Proposición no de Ley reclamando el cese del Fiscal General del Estado.

Gracias, señor presidente. Señorías, ¿vale todo para destruir a un rival político? ¿Hasta dónde llegarían cada uno de ustedes para conseguirlo? ¿Violarían la ley? ¿Arrastrarían el prestigio de las instituciones? ¿Y el de sus propios subordinados? Este es uno de los asuntos, de los graves asuntos que plantea la iniciativa que tengo el honor de presentar. En una democracia plena hay límites que nadie puede traspasar, y menos que nadie quien tiene el mandato constitucional de defender la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés general. Señorías, exigimos al Gobierno el cese inmediato del fiscal general del Estado, sobre la base del artículo 31 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Sí, el mismo artículo que en su día invocaron los socialistas para reclamar el cese del buen fiscal Maza. No busquen excusas técnicas y, sobre todo, no se escuden en la presunción de inocencia. La del señor García Ortiz está intacta; como la del señor Ábalos ¿no? Lo echaron del Partido Socialista sin mediar una imputación. Incluso, como la del señor Errejón, el inquisidor incinerado, del que sus señorías de la izquierda, al parecer, lo sabían todo y del que ahora, en cambio, no quieren saber nada. (Aplausos). Ahora resulta que ni era de SUMAR ni era de Más Madrid. Entonces ¿de qué partido era, del Partido Popular? (Aplausos). El fiscal general debe ser cesado porque ha incumplido grave y reiteradamente sus funciones. Ha sido condenado por el Supremo por desviación y abuso de poder; una sentencia demoledora. Ha sido declarado no idóneo por el Consejo General del Poder Judicial. Ha traicionado a los fiscales del proceso para defender la amnistía por exigencias del Gobierno. Y ya el descrédito definitivo: se ha convertido en el primer fiscal general imputado en la historia de la democracia. Ya oigo al señor Bolaños: imputado por defender la verdad. ¿Ah sí, el Tribunal Supremo ha prevaricado por unanimidad? ¿Eso opinan ustedes, señorías del PSOE? Atrévanse a decirlo desde esta tribuna. Su deriva antisistema es imparable. (Aplausos). García Ortiz no perseguía un bulo, no; perseguía a una adversaria del Gobierno y, por eso, está investigado, por revelar secretos de un particular para perjudicar a Isabel Díaz Ayuso. (Aplausos). Señorías, lo confieso, antes de preparar esta intervención no conocía los hechos con detalle. Hoy, en España los escándalos se acumulan como basura en un vertedero, dificultando un examen preciso y justo de cada uno de ellos. Pero ese examen es imprescindible y su conclusión espeluznante: 7 de marzo, García Ortiz recibe de una subordinada, hoy también imputada, la denuncia contra un ciudadano hasta entonces anónimo. La recibe en el correo de la Fiscalía bajo el sugerente título de «Relacionado con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid». Cinco días después la denuncia sale publicada en idénticos términos en elDiario.es. 13 de marzo, García Ortiz pide a esa misma subordinada que le envíe todos los correos intercambiados por el fiscal del caso con el abogado del novio de la señora Ayuso. Ojo, le pide que se lo mande a su cuenta privada de Gmail, algo estrictamente prohibido. Y se imaginan por qué, claro; es una forma burda, desde luego, de cubrir rastros. García Ortiz recibe los correos a las 23:44 horas. Siete minutos después, siete, lo publica la Cadena SER. (Rumores). 14 de marzo, ya a cara descubierta, García Ortiz exige a sus subordinados que difundan una nota oficial con datos reservados del novio de la señora Ayuso. Sus subordinados se niegan, pero él insiste; conmina a la fiscal jefe de Madrid por Whatsapp: si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato. ¡El relato, señorías! El fiscal general del Estado reducido a community manager del Gobierno, contra el Estatuto del Ministerio Fiscal, contra las instrucciones internas de la Fiscalía y contra la normativa europea, que exige impedir las filtraciones, investigarlas de inmediato y hacer todo lo humana e institucionalmente posible para proteger el honor de la persona afectada. ¿Qué honor, se preguntaría García Ortiz, si es el novio de Ayuso? ¡Ese no tiene derecho al honor ni a la presunción de inocencia ni a la protección de datos ni a la defensa! A ese podemos llamarlo delincuente confeso en prime time, como hizo Sánchez, como hace Bolaños. (Rumores).

