Proposición no de Ley relativa a la revisión y readecuación de la normativa derivada del Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, mediante un proceso de diálogo y consenso previo con el sector turístico español.

Gracias, señor vicepresidente. Señorías, no basta con que haya Gobierno, hace falta un Gobierno que gobierne, un Gobierno que en lugar de crear problemas trate de solucionar problemas. Señorías, hace falta un Gobierno que escuche y que comparta soluciones con los actores implicados de la sociedad civil, que haga de la colaboración público-privada su guía de actuación para no meter la pata. Y de esto va esta iniciativa que traemos a debate de sus señorías en el Pleno de hoy, de que el Gobierno solucione problemas en lugar de crearle problemas al sector turístico español; de que el Gobierno se siente en la mesa de todos los operadores del sector turístico para ver de qué manera se pueden compatibilizar las necesidades de seguridad de las personas con el éxito y la competitividad de nuestras empresas turísticas; de que el Gobierno se siente, escuche a los operadores turísticos y a sus organizaciones representativas. En este punto permítame dar la bienvenida a esta casa, que es su casa, a todas las entidades representativas del sector turístico español (dirigiéndose a la tribuna de invitados.―Aplausos). Bienvenidos y gracias por su esfuerzo y su trabajo, un esfuerzo y un trabajo de décadas, que han permitido que hoy podamos decir que España es líder mundial en turismo. Señorías, todo el sector turístico español lleva diciéndole al Gobierno desde 2021 que el Real Decreto 933/2021, por el que se establecen obligaciones de registro documental e información en las actividades turísticas, es una barbaridad; que se puede compatibilizar la seguridad y privacidad de nuestros visitantes con la máxima protección y la eficiencia en la recolección de datos e información sin poner en peligro la viabilidad de las pequeñas empresas ni la competitividad del sector. Este real decreto que ha visto aplazada su entrada en vigor hasta tres veces y que, si el Gobierno no atiende al sector ni atiende a lo que planteamos en esta proposición no de ley, entrará en vigor el próximo día 2 de diciembre, tendrá un impacto muy significativo sobre la actividad empresarial diaria de miles de pequeños negocios turísticos en nuestro país. Señorías, todo el sector ha venido diciendo unánimemente que este real decreto supone, primero, inseguridad jurídica e imposibilidad de cumplimiento; ignora la complejidad operativa que obliga a recopilar datos, incluso antes de la prestación del servicio. Segundo, una desventaja competitiva respecto del mercado europeo, ya que se imponen obligaciones a nuestras empresas que las legislaciones nacionales de otros Estados europeos no imponen. Tercero, una falta de adecuación tecnológica. La infraestructura tecnológica que se impone no funciona ni está operativa. Cuarto, una carga administrativa desproporcionada, hasta más de cuarenta datos se piden a las unidades alojativas. Y, en el caso de entidades que alquilan vehículos a motor, hasta más de ochenta datos. Además, se impone la recolección de datos en transacciones de pago, datos que ni siquiera tienen los establecimientos turísticos en nuestro país, porque evidentemente los tienen los proveedores de servicios de pago, como estipula la normativa europea. Y quinto, la vulneración de la normativa europea, con la recolección y almacenamiento masivo de datos, que no es proporcional ni respeta el principio de mínima intervención, y al tiempo supone una intromisión muy grave en la propia intimidad y privacidad de nuestros turistas y usuarios. (Una señora diputada: ¡Muy bien!―Aplausos).

Por tanto, señorías, déjenme repetir: inseguridad jurídica, imposibilidad de cumplimiento, desventaja competitiva, inadecuación de la tecnología, carga administrativa desproporcionada y vulneración del derecho a la propia intimidad y privacidad de turistas y usuarios. Todas ellas son las razones por las que pedimos que se suspenda sine die la aplicación de este real decreto y se proceda a renegociar con los actores del sector turístico español. Pero, además, respecto de esta cuestión de la intimidad y la privacidad, respecto del ‘Gran Hermano Turístico’ que el señor Marlaska nos quiere imponer, es que deriva de un Gobierno descarrilado que quiere tapar el descarrilamiento y, para tapar el descarrilamiento, se dedica a controlarlo todo; a controlar los medios de comunicación, hoy la televisión pública, a controlar los jueces, a controlar las empresas comprando acciones e introduciéndose en sus consejos de administración y, ahora, Marlaska nos propone controlar a turistas y usuarios. (Aplausos). Los españoles merecen un Gobierno mejor. (Una señora diputada: ¡Bravo!). Nuestro sector turístico es puntero en el mundo, pero el sector turístico español no va solo, y no es lo mismo que haya un Gobierno que acompañe, que ayude, que estimule, a que haya un Gobierno que ponga palos en la rueda como este Gobierno y esta normativa. Ya hemos visto, además, que la política de este Gobierno en vivienda regulando e interviniendo hasta la extenuación ha agravado el problema en vivienda y que la política industrial de este Gobierno, sometida a otro tipo de consideraciones no industriales, ha llevado a nuestra industria a languidecer como está languideciendo.

Señorías, somos el tercer país con mejor índice de desarrollo de viajes y turismo del mundo, según World Economic Forum. Mantener y mejorar dicha posición, en opinión del Grupo Parlamentario Popular, implica actuar sobre los factores de competitividad de nuestra industria en cuatro ejes: mejorar y modernizar nuestros destinos turísticos; adecuar las políticas activas de empleo y de disponibilidad de mano de obra, que tanto preocupan al sector; remover obstáculos normativos y regulatorios que impiden el crecimiento de nuestras empresas, y situar a España como referente mundial de destinos medioambientales. Todos esos son los retos de verdad de nuestro sector turístico, y a todos esos nos deberíamos aplicar. La seguridad, es verdad, está entre los factores que nos hacen más competitivos en el mundo, pero el reto no es más burocracia y menos privacidad, sino seguir escuchando y colaborando con el sector turístico para ir adoptando las decisiones correctas.

Por ello, señorías —‌y termino—, pedimos al Gobierno que gobierne, que lo haga en la dirección correcta para solucionar los problemas, en lugar de crear más problemas, que suspenda la aplicación sine die de este real decreto y se siente a negociar con el sector turístico español.

Muchas gracias, señor presidente. (Varios señores diputados: ¡Bravo!―Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).

