Proposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana.

Muchas gracias, presidenta. Quiero que mis primeras palabras sean para agradecer a los miembros de las asociaciones de Guardia Civil y sindicatos de la Policía que nos acompañen hoy en un debate en el que tienen mucho que ver, pero en el que sobre todo tienen mucho que ver los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Mi intervención hoy va a constar de cuatro puntos. En el primero de ellos haré una pequeña alusión a la situación y al punto en el que estamos respecto a esta ley. En el segundo dejaré claro qué es la ley de seguridad ciudadana tal y como está formulada ahora. En el tercero me referiré a por qué queremos reformar esta ley. Y en el último punto describiré para qué queremos reformar esta ley. Les confieso que hoy esperamos bien poco de las derechas en este debate. Hoy seguro que la cofradía del santo reproche desfilará por esta tribuna con sus bulos, con las ganas de quedar bien con su afición y con su listado de grandes éxitos de esta ley: el caos, el desarme, la impunidad, ETA y los acuerdos encapuchados. Pero hoy, que estamos en uno de los debates más relevantes en lo que llevamos de legislatura, en el debate de una ley fundamental para el ejercicio de nuestros derechos y libertades, sería un buen día para que hiciéramos todos un esfuerzo por enriquecer el debate público (aplausos) y alejarnos del ruido. Podríamos hacer un debate sobre qué modelos de seguridad tiene cada uno de nosotros, sin embargo, señorías, creo que seguiremos escuchando mucho ruido.

Hasta ahora, señorías de las derechas, su sólido argumentario en este tema tiene mucho que ver con el terraplanismo, con el negacionismo y con el tono de mi paisano Fernando Arrabal anunciando en televisión la llegada del milenarismo ―¿se acuerdan de aquellas imágenes?―.

Voy a utilizar la solidez de sus argumentos para justificar por qué debemos reformar esta ley; sus mismos argumentos. Si ustedes dicen que vivimos en una dictadura, ¿para qué vamos a mantener una ley que la legitima coartando la libertad de los individuos? Si ustedes dicen que vivimos en el caos y la inseguridad, ¿para qué mantener una ley que es incapaz de resolverlo? Y si dicen que confían plenamente en las instituciones europeas, ¿para qué mantener una ley sobre la que la Comisión de Venecia ―su admirada Comisión de Venecia― se ha pronunciado ya negativamente?

Ustedes, señorías de la derecha, se han parapetado detrás de los trabajadores del Ministerio del Interior usándolos contra el Gobierno. Son ustedes, señorías, una estafa. Y, claro, ante esto conviene recordarles que fueron ustedes los que engañaron a todos los trabajadores de las fuerzas y cuerpos de seguridad con la equiparación salarial, porque ya sabemos que, de haber estado ustedes en el Gobierno, nunca hubieran cumplido ese acuerdo. (Aplausos). Fueron ustedes, señorías, el Partido Popular, los que saquearon efectivos y medios, sí, porque fueron ustedes los que sacaron a cientos de policías y guardias civiles de Navarra, del País Vasco y de Cataluña y, sí, porque fueron ustedes los que dejaron en la ruina decenas de cuarteles y comisarías. Fueron ustedes, señorías de la derecha, quienes utilizaron a las fuerzas y cuerpos de seguridad para tapar su corrupción y fueron ustedes los que hace bien poco los llamaron traidores por aplicarles esta ley que hoy debatimos cuando más se manifestaban de forma violenta por las calles de nuestras ciudades.

Pero ―escuchen― ya no les engañan, lo han hecho ya demasiadas veces. Dejen de utilizarlos políticamente para algo que saben que no van a poder parar. No van a conseguir parar la aprobación de esta ley. Ni caos ni desarme ni acuerdo encapuchado. Esta ley, señorías, va a ser el fruto del acuerdo de la mayoría de esta Cámara y dotará a nuestros ciudadanos de más libertad y más seguridad. Se lo digo con la certeza de saber que no han acertado en ni una sola de sus previsiones: ni España se ha roto ni España se ha hundido. También se lo digo con la certeza de que, mientras los acuerdos en los que participa mi grupo parlamentario siempre ―siempre― van a favor de los españoles, los acuerdos que firman ustedes con VOX van siempre en contra de España, en contra de la memoria democrática, en contra del colectivo LGTBI, en contra de las mujeres, en contra de los inmigrantes y en contra de los sindicatos.

Paso ya al segundo punto. ¿Qué es la ley de seguridad ciudadana? Para ustedes, una norma que solo debe proteger a una parte. Para nosotros, una norma que debe proteger a todos los ciudadanos, a los periodistas, a las ONG, a las asociaciones, a las plataformas, a los colectivos y, por supuesto, a nuestra Policía y nuestra Guardia Civil. Esto, señorías, ya de por sí es relevante, porque marca la diferencia fundamental entre ustedes y nosotros. Ustedes tienen una visión muy estrecha de la realidad de nuestro país, del que ustedes no aceptan ni la diferencia ni la diversidad ni los avances sociales que se están produciendo. Nosotros estamos a años luz de su idea de organización del Estado de derecho basado en el control social. Ustedes entienden las relaciones entre la ciudadanía y el poder político como sometimiento y falta de pensamiento crítico. Para ustedes las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son organizaciones al servicio político del poder.

Con estos antecedentes es como se entiende que esta ley surgiera como respuesta a un clima de contestación social contra el Gobierno del Partido Popular. Así que, frente a esta situación, la respuesta del Partido Popular fue clara: generar un marco normativo que permitiera un mayor control político de la crítica social. Entonces es también cuando se entiende por qué pusieron ustedes en marcha la policía patriótica: para seguir teniendo control político sobre los adversarios políticos. Y todo esto bajo las órdenes de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior y todo bajo el mandato de M. Rajoy. (Aplausos). Fíjense, señorías del Partido Popular, cuál era su receta: contra la crítica social, mordaza; contra los adversarios políticos, policía patriótica. ¿Y hoy tienen ustedes el valor de hablar de corrupción y de falta de libertad de expresión en nuestro país?

Así que con todo esto, señorías del Grupo Popular, aprovechando esta mayoría parlamentaria que ustedes tenían en 2015, el Partido Popular impulsó esta ley y, además, impulsó cambios en el Código Penal para recortar el derecho a huelga, y no pararon con eso, porque en muchos de los ayuntamientos que ustedes gobernaban pusieron en marcha ordenanzas municipales para dificultar el acceso al derecho de manifestación con la excusa de la alteración del orden público. Es decir, esta ley nace con el objetivo de silenciar la crítica social, primero, sobredimensionado la capacidad sancionadora de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; segundo, acotando el derecho de manifestación, y, tercero, imponiendo un régimen sancionador claramente coercitivo, con multas de hasta 600 000 euros.

Ante este panorama, fuimos muchos los partidos y las organizaciones de la sociedad civil los que nos opusimos a esta ley, y por esto la derogación de esta ley ha formado parte de los programas electorales y de los acuerdos de gobierno de mi partido, del Partido Socialista Obrero Español, y por eso en este Congreso hemos impulsado, hasta en tres ocasiones, comisiones y hemos impulsado la derogación de la ley mordaza.

¿Y por qué queremos cambiar esta ley? Pues fíjense, señorías, porque desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno se han aprobado más de 250 leyes, a las que hay que añadir otros tantos reales decretos, y en estos seis años la realidad en nuestro país ha cambiado, porque somos una sociedad que ha avanzado en derechos y libertades, porque tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad más numerosos y mejor dotados, porque somos una sociedad más democrática en el acceso a la información, porque tenemos unas instituciones más transparentes, porque somos una sociedad digitalizada y porque somos una sociedad más tolerante. (Aplausos). Y todo esto, señorías, lo ha conseguido la mayoría de esta Cámara, a pesar de ustedes, que han puesto todas las trabas que han podido poner. Así que ya es hora de reformar la ley, lo que nos debe permitir ejercer nuestra libertad de opinión, de reunión y de manifestación en un contexto de seguridad y de libertad.

¿Y para qué queremos reformarla, señorías? Primero, para no criminalizar el derecho de huelga. Segundo, para ampliar nuestro derecho de manifestación. También para que los profesionales de los medios de comunicación puedan desarrollar su trabajo sin trabas. También para que haya más transparencia en el trabajo que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También para que el rechazo en frontera quede regulado en el lugar que le corresponde, la ley de extranjería, porque, señorías, las personas migrantes no son delincuentes. También para que nuestros agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad tengan un marco jurídico más garantista a la hora de hacer sus actuaciones. En resumen, señorías, para que sea una ley que nos permita desarrollar nuestros derechos y no una ley que impida su ejercicio.

Acabo ya, señorías. Hoy puede ser un gran día para el conjunto de la sociedad, hoy podemos poner la primera piedra para que el punto final de la ley de seguridad ciudadana, tal cual ustedes la contemplaban, finalice. Hoy podemos poner fin a una ley que ha recortado nuestra libertad de expresión.

Muchas gracias. (Aplausos).

Presidenta, señorías, España es un país seguro, tranquilo, sin problemas de orden público, a pesar de lo cual arrastramos una legislación restrictiva de libertades públicas y, en especial, del ejercicio del derecho de reunión y de manifestación. Por ello, es una urgencia democrática reformar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y aprobar una nueva legislación que garantice más libertades para conseguir mayor seguridad humana.

El Partido Popular y la ultraderecha presumen de ser muy liberales, de ser defensores de las libertades individuales, pero su práctica en el Gobierno es el recorte de derechos civiles y libertades públicas. Por ello, existe una necesidad y un amplio margen en nuestras leyes para ampliar los derechos de la ciudadanía sin comprometer la seguridad pública ni, por supuesto, el desarrollo de la tarea profesional de la Policía, que, si conseguimos aprobar esta ley, dispondrá de mecanismos más modernizados y más democráticos para llevar adelante exitosamente su trabajo para garantizar las libertades públicas.

Continuamos, así, nuestra estrategia de regeneración democrática del Estado y abordamos una ley de seguridad ciudadana integral, para construir un nuevo modelo de seguridad, que necesariamente tiene que ser más humana y más orientada a la convivencia, a la solución alternativa de conflictos y a la reparación del daño causado por infracciones a las normas de convivencia. Y vamos a derogar todos los contenidos liberticidas y lesivos que introdujo el Grupo Popular en sus reformas mordazas del año 2015 (aplausos) que impiden el ejercicio del derecho a la participación social, a la protesta o a la manifestación.

Es sencillamente falso afirmar que España es un país sin orden público, más bien es todo contrario: las tasas de infracciones a la convivencia en España se sitúan entre las más bajas de la Unión Europea, incluidos países de nuestro entorno como Reino Unido, Bélgica o Alemania. Y es impropio de una cultura democrática afirmar que la reforma de una ley considerada mordaza supone comprometer nuestra seguridad y la de los profesionales de la seguridad ciudadana. Esas afirmaciones son demagogia de la derecha, que no pierde ocasión de agitar a los colectivos de trabajadores de las fuerzas de seguridad para que olviden que el Partido Popular, tan preocupado, nunca subió debidamente sus salarios y, además, redujo las plantillas policiales. Enviamos un mensaje de tranquilidad a los sindicatos policiales y les rogamos que no se dejen utilizar ni manipular por el Partido Popular y la ultraderecha. Es el Gobierno, este Gobierno, el que les han subido los salarios un 30 % y el que ha incrementado las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y difícilmente podemos ser acusados de dejar a la policía sin medios para el trabajo.

Esa reforma supone una ampliación y mayores garantías también para toda la ciudadanía al facilitar nuevas herramientas y nuevas formas de intervención de los agentes policiales para que desarrollen su actividad con más eficacia y escrupuloso respeto al ordenamiento jurídico vigente en materia de derechos fundamentales. Porque la existencia de zonas oscuras o de falta de garantías en la legislación acaba perjudicando tanto a la ciudadanía como a los profesionales de la seguridad ciudadana. Por eso, pedimos a los sindicatos policiales que desarrollen su necesaria tarea reivindicativa, pero de manera que no comprometan la necesaria neutralidad de los servicios policiales, y que no sean utilizados por la extrema derecha, porque eso les aleja de la amplia mayoría de la sociedad española.

Y asistimos a un gran acuerdo de fuerzas democráticas, lo que no es habitual: son seis los grupos parlamentarios los que han presentado esta propuesta. Es un importante aval para la toma en consideración y para comenzar una tramitación parlamentaria que ojalá sea urgente, porque no hay excusas entre los demócratas para acabar con la ley mordaza, que lleva más tiempo en vigor con el Gobierno de coalición de izquierdas que el tiempo que estuvo en vigor con el Partido Popular. Hemos superado las dificultades arrastradas hasta ahora para alcanzar un acuerdo, que en algunos casos no eran ni siquiera por materias propias de esta ley, sino que hacían referencia a otros aspectos regulados en otras normas, algunas de las cuales actualmente también están siendo modificadas. Tenemos, por tanto, al alcance de la mano lo que probablemente es la última oportunidad para acabar con la ley mordaza (aplausos), y las demócratas y los demócratas no tenemos excusa para dejarla pasar.

