Ricardo Chamorro Delmo
Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Lo primero que quiero hacer antes de iniciar la defensa de esta proposición no de ley es solidarizarme con todos aquellos agricultores que han perdido toda su producción después del temporal que está arrasando ahora mismo España y que está afectando a todas sus producciones. Desde el Grupo Parlamentario VOX llevaremos a cabo iniciativas para compensar esas pérdidas y para ayudar a estos agricultores. (Aplausos). En esta iniciativa parlamentaria en defensa del sector agrario, del campo español, partimos de unas declaraciones de un ministro de Agricultura que dice que los intereses que tenemos con Marruecos están por encima de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha declarado nulos los acuerdos de agricultura con Marruecos porque incluyen el Sáhara Occidental, un territorio que no es de soberanía marroquí. Los mismos que no dudan en aplicar sentencias aberrantes para nuestra soberanía que vienen de Europa ―como ocurrió con aquella sentencia que derogaba la doctrina Parot para beneficiar etarras que aplicó el Partido Popular― ahora dicen que esta sentencia que perjudica a los intereses de Marruecos no hay que aplicarla. Esos acuerdos con Marruecos perjudican a nuestro sector agrario y, en particular, están perjudicando a nuestro sector hortofrutícola. Menuda cara dura que tienen ustedes y los burócratas de Bruselas, que también dicen que los intereses de Marruecos están por encima de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y menudo papelón que están haciendo también los socios del Partido Socialista con Marruecos. Menuda vergüenza de gente, que llegó a venir al Congreso con banderas saharauis ―esto es igual que su feminismo pastelero de acosadores sexuales y sueltavioladores―, pero se calla con el Sáhara Occidental y con un Marruecos que ha elevado su presupuesto hasta 21 000 millones de euros frente a los 15 000 de España. La izquierda española es un chiste malo. (Aplausos). En relación con la política agraria común, su puesta en marcha ―sobre todo de la nueva política agraria común― trajo consigo el empeoramiento de las condiciones para los agricultores y ganaderos. La nueva PAC está diseñada fragmentariamente, con la vista puesta sobre todo en agendas medioambientales globales, pensando en el exterior en detrimento de la autonomía alimentaria europea y en los acuerdos mundiales de libre comercio. Es una PAC que implica más obligaciones, más burocracia, más condicionalidad, menos producciones, más trabas ambientales y, además, menos dinero. Están comprobados los recortes de esta nueva política agraria común. Aquí se diseñó un plan estratégico para España que supone la ruptura de los equilibrios territoriales por dañar el modelo social y profesional de la agricultura y por elaborarse sin un diálogo real con las organizaciones agrarias, sin estudios de impacto y contraviniendo todos los criterios técnicos y agronómicos.
Esto no es algo nuevo, es la evolución de varias décadas hasta llegar a una política agraria común, que es la que tenemos actualmente, que es el fruto de políticos serviles del Partido Popular Europeo y de los socialistas europeos, que han convertido la Unión Europea en un monstruo burocrático; políticos como Von der Leyen o Teresa Ribera, que, como muchos otros, se esconden tras el fanatismo climático para salvaguardar los intereses globales más siniestros frente a los intereses de Europa, frente a los intereses de España y de todo el sector agrario. (Aplausos). Son los adalides de las políticas de la inmigración ilegal y descontrolada del Pacto Verde que arruina al sector agrario y agroalimentario, un pacto verde que tanto los populares como los socialistas votaron la semana pasada en Bruselas que se aplicara de manera plena. Son también defensores de esa Agenda 2030 —el Pacto Verde es fruto de la Agenda 2030— contra nuestra industria y contra nuestro sistema productivo; los defensores de la plaga de plantas fotovoltaicas en sectores agrarios cultivables; los representantes de los fondos de inversión que hacen imposible comprarse una vivienda a nuestros jóvenes; los delegados de la especulación y la ruina que tumban nuestras soberanías nacionales y nuestras fronteras, que acaban con la clase media a base de impuestos cada vez mayores, que destruyen las familias y corrompen a nuestros niños y que arrasan nuestros Estados de derecho. Son una mafia global que solo piensa en ellos, una peste para nuestros pueblos y nuestro mundo rural. (Aplausos).
A cierta industria europea le convienen las importaciones agrícolas de países exteriores a cambio de contrapartidas industriales y financieras; a los políticos cortos de miras les convienen las importaciones del tercer mundo, que reducen teóricamente la inflación; a todos, por supuesto, les parece el momento de acabar con las ayudas a la producción agrícola con la excusa del medio ambiente, el fanatismo climático y las agendas globales. Eso y no otra cosa es la condicionalidad medioambiental, que realmente es una excusa para reducir las ayudas directas. De hecho, la modulación de las ayudas, tal como se está llevando a cabo ahora en la política agraria común, lo que está haciendo es perjudicar a los agricultores profesionales que viven en y del campo, que producen alimentos de calidad y que están arraigados en nuestros pueblos y en nuestro mundo rural.
El campo es algo más que un sector de la economía nacional. El agricultor es ante todo y como siempre el principal operador ecológico del país. La agricultura es el fundamento último de la existencia de nuestra comunidad nacional. Un pueblo incapaz de producir sus propios alimentos, al menos hasta un nivel de subsistencia, no será un pueblo independiente y soberano. No se trata tanto de hacerlo cuanto de poderlo hacer en hipotéticos tiempos de crisis como los que vivimos en el presente o los que hemos vivido en la crisis de la COVID. Por ello, se hace necesario aprobar esta proposición no de ley para modificar el plan estratégico de la PAC atendiendo los intereses de los agricultores españoles, ampliar las ayudas excepcionales, recuperar la preferencia comunitaria dando preferencia a los productores agrarios europeos, suspender MERCOSUR mientras no exista un informe de impacto o de compensaciones claras para nuestros agricultores que dé seguridad a nuestro sector agrario, garantizar una correcta aplicación de la ley de cadena alimentaria, garantizar con medidas reales el relevo generacional, un verdadero plan nacional de agua y un plan de regadíos y proteger a nuestros ganaderos excluyendo al lobo del LESPRE.