Señorías, les pido que mediten sobre tres cuestiones sin prejuicios ni sectarismos. Primero, la devastación institucional. García Ortiz se aferra al cargo con el argumento de que es lo menos gravoso para la Fiscalía. Ya, lo saben mejor que nadie los propios fiscales, que ayer, incluso, se personaron contra él como acusación. No cabe mayor despropósito que un inferior jerárquico interrogando a su jefe en una causa penal. Y, sobre todo, no cabe mayor descrédito para la Fiscalía que estar a las órdenes de un presunto delincuente.

Segundo, los correos incriminatorios. García Ortiz tiene la obligación moral, institucional y penal de entregar todos los correos que recibió y envió desde su cuenta privada los días álgidos de las filtraciones, del 5 al 18 de marzo. Es la mínima transparencia exigible a su cargo, ¿no creen? Y esperemos que no los haya borrado, no vaya a ser que el mismo Gobierno que insiste en propagar el bulo de que el PP rompió ordenadores a martillazos, sí, un bulo desmontado hace cuatro años por la Audiencia de Madrid (aplausos), esté amparando a un fiscal general del Estado que eliminó correos electrónicos para tapar sus delitos. (Aplausos). Ahora bien, sepa el fiscal, y sepan ustedes, que Google siempre atiende los requerimientos judiciales y guarda hasta incluso lo que borra el usuario. Con o sin correos, señorías, García Ortiz puede ser condenado, sí. Y esa condena no solo mancharía indeleblemente al Gobierno; también a los que hoy, sabiendo ya lo que saben, no apoyen su destitución.

Y, tercero, la espiral totalitaria. Hoy, el perjudicado es el novio de una mujer a la que muchos de ustedes detestan, quizá porque les planta cara. Pero, ojo, mañana pueden serlo ustedes mismos o sus padres o sus parejas y por cualquier motivo. Ahí queda el turbio aviso de García Ortiz: Si yo quisiera hacer daño a un determinado espectro político, tengo información de sobra. Bueno, ya lo ha hecho ¿no? ¿Y ustedes se creen a salvo? En los procesos de destrucción democrática nadie se libra, señorías; todos acaban pagando. Ahora bien, a veces, cuando esa democracia resiste, cuando decide defenderse, el que más paga es el ‘número 1’. Hoy, la ‘número 2’ ha sido imputada por otros dos delitos; y ya van cuatro. Sí, señorías, el señor Sánchez tiene razón; hoy ha dicho: «El tiempo pondrá las cosas en su sitio». También a él.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).

Gracias, señor presidente, con su venia. Señorías, el actual Gobierno de España, junto con sus socios comunistas y separatistas, ha embarcado a nuestro país en un proceso en el que se dan la mano el ataque a la unidad nacional, el asalto a las instituciones, la sumisión a las agendas globalistas y, en definitiva, una permanente agresión al modo de vida de los españoles y a la unidad y a la soberanía de España como cimientos de convivencia. En ese contexto de degradación institucional y de erosión del orden constitucional, por parte de Pedro Sánchez y de sus secuaces, reviste una importancia fundamental la conducta manifiestamente hostil contra el Poder Judicial y contra su independencia. Sin duda, la proposición de ley orgánica relativa a la amnistía ha constituido el ataque más grave y visible. Pero no ha sido el único; y es que, aun teniendo autonomía funcional dentro del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal ha sido uno de los escenarios más claros de la pretensión del actual Ejecutivo de someter a su control todas las instituciones, con el propósito de ponerlas a su servicio y de que no cumplan con sus funciones de control. Es aquí donde cobran su importancia el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado y su trayectoria en este cargo desde su designación.

El fiscal general del Estado, señor García Ortiz, se ha conducido en todo momento de un modo absolutamente contrario a lo que pueda considerarse digno de tal cargo. El último hito ―por ahora― de su deplorable trayectoria a la cabeza del Ministerio Fiscal ha sido pasar a la historia por ser el primer fiscal general del Estado que es imputado judicialmente en el ejercicio de su función. Lo cierto es que el Tribunal Supremo, además por unanimidad de su Sala segunda, le ha abierto una causa por un supuesto delito de revelación de secretos en un auto que literalmente recoge lo siguiente: De la exposición razonada enviada por el instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, así como de las querellas y denuncias presentadas, se desprende la imputación al fiscal general del Estado de un delito de revelación de secretos, como consecuencia de la divulgación de una nota informativa con membrete de la Fiscalía provincial el 14 de marzo de 2024, en la que se detallaba la cronología de las diligencias penales de investigación relativas a un particular.