Y una aclaración: el presente es un proyecto sustancialmente distinto al de la actual ley, empezando por el enfoque de protección de derechos y libertades del ciudadano que lo atraviesa, con un enfoque claramente progresista y avanzado en materia sancionadora y de reparación del daño causado. Y produce el principio orientador de convivencia ciudadana y da mayores garantías al ejercicio de todos los derechos y libertades fundamentales. Y será, por ejemplo, la legislación de protección civil la que determinará las situaciones en las que se pueda entrar en domicilios excepcionalmente, sin autorización judicial, o la que refuerce también las medidas para proteger la integridad de los animales domésticos.

Sobre las medidas excepcionales de seguridad, como el cierre o desalojo de edificios, se introduce una mayor garantía con la intervención del Ministerio Fiscal y se regula la duración del procedimiento de identificación en comisarías, evitando que puedan darse situaciones intermedias entre la detención y la libertad, que no caben en un Estado de derecho. No existirá, por tanto, posibilidad de estar retenido, ficción jurídica que ha sido rechazada por nuestra jurisprudencia, porque la limitación de la libertad deambulatoria que implica la identificación de las personas debe basarse siempre en una sospecha razonable sobre circunstancias objetivas. Es decir, se impiden las identificaciones indiscriminadas o por perfiles étnicos (aplausos), que deberán ser valoradas inmediatamente por el Ministerio Fiscal y la autoridad judicial.

Y se incluyen numerosas reivindicaciones históricas de las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Por ejemplo, también los agentes ―también― deben identificarse debidamente ante los ciudadanos, como en todos los países de nuestro entorno. Y respecto a los registros corporales, que han provocado a veces situaciones en las que no se preserva la intimidad de la ciudadanía e incluso podían ser utilizados para crear situaciones humillantes, la nueva regulación va a provocar estén circunscritos a indicios objetivos y se realicen preservando siempre la intimidad del administrado.

Igualmente, las reglas del debido proceso, que es la garantía del principio de igualdad en un Estado democrático, se van a ver reforzadas en esta ley. La igualdad de las partes se ha visto alterada, por ejemplo, por la falta de regulación de las cámaras de videovigilancia móviles. Ahora, su utilización será transparente, y se combinará la debida protección de datos con la puesta a disposición de la autoridad judicial para que las utilice en la persecución de cualquier infracción o delito. Y, en general, las diligencias periciales serán motivadas y mucho más proporcionales, siempre recurriendo a una apariencia, que tendrá que ser cualquier intervención lógica, coherente y razonable.

Pero, sobre todo, la nueva regulación del derecho de reunión y manifestación va a dar prioridad a la manifestación pacífica, sin que la ausencia de comunicación previa impida el ejercicio de un derecho considerado fundamental, siempre que se ejerza de forma pacífica. Por tanto, va a dejar de ser sancionable el ejercicio del derecho de reunión sin comunicación ante hechos que requieren de una manifestación o expresión pública inmediata. La actuación de las autoridades durante el ejercicio de este derecho de reunión siempre se va a guiar por un enfoque de derechos humanos, de forma que se perjudique lo menos posible el ejercicio de cualquier derecho. Es más, se modifica sustancialmente el régimen sancionador. Se van a eliminar sanciones que no están justificadas y otras se clarifican o se matizan. Se van a limitar las sanciones por intrusión en infraestructuras durante manifestaciones si no se provoca una alteración grave de su funcionamiento. Se suprime la sanción por perturbación grave en las reuniones o manifestaciones frente al Congreso, porque está muy bien que la gente venga a manifestarse aquí, a la puerta. Y se eliminan las sanciones a las trabajadoras sexuales en la vía pública, pero se mantienen las que se impondrán a los consumidores de prostitución. (Aplausos).

Respecto de la comisión de actuaciones relativas a la tenencia de sustancias psicotrópicas, también se va a modificar, de manera que se introduzca una visión más preventiva y menos sancionadora del consumo, que afecta a multitud de personas jóvenes. Y se van a recoger también las reclamaciones de los profesionales de los medios de comunicación, de forma que la toma de imágenes en manifestaciones o en operaciones policiales no será sancionable, siempre protegiendo, a la vez, el derecho a la intimidad o la seguridad de los policías y de sus familias.

Sin embargo, lo más importante es la introducción de un nuevo modelo de graduación de las sanciones económicas que va a garantizar por primera vez en la legislación española el principio constitucional de proporcionalidad e igualdad para la imposición de las cuantías de las multas. Se van a aplicar siempre criterios vinculados a la capacidad económica del administrado, porque no es lo mismo poner una infracción de 500 euros a quien le sobra el dinero que a quien no lo tiene. Por eso, se va a introducir la aplicación de un criterio de reducción de las sanciones económicas para infractores cuyos ingresos sean inferiores a 2,5 veces el salario mínimo o a 1,5 veces el salario mínimo. Es un criterio pionero y objetivo para la legislación sancionadora de este país. Además, se van a reducir las cuantías de las infracciones leves o graves. A mí algún amigo de la Guardia Civil de Tráfico me ha comentado alguna vez que están hartos de parar a conductores temerarios que, cuando les ponen la multa, dicen que pagan dos iguales y siguen conduciendo a toda velocidad. Eso es lo que se trata de evitar con la introducción de la ponderación de sanciones a imponer (aplausos), que va a afectar especialmente a los menores de edad. Van a existir también criterios para que los jóvenes, y no solamente los jóvenes ―que no pasaba hasta ahora―, puedan realizar tareas de reeducación, puedan reparar el daño causado y puedan así reducir las sanciones.

¿Y qué va a ser fundamental para llevar a cabo todo esto? Va a ser fundamental la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad en técnicas de mediación y de empleo de medios adecuados y alternativos para la solución de conflictos, para reducir tanto la conflictividad como, sobre todo, el riesgo que soportan nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Y lo haremos siguiendo criterios de Naciones Unidas que indican que, en la medida de lo posible, la intervención policial siempre debe tender a ser disuasoria y reparadora. Eso es lo que vamos a hacer, y estamos francamente orgullosos de los criterios que se introducen en esta ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Señorías, buenas tardes, arratsalde on. Como decíamos ayer, estamos ante una nueva oportunidad para acabar con una ley que no ha sido más que un instrumento de represión ciudadana, un instrumento de recorte de libertades y derechos que hace necesario más que nunca dotarnos de una nueva normativa que sea especialmente ―lo decían otros portavoces― un instrumento de garantía de las libertades ciudadanas. Lo decía el señor Serrada, el contexto en el que se aprobó la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, la llamada ley mordaza, fue un momento de recortes sociales en el cual la ciudadanía protestaba, se movilizaba ante ellos, y el Partido Popular aprobó en solitario un recorte de libertades. Hay una frase muy manida, muy conocida de Thomas Jefferson que viene a decir que cuando un Gobierno teme a la gente, hay libertad, pero cuando la gente teme a su Gobierno, hay tiranía. Y miren, ese es el paradigma que buscó el Partido Popular: callar a la ciudadanía vía sanciones, vía multas.

Lo más grave es que han transcurrido prácticamente diez años y que en estos años, es cierto, hemos sido incapaces de acabar con esa norma. Ha habido un acuerdo mayoritario de la mayoría de hoy en las Cortes Generales pidiendo acabar con esa ley; de igual forma, la inmensa mayoría de asociaciones y organizaciones proderechos y libertades están pidiendo acabar con esa norma, y, al mismo tiempo, diferentes organizaciones y organismos internacionales, ya sean relatores de Naciones Unidas, ya sean comités de derechos humanos tanto de Naciones Unidas como del Consejo de Europa ―se decía también la Comisión de Venecia―, están pidiendo que se acabe con las vaguedades y la arbitrariedad de esta norma.

Como decía, en la legislatura anterior fuimos incapaces de acabar con esta norma. Tras un arduo esfuerzo, con más de treinta acuerdos que tocaban especialmente asuntos que habían sido introducidos en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y que recortaban libertades, no fuimos capaces de acordar cuatro elementos que, desde el punto de vista de Euskal Herria Bildu y de Esquerra Republicana de Catalunya, eran nucleares a la hora de abordar los asuntos más lesivos de esa norma. Nos parecía un sinsentido que se abordara una nueva ley sin desactivarlos en sus partes más lesivas. Estos eran los dos artículos por los que más se ha sancionado mediante esta ley: faltas de respeto a la autoridad y desobediencia y resistencia, los artículos 36.6 y 37.4. De igual forma, quedaban sin abordar el material de un uso antidisturbios ―las pelotas, también conocidas como balas de goma― y las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla, en un contexto en el que se produjo la masacre de Melilla, en la que fallecieron decenas de personas; a día de hoy decenas de ellas… (Rumores.―La señora Acedo Reyes: En Marruecos). No sé qué dice la señora Acedo, no la escucho desde aquí. (Rumores.―La señora Vázquez Blanco pronuncia palabras que no se perciben). Señora Vázquez, usted estuvo conmigo y sabe que fue en territorio español, y lo reconoció incluso a los medios. (La señora Vázquez Blanco pronuncia palabras que no se perciben). Sí, pero ya sabe lo que pasó.

Luego debatimos si quiere, si es que interviene usted. Como ustedes saben, en ese contexto era un sinsentido abordar una nueva ley sin tocar estos cuatro asuntos. Me centraré especialmente en ellos, en primer lugar, en las faltas de respeto a la autoridad. Hoy en día, es un cajón de sastre por el cual un agente tiene la capacidad de interpretar cuándo y cómo se le está faltando al respeto, llevándonos a situaciones que han llegado al absurdo ya sea por un tono de voz, una mirada o una camiseta. Eso hace que se convierta en una manera arbitraria y que no haya objetividad alguna. Lo que ahora se aborda en la nueva normativa es que se dote de elementos de seguridad jurídica, esto es, que únicamente puedan ser los insultos a un agente de la autoridad los que puedan llevarnos a una hipotética sanción, a que se incoe un expediente. Es más, se añade un elemento de respeto recíproco que es muy conocido en otras latitudes y en otros países: el respeto mutuo entre ciudadanía y agentes. En caso de que haya una retractación por parte de aquella persona que ha sido sancionada, se podrá eliminar la sanción. Es un elemento pedagógico, es novedoso y es progresista también, y creemos que puede ayudar a que las cosas cambien en la relación entre agentes y ciudadanía. De igual forma, el artículo relativo a la desobediencia se dota de mayor objetividad y se pide que esta desobediencia sea manifiesta y clara. Además, cuando haya resistencia, esta deberá ser corporal, y la negativa a identificarse deberá ser manifiesta y clara. Esto supone dar mayor objetividad y acabar con el absurdo y con situaciones arbitrarias que han hecho que estos artículos se hayan utilizado y se sigan utilizando hoy en día sin ningún sentido. Comentaba también el asunto ―y ha tenido bastante repercusión en las redes sociales― del material antidisturbios. Es una obviedad que las llamadas pelotas de caucho, pelotas de goma o balas de goma son un material policial de otro siglo, son un material policial del siglo XX, y es un sinsentido que se siga utilizando a día de hoy. Este material destaca precisamente por su imprecisión. Ayer, un artículo del diario ABC, que yo creo que no les hizo ningún favor a los acompañantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, recogía la declaración de un agente ―que yo creo que no era el más hábil de su promoción― que decía que, si se les retiraban las pelotas de goma, cómo iban a hacer para enfrentarse a la masa, porque esas pelotas de goma no iban dirigidas contra una persona, un alborotador en algún caso, sino contra la masa. Así, venía a reconocer que no se hacía ninguna distinción; una burrada. Además, animo a todas y a todos a que se repasen la sentencia Laguna Guzmán vs. España, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por la que España fue condenada. De igual forma, ese material antidisturbios no es proporcional. En Euskal Herria lo conocemos bien, demasiado bien, pero es que estos años también lo hemos visto en Cataluña y en otros territorios del Estado. Ha habido amputaciones, ojos perdidos, testículos perdidos, mandíbulas rotas e incluso vidas sesgadas, sí ―en Euskal Herria conocemos los casos de Íñigo Cabacas y de Rosa Zarra―, por la utilización de este material antidisturbios. (Rumores).

Señorías del PP, ya sé que no les gusta lo que estoy diciendo…

Es una obviedad que todo material policial, y más si es antidisturbios, no es inocuo, no es un juguete, ya sabemos que puede ocasionar daño, pero ¿saben cuál es el problema? Que ese material ―las pelotas de goma― es peligroso incluso cuando se utiliza correctamente, incluso cuando se utiliza siguiendo los protocolos. Es un sinsentido que se siga utilizando hoy y, por eso, esperamos que más pronto que tarde el Gobierno presente el calendario de sustitución de este material. No vamos a ser nosotros quienes digamos cuál debe ser, doctores tiene la iglesia, ya lo fijarán, pero sí pedimos que sea un material proporcional y adecuado a los estándares internacionales. Además ―antes de acabar con este asunto―, cuando se utiliza este material hay también falta de trazabilidad. Lo vimos bien en el caso de Íñigo Cabacas, lo hemos visto en Cataluña y también en una anécdota que ocurrió en 2021, en Linares, cuando un agente confundió un cartucho de propulsión de una pelota de caucho y no se le ocurrió mejor idea ―por error, obviamente― que introducir un cartucho de postas, esto es, fuego real, con lo que ocasionó un disparo con varios impactos en la pierna de una persona ―que se salvó de milagro― afectándole a la femoral. Pues bien, cuando se fue a investigar quién había sido el agente causante de ese error, fue imposible. No hay trazabilidad, lo cual también hace necesario retirar ese material.

