Sin adjetivosÁngel Víctor Torres Pérez
GobiernoMinistro de Política Territorial y Memoria Democrática.Página 7Vídeo
Muchas gracias, presidenta.
Buenos días a todas y a todos. Comparezco ante el Pleno al objeto de dar cuenta de la gestión del Gobierno de España en relación con la DANA que ha afectado a diferentes provincias, así como para informar de las ayudas que se van a poner en marcha para las personas damnificadas. Quiero hacer un llamamiento a la responsabilidad y a la prudencia en los distintos territorios de la geografía peninsular porque en estos momentos tenemos episodios sobre los que también hay que seguir las recomendaciones de las autoridades pertinentes. Así que máxima prudencia y precaución. Presidenta y señorías, quiero empezar mi intervención reiterando nuestro dolor por la tragedia que se ha cernido sobre nuestro país, especialmente en Castilla-La Mancha, Andalucía y, de modo superlativo, en la Comunidad Valenciana, comunidades estas tres en las que, lamentablemente, ha habido pérdidas de vidas humanas. No por reiterar el dolor este se hace más llevadero, pero toda la ciudadanía y, en especial, las personas afectadas deben saber que el Gobierno de España está a su lado, que siente su dolor, que siente las vidas segadas, los proyectos rotos, los hogares destrozados y sus incertidumbres sobre el futuro. Creo que este es un sentimiento que compartimos todos los diputados y las diputadas de esta Cámara, sin distinción de organización política o ideológica. En segundo lugar, quiero expresar en nombre del Gobierno de España el agradecimiento más amplio a todos los empleados públicos que sobre el terreno afectado o desde sus puestos en el resto del país han dado y están dando lo mejor de sí mismos. A quienes han llevado y están llevando a la máxima expresión su vocación de servicio para poder hacer frente a la tragedia que atravesamos, a ellos, les decimos que estamos orgullosos de los trabajadores y las trabajadoras públicos de nuestro país. (Aplausos). Quiero también expresar el agradecimiento del Gobierno de España a los miles y miles de ciudadanos anónimos que han aportado su solidaridad, su dedicación, su esfuerzo y su tiempo sobre el terreno y también en el resto del territorio para ayudar a paliar el daño producido por la DANA. Me refiero a quien llenó el maletero de su coche con agua o alimentos para enviar a las zonas afectadas, a quien colaboró con las instituciones públicas o con las ONG, a quien aportó lo que tenía ―latas de conserva, material de limpieza, pañales― o a quienes estaban y están presentes en medio del lodo barriendo, achicando o dando paladas. A todas ellas y a todos ellos tenemos que darles las gracias, porque eso es fraternidad, está en la base de la construcción de las sociedades avanzadas y demuestra que este país, España, tiene un solo corazón que late al unísono en cada una de sus diecisiete comunidades y sus dos ciudades autónomas. Señorías, el Gobierno de España tiene en su mano el mejor instrumento para salir adelante, que es la fuerza de las Administraciones públicas, es decir, el valor de lo público. Vamos a poner toda esa fuerza desde esta Administración que es el Gobierno de España al servicio de los vecinos y vecinas que lo están pasando mal, como se hizo durante la pandemia o a raíz de otros fenómenos y desgracias recientes, como, por ejemplo, la erupción volcánica en Canarias en la isla de La Palma. El objetivo del Gobierno de España, señorías, está en que caminemos cuanto antes hacia la recuperación de la vida normal de la gente y de las poblaciones afectadas. Somos conscientes de que será difícil, lo sabemos, pero entre todas y todos debemos hacer lo máximo para que esa alejada normalidad de hoy sea lo más próxima posible. Señorías, para que ustedes puedan hacer seguimiento de esta intervención y también para quienes la siguen a través de los medios de comunicación, quiero primero abordar lo que ha sucedido, es decir, hacer una exposición de los acontecimientos. Luego, en un segundo bloque, desgranaré los medios que se han desplegado y que se siguen desplegando sobre el terreno. Por último, haré un repaso de las medidas que el Gobierno de España ha adoptado y va a seguir adoptando para ayudar a la reconstrucción, al relanzamiento y, también, a la redefinición de las zonas afectadas. Comienzo con el relato de los hechos. Los acontecimientos se dieron en su mayor gravedad el martes 29 de octubre. Cinco días antes, desde el jueves 24, la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, trasladaba la previsión de un fenómeno coloquialmente conocido como gota fría, asociándolo a las zonas de Levante para el viernes 25 y el sábado 26. La AEMET emitió el domingo 27 un aviso especial de fenómenos adversos, que estuvo activo el lunes 28 y el martes 29, indicando, además, que la probabilidad de lluvias torrenciales era alta, por encima del 70 %. El día en el que sucedieron los peores acontecimientos, el martes 29 de octubre, al comienzo de la jornada, exactamente a las 7:31 de la mañana, la Agencia Estatal de Meteorología elevó el aviso de naranja a rojo. Para el litoral sur de Valencia, ese aviso se produjo a las 7:36 horas. Para el litoral norte, pasaría a rojo a las 7:52 horas. De este modo, toda la provincia se encontraba ya en aviso naranja o en aviso rojo. A las 9:41 de la mañana ese aviso pasa a rojo para la provincia de Valencia.
