Interpelación urgente en relación con la desclasificación de toda la documentación vinculada al intento de Golpe de Estado de 23 de febrero de 1981.

Gracias, presidente. Buenas tardes, señora ministra. Esta interpelación estaba prevista para hace tres semanas, pero distintos motivos no lo han hecho posible antes. En primer lugar, su ausencia la primera semana, aunque nosotros pensábamos que tenía que ser respondida por el ministro de Justicia y, después, los terribles acontecimientos de la DANA y su gestión. En cualquier caso, le agradezco que esté usted hoy aquí para atendernos y poder debatirlo. Señorías, el parlamentarismo moderno nació como un mecanismo institucional para controlar a los monarcas y denunciar sus excesos. Oliver Cromwell y quienes llevaron a cabo la primera revolución moderna, llamada la Gloriosa, consideraban que el rey Carlos I era un falso ídolo al que era necesario destronar mediante la verdad, pues pensaban que la mayoría de los monarcas, por más benévolos que parecieran, son tiranos en potencia. El resultado de aquella Revolución Gloriosa fue el predominio del Parlamento británico sobre la Corona, hasta tal punto que, como sabemos, los monarcas ingleses no pueden pisar siquiera la Cámara de los Comunes. En España, esto es diferente. Aquí también tenemos una monarquía formalmente parlamentaria, pero, a diferencia del Reino Unido y de otras monarquías parlamentarizadas de nuestro entorno, aquí el principio monárquico prevalece sobre el principio parlamentario democrático. Por eso, ustedes lo saben, se nos ha impedido la creación de comisiones de investigación sobre informaciones públicas que apuntaban a la corrupción de Juan Carlos I y, además, se nos ha retirado la palabra en esta tribuna democrática cuando hemos intentado pronunciarnos sobre informaciones acerca del rey emérito o de la Casa Real que, a nuestro juicio, son de interés público. Pues bien, nosotros solicitábamos esta interpelación a raíz de los últimos audios que hemos conocido sobre Juan Carlos I y su papel, ahora dudoso, en el golpe de Estado del 23 de febrero. Agradeceríamos, en virtud de los derechos fundamentales que me asisten como diputado de esta Cámara y del principio de autonomía parlamentaria, que esta vez la Presidencia del Congreso no interrumpa nuestra intervención solo por hacer mención, insisto, a informaciones públicas y publicadas y que son de interés general. (Aplausos). Por ello, me gustaría leer a continuación una breve transcripción de unos audios que se han conocido en los que el rey Juan Carlos I habla con una de sus amigas —‌así las define la prensa—, en este caso con la vedette Bárbara Rey. Juan Carlos I: Estoy ahora sufriendo, entre tú y yo. Bárbara Rey: Mucho, ¿no? Juan Carlos I: Estoy sufriendo las cosas de Sabino y la palabra de honor. Bárbara Rey: Me imagino, por lo que has dicho. Juan Carlos I: Yo me río, me río, cariño. Me río de Alfonso Armada. Bárbara Rey: Sí, ¿verdad? Rey Juan Carlos: El tío, siete años de cárcel, se ha ido a su pazo de Galicia y el tío jamás ha dicho una palabra y, en cambio, el tío este ―refiriéndose a Sabino― siempre está largando.

Bien, si leemos esta transcripción es porque juzgamos que estas conversaciones tienen relevancia política sobre uno de los hechos más importantes de nuestra historia reciente. Estamos hablando de una conversación en la que el anterior jefe del Estado, Juan Carlos I, se burla del silencio de uno de los generales golpistas, del señor Alfonso Armada. Y, claro, mucha gente nos podemos preguntar a qué se refiere Juan Carlos I cuando dijo lo que dijo. ¿Qué es aquello que el general Armada habría silenciado y que el rey emérito considera una información lo suficientemente comprometida como para agradecerle su silencio? ¿Por qué el rey emérito considera positivo el silencio de un golpista mientras reprende a su jefe de la Casa Real por hablar demasiado?