El último punto que hemos abordado en esa negociación con el Partido Socialista y SUMAR está el de las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla. Lo comentábamos antes a colación de los hechos de Melilla el 24 de junio de 2022. Hay que acabar con esas devoluciones sumarias colectivas. Cualquier persona potencial solicitante de asilo debe ser identificada en los puestos habilitados en frontera y se debe facilitar que se pueda cumplir con toda la legislación interna y externa en materia de derechos humanos. Estamos ante una oportunidad. Yo creo que sería positivo que antes de que se cumplieran los diez años de esta ley pudiéramos volver a traer a esta Cámara una nueva norma garantista con las libertades de la ciudadanía y con ese binomio de seguridad y de libertades.

Eta amaitzeko jaun-andreok. Aukera bat daukagu lege honekin amaitzeko. Mozal legearekin amaitzeko. Lehen aipatu dut; lege hori erabili zen jendearen aurka, jendea isilarazteko eta bildurtzeko eta esan bezala, aurreko legealdian ez ginen gai izan lege hori aldatzeko baina honetan bai. Honetan lau akordioetara heldu gara gehi genituenak joan den legealdian. Hor daukagu oinarria, lege gardenago bat, demokratikoago bat, eukiteko. Eta gainera, berme gehiago izango dituena.

Amaitzen joango naiz Presidente anderea. Lege horrek oreka mantenduko du bai, segurtasuna eta askatasunen printzipioen artean. Eta gainera, amaitzeko, eta lehen aipatzen nuen, argi dago legealdi honetan oso zaila dela lege berriak aurrera ateratzea, kontutan izanda zein den daukagun aritmetika parlamentarioa. Hori bai; hori bai; lortuko bagenu lege honekin edo lege hau hemen aurkeztea urtea amaitu baino lehen, ta zergatik? ba urtebetetze hori hamargarren urteurrena ez betetzeko uste dut opari ederra izango litzatekeela Gabonetarako. Besterik ez. Mila esker Presidente Anderea.

Y, para finalizar, señoras y señores, tenemos ahora la oportunidad de acabar por fin con la ley mordaza. Como bien decía antes, esta ley se utilizó para intentar acallar a la gente, para asustarla. Y, como bien decíamos, en la legislatura anterior no fuimos capaces de modificar dicha ley, pero puede que lo seamos durante esta legislatura, porque hemos llegado a cuatro acuerdos, más los que traíamos de la legislatura anterior. Ahí tenemos las bases para conseguir una ley más transparente, más democrática y, además, con más garantías.

Finalizo, señora presidenta. Esta ley mantendrá un equilibrio entre el binomio de la seguridad y las libertades, entre esos dos principios. Además, para finalizar, y puede que ya lo haya dicho, está claro que en esta legislatura no será fácil sacar adelante nuevas leyes teniendo en cuenta nuestra aritmética parlamentaria, las cosas como son. Eso sí, si consiguiésemos sacar adelante esta ley, presentarla aquí, de hecho, antes de finales de año, para no llegar a conmemorar ese décimo aniversario, yo creo que el mayor de los regalos para Navidades sería este, la aprobación de esta ley.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

Muchas gracias, presidenta. Arratsalde on, jaun-andreok. Señorías, será la tercera vez que debatamos en la Cámara la toma en consideración de una proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Ya lo hicimos en la XII Legislatura, con iniciativas del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Vasco. Ambas fueron tomadas en consideración y tramitadas conjuntamente. La reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana no pudo culminarse al disolverse anticipadamente las Cámaras. No obstante, se produjeron sustanciales avances en los trabajos de ponencia, alcanzándose acuerdos hasta el artículo 36, básicamente entre el Partido Popular, el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, imperando un clima de sosiego, a pesar de haberse pronosticado que sería una meta complicada, en vista de la confrontación política imperante en esa legislatura y en la que precedía, desde la misma aprobación de la ley de seguridad ciudadana, con la sola mayoría absoluta del Partido Popular y en medio de una fuerte controversia que ni siquiera ha cesado a día de hoy. En la pasada legislatura, la XIV, el Grupo Parlamentario Vasco volvió a plantear la iniciativa de reforma de la ley de seguridad ciudadana. Una vez tomada en consideración, se incorporaron a la ponencia, como documento de trabajo, los acuerdos provisionales alcanzados en la XII Legislatura, aunque en esta ocasión el Partido Popular, a diferencia de la actitud constructiva manifestada en la XII Legislatura, mostró una clara actitud beligerante contra la reforma de la ley de seguridad ciudadana, sin reconocerse siquiera en el documento de trabajo alcanzado con su participación en la XII. Señorías, conviene también recordar que en la legislatura pasada los trabajos de reforma avanzaron sustantivamente tras un intenso trabajo parlamentario entre los grupos promotores de su cambio y, como les indicaba, con la intensa oposición de aquellos grupos que se oponían a ella, que no se privaron de realizar manifestaciones, declaraciones hiperbólicas y sobreactuaciones y de instar movilizaciones desfigurando y tergiversando las reformas pactadas. Tras su paso por la ponencia, la propuesta llegó a la Comisión de Interior, con la reforma ―ya se ha señalado― de treinta y cinco artículos de un total de cincuenta y cuatro, con la introducción de unas cuantas adicionales, con una final nueva, con la modificación de veintidós de las sanciones ―de las cuarenta de la ley― y con cambios sustanciales en los tipos, en las sanciones y, en general, en el régimen sancionador. Finalmente no se aprobó por diferencias en cuatro aspectos ―ya se han citado― entre los impulsores de la reforma: la prohibición expresa de las pelotas de goma; el rechazo en la frontera de Ceuta y Melilla de aquellas personas que la crucen irregularmente, intentando superar los elementos de contención fronteriza; los tipos sancionadores ―ya se ha dicho, desobediencia, resistencia negativa a identificarse ante una autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones―, y las faltas de respeto y consideración a un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad que desacreditan la función pública encomendada. Como es conocido, en la sesión de comisión de 14 de marzo de 2023 se presentaron transacciones sobre estos aspectos que fueron rechazadas mutuamente, siendo determinante para que aquella iniciativa decayera el voto en contra de Bildu, ERC y Junts. Esta es, resumidamente, la historia de los distintos intentos de reforma de la ley orgánica de seguridad ciudadana habidos desde su aprobación en 2015. Ahora, señorías, debatimos de nuevo la toma en consideración de una iniciativa de reforma de esta ley sobre un texto que acuerdan el PSOE y Bildu y que fue presentado a la firma de los otros grupos parlamentarios, entre ellos el nuestro, el Grupo Vasco; texto que recoge los acuerdos de la pasada legislatura y que da redacción consensuada, solo entre el Partido Socialista y Bildu, a las cuatro discrepancias que se produjeron la pasada legislatura y que impidieron llevar la reforma al Boletín Oficial del Estado. Ciertamente, señorías ―y es preciso señalarlo―, este modo de proceder no nos parece el más propicio para la promoción de la confianza. Consideramos que, para lograrla, antes de presentar cualquier iniciativa debería haberse continuado con la dinámica de negociaciones discretas, como en la pasada legislatura, a fin de ir limando diferencias, sin dejarlas al escrutinio de aquellas formaciones políticas que solo buscan socavar la estabilidad política de la legislatura por cualquier medio. No obstante lo indicado, nuestro grupo sigue considerando un objetivo político la modificación de la ley de seguridad ciudadana, sin perjuicio de que nos reservemos el derecho a la reconsideración, en su caso, de alguna cuestión que quizá ahora pudiera haber quedado algo descompensada fruto del equilibrio de cesiones mutuas y a no dar por cerrados acuerdos en los que no hayamos participado previamente.

Señorías ―como les decía, y volviendo al fondo de la cuestión―, nuestro grupo parlamentario sigue considerando la ley de seguridad ciudadana una mala ley, gestada no específicamente para proteger a la ciudadanía, sino como respuesta autoritaria y de control ante expresiones ciudadanas de malestar social cuando una sociedad democrática avanzada no puede tener la respuesta policial como la fundamental ante la conflictividad social y las distintas expresiones ciudadanas de confrontación política o ideológica. En resumen, la ley de seguridad ciudadana es una norma donde se hace prevalecer un concepto extensivo de la seguridad, de las instituciones, de las autoridades y de sus agentes sobre la protección del ejercicio de los derechos ciudadanos y las libertades civiles. Esta visión autoritaria de la ley de seguridad ciudadana es hija no solo de actitudes de control social, sino también de cambios en el derecho punitivo del Estado, que no solo agravó penalmente ciertas conductas, como los delitos de opinión o la participación de los sindicatos en piquetes informativos, sino que trasladó al derecho administrativo, a la ley de seguridad ciudadana, una parte del contenido del derecho penal: las faltas con graves consecuencias para la ciudadanía. Así, la sanción ya no la impone un juez penal, sino la administración de seguridad, sin perjuicio de su revisión por la jurisdicción contencioso-administrativa, ciertamente menos garantista que la penal. En el procedimiento administrativo sancionador, las declaraciones de los agentes policiales gozan de un poder probatorio muy superior al del orden penal; la capacidad económica del infractor se toma en mucha mayor consideración en el Código Penal, artículo 53, que en el derecho administrativo sancionador; la sanción administrativa firme se inscribe en un registro, mientras que las condenas por faltas no eran inscribibles en registro alguno, y el pago de las multas administrativas ha de realizarse con carácter general, sin esperar a la resolución judicial, caso de ser recurridas, mientras que las sanciones penales solo se abonan tras la sentencia firme.

En fin, señorías, las mutaciones descritas y la propia ley de seguridad ciudadana configuran un binomio entre el llamado derecho penal de la peligrosidad y el derecho administrativo de la peligrosidad, en los que la seguridad se convierte en una categoría prioritaria de la política, en un bien jurídico que el Estado y los poderes públicos han de defender con todos los medios e instrumentos a su alcance, intensificando para ello la acción preventiva contra los ilícitos penales y/o administrativos, tipificando conductas que pudieran conducir a presumirlos, incrementando e intensificando también las conductas infractoras y sus sanciones y, como tercer efecto, generando un conflicto con el principio de proporcionalidad en sus tres dimensiones en cuanto a manifestación jurídica más relevante de la idea de equilibrio justo en la dicotomía entre la libertad y la seguridad.

Señorías, ya dijimos en legislaturas pasadas ante esta misma Cámara que la valoración negativa de la ley de seguridad ciudadana como norma de control social desincentivadora de la protección de la ciudadanía tiene expresión concreta en su articulado, sin alargarme mucho, en lo referido al derecho de huelga, al de manifestación y reunión, a la libertad de expresión, comunicación e información, a la libertad de circulación, a las potestades de policía de seguridad o al mismo régimen sancionador. En estas cuestiones y en otras muchas no se pone en la debida relación la seguridad con las libertades civiles y los derechos fundamentales a través de la interpretación más favorable al ejercicio de estos últimos frente a la primacía de aquella, la seguridad, desconociendo que, en la relación entre estos dos bienes jurídicos, la seguridad es un instrumento al servicio de la garantía de los derechos y libertades y nunca un fin en sí mismo.

Voy finalizando, presidenta, citando a la magistrada del Tribunal Constitucional, la señora Balaguer, que en su voto particular en una de las sentencias que resolvía uno de los recursos de inconstitucionalidad contra la ley de seguridad ciudadana manifestaba: La ley de seguridad ciudadana no debería ser una ley de control de la ciudadanía, sino una norma de control del poder que se ejerce sobre la ciudadanía. Y más tarde afirmaba: La libertad debe ser la regla, y la restricción, la excepción.

Señorías, por estas mismas razones seguiremos trabajando en esta legislatura por la modificación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana a fin de que esté más atenta a la garantía de los derechos y libertades públicas que regida o dominada por la idea de policía de seguridad en sentido estricto.

Nada más y muchas gracias.