Señorías, el fiscal general del Estado, lejos de cumplir con profesionalidad e imparcialidad las altas funciones que le confía la ley, ha colocado a la Fiscalía General en una situación de patente subordinación a los intereses partidistas del Gobierno y, con ello, en el epicentro de toda clase de escándalos, pero lo peor de la conducta de García Ortiz al frente de la Fiscalía es su actitud general de sometimiento incondicional a los designios de un Gobierno que se ha revelado como el más nocivo para nuestro país en su historia reciente. (Aplausos). Frente a los atropellos perpetrados por el actual Ejecutivo, que han comprometido la paz social, el orden constitucional y la misma unidad nacional, la reacción de la Fiscalía no ha sido defender la legalidad y el interés público, sino actuar con absoluta y constante complicidad.

Estando de acuerdo con la proposición no de ley objeto de debate, el Grupo Parlamentario VOX ha presentado una enmienda por la que se propone añadir un nuevo párrafo, que entendemos que mejora y completa la proposición y que queda redactado como sigue: Insta, igualmente, al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar la idoneidad, la imparcialidad, la competencia profesional y la independencia de la persona que lo sustituye.

Señorías, mi grupo parlamentario ya puso de manifiesto su oposición al nombramiento del señor García Ortiz como fiscal general, tanto en la sesión de la Comisión de Justicia del día 28 de julio de 2022 como en la de 21 de diciembre de 2023, al entender que carecía de los requisitos de imparcialidad, neutralidad e independencia requeridos para el desempeño del cargo; y no nos equivocamos.

Termino ya, señor presidente, y lo hago diciendo lo mismo que en las dos sesiones de la Comisión de Justicia antes mencionadas. El señor García Ortiz es un fiscal al servicio del proyecto del autócrata Sánchez, lo que los socialistas llaman uno de los nuestros.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, señor presidente. El Partido Popular trae esta PNL a Pleno cinco meses después de haberla registrado. Entendemos nosotros que por una cuestión de oportunidad política. Es ese realmente el trasfondo de la cuestión, el uso político que ustedes hacen de las instituciones. El Partido Popular de esto sabe mucho, diría incluso que son unos auténticos profesionales. De hecho, crearon la policía patriótica para investigar a las diputadas de Podemos con el Gobierno de Mariano Rajoy. De esa manera hicieron cientos de consultas entre el año 2015 y el año 2016 sin ningún tipo de autorización judicial, buscando desacreditar y enfangar a mis compañeras. Para ello, Interior se valió presuntamente de recursos estatales con una finalidad política y como no encontraron nada, señorías del Partido Popular, ustedes se tuvieron que inventar el informe PISA. Fue en enero del año 2016 cuando el entonces número dos del Ministerio del Interior mantuvo conversaciones con el comisario jefe de la UCO. En esos mensajes de WhatsApp del señor Martínez que hemos conocido a través de la investigación de la Kitchen muestran un claro interés de su partido para comprometer a diputadas de Podemos. El Partido Popular también es experto en otros menesteres. Solo hay que recordar cuando el portavoz del Partido Popular en el Senado, el señor Cosidó, presumió de colocar al presidente del Supremo y que controlaría desde atrás la Sala del procés. Aun así, el Partido Socialista, tras cinco años y medio de mandato caducado, ha acordado con el Partido Popular repartirse los puestos en el Consejo General del Poder Judicial, desperdiciando la oportunidad que teníamos con la mayoría parlamentaria democrática que nos habían dado las urnas. Esta es la dinámica habitual del bipartidismo.

A nosotras nos sorprende que el Partido Popular considere un motivo de cese una posible revelación de un secreto, dado los hechos que ya he relatado. Una vez que se desmiente la versión ofrecida por la Comunidad de Madrid sobre la regularización fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sinceramente nos parece que una vez más hacen un uso partidista de las instituciones del Estado. ¿No se acuerdan ustedes, señores del Partido Popular, de cada revelación que hacían de las denuncias falsas y archivadas contra Podemos, que eran usadas por ustedes y por sus compadres de algunos medios de comunicación para verter bulos y mentiras sobre la formación política a la que pertenezco, abriendo informativos, portadas de periódicos, protagonizando tertulias de televisión? En aquel momento no hubo ni un solo reproche, no hubo ni una sola imputación. Esto en mi pueblo se llama doble vara de medir. La batalla que ustedes hoy están dando, señores del Partido Popular, no es otra sino la de salvar a la ‘soldada’ Ayuso, y para ello cualquier contienda se debe abrir a quien se atreva a denunciar ir en contra de la corrupción de la presidenta de la Comunidad autónoma de Madrid. Ya lo hemos visto, ustedes no tienen ningún tipo de miramiento. Ya vimos lo que le hicieron al anterior presidente de su propio partido, el señor Casado. La realidad es que la mayoría de la Junta de Fiscales de Sala mantiene el respaldo al fiscal general tras ser imputado por el Tribunal Supremo.

