Proposición de Ley relativa a la regulación de las cláusulas Redito Ad Libitum en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios.

Gracias, presidenta. La mayoría de los diputados del Congreso, 183, cuentan con un préstamo hipotecario en un banco o en una entidad financiera. Esta proposición de ley no es ajena ni a sus señorías ni a más de la mitad de las familias españolas. Y les daré un dato: el 72 % de los españoles no entiende el contrato de su hipoteca. La proposición de ley que presentamos hoy pretende que ninguna familia que haya firmado una hipoteca con cláusulas abusivas sea desahuciada por no poder pagar su préstamo con el banco. (Aplausos). Si la familia paga los intereses y amortiza un mínimo de un euro al mes, podrá seguir en su vivienda hasta el último recibo de su hipoteca. En ese momento tendrá tres opciones: vender la casa, devolverla al banco ―con tanteo y retracto, lógicamente, por parte de la Administración para ampliar el parque público― o pagar el total del préstamo restante. Es un win-win, todos ganan: la familia no pierde su casa y el banco ingresa más intereses. Casi la totalidad de las hipotecas variables firmadas antes de 2011 contienen errores. En 2003 ya fueron alertados por el Banco de España. En sucesivas consultas al regulador se ha confirmado que esos contratos deben ser renegociados de forma consensuada por la familia y la entidad, nunca unilateralmente, que es lo que hace la banca. Antes de la regulación de 2011 vivíamos una etapa en la que corría mucho el dinero. Las entidades firmaban hipotecas alegremente, saltándose hasta sus propias normas de conducta financiera. Época de corta y pega, se firmaban ante notario contratos sin fórmulas para calcular la cuota que pagaría la familia. En otros casos existe la fórmula, pero contienen errores matemáticos que la hacen inverosímil. ¿Cuándo surgía el problema? Al cambiar el tipo de interés. Con la revisión de los seis meses o al año, el consumidor se quedaba sin norma y el banco unilateralmente le imponía la cuota. El informe encargado por la Dirección General de Consumo de las Islas Baleares detectó treinta y seis tipos de errores. El cliente firmaba a ciegas, sin la suficiente información, con errores graves, con falta de transparencia, publicidad engañosa y abusividad. Pero, como con tantas las cláusulas abusivas, Europa terminará dando la razón a los clientes. Y, si sus señorías no lo arreglan, lo hará el Tribunal de Justicia Europeo, colapsando los juzgados, y en ese tiempo centenares de familias perderán su casa de forma injusta. Es un cóctel que se destapó al encargar el informe del equipo matemático del balear Guillem Bou. Esta es una ley para los escépticos que creen que la política no resuelve nada. Al inicio de mi etapa como director general de Consumo de las Illas Baleares del Govern de la presidenta, mi presidenta, Francina Armengol, Stop Desahucios de Palma nos solicitó una reunión. A bocajarro nos dijeron que las administraciones y los grupos políticos no sirven para nada. Exponían el malestar y la desesperación de centenares de familias que se sienten abandonadas por los tres poderes del Estado y también por los medios de comunicación. Según ellos, defendemos a la banca y no a los consumidores. Stop Desahucios nos citaba informes del Síndic de Greuges, comparecencias en el Parlament de Catalunya de matemáticos y financieros que habían demostrado abusos frente a los clientes de las entidades bancarias y que los tribunales y audiencias provinciales dictaban sentencias contradictorias. Pocos jueces son expertos en problemas financieros, y las familias, que no se pueden permitir un perito matemático, se encuentran en una situación de indefensión jurídica. Por el contrario, las entidades tienen magníficos equipos de abogados y de gran pericia ante un tribunal. Las denuncias registradas en las administraciones de consumo se despachaban con un «no somos competentes», y Baleares no era una excepción. Ese grito de socorro de los afectados hizo que la dirección general se pusiera en acción. Al observar detenidamente esas denuncias, el equipo jurídico de la Consejería de Salud del Govern balear, encabezado por Jesús Cuartero, Sebastià Vanrell y Ana Maturana, a quienes reitero mi agradecimiento, igual que a Patricia Gómez y a todo el personal de Consumo de la Dirección General, detectó la falta de transparencia, publicidad engañosa y posteriormente abusividad. No todo era sancionable, pero algunos de los errores sí, y las entidades a las que se abrió expediente pagaron. Y paralelamente se encargó un estudio al prestigioso matemático Guillem Bou, que había participado en el informe del Síndic de Greuges de Catalunya. Era uno de los expertos que detectaron el abuso de las llamadas hipotecas IRPH: cobraban dos veces las comisiones, y ese error inicial se arrastraba a lo largo de la vida del contrato. A su vez, los bancos hacían caso omiso a una circular de 1994 del Banco de España que avisaba del exceso que se cometía. El resultado era que ese tipo de hipotecas IRPH, por mucho que bajara el euríbor, nunca bajaban y seguían muy por encima del resto de las hipotecas variables. Los informes encargados buscaban la demostración matemática del posible abuso. Se evitó la interpretación jurídica, ya que eso corresponde a los tribunales. Se confirmó la doble imposición de las llamadas hipotecas IRPH y también se detectaron treinta y seis errores en las hipotecas de tipo variable. Se demostraba que las hipotecas firmadas antes de 2011 no cumplen con la normativa europea de información al consumidor. Ello se tradujo en contratos irregulares, incluso con graves fallos financieros, con los que muchas familias se embarcaron en deudas aparentemente asequibles pero que a la larga no iban a poder pagar.

En vez de saturar los juzgados o hacer reclamaciones al Banco de España, que es lo que está pasando actualmente, nuestra propuesta plantea la revisión por parte de la Administración de esas hipotecas, poner en marcha una solución financiera que, como hemos dicho, no supone un perjuicio para la banca, sino una renegociación de la deuda. Esta proposición de ley pretende poner fin a una larga situación injusta de los contratos hipotecarios firmados antes de 2011. En aquel año se dictó una orden ministerial muy moderna, protectora de los consumidores, ajustada al derecho europeo y elaborada con mucho detalle. El problema es que los firmantes de antes del 2011 no gozaron de la protección de la orden ministerial, firmaron sus contratos mediante una normativa insuficiente para la protección del cliente bancario en préstamos variables, cuota creciente, IRPH, cuota francesa, etcétera. La presente proposición de ley no solo arregla el problema de cientos de miles de afectados, sino que ofrece una solución justa, en la que unos no pierden la vivienda, y otros, la banca, no pierden dinero; es más, según en qué situaciones, como he dicho antes, llega a ingresar más intereses por sus préstamos.

Por otra parte, la proposición de ley fomenta la libre competencia en tanto que defiende a la banca justa, a aquella que fue seria en su concesión de crédito y no lanzó a los consumidores españoles a peligrosas aventuras financieras. Eran entidades que se negaron a comercializar las llamadas hipotecas crecientes en tiempos de tipos bajos, que los expertos consideran un suicidio financiero. Y esta proposición de ley también emana de la perseverancia de los afectados, que durante años han sufrido la incomprensión y el silencio. Ahora estamos obligados a escucharlos, a defenderlos y a resolver el problema legislando soluciones para resolver sus injusticias. (Aplausos). En el hemiciclo nos acompañan José Luis, Sandra, Sole, Cecilia, Marta, en representación de centenares de familias. Para todas ellas, que siguen sufriendo, les pido un aplauso. (Aplausos). Son familias que esperan de nosotros, de sus señorías, la posibilidad de tramitar esta proposición, naturalmente abierta a las mejoras que los grupos consideren dentro del debate parlamentario.

Casi todas estas personas habían desistido de confiar en nosotros y en la política. Son una parte de esos miles de ciudadanos que, según las encuestas, nos ven más como problema que como solución. Es el momento de demostrar lo que nosotros decididamente defendemos, que la política es la solución, y no es el problema. Sería injusto decir que durante estos largos años han estado solos. Tuvieron el apoyo y la comprensión de asociaciones de todo el territorio peninsular e insular, de entidades defensoras de los consumidores e hipotecados, del Síndic de Greuges de Catalunya, del Diputado del Común de las Islas Canarias y del Defensor del Pueblo, quien recientemente, ministro, ha pedido al Ministerio de Derechos Sociales y Consumo que actúe, bajo sus competencias, para esclarecer los posibles excesos. Todos ellos han manifestado su preocupación y su solidaridad. Los sindicatos, la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) y, de una forma u otra, abogados, periodistas y diputadas de este hemiciclo también apoyan su causa, que es la de todos nosotros.