En este punto creo que es relevante que lea exactamente cuáles son las recomendaciones de un aviso de nivel rojo de la AEMET. La AEMET señala que un aviso rojo significa que el peligro es extraordinario y que los bienes y la población vulnerable o en zonas expuestas podrían sufrir impactos muy graves o catastróficos. Para ello, la AEMET hace las siguientes recomendaciones: uno, tome medidas preventivas y actúe según las recomendaciones de las autoridades; dos, manténgase informado de la previsión meteorológica más actualizada; tres, no viaje, salvo que sea estrictamente necesario; cuatro, se pueden producir daños muy graves o catastróficos a personas y bienes, especialmente a aquellos vulnerables o en zonas expuestas al fenómeno. Estas son las recomendaciones de la AEMET para el aviso rojo. Estos avisos de la AEMET van a la población, se hacen públicos en sus mecanismos oficiales, y se trasladan a los servicios de protección civil de las comunidades autónomas, que son las que decretan, de acuerdo con esos avisos, las alertas pertinentes, tal y como establecen, por ejemplo, los respectivos estatutos de autonomía.
Ese mismo martes 29 de octubre, la Confederación Hidrográfica del Júcar informó a las 12:07 del incremento de caudal en la rambla del Poyo, y siguió informando. En ningún caso la confederación hidrográfica activó o desactivó aviso o alerta alguna, porque no es competente ni en una cosa ni en la otra: los avisos los emite la AEMET y las alertas son competencia de protección civil de la comunidad autónoma. A las 15:00 horas de ese martes 29, la Generalitat de la Comunidad Valenciana solicita la intervención de la Unidad Militar de Emergencia y, consecuentemente, eleva la alerta a nivel 2 para la comarca de Utiel‑Requena. Eso le hace elevar la alerta a las 15:20 para esta zona. A las 15:30 horas es cuando la consellera de Justicia e Interior convoca para las 17:00 horas de ese martes la primera reunión del CECOPI, que es, como saben, el Centro de Coordinación Operativa Integrada y el órgano que dirige la emergencia. Es a las 19:17 de ese martes cuando se activa por parte de la Comunidad Valenciana el nivel 2 para toda la provincia de Valencia. Media hora más tarde, a las 20:00 horas, se envía un mensaje masivo de alerta a la población a través de un SMS y es a las 20:36 horas cuando se solicita la intervención de la UME para toda la provincia de Valencia. Estos son los datos cronológicos, constatados, que están en los expedientes.
Por tanto, las peticiones de intervención de la UME por parte del Gobierno de la Generalitat al Gobierno de España, tanto para la comarca de La Plana de Utiel‑Requena como para toda la provincia de Valencia, se hicieron siempre bajo el mando y la competencia de la comunidad autónoma, como, además, está reglado en el marco normativo y en el competencial. A las 20:36, cuando se recibe la petición de activación de la UME para toda la provincia, ya se habían producido importantes lluvias e inundaciones, y la situación era objetivamente dramática. Esa misma noche, a las 21:00 horas, se constituye por parte del Gobierno de España el comité de crisis de seguimiento de los efectos de la DANA, que desde entonces y hasta el día de hoy ha mantenido reuniones diarias.
Con la llegada de la luz el miércoles 30 de octubre, toda España pudo ver las imágenes desoladoras de la catástrofe. Fue cuando aquí, en este Pleno del Congreso, que comenzaba a las nueve de la mañana, y tras algunas preguntas formuladas, se solicitó un receso y quedó aplazada la sesión de control ordinaria. El miércoles 30, y ya con la UME sobre el terreno y bajo el mando de la comunidad autónoma en nivel 2, continuó la cooperación con la Comunidad Valenciana para activar, por parte del Gobierno de España, cuantos medios fueran necesarios. Ese mismo miércoles se convoca de nuevo una reunión del comité de crisis, que coordina las labores del Gobierno de España para dar respuesta a la situación de la Comunidad Valenciana, con presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recién aterrizado del viaje oficial a la India.
El presidente del Gobierno de España se mantiene en permanente contacto con el presidente de la Generalitat. De hecho, al día siguiente, jueves 31, el presidente del Gobierno de España se desplaza a Valencia y participa en la reunión del CECOPI junto a las autoridades autonómicas y sus técnicos. En ese momento, en el marco de la cooperación institucional, y como no puede ser de otra forma, el presidente del Gobierno traslada de nuevo la disposición absoluta de los medios necesarios. En la comparecencia de ese día, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, remarcó que esa colaboración y esa coordinación son ―lo digo textualmente― fundamentales y necesarias. Añadió el presidente de la Generalitat que iban a continuar en esa línea y, además, agradeció ―cito― la presencia y la cercanía del presidente Pedro Sánchez, que el presidente Mazón calificó como rápida y adecuada. Ese jueves 31, el presidente del Gobierno de España propone que dos ministros estén presentes en el CECOPI, alternándose, y eso lo acepta el presidente Mazón. Ese jueves 31 es el primero de los días de luto nacional decretados por el Gobierno de España para las comunidades donde ha habido fallecidos —Comunidad Valenciana, Castilla‑La Mancha y Andalucía— y el resto del territorio español. Hasta aquí son los hechos acontecidos en aquellos primeros días.
Paso ahora, señorías, al segundo bloque, con los dispositivos activados. El Gobierno de España, atendiendo a las solicitudes que realiza el Gobierno de la Generalitat con sus técnicos y a través del CECOPI, está llevando una considerable actuación y despliegue de medios para intentar recuperar cuanto antes la normalidad de la zona. Lo primero que tengo que decir, señorías, es que el operativo que voy a detallar a continuación, con datos actualizados a las doce del mediodía de ayer ―se actualizan cada día a las 12:00 horas―, ha podido rescatar, es decir, ha podido salvar las vidas de 36 907 personas.