Miren, nosotros lo que sacamos en claro es que tanto el Partido Popular con el caso Ayuso como el Partido Socialista con el caso Koldo lo que hacen en su forma de gobernar es poner siempre el foco en los casos de corrupción sin ningún tipo de miramiento.

Es decir, para ustedes la corrupción se ha convertido en una forma de gobierno, y si tienen que utilizar las instituciones del Estado para hacer valer esto y para poder perpetrar su hoja de ruta, lo hacen sin más. (Aplausos).

Muchas gracias, presidente. Se nos presenta una iniciativa que reclama el cese del fiscal general del Estado haciéndose un recopilatorio de los motivos e iniciativas que en distintos momentos y órganos de la Cámara nos ha ido presentando el Partido Popular. A ninguna de estas iniciativas debatidas en esta legislatura relativas al fiscal general nuestro grupo ha dado su voto favorable y ahora tampoco lo hará. Tampoco con ocasión del auto del Supremo que abre causa al fiscal general por presunta revelación de secretos consistente en difundir correos electrónicos entre el abogado del señor González Amador y el fiscal del caso por delitos de defraudación tributaria y falsedad documental. Señorías, de este encausamiento del fiscal general el Partido Popular también nos insta a que reclamemos al Gobierno su cese; es decir, que un auto del Tribunal Supremo tenga consecuencias políticas y que nosotros seamos sus agentes mediatos. Esto nos lleva, a nuestro juicio, a otra cuestión previa: el análisis del auto del Supremo para determinar si del mismo es razonable sacar las conclusiones políticas que se nos piden. Y, señorías, nuestro grupo parlamentario, por el momento, no ve la suficiente densidad en el auto del Supremo para encausar al fiscal general del Estado por la filtración a los medios de comunicación de correos confidenciales. Señorías, ¿por qué señala exclusivamente al fiscal general del Estado y a la fiscal jefa de Madrid como potenciales filtradores cuando esos correos los conocieron más de una docena de funcionarios públicos antes de su filtración? ¿Por qué solo se señala al fiscal general del Estado cuando sabe las consecuencias políticas de ese señalamiento, la petición de su cese, como hoy comprobamos? ¿Por qué la Sala Segunda del Tribunal Supremo, sin poder hacer un deslinde claro del carácter dañino de la filtración para el imputado por fraude fiscal y falsificación documental ―el carácter dañino de la filtración es el elemento del tipo―, reclama que se abra causa como si se hubiera producido ese carácter dañino de la filtración? ¿Qué daño se hace con la revelación de los correos al derecho de defensa del señor González Amador si su propia relevancia, por sus relaciones afectivas, pone su caso en el escaparate público con todos los detalles? A pesar de todo, el Supremo pide que se abra causa y, además, señalando exclusivamente a dos fiscales: el fiscal general y la fiscal jefa de Madrid, en vez de dejar ―que hubiera sido lo razonable― que sea el instructor del caso quien determine, con su investigación, la naturaleza y circunstancias de la filtración y, en su caso, sus autores.

Por último, señorías ―y voy finalizando, presidente―, las filtraciones a los medios de comunicación son continuas, incluso con causas judiciales abiertas. Sin embargo, todos sabemos que es muy difícil determinar su autoría, ni siquiera si provienen de órganos judiciales, ya que los medios de comunicación están amparados por el derecho constitucional al comunicar la información que reciban y al guardar secreto profesional de la identidad de sus fuentes. Todo ello sabemos que dificulta la atribución de responsabilidad penal a los autores de las filtraciones, más cuando hay un número amplio de personas con acceso a esa información filtrada. Señorías, entonces, nos preguntamos por qué el Supremo señala al fiscal general cuando muy posiblemente este caso quede en nada, salvo, eso sí, que la finalidad sea llevarse al fiscal general ―como estos días he oído― «p’alante».

Nada más. Muchas gracias.

Senyories, contràriament al que acostumem a fer, començaré pel final, és a dir, anunciant el vot contrari de Junts per Catalunya a la proposició no de llei del Partit Popular que demana el cessament del fiscal general de l’Estat, el senyor Álvaro García Ortiz. Ho fem així, perquè aquesta iniciativa no és sinó un capítol més d’una evident operació de lawfare, en aquest cas contra una persona que ocupa una de les institucions més importants en tot l’Estat de dret, la Fiscalia General de l’Estat.