En la comparecencia que Guillem Bou realizó en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo de este Congreso, los grupos presentes se mostraron partidarios de buscar fórmulas legislativas necesarias para resolver el problema, y son grupos que representan a la mayoría de este Congreso. De forma unánime, manifestaron su empatía, porque conocen a algún allegado, familiar o amigo que está atrapado en una hipoteca mal escriturada, que le hace la vida imposible. La sociedad, cada día con más fuerza, nos reclama soluciones urgentes ante la emergencia nacional que representa el derecho a poder acceder a una vivienda. Las calles de las ciudades se llenan de manifestantes que nos piden actuar. Somos conscientes de que es un tema muy complejo y con muchas derivadas, pero lo que no nos permitirán es que no actuemos. La gente quiere soluciones y nosotros hoy presentamos una, gracias al trabajo de los juristas del grupo SUMAR David Espínola y Juan Moreno, a la imprescindible ayuda del diputado Carlos Martín y a los consejos de Roser Comellas. Es una proposición de ley que pretendemos que no sea nuestra, sino de todos los grupos de esta Cámara. Somos ambiciosos, y la proposición de ley pretende que la banca pase una especie de ITV de las hipotecas para enmendar los errores contractuales. Las entidades bancarias deberían comunicar a los consumidores los defectos de su hipoteca y darles una solución; un sistema, por cierto, nada novedoso, utilizado por las marcas de automóviles, que, cuando detectan un fallo de fabricación, lo arreglan. Recordemos lo que cantaba Silvia Pérez Cruz, poniéndonos a muchos la piel de gallina: «Es indecente y es indecente, gente sin casa y casa sin gente». Piénsenlo antes de votar, señorías, y acaben con esta injusta situación.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).

Gracias, presidenta. Arratsalde on. Desde luego, compartimos que lo que pasó hace unos años con los gastos hipotecarios, las cláusulas suelo, las hipotecas crecientes y el IRPH fue lamentable o, mejor dicho, vergonzoso. La vivienda es un derecho fundamental, es la compra más importante en la vida de las personas, y la financiación hipotecaria está íntimamente unida a ella, puesto que conlleva una carga económica al menos durante unos treinta y cinco años para las familias. Por eso, es fundamental ofrecer protección a los consumidores y reforzar la transparencia de los contratos de las hipotecas, algo que entendemos que, por otro lado, parece que se está llevando a cabo con la nueva regulación de los contratos de crédito inmobiliario y el plan de educación financiera. Pero también compartimos que es necesario avanzar en la legislación y mejorar tanto las normas que se aplican a las hipotecas como la información que reciben los clientes. Es cierto que desde hace un tiempo a esta parte venimos oyendo hablar de las llamadas hipotecas REDAL, también en el Congreso, en una comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, en la que se trató este tema, es decir, aquellos préstamos que no cuentan con un sistema de amortización concreto, o bien que, en el contrato, la fórmula esté ausente, sea errónea o, incluso, resulte incomprensible; en definitiva, contratos con una deficiencia en la redacción de la fórmula de cálculo de la hipoteca por parte de las entidades bancarias, que, como indica su origen latino, en esencia es una devolución del préstamo y pago de intereses a voluntad, permitiendo quizás al hipotecado enfrentar las dificultades económicas de forma más flexible. Aunque es verdad que el Banco de España ha venido advirtiendo sobre prácticas abusivas de este tipo desde el año 2002, lo cierto es que hay una problemática que permaneció en la penumbra hasta que la Dirección de Consumo de Baleares impuso unas sanciones a una entidad bancaria por el uso de este tipo de prácticas. Como ya se ha dicho, la mayor afectación a las personas por ese tipo de hipotecas sucedió antes de octubre del 2011. Ahora mismo desconocemos cuántas personas se pueden encontrar afectadas, pero lo que sí sabemos es que las estadísticas del Banco de España, en su memoria de reclamaciones, no reflejan una incidencia relevante de este tipo de cláusulas. Es verdad que hoy la cláusula REDAL no tiene respaldo en una regulación específica y puede generar problemas para ambas partes, ya que las y los hipotecados deberán demostrar que la entidad no proporcionó información suficiente en el contrato para la aplicación de la cláusula, y, por otro lado, las entidades bancarias pueden tener dificultades para recuperar el capital prestado, al acumularse la amortización de la mayor parte de este en el tramo final del empréstito. Si consideramos, además, la variabilidad de los tipos de interés, respecto de la que hemos pasado de estar por encima del 5 % al final del boom inmobiliario en 2008 a tener tipos negativos desde 2016 a 2022 y escalar hasta superar el 4 % en 2023, para iniciar ahora el descenso, quizás estas fórmulas de cálculo de las cuotas pueden ser una herramienta adecuada para personas con unos mínimos de conocimientos financieros, pues ofrece mayor capacidad de adaptación cuando los tipos son más altos. El problema está en no ser conscientes de los riesgos, bien por falta de información, por una información inadecuada o por no tener los conocimientos financieros suficientes para valorar y asumir adecuadamente esos riesgos. No obstante, a pesar de la falta de regulación específica, los préstamos hipotecarios con amortización libre o creciente siguen efectivos, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la actual normativa que protege al cliente hipotecario, y, en este contexto, la interpretación del Código Civil sería fundamental para determinar si una cláusula REDAL se aplica o no. Lo que mi grupo no tiene claro es una regulación en este sentido con efectos retroactivos, pues ustedes solicitan una revisión generalizada de todas las hipotecas firmadas en el Estado para comprobar si realmente se encuentra en una situación como ésta, lo que obligaría a cada banco, como ustedes dicen, a contar con un sistema de reclamación específico para atender a las peticiones de los clientes, y, además, en el caso de que la entidad considerase que la solicitud del consumidor no se encuentra en este supuesto, dar por concluido el procedimiento extrajudicial, pudiendo acudir el consumidor al Banco de España, que debería resolver la cuestión de forma vinculante, algo que quizá no acabamos de entender si además se está planteando, y parece que ya de forma inminente, la creación de la autoridad administrativa independiente de defensa del cliente financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre la entidad financiera y los clientes, pudiendo abordar esta, por tanto, la existencia o no de este tipo de cláusulas.

Tampoco entendemos el encaje y dudamos de la legalidad en cuanto a la prohibición a las entidades financieras de iniciar un procedimiento civil. Nos surgen dudas en torno a la posibilidad de que se establezca para el consumidor poder elegir la opción de declarar la nulidad de la cláusula de amortización en el caso de contradicción entre los tecnicismos del contrato y los pactos financieros acordados, pues, al no existir condiciones de amortización por quedar estas anuladas, dicha nulidad invalida todo el contrato de préstamo. Al devenir todo el contrato nulo, el cliente se vería obligado a devolver la cuantía total del préstamo, lo cual, en palabras del Tribunal de Justicia Europeo, perjudica al interés del cliente hipotecario.

Por último, dudas en cuanto al colectivo de aplicación, porque esta propuesta no hace distinción alguna y nos podemos encontrar con personas cualificadas que, conociendo la materia y entendiendo las cláusulas y la información, puedan recurrir a este tipo de regulación a pesar de las cautelas de la nueva ley de crédito inmobiliario en este sentido. Por otra parte, esta necesidad de claridad en la información ha hecho que haya entidades financieras que, en lugar de transcribir complejas fórmulas que pueden confundir al consumidor, ya incluyen tablas de amortización y tablas de simulación de cuotas en distintos escenarios que quizás son más comprensibles.