Muy buenas tardes. Quiero comenzar mi intervención saludando a los representantes de los sindicatos y asociaciones profesionales de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que nos acompañan desde la tribuna del público: todo nuestro respeto, nuestro reconocimiento y nuestra lealtad. (Aplausos). Hoy asistimos al enésimo ejemplo que certifica que estamos ante un Gobierno agotado, además de ante un Gobierno podrido; un Gobierno que carece por completo de iniciativa y de acción política y que simplemente se alquila al mejor postor para aplicar lo que se le pida a cambio de permanecer en el poder. No es de extrañar, porque es un Gobierno que se crea por y para protegerse de los casos de corrupción que le acechan. Sánchez disuelve las Cortes en mayo de 2023 sabiendo ya que su Gobierno está siendo investigado por la justicia, y va a una investidura imposible porque tiene que conseguir a toda costa estar parapetado en su búnker de la Moncloa cuando estalle la bomba de la corrupción. Ahí quiere resistir la onda expansiva con la protección de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado y de todos los medios públicos a su alcance. La intención de este Gobierno no es gobernar; es estar, es permanecer, es mantenerse y es resistir. Cuando actúa, nunca es por iniciativa propia, siempre es para pagar un peaje, siempre es para pagar un peaje. (Aplausos). El inquilino de la Moncloa ha embargado su poco patrimonio político y de palabra para ir pagando cuotas cada vez más altas. Primero, Junts le exigió que hipotecase sus compromisos, su coherencia y la igualdad ante la ley con la amnistía, y Pedro Sánchez pagó el precio. Después fue Esquerra quien le exigió que hipotecase la posición de su partido sobre la solidaridad y la igualdad entre los españoles con el cupo separatista, y Pedro Sánchez pagó el precio. Después fue Bildu, que pidió la alcaldía de Pamplona, la ley de memoria histórica y la reducción de condenas a etarras, y Pedro Sánchez, lamentablemente, pagó el precio. Ahora vuelve a ser Bildu quien ha exigido su precio más apetitoso: rebajar la protección de un colectivo al que siempre ha tenido en el punto de mira, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. (Aplausos). Esto que digo sobre la desprotección no es una opinión del Partido Popular, es literalmente la opinión del Gobierno de Pedro Sánchez. No lo decimos nosotros, lo dice el propio Gobierno. El 19 de junio de 2024 ―antes de ayer―, en la Comisión de Interior de este Congreso, compareció el secretario de Estado de Seguridad, don Rafael Pérez, y dijo lo siguiente ―leo textualmente―: «Con respecto al uso de determinados materiales, igual que ustedes técnicamente han hecho referencia a que pueden producir determinadas lesiones, les lanzo esta pregunta de si no usar determinados materiales y lanzar a nuestros agentes directamente frente a determinados eventos que se están produciendo justo enfrente de ellos no supone un mayor riesgo, ya no solo para las personas que se encuentran enfrente, sino también para los propios agentes». Lo ha dicho el secretario de Estado de Seguridad, don Rafael Pérez. Por lo tanto, Pedro Sánchez, Grande-Marlaska y Rafael Pérez saben que este cambio va a suponer un mayor riesgo para los agentes, y lo hacen igual porque les da exactamente lo mismo. (Aplausos). Están dispuestos a pagar ese precio porque por encima de los agentes y de su integridad física lo que les importa es seguir en sus cargos y blindarse, porque los tres están implicados en esa gran trama de corrupción que está pudriendo al Gobierno de España. Si el precio es dejar la seguridad de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en manos de Bildu, lo hacen sin pestañear. ¡Despreciable, señores del Partido Socialista, tremendamente despreciable! (Aplausos). Igual que ya antes permitieron que fuesen los malversadores los que redactasen una modificación del Código Penal, luego permitieron que fuesen los condenados y encausados los que decidiesen qué sentencias había que borrar y qué procesos había que anular, hoy permiten que la seguridad de la Policía y la Guardia Civil vaya a estar en manos de quien sigue llevando en sus listas y sigue homenajeando a los que los mataban. (Aplausos). Lo han hecho, además, con saña. Lo han hecho, además, con mucha saña. No solo han aceptado cambiar la ley al dictado de Bildu, sino que han aceptado que hayan sido ellos quienes se hayan puesto la medalla con muchísima fanfarronería. Mertxe Aizpurua ha pasado de ser la voz de una banda terrorista a través de un medio de comunicación a ser la voz del Gobierno de España. Debería darles vergüenza. Debería darles vergüenza. (Aplausos). La misma persona que halagaba a los gudaris, que según ella iban a la guerra contra la Policía Nacional y la Guardia Civil, es la que decide ahora cómo debe desprotegerse a estos agentes. Para que todos lo tengamos claro, Bildu es el mismo partido que en el año 2019, hace muy poco, llamó en el Parlamento vasco nazis, franquistas y asquerosos a los representantes de los sindicatos policiales. Y lo hizo delante del mismo Partido Socialista que hoy le entrega el control sobre la seguridad de esos mismos policías. Deberían sentirse tremendamente avergonzados. (Aplausos).

Quiero que me escuchen los representantes de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ―la Guardia Civil, la Policía Nacional, las policías autonómicas y también las policías locales―: aunque este Gobierno ya no les defienda, aquí tienen al primer partido de España dispuesto a defender a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque es nuestra obligación y es la obligación de todas las fuerzas políticas que se consideren constitucionalistas. (Aplausos).

Este Gobierno ha traído esta reforma legal sin hablar con ninguno de sus sindicatos ni asociaciones profesionales, con ninguno. Los sindicatos y asociaciones de agentes no han tenido voz en esta reforma de la ley de seguridad ciudadana y quien ha llevado la voz cantante ha sido Bildu. ¡Vaya insulto! Han puesto vuestra seguridad en manos de vuestros peores enemigos, pero ya es la tónica habitual de la España del sanchismo podrido: la ley la hace el delincuente. Pensemos en los delitos del procés independentista. No solo es que los políticos que trataron de dar un golpe de Estado en el año 2017 hayan sido indultados y amnistiados, es que los delitos que cometieron han sido borrados y rebajados en el Código Penal para hacer más fácil que lo puedan volver a hacer. Del mismo modo, no solo es que los radicales que incendiaron las calles de Barcelona en el año 2019 y agredieron a quienes estaban defendiendo la ley y el orden hayan sido amnistiados, es que ahora vemos cómo también rebajan esta ley para hacer más fácil que lo vuelvan a hacer. El sello del Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez. (Aplausos).

Y no son las únicas conductas que será más fácil realizar con esta ley, a la que podemos llamar ya ley Otegi de la inseguridad ciudadana. Van a eliminar las infracciones por ocupación ilegal, van a reducir sanciones por tenencia de drogas, cultivo y consumo en la vía pública, van a rebajar las multas por falta de respeto personales a nuestros agentes y van a dificultar mantener la seguridad en las manifestaciones eliminando la necesidad de la comunicación previa. Todo eso lo hacen en un contexto en el que han aumentado la criminalidad y las agresiones a los agentes del orden: 46 agresiones al día sufren los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, 1400 agresiones al mes; muchas más desde que gobierna Pedro Sánchez. (Aplausos).

¿Qué está buscando entonces realmente con esta ley? Se lo digo yo. Cualquiera diría que algunos se están preparando para perder el Gobierno y volver a las calles. Desde luego, lo que no buscan es quitar ninguna mordaza a la ciudadanía porque nunca la hubo, y no porque lo diga el Partido Popular, sino porque lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Hace cuatro años una sentencia del Constitucional dejó claro que la ley era conforme a la Constitución, y España no tiene una Constitución que permita amordazar a absolutamente nadie. (Aplausos). Decían que la ley iba a impedir las manifestaciones políticas y las hemos visto de todo tipo y de todo color; y decían que blindaba a un Gobierno de derechas, pero ya se ha aplicado durante más años con Pedro Sánchez que con Mariano Rajoy. (Aplausos). El objetivo de esta reforma no es quitar esa mordaza inexistente, es ponerles unos grilletes a los servidores públicos encargados de proteger a la ciudadanía y de garantizar el orden, y es darle la llave de esos grilletes a los que más han atacado a la ciudadanía y al orden democrático de nuestro país. En los últimos años hemos visto situaciones de alto riesgo para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con ejemplos que todos recordamos. No estaban ustedes ni nosotros allí, estaban nuestros agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Cómo responderán al caos a partir de ahora si su Gobierno no les da herramientas? La ley Otegi les obligará a enfrentarse cuerpo a cuerpo con los delincuentes. La ley Otegi les obligará a controlar las calles sin saber quién se manifiesta, dónde y cuándo. La ley Otegi les obligará a ver cómo el que les ataca por la tarde vuelve a casa esa misma noche. Y la ley Otegi les obligará a actuar con las manos atadas en las fronteras de Ceuta y Melilla en un momento tremendamente complicado.

Señorías ―acabo ya―, este debate solo se produce porque estamos en una legislatura secuestrada, con auténticos expertos en secuestros al mando y con un Gobierno rehén; rehén de sus socios y rehén de su necesidad de mantenerse en el poder para protegerse ante su propia corrupción. Pero esto acabará. España pronto vivirá un cambio; tendrá un Gobierno que quiera gobernar y no solo resistir, que se deba a los españoles y no a los chantajes. Y ese Gobierno, que estará presidido por Alberto Núñez Feijóo, derogará esta reforma insensata que ustedes promueven hoy aquí, no tengan ninguna duda. (Aplausos). Y lo haremos cuando gobernemos España, porque se lo debemos a todos los agentes de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que se juegan día a día su vida, su integridad por este país y merecen, como mínimo, que este país se esfuerce en protegerles. Por eso, nosotros estamos en contra de la reforma que traen hoy aquí.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).

Muchas gracias, presidenta. Vaya fábula, señor Tellado, que se acaba de marcar aquí. ¡Vaya fábula! A ver, señor Tellado, empiezo por el final. Una pregunta, ese Gobierno que dice usted que supuestamente nos va a gobernar dentro de no sé cuánto tiempo ¿de quién estará al frente, de un presidente del Gobierno que se hace fotos con un narcotraficante (protestas.―Varios señores diputados: ¡Hala! ¡Hala!), o de una señora cuyo marido es un defraudador confeso? (Aplausos). ¿Al mando de quién va a estar ese Gobierno? (Rumores.― Protestas).

Fíjese, señor Tellado, usted hablaba de vergüenza. Oiga, ¿a usted no le da vergüenza ir a un despacho, al suyo, en la sede de Génova, que está pagado con dinero negro? ¿No le da ninguna vergüenza a usted? (Aplausos.―Rumores). A ver cómo le digo esto, señor Tellado, y a ustedes, señorías del PP, a ver si les queda claro de una vez. Miren, la cúpula del Ministerio del Interior cuando ustedes gobernaban ahora mismo está en el banquillo. Pero es que su milagro económico está en la cárcel. ¡Está en Soto del Real, señorías! (Aplausos). ¡A ver cuándo entienden la situación en la que ustedes se encuentran!

Y, fíjese, señor Tellado, ha dicho otra cosa que me ha llamado mucho la atención: «la ley la hace el delincuente». Entre comillas. Oiga, y ustedes cuando hicieron la amnistía fiscal ¿en quién estaban pensando? Porque resulta que la hicieron para blanquear dinero de ustedes, políticos, y sus amigos empresarios. (Aplausos). Así que, señor Tellado, creo que no ha estado usted muy fino en la defensa de la ley de seguridad. Por cierto, poco ha defendido la ley de seguridad; mucho ha defendido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y creo que no me ha escuchado nada de lo que he dicho sobre lo que ustedes hicieron al frente del Ministerio del Interior y en desproteger a nuestros policías y a nuestros guardias civiles.

Decía algunas cosas que no obedecen a la realidad. Fíjense, no se va a eliminar el material antidisturbios. La seguridad del Estado va a seguir en manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y si algo dice su ley es que hay manifestaciones que pueden no ser comunicadas. Exactamente lo mismo que dice esta norma. Así que, para la siguiente, señor Tellado, le voy a pedir que nos haga un favor a todos, léanse la ley, léanse la ley y vengan aquí con un poco de criterio político y un poco de criterio técnico y, en ese caso, podremos hacer un debate que sea enriquecedor para los ciudadanos. (Aplausos). Porque, miren, esta ley, señorías, va de defender los derechos y libertades de los ciudadanos, de generar espacios seguros donde puedan expresarse. ¡Y no esa mordaza que ustedes pusieron, señor Tellado! Sí, la pusieron.

Y diga qué es lo que dijo el Tribunal Constitucional en su sentencia. Pero diga también qué es lo que dijo la Comisión de Venecia sobre qué aspectos había que reformular de esta ley. Esta ley, señor Tellado, va de dar más garantías a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque vamos a definir exactamente qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo. Porque si hay una queja que tienen las asociaciones y los sindicatos es que hay veces que no saben exactamente a qué atenerse con esta ley.

Dicho esto, también estamos del lado de las instituciones europeas, ya se lo he dicho, que pidieron que cambiáramos la ley. Y estamos también del lado de las ONG, asociaciones, colectivos y plataformas. ¿Ustedes del lado de quién están? Tenemos que estar del lado de la ciudadanía, de todos los ciudadanos. Eso es lo que engrandece la acción política, señor Tellado. Lo demás es una utilización política y partidista, que es lo que ustedes hacen, de la Policía y de la Guardia Civil. (Aplausos).

Señorías, esta ley es una ley de la mayoría progresista de esta Cámara, de la que ustedes se han autoexcluido desde el principio. Nunca han querido hacer una ley de seguridad ciudadana que tenga que ver con los tiempos en los que ahora estamos, señoría. ¿Qué les da miedo? ¿Por qué les da tanto miedo el cambio, señorías del Partido Popular? ¿Por qué les da tanto miedo cambiar? ¿Por qué les da tanto miedo legislar y normalizar comportamientos que ya están aceptados en el conjunto de la sociedad? Señorías del PP, les voy a decir una cosa: este cambio no lo van a parar ni ustedes ni nadie.

Muchas gracias. (Aplausos).