Mirin, nosaltres sabem de què va això. Sempre comença amb una denúncia falsa o un informe de la policia d’orígens obscurs, que tergiversa els fets o directament els inventa. Una denúncia que, òbviament es filtra als mitjans afins, uns mitjans que deshumanitzen la víctima i anticipen una condemna mediàtica. I continua amb l’assumpció d’aquesta denúncia falsa per part d’un òrgan judicial de part. En aquest punt, bona part del mal ja està fet, però moltes vegades la cosa continua amb un judici sense garanties i acaba amb una sentència injusta.

Sabem de què parlem i si no ho podem preguntar a l’alcalde Trias, al conseller Homs, al president Mas i als consellers Rull, Turull, Bassa, Romeva, Forn, el vicepresident Junqueras i el president Puigdemont i a tants i tants d’altres que han estat víctimes del lawfare de l’Estat espanyol. Tot això ho coneixem de primera mà. I vostès, vostès, senyors del PSOE, en lloc de començar per on he començat jo, és a dir, denunciant rotundament l’abús de dret, el lawfare i la injustícia, sempre, sempre heu girat la cara.

Això és la història de l’operació Catalunya. No només uns quants policies a les ordres de la cúpula del Ministeri de l’Interior del senyor Fernández Díaz, sinó una operació d’estat que comença el 2012 i s’allarga fins a data d’avui, que implica policies, sí, però també periodistes, empresaris, serveis secrets i jutges, magistrats i fiscals de totes les instàncies. L’operació Catalunya, una operació d’Estat per deslegitimar el moviment independentista que abasta els governs del PP i, evidentment, també els governs del Partit Socialista. Perquè si no recordo malament, ha estat durant mandats socialistes que desenes de persones, polítics, advocats, periodistes han estat espiats per raons estrictament ideològiques, amb eines tan sofisticades com el programa Pegasus.

El lawfare, naturalment, té una biga mestra, que són les togues. Ho hem viscut durant tota la repressió judicial dels darrers anys i ara ha tornat a quedar en evidència, amb la rebel·lió dels jutges i fiscals a l’hora de complir el seu deure, que no és altra que aplicar la llei. I em refereixo, òbviament, a la llei d’amnistia.

Mirin, si s’ha de reprovar algun fiscal, si s’ha de reprovar algun fiscal indigne, i ja que veig que vostès han citat el nom del Fiscal general de l’Estat repetidament, el senyor Álvaro García Ortiz, citaré aquí alguns fiscals que sí que mereixen ser reprovats: el fiscal Maza, malauradament finat, del qual hi ha proves evidents dels seus negocis amb la senyora Cospedal o els fiscals del judici del procés, —‌l’última cosa que els va interessar va ser la veritat, la justícia i els drets dels ciutadans: Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Jaime Moreno. O encara un altre, encara un altre fiscal, el fiscal Ignacio de Lucas Martín. El fiscal que portant el lawfare contra l’independentisme a l’extrem, contra tota evidència, contra tota prova, ha arribat a un acord pel qual s’ha perdonat el crim d’un assassí confés a canvi de incriminar a Gonzalo Boye, advocat defensor del president Puigdemont i negociador, com tots vostès saben, de la llei d’amnistia.

Potser estaria bé que el govern espanyol reconegués que, a més del senyor García Ortiz, hi ha altres víctimes del lawfare. Acabo amb les paraules de Gonzalo Boye:

Voy a juicio porque hay un fiscal que no debería ser fiscal y que, con los recursos públicos, se ha empeñado en llevarme al banquillo y asegurarse de que acabe el resto de la vida en prisión. ¿Por qué? No por lo que yo hago, sino por a quién defiendo. Está claro que me lo harán pagar, soy consciente de ello, pero nadie podrá decir que he dejado de defender a los líderes independentistas, al movimiento independentista, ni un solo día.

Gonzalo, des d’aquí només dir-te que serem al teu costat sempre. No deixarem caure, no deixarem caure a cap dels nostres sense donar batalla.

Moltes gràcies.