Tal y como está redactada la propuesta, también podría dar lugar a solicitar la invalidez de estos préstamos hipotecarios que se han formalizado en cumplimiento de las normas de accesibilidad. Precisamente, puede ser interesante regular cuantos nuevos aspectos sean necesarios considerar en la redacción de los contratos hipotecarios para que el clausurado de los contratos sea transparente, y no esconda informaciones sesgadas que puedan llevar a las y los clientes a tomar decisiones perjudiciales para su economía. En este sentido, quizá también deberíamos pensar en realizar las modificaciones necesarias en las distintas leyes que protegen al consumidor bancario, tales como la ley de crédito inmobiliario, la ley de accesibilidad o el proyecto de la ley de la autoridad de defensa del cliente financiero, entre otras, así como los códigos de buenas prácticas, los documentos precontractuales FEIN y FIAE y los previos test notariales, incorporando las preguntas adecuadas y en lenguaje comprensible, en línea con la Ley 11/2003, y todo ello precisamente para garantizar que los consumidores hipotecarios entienden perfectamente los riesgos de este tipo de financiación.

Como reflexión última, creo también que deberíamos entendernos entre todas y todos para mantener un corpus jurídico que regule la protección del consumidor bancario de forma definitiva, evitando tener que realizar parches que respondan a casuísticas concretas, pues nos podríamos encontrar proponiendo y aprobando continuamente leyes, perdiendo la coherencia y la homogeneidad normativa. Pero, dicho esto y a pesar de las dudas reflejadas, creemos que puede ser interesante regular cuantos nuevos aspectos sean necesarios a considerar en la redacción de los contratos hipotecarios para que el clausulado de los mismos sea transparente y no escondan informaciones sesgadas que puedan llevar a las y los clientes a tomar decisiones perjudiciales para su economía.

Muchas gracias.

Gracias, presidenta. Señorías, buenas tardes, arratsalde on, guztioi. Nosotros vamos a votar a favor del proyecto de ley que hoy se nos trae aquí, y no lo hacemos por venganza, sino por justicia, como hemos hecho siempre que se ha intentado poner coto a los desmanes que desde la banca se han venido produciendo durante décadas —‌no hace falta retrotraerse solo a unos años, sino que podríamos hablar de décadas—, y nos parece bien que se les obligue a tener más transparencia a aquellos que siguen amasando grandes fortunas, incluso a aquellos que se niegan a que haya impuestos de carácter permanente, como el impuesto a la banca por los beneficios caídos del suelo. Y que no se equivoque nadie: el banco no es la gallina de los huevos de oro; como mucho es la gallina, pero los huevos de oro son de todos los ciudadanos y las ciudadanas, que están obligados a depositar ahí sus ingresos. Pero, como digo, nosotros vamos a votar a favor de esta iniciativa porque ya es hora de que acabe la yincana infumable a la que se somete a cada consumidor ante productos bancarios, una yincana que siempre acaba igual, acaba con la victoria del banco y con la derrota, por desistimiento, por agotamiento o por abatimiento, de la persona usuaria. Da igual que hablemos de cláusulas suelo, da igual que hablemos de las comisiones de apertura y mantenimiento de las cuentas bancarias o de las tarjetas bancarias asociadas a cuotas de mantenimiento, da igual que hablemos de los intereses que no se remuneran por el dinero en las cuentas corrientes mientras que ellos siguen amasando fortuna con la subida de los tipos de interés, da igual que hablemos de los gastos que han imputado a los consumidores cuando firmaban contratos de compraventa en sede notarial o mediante acta notarial, siempre da igual porque siempre gana la banca, y es por eso por lo que creemos que cualquier iniciativa que lleve a una mayor transparencia, a un mayor control sobre la banca es una iniciativa que merece la pena sacar adelante. Además, creemos, así como apelaba el proponente a la conciencia de cada uno de nosotros y nosotras, que al menos este Gobierno sí tiene autoridad moral para obligar a la banca a hacer cosas que parece que no quiere hacer; y digo que tiene autoridad moral porque qué mayor autoridad moral que la de haber soportado la crisis bancaria y la de haber dado decenas de miles de millones de euros de los y las ciudadanas para que no cayeran por el sumidero de la historia.

Y en lo que tiene que ver con el asunto concreto que hoy nos trae a debate, que es el de las cláusulas REDAL o las cláusulas de redito ad libitum, nosotros vamos a votar a favor, porque creemos que hay que decir que estas cláusulas, como bien reconoce el Banco de España y ya se ha dicho, en lo que tiene que ver con las firmadas antes de 2011, en su práctica totalidad, todas someten a los ciudadanos y ciudadanas del Estado español a través de los contratos hipotecarios que firmaron antes de esa fecha, porque pocos contratos hipotecarios hay que cumplan con el pacto de cuotas; probablemente cumplan con el pacto de intereses, que es uno de los dos acuerdos financieros de todo contrato hipotecario, pero no tanto así con el pacto de cuotas. Y lo decimos además en un escenario en el que a los consumidores, a los potenciales usuarios de un crédito hipotecario nunca se les ofreció la oportunidad de optar por alguno de los dos sistemas que dominan el cálculo de intereses y de amortización de préstamo, bien sea el sistema francés, en el que se empieza pagando una gran cantidad de intereses y una pequeña de amortización hasta pasado más o menos la mitad del tiempo considerado, cuando empieza a ser mayor la cantidad de amortización del principal que la de los propios intereses, o la del sistema alemán, en el que existe una amortización invariable y lo único que varía, en todo caso, son los intereses. Evidentemente, parece que para la ciudadanía era mucho más ventajoso, a priori, el sistema alemán. Por eso, los bancos, las entidades de crédito, las cajas de ahorro, todo el instrumento financiero dispuesto a otorgar crédito jamás, prácticamente jamás se ha encargado de ofrecer esa posibilidad, sino que ha endosado directamente a los y las ciudadanas, cuando lo han hecho, el sistema francés.

Nosotros la vamos a apoyar también porque creemos que ha existido mala fe, y lo decimos abiertamente. Creemos que ha existido mala fe en las entidades bancarias para aprovecharse del desconocimiento del lenguaje técnico, casi casi exclusivo para unos pocos, y así, en condiciones de usura ―creemos que hay que hablar de usura― beneficiarse de los y las ciudadanas todavía más de lo que podían hacerlo. Porque de muchas de las hipotecas de las que se habla, cuando se trata de cláusulas REDAL, habrá que decir que no se ha pactado un importe determinado; habrá que decir que el pacto financiero era erróneo sobre el importe o la cuota o incluso los intereses; habrá que decir que las fórmulas de cuota contradecían en muchas ocasiones las fórmulas de intereses y habrá que decir, como señalaba, que en todo caso el lenguaje era artificiosamente técnico y pretendidamente elevado para que no pudiera ser perceptible ni entendible por la mayoría de la gente. Esto ―ya lo ha señalado la Comisión Europea― va contra el principio de aplicación de la norma, porque tiene que ser entendible y comprensible para la persona a la que se le impone.

En conclusión, como decía, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa porque creemos que la arbitrariedad con la que los bancos y entidades de crédito se han manejado en este tema y en otras muchas cosas tiene que finalizar y porque creemos que todo el perjuicio que se ha provocado al consumidor tiene que empezar a desandarse.

Para finalizar, diré dos cuestiones. Esta iniciativa saldrá adelante o no ―no lo sé, nuestro voto lo va a tener―, pero sería bueno para el conjunto de la ciudadanía que esta Cámara pudiera con su acción desmentir ideas que creo que no son preconcebidas, pero que tienen bastante base de razón y lógica y que se mantienen de manera imperturbable cuando se habla de la clase política y su relación con los bancos. Generalmente se dice que los y las políticas casi casi de cualquier signo tienen bastante miedo o temor a enfrentarse a los bancos porque, en definitiva, no hay puerta giratoria mejor engrasada que la de un consejo de administración de un banco para muchas de las señorías que dejan el escaño. Y la segunda, y no menos punzante o hiriente, es que las señorías que ocupan los hemiciclos y los parlamentos regionales tienen cierto temor a desairar a las entidades de crédito porque las entidades de crédito acostumbran a ser generosas ―como no lo son con sus usuarios que tienen créditos pendientes― con los partidos políticos que se portan bien y les condonan las deudas que acumulan durante años o décadas.

Como ninguno de esos dos casos es el nuestro, el de las gentes de la izquierda soberanista de Euskal Herria Bildu, nosotros no tenemos ninguna duda ni ningún temor, votaremos a favor.

Besterik ez, mila esker. (Aplausos).