Señorías, buenas tardes. Este es el ejemplo de que lo que mal empieza, mal acaba; un decreto que en el año 2021 debió negociarse con profundidad, debió trabajarse con claridad con el sector turístico, cuya falta de consenso, diálogo o participación ha supuesto ya tres prórrogas. Nos encontramos a las puertas de que este decreto entre en vigor y las dificultades siguen siendo las mismas: una plataforma que no termina de funcionar y una petición de excesivos datos, con lo que los problemas y los conflictos en el sector, en los hoteles, en los rent a car y en las agencias de viajes están servidos. Desde su aprobación, el sector denuncia que hay muchísimos datos que se están exigiendo que no solo no se exigen en otros países de la Unión Europea, sino que además colisionan con la directiva europea de protección de datos y con la directiva europea de pago electrónico. Además, en mi caso, estamos hablando de Canarias, con un 65 % del sector dependiente de la turoperación. No sé si saben que la turoperación supone grupos importantes de clientes que llegan a la vez a los hoteles, que ya han entregado sus datos cuando han comprado el viaje y que se van a encontrar no solo con la ralentización en el check-in, que generará conflictos y una imagen que, desde luego, en este momento no tenemos pues podemos presumir de un magnífico servicio, sino con la pelea por unos datos que no van a entender que se les solicite como, por ejemplo, datos económicos o incluso cuál es la relación que el cliente tiene con la persona que le acompaña.

Estos son algunos de los ejemplos de los datos que se plantean. Ha dicho el ministro que solo se pedirán los datos que se están pidiendo ahora, pero eso no es lo que dice el real decreto, y si esto no se corrige y si la plataforma no funciona, este decreto no se puede poner en marcha. El perjuicio será enorme para una industria tan importante, en el caso de Canarias, como es el turismo.

Gracias

Grazas, señor presidente. O Real decreto 933/2021, aprobado hai tres anos, ameaza agora con entrar finalmente en vigor. O PP aproveita as críticas do sector para volver confrontar máis unha vez co goberno. Porén, non está realmente en desacordo co contido fundamental, porque, con efecto, a norma incrementará de forma exponencial as esixencias ás empresas e persoas que exercen actividades de hospedaxe e lugar de vehículos, co conseguinte incremento da burocracia e ralentización do proceso de rexistro ou check-in, mais, ao Partido Popular non lle preocupa realmente o que para o BNG é o principal problema, que esta normativa afecta e limita directamente dereitos básicos das persoas, como o da intimidade persoal e familiar, á liberdade de movementos e o dereito á presunción de inocencia.

A normativa, partindo do estipulado no artigo 25 da chamada Lei Mordaza, establece a obriga de comunicar preventivamente ao Ministerio do Interior, e por extensión, ás forzas e corpos de Seguridade do Estado, os datos completos das persoas que aloxan. Os dereitos fundamentais das persoas non deben ser limitados, salvo baixo supervisión xudicial e sospeitas fundadas de comisión dun delito. O que estabelece o Real decreto é a aplicación do control e seguimento diario do conxunto da poboación en aras de prevención de futuros delitos, regulación que choca directamente co principio de minimización e de proporcionalidade que rexe a recompilación e tratamento de datos persoais, pois é dubidoso que non existan formas alternativas máis concretas respectuosas cos dereitos individuais.

Para o BNG, por tanto, acabo, non é suficiente...

Gracias, señor presidente. El Real Decreto 933/2021, aprobado hace tres años, amenaza ahora con entrar finalmente en vigor. El PP aprovecha las críticas del sector para volver a confrontarse una vez más con el Gobierno. Sin embargo, no está realmente en desacuerdo con el contenido fundamental, porque con efecto aumentarán de forma exponencial las exigencias a las empresas y personas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos con consecuente aumento de la burocracia y ralentización del proceso de registro o checkin. Pero al Partido Popular no le preocupa realmente lo que para el BNG es el principal problema, que esta normativa afecta y limita directamente derechos básicos de las personas como son el de la intimidad personal y familiar, la libertad de movimientos y el derecho a la presunción de inocencia. La normativa, partiendo de lo estipulado en el artículo 25 de la llamada ley mordaza, establece la obligación de comunicar preventivamente al Ministerio del Interior, y por extensión a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los datos completos de las personas que alojan. Los derechos fundamentales de las personas no deben ser limitados salvo bajo supervisión judicial y sospechas fundadas de comisión de un delito. Lo que establece el real decreto es la aplicación del control y seguimiento diario del conjunto de la población en aras de la prevención de futuros delitos, regulación que choca directamente con el principio de minimización y de proporcionalidad que rige en la recopilación y tratamiento de datos personales, pues es dudoso que no existan formas alternativas más concretas y respetuosas con los derechos individuales. Para el BNG, por lo tanto, no es suficiente…

… a iniciativa que se limita a reclamar que se manteña a suspensión á espera da solución dos problemas técnicos. Reclamamos a retirada da norma e que se dite outra que efectivamente respecte os dereitos e liberdades públicas. Moito obrigado.

… una iniciativa que se limite a reclamar que se mantenga la suspensión a la espera de dar solución a los problemas técnicos. Reclamamos la retirada de la norma y que se dicte otra que efectivamente respete los derechos y libertades públicas.

Muchas gracias.

Para sorpresa de nadie, una vez más vemos que el Grupo Popular nos trae una propuesta que defiende los intereses de la patronal turística. Eso sí, en Canarias ha habido varias protestas en las cuales han salido miles de canarios y canarias a las calles y en todo este tiempo no he visto una iniciativa al respecto por parte del Partido Popular. Es un turismo de masas que tiene unas consecuencias terribles para nuestra tierra, no solo en cuanto a la destrucción de nuestro territorio, sino que conlleva paro, pobreza, precariedad, desigualdades o dificultades a la hora de acceder a una vivienda para nuestra población. El día 20 de octubre se recordó una vez más aquella solicitud que nos hizo la ciudadanía de Canarias el 20 de abril, que no es otra que poner en marcha una moratoria de los alquileres de viviendas vacacionales, poner en marcha una tasa turística y desarrollar un modelo productivo más sostenible y que redistribuya la riqueza en nuestra tierra. Sin embargo, el Partido Popular no ha dicho nada al respecto y debería pronunciarse porque cogobierna en el Gobierno autonómico con Coalición Canaria. Lo único que han hecho es una bomba de humo, creando un equipo de expertos, un grupo de trabajo que no ha hecho ninguna proposición y poner en la mesa un proyecto de ley que lo que hace es que ya no solo puedas poner en alquiler vacacional viviendas dignas, sino también auténticos zulos. Esa es la propuesta del Gobierno de Canarias.

Postergar de nuevo, según trae la propuesta del Grupo Popular, la entrada en vigor de este real decreto, no sé qué decirles… Nosotras entendemos las dificultades que puede conllevar y lo complejo que es, pero tampoco podemos seguir postergando su entrada en vigor sine die.

Creo que de una vez por todas habría que cumplir con lo mandatado. Gracias.

