Proposición de Ley Orgánica relativa a la reforma de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, para el envío de ayuda militar al extranjero.

Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes. En marzo de 1989 Naciones Unidas realizó la supervisión del proceso de independencia de Namibia y garantizó el desarrollo de unas elecciones libres. España aportó una unidad aérea autónoma, compuesta por 250 militares, 8 Aviocar C-212 y un Hércules C-130, a una operación en la que participaron cincuenta países y unos 4500 militares. La intervención, un año después, culminó con éxito. Esta fue la primera ocasión en la que nuestras Fuerzas Armadas participaron en una operación en el exterior bajo la supervisión de un organismo internacional, la ONU. Han pasado desde entonces treinta y cinco años. Desde esa primera vez y hasta la actualidad, 160 000 militares españoles han formado parte de más de ochenta operaciones de paz por cuatro continentes: Nicaragua, Bosnia, Irak, Afganistán, Mali, Colombia, Líbano,

Mediterráneo, Atlántico, Báltico. Desgraciadamente, durante estas misiones, 170 militares españoles fallecieron representando a nuestro país. Actualmente, nuestras Fuerzas Armadas están presentes en dieciséis misiones, con más de 3600 militares desplegados por más de veinte países, pero siempre bajo la supervisión de la ONU, la Unión Europea o la OTAN.

La Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional, atribuye, en su artículo 4, al Congreso de los Diputados la autorización, con carácter previo, de la participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacional; autorización que viene regulada en el artículo 17, que obliga al Gobierno a realizar una consulta previa y a recabar la autorización del Congreso de los Diputados. En el caso de que se requiera una respuesta rápida, prevé procedimientos de urgencia y, en el supuesto de máxima urgencia, ante la imposibilidad previa de realizar esa consulta, el Gobierno someterá al Congreso posteriormente la decisión adoptada para su ratificación, en su caso.

El artículo 18 dicta el seguimiento de las operaciones en el exterior, obligando al Gobierno a informar periódicamente, en un plazo en ningún caso superior a un año, a este Congreso de los Diputados. Hay que recordar que, tal y como contempla el artículo 19, dichas misiones en el exterior han de haber sido autorizadas por resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en su caso, o por organizaciones internacionales de las que España forma parte, como la Unión Europea o la OTAN, y deben cumplir siempre con fines defensivos, humanitarios y de preservación de la paz, conforme a la Carta de las Naciones Unidas. En definitiva, señorías, las Fuerzas Armadas, además de salvaguardar la seguridad de España, juegan un papel esencial en el mantenimiento de la seguridad internacional y de la paz. Sin duda, son un reflejo del profundo compromiso que mantienen con nuestra nación, atendiendo a los tres grandes objetivos estratégicos: proporcionar estabilidad y seguridad, la disuasión y la lucha contra el terrorismo y la defensa de un territorio aliado.

Las misiones internacionales a menudo se desarrollan en contextos volátiles que pueden cambiar drásticamente con el tiempo, exigiendo que bien su delegación o sus capacidades sean mayores de las inicialmente previstas. Un claro ejemplo es el Líbano, donde España está presente desde septiembre de 2006, como saben, con una situación muy cambiante. Estarán de acuerdo conmigo en que es lógico que el Parlamento tuviera conocimiento de la evolución de esta misión, especialmente de la situación de nuestras Fuerzas Armadas, desplegadas en un momento tan delicado y de máxima tensión como el actual entre Hizbulá e Israel.

Otro aspecto que no estaba contemplado en la ley y que hay que tener en cuenta es el envío de material militar a otro país, como está siendo el caso de Ucrania, donde se actúa en sintonía con organismos internacionales y la mayoría de los países de la Unión Europea. Es por eso por lo que desde el Grupo Parlamentario Popular presentamos esta proposición de ley ante la clara necesidad de adaptar nuestra normativa a los nuevos desafíos geopolíticos y asegurar que la participación militar de España en el exterior siga siendo un asunto de Estado y, por tanto, que el Poder Legislativo tenga un papel mucho más activo en la toma de estas decisiones.

Señorías, repito, la política de defensa es una política de Estado, y como tal debe contar con el mayor consenso posible, porque la seguridad global y la política de defensa no son estáticas. Por eso, ante la opacidad de este Gobierno, es necesaria esta modificación. El Gobierno no debe tener el monopolio en las decisiones en materia de defensa. Todos los grupos parlamentarios, excepto el de ustedes (señala los escaños del Grupo Parlamentario Socialista), quisimos conocer la información sobre los envíos de material militar a Ucrania. Sin embargo, el presidente no quiso comparecer ante el Pleno, porque sabía que sus socios de gobierno lo iban a dejar en evidencia. Debemos garantizar, por tanto, un debate democrático sobre los envíos de material militar a otros países. Estos envíos, señorías, no son meros activos logísticos, no lo son, sino que son decisiones con enormes implicaciones geopolíticas.

El debate siempre enriquece; limitar el necesario diálogo político priva a la ciudadanía de la transparencia que merece un asunto de tal envergadura, porque la participación del Congreso debe ser esencial en la toma de estas decisiones. Somos testigos de que cada vez más el Gobierno intenta evitar el debate parlamentario, y es por eso por lo que consideramos que el artículo 17 debe ser ampliado y así reflejar la necesidad de la realidad actual e incrementar la transparencia y el control parlamentario sobre decisiones de carácter tan trascendental como el envío de tropas o el material militar a zonas de conflicto, por lo que proponemos, señorías, en esta toma en consideración lo siguiente: que las autorizaciones de la presencia de nuestras Fuerzas Armadas en el exterior tengan una vigencia máxima de cinco años. Antes de finalizar ese plazo, el Gobierno deberá hacer balance y solicitar previamente una nueva prórroga también por otros cinco años. Esto es porque muchas misiones requieren de una presencia prolongada ante la complejidad de los objetivos a conseguir, como es el caso de Afganistán, donde las Fuerzas Armadas estuvieron desplegadas durante diecinueve años, Kosovo durante diez o Bosnia-Herzegovina, donde estuvieron presentes desde 1992 y donde, por cierto, falleció el primer militar español en misiones internacionales. La solicitud de autorización debe ir acompañada por el máximo número de efectivos y material aproximado para llevarlo a cabo, y si hubiera cambios significativos, se debería solicitar una nueva aprobación previamente.