Moltes gràcies, presidenta. Forma part de la nostra responsabilitat la defensa dels ciutadans, i aquesta responsabilitat és encara major quan els ciutadans es troben davant d’una relació bilateral en què el repartiment de força i autoritat està contundentment desequilibrat en contra d’ells, situant-los en una posició de risc. I si aquesta posició de risc atempta contra un dels pilars fonamentals del dia a dia dels ciutadans, tant a nivell individual com a nivell familiar, encara és més evident que hi hem de posar més tota la nostra atenció. Perquè, de tot allò que pot fer una persona o una família, la firma d’una hipoteca per adquirir el seu habitatge habitual estaria en el conjunt d’actes de major transcendència, primer, perquè de la firma de la hipoteca en sortirà l’habitatge on ells viuran probablement durant bona part de la seva vida, però també pel que representa aquesta casa com el centre de la seva seguretat en el sentit més ampli d’aquesta paraula: el refugi a on cada dia al vespre, al tancar la porta per dintre i quedar-s’hi amb els seus, un retorna al seu espai de confiança, on hi queda protegit i distanciat físicament i emocionalment de tot allò que el pot inquietar durant el dia.

Aquest concepte, el de la importància de l’habitatge com a espai segur, personal o del nucli familiar, té moltes derivades en múltiples àmbits: podríem parlar de la seva correlació amb la seguretat ciutadana, podríem parlar de la seva relació amb el cost dels serveis bàsics o amb el del preu dels aliments. Però del que parlem avui, de les hipoteques amb les clàusules Redal, implica clarament que al caure sota l’afectació d’una clàusula d’aquest tipus trontolla i entra en risc tot el que representa l’habitatge habitual dels afectats. S’esberla el nucli, l’arrel, el cor del que és el quilòmetre zero familiar: allà on vius, aquell espai de protecció, que no només deixa de ser-ho, sinó que es converteix en un problema de dimensions colossals i passa a ser un nucli irradiador de preocupació i temor per la possible pèrdua de la propietat o bé pel trencament de l’economia familiar per fer front als pagaments hipotecaris periòdics. I, per tant, un cop esberlat aquest nucli, el risc de contagi cap a la resta dels pilars fonamentals de cadascú, a nivell personal o d’una família, és més que evident. Allí on hi havia d’haver tranquil·litat, alegria, fins i tot refugi, s’hi acaba instal·lant un problema vital.

Per tant, davant del que implica tot aquest escenari, és evident que és responsabilitat d’aquesta cambra posar a sobre de la taula solucions. I quan la situació, a més a més, és de clar desequilibri, com deia abans, de forces, d’autoritat i de recursos entre les dues parts, aquestes solucions no poden passar perquè les dues parts es vegin forçades a arribar a acords, perquè és evident que no ho poden fer de tu a tu. I, per tant, cal que hi intervinguin tercers actors per evitar precisament a on som ara, també, la judicialització excessiva actual i la incertesa existent per la disparitat de criteris judicials en funció de quina és la seu judicial en què fas la reclamació. I si, a més a més, es pren en consideració la quantitat d’informes i d’advertiments realitzats tant pel Banc d’Espanya, algun dels ministeris del Govern, així com d’altres organismes, aquesta diferència encara és més evident, i la necessitat d’establir una regulació d’aquestes clàusules abusives i l’establiment de mecanismes de control adequats encara es fa més necessari.

Per tant, sense entrar en els tecnicismes propis de la proposta, el més rellevant d’aquesta proposició de llei és la voluntat de protegir els clients de les entitats financeres davant els dubtes, les incerteses i fins i tot els abusos que aquestes poden portar a terme amb les clàusules Redal. La clàusula Redal i els seus efectes són poc coneguts a la nostra societat i, per tant, podria algú pensar que no és necessari que hi dediquem els esforços i l’atenció d’aquest hemicicle? Sí, ho són. De fet, són poc coneguts, aquests efectes. Però, evidentment, els efectes són absolutament letals, i precisament d’aquí és d’on plora la criatura, perquè el desconeixement entre la ciutadania dels efectes d’aquestes clàusules és precisament el que en facilita la seva aplicació i la seva implantació per part d›algunes entitats bancàries; desconeixement que fa, a més a més, que el seu impacte sigui altíssim i la indefensió del ciutadà, sovint desesperant.

Per tant, cal una regulació específica per evitar una excessiva judicialització i impossibilitar que fins i tot a alguns clients hipotecats els hi prenguin el seu habitatge per culpa d’aquestes clàusules. Nosaltres, que sabem molt bé, des del punt de vista polític, què vol dir trobar-se en situació de desavantatge i injustícia, i nosaltres, que també sabem molt bé, des del punt de vista polític, què vol dir patir per tenir al davant un adversari fred i que no té cap consideració a l’hora d’utilitzar la seva posició de força, estarem al costat dels més vulnerables per facilitar-ne la seva aprovació, així com també per garantir que els bancs ofereixin un tracte just i un servei de qualitat a tots els clients, visquin on visquin, ja sigui una gran ciutat o un petit poble rural. I no ho diem només de paraula, sinó amb fets; fets com, per exemple, la nostra iniciativa parlamentària perquè tots els municipis disposin dels serveis bancaris i els caixers automàtics, que ja anava en aquesta direcció.

I acabo. Com deia al començament, mai ningú hauria de sentir-se violentat en l’espai més personal que representa el seu habitatge, perquè mai, mai ningú hauria de patir per haver firmat unes clàusules que expressament amagaven l’afectació de les mateixes. Mai ningú hauria de patir per on dormirà, per on compartirà camí amb els seus o per com viurà al cap d’un temps per culpa d’unes clàusules abusives. Moltíssimes gràcies.

Muchas gracias, presidenta. Forma parte de nuestra responsabilidad la defensa de los ciudadanos, y esa responsabilidad todavía es mayor cuando los ciudadanos se encuentran ante una relación bilateral donde el reparto de fuerza y autoridad está claramente desequilibrado en contra de ellos, situándolos en una posición de riesgo. Si esa posición de riesgo atenta contra uno de los pilares fundamentales del día al día de los ciudadanos tanto a nivel individual como familiar, todavía es más evidente que tenemos que brindarles toda nuestra atención; porque, de todo aquello que puede hacer una persona o una familia, la firma de una hipoteca para adquirir su vivienda habitual estaría en el conjunto de actos de mayor trascendencia, primero, porque de la firma de la hipoteca saldrá la vivienda donde ellos probablemente vivirán buena parte de su vida, pero también porque esa casa representa el centro de su seguridad en el sentido más amplio de la palabra, el refugio donde cada día al atardecer, al cerrar la puerta por dentro y quedarse con los suyos una persona puede volver a su espacio de confianza, donde queda protegido y distanciado física y emocionalmente de todo aquello que puede preocupar durante el día. Ese concepto de la importancia de la vivienda como espacio seguro, personal o del núcleo familiar tiene muchas derivadas en distintos ámbitos. Podríamos hablar de su correlación con la seguridad ciudadana, podríamos hablar de su relación con el coste de los servicios básicos o el precio de los alimentos, pero de lo que hablamos hoy, las hipotecas con cláusulas REDAL, implica claramente que al caer bajo la afectación de una cláusula de este tipo se tambalea y entra en riesgo todo lo que representa la vivienda habitual para los afectados. Se desmiembra el núcleo, la raíz, el corazón de lo que es el kilómetro cero familiar, allí donde se vive, el espacio de protección, que no solo deja de serlo, sino que se convierte en un problema de dimensiones colosales y acaba convirtiéndose en un núcleo que proyecta temor por la posible pérdida de la propiedad o por la ruptura de la economía familiar, que tiene que hacer frente al pago de la hipoteca periódicamente. Por lo tanto, una vez resquebrajado este núcleo, el riesgo de contagio del resto de pilares fundamentales de una persona o familia es más que evidente. Allí donde tenía que haber tranquilidad, alegría incluso, refugio, se acaba instalando un problema vital. Por consiguiente, ante lo que implica todo este escenario, es evidente que es responsabilidad de esta Cámara poner sobre la mesa soluciones. Cuando la situación, además, es de claro desequilibrio, como comentaba antes, de fuerzas, de autoridad, de recursos entre ambas partes, estas soluciones no pueden pasar por que ambas partes se vean forzadas a llegar a acuerdos, porque es obvio que no lo pueden hacer entre iguales, de tú a tú. Por lo tanto, es necesario que intervengan terceros para poder evitar también la judicialización excesiva actual y la incertidumbre por la disparidad de criterios judiciales en función de la sede judicial donde se interponga la reclamación. Si además también se tiene en cuenta la cantidad de informes y advertencias realizados por algunos ministerios del Gobierno, el Banco de España y otros organismos, esa diferencia todavía es más manifiesta, y la necesidad de establecer una regulación de estas cláusulas abusivas y de mecanismos de control adecuados, todo ello deviene todavía más necesario. Por lo tanto, sin entrar en los tecnicismos propios de la propuesta, lo más relevante de esta proposición de ley es la voluntad de proteger a los clientes de las entidades financieras ante las dudas, las incertidumbres, incluso los abusos que pueden llevar a cabo con las cláusulas REDAL. La cláusula REDAL y sus efectos son poco conocidos en nuestra sociedad y alguien podría pensar que no vale la pena dedicarle esfuerzos ni atención en este hemiciclo, pero sí, lo son; de hecho, son pocos conocidos sus efectos, pero evidentemente son absolutamente letales y ahí es donde está el quid de la cuestión, porque el desconocimiento sobre las cláusulas que tienen los ciudadanos es lo que facilita su implantación por parte de algunas entidades bancarias; un desconocimiento que hace que además su impacto sea elevadísimo y la indefensión del ciudadano a menudo desesperante. Por lo tanto, cabe una regulación para evitar una excesiva judicialización y también para evitar que a algunos clientes hipotecados les puedan arrebatar su vivienda por culpa de estas cláusulas.