Muchas gracias, presidente. El Grupo Parlamentario Popular presenta una iniciativa sobre el Decreto 933/2021 que actualiza las obligaciones de registro documental e información conocidas desde el siglo pasado que recaen sobre las actividades de hospedaje o el alquiler de vehículos a motor sin conductor por su relevancia con la seguridad ciudadana, por ser en muchas ocasiones utilizadas como logística para la delincuencia terrorista y el crimen organizado, singularmente el transnacional, y con amparo en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana. Es un decreto con una tramitación de más de cinco años, con informes de la Comisión de la Unión, múltiples consultas y reuniones con los sujetos afectados, aunque sin mención ni consulta a las comunidades autónomas con cuerpos integrales de policía, y con un largo y complejo informe del Consejo de Estado emitido en septiembre del año 2021. Es un decreto publicado en octubre del año 2021, con entrada en vigor en mayo del 2022, sin perjuicio de que sus obligaciones de comunicación lo fueran en enero del año pasado, y con un periodo de prórroga para su régimen sancionador que se ha demorado sucesivamente hasta el próximo diciembre y cuyo desarrollo, encomendado a orden del ministro del Interior, supone condición suspensiva de la derogación de las órdenes respectivas que, para establecimientos de hostelería y alquiler de vehículos, se encuentran vigentes desde 1974 y 2003. Es un decreto en el que, según relata el prolijo informe del Consejo de Estado, se han tenido en cuenta buena parte de las observaciones de los intervinientes, que siempre han expresado el alto coste que les supondría su implementación, pero que nunca lo han concretado en estudios. El mayor control del alojamiento y alquiler de vehículos viene justificado por la trascendencia de la seguridad pública, por la obsolescencia de las normas anteriores y las nuevas formas de contratación y sujetos intervinientes, que son controles administrativos perfectamente conocidos por el sector, como el del principio de conservación de los datos durante tres años, que ya lo era para los establecimientos de hostelería, y que las modalidades de comunicación se reconducen para los profesionales de hospedaje a medios electrónicos, sin perjuicio de que la aplicación sea costeada por el ministerio y que no se aprecia duplicidad de actuaciones entre los intermediarios y los actores de los negocios subyacentes, es decir, el usuario y el prestador del servicio. Sin embargo, señorías, es cierto que una parte del sector turístico y del hospedaje, a pesar de estas consideraciones que constan en el informe del Consejo de Estado, está manifestando su disconformidad con algunas cuestiones del decreto comentado, sobre la que también nos consta que el ministerio sigue dialogando con esos sectores en busca de soluciones consensuadas en el tiempo que aún queda de prórroga para la aplicación del régimen sancionador, sin perjudicar los mecanismos de prevención e investigación para la lucha contra la delincuencia, singularmente el terrorismo y el crimen organizado.

Por lo expuesto, presidente, finalizo señalando que no vemos necesidad ni consideramos oportuno en este momento pronunciarnos en el sentido que propone la iniciativa, en tanto que las negociaciones siguen abiertas, sin perjuicio ―también lo tenemos que señalar― de que no vemos proporción en exigir a los clientes los datos de pago relativos al tipo de tarjeta o al número de cuenta corriente, máxime cuando es obligada la presentación del DNI, pasaporte, TIE o NIF del cliente, y además esos datos quedarán bajo custodia no solo de la Secretaría de Estado de Seguridad, sino también de los obligados si son profesionales de la actividad y por un tiempo, como antes señalaba, de tres años.

Muchas gracias.

Bona tarda, president, senyories. A veure si ens aclarim, senyories del PP. Vostès presenten una PNL que qüestiona un reglament que ve a desenvolupar l’article 25 de la llei mordassa, que vostès varen aprovar unilateralment amb la seva majoria absoluta. O sigui que varen aprovar una llei, una llei com la llei mordassa, i ara en qüestionen la seva aplicació. I a l’altra banda, senyories del Partit Socialista, els hi recordo una frase que va dir un representant seu, concretament el senyor Antonio Hernando, l’any 2016: La derogación de la ley mordaza es algo absolutamente imprescindible, es uno de los elementos que más ha atacado los derechos y libertades de los ciudadanos. El PSOE va a cumplir con el compromiso de derogarla. Repito, Antonio Hernando, 2016.

I, des del 2016, vostès han promès centenars de vegades la derogació de la llei mordassa i no l’han derogat. Al contrari, ara fa unes setmanes van anunciar una versió light de la llei mordassa, que no reformula la seguretat ciutadana i encara menys deroga la regressiva llei actual, sinó que es limita a polir-ne alguns dels seus aspectes més lesius. Una proposta que continua permetent que la policia espanyola dispari bales de goma a Catalunya, on una llei del Parlament ho prohibeix, o que continua criminalitzant la protesta democràtica, un tema molt sensible per al moviment independentista català. I, no contents amb això, tapant-lo amb la presentació de la seva proposta, han tingut la barra d’amagar l’entrada en vigor d’un reglament de registres en activitats com l’allotjament i el lloguer de vehicles que deixa curta la llei del PP en vulneració de drets i que suposa una intromissió inacceptable en la intimitat de les persones. És a dir, el PP va fer el 2015 una llei més pròpia d›un règim autoritari que d›una democràcia, i vostès, senyors socialistes, que deien que la volien derogar, han fet just el contrari amb un reial decret que porta a l›extrem el seu caràcter repressiu i securitista. Crec sincerament que s’haurien d’aclarir, tant els uns com els altres.

Mirin, nosaltres el que sabem és que aquest reglament, que obliga a recollir fins a quaranta i en alguns casos vuitanta dades, ha de ser derogat immediatament. Hotels, càmpings, agències de viatges, lloguer de cotxes, etcètera, el sector turístic sencer de Catalunya ha denunciat la càrrega administrativa, la pèrdua de competitivitat, el desincentiu per al turisme que comporta aquest reial decret, molt especialment per a les petites i mitjanes empreses, que són el gruix del sector a Catalunya, i també —‌també— ha denunciat els riscos i la responsabilitat que comporta per als professionals del sector implementar aquestes mesures de registre. I el Govern espanyol s’ha negat a escoltar-los, s’ha negat a escoltar el sector. I encara més important que l’afectació econòmica: es tracta d’una mesura fiscalitzadora més pròpia de l’estat policial de l’Albània d’Enver Hoxha o del Ministeri de la Seguretat Estatal, l’Stasi, de la República Democràtica Alemanya d’Erich Honecker que d’un estat democràtic de la Unió Europea.

