punto de votar en la comisión. Algunas de estas modificaban a su vez las del día 30, entre otras, la disposición transitoria cuarta. ¿Quizá para atar a la Conferencia Sectorial de Justicia? No lo sé. Otras iban en contra de la reforma organizativa que ustedes proponen; otras modificaban una ley derogada hace doce años, reproducían términos antiguos, y en veinticuatro horas presentan un voto particular para modificar lo que habían modificado en la comisión y recuperar lo que habían hecho en la ponencia. ¿Ustedes lo entienden? Entiendo que no. (Aplausos). A nosotros nos ha costado, pero es así. Sin embargo, es muy simple: prisas, oscurantismo, cambio de cromos, sí pero no, para conseguir la ley sí o sí.

¿Por qué, señor Bolaños? ¿Por los millones famosos del componente 11? ¿Por impulsar el Estado de derecho? Pero vamos a ver, si esta ley se preocupa de flexibilizar requisitos para hacer la vista gorda en el traspaso de fondos de grupos municipales a partidos, cambia las normas sobre controles en la entrega de documentación el día electoral, vuelve a despreciar el principio de igualdad del Estado entregando los habilitados nacionales de las Corporaciones Locales a las comunidades… ¡Ah, no, no, perdón: al País Vasco! ¿Esto es el impulso del Estado de derecho? ¿Esto es modernización de la justicia? ¿Esto es respeto a todas las comunidades autónomas? (Aplausos). No, no, no se respeta a las comunidades autónomas, con las que no pactan, a las que no dan fondos. ¿Qué les va a decir la próxima semana en la conferencia sectorial? Que sí o sí, a tragar.

¿Y la justicia? Esta ley iba de justicia, ¿verdad? Regulan los medios adecuados de resolución de controversias, pero no hay prisas para que entren en vigor; reformas procesales parciales discutidas y discutibles ―la LECrim― y otras que modifican el Real Decreto Ley 6/2023, cuyo proyecto está congelado en esta Cámara. No es importante la justicia para el Gobierno, no se engañen. Esta ley, si no lo evitamos, tiene un efecto previsible, que es bloquear el funcionamiento de la justicia. Y, señorías, 200 enmiendas avalan lo que nosotros pensamos; 200 enmiendas sobre las que se ha ejercido ingeniería inversa para no aprobar las del Partido Popular, pero utilizan 25 ―que eso no lo dicen― para poner el mismo texto del Partido Popular. ¿Eso es colaboración? En fin, ¡para qué les voy a hablar! (Aplausos).

En cuanto a la buena regulación, deberían hacer caso a los letrados. Y agradezco en este momento su trabajo, por las condiciones en las que les han hecho trabajar. Ustedes hacen el ridículo. El número 8.º de la exposición de motivos habla de los principios de buena regulación del 129 de la ley de procedimiento administrativo. Con este ejemplo, que van a incorporar en su Oficina de Calidad Normativa, ministro, es imposible; es imposible que ninguno de ellos mantenga ni seguridad jurídica ni eficiencia; nada.

Necesidad. ¡Ah, es que no lo han entendido! La ley de procedimiento administrativo habla de la necesidad objetiva de los ciudadanos, del interés público; pero esta es una amalgama de intereses particulares, es un contenedor de intereses particulares. (Aplausos). Barullo, caos y mercadeo es lo que es esta ley. ¡Ah!, ministro, es Poder Judicial, son normas de organización y funcionamiento del Poder Judicial.

¿Qué nos ha hecho con los reales decretos leyes 6 y 7 de la DANA? ¡Por Dios! Entran en competencias de ley orgánica, en funciones del Poder Judicial ―ya no respetan nada― con el DAO y con el Poder Judicial, restándole las competencias que solo tiene el consejo. De esto hablaremos en los próximos días.

Menos mal que han desaparecido las acciones colectivas. No sé por qué le gustan tanto al señor Santiago. Ahora resulta que le gustan los fondos de litigación y los fondos de inversión. Usted sabrá por qué, usted sabrá. Yo no lo sé. (Aplausos).

Afortunadamente, hemos confluido en la razón con lo que alguno de sus socios de Gobierno hizo, señor ministro. Por tanto, esta ley podría tener 2000 enmiendas. Les da igual. Fíjense, el sectarismo llega a tal naturaleza, la imposición llega a tal naturaleza que han incorporado enmiendas de grupos y de partidos políticos que ya no existen, porque solo en la ponencia de la legislatura pasada era así.

Estoy de acuerdo ―y concluyo―. Es una oportunidad perdida, pero no ha habido nada de consenso.

Doy mi agradecimiento a mis compañeros, a la abogada del Estado y al magistrado Fernando Omar, a la asesoría y a todos mis compañeros de la Comisión de Justicia.

Abogados con toga bregados en los juzgados no ven el consenso. Comisiones Obreras no ve el consenso. Los profesionales no ven el consenso. (Aplausos).