Creo que son preguntas legítimas que se pueden plantear desde una tribuna democrática, pero la cuestión de fondo es que, si hoy nos seguimos haciendo estas preguntas, es porque los documentos del 23-F nunca fueron desclasificados por ningún Gobierno y todavía nadie ha puesto una fecha para hacerlo. Y, en efecto, a la luz de estas informaciones, nos parece más urgente que nunca. Miren, creo que todos estaremos de acuerdo en que el 23— F se convirtió en el hecho constituyente de la legitimidad de una monarquía que, en principio, fue impuesta por el dictador. De hecho, como reconoció el mismo presidente Suárez en una entrevista en la que pensaba que no estaba siendo grabado, su Gobierno manejaba encuestas durante el periodo de 1976 a 1977 que apuntaban a que, si la cuestión de la forma de Estado se sometía a un referéndum democrático, ganaría la opción republicana y perdería la opción monárquica. Por eso, insisto, el 23 de febrero fue tan importante para apuntalar una monarquía con escasos apoyos y, desde luego, sin ninguna legitimidad democrática.

Según la versión oficial del 23 de febrero, la intervención del Rey frente al golpe impidió una dictadura militar a la chilena y, con ello, el rey Juan Carlos se habría ganado la legitimidad democrática, el corazón de todos los españoles y prometía la ruptura con su pasado franquista. El problema es que nunca estuvo claro cuál fue el objetivo de aquel golpe y que el objetivo de aquel golpe fuera establecer una dictadura militar. A lo mejor eso era lo que tenían algunos protagonistas en la cabeza, por ejemplo, Tejero; pero muchos historiadores serios de la Academia señalan hoy que la finalidad de aquella intentona golpista fue precisamente reforzar la legitimidad de la monarquía restaurada, como digo, por el dictador Francisco Franco. El diario Público, de hecho, publicó hace un par de semanas la confesión que el exjefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, confió a un pequeño círculo de amigos antes de morir sobre el papel de Juan Carlos I en el golpe de Estado del 23 de febrero. Según el exjefe de la Casa Real, cito, fue el propio rey quien promovió el golpe con el objetivo de acabar con la carrera política de Suárez y con la UCD.

Miren, no se trata de que especulemos aquí. Se trata de conocer la verdad a través de la desclasificación de la documentación del golpe del 23 de febrero. Lo cierto es que uno de los frutos de aquel golpe fue el nacimiento del juancarlismo, esto es la adhesión incuestionable ―a veces irreflexiva― a la figura del monarca, lo que vino acompañado de un freno en seco al proceso de transición democrática con la consiguiente contención de salarios y derechos laborales, limitación del proceso autonómico y la entrada de España en la OTAN, en la Alianza Atlántica. A partir de ahí, el juancarlismo se convirtió en una forma de proceder por fuera ―y, a menudo, contra― de los límites constitucionales y, por supuesto, con el silencio absoluto de los poderes mediáticos y con el apoyo cerrado de los centros de poder empresariales y políticos.

El resultado de todo aquello lo estamos conociendo, lo hemos conocido durante los últimos años. Insisto, son informaciones públicas y publicadas. Me refiero a las comisiones millonarias que recibía el rey emérito por el AVE a La Meca, las cuentas no declaradas en Suiza, las tarjetas bancarias opacas asociadas a empresarios amigos con las que operaban varios miembros de la familia real, las intermediaciones para la industria militar y las comisiones que recibía, los numerosos viajes y lujos de todo tipo pagados por las monarquías petroárabes y así podríamos seguir hasta mañana. Algún hipócrita puede que se lleve las manos a la cabeza y decir que esto es un escándalo, pero la realidad es que, por todo esto, el actual jefe del Estado, Felipe VI, se vio obligado a renunciar a la herencia de su padre en marzo de 2020. (Aplausos). Por cierto, cuando todos estábamos encerrados en casa y preocupados por la pandemia. Renunció a la herencia, entiéndanme, económica; a la Corona todavía no ha renunciado.