Se’ns fa difícil d’entendre que aquest cop a la intimitat dels ciutadans l’hagi fet un govern que s’autodefineix com el més progressista de la història. Potser no ens hauria d’estranyar, tenint en compte que és obra del ministre Marlaska, un vell conegut, molt conegut, dels tribunals europeus. Un reglament de registres que augmenta exponencialment les dades que cal donar, incloent correu electrònic, targeta de crèdit, relació de parentiu i un llarg etcètera de dades injustificables; una desproporció que la mateixa Agència Espanyola de Protecció de Dades considera abusiva en un informe al que el Govern no ha fet cap cas. Unes dades personals que aniran a parar als fitxers del Ministeri de l’Interior, cosa que, com a demòcrates i com a independentistes, no ens dona cap garantia, i que sabem que seran utilitzades en contra nostra, com precisament ha vingut demostrant la Comissió d’Investigació de l’Operació Catalunya, on va comparèixer la setmana passada, precisament, el càrrec que haurà de tutelar, de custodiar aquestes dades, que no és altre que el secretari d’Estat de Seguretat, en aquest cas va comparèixer el senyor Francisco Martínez, i també va comparèixer el DAO Eugenio Pino. Quina garantia ens pot donar el Ministeri de l’Interior que tingui les nostres dades?

En definitiva, el reial decret comporta una invasió injustificada de la intimitat i dels drets i les llibertats i una afectació desproporcionada a un sector econòmic clau com és el turístic que, senzillament, des de Junts per Catalunya no podem acceptar, i que, més enllà de solucions provisionals, com ajornar la seva entrada en vigor o limitar per ordre ministerial el seu abast, s’haurà de resoldre allà on toca, és a dir, quan entrem a fons a tractar el tema de la seguretat ciutadana. Moltes gràcies.

Buenas tardes, presidente, señorías. A ver si nos aclaramos, señorías del PP. Ustedes presentan una PNL que cuestiona un reglamento que viene a desarrollar el artículo 25 de la ley mordaza, que ustedes aprobaron unilateralmente con su mayoría absoluta, o sea, aprobaron una norma como la ley mordaza y ahora cuestionan su aplicación. Y, por otra parte, señorías del Partido Socialista, les recuerdo una frase que dijo un representante de ustedes, concretamente el señor Antonio Hernando en el año 2016: La derogación de la ley mordaza es algo absolutamente imprescindible, es uno de los elementos que más ha atacado los derechos y libertades de los ciudadanos. El PSOE va a cumplir con el compromiso de derogarla. Repito, Antonio Hernando, 2016. Y desde entonces ustedes han prometido centenares de veces la derogación de la ley mordaza, y no la han derogado. Al contrario, hace unas semanas anunciaron una versión light de la ley mordaza, que no reformula la seguridad ciudadana y a un menos deroga la regresiva ley actual, sino que se limita a pulir algunos de sus aspectos más lesivos; una propuesta que sigue permitiendo que la policía española dispare bolas de goma en Cataluña, donde una ley del Parlamento lo prohíbe, o que continúa criminalizando la protesta democrática, un tema muy sensible para el movimiento independentista catalán. Y, no contentos con esto, tapándolo con la presentación de su propuesta, han tenido la cara dura de esconder la entrada en vigor de un reglamento de registros en actividades como el alquiler de vehículos y el alojamiento que deja corta la ley del PP en vulneración de derechos y supone una intromisión inaceptable en la intimidad de las personas. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Es decir, el PP hizo en 2015 una ley más propia de un régimen autoritario que de una democracia, y ustedes, señores socialistas, que decían que la querían derogar, han hecho justo lo contrario con un real decreto que lleva al extremo su carácter represivo y seguritista. Creo, sinceramente, que deberían aclararse unos y otros. Miren, nosotros lo que sabemos es que este reglamento, que obliga a recoger hasta cuarenta datos y en algunos casos hasta ochenta, debe ser derogado de inmediato. Hoteles, campings, agencias de viajes, alquileres de coches, etcétera, el sector turístico completo de Cataluña ha denunciado la carga administrativa, la pérdida de competitividad, el desincentivo para el turismo que comporta este real decreto, sobre todo especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que constituyen el grueso del sector en Cataluña, y también ha denunciado los riesgos y la responsabilidad que comporta para los profesionales del sector la aplicación de estas medidas de registro. Y el Gobierno español se ha negado a escucharlos, se ha negado a escuchar al sector. Y lo que es más importante que la afectación económica: se trata de una medida fiscalizadora más propia del Estado policial de la Albania de Enver Hoxha o del Ministerio de Seguridad del Estado, el STASI de la República Democrática Alemana de Erich Honecker que de un Estado democrático de la Unión Europea. Me resulta difícil entender que este golpe a la intimidad de los ciudadanos lo haya hecho un Gobierno que se autodefine como el más progresista de la historia. Quizás no debería extrañarnos, teniendo en cuenta que es obra del ministro Marlaska, un viejo conocido, muy conocido de los tribunales europeos. Es un reglamento de registros que aumenta exponencialmente los datos que hay que dar, incluyendo correo electrónico, tarjeta de crédito, relación de parentesco y un largo historial de datos, una desproporción que la propia Agencia Española de Protección de Datos considerada abusiva en un informe al que el Gobierno no ha hecho ningún caso; unos datos personales que irán a parar a los ficheros del Ministerio de Interior, cosa que, como demócratas e independentistas, no nos da ninguna garantía y sabemos que van a utilizarse en nuestra contra. Precisamente, lo ha venido demostrando la comisión de investigación de la operación Cataluña, tal y como vimos cuando compareció el cargo que va a tutelar y a construir estos datos, que es el secretario de Estado de Seguridad, en este caso con la comparecencia del señor Francisco Martínez y el DAO Eugenio Pino. ¿Qué garantía nos puede dar el Ministerio del Interior con esos datos?

En definitiva, el real decreto comporta una invasión injustificada de la intimidad y de los derechos y las libertades y una afectación desproporcionada a un sector económico clave como es el turismo que sencillamente desde Junts per Catalunya no podemos aceptar y que, más allá de soluciones provisionales, como aplazar la entrada en vigor del mismo o limitar por orden ministerial su alcance, habrá que resolver allí donde corresponda, es decir, cuando entremos a fondo a tratar el tema de la seguridad ciudadana.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gràcies, presidenta. Sembla que aquesta PNL del Partit Popular no els sortirà tan bé. Potser si haguessin posat alguna millora laboral al servei de l’hostaleria els votaríem a favor. Potser la jubilació anticipada de les kellys, potser estaria bé. Potser s’haguessin referit al personal recepcionista de grans cadenes hoteleres que es posen nerviosos al veure cua de gent per donar dades amb un sou que fa vergonya.

Sembla que aquesta setmana els ha sortit el seu interior una mica de dretes i permetin-me que els faci una pregunta. Necessitem en aquest país més mesures de seguretat o no? Perquè fa uns dies ens queixàvem de la multirreincidència i més mesures de seguretat. Ara ja no les necessitem? Hem de controlar qui entra al país o no l’hem de controlar? O és que si estàs més morè necessites més controls o si tens la butxaca més plena o no la tens tan plena necessites legislar d’una manera o legislar d’una altra? Vaja, vaja. Vostès són més d’infiltrar policies a associacions juvenils, de punxar telèfons a polítics que pensen diferent i ara ens venen a dir que donar dades que es donen a qualsevol web és dificultós? Simplement fan un ridícul espantós.