En relación con el envío de material militar a otro país, se debe solicitar la autorización plena al Pleno del Congreso de los Diputados, siendo esta de carácter anual y con posibilidad también de otras prórrogas anuales. Si se aprobara esta proposición de ley, el Gobierno deberá comparecer en este Pleno y solicitar la renovación de las misiones existentes y la autorización del material militar ya enviado. Con esto, señorías, el Grupo Parlamentario Popular pretende que todo aquello que sea una cuestión de Estado se debata y se autorice por este Congreso de los Diputados, porque, señorías, yo pregunto: ¿quién puede estar en contra de que se hable, que se debata o que se autoricen en este Parlamento cuestiones ya reflejadas en la ley? ¿Creen ustedes que la prórroga se debe producir exclusivamente en el seno del Consejo de Ministros, como pasa en la actualidad, y privar al Parlamento de esta potestad? ¿No es lógico que, ante cambios sustanciales en el envío de tropas o de material militar, sea el Congreso el que tenga que ser informado y el que autorice?

Sepamos lo que otros Parlamentos de países de nuestro entorno están haciendo al respecto, y así poder fijar una posición similar acorde al resto de países de la Unión Europea: en Alemania, el Gobierno informa regularmente al Parlamento del progreso de las misiones y, si excede de la duración previamente acordada, se someterá nuevamente a una votación parlamentaria; en Italia, además, se presentan informes financieros de los costes de las misiones; en Portugal, también se tiene que presentar ante el Parlamento un informe ante cualquier cambio en el alcance o duración de la misión, y en Francia, teniendo el presidente de la República la autonomía para tomar las decisiones iniciales en el despliegue de tropas, tiene la obligación inmediata de informar al Parlamento, así como también de cualquier cambio que pueda producirse a lo largo del tiempo que dura la misión.

Como verán, señorías, esto no es solo una cuestión del Partido Popular. No estamos hablando de una propuesta partidista. Queremos garantizar que estas decisiones cuenten con el mayor respaldo democrático posible. Sean conscientes, cuando vayan a votar esta toma en consideración, que lo que se va a votar a favor o en contra es a favor o en contra de la transparencia, del diálogo o del consenso. Estamos ante una propuesta que busca fortalecer el Parlamento en una de las áreas más sensibles y estratégicas que pueda tener una nación: su política de defensa, porque las operaciones del exterior deben contar con sólidos apoyos parlamentarios, haciendo así más fuerte nuestra posición en el extranjero. Les pido, por tanto, que apoyen la toma en consideración de esta proposición de ley por dos motivos ―y voy finalizando―: porque es un paso necesario para adaptar nuestra normativa a los nuevos retos internacionales y porque refuerza la participación de esta Cámara en decisiones clave para la seguridad y la proyección internacional de España. Señorías, pongamos en valor este Parlamento, escuchemos y debatamos las ideas, y busquemos consensos en políticas de Estado que a todos nos interesan.

Muchas gracias. (Aplausos).

Grazas, señora presidenta, moi boa tarde. Mais unha vez confirmado, a demagoxia do Partido Popular non coñece límites. Continúan a xogar o seu xogo favorito. Defender na oposición, exactamente o contrario do que defenderon e do que fixeron cando estaban no Goberno; o partido que meteu o Estado español na guerra de Iraq, con consecuencias funestas e sobre premisas falsas, vén agora propondo pór límites e controis á misión do exército español no exterior e ao envío de armamento a zonas en conflito bélico. Queren que creamos que agora de repente son sensíbeis ás posíbeis implicacións do Estado español en conflitos militares ou que están preocupados polo respecto a principios democráticos esenciais. Pois miren, vai ser que non. Porque resulta que vostedes, o PP, aínda non condenaron as accións terroristas de Israel nin o masacre e xenocidio que están a perpetrar contra o pobo palestino nin os ataques ao Líbano e a outros estados soberanos da rexión. Por non condenar nin sequera condenaron os ataques deliberados a cuarteis da FPNUL en que están efectivos do exército español. Canto cinismo, canta hipocrisía.

Tampouco se opuxeron, todo o contrario, ao envío de tanques e de axuda militar por máis de mil millóns de euros a Ucraína. Decisións que non pasaron previamente por este Congreso e que aliás, implican profundizar na escalada belicista en marcha e arriscar a deflagración dun conflito militar a grande escala. Fica claro que vostedes son submisos defensores das políticas que interesan ao amigo americano, mesmo que sexan contrarias aos intereses das clases populares e dos pobos do Estado español; contrarias tamén á defensa de políticas de paz e de resolución dos conflitos internacionais pola vía diplomática e do diálogo, contrarias, mesmo, á decencia e á humanidade. Nós si, o BNG é favorábel a que calquera decisión de despregamento de tropas, ou de envío de armamento, pase por este congreso, entre outras cousas, porque, para alén de ser máis democrático, nos permitiría expresar as nosas razóns e as nosas posicións favorábeis a políticas de paz. Se callar o «porén» que podemos colocar á súa proposición de lei canto ao contido e que aínda é demasiado permisiva, con prazos excesivamente longos ou que non modifica outros aspectos da Lei orgánica 5/2005, que, ao noso xuízo, deberían ser mudados; entre outras cousas, diferenciar claramente as misións de paz doutro tipo de intervencións e de actuacións militares fóra do Estado español.

Por tanto, a conclusión é clara, a única pretensión do Partido Popular con esta proposición de lei é facer oposición ao goberno, mesmo a custa da propia coherencia en relación con aquilo que o PP defende ou que o PP practica cando goberna. Por se non ficase claro isto, traen hoxe aquí a votación e a proposición de lei que xa está en tramitación neste Congreso como consecuencia dunha proposta súa similar á aprobada no Senado. Pode concibirse maior despropósito que este que hoxe vostedes nos traen aquí? Claro que no caso do PP nin sequera sorprende, de coherencia, decencia, humanidade andan ben escasos máis, como dicía, de demagoxia, de cinismo e de hipocrisía van sobrados. Moito obrigado.

Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Una vez más, confirmado: la demagogia del Partido Popular no conoce límites, siguen jugando a su juego favorito: defender en la oposición exactamente lo contrario de lo que defendieron y de lo que hicieron cuando estaban en el Gobierno. El partido que metió al Estado español en la guerra de Irak, con consecuencias funestas y sobre premisas falsas, viene a proponer ahora poner límites y controles a las misiones del Ejército español en el exterior y el envío de armamento a zonas en conflicto bélico. Quieren que creamos que ahora, de repente, son sensibles a las posibles implicaciones del Estado español en conflictos militares o que están preocupados por el respeto a principios democráticos esenciales. Pues miren, va a ser que no, porque resulta que ustedes, el Partido Popular, todavía no condenaron las acciones terroristas de Israel ni la masacre y el genocidio que están perpetrando contra el pueblo palestino, ni los ataques al Líbano y a otros Estados soberanos de la región. Por no condenar, ni siquiera condenaron los ataques deliberados a los cuarteles de FINUL donde están efectivos del Ejército español. ¡Cuánto cinismo y cuánta hipocresía! Tampoco se opusieron, más bien al contrario, al envío de tanques y ayuda militar por más de 1000 millones de euros a Ucrania, decisiones que no pasaron previamente por este Congreso y que implican ahondar en la escalada belicista en marcha y arriesgar la deflagración de un conflicto militar a gran escala. Queda claro que ustedes son sumisos defensores de las políticas que interesan al amigo americano, incluso si son contrarias a los intereses de las clases populares y de los pueblos del Estado español; contrarias también a la defensa de políticas de paz y de resolución de conflictos internacionales por la vía diplomática y del diálogo; contrarias, incluso, a la decencia y a la humanidad. El BNG es favorable a que cualquier decisión de despliegue de tropas o de envío de armamento pase por este Congreso, entre otras cosas, porque, además de ser más democrático, nos permitiría expresar nuestras razones y nuestras posiciones favorables a políticas de paz. Tal vez, el pero que podemos apuntillar a su proposición de ley, en cuanto al contenido, es que es todavía demasiado permisiva, con plazos excesivamente largos o que no modifica otros aspectos de la Ley Orgánica 5/2005 que, a nuestro juicio, deberían modificarse, como, entre otras cosas, diferenciar claramente las misiones de paz de otro tipo de intervenciones y de actuaciones militares fuera del Estado español. Por tanto, la conclusión es clara: la única pretensión del Grupo Popular con esta proposición de ley es hacer oposición al Gobierno, incluso a costa de la propia coherencia, en relación con aquello que el propio PP defiende o practica cuando gobierna. Por si no hubiese quedado claro todo esto, nos traen hoy aquí a votación una proposición de ley que ya está en tramitación en este Congreso, como consecuencia de una propuesta suya similar aprobada en el Senado. ¿Puede concebirse mayor despropósito que este que ustedes nos traen aquí hoy? Claro que, en el caso del PP, ni siquiera sorprende, porque de coherencia, decencia o humanidad andan ustedes escasos, pero, como decía, de demagogia, de cinismo o hipocresía van sobrados.

Muchas gracias.

Gracias, presidenta. El Grupo Popular nos presenta una reforma de la Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional, para que las operaciones militares en el exterior deban contar con la autorización previa de este Congreso. Puede parecer de sentido común y seguramente mucha gente que nos esté viendo piense que ya es así, pero lo cierto es que la ley actual establece que el Ejecutivo puede ordenar las intervenciones militares que considere y que solo tiene que informar al Congreso. Efectivamente, este ha sido el mecanismo que ha utilizado el bipartidismo para no discutir democráticamente nuestra política exterior y plegarnos a las guerras de turno de los Estados Unidos; unas guerras que, como se está viendo, no han contribuido ni contribuyen a la seguridad de los pueblos de Europa, sino que, por el contrario, nos están deslizando a un escenario de guerra abierta entre potencias nucleares. Y somos muy conscientes de que el Grupo Popular no presenta una reforma como esta porque quiera recuperar soberanía o definir nuestros intereses estratégicos como país más allá de la OTAN o incluso porque les preocupe la escalada bélica. El Partido Popular es el partido de la guerra de Irak, es el partido que nos metió en una guerra ilegal con mentiras y que lo hizo, además, en contra de la opinión del 80 % de los españoles; una guerra que dejó más de un millón de muertos civiles y por la que, como hemos dicho tantas veces, José María Aznar debería ser juzgado como criminal de guerra en la Corte Penal Internacional. (Aplausos). Por tanto, sabemos que el Partido Popular no presenta esta reforma por un compromiso con la paz o con el derecho internacional, sino que la presenta buscando explotar las contradicciones del bloque de investidura. Pero si la presentan ustedes es también por la torpeza del Partido Socialista, de un Gobierno autodenominado progresista que ha decidido subordinar la política exterior española a la de la Administración Biden y que ni siquiera ha permitido que se debata nuestra participación en la guerra de Ucrania en este hemiciclo. Miren, el pasado mes de marzo el Gobierno de Pedro Sánchez anunció un gasto extra de 1000 millones de euros para comprar material de guerra para la guerra de Ucrania. Este aumento de gasto militar es más del doble de lo que el Gobierno está destinando a la vivienda de alquiler social. El Gobierno no tiene mayoría absoluta y depende de los votos de esta Cámara, pero jamás ha permitido que nos pronunciemos sobre si queremos más gasto militar o más vivienda social. (Aplausos). Señorías, el Congreso de los Diputados no es un club de debate y debe poder debatir y decidir sobre cuestiones tan importantes como la paz y la guerra. ¿Cuántos miles de millones más vamos a destinar a la guerra de la OTAN contra Rusia? ¿En cuánto vamos a tener que aumentar nuestro gasto militar? Y, sobre todo, ¿en qué partidas sociales tendremos que recortar para hacer frente a lo que nos piden y nos exigen las guerras de Estados Unidos? Comprendo el miedo del Gobierno y del Grupo Socialista a tener que aprobar la agenda de guerra con el Grupo Popular o incluso con VOX, pero eso no puede justificar que se hurte la voz a este Congreso. (Aplausos). En cuanto a la proposición del Grupo Popular, seguramente sea mejor que lo que hay, pero no es una buena proposición. Por eso, vamos a plantear, cuando vaya a trámite, una serie de enmiendas para que las misiones de los militares no sean votadas cada cinco años, como proponen ustedes, sino cada dos, y que, además, a partir de ese periodo se tengan que votar de año en año. Y, sobre todo, para que España no pueda enviar material militar a aquellos países que estén cometiendo genocidio y no respeten los derechos humanos, como es el caso de Israel. (Aplausos). Señorías del Grupo Popular, les pediría que fueran coherentes. Si a ustedes les preocupan tanto los regímenes que atacan la democracia y la vida, como dicen en su exposición de motivos, apoyen un embargo de armas contra el Estado genocida de Israel y sanciones a criminales de guerra como Netanyahu. Lo demás es la hipocresía a la que nos tienen acostumbrados. Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, presidenta. Arratsalde on, jaun-andreok. Nos presenta el Grupo Parlamentario Popular una iniciativa de reforma de la Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional, que, francamente, señorías, nos sorprende. Y nos sorprende, señorías, porque esta misma iniciativa del Grupo Parlamentario Popular fue presentada en el Senado, tomada en consideración y remitida a esta Cámara para su tramitación, encontrándose en este momento en el plazo de enmiendas. Es decir, se nos propone tomar en consideración una iniciativa que ya se encuentra en trámite de enmiendas en esta Cámara y en ambos casos a instancia del Grupo Parlamentario Popular, primero en el Senado y ahora en el Congreso. Señorías, solo por este motivo no votaremos a favor de la toma en consideración de esta iniciativa, porque consideramos que sería absurdo tomarla en consideración para luego acumular su tramitación con su melliza. En segundo lugar, que el Partido Popular haya presentado esta iniciativa en el Senado, y ahora en el Congreso, nos parece una refutación de lo que sostuvo durante la tramitación de la ley de defensa en 2005. Ahora nos propone reforzar el control parlamentario, que actualmente contempla el artículo 17 de la ley de defensa, sobre las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior cuando no afecten directamente a la defensa del Estado, a la defensa de España o al interés nacional, cuando en el año 2005, durante los debates parlamentarios para la elaboración de ese artículo 17, tal y como recordó nuestro grupo parlamentario en el Senado el pasado mes de septiembre, el Grupo Popular se opuso a ese artículo 17 sobre el papel del Congreso en las misiones en el extranjero, precisamente por dificultar las decisiones políticas del Gobierno respecto de esas misiones de las Fuerzas Armadas. Y añadía que el signo de los tiempos era dar flexibilidad a los Gobiernos para poder hacer frente a las necesidades, que cada vez se plantean con más urgencia, con más intensidad y con más frecuencia, y poniendo de manifiesto ―por lo señalado― que ese artículo de la ley de defensa iba justo en sentido contrario de lo que se demandaba, al poner cuanto más trabas mejor al empleo de las Fuerzas Armadas en el exterior; algo ―decían― difícil de entender, calificando como de error de la máxima trascendencia el principio general que contenía el artículo 17 de autorización previa del Congreso para la participación de las Fuerzas Armadas fuera del territorio del Estado, algo que ―decían― solo podía responder a tentaciones demagógicas o electoralistas. Señorías del Grupo Popular, visto lo que decían en su momento y lo que hoy nos proponen, ¿no podríamos pensar que aquellas tentaciones electoralistas y demagógicas de las que ustedes acusaban a los impulsores del artículo 17 de la ley de defensa son en las que precisamente hoy ustedes incurren? Porque, señorías del Grupo Popular, si ustedes considerasen que en estos asuntos atinentes al empleo de las Fuerzas Armadas en el exterior debiera haber el máximo consenso como cuestión de Estado que ustedes señalan singularmente entre los que ustedes también consideran los grandes partidos del Estado y que no deberían ser utilizadas en ningún caso para la erosión del adversario político, ¿no hubiera sido lo congruente que la reforma que proponen hubiera tenido una vacatio legis más allá de la legislatura que alejara de la sospecha partidista y electoralista, además de no crear tensiones innecesarias en las misiones en curso? Quizá planteada la reforma en esos términos, sería mucho más fácil el debate y posiblemente el acuerdo. En cualquier caso, señorías, sobre el fondo del asunto nos manifestaremos en el trámite de enmiendas de la iniciativa que el Senado remitió a la Cámara para su tramitación. Nada más y muchas gracias.