En relación con el despliegue de las Fuerzas Armadas, de los tres Ejércitos, el personal desplazado a la zona alcanza ya los 8455 militares, a los que hay que sumar 700 efectivos más que dan apoyo en cuarteles, unidades logísticas o planas mayores. Estos profesionales cuentan con más de dos vehículos terrestres, aéreos y acuáticos, una docena de helicópteros, más de cien máquinas de ingenieros, casi dos vehículos de intervención, drones, ambulancias, cazaminas, cerca de veinte embarcaciones y diecinueve perros de búsqueda. Quiero destacar, en relación con las embarcaciones, que se ha desplazado a Valencia el buque anfibio de la Armada, Galicia, con capacidad de alojamiento, de apoyo logístico y sanitario, para helicópteros diversos, como digo, y para personal de infantería de Marina para desescombro y limpieza de viales.
Las Fuerzas Armadas han distribuido hasta el momento más de 200 000 litros de agua y más de 20 000 kilos de comida. Además, la Unidad Militar de Emergencias, que tiene en el terreno a 2103 efectivos, ha instalado en la Feria de Muestras de Valencia una morgue con capacidad para cuatrocientos fallecidos. A ello se suma el esfuerzo de veinticuatro oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad especialistas en psicología y psiquiatría. Desde la base de Torrejón de Ardoz se ha puesto a disposición el material de emergencia del equipo START, de la AECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con cinco plantas potabilizadoras, por ejemplo, y más de cuatro mil kits de herramientas de cocina e higiene.
Las Fuerzas Armadas están teniendo presencia en todos los municipios del área de emergencia de la zona cero de manera continua y, en el resto, mientras se requiere de trabajos especializados. Han inspeccionado más de seiscientos garajes y sótanos con más de doscientos equipos de extracción, a lo que se suman más de mil misiones quitando lodo del alcantarillado y la instalación de tres puentes, que se realizará y que ha sido requerida en Dos Aguas, Cheste y Ribarroja del Turia. Están en todas partes.
Señorías, de 761 vías que quedaron anegadas y saturadas de enseres inservibles quedan por restituir 46, es decir, se han podido limpiar 715 calles, con el esfuerzo de muchos. Se han llegado a retirar, señorías, 15 000 toneladas de enseres en veinticuatro horas. Para que nos podamos hacer una idea de lo que supone su esfuerzo, en la ciudad de Valencia se retiran al año 12 000 toneladas y, en esta zona, en veinticuatro horas, 15 000.
Prosigo. A las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se suman al operativo 5290 guardias civiles y 4438 policías nacionales, cerca de 10 000 agentes, entre ellos 11 psicólogos. No hay que olvidar, por supuesto, a los policías locales de los distintos ayuntamientos que están entregadas y entregados para ayudar a sus vecinos. Los vehículos de las fuerzas y cuerpos del Estado terrestres, aéreos y acuáticos movilizados suman 1900, como aviones, drones, helicópteros… La tarea del buque oceanográfico Ramón Margalef, exitosa en otros momentos también, es la de buscar posibles víctimas en las aguas, en este caso del Mediterráneo. La Policía Nacional cuenta además con doce unidades caninas especializadas en la búsqueda de personas. Y se ha incrementado la seguridad para combatir la delincuencia. Se han producido hasta el momento 399 detenciones, lo que ha sido fruto de ese esfuerzo contra el pillaje.
Destaca también el incremento de los puntos de atención a la ciudadanía. Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional han habilitado hasta quince oficinas móviles en los pueblos más castigados de la Comunidad Valenciana y de Castilla‑La Mancha para presentar denuncias de desapariciones o solicitar el DNI. Y permítanme destacar, señorías, en este punto que, además de las oficinas móviles de la Policía
Nacional y de la Guardia Civil, desde este lunes se han activado las primeras doce oficinas físicas de atención a las personas damnificadas. Se han formado, por parte del Gobierno de España, a setenta y cinco personas de las empresas TRAGSA y Correos para la atención personalizada en esas oficinas a las víctimas, formación específica para recoger datos, pero también para atender psicológicamente a los afectados y las afectadas. Disponemos de un refuerzo de 133 empleados y empleadas públicos, ya elegidos, que se dedicarán exclusivamente a agilizar la tramitación de esas ayudas, y lo harán en las oficinas de las delegaciones del Gobierno. Esas oficinas estarán operativas todos los días, los siete días de la semana. Mañana jueves entrarán en funcionamiento otras cinco oficinas más, entre ellas la de Paiporta. Y en los próximos días se irán extendiendo a la totalidad de los municipios afectados. A estos trabajadores que se han contratado de manera específica y que serán reforzados según las necesidades hay que añadir más de cien funcionarios y funcionarias del resto de las delegaciones de Gobierno que se han ofrecido ―por tanto, vamos a contar con ellos― para la colaboración reglada de los trámites de los distintos expedientes vinculados a los efectos de la DANA, lo que simboliza un ejemplo de solidaridad y compromiso para aliviar la situación de los damnificados.
Señorías, el Gobierno de España va a acompañar a las personas damnificadas en el proceso de ayuda y recuperación. Es esencial que trascienda esto al puro trámite administrativo, porque es una cuestión de humanidad y de sensibilidad. Lo vamos a hacer con la máxima cercanía y con la máxima dedicación. Enfrentarnos a una tragedia de esta magnitud exige profesionalidad y también sensibilidad.