El turisme és un dels motors de la nostra economia i milions de persones visiten el país cada any. Aquesta mobilitat massiva requereix un sistema que permeti gestionar bé qui entra i qui surt del país per garantir que tothom gaudeixi dels nostres serveis turístics i ho faci amb seguretat. La recollida de dades de visitants és una eina essencial si s’utilitzen bé les dades per assegurar aquesta protecció. Les dades ajuden les forces de seguretat a prevenir activitats il·legals, com tràfic de persones, crim organitzat o altres delictes que poden tenir lloc dins el sector turístic.

En definitiva, garantim que tant els turistes com la ciutadania local puguin viure i gaudir d’una destinació segura. El Reial decret al que es refereixen estableix normes per a la recollida i comunicació de dades sobre persones físiques que s’allotgen o utilitzen serveis d’establiments dedicats a l’activitat turística. I sí, és cert, hi ha dades que a aquestes alçades de la vida ja no són necessàries, està clar. Una ben absurda és que encara es continuï demanant el sexe de la persona que es posi en un hotel o agafa un avió, una cosa totalment innecessària.

Ara, aquestes dades recollides han de ser transmeses a les autoritats de seguretat i en el cas de Catalunya, ho han de fer al cos de Mossos d’Esquadra. I aquesta comunicació ha de fer-se de manera telemàtica a través de sistemes homologats, perquè així ens assegurem que compleixin els requisits de seguretat i protecció de dades personals, perquè després tenen l’obligació de conservar aquestes dades durant un període i aquesta informació l’han de tenir disponible en cas que hi hagi alguna investigació després.

Per tant, l’objectiu és garantir la seguretat pública, aquella que tan els agrada a vostès quan són les persones que venen, venen a guanyar-se la vida i no a disfrutar d’unes vacances. Aquesta informació entenem que permet actuar de manera preventiva i intervenir en situacions sospitoses, ajudant a mantenir el turisme com una activitat neta i segura, fonamental per a la nostra economia. El turisme és una porta d’entrada a moltes oportunitats econòmiques, però malauradament també pot ser activitats delictives, algunes que els agrada molt a vostès, com per exemple, el narcotràfic.

És essencial, doncs, que la informació recollida només s’utilitzi amb fins de seguretat pública o per millorar la gestió turística. No podem permetre que aquestes dades siguin mal utilitzades per a fins comercials o per vulnerar els drets i la privacitat de les persones. Volem un turisme segur, però també volem protegir a les persones. El que s’ha de demanar és fer compatible la seguretat amb la privacitat, posant les persones al centre de la nostra acció política.

Les competències en matèria de turisme estan transferides a les comunitats autònomes. Nosaltres el que volem, des del punt de vista de les polítiques públiques i en aquest cas ho haurà de regular la Generalitat de Catalunya, és que els propers anys es regulin qüestions com la lluita contra els efectes del canvi climàtic que marca l’Agenda 2030, reordenar els fluxos de turistes, protegir amb més intensitat el patrimoni cultural natural i el paisatge, fomentar la professionalització i la competitivitat empresarial, modernitzar les infraestructures i, sobretot, garantir el dret a l’habitatge de les zones turístiques als habitants de les zones turístiques.

Per tant, votarem que no a la seva iniciativa, perquè la PNL que presenten fa els ulls clucs als condicionants per a la seguretat ciutadana en general, que aportaria la inscripció i registre obligatori de qualsevol persona en qualsevol mode d’establiment turístics. Els condicionants tècnics que pugui presentar la seva implementació són molt solucionables. De fet, crec que s’estan solucionant. O han estat qüestions molt més complicades, ja ho he dit abans, com per exemple infectar sistemàticament telèfons personals a adversaris polítics amb programari espia que només fan servir els estats i que es va fer durant el seu govern.

Gràcies.

Gracias, presidenta. Parece que está PNL del Partido Popular no les va a salir tan bien. Quizás, si hubieran puesto alguna mejora al servicio de la hostelería, votaríamos a favor. Quizás la jubilación anticipada de las kellys, por ejemplo, estaría bien, o si se hubieran referido al personal de recepción de las grandes cadenas hoteleras, que se ponen nerviosos cuando ven colas de personas para dar algunos datos y tienen un sueldo que da vergüenza. Parece que esta semana les ha salido su ser interior de derechas. Permítanme que les haga una pregunta: ¿Para qué necesitamos en este país esas medidas de seguridad? ¿Las necesitamos o no? Porque hace unos días nos quejábamos de la multirreincidencia y de las medidas de seguridad, que ahora ya no necesitamos. ¿Hay que controlar quién entra en el país o no hay que controlarlo? ¿O es que si eres más morena necesitas más controles, o si tienes el bolsillo más lleno o no lo tienes tan lleno necesitas legislar de una forma o de otra? Vaya, ustedes, que, son más de infiltrar policías en asociaciones juveniles, de pinchar teléfonos a políticos que piensan de manera diferente, ¿ahora vienen a decirnos que dar datos que se ofrecen en cualquier web es un problema? Simplemente, ustedes hacen un ridículo espantoso. El turismo es uno de los motores de nuestra economía y millones de personas visitan el país año tras año. Esta movilidad masiva requiere de un sistema que permita una buena gestión sobre quién entra y sale del país para poder garantizar que todo el mundo pueda disfrutar de nuestros servicios turísticos con seguridad. La recogida de datos de visitantes es una herramienta esencial si se utilizan bien para asegurar esa protección. Los datos ayudan a las fuerzas de seguridad a prevenir actividades ilegales, como el tráfico de personas, la delincuencia organizada u otros delitos que pueden producirse dentro del sector turístico. En definitiva, garantizamos que turistas y ciudadanía local puedan vivir y disfrutar de un destino seguro. El real decreto al que se refieren establece normas para la recogida y comunicación de datos sobre personas físicas que se alojan o utilizan servicios y establecimientos dedicados a la actividad turística, y sí, es cierto, hay datos que a estas alturas de la vida ya no son necesarios, está claro. Uno muy absurdo es que todavía se pida el sexo de la persona que se aloja en un hotel o que toma un avión, algo totalmente innecesario. Ahora bien, estos datos recogidos tienen que ser transmitidos a las autoridades de seguridad, y, en el caso de Cataluña, tenemos que hacerlo al cuerpo de Mossos d’Esquadra, y esta comunicación debe hacerse de forma telemática a través de sistemas homologados, porque así nos aseguramos de que cumplen los requisitos de seguridad y la protección de datos personales, porque después tienen la obligación de conservar estos datos durante un periodo determinado y esa información tienen que tenerla disponible en caso de que haya alguna investigación después. Por lo tanto, el objetivo estriba en garantizar la seguridad pública, esa que tanto les gusta a ustedes, cuando es para las personas que vienen para ganarse la vida, y no a disfrutar de unas vacaciones. Esta información entendemos que permite actuar de forma preventiva e intervenir en situaciones sospechosas, ayudando a mantener el turismo como una actividad limpia y segura y, sobre todo, como algo fundamental para nuestra economía. El turismo es una puerta de entrada a muchas oportunidades económicas, pero, desgraciadamente, también puede ser para actividades delictivas, para algunas que les gustan mucho a ustedes, como, por ejemplo, el narcotráfico. Es esencial, por lo tanto, que la información recopilada solo se utilice con fines de seguridad pública o para mejorar la gestión turística. No podemos permitir que estos datos se utilicen mal para fines comerciales o vulnerar los derechos y la privacidad de las personas. Queremos un turismo seguro, pero también queremos proteger a las personas. Lo que hay que pedir es que sea compatible la seguridad con la privacidad, poniendo a las personas en el centro de nuestra acción política.