Presidenta, senyories, bona tarda. Som davant d’una proposició de llei que vol donar protagonisme al Parlament, un enfocament que compartiríem per principi, com a grup, si no fos que el PP en realitat no pretén això. Com és sabut, el centre de gravetat de les democràcies és el poder legislatiu. Ampliar l’article 17 de l’anomenada «ley de defensa nacional» podria ser plausible. La guerra, també, quan es vesteix de nobles motius humanitaris, és un element bàsic de la governança democràtica.

Excloure o disminuir el pes del poder legislatiu d’aquesta governança és una manera de fer que ens preocupa com a grup i que erosiona els contrapesos propis de l’Estat.

El PP, senyor Fabra, sembla que fa seva una posició pròpia de diversos grups a l’esquerra del PSOE, entre els quals hi ha Esquerra. Sempre hem exigit que qualsevol decisió sobre defensa passi escrupolosament per aquesta cambra. Podríem dir, senyories del PP, benvinguts al nostre punt de vista. En aquest sentit, no deixa de ser peculiar i sorprenent que ara el Partit Popular es recordi dels grups petits d’aquest Parlament. La proposició ens esmenta en termes positius, cosa inhabitual. Llegeixo el que diu literalment: «Esto servirá también para la escucha y la consideración de las propuestas de los minoritarios, que también son legítimos representantes de la soberanía nacional».

Moltes gràcies, senyories del PP. Som legítims representants de la sobirania nacional, per bé que això de «nacional» ho entenem de manera diferent. Però els he de dir, senyories del PP, que no cola, no cola —‌gràcies per l’esment. Potser alguns grups «minoritarios» se›ls creuran, potser; nosaltres no.

La consulta prèvia del Govern al Parlament ens sembla plausible quan es tracta d’operacions militars a l’estranger i també és adequat quan es tracta de parlar d’increments de tropes en aquestes missions. Però aquesta proposició, senyories, ve d’un partit amb poca credibilitat a l’hora de donar protagonisme al legislatiu. És un fet: hi ha poca credibilitat.

Per cert, senyories del PP, aquesta proposició té molts errors. Crec que han tingut massa pressa a copiar el que van presentar al Senat. Podríem resumir dient que el seu paper té molta burocràcia i poca transparència. Caos burocràtic en el que planteja terminis i compareixences en comissió. I entra, a més a més, senyories del PP, en temes tècnics sobre material bèl·lic i efectius que realment és baixar massa, i potser tenen raó els que diuen que no hauríem de substituir el que fan els militars. Hi ha també, crec, senyories, errors colossals. Important, aquest —p‌ restin atenció—: plantegen les senyories del PP que el Congrés autoritzi amb caràcter retroactiu el lliurament d’armes a altres països, cas concret de les armes que s’han fet arribar a Ucraïna, que està lluitant, com saben, contra la Rússia de Putin. No té cap solta ni volta que aquesta cambra fes això, que portaria problemes no només als combatents ucraïnesos, sinó també a la credibilitat de l’Estat espanyol, que vostès estimen tant com a patriotes. I, a més a més, que deixaria molt mala imatge al paper d’Espanya dins la Unió Europea. Què passaria si aquesta cambra, de cop i volta, negués les armes ja lliurades a Zelenski? Realment, vostès, com a partit d’Estat, aquí m’han deixat garratibat.