Nosotros, que sabemos muy bien desde el punto de vista político qué quiere decir estar en una situación de desventaja e injusticia y que sabemos también muy bien desde un punto de vista político qué quiere decir sufrir por tener ante ti un adversario frío que no tiene ningún problema en utilizar su posición de fuerza, estaremos al lado de los vulnerables para facilitar su aprobación, así como para garantizar que los bancos ofrezcan un trato justo y un servicio de calidad a todos los clientes, con independencia de donde residan: una gran ciudad o un pequeño pueblo rural. Y no queremos solo decirlo de palabra, sino también pasar a los hechos, como por ejemplo con nuestra iniciativa parlamentaria para que todos los municipios dispongan de servicios bancarios y cajeros automáticos, que de hecho ya iba en esta dirección.

Acabo. Como decía al principio de mi discurso, nadie debería jamás sentirse violentado en el espacio más personal que representa su vivienda, porque nunca nadie tendría que sufrir por haber firmado unas cláusulas que escondían de forma expresa la aceptación de las mismas, nadie debería sufrir por dónde dormirá, dónde compartirá camino con los suyos o dónde vivirá dentro de un tiempo por culpa de unas cláusulas abusivas.

Muchas gracias.

Gràcies, presidenta. Bona tarda, diputats, bona tarda, diputades. En aquest hemicicle he fet moltes coses, però en vull fer una una mica diferent, que no solem fer però que crec que és de justícia, i vull felicitar el Grup SUMAR per haver presentat aquesta iniciativa. L’hi he dit abans personalment al diputat i ho dic en veu alta, perquè quan els companys fan alguna cosa que està ben feta i agafen el toro per les banyes d’algun tema que tu, perquè tens pocs diputats i pocs tècnics, no pots fer-ho, però et preocupa extraordinàriament, és necessari reconèixer-ho i agrair-ho. Per tant, nosaltres votarem favorablement. I us agraïm aquesta presentació, us l’agraïm perquè és l’altra cara de la moneda del tema de l’habitatge. I estem parlant d’hipoteques sobretot realitzades entre el 2000 i el 2011; vol dir que encara la major part d’elles estan vigents. I vol dir també que arrosseguem encara la crisi del 2008, que moltes vegades en aquests escons sembla que s’hagi resolt, però això és absolutament fals. I, per tant, està bé posar fil a l’agulla de resoldre una cosa que per mi potser és paradigmàtica del que està passant amb el sistema.

Abans deia el proponent: «Hi han 183 diputats que tenen una hipoteca.» Jo soc una d’aquests 183 diputats, i, a més a més, amb clàusules IRPH. I fa tres anys que estic portant el banc als tribunals i que no hi ha manera humana de que reconeguin res. I tothom dirà: «Pero si esta señora es diputada, aquesta senyora deu tenir formació.» La formació que es necessita per entendre el que estàs signant quan et refies de la persona del banc que t’està oferint és de tal calibre que jo crec que només els catedràtics en economia serien capaços si, a més a més, tenen un curs de dret hipotecari, com aquell qui diu de dret registral. Per tant, què es trenca? El principi de confiança en la banca. Jo no sé vostès, però jo fa molts anys que no tinc cap mena de confiança en la banca, perquè, a) la banca gana siempre —‌ja ho hem dit—, i b) la banca et posa damunt de la taula uns documents que ja no és una persona normal, és fins i tot aquells que estem llicenciats en dret que no entenem què punyetes ens estan plantejant. Si això ho ajunten amb unes taules d’amortització que acaben sent falses, tenen vostès la tormenta perfecta. Per tant, després de les diferents resolucions de diferents jutjats que, emparats en una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, resolen contradictòriament, el poder legislatiu ha d’afrontar la seva responsabilitat i començar l’Administració a ser garant del dret dels ciutadans, del dret a l’habitatge, però també del dret a la confiança en la banca, també d’aquest dret. Perquè, al final, no és optatiu treballar amb ells: ara mateix, l’ingrés de la nòmina es fa amb un banc; ara mateix, la retirada d’efectiu es fa amb un banc; ara mateix, la consecució de crèdits hipotecaris es fa exclusivament a través del banc.

Abans han utilitzat el comentari de la llei d’usura. Efectivament —‌efectivament—, i és un exercici que fem poc: saber el capital deixat i el capital retornat amb interessos. I tots convindríem que al final dels crèdits hipotecaris, especialment els d’aquests períodes, efectivament, hi ha la usura implícita amb el retorn d’aquest capital, perquè a vegades arriba a ser del 200 %. Lo habitual és del 100 %, però normalment del 200 %. I quan et diuen «és que vostè té el sistema francès» o «vostè té el sistema hamburguès», la major part de nosaltres no sabem de què ens estan parlant; la major part de nosaltres no hem fet dret bancari el suficient per saber quina diferència hi ha entre el francès i l’hamburguès. I te l’expliquen, te l’expliquen en un moment. I després vas al notari. I el notari no t’explica res; el notari amb prou feines pren consciència de la presència de les persones que intervenen en la contractació, però no de les clàusules a que t’estàs obligant. Per tant, des d’aquesta perspectiva trobem que és una passa necessària i trobem també que encerta quan dissenya un procés extrajudicial per posar-nos d’acord. I trobem també correcte que sigui el banc qui hagi de comunicar als seus clients l’adaptació de clàusules impossibles de complir, impossibles d’entendre o impossibles d’aplicar, que és el que es planteja en aquesta proposició.

Per tant, ens trobaran al costat en la seva defensa. Demanarem durant la tramitació que no abaixem els pressupòsits mínims per tal que la banca acabi retornant el que deu a qui ho deu. Però també hem de vigilar —‌i ho han apuntat— amb la nul·litat de contractes, perquè si ens trobem amb que volem arreglar els contractes que són incorrectes, al final els acabem declarant nuls. Ens podem arribar a trobar amb el que comentava abans la diputada del PNB de retorn de quantitats que no es tenen.

Dos element més per acabar. El primer, que el Congrés sigui capaç per una vegada de parlar del que realment importa a la gent, que és hipoteques, lloguer, habitatge i condicions de quotidianitat i, per tant, de ciutadania, és una alegria, la veritat. I la segona, ja ho he fet, però ens tindreu al vostre costat. El que sí que demanarem és tota la informació que heu estat d’alguna manera utilitzant. La de les Illes Balears, per exemple, no la tinc, i em sembla rellevant. I el que em sembla també rellevant és que les dretes entenguin que, més enllà de que nosaltres combatem en la mesura en què podem el sistema capitalista, com a mínim que el sistema capitalista funcioni almenys amb bona fe, i el que hi ha hagut en la contractació d’aquestes hipoteques és qualsevol cosa llevat de bona fe. I la competitivitat entre bancs i amb respecte als seus treballadors ha generat gran part del desastre. Per tant, conformin-se, per favor, amb un milió d’euros, no cal que en siguin cinc. I segona, els vam rescatar, i sempre rescatem bancs i no rescatem persones, i això ha de canviar d’una vegada. Moltes gràcies.