Las competencias en materia de turismo están transferidas a las comunidades autónomas. Nosotros lo que queremos, desde el punto de vista de las políticas públicas ―y en este caso habrá que regularlo, tendrá que regularlo la Generalitat de Cataluña― es que se regulen cuestiones como la lucha contra los efectos del cambio climático, la agenda 2030, reordenar los flujos de turistas, proteger con más intensidad el patrimonio cultural, natural y el paisaje, fomentar la profesionalización y la competitividad empresarial, modernizar las infraestructuras y, sobre todo, garantizar el derecho a la vivienda en las zonas turísticas para los habitantes de las zonas turísticas.

Por lo tanto, vamos a votar no a su iniciativa, porque la PNL que presentan cierra los ojos ante los condicionantes para la ciudadanía, en general, que supondría el registro obligatorio y la inscripción de cualquier persona en cualquier tipo de establecimiento turístico. Los condicionantes técnicos que pueda suponer su aplicación son muy solucionables; de hecho, creo que se están solucionando. Han sido cuestiones mucho más complicadas ―ya lo he dicho antes―, como, por ejemplo, cuando se infecta sistemáticamente a los adversarios políticos con programas espía que solo utilizan Estados, y eso es algo que se hizo durante su Gobierno.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gràcies, presidenta. El Partit Popular, com sempre, es posa del costat dels poderosos, com sempre al costat del turisme, però d’aquell turisme més depredador, d’aquell turisme que compensa com més millor, en quantitat. Un paradigma que ja haurien d’haver superat.

El Partit Popular mai es planteja la cara B del turisme. Mai du cap iniciativa per subsanar aquelles repercussions que té l’activitat turística, aquella cara B que el Partit Popular ignora, com l’impacte ambiental associat a aquesta activitat. I no és que l’ignori, és que significativament l’afavoreix. Per exemple, l’afavoreix, perquè impulsa la destrucció del nostre litoral, destrueixen els nostres espais naturals, fan amnisties —‌allò que tant els agrada, tant pareix criticar aquí— però, els hi agraden les amnisties urbanístiques. Evidentment debiliten el procediment d’avaluació d’impacte ambiental, perquè això no els interessa i sempre, sempre, ignoren els impactes socials de l’activitat turística.

Mai ens parlen de que el lloguer turístic està inflant els preus de lloguer i que la fiscalitat del lloguer turístic és molt inferior a la del lloguer convencional o que, evidentment, els sous dels treballadors del turisme són baixos, són baixos. Tenim una nova classe, que és la classe treballadora pobra i això és inadmissible. I desgraciadament, cada vegada més s’està precaritzant la nostra societat. Cada vegada més, en lloc d’enriquir-nos, ens empobreix el nostre poble, els mallorquins, les mallorquines, eivissencs, eivissenques, de Formentera i de Menorca i tots els que ens imiten en altres territoris, cada vegada ens empobrim.

Però el PP ho ignora i ignora el clam de les mobilitzacions socials que han dit: «Basta», en contra de la massificació turística, en contra que no poden tenir un dret a l’habitatge digne a les zones turístiques. I vostès, a les Illes Balears i als altres territoris, els ignoren. El PP, sempre al costat del poderosos, sempre al costat del lobby turístic. I inclús a les Illes Balears, on tenim més, més vehicles per habitant més que als Estats Units i al Japó, vostès són incapaços de limitar l’entrada de vehicles de la península a les Illes Balears o posar un impost al rent a car. (Aplausos).

Això és el de sempre del Partit Popular. Però avui els he de dir que m’han sorprès. Avui el Partit Popular fa una passa més enllà, un salt al buit: Arriba a prioritzar els interessos del lobby turístic per damunt de la seguretat. Això no ho havia fet mai. El Partit Popular prioritza els interessos del lobby turístic per damunt de la seguretat de la ciutadania. El Partit Popular, que espiava aquells que no pensaven igual, el Partit Popular que, si pogués, convertiria el nostre territori en un Gran Hermano i ens vigilaria a tots, de cop considera que demanar unes dades si això suposa que venguin manco turístics, això és perillós i això no ho podem consentir. I això no ha de tirar endavant.

Però nosaltres estem a favor de la seguretat. I nosaltres estem a favor de que la ciutadania pugui tenir els seus drets i que es pugui fer i saber qui ve a casa nostra, perquè evidentment tots són benvinguts. Els que venen del nord econòmic, però també els que venen del sud econòmic.

El PP es posa sempre l’accent i es posa l’accent avui en què l’activitat…, que la norma de seguretat, no pot molestar els empresaris. El que diu és la norma de seguretat que vostès estan impulsant molesta els empresaris. Que es retirin. Nosaltres deim tot el contrari. Deim que en aquesta norma el límit que té la seguretat és el dret a la intimitat, i és aquí on hem de posar l’accent. El dret a la intimitat no pot ser violat per cap norma. I aquesta és la diferència entre vostès i nosaltres.

Però, senyors del Partit Socialista, això no és un xec en blanc. Això no és un xec en blanc per vostès. Perquè sabem que el Partit Socialista també quan pot s’extralimita en seguretat i limita el nostre dret a la privacitat, i això no ho podem consentir. Li he de dir clarament: No ens fiam del Ministeri d’Interior. No ens fiam d’aquest ministeri perquè així ens ho ha demostrat al llarg del temps.

Els deim que, és clar, volem i creim que només s’ha de recollir aquella informació necessària a nivell comercial. Que el límit a demanar dades és el límit al dret a la intimitat. Gravin-s’ho a foc perquè sinó no tendran el nostre suport. (Aplausos).