Voy a ser muy breve, señor Tellado. Simplemente quiero dejar constancia en esta Cámara, que representa la soberanía nacional, que las leyes en España no las hacen los delincuentes; las hacen los legisladores. Hay que mantener el debido respeto. (Aplausos). Me parece realmente lamentable haber realizado en esta Cámara una afirmación de esa consideración, que lo único que demuestra es el afán demagógico y su incapacidad para recurrir argumentos contrarios a esta ley. Si no, no habría tenido sentido que usted hubiera gastado más de la mitad de su intervención en temas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que estamos regulando o abordando; por no entrar en la falta de pudor que hay que tener para venir aquí, subir a esta tribuna, un representante de su partido, a dar lecciones a este país sobre corrupción. (Aplausos). Yo les sugiero que esos temas casi que los aparquen y los limiten al máximo, porque tengo entendido que cada dos meses, de aquí hasta el mes de mayo que viene, van a tener ustedes una sentencia probablemente condenatoria. (Rumores).

En todo caso, le voy a hacer una serie de aclaraciones. Las agresiones a la policía se castigan por el Código Penal. No estamos reformando el Código Penal y no se está abordando ningún debate; con lo cual, cualquier tipo de agresión que sufra cualquier miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tiene la debida protección. Y, desde luego, no es este el objeto de este debate, sino la modernización de nuestro régimen de control del orden público y de prevención de incidentes y de alteraciones del orden público. Es decir, estamos introduciendo ―y eso es lo que parece que a ustedes les preocupa― métodos de prevención de las alteraciones de orden público para que no haya que llegar a esas situaciones que se generalizaron durante su Gobierno, que ustedes acostumbran a provocar constantemente, revueltas ciudadanas y alteraciones del orden público.

Para acabar rápido, yo lo que pido a toda esta Cámara y a quienes tengan dudas es que no atiendan los argumentos que hemos dado los distintos ponentes que hemos intervenido hasta ahora defendiendo este texto, atiendan al criterio de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional les acaba de enviar una carta a todos los grupos parlamentarios ―también a usted, señor Tellado― pidiendo que la Cámara apruebe esta toma en consideración. Amnistía Internacional dice que para ellos esta reforma ni siquiera es suficiente, es un paso en el buen camino, y que un país democrático respetuoso con los derechos y libertades públicas todavía podría hacer mucho más. Con lo cual, yo lo que pido es que hagamos más caso a Amnistía Internacional y que a la mayor brevedad posible se pueda aprobar esta norma, con las debidas correcciones si hacen falta durante su tramitación, para que nuestro país cuente con una legislación en materia de seguridad ciudadana y libertades plenamente respetuosa con los derechos humanos. Y, francamente, no me cabe en la cabeza que un partido de esta Cámara que se dice democrático pueda tener prevenciones o desconfianzas con que se garanticen los derechos humanos a todos los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Señor Tellado, usted legítimamente defiende una posición contraria a esta proposición de ley. Es lógico porque esta ley la aprobaron ustedes en solitario y es normal que no les guste la nueva proposición de ley. Además, yo creo que en el juego parlamentario es positivo que no les guste. Ahora bien, señor Tellado, sinceramente, creo que usted es muy osado porque es obvio que usted no se ha leído la proposición de ley, no se la ha leído. Si quiere, le hago un concurso de preguntas y respuestas para ver que no se la ha leído.

Es legítimo hacer un discurso político, pero cuando se falla tanto y cuando se va a ese instrumento de la falacia ad hominem, es obvio que denota una incapacidad para el debate de fondo, y eso es lo que ha hecho usted. Es cierto que nosotros, Euskal Herria Bildu, estamos satisfechos con la proposición de ley que se presenta, que va en la misma línea de lo que pide la Comisión de Venecia, el Consejo de Europa, relatores de Naciones Unidas. ¿Qué ocurre, que la ONU, la Comisión de Venecia y el Consejo de Europa son ETA también? Como decía Rajoy: ETA es una gran nación. ¿Usted está en eso también? Señor Tellado, no se lo ha preparado.

Es más, sobre las pelotas de goma, cuando le está diciendo al Partido Socialista que han cambiado de opinión, el Partido Socialista trajo a esta Cámara en 2012 una proposición no de ley a la Comisión de Interior pidiendo la sustitución de las pelotas de goma. Usted no se ha preparado esta intervención, señor Tellado. (Aplausos).

Sobre Ceuta y Melilla, usted que defiende tanto a los colectivos, no se lo ha preparado, no se lo ha leído siquiera. (Rumores). Fíjese. Sobre Ceuta y Melilla, ¿cuál es una reivindicación constante de los sindicatos policiales? Recibir los protocolos por escrito. ¿Les ata esto de manos y pies cuando se marca cuál debe ser el procedimiento? Un procedimiento muy claro según criterios y estándares internacionales de respeto a los derechos humanos. ¿Esto es atar de pies y manos a los agentes? Señor Tellado, no se ha preparado la intervención, no se ha leído la proposición. Coloquialmente, no tiene ni idea. Sí tiene compañeras que saben del tema porque han estado en la ponencia y porque dominan el asunto, no sé por qué no han intervenido estas personas cuando tienen mayor capacidad. (Rumores.—Aplausos). Sobre este asunto, ¿qué les pasa? No se pongan nerviosos, estoy hablando con mucha educación, no se alteren. (El señor Hernando Fraile pronuncia palabras que no se perciben). ¿Es machista decir que tienen más capacidad ellas? No sé, creo que le ha quedado un poco flojo, señor Hernando. (Risas). Machista será si a estas personas que están más preparadas no las dejan intervenir. Será machista esa actitud, no lo contrario. (Rumores).

Al grano, si dicen ustedes que con esta legislación… (Una señora diputada pronuncia palabras que no se perciben.—Aplausos). Calma, no se pongan nerviosos…

Miren, si ustedes dicen que ahora están subiendo las tasas de delincuencia con la normativa que tenemos en relación con el Código Penal ―es cierto que es uno de los más severos de la Unión Europea― y también con esta ley de seguridad ciudadana que aprobaron ustedes, esto significa que no es buena, que hay que modificarla. Si la normativa no está sirviendo para que no suba la delincuencia, algo habrá que hacer, ¿no? Además de medidas concretas, también habrá que ir a la legislación. En este camino estamos, en el de mejorar la legislación en materia de seguridad y también de respeto a los derechos de la ciudadanía.

Por acabar, ustedes hablaban de la pinza, de los favores del PSOE a Junts, a Esquerra, a Bildu, a todos. Señor Tellado, ¿qué es lo que hacen ustedes cuando presentan iniciativas, intentando lograr esa famosa pinza de buscar el voto de toda la bancada de izquierdas y de fuerzas soberanistas e independentistas para aislar al PSOE? ¿Eso lo hacen gratis? Ahí el voto de Bildu, de Esquerra, de Junts no solamente no les molesta, sino que lo buscan. Señor Tellado, escúcheme si le apetece. También lo piden, esa es la realidad. El Partido Popular pide el voto a Junts, a Esquerra, a Bildu. Lo piden ustedes. (Protestas.—Un señor diputado: De vosotros, no.—Aplausos). A ver, listos y listas, ¿quién se apuesta lo que sea a que yo tengo mensajes de ustedes pidiéndonos votos a favor de sus iniciativas? (Rumores.— Aplausos). Que salga el primero. Es más, de alguno de los que alza la mano ahora.

Acabo. (Rumores).

Señor Tellado, es cierto que durante toda su vida política ha pasado por diferentes posiciones políticas, algo que también es legítimo y que no es raro ni en la política, ni en la vida. Usted fue un conocido militante de la izquierda independentista galega, del MEU, el Movemento Estudantil Universitario, y también un locutor independentista en Radio Fene. Usted, más allá que pueda tener lo que se llama el síndrome de Torquemada, ¿usted reconoce todo lo que decían esas editoriales del MEU y todo lo que decía usted en aquella radio? Seguramente usted ha tenido posiciones diferentes, ¿no? O le tenemos que buscar su hemeroteca o radioteca, porque igual le echan del partido, señor Tellado. (Rumores).

En definitiva, con todo el respeto, ha sido usted muy osado. Es normal que usted se manifieste en contra de esta proposición de ley, pero, por favor, vaya al fondo y no a las falacias ad hominem y a otros argumentos que no tienen mucho sentido.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Señor Serrada, hay que ser muy valiente para subirse hoy a esta tribuna, militando en el Partido Socialista, y hablar de corrupción en otros partidos (aplausos), el mismo día que le aumentan los cargos a la mujer del presidente del Gobierno; si no era poco el tráfico de influencias y la corrupción, ahora apropiación indebida e intrusismo. Es usted un atrevido, espero que se lo tengan en cuenta y se lo paguen bien. (Risas). Señor Santiago, no está su partido para dar lecciones de nada en este Pleno. No lo está. (Rumores). El Gobierno que hacía bandera del feminismo y que venía para acabar con la corrupción es el Gobierno más corrupto y con prácticas que atentan contra la libertad sexual de las mujeres. (Aplausos.―Un señor diputado: ¡Bravo!). Hoy, lecciones ni una, señor Santiago, ni una. Desde su partido ni una, porque ustedes amparan la corrupción del Partido Socialista a cambio de los escaños que ocupan dentro del Gobierno de España. (Un señor diputado: ¡Falso!). Señor Iñarritu, es lamentable que aquellos que vivían de sembrar el terror hoy sean los que digan cómo hay que combatirlo. Los que asesinaron a 230 guardias civiles, a 183 policías nacionales y a 30 policías municipales, los que llevan años trabajando para echar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil del País Vasco y de Navarra; también, aquellos que pretenden expulsar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de Cataluña, aquellos que se mostraban emocionados viendo cómo manifestantes agredían a agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Que esa calaña esté detrás de esta ley debería avergonzar profundamente al Partido Socialista; profundamente. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie.―El señor López Álvarez pronuncia palabras que no se perciben). El Partido Socialista ha desertado del constitucionalismo y solo milita en el oportunismo: mantenerse en el poder cueste lo que cueste, valga lo que valga, sin escrúpulos, sin principios. En eso se ha convertido el Partido Socialista. ¿Qué pretende esta reforma? ¿Acaso vivimos hoy en una sociedad más segura? No. La criminalidad ha crecido un 20 % desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno. (Rumores). En solo un año hemos pasado de 32 agresiones al día a nuestros agentes del orden a 46 agresiones; 1400 al mes. Y ahora tienen que enfrentarse también a un Gobierno y a sus socios que lo que pretenden es desprotegerles. Allá ustedes con su conciencia, si es que aún les queda. Miren, si la ley vigente fue calificada por aquí y por allí (señalando las zonas central e izquierda del hemiciclo) como ley mordaza, lo que proponen hoy solo puede ser calificada como ley Otegi, porque fue Bildu quien la presentó y es su bajeza moral la que la inspira: una ley del caos, una ley de la impunidad, una ley de odio hacia nuestra Policía Nacional y hacia nuestra Guardia Civil, una ley que quita las esposas al vándalo y al delincuente para ponérselas a los agentes de la autoridad; en definitiva, una ley de la vergüenza y una ley de desprecio, una ley podrida a la altura de un Gobierno podrido. (Aplausos). Ahí están ustedes en plena sintonía. Miren, nosotros vamos a combatir esta ley en esta Cámara, en el Senado y allá donde podamos, y lo vamos a hacer porque queremos una sociedad cada vez más segura, porque no hay libertad sin seguridad. Ustedes quieren hacer perder el principio de autoridad a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no porque crean que es lo mejor para la España de 2024, sino simplemente porque se lo exigen sus socios parlamentarios para poder mantenerse en el poder. Nosotros vamos a trabajar desde las Cortes Generales del Estado, vamos a trabajar desde las instituciones —‌hoy desde la oposición y mañana desde el Gobierno— para mantener el principio de autoridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de nuestro país. Allá el Partido Socialista con la posición en que queda. A ese partido ya no hay quien lo reconozca. Es un partido que ha decidido desertar del constitucionalismo y de la defensa del Estado de derecho. Allá cada cual. Allá qué partido quede cuando Pedro Sánchez pase, y eso está más cerca de lo que ustedes se creen. Allá ustedes. Nosotros estaremos aquí y siempre con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nada más y muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).

Obrigado, señora presidenta. Moi boa tarde. A derrogación da Lei de seguranza cidadá, de 2015, do Partido Popular, chamada popularmente, con grande acerto, señor Tellado, «lei da mordaza» era, e continúa a ser, unha esixencia social de primeira magnitude na medida en que o que está en xogo é o respecto do exercicio de dereitos fundamentais básicos. Quer dicir, está en xogo a propia esencia da democracia. Isto é así precisamente porque o Partido Popular, que de respecto a dereitos democráticos sempre andou ben escaso, impulsou esta lei co obxectivo de tentar conter as protestas e a conflitividade social e política como consecuencia da crise desatada a partir de 2008 e sobre todo, xerada polas políticas, esa conflitividade social, xerada polas políticas de recortes claramente antisociais implementadas polos gobernos do PP. Así pois, foi concibida desde o inicio como unha ferramenta de represión, de conculcación de dereitos como o de reunión e manifestación e nesa medida debería ter sido derrogada de forma inmediata após a caída do último goberno de Mariano Rajoy. No entanto, infelizmente, os gobernos, os gobernos do Partido Socialista e Unidas Podemos, SUMAR até agora non só non a derrogaron, senón que foi este o goberno que máis a empregou.