Anem al moll de l’os, senyories del PP. Vostès només demanen a aquest Parlament que sigui protagonista quan vostès estan a l’oposició. És una cosa bastant curiosa. Aquesta actitud del PP és merament tàctica i oportunista i, per tant —h‌ e de repetir-ho—, no tenen autoritat per sol·licitar el nostre suport, malgrat que coincidim en la idea general que el pes de gravetat d’aquestes decisions ha de ser el legislatiu. Els fets acrediten les paraules, senyor Fabra, no a l’inrevés. Molts catalans recordem encara quan el gener de l’any 2018 el ministre Margallo, del PP, admetia públicament que el Govern espanyol havia desplaçat, sense autorització del Congrés, contingents de combat a la frontera russa per evitar que Letònia gosés reconèixer la independència de Catalunya. Ai las! Aquest episodi, que va ser ridícul es miri com es miri, limita al sud amb Berlanga i al nord amb Gila. És una cosa inenarrable. Per tant, quan parlin, senyories del PP, de sentit d’estat, vigilin una mica, perquè a vegades el sentit d’estat és un sentit una mica perdut, sense brúixola.

Vostès, repeteixo, no tenen credibilitat per parlar d’això. Durant els cinc darrers mesos del Govern del senyor Rajoy, van lliurar munició a Aràbia Saudita per valor de gairebé 74 milions d’euros, coincidint amb l’increment de la guerra al Iemen. Per cert, per cert, senyories socialistes, això també ho van fer vostès durant les primeres setmanes del Govern del senyor Pedro Sánchez, tot s’ha de dir. El règim autoritari saudita és el millor client de la indústria militar espanyola fora de la Unió Europea. És una dada que ens deixa bastant bé i amb una cara bonica davant del món, certament.

Fem memòria, fem memòria, que la política sense memòria és una collonada. El PP és el partit que va posar Espanya en una guerra il·legal, com va ser la invasió d’Iraq. Se’n recorden? Crec que el senyor Aznar és encara el líder espiritual del PP, amb permís de la senyora Ayuso. En aquella guerra, en la guerra d’Iraq, s’estima que van morir 185 000 civils. Per cert, també onze militars espanyols van perdre la vida a l’Iraq. L’informe Chilcot, que es va fer al Regne Unit, va ser demolidor contra l’anomenat «trio de les Açores» i va provar la falta de proves sobre l’existència d’armes de destrucció massiva, l’argument amb el qual es va justificar aquella guerra. Per cert, l’any 2016, després de la publicació de l’informe Chilcot, Esquerra Republicana, el nostre grup, va demanar una comissió d’avaluació en aquest Congrés sobre la intervenció espanyola al conflicte. Els vots del PP i de Ciutadans ho van impedir. Aznar segueix sense assumir responsabilitats per aquella decisió. Va dir fa un temps el senyor Aznar: «No me disculparé», la qual cosa ens col·loca en un paradigma bastant interessant.

Senyories del PP, podríem compartir els principis que animen aquesta proposició, però la política té el valor de qui parla i qui formula, i, en aquest sentit, vostès avui han vingut totalment desacreditats. Moltes gràcies.

Presidenta, señorías, buenas tardes. Nos encontramos ante una proposición de ley que quiere darle el protagonismo al Parlamento, un enfoque que compartiríamos por principio como grupo si no fuera porque el PP en realidad no pretende esto. Como es sabido, el centro de gravedad de las democracias es el Poder Legislativo. Ampliar el artículo 17 de la denominada Ley de Defensa Nacional podría ser plausible. La guerra, cuando se viste de nobles motivos humanitarios, es un elemento básico de la gobernanza democrática. Excluir o disminuir el peso del Poder Legislativo de esta gobernanza es una forma de hacer que nos preocupa como grupo y que erosiona los contrapesos propios del Estado. El PP, señor Fabra, parece que hace suya una posición propia de grupos a la izquierda del PSOE, entre los cuales está Esquerra. Siempre hemos exigido que cualquier decisión sobre defensa pase escrupulosamente por esta Cámara. Podríamos decir, señorías del PP: bienvenidos a nuestro punto de vista. En este sentido, no deja de ser peculiar y sorprendente que ahora el Partido Popular se acuerde de los grupos pequeños de este Parlamento. La proposición nos menciona en términos propositivos algo poco habitual ―y cito literalmente lo que dice―: Esto servirá también para la escucha y la consideración de las propuestas de los minoritarios, que también son legítimos representantes de la soberanía nacional. Muchas gracias, señorías del PP. Somos legítimos representantes de la soberanía nacional, aunque lo de nacional lo entendemos de manera distinta. Pero tengo que decirles, señorías del PP, que no cuela; gracias por la mención, porque quizás algunos grupos minoritarios les creerán, pero nosotros no. La consulta previa al Parlamento por parte del Gobierno nos resulta adecuada cuando se trata de operaciones militares en el extranjero y de cuantificar las tropas en esas misiones. Pero esta proposición, señorías, procede de un partido con poca credibilidad cuando se trata de dar protagonismo legislativo, y esto es un hecho: hay poca credibilidad. Por cierto, señorías del PP, esta proposición tiene muchos errores. Se han apresurado mucho a copiar lo que presentó el Senado. Podríamos resumir diciendo que su papel tiene mucha burocracia y poca transparencia: caos burocrático en lo planteado, plazos y comparecencias en las comisiones. Y además entran en temas técnicos sobre el material bélico y efectivos que quizás es bajar demasiado, y algunas voces dicen que no deberíamos sustituir lo que hacen los militares. También hay errores colosales. Es importante el siguiente, presten atención: plantean las señorías del PP que el Congreso autorice con carácter retroactivo la entrega de armas a otros países; en concreto, las armas que se han hecho llegar a Ucrania, que lucha contra la Rusia de Putin. No tendría ningún sentido que eta Cámara hiciera esto, porque supondría problemas para los combatientes ucranianos y también para la credibilidad del Estado español, que ustedes aprecian tanto como compatriotas. Además, dejaría mal el papel de España en la Unión Europea. ¿Qué pasaría si de repente esta Cámara negase las armas ya entregadas a Zelenski? Realmente, como partido de Estado me han dejado patidifuso. Pero vayamos al centro de lo que nos ocupa. Ustedes solamente le piden a este Parlamento que cuente y sea protagonista cuando ustedes están en la oposición; es algo bastante curioso. Esta actitud del PP es meramente táctica y oportunista y, por lo tanto ―tengo que repetirlo―, no tienen autoridad para solicitar nuestro apoyo, aunque coincidimos en la idea general de que el peso principal de estas decisiones debe recaer en el Legislativo. Los hechos acreditan las palabras, señor Fabra, y no al revés. Muchos catalanes recordamos cuando en enero de 2018 el ministro Margallo, del PP, admitía públicamente que el Gobierno español había desplazado sin autorización del Congreso contingentes de combate en la frontera rusa para evitar que Letonia se atreviera a reconocer la independencia de Cataluña. ¡Ayayay! Este episodio, que fue ridículo se mire como se mire, limita en el sur con Berlanga y en el norte con Gila; es algo inenarrable. Por eso, cuando hablen, señorías del PP, de sentido de Estado, tengan cuidado, porque a veces el sentido de Estado es un sentido un poco perdido, sin brújula. Ustedes, repito, no tienen credibilidad para hablar de esto. En los últimos cinco meses del Gobierno Rajoy entregaron munición a Arabia Saudí por valor de casi 74 millones de euros, coincidiendo con el aumento de la guerra en Yemen. Y, por cierto, señorías socialistas, esto también lo hicieron ustedes en las primeras semanas del Gobierno del señor Sánchez, todo sea dicho. El régimen autoritario Saudí es el mejor cliente de la industria armamentística española fuera de la Unión Europea. Es un dato que, la verdad, también nos deja con una muy buena imagen frente al mundo, no cabe duda.