En el lugar de los daños está trabajando un grupo de especialistas forenses y auxiliares que lleva a cabo una tarea compleja del levantamiento de cuerpos, de identificación y de realización de autopsias, y todo ello con un enorme rigor y en circunstancias muy complicadas. Por eso, cada equipo de forenses cuenta también con un psicólogo para afrontar esta tarea. Junto a ellos se están trasladando en helicópteros a los laboratorios centrales de Madrid restos biológicos para su identificación.
En lo concerniente a la Dirección General de Tráfico, se ha apoyado con información continua a los conductores sobre los cortes filtrados y los desvíos. Las labores se realizan por medio de 269 operaciones, en turnos de veinticuatro horas. Se han movilizado helicópteros adicionales de la UMA para monitorizar el estado de las carreteras afectadas. La Dirección General de Tráfico, junto a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, ha procedido a la retirada de vehículos siniestrados en vías interurbanas y ha coordinado la habilitación de diferentes espacios de depósito. Entre las vías urbanas e interurbanas se han retirado más de 2600 turismos y camiones, que se suman a las decenas y decenas de miles retirados de los cauces o de las calles de los municipios afectados. Se han aportado 287 brigadistas forestales y el Servicio de Vigilancia Aduanera también ha contribuido con medio centenar de efectivos y vehículos.
Si hablamos de infraestructuras, el trabajo ha sido descomunal: veinticuatro horas al día con luminarias durante la noche para no parar los trabajos; licitaciones de emergencia; mecanismos extraordinarios en los contratos de mantenimiento. Esto ha permitido que, por ejemplo, si hablamos de cercanías, tengamos ya 222 kilómetros de vía recuperados; que las líneas C‑5 y C‑6 de cercanías estén abiertas desde los primeros días; que a partir de hoy se cubran con tren y con autobuses, con guaguas, los servicios de cercanías C‑1, C‑2 y C‑3. Contamos con un plan alternativo de transporte con más de cien autobuses hoy día. Y podemos trasladar que este miércoles el 99 % de la red de cercanías estará activa.
El túnel de Torrent alcanza ya un nivel de limpieza de casi el 99 % y en el de Chiva se ha finalizado el acondicionamiento, y eso hará que mañana jueves, señorías, se reabra la línea de alta velocidad entre Madrid y Valencia, con una oferta de ochenta mil plazas a la semana. Junto a ello, y tras una obra tremendamente demandada por el CECOPI y la sociedad valenciana, será inminente la apertura del desvío de la A‑7 para restituir el tráfico en la circunvalación sur de Valencia: pasarán por ahí más de cien mil vehículos. Todo ello se une a la apertura, tras el balizamiento durante la noche, de la N‑330 el pasado lunes, con un baipás, mientras se trabaja en reconstruir las estructuras colapsadas también en la N‑322. Hace más de una semana se pudieron normalizar, con un trabajo extraordinario, los carriles de la autopista A‑3 y tenemos en servicio la V‑30 y la V‑31, que tuvieron daños considerables.
Señorías, estamos ante una reactivación de importantes puntos de conectividad que se han realizado en apenas catorce días. Hablamos de nada menos que 139 kilómetros de carreteras recuperados de los 160 inicialmente afectados y también de conectividades ferroviarias. Desde el punto de vista de la acción en el tiempo, de la urgencia, de la inversión y de los efectivos desplegados, ha sido una auténtica proeza en tan poco espacio de tiempo recuperar esta conectividad. Y el objetivo ―eso también lo hemos anunciado― es que para la Navidad estén restablecidos todos los servicios de cercanías. Y vamos a seguir. Vamos a ayudar a los ayuntamientos para que puedan también abrir cuanto antes sus vías municipales y provinciales. Anuncio, como ya he avanzado, que se van a colocar tres puentes, como ha pedido la Generalitat, en distintos puntos para conectar los municipios.
Con respecto a datos de servicios de electricidad, gas o telefonía, quiero remarcar el tremendo desafío que supone restablecer el servicio en un espacio tan corto de tiempo. El 29 de octubre, el día que la DANA asoló la Comunidad Valenciana, se quedaron sin suministro eléctrico 173 000 familias, lo que puede suponer una población por encima de 400 000 personas. En estos momentos quedan cincuenta y ocho contratos que están sin servicio permanente, sí parcial, y queremos inmediatamente tenerlos ya en funcionamiento todos.
Otro de los asuntos prioritarios para Gobierno de España ha sido la recuperación del suministro de agua para las viviendas. El 30 de octubre había 600 000 personas que no tenían agua en sus casas. Tras un trabajo constante y paulatino de veinticuatro horas al día, se ha logrado que todos los municipios afectados tengan acometida de agua. Hubo dificultades, porque podía haber acometida en el municipio, pero no llegar, por las roturas de las bombas de impulsión de los pisos bajos, agua a los pisos altos, aunque en estos momentos quedan 1263 personas de cuatro municipios a las que no le llega el agua, cuestión que también esta semana queremos resolver definitivamente.
En cuanto al suministro de gas, cuando comenzó la crisis un total de 23 493 hogares perdieron el servicio. Hoy quedan 2058 sin servicio, todos en Paiporta. Ante el frío que llega, estas viviendas están, menos unas sesenta, dotadas de calefacción eléctrica, pero también esperamos poder solventar esta situación en la semana en la que estamos. En cuanto a la telefonía, el 97 % de la telefonía móvil y fija se ha puesto de nuevo en funcionamiento.
Estos datos, señorías, obedecen a una realidad. Se ha logrado, como he dicho, gracias a que se trabaja sin descanso, con esa implicación absoluta de 25 000 servidoras y servidores públicos que trabajan todos a una en la zona y con el objetivo de salir adelante y recuperar la normalidad que merecen los valencianos y las valencianas.