E hai que dicir que foi a presión política das forzas soberanistas e democráticas a que levou a que esteamos a falar dunha proposta de mudanza substancial da lei que, esperamos, abra a vía da definitiva derrogación da normativa retrógrada do Partido Popular. E comezo por sinalar que o BNG apoiou esta proposición de lei para cooperar nunha áxil tramitación dun texto que incorpora mudanzas significativas e que consideramos válido, e nisto quero ser claro, como punto de partida. Non nos parece que, en función de cuestións moi relevantes que aínda fican, represente realmente unha derrogación plena da lei do PP e por tanto traballaremos na fase de tramitación para incorporar aspectos que permitan camiñar para unha norma que realmente garanta e garanta o exercicio de dereitos democráticos esenciais. No concreto, aínda que algunhas das medidas máis controvertidas da Lei de seguranza cidadá, de 2015, son mudadas, como a sanción grave dos artigos 36.2 ou 36.3.

Achamos que fican elementos que continúan a ser problemáticos; para comezar, porque as melloras que non negamos, evidentemente van pensadas fundamentalmente ao [inintelixible] á revisión xudicial da actuación policial posteriormente, e iso non vai evitar excesos policiais. A lei mantén a retención policial no caso de non posibilidade de identificación e non prevé para iso unha sólida documentación, por exemplo, por medio de actas inmediatas non posteriores das actuacións policiais. Mantense tamén a infracción grave do artigo 36.23 sobre o uso de imaxes de axentes e a presunción de veracidade do artigo 52. No que atinxe ao uso de proxectís de goma, a pesar de incorporar a substitución progresiva por outros menos lesivos, non se establece prazo e alén do máis, cremos que o lóxico é que se abandone totalmente o uso de elementos coercitivos agresivos que impliquen risco para a saúde e a integridade das persoas. En definitiva, votamos a favor da toma en consideración e presentaremos emendas co obxectivo de garantir que a nova lei non só non implique, non só implique que fique derrogada a do PP, senón que é plenamente respectuosa co dereito democrático. A nosa posición final responderá e dependerá loxicamente de que isto sexa verificado.

Moito obrigado.

Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes. La derogación de la ley de seguridad ciudadana de 2015 del Partido Popular, llamada popularmente ―con gran acierto, señor Tellado― ley mordaza, era y sigue siendo una exigencia social de primera magnitud en la medida en que lo que está en juego es el respeto al ejercicio de derechos básicos fundamentales; es decir, está en juego la propia esencia de la democracia. Esto es así precisamente porque el Partido Popular, que con respecto a los derechos democráticos siempre ha andado bien escaso, impulsó esta ley con el objetivo de intentar contener las protestas y la conflictividad social y política consecuencia de la crisis desatada a partir de 2008 y, sobre todo, generada por las políticas de recortes claramente antisociales implementadas por los Gobiernos del PP. Así pues, concebida desde el inicio como una herramienta de represión y conculcación de derechos como el de reunión y manifestación. En esa medida, debería haber sido derogada de forma inmediata después de la caída del último Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, infelizmente o por desgracia, los Gobiernos del Partido Socialista, Unidas Podemos y SUMAR hasta ahora no solamente no la han derogado, sino que este ha sido el Gobierno que más la ha empleado. Tengo que decir que ha sido la presión política de las fuerzas soberanistas y democráticas la que llevó a que estemos hablando de una propuesta de cambio sustancial de la ley que esperamos abra la vía de la definitiva derogación de la normativa retrógrada del Partido Popular.

Comienzo por señalar que el BNG apoyó esta proposición de ley para cooperar en la ágil tramitación de un texto que incorpora cambios significativos y que consideramos válido, y en esto quiero ser claro, como punto de partida. No nos parece que, en función de cuestiones muy relevantes que todavía permanecen, represente realmente una derogación plena de la ley del PP y, por lo tanto, trabajaremos en la fase de tramitación para incorporar aspectos que permitan caminar hacia una norma que realmente garantice el ejercicio de derechos democráticos esenciales. Concretamente, aunque algunas de las medidas más controvertidas de la ley de seguridad ciudadana de 2015 han cambiado, como las sanciones a través de los artículos 36.2 y 36.3, consideramos que quedan elementos que siguen siendo problemáticos, para empezar porque las mejoras, que no negamos, evidentemente, están pensadas fundamentalmente al ex post facto, a la revisión judicial de la actuación policial posteriormente y esto no va a evitar excesos policiales. La ley mantiene la retención policial en el caso de no posibilidad de identificación y no prevé para eso una sólida documentación, por ejemplo, por medio de actas inmediatas, no posteriores a las actuaciones policiales. Se mantiene también la infracción grave del artículo 36.23 sobre el uso de imágenes de los agentes y la presunción de veracidad del artículo 52. Y en lo que atañe al uso de proyectiles de goma, a pesar de incorporar la sustitución progresiva por otros menos lesivos, no se establece plazo, cuando creemos que lo lógico es que se abandone totalmente el uso de elementos coercitivos agresivos que impliquen riesgo para la salud e integridad de las personas.

En definitiva, votaremos a favor de la toma en consideración y presentaremos enmiendas con el objetivo de garantizar que la nueva ley no solamente implique que queda derogada la del PP, sino que sea plenamente respetuosa con los derechos democráticos. Nuestra posición final dependerá lógicamente de que esto sea verificado.

Muchas gracias.

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenos días. Si me lo permite la Presidencia, una cuestión previa. Señores de Bildu, hoy lo han dicho dos veces, es que no se cansan de decirlo en todas las sesiones plenarias, y yo les tengo que contestar: Euskal Herria como ente político no existe. No existe, que les quede claro (aplausos), y la voluntad mayoritaria de los navarros es contraria. Por lo tanto, que les quede claro. Señorías, esta iniciativa que hoy se tramita va a conllevar que las fuerzas y cuerpos de seguridad pierdan autoridad y queden más desprotegidas. Esto es una realidad, esta es una verdad, y sobre todo se evidencia que a partir de ahora lo que puedan hacer y no puedan hacer va a depender y lo va a decidir Bildu. Sí, señorías, el mundo al revés, que diría Goytisolo. Van a ser los herederos políticos de ETA, los que organizaban la kale borroka, los que van a decir cómo se van a disolver las manifestaciones, los que van a decir cómo se va a poder insultar y despreciar a la Policía. Sí, señorías, los mismos que siguen sin condenar los atentados de ETA, los mismos que tienen entre sus dirigentes a terroristas, los mismos que los llevan en sus listas electorales, los mismos que siguen organizando actos de enaltecimiento de los terroristas que, como se ha dicho aquí, han matado a decenas y decenas de policías y de guardias civiles. Sí, señorías, el Gobierno humilla a la Policía y a la Guardia Civil. Y, mientras tanto, ¿dónde está el ministro Marlaska? Se lava las manos como Pilatos y a ustedes les traiciona. Señorías, se han cometido demasiadas ignominias en este país a la hora de hacer cesiones a Bildu. Sí, señorías, yo no me río. Fue una vergüenza pactar con ustedes la Ley de Memoria Democrática, como fue una vergüenza innecesaria e inoportuna acordar la fecha para la transferencia de la competencia de tráfico a Navarra, como es una vergüenza que pacten con ustedes esta ley de seguridad ciudadana. Señores del Partido Socialista, si tan en contra estaban de esta ley, ¿por qué la han aplicado durante tanto tiempo? ¿Por qué? Como se ha dicho aquí esta tarde, la aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy y la aplicó tres años, y ustedes, que votaron en contra, la han aplicado ya seis años. Pero es que además ustedes fueron al Tribunal Constitucional diciendo que la ley era inconstitucional y el tribunal no les dio la razón. Señorías, así no se gobierna un país, así no se gobierna España. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Señorías, nueve años con la ley mordaza que Sánchez prometió derogar hace ya seis años, y aún no lo ha cumplido. Y tras casi una década de compromisos incumplidos por parte del Partido Socialista, hoy nos traen aquí una reforma parcial de la ley. Y digo casi una década porque en el año 2015 el señor Sánchez, que era aún candidato, afirmaba con contundencia que la ley sería eliminada en cuanto su partido llegase al Ejecutivo. Sin embargo, todavía no lo ha hecho. Una vez más se demuestra que para que el Partido Socialista haga algo tienen que obligarlo, nunca lo hace motu proprio. Hemos visto además desgraciadamente estos años que no hay nada más parecido a un ministro del Interior del Partido Popular que un ministro del Interior del Partido Socialista. Sí, señores del Partido Socialista, el ministro de la tanqueta lanzada frente a los manifestantes de Cádiz por el derecho al trabajo, el ministro de las devoluciones en caliente, el ministro de la represión de las manifestaciones por la paz y las manifestaciones pacíficas. Por eso, señorías, no vengan hoy a contarnos que esta es una ley muy diferente a la que no se aprobó hace justamente un año y medio, porque lo que introducen es sustituir progresivamente las pelotas de goma por proyectiles menos lesivos. Eso, por una parte. Y sobre las devoluciones en caliente lo que dicen es que seis meses después de que se apruebe esta ley se abordará la reforma de la ley de extranjería. Eso, señorías, en mi tierra se llama echar ‘patá p’alante’, se llama así porque se llevará a cabo o no, ahí está la duda. Señorías de Esquerra y de Bildu, entendemos perfectamente que ustedes necesiten explicar a su electorado el apoyo a este Gobierno que solamente sabe hacer cosas de derechas, pero les decimos que no podemos compartir que nos vendan que esto es un avance cuando realmente no lo es, porque este texto se podría haber aprobado perfectamente en marzo de 2023, y ustedes no lo hicieron porque no se prohibían las pelotas de goma y porque no se prohibían las devoluciones en caliente. Pues Podemos está hoy justamente en ese sitio, señorías de Bildu y señorías de Esquerra, justamente donde estaban ustedes en marzo de 2023. Esta modificación es una reforma parcial, por eso hay que mejorarla para poder cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos. Llevamos diez años ―y se lo voy a recordar también al Partido Popular por lo que ha dicho aquí― siendo alertados por los relatores de Naciones Unidad de que esta ley afecta a la libertad de expresión, a las reuniones pacíficas, a los derechos de las personas migrantes o de las personas refugiadas. Y llegamos muy tarde, hay cientos de miles de personas que se han visto afectadas directamente y que han sufrido el impacto de esta ley. Pero en este momento vamos a votar sí a esta toma en consideración, aunque vamos a presentar enmiendas para que sea lo más garantista posible con los derechos humanos. Muchas gracias. (Aplausos).

Presidenta, senyories, molt bona tarda. Avui debatem la presa en consideració de la reforma de la llei de seguretat ciutadana, una proposta que, malgrat el canvi de nom i un èmfasi retòric que es dona en la part de la llibertat del binomi llibertat-seguretat a l’exposició de motius, al primer article d’aquesta proposta deixa ben clar que som davant d’una simple modificació de la llei de seguretat ciutadana de 2015. No seré jo el que ara menystingui les millores que s’han incorporat, que s’incorporen ara en aquesta proposta, i que han resumit els diputats Santiago i Legarda, que m’han precedit, però sí que crec que cal aixecar una mica la mirada, i si ho fem, veiem que la proposició que se’ns presenta ni deroga ni replanteja els fonaments antidemocràtics de la llei aprovada unilateralment pel Partit Popular en el nefast, en el molt nefast, legislativament parlant, any 2015.

És important recordar el context de l›aprovació de la llei mordassa. El 2015 va ser l›any que l›estat profund espanyol, per la via de la majoria absoluta del PP, va preparar tota una bateria legislativa que en el seu conjunt suposa un cop a l›estat de dret, que ha servit després als ressorts institucionals, policials, judicials, econòmics, mediàtics de l›Estat per criminalitzar al crit de «¡a por ellos!» i amb total impunitat els moviments socials assenyalats com a enemics d›Espanya, i molt concretament l›independentisme català. Recordem-ho: la reforma del Tribunal Constitucional que fa de l›òrgan de garanties un actor polític sectari com el que més, que interfereix en l›activitat legislativa i executa les seves pròpies resolucions; la reforma penal sobre terrorisme gihadista, que obre la porta a un terrorisme difús, sense violència, contrària als estàndards europeus, una autèntica amenaça, com hem vist en les últimes gesticulacions del jutge García Castellón; o el delicte d›enaltiment del terrorisme, la mordassa penal. Totes aquestes normes, i moltes més, amb l›objectiu únic de trolejar les garanties de l›estat de dret i emparar la repressió sense límits de l›adversari polític.

I, evidentment, l’any 2015 també es va aprovar la pota policial legislativa d’aquesta operació d’estat, batejada com a llei morrió; morrió, perquè va néixer amb l’única voluntat de posar a disposició del Ministeri de l’Interior tots els instruments necessaris per criminalitzar la llibertat d’expressió i els drets de reunió i de manifestació. El seu partit, senyories del PSOE, des del primer moment va dir que la drogueria, aquesta llei mordassa. «La derogación de la ley mordaza es absolutamente imprescindible», va dir el senyor Antonio Hernando, portaveu del PSOE l’any 2016, i des del 2016 ho han promès centenars de vegades i, a més a més, ho han compromès en les dues investidures del senyor Sánchez. Van presentar fins i tot un recurs d’inconstitucionalitat, en coherència amb la denúncia que feien de que aquesta llei era una tornada a l’estat policial que, segons les seves pròpies paraules, portava a un dret administratiu sancionador de l’enemic, preventiu, que dona a la policia poders exorbitants i que inverteix l’ordre constitucional posant el focus en la seguretat i no en l’exercici dels drets. Són les seves pròpies paraules. Vull posar-ho en relleu perquè el que avui debatem no és el replantejament democràtic de la seguretat ciutadana que vostès deien que farien, sinó una versió light de la llei mordassa, que ni la reformula ni, encara menys, hi insisteixo, la deroga, sinó que es limita a polir-ne alguns dels seus aspectes més lesius. Això sí, amb molta molta precaució de no fer enfadar els sindicats policials.