Hagamos un poquito de memoria, porque la política sin memoria no tiene sentido. El PP es el partido que llevó a España a una guerra ilegal, como la invasión de Irak. ¿Se acuerdan? Creo que el señor Aznar todavía es el líder espiritual del PP, con permiso de la señora Ayuso. En aquella guerra, la guerra de Irak, se calcula que murieron 185 000 civiles. Por cierto, también 11 militares españoles perdieron su vida en Irak. El informe Chilcot que se hizo en el Reino Unido realmente fue demoledor contra el denominado trío de las Azores, y probó que no había armas de destrucción masiva, el argumento con el cual se justificó aquella guerra. Por cierto, en 2016, después de la publicación del informe Chilcot, Esquerra Republicana, nuestro grupo, pidió una comisión de evaluación en este Congreso sobre la intervención española en el conflicto, pero los votos del PP y Ciudadanos lo impidieron. Aznar sigue sin asumir responsabilidades por aquella decisión. Hace un tiempo el señor Aznar dijo: No me disculparé. Cosa que nos sitúa en un paradigma bastante interesante.

Señorías del PP, podríamos compartir los principios que animan esta proposición, pero la política tiene el valor de quien habla y formula, y hoy ustedes han venido absolutamente desacreditados.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, señora presidenta. Señorías, en primer lugar, quiero agradecer al Grupo Parlamentario Popular que nos traiga esta proposición de ley y, sin embargo, el señor Fabra debería aclararnos un punto inicial, que es el galimatías procedimental en el que estamos. Se ha debatido en el Senado con un texto idéntico y el 24 de septiembre del 2024 se tomó en consideración por la Mesa y se envió al Congreso para su tramitación porque corresponde evidentemente al Congreso la primera lectura. Y el 8 de octubre la Mesa lo envió a la Comisión de Defensa, donde se ha abierto el plazo de enmiendas. Es decir, ya está en la tramitación legislativa; es un poco clónico, es un poco teleológico, es un poco irregular tener la misma proposición de ley funcionando por dos vías paralelas. Pero, en fin, nos lo aclararán ustedes, estoy seguro. Sobre las explicaciones y las razones profundas de esta proposición de ley, se parte de delimitar las funciones del Gobierno en relación con el artículo 96 de la Constitución. El Gobierno dirige la política exterior e interior del país, que siempre ha sido un tema de polémica porque evidentemente en una democracia parlamentaria es el Congreso el que debe definir cuál es el interés nacional. La Ley Orgánica 5/2005, que se escribió en el 2005, obviaba esto y hacía una separación entre el interés nacional, la defensa de España, y todo lo exterior. Hoy, evidentemente, cualquier redacción de un texto no lo abordaría así y plantearía que nuestro compromiso con la Carta de Naciones Unidas, capítulos V y VI, con la Unión Europea y con otros acuerdos multilaterales que tenemos son parte del interés nacional, pero no importa. Lo importante es la explicación que se hace de que la naturaleza de las misiones puede variar y que el Parlamento debe pronunciarse coyunturalmente ante estos cambios de naturaleza a corto plazo o de tipo estratégico. Después, hace una afirmación curiosa. Se dice: El Gobierno ha abusado de sus prerrogativas. Pero no se explican cuáles son esos abusos de sus prerrogativas. Es la típica demostración en falso, sin argumentos, para justificar el argumento inicial de que el artículo 96 tiene que ser y quedar condicionado. De acuerdo. Veremos después cómo se condiciona eso. Pero para acabar y poner la guinda al pastel, podríamos definirlo con la fórmula de todos somos iguales, pero algunos más iguales que otros, es decir, esto es un tema de diálogo entre los grandes partidos, como debe ser, y como los otros también son representantes de la soberanía popular, preguntémosles, de tal forma que podamos los dos grandes partidos integrar esto en el tema. Ese bipartidismo ha muerto y no volverá a resucitar. Yendo al fondo del asunto, la cuestión principal es: ¿se resuelve el problema del control con una aprobación que ya existe? El texto actual del artículo 17 de la ley orgánica ya establece que el Gobierno tiene que ir a la Comisión de Defensa y solicitar autorización para cualquier misión en el exterior y cumplir los límites de despliegue de fuerzas en el exterior. El Gobierno normalmente hace todo tipo de piruetas para mantenerse dentro de esos límites. ¿Pero se resuelve ese problema con un plazo de cinco años, que supone saltar de una legislatura a la otra para autorizar y seguir las misiones y las operaciones de paz, tanto en Naciones Unidas como en la OTAN, como en la Unión Europea? ¿Por qué el Consejo de Seguridad revisa los mandatos de todas sus misiones anualmente? ¿Por qué no sería mucho más sencillo introducir una enmienda que diga que cuando el Gobierno, obligado por el artículo 17 en su redacción actual, tiene que ir a la Comisión de Defensa para explicar cómo están las misiones de paz ―si ha habido circunstancias distintas, si el Consejo de Seguridad ha cambiado su mandato, si en la Unión Europea ha habido un cambio―, se introduzca la siguiente fórmula: La sesión no solamente será informativa, sino que a petición del Gobierno o de cualquiera de los grupos parlamentarios se producirá una votación para poder mantener, retirar o condicionar esa misión? Es mucho más sencillo que todo eso. Con una sola frase enmendamos definitivamente el control del Parlamento, como pretenden ustedes, y la continuidad y el debate de seguimiento de la cuestión de las misiones de fondo. (Aplausos). Por lo tanto, lo que aumenta el control, no es la fórmula de cinco años, pasando de una legislatura a otra sobre las misiones de paz. Eso es una mera excusa con un objetivo clarísimo, que es dividir al Gobierno y a los partidos que apoyan al Gobierno con una cláusula que pretende ser más democrática. No es más democrática y no es más transparente. Lo transparente es que se haga anualmente cuando se hace el balance de las misiones de paz anuales. Y se introduce una disposición transitoria que nos volvería locos, un año para revisar todas las misiones de paz en las que estamos, incluidas las treinta y tantas, y tres meses para todos los envíos de armas con esa disposición. Lo que hay que hacer es ese seguimiento anual del que estamos hablando.