Señorías, estamos hablando del mayor despliegue de medios en tiempos de paz para atender a una tragedia tremenda y hacerlo con todos los recursos de los que dispone el Gobierno de España. En eso es en lo que estamos. El esfuerzo de todos los efectivos de seguridad y emergencia ha sido y sigue siendo admirable, así como la vital aportación de los voluntarios, cuyo sacrificio ha sido también un aliento para las víctimas. Y tristemente, señorías, hay que decir que el golpe ha sido terrible. Con las personas aparecidas en el día de ayer, hasta el momento hay 223 víctimas mortales confirmadas a consecuencia de la DANA, 215 en la Comunidad Valenciana, 7 en Castilla‑La Mancha y 1 en Andalucía. Se han practicado las autopsias. A estas personas que han fallecido hay que añadir otras 8 que han fallecido por causas no relacionadas con la DANA. Se ha identificado 211 personas fallecidas, 11 quedan por identificar y quedan 23 denuncias activas de desaparecidos. Se han entregado a los familiares los cuerpos de 167 personas. Son los datos, con el añadido de la tarde de ayer, a las 12 del mediodía de ayer.
Señorías, estos datos tienen detrás un nombre, un apellido, una familia y un entorno que se ha roto. Como no podía ser de otra manera, esto se ha llevado a cabo con un trabajo muy dificultoso. Ha sido un trabajo ímprobo el de las fuerzas y cuerpos de seguridad y los equipos forenses y sus auxiliares para detectar los cuerpos y, luego, proceder a su identificación. Y en ese sentido, señorías, quiero decir que tenemos que ser absolutamente rigurosos. Ningún Gobierno puede ni debe ni cabe que pueda ocultar cifras, porque hay organismos establecidos para ello. Estamos hablando de personas que han perdido la vida y, con ellas, de familiares que tenían esperanzas de que su ser querido pudiera aparecer vivo, y todo ello se disipa cruelmente cuando aparece su nombre entre los fallecidos. Esto, señorías, exige a las administraciones y a los partidos políticos toda responsabilidad; por tanto, esta tragedia no se puede convertir en un instrumento partidario. Por ello, en el Gobierno de España hemos sido y seguiremos siendo escrupulosos ante una responsabilidad que tiene además el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que traslada todos los días las cifras de las denuncias de desaparecidos, de personas fallecidas, de personas identificadas y de los cuerpos entregados a las familias, y a eso nos vamos a seguir remitiendo. Como digo, detrás de cada cifra hay un drama y un daño irreparable, y, por ello, el Gobierno de España seguirá exigiéndose el máximo rigor. Eso significa, señorías, que les debemos la merecida dignidad a las personas que han fallecido y el máximo consuelo a sus familiares y amistades.
Diputados y diputadas, como ha expresado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la amenaza que se cernía por los efectos de un fenómeno natural adverso, la primera respuesta, la urgente, es y debiera ser siempre salvar vidas y, tras ello, buscar supervivientes. Junto a ello, y de manera paralela, el siguiente paso es la reconstrucción, una reconstrucción que exige lo mejor de todas y todos, empezando por las Administraciones públicas, para que caminemos y trabajemos con lealtad y con unidad de acción. No van a encontrar en esta intervención ningún señalamiento, sino que queremos hacer un llamamiento al trabajo conjunto, a arrimar el hombro, a compartir sacrificios para dar la mejor respuesta que se nos exige y que creo que se nos clama por parte de la ciudadanía. Y en esa reconstrucción, el Gobierno de España está arbitrando todos los mecanismos a su alcance para ayudar a los damnificados.
Se han activado los mecanismos más rápidos para que a través del Consorcio de Compensación de Seguros se proceda a los ingresos a quienes han sufrido daños materiales en vehículos y viviendas. Ya se han presentado cerca de 170 000 solicitudes, de las que más del 60 % están en tramitación, y se están realizando pagos al respecto. Hablamos de más de 55 000 en viviendas, más de 100 000 en vehículos, cerca de 10 000 en comercios, 800 en oficinas y cerca de 3000 para espacios industriales. Además, en los dos Consejos de Ministros celebrados el 5 de noviembre y el pasado lunes 11, se han aprobado una serie de medidas, dotadas con 14 373,8 millones de euros en total por el Gobierno de España, pensadas para las personas que han sufrido los efectos de este desastre medioambiental. El escudo social desplegado con una batería de acciones ayudará a 400 000 trabajadores a mantener sus ingresos, a 30 000 empresas a reactivar su actividad y a 100 000 hogares a cubrir sus necesidades básicas.
En el Consejo de Ministros del martes 5 de noviembre, el Gobierno de España aprobó dos resoluciones: por un lado, el acuerdo de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil para todos los municipios afectados por la DANA de las distintas comunidades: la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Islas Baleares, Aragón y Cataluña, que activaron las alertas pertinentes. Por otro lado, en el mismo Consejo de Ministros, se aprobó un real decreto ley urgente, necesario y de aplicación inmediata, que se publicó al día siguiente, con un conjunto de medidas concretas para ayudar a los damnificados, dotado con 10 600 millones de euros. Este decreto contempla que se multipliquen por cuatro las cantidades económicas que se recogen en el Real Decreto 307/2005, para paliar los daños personales y materiales por fallecimiento, incapacidad, enseres o viviendas, sin considerar, además, umbrales de renta.