I senyories del Partit Popular, vostès, sempre pensant en la butxaca, pensant amb els doblers, pensant amb els diners. Noltros, com sempre, pensant amb els drets dels ciutadans, pensant amb el dret a la seguretat, però també pensant amb el dret a la intimitat.

Moltes gràcies.

Gracias, presidenta. El Partido Popular, como siempre, se pone al lado de los poderosos; como siempre, al lado del turismo, pero del turismo más depredador, de modo que cuanto más, de mayor cantidad, mejor, algo que ya tendríamos que haber superado. El Partido Popular nunca se plantea la cara B del turismo, nunca ha emprendido ninguna iniciativa para solucionar las repercusiones que tiene la actividad turística, la cara B que ignora, como el impacto ambiental y social de esta actividad. Y no solo es que la ignore, es que la favorece; por ejemplo, la favorece porque impulsa la destrucción de nuestro litoral, cuando destruyen nuestros espacios naturales, cuando hacen amnistías ―eso que tanto les gusta—, porque les encantan las amnistías urbanísticas. Evidentemente, no tienen en cuenta los estudios de impacto ambiental porque no les interesa y siempre ignoran los impactos sociales de la actividad turística. Nunca nos hablan de que el alquiler turístico está inflando los precios del alquiler, de que la fiscalidad del alquiler turístico es muy inferior a la del alquiler convencional o de que, evidentemente, los sueldos de los trabajadores del turismo son bajos. Tenemos una nueva clase, que es la clase trabajadora pobre, y eso es inadmisible, y, desgraciadamente, cada vez se está precarizando más nuestra sociedad; cada vez más, en lugar de enriquecernos, se empobrece nuestro pueblo: los mallorquines, las mallorquinas, los ibicencos, las ibicencas, todos los que viven en otros territorios cada vez nos empobrecemos más. Pero el PP lo ignora, el PP ignora las movilizaciones sociales y sus gritos que dicen basta, en contra de la masificación turística, en contra de que no podamos disfrutar de un derecho a una vivienda digna en las zonas turísticas. En las Islas Baleares y en otros territorios ustedes lo ignoran. El PP siempre está al lado de los poderosos y del móvil turístico. En las Islas Baleares, donde hay más vehículos por habitantes que en Estados Unidos y Japón, ustedes son incapaces de limitar la entrada de vehículos desde la península a las Islas Baleares o de poner un impuesto para el renting de coches. Eso es lo que hace el Partido Popular, pero hoy debo decirles que me han sorprendido, hoy el Partido Popular da un paso más allá, un salto al vacío y llega a priorizar los intereses del lobby turístico por encima de la seguridad, y eso no lo había hecho nunca. El Partido Popular prioriza los intereses del sector turístico por encima de la seguridad de la ciudadanía. El Partido Popular, que pensábamos que se convertiría en nuestro territorio en un gran hermano y nos vigilaría a todos, de repente considera que pedir unos datos es peligroso y no lo pueden consentir, no podemos impulsarlo. Pues, nosotros estamos a favor de la seguridad, estamos a favor de que la ciudadanía pueda disfrutar de sus derechos y se pueda saber quién viene a nuestra casa, y todos son bienvenidos, por supuesto, los que vienen del norte económico, pero también los que vienen del sur económico. Hoy siempre se pone el acento en que la norma de seguridad no puede molestar a los empresarios, y esa norma de seguridad que ustedes imponen molesta a los empresarios: pues que se retire, dicen. Nosotros decimos todo lo contrario, que el límite que tiene esta norma es el límite a la intimidad. Y aquí es donde hay que poner el acento: el derecho a la intimidad no se puede vulnerar con ninguna norma. Y esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Pero, señores del Partido Socialista, esto no es un cheque en blanco para ustedes, porque sabemos que el Partido Socialista, cuando puede, también se extralimita en la seguridad y limita nuestro derecho a la privacidad, y eso no lo podemos consentir. Lo tengo que decir muy claramente: no nos fiamos del Ministerio del Interior, no nos fiamos de este ministerio porque nos lo ha demostrado que tiene que ser así a lo largo del tiempo. Y creemos que solo hay que recoger la información necesaria a nivel comercial, que el límite de petición de datos es el límite del derecho a la intimidad. Grábenselo a fuego, porque, si no, no van a poder contar con nuestro apoyo.

Y, señorías del Partido Popular, ustedes siempre piensan en el bolsillo, en el dinero. Nosotros, como siempre, pensando en los derechos de los ciudadanos, en el derecho a la seguridad, pero también en el derecho a la intimidad.

Muchas gracias.

Gracias, presidenta. Buenas tardes. Para empezar, doy la bienvenida a las asociaciones y plataformas de turismo afectadas por esta ocurrencia. Creemos muy acertada esta iniciativa justo ahora, cuando la confianza por la ciudadanía en las instituciones está por los suelos. Vemos cómo el fiscal general del Estado usa información privada de los ciudadanos para pagar favores a la mafia socialista y así distraer la ingente cantidad de casos de corrupción que rodean al número 1, así como a la Abogacía del Estado, que actúa como matones que van a pedir su parte, a las órdenes del autócrata de la Moncloa. (Aplausos). Estamos hablando de un Ejecutivo que ha mostrado en múltiples ocasiones una falta alarmante de fiabilidad en la protección de información personal. Los ejemplos sobran: filtraciones de datos de servicios públicos, sistemas informáticos desactualizados y una transparencia mínima en cuanto al uso y el almacenamiento de datos personales. Hace un año conocíamos otra fuga por parte del Ministerio de Hacienda de los datos de los contribuyentes, dejando al descubierto los datos bancarios de los usuarios. El Gobierno actual no ha demostrado la capacidad de gestionar de manera eficiente ni segura los datos sensibles de los ciudadanos. ¿Cómo podemos confiar en este nuevo registro masivo de información, que involucra datos delicados sobre la identidad y las actividades de las personas que se ha gestionado de manera segura? La gestión de los datos sensibles no puede ser tomada a la ligera, y menos en un contexto en el que el Gobierno ya ha demostrado ser ineficaz en proteger nuestra privacidad, y más aún cuando no piden ni el lugar de origen o la edad a los más de 130 000 inmigrantes ilegales que se han colado desde el año 2020, muchos de ellos menores y que se han repartido por los hoteles de España. Aquí las izquierdas, que se han rasgado las vestiduras con las condiciones de seguridad, no dicen ni mu; aquí, otro criterio: mano dura para los que cumplen con la ley y mano tendida con quienes no la cumplen. (Aplausos). Este registro, además de generar un riesgo potencial de vulnerabilidad ante los ataques cibernéticos o filtraciones, también pone en cuestión la cantidad de burocracia que genera tanto para las empresas como para los ciudadanos. No podemos ignorar la carga administrativa que representa para los pequeños y medianos empresarios, quienes ya están sobrepasados por la complejidad burocrática que acompaña a cada nueva normativa. ¿Es razonable añadirles más trámites, más papeleo y más responsabilidad sobre el manejo de datos personales? Definitivamente, no. El exceso de burocracia es uno de los mayores problemas de la Administración actual. Cada nueva normativa que se aprueba parece venir acompañada de una montaña de papeleos y requisitos, que solo entorpecen el funcionamiento de las empresas y la vida cotidiana de los ciudadanos. En lugar de simplificar los procesos, cada día se vuelven más opacos y difíciles de manejar. Y esta propuesta, por supuesto, no va a ser la excepción: lejos de ofrecer soluciones efectivas, se erige como una barrera más para aquellos que buscan trabajar de manera honesta y transparente, muy al contrario de lo que hacen sus señorías del Ejecutivo. Y, por último, debemos considerar el impacto en la privacidad. Nos enfrentamos a un Gobierno liderado por la mafia socialista, que ya ha mostrado su inclinación a legislar de manera invasiva, y esta propuesta solo refuerza esta tendencia. Se nos dice que es por nuestra seguridad, pero, en realidad, es la implementación de este tipo de medidas, que puede llevarnos al control excesivo y a una vigilancia innecesaria sobre los ciudadanos (aplausos); control, por cierto, del cual, por supuesto, carecen los participantes en la cena de Navidad de la Moncloa: cero control necesario en las concesiones de contratos de mascarillas, forrándose a costa de las muertes de centenares de miles de personas durante la pandemia; cero control en los contratos públicos adjudicados al tito Berni, a cambio de extender la fama feminista, tan característica del Partido Socialista; cero control en las reuniones de la mujer del presidente; cero control en los contratos del aeropuerto, por donde Delcy campaba a sus anchas con el número 3 del Partido Socialista, y cero control fiscal y laboral sobre el hermanísimo de su sanchidad, pero, en cambio, muchísimos controles sobre la familia que se va de vacaciones y más controles también sobre la carga burocrática que se establece a los que gestionan, por ejemplo, los hoteles. En este caso, desde VOX siempre apoyaremos a las familias y a los autónomos, frente a los corruptos y a los estafadores.

