Moción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar el prestigio de las instituciones.

Muchas gracias, señor presidente. Décadas de desprestigio, décadas de degradación de las instituciones nos han traído hasta la situación límite en la que nos encontramos, y de esto son responsables quienes han asumido la Presidencia y los Gobiernos sucesivos de España desde que se aprobó la Constitución, pero especialmente los últimos Gobiernos tanto del Partido Socialista como del Partido Popular. A todos, absolutamente a todos, se les ha llenado la boca echándole en cara al adversario que ha degradado las instituciones, que las ha colonizado y que los casos de corrupción les han salpicado por doquier. Hartos estamos los españoles de escuchar un juego de pimpón en la política y el ‘y tú más’. La realidad es que, poco a poco, sus señorías han ido socavando los más elementales principios que los españoles aprobamos en nuestra Constitución, principios en los que se sustentan un Estado de derecho y una democracia, como puede ser la igualdad ante la ley, algo tan simple y tan elemental como que ningún español pueda tener ningún privilegio o pueda actuar con arbitrariedad y que rija para todos por igual, sean de la condición que sean, piensen lo que piensen, vivan donde vivan; que la ley rija, como digo, para todos por igual. O ese principio de independencia judicial por el que todos, absolutamente todos, diputados o ciudadanos de a pie, nos veamos sometidos siempre a la justicia y a los tribunales cuando incumplimos esa ley (aplausos). O ese principio evidente de legalidad, que nos obliga a respetar las normas en su jerarquía y en su aplicación. O ese principio de proporcionalidad, que una y otra vez se ha visto conculcado. Desgraciadamente, en política fiscal o en la política que los distintos Gobiernos han llevado a cabo el principio de proporcionalidad ha brillado por su ausencia. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Y no digamos nada si hablamos de ese principio de solidaridad interterritorial que se estableció en la propia Constitución para que las diferentes regiones de España, los diferentes territorios de España participasen en común tanto en los logros como en los beneficios; en los esfuerzos, pero también en las contrapartidas. La realidad es que año tras año, década tras década, Gobierno tras Gobierno el interés general ha ido sucumbiendo al interés de los partidos políticos (aplausos), al interés de los grupos de presión y al interés personal de los diferentes cargos públicos. Desgraciadamente, la corrupción ya no es un caso aislado, un caso puntual, una excepción; desgraciadamente, la corrupción política se ha institucionalizado, da igual la época de la que hablemos. Basta con abrir la hemeroteca, basta con recordar los telediarios, los titulares, para ver que van pasando los casos: el caso Filesa, el caso Malesa, el caso Juan Guerra; luego la Púnica, los ERE o la Kitchen, y hoy tocan los Koldo, los Ábalos o los Begoña. Da igual, al final es haber convertido la noble tarea de la política, el servicio público por vocación en un lodazal de corruptelas económicas verdaderamente inaceptables. (Aplausos). Y para todo ello hacía falta, y así lo han conseguido quienes han ido gobernando España de la mano casi siempre de los separatistas, de esos que odian a España, poner a la justicia de rodillas. Lo han hecho con el Consejo General del Poder Judicial, como una vez más hemos visto hace pocos meses con el pacto entre el PSOE y el PP; lo han hecho con el Tribunal Constitucional, al que han convertido en un tribunal político que ha ido cambiando sus opiniones, sus doctrinas en función de las mayorías o minorías de determinados grupos, pero al que nunca, o casi nunca, se ha visto como un tribunal independiente que garantizase la Constitución por encima de las presiones políticas. Han logrado que el fiscal general del Estado dejase de ser, como tal, un fiscal que antepusiese el principio de legalidad, porque lo han convertido en los fiscales generales de los distintos Gobiernos. (Aplausos). No podían tampoco dejar al margen la estrategia de la comunicación. Necesitaban controlar a los medios de comunicación para que sus políticas pudieran verse amortiguadas ante la opinión, ante el escándalo tantas veces de la opinión pública, y eso lo hacían comprando con publicidad institucional, comprando con cuantiosos recursos públicos en las campañas electorales y primando a determinados medios, y lo hacían también desde los medios de comunicación públicos, como el Consejo de la

Radiotelevisión Española. Pero no contentos con ello, pervirtieron el principio de representatividad con un déficit de representatividad; a través de una ley orgánica de régimen electoral han permitido que en la sede de la soberanía nacional el voto de cada español no valga lo mismo, que no exista una verdadera proporción entre cada uno de los representantes y el número de representados, y eso ha permitido a grupos minoritarios en España haber condicionado esta Cámara y a los diferentes Gobiernos. (Aplausos).