Com vostès ja saben, des de Junts per Catalunya no acceptem el joc que tant d’èxit els hi ha donat amb d’altres del «o lo tomas o lo dejas», que en seguretat ciutadana es tradueix en «o compres al marc del Ministeri d’Interior i les hipoteques del senyor Marlaska o et quedes sense res». No acceptem el xantatge de l’adhesió total o res, i menys quan sabem que vostès, i molt especialment el senyor Marlaska, no han tingut mai voluntat real de revertir el retrocés de 2015 i alinear la seguretat ciutadana amb els estàndards de les Nacions Unides, de la Comissió de Venècia, que és el que demanen des de la comissària europea de Drets Humans fins a organitzacions com Amnistia Internacional, Irídia o Stop Bales de Goma.

Alguns disculparan el PSOE per ser captiu dels sindicats policials, però vostès no són captius de res, i encara menys de la ultradreta. El mateix PSOE que deia voler derogar la llei mordassa va ser el primer en donar cobertura a les clavegueres de l’Estat del PP en l’Operació Catalunya, el primer a posar-se al costat de Vox, Ciudadanos i PP al Parlament Europeu per votar el suplicatori del president Puigdemont o per eliminar les referències al catalangate de l’informe Pegasus. El PSOE va ser el primer a entregar-se a una repressió judicial que ara, per cert, li està explotant a la cara. Recordem que el 2018 el senyor Sánchez demanava el compliment íntegre de les penes de la sentència del procés i que el 2019, en plena campanya electoral, el senyor Sánchez es va comprometre «a traer de vuelta ante la justicia española» el president Puigdemont. O, ara mateix, el PSOE a Catalunya hem vist com actua quan el senyor Illa ha rebut abans els feixistes de l’entitat Societat Civil Catalana que el grup majoritari a l’oposició al Parlament de Catalunya. Vostès són un partit molt acomplexat.

Per això, posarem totes les prevencions a una proposta que continua permetent a la policia espanyola disparar bales de goma a Catalunya, perquè la proposta actual ho permet, només es preveu una substitució gradual de les pilotes, de les bales de goma. Una prohibició a Catalunya que, per cert, està establerta per una llei del Parlament. Posarem totes les prevencions davant una proposta que continua permetent la criminalització de la protesta democràtica traslladant la responsabilitat als organitzadors de les manifestacions, de les accions dels manifestants; o una proposta que, com vam veure la setmana passada, dona peu a un decret de registres en activitats com l’hostaleria i el lloguer de vehicles, el conegut «marlaskazo», que deixa curta la llei del PP en vulneració de drets i que suposa una intromissió inacceptable a la intimitat de la persona.

Sense encarar aquestes qüestions, us anunciem ara que serà molt difícil que la tramitació de la llei arribi a bon port. Anunciem també que votarem sí a la presa en consideració i que, evidentment, presentarem esmenes per resoldre aquestes qüestions que no estan resoltes, ni molt menys, en el text actual.

Moltes gràcies.

Presidenta, señorías, muy buenas tardes. Hoy debatimos la toma en consideración de la reforma de la ley de seguridad ciudadana, una propuesta en la que, a pesar del cambio de nombre y un énfasis retórico que se da en la parte de la libertad, del binomio libertad-seguridad, en la exposición de motivos, el primer artículo deja bien claro que no estamos más que ante una simple modificación de la ley de seguridad ciudadana de 2015. No seré yo el que vaya a menospreciar las mejoras que se han incorporado ahora en esta propuesta y que han resumido los diputados Santiago y Legarda que me han precedido; sin embargo, sí creo que hay que levantar un poco la mirada y, si lo hacemos, podremos ver que la proposición que se nos presenta ni deroga ni replantea los fundamentos antidemocráticos de la ley aprobada unilateralmente por el Partido Popular en el muy nefasto legislativamente hablando año 2015.

Es importante recordar el contexto de la aprobación de la ley mordaza. El año 2015 fue el año en el que el Estado profundo español, por la vía de la mayoría absoluta del PP, preparó una batería legislativa que en su conjunto supone un golpe al Estado de derecho y que ha servido más tarde a los resortes institucionales, judiciales, policiales, económicos y mediáticos del Estado para criminalizar, al grito de ‘a por ellos’ y con total impunidad, los movimientos sociales señalados como enemigos de España, y muy concretamente el independentismo catalán.

Recordemos la reforma del Tribunal Constitucional que hace que el órgano de garantías sea un actor político sectario como el que más, que interfiere en la actividad legislativa y ejecuta sus propias resoluciones; la reforma penal sobre terrorismo yihadista, que abre la puerta a un terrorismo difuso, sin violencia, contrario a los estándares europeos, una auténtica amenaza, como hemos visto en las últimas gesticulaciones del juez García-Castellón, o el delito de enaltecimiento del terrorismo, la mordaza penal. Todas estas normas y muchas más con el objetivo único de trolear las garantías del Estado de derecho y amparar la represión sin límites del adversario político.

Evidentemente, en el año 2015 también se aprobó la faceta policial de esta operación de Estado bautizada como ley mordaza, porque nació con la única voluntad de poner a disposición del Ministerio del Interior todos los instrumentos necesarios para criminalizar la libertad de expresión y los derechos de reunión y manifestación. Su partido, señorías del PSOE, desde el primer momento dijo que la derogaría. La derogación de la ley mordaza es absolutamente imprescindible, dijo el señor Antonio Hernando, portavoz del PSOE en 2016, y desde 2016 lo han prometido cientos de veces. Además, se han comprometido a ello en las dos investiduras del señor Sánchez, incluso presentaron un recurso de inconstitucionalidad en coherencia con la denuncia que hacían de que esta ley era una vuelta al Estado policial, que, según sus propias palabras, llevaba a un derecho administrativo sancionador del enemigo preventivo, que da a la policía poderes exorbitantes y que invierte el orden constitucional poniendo el foco en la seguridad y no en el ejercicio de los derechos. Estas son sus palabras. Lo quiero destacar porque lo que debatimos hoy no es el replanteamiento democrático de la seguridad ciudadana que ustedes decían que iban a hacer, sino una versión light de la ley mordaza que ni la reformula ni mucho menos —i‌nsisto, ni mucho menos― la deroga, sino que se limita a pulir algunos de sus aspectos más lesivos; eso sí, con mucha precaución de no enfadar a los sindicatos policiales.

Como ustedes saben, en Junts per Catalunya no aceptamos el juego que tanto éxito les ha dado con otros de ‘o lo tomas o lo dejas’, que en seguridad ciudadana se traduce en ‘o compras el marco del Ministerio del Interior y las hipotecas del señor Marlaska o te quedas sin nada’. No aceptamos el chantaje de la adhesión total o nada, y menos cuando sabemos que ustedes, y muy concretamente el señor Marlaska, jamás han tenido una voluntad real de revertir el proceso de 2015 y alinear la seguridad ciudadana con los estándares de las Naciones Unidas o la Comisión de Venecia, que es lo que piden desde la comisaria europea de Derechos Humanos hasta organizaciones como Amnistía Internacional, Irídia o Stop Balas de Goma.

Algunos disculparán al PSOE por ser cautivo de los sindicatos policiales, pero ustedes no son cautivos de nada y mucho menos de la ultraderecha. El mismo PSOE que decía querer derogar la ley mordaza fue el primero en dar cobertura a las cloacas del Estado del PP en la Operación Cataluña, el primero en ponerse al lado de VOX, Ciudadanos y PP en el Parlamento Europeo para votar el suplicatorio del presidente Puigdemont o para eliminar las referencias al catalangate del informe Pegasus. El PSOE fue el primero en entregarse a una represión judicial que ahora, por cierto, le está explotando en la cara. Recordemos que en 2018 el señor Sánchez pedía el cumplimiento íntegro de las penas de la sentencia del procés, y en 2019, en plena campaña electoral, el señor Sánchez se comprometió a traer de vuelta ante la justicia española al president Puigdemont. Ahora mismo hemos visto cómo actúa el PSOE en Cataluña cuando el señor Illa ha recibido antes a los fascistas de la entidad Sociedad Civil Catalana, que era el grupo mayoritario de la oposición al Parlamento de Cataluña, por ejemplo. Ustedes son un partido muy acomplejado. Por ello, pondremos todas las prevenciones a una propuesta que sigue permitiendo a la policía española disparar balas de goma en Cataluña, porque la propuesta actual lo permite y solo se prevé una sustitución gradual de las balas de goma, una prohibición que, por cierto, en Cataluña está establecida por una ley del Parlament. Pondremos todas las prevenciones ante una propuesta que sigue permitiendo la criminalización de la protesta democrática trasladando la responsabilidad de las acciones de los manifestantes a los organizadores de las manifestaciones o una propuesta que, como vimos la semana pasada, da pie a un decreto de registros en actividades como la hostelería y el alquiler de vehículos, el conocido ‘marlaskazo’, que deja corta la ley del PP en vulneración de derechos y supone una intromisión inaceptable en la intimidad de la persona.

Sin hacer frente a estas cuestiones, anunciamos ya que será muy difícil que la tramitación de la ley pueda llegar a buen puerto. Anunciamos también que votaremos sí a la toma en consideración y que, evidentemente, presentaremos enmiendas para resolver estas cuestiones que no están resueltas, ni de lejos, en el texto actual.

Muchas gracias.

Senyora presidenta, bona tarda. Senyories, avui corregim i posem punt final a un terrible error polític: la que fou batejada com a llei mordassa o llei morrió no s’hauria d’haver aprovat mai. El nostre portaveu, Gabriel Rufián, la va qualificar encertadament com a canallada o com a purga política feta llei. Són gairebé deu anys de canallada. Vull recordar en aquest moment la bona feina feta en l’anterior legislatura per la companya diputada Maria Dantas i també per algunes entitats que ens van ajudar, com Amnistia Internacional, No Somos Delito, Irídia i Òmnium Cultural. Celebrem que el PSOE hagi entès finalment les demandes d’Esquerra Republicana i altres grups d’aquesta cambra sobre la reforma necessària d’aquesta llei. Són reivindicacions fonamentals que fa molts anys que exigim en aquest lloc, i avui celebrem, senyories socialistes, que hagin vingut al nostre terreny.

Però fem memòria —f‌em memòria. El Partit Popular va endurir la llei de seguretat ciutadana introduint modificacions per reforçar l’aparell repressiu. El PP tenia molt d’interès en això. Per què? Recordem-ho: per reprimir moviments populars com l’independentisme català i el 15M. No es va fer la llei mordassa per casualitat. Val a dir que el PP ho va fer canviant lleis i també ho va fer, com sabem, des de les clavegueres de l’Estat. Això va fer saltar totes les alarmes al Consell d’Europa i a altres estaments com Amnistia Internacional, associacions de la premsa, etcètera. Fins i tot —‌ja s’ha dit aquí—, una sentència del Tribunal Constitucional deia que era una llei impròpia. Ara que la senyora Ayuso considera que viu en un estat policial, hem de concloure que la llei mordassa era, com va destacar un diari important, una norma totalment impròpia d’una democràcia. És l’estat policial que veig que pateix la senyora Ayuso i que hem patit els independentistes catalans.

Parlem, si parlem clar, d’un nyap jurídic i d’una aberració política. És curiós que fos iniciativa del PP, que sempre reitera en aquesta cambra i fora d’aquesta cambra que vivim en una democràcia plena. És un fet provat que la llei mordassa va buidar aquesta democràcia plena i la va fer pitjor. La seva arbitrarietat, el menyspreu als drets humans i el seu desequilibri respecte a llibertat i seguretat es van carregar aquesta democràcia.

També cal destacar de quin entorn surt aquesta llei. Recordem en quina època va sortir, i el pecat original d’aquesta llei és que surt de l’etapa del ministre Jorge Fernández Díaz, ministre d’Interior amb Mariano Rajoy.