Señora Robles, estos nuevos audios, como digo, arrojan fuertes dudas sobre el papel de Juan Carlos I, no ya en los últimos años de su reinado, sino precisamente al principio y, en concreto, al periodo de 1977 a 1981. Como hemos dicho, resulta de una extraordinaria gravedad que Juan Carlos I reconozca que Armada, uno de los condenados por el 23-F, ha guardado información relevante sobre la trama golpista, información que el mismo Juan Carlos I conoce y que le beneficia que no salga a la luz. Pues bien, a la luz de estas revelaciones solicitamos al Gobierno, y a usted en su nombre, que desclasifique y haga pública toda la documentación obrante en su poder. Es una vergüenza democrática que después de cuarenta y tres años no sepamos todo lo que ocurrió en esa jornada del 23 de febrero de 1981 ni sepamos todas las personas que estuvieron implicadas ni los documentos que se ocultaron a la ciudadanía.

Es una decisión que está en manos del Gobierno, de un Gobierno que se dice progresista. Miren, la mayoría de los países de nuestro entorno tiene legislaciones que permiten publicar documentos secretos a los treinta años. Aquí todavía sigue vigente la Ley sobre Secretos Oficiales de la Dictadura, vigente desde el año 1968. La realidad, señora Robles, es que la Ley sobre Secretos Oficiales languidece cada vez que se plantea una reforma —‌y ya se han planteado muchas en estos cuarenta años— y nunca llega a término. Yo también le preguntaría a qué esperan ustedes. Ustedes tienen ahora mismo aquí una mayoría democrática para sacar adelante esa reforma de la Ley sobre Secretos Oficiales. ¿Por qué entonces piden prórrogas y retrasan semana tras semana la tramitación de esa ley? No hay justificación para que la documentación del 23 de febrero siga clasificada por más tiempo. Yo sé que ustedes son una fuerza monárquica y que siempre trabajan a favor de la jefatura hereditaria del Estado. Pero incluso creo que, para ustedes, para los monárquicos, sería positivo despejar estas dudas. Además, si Juan Carlos I fue ese héroe de la democracia que nos contó Victoria Prego y ahora Javier Cercas, no deberían temer nada con la desclasificación de estos documentos secretos.

Por otra parte, señora Robles, hay otros elementos que tienen que salir a la luz. Nos gustaría conocer cuánto dinero y cuántos recursos movilizó el Estado para ocultar la relación íntima entre Juan Carlos I y Bárbara Rey u otras amigas. Puede parecer una cuestión menor o un tema de prensa rosa, pero, a nuestro juicio, está relacionado con un diseño de monarquía que tenemos aquí, poco o escasamente parlamentarizada. Me refiero a la indistinción entre los actos públicos del rey y los actos privados del rey. En las monarquías parlamentarias se dice que el rey no actúa mal porque sus actos públicos como rey estarían refrendados por el Ejecutivo, pero, a su vez, resulta excesivo que le demos ese mismo tratamiento a los actos privados, sobre todo si son de naturaleza ilícita, por ejemplo, amenazando, sobornando o comprando el silencio de determinadas personas. El problema es que la interpretación desmesurada que ustedes han dado al principio de inviolabilidad del monarca ―el artículo 56.3 de la Constitución― ha extendido un manto de opacidad, de impunidad y de corrupción que, a todas luces, señora ministra, resulta incompatible con una democracia plena.