Y, por último, ninguno de ellos jamás permitió dejar de colonizar hasta el último resquicio de todas las instituciones. Da igual si hablamos del Banco de España, si hablamos del CIS, de las comisiones nacionales, de los organismos, de las empresas públicas, había que meter a los suyos y a sus amigos hasta en el último resquicio de las instituciones; eso sí, siempre a costa del erario público, siempre a costa del presupuesto general y siempre a costa de la espalda de todos los españoles.

Muchas cosas podríamos hacer, pero la más importante ―y con esto termino― es que no solo se necesita cambiar de Gobierno, no solo se necesita convocar nuevas elecciones, se necesita una verdadera revolución ética y moral para que la política vuelva a ser el arte de servir y no de servirse de los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Muchas gracias, presidenta. Como es evidente, señorías de VOX, en SUMAR no compartimos su planteamiento y mucho menos sus soluciones y conclusiones. En primer lugar, empezando por su punto 7, piden derogar el Real Decreto Ley 5/2024, de medidas urgentes relativas al régimen jurídico aplicable a la Corporación Radiotelevisión Española, que vendrá mañana a este Pleno. En SUMAR defendemos que para avanzar hacia una radiotelevisión pública independiente, plural, de calidad, moderna y garantizar el derecho constitucional a la información necesitamos un equipo humano en Radiotelevisión Española de nivel, valía profesional y que represente proporcionalmente la voluntad popular de los ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, soy sincera, el modelo que dibuja este real decreto ley no es nuestro modelo, no es el modelo de SUMAR para la radiotelevisión pública, y aspiramos a una tramitación parlamentaria que permita trabajar en su mejora. Pero su pinza con el Partido Popular nos ha llevado a tal situación de bloqueo del ente público que la urgencia de la tramitación de esta ley era indudable. A mayores, clama al cielo que sean ustedes, señorías de VOX, los que hablen de esto, porque en España quienes protagonizan la ocupación y uso doctrinario de medios públicos son los que hasta hace dos días eran sus socios en tantos gobiernos autonómicos; Madrid o Andalucía son buenos ejemplos de ello, por no hablar de la situación de la CRTVG en Galicia. La nueva ley aprobada por el heredero del señor Feijóo nos coloca a la cola de Europa en libertad de prensa, según los parámetros de la Unión Europea de radiodifusión. (Aplausos). En segundo lugar, está claro que para la derecha y la ultraderecha de este país las instituciones que no controlan no son legítimas y, por tanto, hay que tumbarlas como sea. Dedican los puntos 4 a 6 de esta moción a insultar y calumniar al fiscal general del Estado. Lo más curioso de este punto es el argumento de mayor peso que utilizan como fundamento para solicitar la dimisión del fiscal general: que es miembro de la Unión Progresista de Fiscales. Evidentemente, que exista un derecho constitucional de asociación y la libertad de los funcionarios y funcionarias del Servicio Público de Justicia para ejercerlo es algo que no puede ser óbice a sus argumentos, porque a ustedes esto de los derechos constitucionales les da lo mismo. A ustedes, señorías de VOX, la Unión Progresista de Fiscales les interpela, porque son un instrumento más a través del cual podemos conseguir acabar de una vez por todas con los efectos prolongados de una ley del silencio que se ha traducido en la ocupación de las instituciones por parte de los herederos del franquismo. (Aplausos). Otro tanto les pasa con el gobierno de los jueces. Señorías, la democratización de la justicia empieza desde abajo, cambiando un sistema de oposiciones de acceso que solo promueve el clasismo y el corporativismo. (Aplausos). Ustedes defienden que los jueces elijan a los jueces y lo dicen sin tapujos en una moción que presuntamente pretende predicar sobre la defensa de las instituciones. ¡Entérense ya, en democracia ningún poder se elige a sí mismo! A ustedes en absoluto les preocupan las instituciones democráticas, porque no son demócratas; ustedes creen ser propietarios de una España que ya les ha superado, que ya no existe, pero efectivamente ―y por desgracia bien lo saben― sigue viva en algunas instituciones. Ustedes no creen en el Estado, no creen en la institucionalidad, se saltan no solo el decoro parlamentario, sino las más básicas normas de convivencia. ¿Quieren demostrar a la ciudadanía que todo esto que digo no es verdad? Condenen el franquismo, ¡condenen el que fue el mayor atentado contra las instituciones democráticas en la historia de España: el golpe de Estado contra la II República! (Aplausos).

Y les encanta a ustedes hablar de corrupción, lo cual es curioso. Ustedes han compartido Gobierno con el partido más corrupto de la historia de España: el Partido Popular. Gobiernos que abandonaron no porque les preocupase la corrupción, sino porque son unos racistas y xenófobos incapaces de la más mínima empatía con menores extranjeros. No aportan solución alguna, son parte del problema; apenas han gobernado y ya están siendo investigados por financiación ilegal. Mi grupo parlamentario sí plantea soluciones concretas contra la corrupción. En marzo de este año, presentamos la Proposición de Ley de creación de la Oficina de prevención de la corrupción, que pretende acabar con los déficits de diseños institucionales políticos y administrativos que permiten que esta lacra persista.