Concluyo ya, presidente, diciendo que, bajo la falsa sensación de seguridad que el Gobierno trata de establecer, se esconde la sobrecarga burocrática, la falta de transparencia y el ataque a las libertades fundamentales del pueblo español, y, desde luego, desde VOX eso no lo permitiremos.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Después de escuchar con muchísima atención la intervención del señor Vicente Marí, voy a parafrasear lo que ha dicho, pero con un no rotundo: este Gobierno no es ningún ‘gran hermano’, este Gobierno no practica el espionaje, como usted sugiere —‌y esto va también por VOX—, porque para eso ya están otros. La norma sobre registro documental en hospedaje y vehículos tiene como principal objetivo mejorar la seguridad de todos los españoles y de los turistas que visitan nuestro país. Dice el Partido Popular que este real decreto es una barbaridad. ¿De verdad creen que es una barbaridad? Una barbaridad es poner en peligro a quienes nos visitan y a todos los españoles. (Aplausos). Ustedes aprovechan todo para enfrentarse al Gobierno. Señorías ―y lo digo por todos―, quédense tranquilos. Y al Partido Popular le digo que no mientan, que no tergiversen la norma, porque los datos de los ciudadanos están a salvo y protegen la intimidad. No alarmen, porque esta norma, lejos de provocar un riesgo en la caída de las ventas o el desvío de reservas a otro destino, produce el efecto contrario. En el contexto geopolítico mundial que estamos viviendo ahora mismo, España se convierte en un destino preferido, en un destino referente, y eso es por muchas razones, pero, créanme, la principal es por el nivel alto de seguridad que tenemos en nuestro país. (Aplausos). Por tanto, muy lejos de lo que ustedes dicen en cuanto a la recogida de datos, teniendo en cuenta además el respaldo legal de la norma y que los datos a comunicar son solo aquellos que se recaben en el ejercicio de la actividad comercial —‌artículo 5—, les recuerdo que esta nueva regulación va a contribuir a reforzar la seguridad pública, factor determinante en la competitividad de nuestro turismo. Señorías, el pasado año nos visitaron 95 millones de personas. Nos eligieron, y —l‌o repito otra vez— nos eligen porque somos el país más seguro del mundo, y este Gobierno quiere que siga siendo así. (Aplausos). Y trabajaremos para que el sector turístico siga representando más del 13 % del producto interior bruto y siga siendo una de las mayores fortalezas de nuestra economía. Señorías, les vuelvo a recordar que este real decreto tiene como objetivo fundamental cumplir con la normativa vigente en materia de seguridad ciudadana, todo ello en el marco de las exigencias de la normativa comunitaria, concretamente el artículo 45 del convenio Schengen. Señorías, tienen que saber que actualmente los mayores ataques a la seguridad ―deben saberlo porque han gobernado― vienen por parte del crimen organizado y el terrorismo. Por lo tanto, cobra especial relevancia en el modus operandi de los delincuentes la logística del alojamiento y la adquisición de vehículos a motor. Señorías, quiero recordarles que desde 1959 ya existe la obligación de recoger datos en los establecimientos. Con esta norma, lo que hacemos es equiparar los nuevos tipos de hospedaje que no existían a los demás y adaptarlos a los nuevos tiempos, creando ficheros digitales, mucho más seguros que los libros de registro. Cuestionan también ustedes la inseguridad jurídica. Les recuerdo que esta tramitación se ha sometido a un riguroso escrutinio por parte de la Comisión Europea, la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo de Estado, que han acreditado que las obligaciones derivadas de este texto están ajustadas a derecho. Señorías, es verdad que ha habido una moratoria de tres años, desde 2021 hasta ahora, para que el sector pudiese adaptarse a la plataforma SES.HOSPEDAJES. El Gobierno no tiene ganas de fastidiar a nadie; todo lo contrario, estamos para ayudar al sector turístico y para que sea competitivo. Señorías, no confundan a la ciudadanía, esta norma se atiene, como criterio rector, al principio de no pedir a los sectores implicados más información de la que ya venían recabando. ¿Qué pretenden con esta proposición no de ley, señores del Grupo Popular? ¿Que tengamos un sector turístico exento del cumplimiento de la legislación vigente? No cuenten con nosotros para eso, porque para nosotros lo prioritario es la seguridad. Señores del Grupo Popular, les invito a que dejen de hacer demagogia con temas tan serios como la seguridad. Piensen por una vez en nuestro país y no en los votos. Y háganme caso, como les dijeron el otro día: el bien no hace ruido, pero el ruido no hace nunca el bien.

Muchísimas gracias. (Aplausos).