Señorías, nos encontramos en un momento importantísimo en el que el secretario general de Naciones Unidas ha explicado que tenemos una crisis de confianza internacional en las misiones de paz. Lo tenemos porque, entre otras cosas, misiones de otros sistemas multilaterales, como la Unión Europea o Naciones Unidas, no cumplen el capítulo V y el capítulo VI de la Carta de Naciones Unidas, que establece que el sistema de seguridad prioritario al que nos debemos es el sistema multilateral de Naciones Unidas, y actúan sin el consentimiento del Consejo de Seguridad y, en definitiva, de forma unilateral, aunque sean sistemas multilaterales parciales. Si nuestra dedicación es al multilateralismo, si nuestra vocación es empujar la nueva agenda de paz del secretario general, si en ese sentido pudiéramos sacar una moción institucional que propusimos la semana pasada de apoyo a la FINUL, y que algunos partidos de esta Cámara no quisieron apoyar, eso nos permitiría realmente llegar al núcleo de la cuestión, que es hacer un seguimiento del proceso de paz a nivel internacional de la necesidad de las operaciones de paz y de una implicación directa y activa, que en ello va el prestigio de nuestro país, para poder contribuir a esos procesos de paz que queremos impulsar. (Aplausos).

Por último, en esa dinámica hay una cuestión de legitimidad. Es muy difícil para el Partido Popular, después de la guerra de Irak, después de todos los procesos unilaterales en los que hemos visto cómo nuestras tropas sufrían bajas, sin que hubiese una autorización parlamentaria previa de este Congreso, convencernos a los demás ahora de que lo que pretenden es más democracia y más transparencia. Cojamos la enmienda anual y verán cómo no existen estos problemas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. La iniciativa que hoy nos trae el Grupo Popular para su toma en consideración trata de ampliar el artículo 17 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, para el envío de ayuda militar al extranjero, tanto en recursos humanos, como materiales u otro tipo y, de esta forma, aumentar el control del Parlamento sobre estas decisiones. La Ley orgánica 5/2005 en su artículo 2 establece la finalidad de la política de defensa, que no es otra que la protección del conjunto de la sociedad española, de su Constitución, de los valores superiores, principios e instituciones que en esta se consagran, del Estado social y democrático de derecho, del pleno ejercicio de los derechos y libertades y de la garantía, independencia e integridad territorial de España. Asimismo, tiene por objeto contribuir a la preservación de la paz y seguridad internacionales, en el marco de los compromisos contraídos por el Reino de España. Conviene recordar en este punto por qué nace esta ley, que sustituye a todas las anteriores y por las que se regían las Fuerzas Armadas, actualizándose la Ley orgánica sobre criterios básicos de la defensa nacional y de la organización militar de 1980. Se modificó parcialmente en el año 1984, toda vez que en estos veinticinco años transcurridos desde la antigua hasta la presente del 2005 también cambió profundamente el marco internacional de referencia con nuestra entrada en la OTAN y nuestra participación en misiones en el exterior, así como con el desarrollo de nuestra propia sociedad española. Pero sobre todo, y quiero hacer hincapié en esto, fue nuestra participación en Irak después de la Segunda Guerra del Golfo, tanto para ir como para volver, lo que creó un intenso debate en la opinión pública nacional e internacional con daños a nuestra imagen como nación y pérdida de confianza entre nuestros aliados. Tras el derrocamiento de Sadam Husein por las tropas de una coalición internacional liderada por Estados Unidos, las Naciones Unidas dieron por terminada la Segunda Guerra del Golfo en Irak mediante la Resolución 1483 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 22 de mayo del año 2003. Bajo esta resolución del Consejo de Seguridad, que entre otras cosas pedía a los Estados miembros que contribuyeran a crear las condiciones de estabilidad y seguridad en Irak, el Gobierno de José María Aznar envió a las Fuerzas Armadas a estas tierras para la reconstrucción del país. Es decir, las Fuerzas Armadas españolas no fueron a la guerra, como trataron de vender la izquierda y la ultraizquierda, sino que se desplegaron en Irak para la reconstrucción. De hecho, nuestro material no era ofensivo, sino defensivo y con protección media y armamento ligero y medio para autodefensa. Los ataques terroristas del 11 de marzo de 2004 propiciaron el cambio de Gobierno en España y fue el Gobierno del presidente Zapatero quien ordenó nuestra retirada de aquel país, teniendo que salir a tiros de este. Nuestra participación en Irak se podría resumir en un par de frases: «De la reconstrucción al combate» o «Un Gobierno nos envió y el otro nos trajo». Todo ello en menos de un año, señorías.