Termino, presidenta. Va a salir algo tan mal que les anuncio que el Grupo Popular va a apelar al artículo 119 del Reglamento, porque este texto tiene tales erratas que han tratado de hacer con trampa, una vez más, en correcciones no técnicas…

… que creo que debe volver a la Comisión de Justicia. (Varias señoras y señores diputados: ¡Bravo!—Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).

Egun on. Buenos días. Muchas gracias, presidenta. Hoy llega un dictamen a este Pleno que, como bien han señalado varios compañeros y compañeras, es complejo, es amplio. Es más, este dictamen recoge lo que va a ser una ley que podríamos calificar de tres en uno, tres normas que se recogerán en una ley. Es cierto ―y se señalaba también― que es compleja. En el proceso de ponencia se han presentado más de 1100 enmiendas de ámbitos diversos, razón por la que yo veía a la señora Moro muy agorera, y creo que es un motivo de satisfacción que se haya podido consensuar un dictamen más allá de las diferencias y más allá de la aritmética que hay en esta Cámara. Es cierto que se ha producido una presión para acabar cuanto antes que venía motivada por un calendario europeo; eso es cierto. Es cierto que a nosotros nos hubiera gustado trabajar con más tiempo y que nos hemos dejado pelos en la gatera, es una obviedad; pero estamos satisfechos porque se han conseguido avances en eso que igual en un tono un poco grandilocuente se decía de que va a ser una ley para la justicia del siglo XXI; avances en materias que tienen que ver con la solución de contenciosos. Euskal Herria Bildu ha llegado también a transaccionales con otros grupos en relación con el derecho colaborativo. Es cierto también que se ahonda en la protección integral de la infancia y de la adolescencia, que creo que es algo positivo que será reconocido por todos. Se avanza también en la planta judicial y otros aspectos de la organización territorial. Es cierto que nosotros teníamos enmiendas en las que no hemos podido llegar a un acuerdo y que esperamos que en el futuro se aborden, porque creemos que se podrá reconocer la realidad territorial y la situación de la justicia en nuestros territorios de una manera más ágil. Pero, en un gesto de buena voluntad y conociendo la dificultad que entrañaba esta ley, hemos retirado esas enmiendas para poner en valor lo conseguido y poder avanzar. Quiero recordar una transaccional ―que ya se ha mencionado― que Euskal Herria Bildu ha alcanzado con nuestra enmienda 434, con otra enmienda del Grupo Nacionalista Vasco y otra del Partido Socialista para reducir la situación de temporalidad que se da en el empleo público del servicio de Justicia y para dar mayor estabilidad a los profesionales, esto es, a los trabajadores y las trabajadoras. Al mismo tiempo, solicitamos un requisito para esas plazas singularizadas como es el conocimiento del euskera, una lengua cooficial, y que con ello se reconozca el derecho de la ciudadanía a poder dirigirse, en este caso en la Administración de Justicia, en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma vasca. Decía el señor Aizcorbe «de las provincias vascongadas». Euskal Herria no existe, pero las provincias vascongadas, sí. Le ha quedado un poco flojo con ese tono del No-Do. Pero, más allá de esto ―que pienso que se avanza en un derecho de la ciudadanía―, creemos que el cómputo de medidas que se van a aprobar es positivo. Es cierto también que se acaba con las golden visa, y se ha señalado que era un sinsentido esa norma por la que se podía acceder vía exprés a la residencia para aquellos y aquellas que tienen mucho dinero, mientras se obstaculizaba el acceso a la residencia y a la ciudadanía de personas que han llegado a trabajar.

Creemos ―y también se ha comentado― que hay una oportunidad en este momento, porque ha habido discursos favorables a acabar con la situación que están viviendo los mutualistas de la abogacía y de la procura, que han estado durante años en esa estafa piramidal de la mutua que en Euskal Herria Bildu venimos señalando. Si hay voluntad política y teniendo en cuenta un principio de pensión mínima digna, hay que darle una solución a esta situación injusta cuanto antes, y no en un futuro o cuando se negocie. Ahora hay una oportunidad para votar una enmienda y dar una solución a esa situación injusta que viven estas personas.

Voy acabando. Ayer, el compañero de Esquerra Marc Álvaro escribió un mensaje que decía que la densidad de cinismo que había tenido el Grupo Parlamentario Popular en el debate sobre los efectos de la DANA había sido superior al fango acumulado en las calles de Valencia. Estoy completamente de acuerdo. Pero ¿saben qué ocurre? Que ese cinismo, esa mentira se ha venido a instalar en el día a día de la política.