Asimismo, el Gobierno de España va a transferir hasta 72 000 euros por casos de incapacidad; para reparar viviendas, entre 20 000 y 60 000 euros; para reparar mobiliario y enseres, hasta 10 300 euros; para las comunidades de propietarios, ayudas de hasta 37 000 euros; ayudas directas a las pequeñas y medianas empresas por cerca de 900 millones de euros, según la magnitud del daño que han sufrido. Las ayudas a empresas oscilarán entre 10 000 y 150 000 euros. En estos casos, además, vamos a simplificar hasta el extremo los trámites para que las puedan percibir; bastará con indicar el número de cuenta bancaria y empezarán a cobrarse en menos de un mes, beneficiando a unos 65 000 trabajadores autónomos y a unas 30 000 empresas. Porque, junto con las ayudas que el Gobierno de España ha aprobado y va a seguir aprobando, está también el compromiso y la voluntad de que se haga con la mayor agilidad posible.
Para los trabajadores y las trabajadoras, hemos tomado la medida de crear una incapacidad temporal extraordinaria para trabajadores y autónomos con daños físicos o psicológicos provocados por la DANA, con la garantía de que perciban el 75 % de su salario desde el primer día de incapacidad. A los autónomos que se vean obligados al cese de actividad, a parar o suspender su trabajo se les respaldará con una prestación equivalente al 70 % de la base de cotización. Para aquellas personas que perciban el ingreso mínimo vital o pensiones no contributivas, se ha aprobado un aumento del 15 % durante los tres primeros meses. También para empresas y autónomos se articulará una línea de avales DANA por valor de 5000 millones de euros a través del ICO, de los que el Consejo de Ministros ya ha aprobado el primer tramo por 1000 millones. Gracias a la reforma laboral, las empresas afectadas que suspendan temporalmente la actividad de sus trabajadores a través de un expediente regulador temporal de empleo —un ERTE— estarán exentas de pagar el 100 % de las cotizaciones a la Seguridad Social de la plantilla al menos hasta febrero de 2025. El recuento de las empresas que se han acogido al ERTE hoy en día, junto con las que ya había, supone unas 10 500 personas trabajadoras beneficiadas. Y les traslado que el Gobierno ha alcanzado un acuerdo con las entidades bancarias en materia crediticia para que los ciudadanos y las pequeñas y medianas empresas que tengan un crédito con o sin garantía hipotecaria puedan posponer el pago íntegro durante tres meses y pagar solo los intereses durante nueve meses adicionales. Esto es un alivio directo para las economías familiares afectadas.
En materia tributaria, los bienes inmuebles no pagarán el IBI del ejercicio 2024, y se reduce también el impuesto de actividades económicas. No se pagarán las tasas en Tráfico por la baja de vehículos dañados o por la expedición de permisos de conducir. Y en cuanto al impuesto sobre la renta de las personas físicas, quedarán exentas de tributar las ayudas por daños personales. Quiero dejar esto bien claro, señorías, porque el Gobierno ha tenido que salir a desmentir bulos sobre este asunto y sobre otros, bulos que solo generan más incertidumbre y más dolor a quienes peor lo están pasando. No me refiero solo a bulos sobre las ayudas, sino a bulos sobre infraestructuras y bulos incluso sobre las víctimas mortales. Hay que agradecer, señorías, las coberturas informativas rigurosas en los medios de comunicación y solicitar a la ciudadanía que obtenga esa información por medio de los canales oficiales y que no ayuden a propagar información dudosa para evitar confusiones en estos momentos que son tan duros, tan delicados y dolorosos. Asimismo, en cuanto a la tributación del IRPF de los afectados por la DANA, se aplaza hasta 2025 el segundo pago de este año de la declaración de la renta, una medida que va a beneficiar a 200 000 contribuyentes. Las explotaciones y la actividad agraria de las zonas afectadas serán objeto de respaldo del Estado, con reducciones en el IRPF y también en el IVA.
Respecto a las entidades locales, que de todos los niveles de la Administración son las más vulnerables, les desgloso algunas medidas importantes de ese decreto ley. El Gobierno de España sufragará el 100 % de los gastos de emergencia que tengan los ayuntamientos afectados y al menos el 50 % de todas las obras que tengan que llevar a cabo en los próximos meses para reparar su instalaciones e infraestructuras, como carreteras, polideportivos o centros cívicos. Se les compensará también por los impuestos municipales que dejen de percibir y se procederá, asimismo, al refuerzo de juzgados, notarías y registros de la propiedad; trabajaremos de la mano de los colegios respectivos. Se implantará un portal de emergencias registrales para que, vía satélite, los ciudadanos puedan certificar la ubicación de sus bienes inmuebles de la forma más rápida y sencilla.
A estas medidas del Consejo de Ministros del día 5 se suman las de este pasado lunes, hace cuarenta y ocho horas, cuando el Gobierno de España aprobó un segundo real decreto ley que incluye nuevas acciones, tanto para la fase de respuesta a la emergencia como también para la reconstrucción. Son ciento diez medidas adicionales, que suman 3765 millones, que se añaden a los 10 609 del decreto anterior. Fundamentalmente, lo que queremos y lo que se pretende es reforzar el escudo social. Algunos ejemplos: se extienden todas las ayudas por daños a viviendas a los propietarios que no residían en ellas, pero que las tenían arrendadas; también, las compensaciones por pérdida de enseres si llega a los inquilinos y a los bienes que no sean de primera necesidad; se realizará un anticipo inmediato del 50 % de estas ayudas a todos los ciudadanos que las soliciten para que no tengan que esperar su tramitación final del expediente. Con respecto a vivienda, hemos habilitado 150 viviendas de titularidad estatal para ponerlas a disposición de los afectados de forma gratuita e inmediata, y, además, destinamos 25 millones de euros para comprar vivienda y ampliar el parque de vivienda para los damnificados.