Termino, presidente. El filósofo Immanuel Kant escribió en una ocasión que la razón solo guarda respeto por aquello que soporta un examen público y libre. La ciudadanía española no puede seguir tratada como menores de edad y tiene todo el derecho, cuarenta y tres años después ―que se dice pronto―, de conocer toda la información disponible sobre el 23-F y sobre quién está detrás. Yo les pediría que sean ustedes valientes por una vez ―han pasado ya muchos años― y que esta vez pongan a la democracia, y sobre todo al Parlamento, por delante de los secretos del rey emérito.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidente. Señorías, no cabe duda de que el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 ha sido uno de los episodios más críticos y vergonzosos de nuestra vida democrática y uno de los desafíos más importantes a los que ha tenido que hacer frente nuestra democracia y nuestro sistema constitucional. Todos los que tenemos edad para ello guardamos abochornados en nuestra retina las imágenes de la entrada en el Congreso de Antonio Tejero o de los carros de combate en las calles de Valencia. Todos tenemos en la memoria la interrupción de la programación de Radiotelevisión Española o el relato de la toma de sus instalaciones por algunas unidades golpistas. Imágenes y hechos que nos alarmaron a todos los demócratas y que parecían sacadas más de una sonada militar del siglo XIX que de un país de Europa occidental de la segunda mitad del siglo XX. Y junto a esos hechos e imágenes también hubo otras que nos llenaron de orgullo, tranquilidad y esperanza, como fue la actitud del entonces presidente del Gobierno y la del capitán general Manuel Gutiérrez Mellado, instando a los golpistas a deponer la actitud, y la de Santiago Carrillo, que junto a ellos se mantuvo sentado incluso cuando los golpistas dispararon contra el techo de este hemiciclo. Los tres se constituyeron en un ejemplo de dignidad institucional en su ejercicio de la representación de los españoles y españolas, y yo tengo que decir que cada año el 23 de febrero hacemos un homenaje a los tres.

Igualmente, me gustaría poner en valor la reacción de las principales cabeceras de medios del país posicionándose de manera inequívoca con el orden constitucional y la democracia. También, la tranquila pero firme reacción de los ciudadanos en defensa de sus derechos y libertades recientemente adquiridos, que tuvo su máxima expresión en la multitudinaria y masiva manifestación en favor de la democracia y la Constitución que tuvo lugar en Madrid días después. Igualmente, hay que remarcar la respuesta institucional de nuestro sistema ante el pretendido vacío de poder generado por el secuestro del Gobierno y el Congreso de los Diputados. Las instituciones contaron con los instrumentos necesarios para afrontar con eficacia el desafío y garantizar la continuidad del orden constitucional, incluso en los peores momentos del golpe. Señorías, en aquellas horas, frente a los nostálgicos de la dictadura que querían devolvernos a la España en blanco y negro, la sociedad y las instituciones españolas mostraron su compromiso y apuesta por la democracia, la Constitución y avanzar por el camino emprendido para construir una España moderna, plural, socialmente justa y en libertad y que se integrara en el espacio internacional que le correspondía, la España que hoy conocemos.

Señorías, los sucesos acaecidos el 23 de febrero, así como los hechos que formaron parte de la Constitución tuvieron una respuesta social y política, pero también, como no puede ser de otra manera en un Estado de derecho, la consiguiente respuesta judicial. Así se instruyó la Causa 2/81, que dio lugar a un sumario que en la fecha de su finalización, el 9 de julio de 1981, ocupaba más de seis mil folios mecanografiados por ambas caras en los que se proponía el procesamiento de catorce miembros de las Fuerzas Armadas, dieciocho miembros de la Guardia Civil y un civil. El Consejo Supremo de Justicia Militar, constituido en tribunal de justicia, fue el órgano encargado de conocer los hechos en una vista oral celebrada en el Centro Geográfico del Ejército, y en todo este proceso se puso a disposición tanto del instructor como del tribunal la documentación y material probatorio del que se disponía. Con fecha 3 de junio de 1982, el Consejo Supremo de Justicia Militar dictó sentencia, declarando los hechos probados constitutivos de un delito de rebelión militar y condenando a veintidós de los procesados a diferentes penas, atendiendo al grado de participación en los hechos y a las circunstancias concurrentes. Las condenas más altas, de treinta años, fueron para Jaime Milans del Bosch y Antonio Tejero. Pero este fallo fue recurrido en casación ante el Tribunal Supremo por el Ministerio Fiscal al entender que las penas eran excesivamente leves, así como por parte de los condenados. En su Sentencia 791, de 22 de abril de 1983, el Tribunal Supremo casó la sentencia recurrida, elevando la pena a seis de los condenados, siendo los casos más destacados los de Alfonso Armada, que pasó de seis a treinta años de prisión; Luis Torres Rojas y Ricardo Pardo Zancada, qué pasaron de seis a doce años de prisión; igualmente, se condenó a ocho de los once procesados absueltos, todos ellos tenientes en la Guardia Civil en el momento de los hechos, y así finalmente fueron treinta los procesados condenados. En resumen, señorías, el golpe de Estado del 23 de febrero y la conspiración para prepararlo fueron investigados y juzgados, poniéndose a disposición del instructor y del tribunal la documentación y el material probatorio existentes.