La señora Moro defendía muy indignada que esto había sido un caos, que no se había querido negociar con el Grupo Parlamentario Popular. Señora Moro, dígame si esto es cierto: hace un mes, ustedes simularon ―simularon― después de dos meses manteniendo una posición a favor de la reforma de la Ley 7/2014, y cambiaron de posición en un momento dado por una noticia en prensa diciendo que el Grupo Parlamentario Socialista les había engañado. Ustedes, sobre una ley muy concreta, muy escueta, dijeron que les habían engañado. ¿No es cierto que ustedes hasta ese momento estaban participando en la ponencia activamente, trabajando a favor de sus enmiendas —c‌ omo habían hecho con la ley anterior, que habían votado favorablemente— y que ese día usted se puso en contacto con partidos del Gobierno para señalarles que la cosa había cambiado y que, a partir de ahora, en esta ley iban a estar en contra? ¿No es eso cierto? Porque así se nos transmitió al resto de portavoces de la ponencia. A partir de ese momento, ustedes transmitieron que las cosas habían cambiado y que ya no iban a participar en esta ley. Mire, me atrevo a más: si ustedes no llegan a simular ese cambio de posición en la norma anterior, que votaron favorablemente ―hay que recordarlo―, ustedes hoy no estarían tan enfadados, tan indignados, señalando que esto es el mal, que esto es el caos, porque tendrían otra disposición. ¿Esto es cierto sí o no, señora Moro? Usted sabe que sí lo es.

Dejen el cinismo y la mentira en casa, porque hace falta más transparencia y más seriedad a la hora de defender desde la legitimidad sus posiciones. Por favor, un poco de sinceridad.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, señora presidenta.

Tomo la palabra porque hoy, con la aprobación de esta ley ―que así espero que se haga por parte de esta Cámara― vamos a dar un paso decisivo en la transformación y en la reforma de la Administración de Justicia; un paso que nos va a llevar a poner una nueva construcción en esa gran transformación de la justicia, la mayor transformación de la justicia en décadas que estamos llevando a cabo en esta legislatura desde el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

No ha sido sencillo, y precisamente porque no ha sido sencillo quiero, sobre todo, mostrar mi agradecimiento. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los ministros de Justicia, al menos a los últimos siete, que han soñado con reformas de la justicia que la hicieran más flexible, que la hicieran más ágil, que la dotaran con mayor capacidad para adaptarse a las cargas de trabajo que facilitaban los medios alternativos de solución de conflictos. Por eso me quiero referir a esas reformas que el ministro Fran Caamaño, que el ministro Gallardón, que el ministro Rafael Catalá, que la ministra Lola Delgado, que el ministro Juan Carlos Campo y que la ministra Pilar Llop soñaron para hacer de nuestra justicia una justicia del siglo XXI.

Hoy va a ser una realidad. Hoy, aprobando esta ley con su voto van a dar ustedes un paso de gigante en la transformación de la justicia en nuestro país. Y por eso quiero dar las gracias a mis antecesores en el ministerio en primer lugar. También a los grupos parlamentarios. Ha sido un trabajo arduo. Ha habido más de mil enmiendas con las que trabajar en esta norma, una norma, una ley orgánica que tiene más de trescientos artículos. Y, por cierto, ha sido un trabajo realizado en un tiempo récord. Agradezco a los grupos parlamentarios su apoyo y agradezco a los diputados y a las diputadas de la Comisión de Justicia el esfuerzo que han hecho. No tener en vigor esta ley el 1 de enero de 2025 costaba a las arcas públicas 2400 millones de euros de fondos europeos; 2400 millones de euros. Lo digo porque se ha dicho en el atril que era cero. Bueno, pues 2400 millones de euros es una cifra algo diferente a cero.

También lamento ―y quiero decirlo expresamente― que no se haya incorporado el Grupo Parlamentario Popular a este gran consenso que hemos logrado con esta ley, aunque por razones absolutamente ajenas al contenido de la ley que se acaban de explicar en este atril.

La Comisión de Justicia tiene un trabajo complejo, difícil, y tanto letrados como asesores como diputados y diputadas son grandes profesionales que hacen un gran trabajo. Por eso yo quiero hoy felicitarles y quiero agradecerles el esfuerzo que han hecho para que en unos meses hayamos sido capaces de aprobar una ley orgánica tan importante para la justicia como es esta. Y quiero también agradecer a los trabajadores del Ministerio de Justicia, a los servidores públicos que han estado trabajando durante meses y años para que hoy la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia vea la luz. (Aplausos). Gracias a todos ellos y a todas ellas.

Con la aprobación de esta ley, señorías, damos un paso fundamental para la mayor transformación en décadas de la justicia. Vamos a conseguir una justicia del siglo XXI accesible, fácil, capaz de adaptarse a lo que nos pide la ciudadanía y a lo que nos piden los profesionales del derecho. Los tribunales de Instancia son necesarios en la organización de nuestra justicia, igual que lo son los medios alternativos de solución de conflictos para evitar el colapso en nuestros juzgados. Vamos a especializar a jueces, vamos a conseguir que las cargas de trabajo se repartan de manera más equitativa. En definitiva, vamos a conseguir que la justicia sea lo que siempre ha debido ser y que, sin embargo, estamos construyendo en esta legislatura: una justicia del siglo XXI.

Por tanto ―y termino ya, presidenta―, gracias a los grupos parlamentarios que lo van a hacer posible, gracias a los servidores públicos que lo han hecho posible, gracias a todos los profesionales de la justicia, que hoy están de enhorabuena. La justicia del siglo XXI nace hoy.

Gracias. (Aplausos).