Señorías, contrariamente a lo que solemos hacer, voy a empezar por el final; es decir, anunciando el voto contrario de Junts per Catalunya a la proposición no de ley del Partido Popular que pide el cese del fiscal general del Estado, el señor Álvaro García Ortiz. Lo hacemos porque esta iniciativa legislativa solo es un capítulo más de una evidente operación de law fare, en este caso contra una persona que ocupa una de las instituciones más importantes en todo Estado de derecho: la Fiscalía General del Estado. Nosotros sabemos de qué va esto. Siempre empieza con una denuncia falsa; un informe de la policía con orígenes oscuros que tergiversa los hechos o que directamente los inventa; una denuncia que, obviamente, tiene unos fines que deshumanizan a la víctima y anticipan una condena mediática, y continúa con la asunción de este informe por parte de un órgano judicial de parte. En este momento gran parte del mal ya está hecho, pero muchas veces la cosa continúa con un juicio sin garantías y acaba con una sentencia injusta. Sabemos de qué hablamos y, si no, pueden preguntar al alcalde Trias, al conseller Homs, al presidente Mas, a los consellers Rull, Turull, Bassa, Romeva, Forn, al vicepresidente Junqueras, al presidente Puigdemont y a tantos y tantos otros que han sido víctimas del law fare del Estado español. Todo esto lo sabemos de primera mano y ustedes, señores del PSOE, en lugar de empezar por donde he empezado yo, es decir, denunciando rotundamente el abuso de derecho, el law fare y la injusticia, siempre han girado la cara. Esa es la historia de la Operación Cataluña. No son solo unos cuantos policías a las órdenes de la cúpula del Ministerio del Interior del señor Fernández Díaz, sino una operación de Estado que empieza en 2012 y se alarga hasta fecha de hoy. Implica a policías sí, pero también a periodistas, empresarios, a servicios secretos, a jueces, a magistrados y fiscales de todas las instancias. La Operación Cataluña es una operación de Estado para ilegitimar un Gobierno independentistas; una operación de los Gobiernos del PP y del Partido Socialista también, porque, si no recuerdo mal, fue durante los mandatos socialistas cuando muchísimas personas —‌políticos, abogados, periodistas— fueron espiados por razones estrictamente ideológicas con herramientas tan sofisticados como el programa Pegasus. El law fare, naturalmente, tiene una viga maestra: las togas. Lo hemos vivido durante toda la represión judicial de los últimos años y ahora ha vuelto a quedar en evidencia con la rebelión de los jueces y fiscales a la hora de cumplir su deber, que no es otro que aplicar la ley. Me refiero, obviamente, a la ley de amnistía.

Miren, si hay que reprobar a algún fiscal, si se ha de reprobar a algún fiscal indigno —‌y ya que veo que ustedes han citado el nombre del fiscal general del Estado repetidas veces, el señor Álvaro García Ortiz—, voy a citar aquí a algunos fiscales que sí merecen ser reprobados: el fiscal Maza —‌fallecido desgraciadamente—, del cual hay pruebas de sus negocios con la señora Cospedal; los fiscales del juicio del procés, a los que lo último que les interesó fue la libertad, la justicia y los derechos de los ciudadanos: Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Jaime Moreno y aún otro más, el fiscal Ignacio de Lucas Martín, el fiscal que, llevando el law fare contra el independentismo al extremo, contra toda evidencia, contra toda prueba ha llegado a un acuerdo por el que se ha perdonado el crimen de un asesino confeso a cambio de incriminar a Gonzalo Boye, abogado defensor del presidente Puigdemont y negociador ―como todos ustedes saben― de la ley de amnistía. Quizás estaría bien que el Gobierno español reconociera que, además del señor García Ortiz, existen otras víctimas del lawfare. Acabo citando las palabras de Gonzalo Boye:

Voy a juicio porque hay un fiscal que no debería ser fiscal y que, con los recursos públicos, se ha empeñado en llevarme al banquillo y asegurarse de que acabe el resto de la vida en prisión. ¿Por qué? No por lo que yo hago, sino por a quién defiendo. Está claro que me lo harán pagar, soy consciente de ello, pero nadie podrá decir que he dejado de defender a los líderes independentistas, al movimiento independentista, ni un solo día.

Gonzalo, desde aquí solo quiero decirte que estaremos siempre a tu lado, no te dejaremos caer, no dejaremos caer a ninguno de los nuestros sin dar la batalla.

Muchas gracias.

Como hemos visto hoy aquí, no hay que ser muy perspicaz para advertir que en el ataque del Partido Popular a la Fiscalía General del Estado no hay preocupación alguna por la independencia ni por la Constitución; por el contrario, lo que hay es la persistencia obscena en una vieja manía: dinamitar por cualquier medio toda institución que no controlen y que no puedan poner al servicio de la destrucción del adversario o del ocultamiento de su propia corrupción.