Gracias, presidenta. Buenas tardes, diputados y diputadas. En este hemiciclo he hecho muchas cosas, pero me gustaría hacer algo un poco distinto, que no solemos hacer, pero creo que es de justicia: quiero felicitar al Grupo SUMAR por haber presentado esta iniciativa. Se lo he dicho antes al diputado y lo digo ahora en voz alta, porque cuando los diputados hacen algo que está bien y cogen el toro por los cuernos, que tú porque tienes pocos diputados y técnicos no puedes hacer, pero te preocupa extraordinariamente, es necesario reconocerlo y agradecerlo. (Aplausos). Por tanto, nosotros votaremos favorablemente y os agradecemos esta proposición porque es la otra cara de la moneda del tema de la vivienda. Estamos hablando de hipotecas entre 2000 y 2011, es decir, que la mayoría todavía están en vigor. Quiere decir también que todavía arrastramos la crisis de 2008, que a veces en estos escaños parece que se haya resuelto, pero es absolutamente falso. Por lo tanto, está realmente bien ponerse manos a la obra y resolver una cosa que a mí me parece paradigmática de lo que está ocurriendo en el sistema. Antes decía el parlamentario que hay 183 diputados que tienen una hipoteca, yo soy una de ellas, y además con cláusulas IRPH. Hace años que lo estoy reclamando en los bancos y no hay manera humana de que me reconozcan nada. Algunos dirán: Bueno, señora diputada, pero si esto tiene que ver con la información y con la formación. Pero para poder entender cuando uno se fía de lo que el banco ofrece, es de tal calibre lo que uno lee que solamente los catedráticos de economía, si tienen una especialización en derecho hipotecario registral, podrían entenderlo. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues que se rompe el principio de confianza en los bancos. Yo no sé ustedes, pero yo hace años que ya no creo en este principio: a) porque el banco gana siempre y b) porque el banco pone sobre la mesa unos documentos que no son para personas ordinarias, sino que incluso los licenciados en derecho no entendemos qué demonios están diciendo. Si encima hay unas tablas de amortización que acaban siendo falsas, pues tenemos la tormenta perfecta. Por lo tanto, después de que las distintas resoluciones de los distintos juzgados, amparados en una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, resuelvan contradictoriamente, el Poder Legislativo tiene que afrontar su responsabilidad y la Administración tiene que empezar a ser garante de los derechos de los ciudadanos, del derecho a la vivienda, pero también del derecho a la confianza en el banco, también de este derecho, porque a fin de cuentas no es una opción trabajar con los bancos. Ahora mismo se ingresa la nómina en un banco, se retira efectivo en un banco, ahora mismo la obtención de créditos hipotecarios se hace exclusivamente a través de la entidad bancaria.

Antes han utilizado el comentario de la ley de usura. Efectivamente, se trata de un ejercicio que hacemos poco: saber el capital prestado y devuelto con intereses. Al final de los créditos hipotecarios en estos periodos convendría analizar la usura implícita en el retorno de este capital, porque a veces acaba siendo del 200 %; lo habitual es del 100 %, pero muchas veces es del 200 %. Y cuando le dicen a uno: Es que usted tiene el sistema francés o el sistema de Hamburgo, la mayoría no sabemos a qué se refieren, la mayoría no hemos hecho suficiente derecho bancario como para conocer la diferencia entre el derecho francés y el de Hamburgo. Te lo explican en un momento y luego vas al notario y el notario no te explica nada, porque el notario ya bastante tiene con dejar nota de las personas que intervienen en la contratación, pero no de las cláusulas a las que uno se está obligando. Por lo tanto, desde esta perspectiva nos parece que es una propuesta necesaria y que, además, acierta cuando habla de un proceso extrajudicial para ponernos de acuerdo. También nos parece correcto que sea el banco quien tenga que comunicar a sus clientes la declaración de cláusulas imposibles de cumplir, entender y aplicar, que es lo que se plantea en esta proposición.

Por lo tanto, vamos a estar al lado de la defensa de esta proposición. De hecho, no vamos a bajar los presupuestos mínimos para que el banco acabe devolviendo la deuda a quien debe, pero hay que tener cuidado también con la nulidad contractual, porque si lo que queremos es arreglar los contratos incorrectos y en aras de ello los acabamos declarando nulos, nos podemos acabar encontrando en lo que comentaba antes la diputada del PNV, de retorno de cantidades que ya no se tienen.

Dos elementos más para concluir. El primero, que el Congreso sea capaz por una vez de hablar de lo que a la gente le importa de verdad ―hipotecas, alquiler, vivienda, condiciones cotidianas, por lo tanto, de ciudanía― (aplausos) es una alegría, la verdad. Y el segundo, ya lo he dicho, pero vamos a estar a su lado. Lo que sí vamos a pedir es toda la información que han estado utilizando. Por ejemplo, yo no tenía la información de las Islas Baleares y me parece relevante. También me parece importante que las derechas entiendan que, más allá de que nosotros luchemos en la medida de lo posible contra el sistema capitalista, al menos que el sistema capitalista funcione con buena fe, y en la contratación de estas hipotecas hay de todo menos buena fe, y la competitividad entre bancos y sus trabajadores ha generado gran parte del desastre. Así que, por favor, confórmense con un millón de euros, no hace falta que sean cinco. Segundo, les hemos rescatado, les rescatamos, siempre rescatamos bancos y no personas, y esto tiene que cambiar de una vez por todas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, señora presidenta. Señorías, nos presenta SUMAR una proposición de ley que llama la atención por sus omisiones, por sus errores y por su falta de claridad; una proposición de ley continuación de una pregunta que SUMAR hizo al Gobierno hace once meses y cuya respuesta parece que no convenció al grupo proponente. Nada extraño, sabiendo que estamos ante el Gobierno del bulo, ante el Gobierno de la mentira y ante el Gobierno del engaño. Respondía el Gobierno que las estadísticas que anualmente proporciona el Banco de España no reflejan en su memoria de reclamaciones una incidencia de extensión relevante de la posible falta de transparencia de las cláusulas REDAL ni de los perjuicios de las mismas. Es una proposición de ley en la que nos llaman la atención los siguientes puntos. Primero, omiten en su exposición de motivos, no sé si deliberadamente o no, la legislación aprobada en los años 2012 ―el Real Decreto Ley 6/2012― y 2022 ―Real Decreto Ley 19/2022, sobre códigos de buenas prácticas―. Este último caso es curioso, ya que SUMAR omite mencionar un real decreto de su propio Gobierno; parece, por tanto, que no están muy contentos con lo que aprueban. Segundo, una proposición de ley que, cuando menciona la falta de unicidad de criterios, confunde aplicación con emisión de sentencias judiciales. Tercero, una proposición de ley que no explica en su exposición de motivos las razones por las que no se considera adecuado el sistema de reclamaciones existente y pide a las entidades de crédito implantar un sistema de reclamación específico. Cuarto, tampoco nos explica el Grupo SUMAR si esta iniciativa va a paralizar la creación de la autoridad de defensa del cliente financiero por parte de este Gobierno, un organismo que, según está previsto, resolverá con carácter vinculante reclamaciones contra incumplimientos de normas de conducta e incumplimientos de buenas prácticas y usos financieros. Quinto, una proposición de ley que reconoce el fracaso del Plan de Educación Financiera 2022-2025, promovido por la Comisión

Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa; fracaso que se concreta en al menos los casos siguientes: uno, cuando califica el sistema de cuotas constantes como tecnicismo de ámbito financiero y, dos, cuando menciona que los prestatarios no saben ver el principal pendiente de un préstamo después de llevar veinte años pagando. Sexto, una proposición de ley que en su artículo 2 da potestad al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para añadir mecanismos de sesgo en la decisión que hayan observado en los contratos hipotecarios. Un ministerio que es una contradicción en sí mismo, ya que Derechos Sociales y Agenda 2030 son conceptos absolutamente contradictorios. (Aplausos). Y es que la Agenda 2030 es un ataque directo a nuestro sector primario, a la competitividad de nuestra industria, a nuestras pymes, a nuestras costumbres y a la familia. Séptimo, una proposición de ley poco rigurosa. Ejemplo: el artículo 5 menciona, leo textualmente: Ante la falta de respuesta del prestamista a las solicitudes de los prestatarios se entenderá aceptado el petitum del consumidor, siempre que cumpla con los criterios establecidos en el párrafo tercero de este artículo. Pero es que el artículo 5 no tiene párrafo tercero. (Aplausos). Octavo, una proposición de ley que crea un marco de inseguridad jurídica preocupante al prohibir en el artículo 3.2 ir a juicio cuando el contrato pueda ser objeto de esta ley. Es una inseguridad jurídica que podría afectar a la confianza en la estabilidad y previsibilidad de los procedimientos judiciales. Noveno, una proposición de ley que propone plazos de resolución para prestamistas y para el Banco de España poco realistas. Décimo, una proposición de ley sin cláusula temporal que nos diga que se aplicará a las hipotecas desde un momento determinado. Undécimo, una proposición de ley de la que el grupo proponente es SUMAR.

Señorías, el Grupo SUMAR es corresponsable de que haya crecido desde el año 2019 la población en riesgo de pobreza o exclusión social, especialmente aquella con carencia material y social severa. El Grupo SUMAR es corresponsable de haber convertido España en un entorno hostil en cuanto al acceso a la vivienda, hostil por un alza de los precios desproporcionado en relación con la capacidad económica de los españoles; hostil por la excesiva burocracia y carga fiscal; hostil por la insuficiente oferta de vivienda social y protegida; hostil por la escasez artificial de suelo edificable; hostil por la impunidad ante la ocupación ilegal. (Aplausos). El Grupo SUMAR es corresponsable de que en los últimos diez años el precio de la vivienda haya aumentado de media un 57,3 %, mientras la capacidad adquisitiva de los españoles haya caído un 23,7 %.

En VOX consideramos que proteger a los españoles es regular y legislar bien, con textos de calidad y con un cierto criterio económico; proteger a los españoles es mejorar la educación financiera, como aparece en nuestro programa electoral; proteger a los españoles es rechazar leyes que puedan suponer una reducción en la oferta de hipotecas o las encarezcan, perjudicando, por tanto, a los más vulnerables; proteger a los españoles es poner en marcha las medidas tributarias necesarias al objeto de estimular un entorno económico próspero que posibilite a los españoles acceder a la vivienda; proteger a los españoles es permitir que se deduzcan en el IRPF parte del coste de sus hipotecas y eliminar el IVA en la adquisición de la primera vivienda habitual; proteger a los españoles es impulsar la construcción de viviendas sociales públicas en régimen de propiedad o arrendamiento con opción a compra (aplausos), para garantizar que los jóvenes y familias puedan adquirir un hogar; proteger a los españoles es fomentar la colaboración entre la Administración pública y las entidades privadas, a efectos de aumentar el parque de viviendas de protección oficial; proteger a los españoles, señorías, es lograr que ustedes se vayan.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Muchas gracias, presidenta. Señorías, hoy debatimos la protección de los y las consumidoras. Si traducimos los hechos en datos, es evidente que en el PSOE la protección de las personas consumidoras siempre ha estado presente entre nuestras prioridades, y así lo hemos demostrado trabajando para dar respuesta a sus y nuestras necesidades y para que sus decisiones sean conscientes e informadas, porque todos y todas somos personas consumidoras, al fin y al cabo. Su protección implica la protección de la sociedad al completo y constituyen un elemento sustancial de transformación hacia una sociedad más justa y solidaria. Por eso promovemos que cada vez tengan más en cuenta aquellas circunstancias esenciales en el día a día que pueden marcar una diferencia en la toma de decisiones. De hecho, tanto en el Grupo Parlamentario

Socialista como en el Gobierno de Pedro Sánchez, en su afán por trabajar por una sociedad más justa, se tienen en cuenta ciertos aspectos: el respeto a los propios derechos, las consecuencias medioambientales de los procesos de producción y de sus decisiones de gasto, los derechos de los trabajadores que participan en la elaboración de los productos o servicios que se les ofrecen o el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas deslocalizadas.

Y es que, si echamos la vista atrás, los y las socialistas hemos jugado un papel clave en el desarrollo de las políticas que generan esta protección extra. Con los socialistas en el Gobierno, se aprobó en 1984 la primera ley de protección de consumidores; con los socialistas en el Gobierno se creó en España el sistema arbitral de consumo, uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema de resolución extrajudicial de conflictos. Sin embargo, con la derecha en el Gobierno, en momentos muy duros para los consumidores, cuando su nivel de endeudamiento ponía en situaciones verdaderamente dramáticas a las familias españolas que no podían hacer frente a las deudas, presentamos en esta Cámara la primera ley que protegía a las personas consumidoras frente a la quiebra económica por causas sobrevenidas. (Aplausos). ¿Qué hizo la derecha entonces? Desgraciadamente, su Gobierno en aquellos momentos carecía de la suficiente sensibilidad y nuestra propuesta fue rechazada. Señorías, hablamos del año 2003.

Fue el Gobierno de Pedro Sánchez el que la pasada legislatura aprobó la Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios frente a Situaciones de vulnerabilidad Social y Económica. (Aplausos). Nuevamente, tuvimos que sacarla adelante con el voto en contra del Grupo Popular, que rechazó la convalidación del real decreto ley aprobado por el Gobierno, presentó una enmienda a la totalidad en la tramitación del proyecto y, finalmente, votó en contra del dictamen. Por tres veces negaron la protección a los consumidores vulnerables. Ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez el que ha traído a esta Cámara el proyecto de ley para mejorar la atención de las personas consumidoras frente a los servicios de atención de las grandes empresas, una promesa que incumplió, como tantas otras, el Partido Popular cuando tuvo responsabilidades en el Gobierno de España, pero que los socialistas recuperamos, por nuestro compromiso con la sociedad en su conjunto. Específicamente, en materia financiera ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez el que ha traído a esta Cámara el Proyecto de ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, cuya principal función va a ser reforzar la protección de los usuarios en servicios financieros, asegurar que las entidades financieras cumplen con sus obligaciones frente a sus clientes, pronunciarse sobre el carácter abusivo de cláusulas contractuales, resolver reclamaciones con carácter vinculante y reforzar los instrumentos para garantizar la inclusión financiera a través de la atención personalizada,, particularmente a las personas mayores con discapacidad y a los colectivos vulnerables que deseen presentar una reclamación.

Y es que de nuevo quiero recordar que ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez el que ha reforzado la protección de los deudores vulnerables en los procesos de ejecución de su vivienda habitual. Ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez el que ha reforzado la protección de los deudores hipotecarios sin recursos, el que ha mejorado el mecanismo de segunda oportunidad previsto en la Ley Concursal y el que está mejorando la formación financiera de los consumidores españoles (aplausos) para que adopten las mejores decisiones en el ámbito financiero. Y con la Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario, aprobada en esta Cámara en 2019, se han mejorado la seguridad jurídica y la transparencia en la contratación del crédito inmobiliario y se han reducido las reclamaciones asociadas al carácter abusivo de determinadas cláusulas contractuales y a la falta de transparencia.

Como bien señala el Banco de España en su Compendio de criterios de buenas prácticas bancarias, las buenas prácticas bancarias exigen que la redacción de las cláusulas contenidas en los contratos sea clara y transparente, legible y comprensible para sus clientes, huyendo de cualquier tipo de confusión o de interpretaciones opuestas. Y, en caso de discrepancias entre las partes respecto al alcance de los acuerdos adoptados, las entidades deberían tratar de llegar a una solución con sus clientes para que resultara favorable para ambas partes.