Señorías, no voy a entrar en los motivos por los que ustedes consideran urgente ahora interpelar al Gobierno sobre esta cuestión. Lo que sí haré es reiterar lo que en distintas ocasiones ya se ha contestado a diversas iniciativas parlamentarias, y es que, como se les ha dicho, los hechos fueron investigados, juzgados y condenados, poniéndose la documentación y el material probatorio a disposición del tribunal. Pero dicho esto, señorías, como ustedes saben, el pasado 17 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Acción por la Democracia, que constituye una hoja de ruta para fortalecer los principales elementos de nuestro Estado de derecho. Dentro de este plan, el Gobierno contempla la reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, en el sentido de dotarnos de un marco avanzado y garantista que sustituya una ley preconstitucional, vigente desde 1968, para actualizar y adaptar nuestra normativa sobre protección y seguridad de la información a los mejores estándares de las legislaciones de los países democráticos de nuestro entorno, lográndose de esta manera una mayor homologación de nuestra legislación, combinando la seguridad nacional con el derecho a la información y la transparencia. Como digo, el Gobierno ha recogido está modificación o derogación de la Ley 9/1968, sobre secretos oficiales, y el Ministerio de Defensa desde hace mucho tiempo es firme partidario de que se produzca esa derogación. Estoy segura de que en ese proceso de reforma todos encontraremos lugar para encontrarnos cómodos y, en su caso, aclarar puntos de nuestra historia que pudieran no haber sido claramente resueltos por los tribunales de justicia.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidente. Casi que pediría a la Presidencia que llamara a la ministra a la cuestión. (Aplausos). He hecho referencia a unos nuevos audios que revelan información sobre el 23 de febrero, y, con esta monarquía tan ‘parlamentarizada’, parece que en el Parlamento la ministra no puede hacer mención de lo que se le pregunta, no puede hacer mención de estos audios del rey emérito, que, insisto, dan una nueva luz a los hechos del 23 de febrero. Usted me ha dado el relato oficial, que ya conocía, y me ha leído los resultados de una sentencia que se pueden encontrar en Wikipedia. Ya me sabía la versión del 23 de febrero. No ha pasado nada en estas semanas, en estos años; no hemos conocido nada nuevo para justificar que cincuenta y cuatro años después sigan siendo secretos estos documentos. (Aplausos). En fin, me ha descolocado un poco la intervención, porque yo comenzaba la anterior diciendo que la monarquía que tenemos en este país está escasamente ‘parlamentarizada’, pero deduzco que ustedes no quieren que se conozca la verdad sobre el 23 de febrero, quieren que estos documentos sigan escondidos. Usted no se ha comprometido hoy con su desclasificación. Hablan de reformar o de hacer una nueva ley de secretos oficiales, pero de los documentos del 23F no tienen nada que decir cincuenta y cuatro años después. Pasó por un tribunal militar y ya la ciudadanía y los historiadores de este país no tienen derecho de acceso a ello. Como digo, solamente hay leyes tan opacas en Estados Unidos; en la mayoría de los países de nuestro entorno los documentos secretos se desclasifican a las tres décadas. Y, al final, lo que me demuestra un poco su actitud es que el Partido Popular y el Partido Socialista han sido artífices de esta omertà que ha tenido la monarquía, de esta opacidad que ha justificado en muchos casos