Pregunto. ¿Cuál fue la contribución a la independencia de la Fiscalía General del Estado de Jesús Cardenal, nombrado por Aznar? Amenazar a cualquier fiscal que criticase al Gobierno y oponerse a la entrega a España de un acusado de delitos de lesa humanidad como Augusto Pinochet. ¿Cuál fue la gran aportación a la independencia de los fiscales Maza y Moix, nombrados por Rajoy y reprobados por una amplísima mayoría de esta Cámara por proteger al Partido Popular en sus casos de corrupción? En realidad, lo único que le ha faltado al Partido Popular es sacar a algún diputado a describir a la fiscalía como un cáncer del Estado, que es lo que hizo el señor González Pons con el Tribunal Constitucional cuando ya no lo controlaban. Y ahora, en efecto, han colocado a las instituciones del Estado ante una situación inédita: una imputación que puede ser formalmente admisible, pero que es un escándalo desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque, como ha dicho un jurista como Joaquín Urías, resulta chocante ese afán del Tribunal Supremo por perseguir filtraciones de documentos judiciales cuando es uno de los lugares desde donde más documentos se pasan ilegítimamente a la prensa. Y es aquí donde entra en escena el papel de un magistrado estrechamente vinculado al Partido Popular y a sus posiciones ultraconservadoras, Manuel Marchena.

Cuando se filtró la sentencia del procés, un despropósito jurídico, Marchena se limitó a lamentar la filtración y la justificó porque tenía que pasar por doce personas, pero no abrió ninguna causa a ninguno de sus compañeros, el mismo juez que ya sufrimos en la Mesa del Congreso cuando se limitaron escandalosamente derechos de diputados independentistas electos por la ciudadanía; el mismo juez al que mi compañero Javier Sánchez Serna, de Podemos, y yo mismo denunciamos en la Mesa por su intolerable papel en la inhabilitación del diputado Alberto Rodríguez (aplausos), anulada luego por el Tribunal Constitucional; el mismo juez Marchena que antes de todo esto mantuvo una excepcional relación con los abogados del PP en la Gürtel y tuvo un papel clave en la defenestración del juez Garzón por este caso y por sus investigaciones en el franquismo (aplausos), y el mismo juez Marchena, por fin, cuyo último servicio a la causa parece ser doble: avalar la inaplicación de la Ley de Amnistía, enviando a Montesquieu a la papelera, y allanar el camino de la impunidad de Alberto González Amador y en consecuencia de Isabel Díaz Ayuso. Y es que el juez Marchena, al igual que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, están contribuyendo abiertamente a lo mismo: debilitar la mayoría de investidura como haya lugar y tapar el más importante de los nuevos casos de corrupción que afectan al Partido Popular. Esta proposición de ley, por lo tanto, sirve para eso, para aceitar el engranaje, para echar más fuego en la caldera de The Objective, de Okdiario, de El Debate y de otros pseudomedios hormonados por el Partido Popular para mentir descaradamente. (Aplausos). Para estos pseudomedios es el fiscal general del Estado, y no los 2 millones de euros cobrados en comisiones opacas por el compañero sentimental de Díaz Ayuso, el gran problema de corrupción que tenemos hoy. Estos pseudomedios son los que dirán que el problema es el fiscal y en última instancia la dictadura de Pedro Sánchez, como dicen ahora, y no los 350 000 euros desgravados mediante facturas falsas por Amador para sufragar el piso en el que vive con Ayuso. Como ustedes comprenderán, por más empeño que ponga Miguel Ángel Rodríguez, hay trucos que por burdos ya no engañan a nadie. Por eso, si alguien pretende defender la legalidad o la independencia judicial ya sabemos que no será el Partido Popular, que, desde Aznar a Ayuso, pasando por Rajoy, las ha pisoteado cuantas veces ha querido. Por eso, si hay alguien que tiene que ser defenestrado, no es un fiscal que, en mi opinión, ha defendido a la fiscalía con la verdad, sino los intoxicadores al servicio de un partido, y por eso, si alguien tiene que dimitir, está claro que no es la mayoría transversal plurinacional, que tiene el deber y el derecho a gobernar con valentía, sino una presidenta inescrupulosa que, igual que dejó morir a 7291 ancianos, está dispuesta a todo para mantenerse en el poder. (Aplausos).