Señorías, la transparencia y la claridad deben ser los principios inspiradores que han de regular la relación entre las entidades y los clientes. El artículo 15 de la Ley 5/2019 establece un nuevo procedimiento para que el notario en cada formación de préstamos inmobiliarios compruebe el cumplimiento del requisito de transparencia. Para ello, se ha previsto un sistema de asesoramiento imparcial obligatorio por parte del notario que deberá aclarar a los potenciales clientes todas las dudas que se planteen en el contrato. Por otro lado, las autoridades de consumo, según reconoce la sentencia del Tribunal Supremo del 16 de septiembre de 2017, pueden sancionar a las entidades financieras por la inclusión de cláusulas que consideren abusivas. Y comparto plenamente la necesidad expresada, ya en nuestro texto constitucional, de dotar a las personas consumidoras de procedimientos eficaces para su defensa. También comparto el interés de que la redacción de los contratos de préstamo hipotecario sea más transparente de cara a una mejor protección a los clientes. Desde luego, esta preocupación está presente en toda la regulación de préstamos hipotecarios, así como la necesidad expresada en la propia proposición de ley de que los clientes puedan hacer valer en todo momento sus derechos de la forma más ágil y rápida en caso de que estos hayan podido verse perjudicados en el marco de la contratación de la financiación hipotecaria.

Finalizo. Para mi grupo parlamentario y para el Gobierno que preside Pedro Sánchez el refuerzo de protección de los clientes financieros constituye una prioridad, y así lo certifican todos los proyectos de ley aprobados y que se han presentado ante esta Cámara. En definitiva, señorías, en el Grupo Parlamentario Socialista siempre hemos estado, estamos y estaremos al lado de la protección de los consumidores, como hemos demostrado a lo largo de los años en nuestra toma de decisiones.

Por lo tanto, a pesar de lo que ya se ha conseguido, el trabajo no puede finalizar ahí: la protección debe mejorar y nuestro esfuerzo continuar y hay que seguir trabajando por una política útil.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. ¿De qué hablamos con esta proposición de ley presentada por SUMAR? Hablamos de la regulación de las cláusulas redito ad libitum; simplificando, las cláusulas REDAL o cláusulas a la carta para la contratación de préstamos y créditos hipotecarios. Ustedes presentaron el pasado 20 de noviembre de 2023 a la Mesa del Congreso una serie de preguntas, en concreto nueve, dirigidas al Gobierno sobre esta materia, queriendo conocer la posición de sus socios del Gobierno. Lo hacen basándose en la cifra de ejecuciones hipotecarias y alegando que quienes han suscrito una hipoteca variable sufren un aumento de cuotas, lo que les supone una pérdida de poder adquisitivo, y que, en algunos casos, no pueden hacer frente al pago de esta hipoteca. En esta batería de preguntas ―ustedes lo han manifestado― señalan que la Dirección General de Consumo del Gobierno balear encarga un informe financiero a un profesor de matemáticas, el señor Bou, quien indica que aplicando el sistema REDAL en las hipotecas se evitan desahucios, demostrando que hipotecas firmadas con anterioridad al año 2011 contienen graves errores, cláusulas abusivas y todo tipo de irregularidades. ¿Y cuál es la solución que propone SUMAR ante estas situaciones? Introducir la cláusula REDAL, que viene a ser una devolución de préstamos a voluntad y permite devolver cuantías más pequeñas de un préstamo hipotecario. Miren, la fórmula más utilizada a la hora de firmar la hipoteca es la cuota constante a lo largo de la vida de un préstamo, el método francés, pero es cierto que se han firmado las llamadas hipotecas crecientes, incluso en progresión geométrica, que es lo que ustedes quieren desterrar: empiezan de forma muy baja las cuotas y terminan de forma más alta, según pasan los años, pues conjugan un interés fijo y un interés variable, que puede ser el euríbor. En la exposición de motivos hablan ustedes de inseguridad jurídica y vienen a decir que los tribunales aplican sentencias en función de sus conocimientos. Delicado es este tema, señorías. Y he de reconocer que me alegra que en esa exposición de motivos relacionen diversa legislación. Por ejemplo, la Orden Ministerial de 28 de octubre de 2011, de transparencia y protección del cliente, firmada por Mariano Rajoy. (Aplausos). Yo también voy a sacar pecho, como su señoría del Grupo Socialista, porque, además, con Gobiernos de mi partido se publican el Real Decreto de 15 de noviembre de 2012, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, y el Real Decreto 1/2017, de medidas urgentes de protección a los consumidores en materia de cláusulas suelo. Es decir, cuando ustedes, señorías de SUMAR, quieren proteger a los afectados por lo que llaman las cláusulas abusivas, antes lo han hecho los Gobiernos del Partido Popular. (Aplausos). Pero, es más ―se ha nombrado en esta tribuna―, está la Ley 5/2019, reguladora de los contratos, que fue aprobada ―no hace falta que se lo recuerde― por amplia mayoría en esta Cámara, y tengo que advertir que sus inicios no parten, precisamente, de Gobiernos del Partido Socialista. Con esta ley se traspone una directiva comunitaria y, además, la medida estrella es el otorgamiento previo y obligatorio de un acta notarial que tiene por objeto la comprobación por el notario de que se van a cumplir todas las obligaciones impuestas a los prestamistas antes de la firma de la escritura. Ustedes inciden a lo largo de sus estudios en los peligros de la subamortización, incluso por parte del Banco de España. ¿Qué peligros? Todos sabemos que subamortizar ocurre en los periodos de carencia de las hipotecas. El cliente lo puede aceptar o no, pero esto no es una trampa, señorías de SUMAR, son matemáticas, o también lo podemos llamar la cuenta de la vieja: lo que no se paga antes se va a pagar después. (Aplausos).

Ustedes detallan un anexo con treinta y seis errores matemáticos, en formulaciones, con complicaciones, etcétera, y proponen que el Ministerio de Economía vaya actualizando todos estos anexos cada seis meses. No le veo sentido a la publicación, y menos a la actualización. Con su sistema de reclamación específico, donde la entidad financiera tiene que ofrecer al consumidor un sistema de pago mixto, en donde el capital puede ser incluso de unos céntimos, si el consumidor reclama y no está de acuerdo, lo hace al Banco de España, que tiene dos meses para responder, y, si en el transcurso de tres meses, no hay acuerdo entre las partes, tiene razón el consumidor. Entonces, si el consumidor siempre va a tener la razón, cada uno puede pagar lo que quiera y cuando quiera. Según el profesor Bou, tener hipoteca REDAL es la solución para salvar la vida a la clase media trabajadora, y dice que la banca debe de ser más social.

¿No se han parado ustedes a pensar por qué quienes firmaron hipotecas del 2000 a 2010 ahora pagan cuotas superiores en el final de la vida de la hipoteca, que es lo que ustedes consideran cláusulas abusivas? ¿Por qué pasa esto? Porque ustedes están en el Gobierno y se encargan de hacer cada día más pobres a los ciudadanos. (Aplausos). No pueden pagar sus hipotecas. En ese método, lo último que pensaba un firmante de la hipoteca es que a lo largo de su vida iba a tener menos ingresos. Céntrense también en eso, en no apoyar a sus socios de Gobierno y velar por que quienes están pagando una hipoteca tengan los ingresos suficientes para hacer frente a sus cuotas. No les apoyen en los presupuestos generales del Estado para el 2025, donde aparecen nuevas figuras impositivas, donde se elevan impuestos que harán que los firmantes, quienes pagan hoy una hipoteca, no puedan hacer frente a sus cuotas. Pero claro, el sillón azul está en juego, el de la vicepresidenta segunda del Gobierno.

Hace poco, nuestro partido decía en una proposición no de ley que había que educar a nuestros jóvenes en materia económico-financiera y de tipos de interés, fijo o variable. Ustedes la votaron en contra ―ustedes la votaron en contra― y ahora, sin embargo, ustedes no se explican cómo hay gente que no puede pagar hipotecas. Pues para ello les pedimos, señorías de SUMAR, que dejen de apoyar el sinsentido y la deriva de este Gobierno atrapado en la corrupción. No sean sus cómplices y consigamos que queden fuera del Gobierno de España cuanto antes, porque si las cláusulas de las hipotecas en muchas ocasiones son progresivas y abusivas, no quiero contarles el abuso de poder por parte de este Gobierno hacia todos los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).