Engracia Rivera Arias
Grupo SumarDiputada.Página 6Vídeo
Buenos días, señorías; buenos días, presidenta. Según señala el propio Tribunal de Cuentas, la cuenta general del Estado del ejercicio 2022 refleja de manera fiel, con ciertas salvedades, la situación económica, financiera y patrimonial. Este, por supuesto, es un logro importante que demuestra la transparencia y el compromiso político con la buena gestión de los fondos públicos; sin embargo, esto no es suficiente. La transparencia y el compromiso con la buena gestión de fondos no es suficiente si muchos de esos fondos no van al lugar adecuado. En el año 2022, la potenciación del escudo social y la puesta en marcha de tantísimas otras medidas fueron imprescindibles para dar un respiro a las familias y a la clase trabajadora de este país, que pudieron sentir al menos algo de apoyo y alivio tras los efectos de la pandemia, que ―recordemos― fue devastadora. En este periodo, una de las medidas más importantes fueron las ayudas al transporte. Un reciente estudio de Greenpeace y el Instituto de Movilidad observó incrementos en el número de viajeros con respecto a 2021 en un 67,47 % en el ferrocarril de media distancia, en un 63,89 % en Avant y AVE, y en un 26,74 % en cercanías, así como incrementos en el autobús urbano y el metro. Estos incrementos significan un impulso a las reducciones de emisiones de CO2 de vehículos privados y una apuesta por el fomento del transporte público. A pesar de todo ello y de nuestra valoración positiva al respecto, hemos de mencionar que una buena parte de los fondos para estas y otras medidas, como el ingreso mínimo vital, el bono social, el bono cultural, las ayudas para la dependencia o el cheque de 200 euros para personas con bajos ingresos, se quedaron sin gastar en su totalidad. Para saber qué pasa en cada una de ellas no vale con quedarnos con la cifra asignada en los presupuestos, es necesario trabajar en su ejecución y observar lo que de verdad se está gastando y por qué; al fin y al cabo, los presupuestos son la expresión cifrada de un proyecto político, un proyecto que para nosotras tiene que estar al servicio de las clases populares de nuestro país. (Aplausos). Por ejemplo, podemos ver que el bono cultural no ha cumplido sus fines del todo. De los 210 millones de euros presupuestados en 2022 solo se gastaron 114,2. Otro ejemplo lo vemos en ciencia, donde de los cerca de 13 000 millones de euros presupuestados se quedaron sin ejecutar casi un 33 %. Al mismo tiempo, desde 2016 hasta 2022 los presupuestos generales del Estado destinados a defensa han aumentado de 5730 millones a 9780 millones de euros. En 2022, España dedicó el 3,14 % de su gasto público total a defensa, mientras que el año anterior había dedicado el 2,74 y cinco años antes, el 2,2. Aun así, al final de cada año lo que realmente se gasta en defensa supera en varios cientos de millones el presupuesto inicial. Este es un tema que no debe escaparse de nuestra vista. Es una tarea pendiente que repensemos el valor que le damos a esa industria armamentística, los recursos que invertimos y la escasa transparencia en la asignación de contratos y adjudicaciones militares. Los aprendizajes de los anteriores presupuestos, sus errores y aciertos, nos marcan el camino que debemos tomar al legislar para nuestra gente. Medidas como la universalización de la educación de 0 a 3 años, la extensión de los permisos de nacimiento, la retribución del permiso parental, el aumento de la inversión en dependencia y las prestaciones universales por crianza son políticas verdaderamente útiles para las familias y debemos hacer de ellas nuestra prioridad. (Aplausos).
Las cuentas generales son el campo de batalla en el que debe quedar reflejado el proyecto de país por el que trabajamos: la lucha contra los fondos buitre, los intereses empresariales y el pulso de clase que sostiene nuestra clase ―la trabajadora― cada día y en cada momento. Esa lucha se manifiesta desde que suena el despertador demasiado temprano y cogemos ese transporte público abarrotado para llegar a un trabajo con jornadas excesivamente largas y paga insuficiente hasta la vuelta a casa; jornadas en las que, encima, las mujeres aún nos enfrentamos a una división sexual del trabajo invisibilizada en el interior de cada hogar. (Aplausos). La justicia social y la redistribución de la riqueza con el objetivo de que genere cambios y mejore la vida de las personas debe pasar por unos presupuestos ambiciosos, valientes y que confronten con los poderes económicos del país. No hemos de olvidar de qué lado estamos. Por todo ello, es imprescindible evaluar las políticas públicas poniendo en el centro las necesidades de la clase trabajadora más allá de una simple evaluación economicista y potenciando la coherencia de las políticas públicas en todos los niveles de gobierno para ir alcanzando los hitos marcados en nuestra Estrategia Española para la Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Tenemos un horizonte de objetivos que garantizar y blindar frente a la voracidad de los que no quieren un Estado fuerte que garantice esos derechos fundamentales para la mayoría social de nuestro país. Por ello, tenemos que trabajar para que las constantes e importantes medidas que se anuncian en esta Cámara, que se negocian en estas salas y que con muchas resistencias políticas se incluyen en los presupuestos sean verdaderamente útiles para la clase trabajadora. Una medida solo es útil si demostramos que llega y ayuda a las personas. Este tema creemos que merece una reflexión mucho más pausada, pero vemos fundamental resaltar esos déficits del sistema.
A pesar de todo, los presupuestos de 2022 fueron los más expansivos hasta el momento; incluyeron una gran cantidad de inversiones y esfuerzos que van en la dirección correcta y demostraron que las fuerzas de izquierda, cuando gobernamos, no solo lo hacemos pensando en lo mejor para la ciudadanía, sino que lo hacemos con solvencia y mejor. (Aplausos). Esto no quita que no debamos escuchar al tribunal y que debería ser prioritario subsanar esas deficiencias crónicas que señala y que se vienen repitiendo en cada ejercicio en las cuentas generales. Un año más tenemos que insistir en que arrastramos las consecuencias de la fórmula de conceder préstamos del Estado a la Seguridad Social, que no deja de ser una especie de argucia contable que genera una deuda ficticia que podría comprometer la capacidad de maniobra financiera del sistema. La aportación de los recursos que haga el Estado a la Seguridad Social para asegurar la sostenibilidad del sistema debe realizarse como transferencia a través de los presupuestos generales del Estado, siendo fundamental que Estado asuma los gastos impropios que se cargan a la Seguridad Social y que las transferencias dejen de considerarse préstamos para no generar deuda. El Gobierno debe reordenar todos esos gastos. No podemos darles munición a esos que no quieren un sistema público de pensiones, que cuestionan continuamente nuestro sistema y que prefieren que los grandes capitales hagan negocio con los planes de pensiones. En las cuentas generales del
Estado de 2022 ―y termino, presidenta―, evidentemente, no se solucionan todos los problemas de la ciudadanía, pero se demuestra el enorme potencial y el recorrido que tiene hacer políticas de cara al pueblo con una intención transformadora.
Subsanemos los errores, reflexionemos sobre la ejecución y, sobre todo, acordemos las medidas y las partidas que son verdaderamente importantes y urgentes para la clase trabajadora.
Muchas gracias. (Aplausos).