Francisco Javier Ortega Smith-Molina
Muchas gracias. Buenas tardes, señora ministra. España está de luto. Esta interpelación urgente se la hacemos desde mi grupo parlamentario en nombre de las familias que han perdido a sus seres queridos, en nombre de aquellos españoles que han perdido todos sus bienes, en nombre de los hombres y mujeres de los servicios de emergencia que se han visto desbordados en esta tragedia, de los policías, de los guardias civiles que han pedido refuerzos, de aquellos miles de voluntarios desesperados e impotentes y, especialmente, señora ministra, en nombre de los hombres y mujeres que forman nuestras Fuerzas Armadas, a las que usted y su Gobierno no han dejado actuar. La interpelamos a usted, señora ministra, como miembro del Gobierno de Sánchez, el autócrata, el ausente, el amoral, aquel que se atrevió a decir «si necesitan ayuda, que la pidan». (Un señor diputado: ¡Que no!). Ustedes son responsables de un incumplimiento de sus obligaciones como Gobierno de España, de una gestión criminal en esta tragedia. Y ha cometido presuntos delitos de omisión del deber de socorro, delitos de denegación de auxilio, con resultado de homicidios imprudentes, con graves daños evitables, con deslealtad y traición a España. Usted dirá, seguro, que el Gobierno actuó. Pero su responsabilidad y la de su Gobierno es por omisión, porque actuaron tarde en el tiempo y de modo insuficiente en los medios, porque, señora ministra, cualquiera de los que forman parte de los servicios de emergencias le podrán decir que la clave está en las setenta y dos primeras horas, en los tres primeros días. Ahí es donde hay que poner toda la carne en el asador. (Aplausos). La magnitud de la tragedia no deja lugar a dudas: más de 200 fallecidos, más de 100 desaparecidos, 230 000 personas afectadas, 56 000 hectáreas inundadas, 79 municipios afectados, más de tres comunidades autónomas —V alencia, Castilla‑La Mancha y Andalucía—, incalculables daños materiales en infraestructuras, en vías de comunicación y en viviendas. Señora ministra, ustedes, usted y su Gobierno, tenían los instrumentos legales para poder haber actuado como correspondía. La Ley de la Defensa Nacional, la Ley Orgánica 5/2005, deja muy claro en su artículo 15.3, y usted lo conoce, que la misión de las Fuerzas Armadas es preservar la seguridad y el bienestar de los españoles en los supuestos de grave riesgo, catástrofe y calamidad. Realmente, más clara no puede ser la ley. En su artículo 16.c) dice que será misión de las Fuerzas Armadas el apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los servicios de rescate en las tareas de búsqueda y salvamento, y tampoco parece que haya ninguna duda. En el artículo 16.e) de la misma Ley de Defensa Nacional se dice: Tendrá como misión colaborar con todas las Administraciones públicas en los supuestos de grave riesgo, catástrofe y calamidad; y parece que es indubitado que nos encontrábamos ante esta situación. La propia Constitución española, como usted conoce, en el artículo 149.1.29.ª deja claro que son competencias exclusivas del Estado la materia de defensa y la materia de emergencias.
Y, por si fuera poco, hablemos de la Ley de Seguridad Nacional, la Ley 36/2015, que en su artículo 3 deja claro que se considerará dentro de la seguridad nacional la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y el bienestar de los ciudadanos. Y del artículo 4.1 se deriva que esta seguridad nacional es una política pública —atención—, bajo la dirección del presidente del Gobierno y de la responsabilidad de todo el Gobierno. Y seguimos con la Ley de Seguridad Nacional en su artículo 4.2: Se habrá de actuar bajo los principios básicos de unidad de acción, anticipación, prevención, eficiencia, recuperación y coordinación, justo lo que ha brillado por su ausencia en esta catástrofe. (Aplausos). Y el artículo 10 de esta misma ley nos deja claro cuál va a ser el ámbito de aplicación para considerarse de especial interés para la seguridad nacional: que afecte a la seguridad económica, que afecte a la seguridad energética y que afecte a la seguridad sanitaria.