Gracias, señor presidente. Señorías del PP, ya les adelanto que vamos a votar en contra; vamos a votar en contra porque alguien tiene que decirles que no todo vale. Cuando un partido cree que el país es su finca, su cortijo, cuando cree que el poder le pertenece por derecho o por cuna, que la alternancia es usurpación, pasa lo que pasa, y lo que pasa es que son ustedes el principal obstáculo para la normalidad institucional de nuestro país. (Aplausos). Todo el mundo sabe que esto no va ni ha ido nunca sobre el fiscal general del Estado, ustedes lo saben bien. Esto va ―no me cansaré de repetirlo una vez más― de poder y de los medios que se usan para acceder a él. Sus discursos, sus palabras, por desgracia, no son nuevas en esta Cámara ni en este país, porque en este país han pasado cosas, cosas que se han repetido como un patrón a lo largo de más de cuatro décadas, y donde hay patrón hay estrategia. Les quiero poner algunos ejemplos. Castilla y León, año 1986, Demetrio Madrid dimite de presidente tras ser imputado. Año 1989, absuelto de todos sus cargos. Entre fecha y fecha accede a la Presidencia un tal José María ―»el que pueda hacer que haga»― Aznar. Febrero de 1998. Resumiendo, años de crispación y de oposición destructiva. Revista Tiempo ―abro comillas―: «Felipe González era un hombre con una potencia política de tal calibre que fue necesario llegar al límite y poner en riesgo el Estado con tal de terminar con él». No son palabras mías, son de Luis María Ansón, director de ABC. Seguimos. Día 10 de junio de 2003. Tras las elecciones, la izquierda suma mayoría en la Asamblea de Madrid. Día de votación. ¡Oh, casualmente desaparecen dos diputados y llega a presidenta Esperanza Aguirre! Luego le pondrá Twitter a su perro y el resto ya es historia conocida. (Aplausos). Más. Zapatero. Durante siete años en esta Cámara, con el PP de Ángel ―ha sido ETA― Acebes y Eduardo Zaplana se suceden aquí decenas de sesiones de control llamando al presidente y al Gobierno traidores, ilegítimos, amigos de terroristas… Imagino que les debe sonar. Por cierto, el 11 de mayo de 2005, aquí mismo, M. Rajoy dejó para la posteridad un: Usted ha traicionado a los muertos. Al menos lo dijo sin cartel. Seguimos. Mayo de 2010, Cristóbal Montoro, ministro de Economía: que caiga España, que ya la levantaremos nosotros. Bien. Y seguimos. De 2013 a 2016 hasta diez imputaciones al candidato socialista a la Xunta, Gómez Besteiro, en aquellos años iniciales de Feijóo, un caso iniciado por correos electrónicos entregados por el PP de Lugo. Diez años después, todo archivado. Y hay más. Otra vez M. Rajoy, 13 de junio de 2017. Resumiendo, para la posteridad, la estrategia del PP: «cuanto peor, mejor para todos… cuanto peor para todos, mejor; mejor para mi ―el suyo― beneficio político». Una obra de arte dialéctica. (Risas y aplausos). Mención aparte merecen todos los Gobiernos que, casualmente y de manera coordinada, Ciudadanos, aquel partido liberal, decantó para el PP en Madrid, Andalucía, otra vez en Castilla y León, para luego pactar con VOX. Señorías del Partido Popular ¿pero ustedes exactamente qué entienden por democracia? ¿Qué entienden por democracia? ¿Cuál es su democracia? Señorías, esta propuesta no es más que un nuevo paso en su estrategia. Se trata de una acción coordinada, deliberada e impune, un ataque contra el Gobierno progresista surgido de la voluntad popular y parlamentaria. Es una persecución política y mediática bajo una colección de bulos, insultos y difamaciones, todo siguiendo un patrón muy muy claro: deshumanizar, traer a esta Cámara bulos fabricados fuera, esparcir barro; en definitiva, ensucia, que algo queda. Resumiendo, laminar la democracia para repartirse sus restos. Y con un mensaje triste, pero claro: no importa quién seas, el PP irá a por ti. Señorías, voy acabando. Más de veinte casos están previstos en la Audiencia Nacional asociados a su partido. De hecho, si su partido dejara de acumular causas abiertas quizás habría menos fiscales trabajando en ellas y harían otras cosas, pero el caso es que su problema con la Fiscalía es que si no les ‘afina’ no les gusta cómo suena. Quieren fiscales que les obedezcan, en el Gobierno o en la oposición, y si no les siguen son pasto de su estrategia. Por cierto, una estrategia que tiene un nombre, pero mejor les dejo que ustedes le pongan el nombre que tienen todos en mente. Muchas gracias, señor presidente.

Estamos estudiándola. Luego lo diremos.