la corrupción del monarca. Usted dice que se investigó ya todo. ¿Se ha investigado la corrupción del rey Juan Carlos I? ¿Se han investigado las cuentas en Suiza? ¿Se ha investigado al rey como comisionista de la industria militar? No se ha investigado nada de eso. Ustedes saben que justamente ustedes le dan un tratamiento de omertà e impunidad. Ustedes piensan que de esta manera protegen a Felipe VI, pero lo cierto es que el descrédito y la decadencia de la institución solo va en aumento. Hoy creo que cada vez son más los españoles que se preguntan para qué sirve un rey. Quizá por eso el CIS lleva años sin preguntar acerca de la opinión de los españoles sobre la monarquía. Si tuviéramos una monarquía digna de tal nombre, hace mucho tiempo que a este Parlamento se le hubiera permitido hacer comisiones de investigación sobre todos los escándalos que hemos conocido con el rey emérito y sobre los delitos fiscales del rey emérito, que nunca han sido juzgados en este país. El catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo escribía un artículo en el que se preguntaba qué ocurre cuando en un país europeo definido constitucionalmente como monarquía parlamentaria el rey tiene una conducta que se aleja de la de sus homólogos europeos y se aproxima a la de los jefes de Estado de las monarquías árabes. «¿Se imagina alguien que el titular de la monarquía saudí ingrese sesenta y cinco millones de euros o de libras esterlinas en una cuenta de la reina de Inglaterra en Suiza como presunto pago de una comisión? ¿O que un empresario de algún país de la Commonwealth ponga a disposición de la reina de Inglaterra unas tarjetas black para que hagan uso de estas ella u otro miembro de su familia? ¿Puede imaginarse alguien que, si AENA consiguiera la gestión de los aeropuertos del Reino Unido de Gran Bretaña, el rey de España transfiriera a la reina de Inglaterra una comisión? (Un señor diputado: ¡A la cuestión!). ¿O a la Casa Real de Dinamarca o de Noruega por la compra a empresas españolas de plataformas para la extracción de petróleo?» Fin de la cita. En fin, sabemos que España es diferente, que la monarquía española también es diferente, y, así las cosas y tal como ustedes quieren seguir manteniéndola en el privilegio y la impunidad, la única alternativa que habrá será republicana. Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidente. Señoría, el objeto de la interpelación urgente no era la monarquía española, sino la desclasificación sobre el 23-F. Yo le he dicho que ha habido un procedimiento judicial y he hablado de la nueva ley de secretos oficiales, respecto de la que estoy totalmente de acuerdo con usted en que tiene que adaptarse a los parámetros de la Constitución. Ese era el objeto de la interpelación urgente; usted me habla de una persona que en este momento tiene procedimientos judiciales en otros lugares.

Déjeme que comparta una reflexión con usted. Cada año me gusta venir, en la víspera de la Constitución, a la jornada de puertas abiertas que se celebra en esta casa, y me gusta estar con la gente, con los ciudadanos. Y todos, cuando vienen aquí, lo primero que hacen es preguntar dónde están los disparos de Tejero. Quienes los acompañamos se los enseñamos y al mismo tiempo nos sentimos muy orgullosos de este país, porque este país ha superado esos disparos de Tejero, porque este país es una verdadera democracia. Y eso es España, una verdadera democracia, y eso es lo más importante, así que creo que le he contestado adecuadamente a la interpelación urgente. (Aplausos).