Y ahora viene lo importante, señora ministra. La Ley de Seguridad Nacional en el artículo 23.2 dice claramente que habrá de dictarse un real decreto declarando situación de interés para la seguridad nacional ―repito, declarando situación de interés para la seguridad nacional, y me voy a permitir leérselo para que todos los españoles puedan escuchar cuándo debe dictar el Gobierno un real decreto declarando la situación de interés para la seguridad nacional― en aquella situación que, «por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución, requiere la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno, en el marco del Sistema de Seguridad Nacional, garantizando el funcionamiento óptimo, integrado y flexible de todos los recursos posibles». No cabía otra solución ni otra medida más urgente que haber declarado situación de interés para la seguridad nacional y haber tomado el mando único de la respuesta de emergencia. Además, este real decreto es mucho mejor que otros reales decretos de los que ustedes abusaron, como el de estado de alarma, porque nos deja bien claro que no restringe derechos fundamentales ni libertades públicas, y, por tanto, no corríamos el riesgo de que ustedes volvieran a incurrir en grave inconstitucionalidad, como así les dijo el Tribunal Constitucional en dos recursos sobre sus estados de alarma. (Aplausos). Esta Ley de Seguridad Nacional en el artículo 24.1 deja bien claro que, una vez que se ha dictado este decreto, asume las competencias exclusivas el Gobierno de la nación. Y en ese real decreto habrá de definirse la crisis, el ámbito geográfico, la duración y la prórroga, el nombramiento de la autoridad y sus competencias y dotar de los recursos humanos y materiales necesarios. Además, para aquellos que alardean siempre de encontrar problemas a la unidad de mando, diremos que precisamente evita un choque de competencias, porque es el artículo 24.2 de esa Ley de Seguridad Nacional el que obliga a las autoridades competentes, comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones, a aportar todos los medios humanos y materiales necesarios que estén bajo su dependencia.
Señora ministra, la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución les daban a ustedes los instrumentos legales necesarios para haber actuado de manera eficaz ante esta tragedia. Pero la señora ministra se atrevió a decir ―abro comillas―: «Los militares no están para todo». Para lo que no están los militares es para dar la cara por el Gobierno de España. (Aplausos). Para lo que no están los militares es para sacarles las castañas a ustedes respecto de su incompetencia. Y para lo que sí están los militares es para haber actuado desde el minuto uno en esta emergencia.
Dijo también la ministra ―abro comillas―: «Si es necesario, están disponibles hasta 120 000 militares». ¿Y por qué no activó a todos los necesarios desde el minuto uno? ¿Por qué los ha ido enviando con cuentagotas? ¿Por qué los ha enviado con insuficiencia de medios e insuficiencia de capacidades? Y añadió una cosa más la ministra: «No es un problema de números, sino de capacidades». Sí es un problema de números, señora ministra, porque han sido insuficientes, y, si son insuficientes en el número, son insuficientes en sus capacidades. Lo que aquí sobró fue la incapacidad de su Gobierno para haber actuado y haber ordenado la actuación de los militares. (Aplausos).
Señora ministra, los españoles nos preguntamos muchas cosas: una de ellas, por qué rechazaron la ayuda internacional desde el minuto uno, desde el 29 de octubre, y les recuerdo que llevamos quince días desde que se produjo esta terrible tragedia. El Salvador el 31 de octubre les ofreció 300 rescatistas y paramédicos y 20 toneladas de equipo: lo rechazaron. La República Argentina el 31 de octubre ofreció desplazar unidades de Cascos Blancos, cuerpo civil especializado en emergencias: lo rechazaron. Francia el 1 de noviembre ofreció 250 bomberos: hasta hace pocas horas no entraban los bomberos franceses. Estados Unidos desde el minuto uno ofreció toda la ayuda disponible que requiriese el Gobierno de
España: no la pidieron. Y así podríamos seguir. Y segunda pregunta, no menos importante: ¿Por qué no se actuó con la misma celeridad con que actuaron, por ejemplo, con el terremoto de Marruecos, el de Haití, el huracán Mitch o el tsunami de Indonesia? (Aplausos).
Señora ministra, voy terminando. Hay 8500 militares al día de hoy, cuando llevamos quince días de tragedia, y son manifiestamente insuficientes, y lo fueron en las primeras horas. Ustedes tenían que haber movilizado todas las capacidades de ingenieros, zapadores, buzos, helicópteros, transporte, sanidad, policía militar, vehículos anfibios, rescate, operaciones especiales, espeleología, infantería, transmisiones, todos los que fueran necesarios en capacidades y en número; a todos esos militares, siempre mal pagados, siempre abandonados por su Gobierno ―como abandonó a los que sufrieron graves accidentes en el ejercicio de sus funciones, y les recuerdo, por ejemplo, a los de Hoyo de Manzanares― y utilizados políticamente.
La conclusión, señora ministra, es que es una gran tragedia nacional con un Gobierno negligente, con unas Fuerzas Armadas y unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y servicios de emergencia profesionales, leales y siempre dispuestos; con un pueblo español y unos voluntarios generosos y solidarios, y con un jefe de Estado al mando de las Fuerzas Armadas…