Señorías, las reformas que promueve el Gobierno progresista de coalición que SUMAR apoya hacen que España sea mejor. España crea más empleo, con cifras récord: 21,8 millones de personas ocupadas a pesar de ustedes; España crece económicamente a pesar de ustedes; el Poder Judicial sigue funcionando a pesar de ustedes, y la Radiotelevisión Española va a seguir funcionando a pesar de ustedes. (Aplausos). Y esto es precisamente lo que nos motiva: contra la desigualdad y con la mayoría, contra la corrupción y con la regeneración, contra el machismo y con las mujeres; estamos aquí para esto.

Por tanto, votaremos que no a esta moción. Entérense: España es una democracia y en SUMAR vamos a seguir trabajando para una mayor democracia del Estado, con más derechos y libertades, y no con pretendido, repetitivo y predecible retroceso reaccionario.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, presidenta. Señorías del PP y VOX, les hablo claro: nuestra concepción de la democracia no podría estar más alejada, como también lo están nuestra concepción de las instituciones o nuestra concepción de la política. Porque, señorías, cuando hablamos de democracia, de instituciones y de política no hablamos el mismo idioma. Ustedes confunden democracia con poder. En su concepto de patria no cabemos todos; y el de identidad, con los intereses de unos pocos: los suyos. Para nosotros, los socialistas, la democracia es nuestra bandera, es la base de nuestra convivencia, se nutre de valores como la igualdad, la justicia social, los derechos humanos, la transparencia, la rendición de cuentas y, por supuesto, algo de lo que parece que carece la bancada de la derecha de esta Cámara ahora mucho más, que es el humanismo. ¿Les suenan estos valores, señorías? Ya veo que no, ni prestan atención. El PP y VOX tienen similares conceptos democráticos e institucionales. No engañan, son herederos del régimen franquista, y ese ADN les hace huir de la moderación. Cuando están en la oposición solo practican descalificaciones personales, insultos sin tregua y sin pruebas solo por hacer daño, incluso en lo personal o en lo familiar (aplausos), solamente con la mera mentira. Practican por sistema la llamada estrategia del bulo: lanzan falsedades a través de su ‘fachosfera’ ―sí, esa ‘fachosfera’ particular que se han construido―, para utilizarlo luego de la peor manera posible contra el adversario político en los grandes escenarios institucionales y mediáticos con grave daño personal, incluso solo con el propósito de lograr un contexto político distorsionado y visceral, que deriva en la degradación de la clase política y de la política. Su praxis pasa por el tratamiento de las instituciones sin responsabilidad ni ética; se declaran contrarios a la transparencia, y lo confirman con hechos: con retrasos en las declaraciones de bienes, con la falta de publicación de sus cuentas, incumpliendo la ley de transparencia, con traspasos de fondos o admitiendo préstamos de un banco húngaro, manejando chiringuitos dopados en ocasiones con financiación pública. Ustedes, señorías de VOX, siguen con su ideario de disolver parlamentos autonómicos, ilegalizar partidos políticos o eliminar oficinas antifraude y anticorrupción. Esto de la mano del Partido Popular, siempre de la mano con su muleta, en los hechos y, con el eco en su discurso, cambiando a su antojo mayorías, como con Ayuso para controlar las instituciones. Ahora no sabemos distinguir de quién es la jefa, si de Feijóo o de sus señorías de VOX. No alcanzamos a saber quién es la derechita cobarde esa de la que hablan. Se ve simplemente, claramente, quién es la muleta de quién.

Y, por supuesto, cómo pasar por alto el flagrante tratamiento institucional que sufrimos en estas mismas Cortes Generales, concretamente en el Senado, con el abuso y el manoseo de la mayoría absoluta, un muy mal ejemplo. Y se estudiará algún día en las universidades, señorías, con la declaración unilateral del veto que quiere el Partido Popular. Señorías, rectifiquen con sus actitudes. Fíjense, cuantificar el impacto ambiental de la ultraderecha en las instituciones es contraproducente para la salud democrática, pero todavía es mucho más grave, ya que afecta a nuestra sociedad, generando un clima de desestabilización que daña el interés general y socava las bases de la propia convivencia democrática.

Por ello, estas estrategias desestabilizadoras tienen y tendrán respuestas progresistas en el Gobierno liderado por Pedro Sánchez, desde la honradez y la honestidad. Y en el PSOE, mi partido y mi grupo parlamentario (aplausos), históricamente en la lucha de los valores democráticos y la convivencia, actuaremos siempre en defensa de la democracia, con las reformas institucionales y legales pertinentes.

