¿Qué plantea el Gobierno para garantizar los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía en su relación con la Administración de Justicia?

Gracias. Señor ministro, ¿qué plantea su Gobierno para garantizar los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía en su relación con la Administración de Justicia?

Gracias, señora presidenta.

Mire, señoría, lo que hace el Gobierno de España, en concreto la Administración de Justicia, es lo que la propia Constitución mandata, que es proteger las lenguas oficiales en nuestro país, y lo estamos haciendo y lo hemos hecho con el concurso de esta Cámara. Hemos aprobado una Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que está en el Senado —p‌ or cierto, esta semana se debate en el Senado y volverá al Congreso con enmiendas—, donde se avanza de manera muy decidida en la protección del plurilingüismo en nuestro país. Por ejemplo, se establece el derecho a que todos los ciudadanos de este país puedan utilizar su lengua materna en aquellos tribunales que tengan jurisdicción nacional, como el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional; se establece también el derecho a que en esos procedimientos judiciales se puedan aportar documentos en lenguas cooficiales y también se establece un nuevo derecho para que cualquier persona que tenga que declarar en esos procedimientos lo pueda hacer con ayuda de un intérprete, si quiere hacerlo en su lengua materna. Por tanto, creo que los avances de esa Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que pronto será una realidad y estará en el BOE, son claros. El compromiso de este Gobierno, del Gobierno de España, con las lenguas cooficiales es absoluto. Siempre digo que este Gobierno tiene la obligación de defender el castellano, el catalán, el euskera, el gallego, todas las lenguas oficiales, porque todas son igual de españolas y todas son riqueza de nuestro país.

Por tanto, no tenga ninguna duda, el compromiso de este Gobierno con las lenguas oficiales es total y la lengua en los procedimientos judiciales, con el avance que se ha producido con esta ley, es absolutamente sustancial.

Gracias. (Aplausos).

Gracias. No se trata de dudas o de previsiones, se trata de realidades, y lo que ocurre, señor ministro, es que los euskaldunes hoy en día vivimos una desigualdad de trato debido a la disparidad de reconocimientos de derechos lingüísticos. Una de las razones de esta situación reside en unos tribunales de Justicia que, mediante fallos recurrentes, cuestionan y anulan los requisitos de conocimiento del euskera para acceder a plazas públicas. Los jueces españoles han decidido interpretar cualquier exigencia relacionada con el conocimiento del euskera en la Administración como una discriminación hacia los castellanoparlantes, y esa es la lógica que está guiando las sentencias contra el euskera, para que la ausencia de medidas favorecedoras de nuestras lenguas ponga en peligro su supervivencia. Señor Bolaños, este es el objetivo político tras las sentencias. Utilizan la coartada de la igualdad para perpetuar una situación de desigualdad que la Administración aprovecha y, al hacerlo, contradicen la Carta de Derechos Humanos de la ONU, contradicen a la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Social de la ONU y contradicen la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos de la UNESCO, que consagra que todo miembro de una comunidad lingüística tiene derecho a ser atendido en su lengua por los servicios de los poderes públicos de donde es propia la lengua. Y contradicen también lo firmado por el Estado español en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Usted sabe que el Consejo de Europa recientemente ha denunciado esta situación y ha pedido, entre otras cuestiones, a este Estado medidas para garantizar por ley que en Euskal Herria se puedan celebrar juicios en euskera, si así lo pide una de las partes, y garantizar el acceso al euskera en las relaciones con la Administración pública en general y con la justicia en particular. Señor Bolaños, quiero saber si se dan ustedes por aludidos tras este informe y si piensan ponerle solución, porque el problema es real. Porque su deber, el deber del Gobierno no es ni más ni menos que asegurar los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía y garantizar que todas las personas que queramos podamos dirigirnos, ser tratadas y funcionar en euskera en toda la Administración del Estado y en todos sus ámbitos. Ese es el cometido que no están cumpliendo, y es hora ya de que se dejen de lado las excusas y se inicie todo lo necesario…

Gracias, señora presidenta.

El informe el Consejo de Estado al que hace referencia, señoría, es un informe que, en términos generales, elogia la política del Gobierno en materia de protección de las lenguas cooficiales. Es verdad que establece algunas cuestiones en las que se puede mejorar que, por cierto, ya teníamos diagnosticadas. Ya sabemos, con datos de estadísticas oficiales, que cada vez se utilizan menos las lenguas diferentes del castellano en la Administración de Justicia. Es una realidad, y por eso creo que el paso que damos con la Ley Orgánica del Derecho de Defensa es un paso decisivo. Y vamos a seguir dando pasos en una ley que se está tramitando en esta Cámara, la ley orgánica de eficiencia de servicio público de justicia, vamos a avanzar en las oficinas municipales para, precisamente, conocer mejor y adaptarnos más a las particularidades, también lingüísticas, de cada territorio. Por tanto, el Consejo de Europa reconoce que el Gobierno protege las lenguas oficiales, aunque, por supuesto, hay cosas que se pueden seguir haciendo y vamos a seguir en esa línea.

Gracias. (Aplausos).