Para empresas y autónomos, extenderemos los ERTE a empresas de fuera de las zonas afectadas, pero que sufren las consecuencias de la catástrofe, y los autónomos tendrán una nueva prestación extraordinaria por cese parcial, que les permitirá compatibilizar su actividad durante tres meses con la percepción de esta ayuda.
Otra medida de este escudo social es la prohibición de los cortes de energía y gas para los hogares afectados. En el real decreto que, como digo, aprobamos este lunes, hace cuarenta y ocho horas, también hay medidas para proteger el tejido productivo: 200 millones de ayudas directas para explotaciones agrarias; 175 millones para reparar infraestructuras en ese sentido; 45 millones para la restauración de La Albufera; también 2 millones de euros para ayudas directas para cines, librerías y entidades culturales.
Y, por último, entre las acciones contempladas en este último real decreto-ley, quiero hacer mención también a una partida de 500 millones de euros para financiar un plan de acción contra el lodo, que tiene el objetivo de culminar la retirada de los restos acumulados y reparar las redes de agua de los municipios que tienen daños, una absoluta prioridad en esta fase de la emergencia.
Otra de las medidas que se va a implantar tiene que ver con la simplificación administrativa: se va a habilitar un formulario único para todas las ayudas de Protección Civil, que son cuatro: fallecimiento, daños a las viviendas, enseres y comunidades de propietarios, para que lo puedan hacer tanto telemática como presencialmente; es decir, se unifican los trámites. Desde la Agencia Tributaria se harán pagos directos a las cuentas bancarias trasladadas. Estas personas están yendo ya a las oficinas de atención, e irán más, y no son administrados comunes, porque se han enfrentado al peor momento de sus vidas, lo perdieron todo de la noche a la mañana y por ello, desde el Gobierno de España haremos todo lo posible para que el trámite administrativo sea lo más sencillo. Hemos insistido a esos trabajadores públicos en el asesoramiento psicológico y técnico, con la máxima empatía, cercanía y compresión. Hasta ahora, hemos recibido unas 2500 solicitudes de daños, pero aumentarán mucho en los próximos días, según vaya bajando la emergencia. Este formulario único, señorías, es un mecanismo que no tiene precedentes en un Gobierno de España para las ayudas de Protección Civil.
Igualmente, en el Gobierno de España hemos establecido los mecanismos necesarios para solicitar toda la ayuda de la Unión Europea, no solamente el Fondo Europeo de Solidaridad, que ha sido ya solicitado y que se vehiculiza a través del Ministerio de Hacienda, sino que hemos pedido al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo la aprobación por vía de urgencia de un nuevo reglamento restore para proceder a reprogramar los Fondos de Cohesión FEDER y FSE Plus, para que parte de esos recursos se pueda destinar a paliar los daños ocasionados por desastres naturales. Y anuncio, señorías, que este mismo viernes habrá en Bruselas una propuesta de compromiso para esta iniciativa. Añado a todo ello que el Banco Europeo de Inversión, el BEI, ha activado créditos por valor de 900 millones de euros para la reconstrucción de las zonas afectadas.
Por otro lado, en el Gobierno de España se ha aprobado y puesto en marcha en Consejo de Ministros una comisión interministerial por la DANA, con presencia de todos los ministerios implicados, para coordinar las labores de reconstrucción y relanzamiento de un plan para la Comunidad Valenciana. Junto a la misma, el 4 de noviembre se crearon, a petición de la Generalitat Valenciana, cinco grupos de trabajo entre el Gobierno de España y la Generalitat, con hasta siete ministros y ministras implicados, junto a sus homólogos de la comunidad autónoma y los grupos internos de trabajo, que hacen seguimiento diario. Es un mecanismo de coordinación permanente al que, para su mejor funcionamiento, eficacia y eficiencia les anuncio en este Pleno que se sumará —tras su aprobación en el Consejo de Ministros próximo— un alto comisionado con una estructura funcionarial, específica y reforzada para la agilización y pronta respuesta a las demandas de la ciudadanía. Es decir, todas las medidas, instrumentos y capacidades precisas para dar lo mejor desde la Administración.
En resumen, hablando de la reconstrucción: decretos leyes inmediatos, ayudas de la Unión Europea, fondos económicos necesarios sin precedentes en cuanto a su cuantía, con distintos paquetes económicos ―hemos aprobado dos y aprobaremos en los próximos Consejos de Ministros los que sean necesarios—. Junto a ello, coordinación a través de la comisión interministerial y de los grupos de trabajo entre el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana; coordinación también con los ayuntamientos afectados y resto de las comunidades autónomas a través de comisiones bilaterales; y, además, un alto comisionado, que velará por la agilidad y eficiencia del proceso. Y queremos hacer todo eso, señorías, desde la cogobernanza, desde la lealtad institucional, desde el trabajo compartido y también ―ojalá lo pudiéramos dar por supuesto― con el apoyo de los grupos parlamentarios presentes en esta Cámara, ojalá.