Señorías, seamos responsables y serios, respeten la democracia, respeten las instituciones, respeten al Gobierno, un gobierno legítimo, pero, sobre todo, respeten la voluntad de los ciudadanos y de las ciudadanas de este país.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, señora presidenta. Señorías, «la descomposición de todo Gobierno comienza por la decadencia de los principios sobre los cuales fue fundado», frase de Montesquieu que es aplicable al Gobierno socialista. Y, si les parece que Montesquieu es facha, les voy a dar otro mensaje: este Gobierno ha roto con dos principios fundamentales, la lucha contra la corrupción y la lucha por la igualdad. Lo ha dicho el que fue líder de UGT, Cándido Méndez, supongo que alguno de ustedes aún estará afiliado a ese sindicato. Señorías, por eso, es necesario recordar al Grupo Socialista algunos de los artículos de la Constitución española. Artículo 1: «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores fundamentales la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político». Artículo 9: «Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico». El artículo 118: «Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes (…)». Y, escuchen: colaborar con la justicia, eso que ustedes no saben ni lo que es. (Aplausos). Artículo 124 de la Constitución: El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones sometido al principio de legalidad e imparcialidad; y, por eso, ustedes no quieren cesar al fiscal general del Estado. Estos artículos blindan la calidad democrática. No es tolerable que un Gobierno que dice ser progresista utilice amenazas para intimidar a los ciudadanos y al resto de la oposición. Un Gobierno democrático no responde a la oposición con insultos y gestos obscenos, como lo de la ministra Morant o la vicepresidenta Montero; un Gobierno democrático no se querella contra los jueces, utilizando la Abogacía del Estado y la Fiscalía como un cortijo familiar, eso que ustedes están haciendo; un Gobierno democrático no mantiene al fiscal general del Estado investigado por vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos. ¡Un Gobierno democrático tiene que cesar inmediatamente al fiscal general del Estado! (Aplausos). Señorías, el colegio de abogados de Madrid, que tiene 75 500 miembros, ha definido al fiscal general del Estado como aquel que ha vulnerado los derechos de todos los ciudadanos y de los que tienen la presunción de inocencia. Ha dicho el colegio de abogados de Madrid que se ha personado y ha ejercitado la acción penal —‌no, no esos seudomedios que ustedes dicen, el colegio de abogados de Madrid—, que no se puede permitir ninguna violación de los derechos. Frente a la colonización de las instituciones para perpetuarse en el poder, nuestra apuesta es la estabilidad institucional. Frente a los mensajes de algunas políticas de la izquierda, que afirman que denunciar agresiones es alimentar el fascismo, siempre daremos el respaldo a toda persona, sin distinción alguna, cuando sea objeto de acoso, amenazas y coacciones. (Aplausos). ¡Siempre estamos con las víctimas y nunca con los agresores, ni intentamos taparlos! Frente a aquellos que incumplen la convivencia democrática, lucharemos por las libertades públicas, cosa a la que ustedes han renunciado. Apoyaremos a todos aquellos que luchan por la democracia, como en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba. Frente a los que quieren entregar la seguridad de los españoles a los que no condenan el terrorismo (señala los escaños de la parte central del hemiciclo), y ustedes les aplauden; y han sido condenados por colaborar con banda armada (señala los escaños de la parte central del hemiciclo), y ustedes les aplauden, siempre estaremos con nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, ¡siempre! (Aplausos).

Señorías, tras los insultos proferidos esta misma tarde contra la justicia española, reiteramos nuestro apoyo absoluto al Tribunal Supremo. Solamente los delincuentes temen la justicia, y se ve que hay muchos que temen la justicia. (Aplausos). En definitiva, lo que nuestra democracia necesita es regeneración de las instituciones, respeto a la independencia de estas y garantía de calidad democrática, más Estado de derecho y menos arbitrariedad y abuso de poder, más colaborar con la justicia y menos encubrir delitos.

Señorías, dejen de usar las instituciones para defenderse y esconder su corrupción. Por eso, escuchen, lean, entiendan a Montesquieu y, si les parece, escuchen, lean y entiendan a Cándido Méndez, líder del sindicato del cual ustedes forman parte, porque España necesita un gobierno limpio. No podemos tener un presidente que se dedique única y exclusivamente a defenderse mediática y judicialmente de la corrupción. Los ciudadanos tienen que saber que hay esperanza de regeneración democrática y que más pronto que tarde este gobierno limpio llegará y lo liderará Alberto Núñez Feijóo.

Muchas gracias. (Aplausos).