Señora presidenta, buenas tardes. Señorías, hoy corregimos y ponemos punto final a un terrible error político: la que fue bautizada como ley mordaza no tendría que haberse aprobado jamás. Nuestro portavoz, Gabriel Rufián, la calificó como canallada o como purga política hecha ley, y son casi diez años de canallada. Quisiera recordar en este momento el trabajo hecho en la anterior legislatura por la disputada y compañera María Dantas (aplausos) y por algunas entidades que nos ayudaron, como Amnistía Internacional, No Somos Delito, Irídia y Omnium Cultural. Celebramos que el PSOE haya entendido finalmente las demandas de Esquerra Republicana y otros grupos de esta Cámara sobre la reforma necesaria de esta ley. Son reivindicaciones fundamentales que hace mucho tiempo que exigimos, y hoy celebramos, señorías socialistas, que hayan venido a nuestro terreno. Pero, haciendo memoria, el Partido Popular endureció la ley de seguridad ciudadana introduciendo modificaciones para reforzar el aparato represivo. El PP tenía mucho interés en ello. Recordemos: para reprimir movimientos populares como el independentismo catalán y el 15-M. No se hizo la ley mordaza por casualidad. Hay que decir que el PP lo hizo cambiando leyes y también lo hizo, como sabemos, desde las cloacas del Estado. Esto hizo saltar todas las alarmas en el Consejo de Europa y en otros estamentos, como Amnistía Internacional, asociaciones de prensa, etcétera, incluso hay una sentencia del Tribunal Constitucional que decía que era una ley impropia. Ahora que la señora Ayuso considera que vive en un Estado policial, tenemos que concluir que la ley mordaza era, como destacó un diario importante, una norma totalmente impropia de una democracia. Es el Estado policial que veo que sufre la señora Ayuso y que hemos sufrido los independentistas catalanes.

Si hablamos claro, hablamos de una aberración política. Es curioso que fuera iniciativa del PP, que siempre reitera en esta Cámara y fuera de ella que vivimos en una democracia plena, pero es un hecho probado que la ley mordaza vació esta democracia plena y la hizo peor. Su arbitrariedad, el menosprecio a los derechos humanos y su desequilibrio respecto a la libertad y la seguridad se cargaron esta democracia.

Hay que destacar de qué entorno surge esta ley. Recordemos en qué época salió. El pecado original de esta ley es que sale de la etapa del ministro Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior con Mariano Rajoy.

¿Recuerdan, señorías del Grupo Popular, a Fernández Díaz, o se les ha borrado la memoria, como se borran a martillazos los discos de un ordenador? Fernández Díaz, el que conspiraba con el entonces director de la Oficina Antifraude de Cataluña para dañar a determinados políticos y personas. ¿Recuerdan? «La fiscalía te lo afina». ¿Recuerdan? «Les vamos a destrozar la sanidad». Veo que el señor Tellado no quiere recordar ni tampoco escuchar, está muy ocupado. Hablamos de una actitud mafiosa alojada en el corazón del Estado. Bajo el mandato de este ministro se aprobó la ley mordaza. Ministro, por cierto, para el que la fiscalía anticorrupción solicita quince años de cárcel y más de treinta de inhabilitación; ministro clave en los montajes de la llamada policía patriótica. Eso lo debemos recordar hoy, aunque no me escuche el señor Tellado, porque esa ley mordaza nos acercaba mucho más a Turquía que a Suecia.

Y ya en el sumun de la pornografía política que hemos tenido que escuchar hoy en esta Cámara, he visto que el señor Tellado se ha mostrado satisfecho y orgulloso de las cargas policiales del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Señor Tellado, aquello fue una vergüenza; y fue una vergüenza que el Gobierno del PP mandara a funcionarios policiales aporrear a personas indefensas que querían votar. (El señor Tellado Filgueira hace gestos negativos). Esa vergüenza es suya y siempre quedará para ustedes. (Aplausos). Además ―usted que apela a la conciencia―, la conciencia política dice que lo que hicieron ustedes fue un desastre, y a los señores que nos visitan les echaron a los pies de los caballos. Además de un error político, fue un error operativo y policial. Eso va por ustedes, les va a quedar, y nosotros los catalanes lo vamos a recordar siempre siempre siempre.

És hora de fer una breu reflexió sobre com el pas del temps crea injustícia. Hem hagut de passar tres eleccions generals i cinc anys de govern teòricament progressista per enfrontar la derogació d›aquest nyap polític. L›any 2018, el senyor Pedro Sánchez considerava urgent derogar la llei mordassa. Sort que era urgent, senyor Sánchez! Avui el PSOE finalment ens dona la raó; llàstima que no fos abans. Esquerra i altres grups, com Bildu, vam avisar que calia eliminar uns punts que eren del tot incompatibles amb el nostre sistema de llibertats. El pas del temps, senyories, crea injustícia, crea dolor, i hauríem d›haver derogat abans aquesta desgraciada i lesiva llei. Hauríem estalviat molt de patiment a moltes persones i a molts col·lectius que han estat multats, encausats i condemnats per una llei impròpia, aberrant, indigna i que no ens deixa bé com a legisladors.

Bé, acabem amb el clàssic «està bé allò que acaba bé». El nou text rebaixa a lleu desobediència les faltes de respecte; hauran de ser objectivables i, a més, es podrà aixecar la sanció. Es revisarà el protocol sobre les devolucions en frontera i queda clar que les pilotes de goma s’han d’eliminar. En definitiva, allò que fa un any era impossible ara és possible. Podria ser millor la llei? Sí, podria ser millor. Podria no haver-hi ambigüitat en l’acord establint uns temps concrets sobre l’eliminació definitiva de les pilotes de goma. Podria establir-se un règim sancionador clar i explícit també per als agents que incompleixin? Sí, es podria. De manera explícita, que s’eliminessin també les devolucions en calent. Però la política és posar-se d’acord i ara ho hem fet, i estem convençuts que aquesta llei d’avui ja no és la llei morrió, ja no és la llei mordassa, i en això hem treballat per al bé de tots nosaltres.

Gràcies.

Es hora de hacer una breve reflexión sobre cómo el paso del tiempo crea injusticias. Hemos tenido que pasar tres elecciones generales y cinco años de gobierno teóricamente progresista para enfrentarnos a la derogación de este lío político. En el año 2018, Pedro Sánchez consideraba urgente derogar la ley mordaza. ¡Suerte que era urgente, señor Sánchez! Hoy el PSOE finalmente nos da la razón; lástima que no haya sido antes. Esquerra y otros grupos, como Bildu, avisaron que hacía falta eliminar unos puntos que eran del todo incompatibles con nuestro sistema de libertades. El paso del tiempo, señorías, crea injusticia, crea dolor, y deberíamos haber derogado antes esta desgraciada y lesiva ley. Habríamos ahorrado mucho sufrimiento a muchas personas y a muchos colectivos que han sido multados, encausados y condenados por una ley impropia, aberrante, indigna y que no nos deja bien como legisladores.

Bien, terminemos con el clásico. Está bien lo que bien acaba. El nuevo texto rebaja a leve desobediencia las faltas de respeto. Deberán ser objetivables y además se podrá levantar la sanción, se revisará el protocolo sobre las devoluciones en frontera y queda claro que las pelotas de goma deben ser eliminadas. En definitiva, aquello que hace un año era imposible hoy es posible. ¿Podría ser mejor la ley? Sí, podría serlo. Podría no haber ambigüedad en el acuerdo, estableciendo unos tiempos concretos sobre la eliminación definitiva de las pelotas de goma. ¿Podría establecerse un régimen sancionador claro y explícito también para los agentes que incumplan? Sí, se podría. Y que de forma explícita se eliminaran también las devoluciones en caliente. Pero la política es ponerse de acuerdo y ahora lo hemos hecho, y estamos convencidos de que esta ley de hoy ya no es la ley bozal, ya no es la ley mordaza; en eso hemos trabajado para el bien de todos nosotros.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Bienvenidos al mundo al revés. Bienvenidos a la España de Sánchez y sus socios, donde las leyes de seguridad ciudadana se ponen en manos de los herederos políticos del terrorismo (aplausos), donde la política territorial nacional se pone en manos de los separatistas, donde las políticas de vivienda se ponen en manos de un manantial de propaganda y donde la política de inmigración la deciden más allá de los Pirineos y del Estrecho. Traen hoy aquí la modificación de la ley de seguridad ciudadana de Bildu, es decir, la ley de inseguridad ciudadana de los herederos políticos de los terroristas; una ley que abandona a su suerte a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero que abona el terreno en España para tener más inseguridad, más delincuencia y más degradación. (Aplausos). Este es parte del precio para intentar aprobar los presupuestos generales del Estado: desmantelar el orden público español y privar a todos los españoles de la seguridad que disfrutaron nuestros padres y abuelos. Y esta ley, señorías, no solo es un despropósito para la seguridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de todos los españoles, sino que además también es un nuevo capítulo de la traición de Pedro Sánchez y del Partido Socialista al Estado de derecho, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la seguridad de todos los españoles. (Aplausos). Señorías del Grupo Socialista, ¿cómo pueden ustedes pervertir tanto el lenguaje y denominar o titular esta ley: para la protección de las libertades y la seguridad ciudadana? Señorías, el artículo 104 del texto constitucional dispone que «las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán por misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana». Y la proposición de ley orgánica que ustedes traen hoy aquí es absolutamente contradictoria con este precepto constitucional. Señorías del Grupo Socialista, ustedes sacrifican la seguridad de los españoles y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el altar de Bildu y de los separatistas. Señorías del Grupo Socialista, desproteger a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es desproteger al conjunto de la sociedad española, que ellos y nosotros juramos servir. (Aplausos). Porque les pregunto: ¿no es acaso desproteger a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado convertir las infracciones por desórdenes o resistencia a la autoridad en simples faltas leves? ¿O no es desprotegerles eliminar parte del material antidisturbios para las situaciones de alteración del orden público, como por ejemplo con la kale borroka o con los CDR? Señorías, la infancia de nuestros padres y abuelos tuvo de escenario las calles de nuestros barrios, pueblos y municipios; todos eran espacios seguros, espacios en donde las plazas, comercios y mercados eran una proyección de los hogares aledaños; lugares donde la nación también se encarnaba en gestos cotidianos, rutinas y herencias de valor incalculable, de esas que el Partido Socialista no es todavía capaz de gravar con impuestos. Hoy en cambio la realidad es muy distinta: la degradación material dibuja paisajes intransitables repletos de inseguridad, donde la inmigración ilegal campa a sus anchas por toda la nación y donde los españoles son expulsados de sus hogares de siempre, mientras los políticos, también de siempre, nos dicen que España va bien y que vamos como un cohete. (Aplausos). Decía Bravo Murillo que garantizar la seguridad de los ciudadanos es el primer deber del Estado, y efectivamente es necesaria justicia y seguridad para proteger los derechos y las libertades y mantener el orden público.

Y, señorías, en esta proposición de ley orgánica que traen ustedes como proposición de ley y no como proyecto de ley precisamente para evitar los informes preceptivos, se consuma la privatización de la seguridad para unos pocos, haciendo de un bien esencial un bien privativo para los privilegiados de siempre. (Aplausos). Porque los que van a sufrir las consecuencias de esta ley, señorías, son las personas que residen en los barrios más humildes y sencillos, mientras que todos ustedes, los que la impulsan, seguirán gozando de sus sistemas de seguridad de veinticuatro horas. Mientras tanto, para los españoles de a pie ofrecen precariedad, falta de certezas y delincuencia; impunidad para el inmigrante ilegal, pero severidad para el trabajador nacional; comprensión con los okupas, pero criminalización de los propietarios; prebendas para todos los enemigos de España, pero desprecio y abandono para los que trabajan sin descanso y garantizan nuestro sustento. (Aplausos).

Señorías del Grupo Socialista, siempre que ustedes tienen que elegir, eligen lo peor para España, pero lo mejor para sus bolsillos. Ustedes en la exposición de motivos plantean una falsa contradicción entre seguridad y libertad. Señorías, créannos, la seguridad es la piedra angular para tener libertad, porque la libertad sin orden es la madre de todos los desórdenes. ¿Qué libertad tiene una pareja de abuelos que no puede salir de su casa porque, si no, les van a atracar? ¿O una niña o adolescente, que no se atreve a salir de su casa a partir de determinada hora? (Aplausos). Por eso, traigo a colación aquella célebre frase de Antonio Maura cuando dijo que la verdadera libertad es el imperio de la ley, el castigo del delito y el orden, y eso, señorías, solo lo representamos nosotros, es decir, VOX. (Aplausos). Hoy, España está estrangulada por los intereses de los que odian todo lo nuestro, queman la bandera nacional, insultan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y quieren desguazar el patrimonio de todos. ¿Cómo, si no, calificar la presunción de veracidad en los atestados a los agentes de policía, como ustedes proponen en los artículos 19 y 52? Pero, señorías del Grupo Socialista, ¿ustedes para quienes legislan, que están rebajando de falta grave a leve la resistencia a la autoridad, la negativa a identificarse, trasladar a personas para drogarse o plantar drogas ilegales en espacios visibles? Señorías, cada día que pasa España es más peligrosa y los españoles más vulnerables. Sin seguridad no hay libertad, tampoco sin patria. En lugar de garantizar la ley y el orden, la seguridad hoy depende de héroes y epopeyas, de gestas de españoles que ponen en riesgo su vida para proteger la de todos. Señorías, como decían los clásicos, un gobierno que descuida la seguridad está abocado al fracaso, y este Gobierno es en sí mismo un fracaso. Pero, señorías del Grupo Popular, si no reaccionamos frente a aquellos (señala los escaños del Grupo Parlamentario Socialista) que quieren arrancar la unidad de España, el orden público, la libertad de todos los españoles, querrán utilizar estas leyes que ahora nos presentan para aprobar precisamente cuando ya no estén en el Gobierno y no puedan mandar. Ese es su verdadero propósito. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).