Y quiero detenerme en un tercer y último apartado, señorías. Tras la atención a las víctimas, la reconstrucción y la prolija relación de ayudas que —a pesar de la larga lectura— han visto que eran imprescindibles, para conocimiento de las personas afectadas especialmente, con las que se solidariza todo el país, la tercera parte de mi intervención es el relanzamiento o la redefinición. El calentamiento global del planeta es una realidad indiscutible, como lo es el calentamiento de nuestros mares; es tan indiscutible que basta comprobar cómo se han elevado sus temperaturas. Las DANA se producen por el choque térmico de masas de aire caliente y de aire frío, lo que provoca fuertes precipitaciones. A medida que suben las temperaturas de los mares, como ha sucedido en el Mediterráneo, que ha aumentado más de 2 grados su temperatura en los últimos cuarenta años, estos episodios se vuelven más frecuentes y más violentos.
Y si el calentamiento global es indiscutible, también lo es que se ha producido por la acción del ser humano con la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, eso es lo que ha provocado el calentamiento del planeta. Negar esto, señorías, negar el cambio climático es negar evidencias científicas incuestionables, y ante ello tenemos el reto de redimensionar, repensar y también replantear el planeamiento de nuestras ciudades y pueblos. No es una casualidad, no lo es que haya comunidades con más riesgo de sufrir fenómenos como las DANA que otras, tampoco lo es que haya comunidades que tengan más riesgo de sufrir un incendio que otras. Este relanzamiento y esta redefinición requieren del máximo consenso en la apuesta por las energías limpias, en la descarbonización del planeta, y por ello es necesario un pacto de Estado, para que ante cualquier circunstancia como la que hemos vivido, estemos lo mejor preparados posible. Debemos adaptarnos a estas nuevas circunstancias, debemos aprender, escuchar a quienes saben: a los científicos, a los técnicos, y creo sinceramente, señoría, y lo hemos visto con estas dramáticas cifras de personas fallecidas, que va la vida en ello. Ojalá lo pudiéramos hacer juntas y juntos, ojalá.
Voy a ir terminando. Señorías, tenemos que ponernos en la piel de quienes vieron quebradas sus vidas y rotos sus sueños; de quienes se levantaron aquel día para, por ejemplo, llevar a sus hijos e hijas al colegio sin pensar que nunca volverían. Hay que entender su frustración, su dolor, su rabia, su impotencia, hay que entenderlo, y nos ponemos a su lado. Pero el camino no es la violencia física y verbal, y quienes representamos a la ciudadanía no podemos contribuir a esa crispación. En el Gobierno creemos que no cabe que este drama sea usado por nadie para avivar cualquier tipo de violencia o para ir contra los poderes públicos, porque lo que hemos visto son personas destrozadas, alcaldes y alcaldesas de distintas fuerzas políticas absolutamente rotos y rotas. He escuchado estos días frases de distintos representantes políticos, permítanme que rescate una, creo que es acertada, nos decía a todos lo siguiente: No es el tiempo de culparnos, es el tiempo de ayudarnos.
Ya he comentado públicamente una situación dramática que viví como presidente de mi comunidad, en la que me conmovió un señor que perdió su casa y cuyo padre —m ayor—, con el volcán aún en erupción, falleció. Estando en el cuartel de la Guardia Civil, en presencia del presidente del Gobierno y de su majestad el rey, nos dijo a mí y a otro representante público —el presidente del cabildo de la isla, de otro color político—: Separen sus diferencias y trabajen juntos por nosotros. Y eso fue lo que hicimos.
Este es el lugar de la palabra. Es aquí donde hay que hacer propuestas, donde tenemos que defender nuestros argumentos, donde tenemos que decirle al que es rival político y no un enemigo que no compartimos sus tesis, pero que podemos debatir de manera constructiva. Hay quienes aún lo negarán, pero es una evidencia: el valor de lo público es innegable. Lo vivimos en dramas como la pandemia, pudimos acogernos a fondos económicos públicos para ayudar a las empresas; abrir ERTE; conseguir, por ejemplo, que esas empresas hoy estén abiertas; para que desde lo privado se mirara a lo público para poder sobrevivir. Sí, sí, el empleo se genera fundamentalmente desde el sector privado, pero cuando inesperadamente todo se quiebra, ¿quién está ahí para salvarlo? Lo que está ahí es lo público. Cuando lo pierdes todo, todo, solo te queda el Estado. Y el Estado, señorías, somos todos, desde la alcaldesa de una pedanía hasta su majestad el rey, pasando por las diputaciones, los cabildos, los consells, las ciudades y comunidades autónomas y el Gobierno de España. El Estado, señorías, somos todos.
Hay dos maneras de afrontar una crisis: o recortes o fortalecimiento del paraguas social y del tejido productivo. Nosotros, el Gobierno de España elige esta segunda opción, la que no deja a nadie atrás y es capaz de reactivar la economía cuando parecía imposible. Creo firmemente que nos encontramos en un momento de un drama histórico, ante un reto descomunal. No cabe ―y el primero que se pone de ejemplo es el Gobierno de España― la autocomplacencia. Habrá errores; seguro que habrá acciones que puedan ser mejorables, seguro; por tanto, ayudémonos en ello. Y dicho esto, también digo que pondremos lo máximo desde nuestras responsabilidades de Gobierno para responder a este drama y a esta tragedia. Estemos a la altura. Estemos a la altura, como lo están los cientos de voluntarios y voluntarias que se han llenado de lodo estos días en la Comunidad Valenciana sin pedir nada a cambio; como lo han estado y están los trabajadores públicos, que están dando lo mejor de sí mismos en estas duras condiciones. Estemos a la altura, señorías. Se lo debemos a las víctimas, a los familiares, a los voluntarios, a los servidores públicos y a toda la ciudadanía.
Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista y de los miembros del Gobierno, puestos en pie).