La proyección internacional de España y de nuestra política de defensa en el conjunto de la acción exterior hace que desde finales del siglo XX nuestras Fuerzas Armadas vengan actuando fuera de nuestras fronteras como observadores, como fuerzas de interposición, de mantenimiento de la paz e incluso de ayuda humanitaria. (Aplausos). Esta circunstancia demanda incluir en la ley misiones que no estaban recogidas expresamente en la anterior normativa, así como planteamientos rigurosos en cuanto al respeto a la legalidad internacional de dichas operaciones e incluso novedosos en cuanto a su control. Sirve como ejemplo la misión de Naciones Unidas en el Líbano, la UNIFIL, que tuve el honor y el privilegio de mandar. (Aplausos). En este momento no se están cumpliendo las dos misiones fundamentales que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a través de la Resolución 1701 de 2006, encomienda a dicha operación, y que no son otras que mantener el cese de hostilidades y apoyar al Gobierno del Líbano y a sus Fuerzas Armadas para que se hagan cargo progresivamente de la seguridad del sur y, en general, de todo el país. Las continuas provocaciones del grupo terrorista Hezbolá y las respuestas por parte de las fuerzas de defensa de Israel impiden el cumplimiento de las citadas misiones, ocasionando que las tropas de la UNIFIL permanezcan en sus bases y posiciones, así como en los búnkeres para protegerse. Señorías, si la misión para la que fueron desplegadas no se cumple, y las partes parece que no tienen interés en que se cumpla, nuestra participación en esta es absurda, toda vez que se están asumiendo riesgos innecesarios. Por ello, nuestras tropas tienen que volver a España, porque donde mejor están es en su casa. (Aplausos). De hecho, el Gobierno de España ya ha aconsejado y facilitado la repatriación de los civiles españoles en el Líbano, ¿por qué no a nuestros soldados? Eso sí, de forma ordenada y pensando en volver si cambian las circunstancias y se vuelve al cese de las hostilidades. Hasta la fecha hay cinco soldados de los cascos azules heridos. El Gobierno no debe esperar a que haya soldados españoles muertos o heridos por posibles fuegos cruzados, errores o acciones premeditadas contra ellos. En este caso, los únicos responsables serán el presidente Sánchez y su Gobierno. (Aplausos).

En un plano más general y en relación con las misiones en el exterior, las Cortes Generales, que representan la soberanía nacional, deben tener una mayor participación y protagonismo. La ley somete a su debate las decisiones gubernamentales y regula de manera concreta las condiciones que deben cumplir. En la actualidad, el máximo de efectivos militares y de Guardia Civil autorizados fuera de nuestras fronteras está establecido en tres mil. Cualquier aumento de estos, salvo casos de urgencia, debería tener la autorización previa de estas Cortes Generales. En cuanto a los recursos de la defensa nacional, sabemos que España se defiende también junto a nuestros aliados fuera de nuestras fronteras, pero nuestra aportación —‌y atención a esto— deberá apoyarse en el principio de contribución gradual proporcionada a la situación que sea preciso afrontar y, sobre todo, que esa aportación no merme los recursos necesarios para mantener las capacidades precisas para nuestra propia seguridad y defensa. Lo que pasó en Irak no tiene que volver a pasar por la falta de consenso político, tampoco en el contexto actual, como es el envío de material militar a Ucrania, la situación actual de nuestras tropas allí en el Líbano ―como he comentado―, la ampliación prevista de nuestra presencia en el flanco oeste de la OTAN y en previsión de otros escenarios que pudiesen surgir. Como dicen en su exposición de motivos y conviene reiterar aquí, tanto la política exterior como la de defensa son políticas de Estado, por lo que los mecanismos de control parlamentario deben incentivar el ejercicio de un mayor rigor político respecto a estas cuestiones, por lo menos entre los partidos de ámbito nacional que creen en la unidad de España, como es el caso del partido al que represento, y que aprovecho para recordarles que representa a tres millones de españoles a los que la izquierda, la ultraizquierda y los partidos separatistas nos están insultando permanentemente, lo que solo demuestra su falta de argumentos para debatir con nosotros sobre asuntos y temas de consenso progre que ustedes daban por cerrados y que mi grupo ha llegado para debatir sobre los mismos y cambiar las cosas. (Aplausos).

Señorías, mi grupo votará a favor de la toma en consideración de esta iniciativa que ya ha sido explicada por el grupo proponente, sin perjuicio de las posibles enmiendas que puedan plantearse durante la tramitación parlamentaria.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Con la venia, señorías. Muy buenas tardes, presidenta. Señor Crispín, me alegro mucho de que esté usted totalmente recuperado y nos siga cuidando. Simplemente quería iniciar mi intervención con esas palabras hacia usted. (Aplausos). Señorías, hoy debatimos una proposición de ley del Grupo Popular que ya se ha tomado en consideración en el Senado, lo hemos oído esta tarde muchas veces, concretamente el 24 de septiembre, y consecuentemente esta proposición se envió al Congreso para iniciar su tramitación, porque es al Congreso a quien corresponde la primera lectura de las proposiciones de ley. Posteriormente, en una reunión del 8 de octubre se acuerda enviar a la Comisión de Defensa para abrir el plazo de enmiendas y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Explico todo esto una vez más porque no se entiende muy bien por qué vuelven a presentarla hoy aquí en lo que me parece una falta de consideración al procedimiento legislativo, intentando que haya dos proposiciones de ley idénticas en tramitación de forma paralela. También se me ocurre pensar, señorías, que la explicación más razonable es que, al igual que sus señorías del Grupo Popular ya nos han demostrado que no se leen las enmiendas, también desconocen sus propias propuestas de ley aprobadas en el Senado. Esta proposición de ley es además más compleja de lo que a primera vista parece. Mezclan ustedes en ella elementos de carácter concreto y técnico con otros de carácter más político y general, en definitiva, temas y competencias más propias del Ejecutivo con otros relativos a la actividad que en esta casa realizamos. No obstante, hay una parte de su iniciativa que nos parece correcta y la podríamos apoyar si no fuera por el dislate final. Nos parece loable su deseo de más transparencia, si es eso lo que realmente desean. Y también estamos de acuerdo con la petición de más información en una evaluación de las operaciones, así como en explicar los objetivos alcanzados y determinar aquellos que restan por cumplir, pero no como lo piden ustedes, que parecen querer actuar como si del Ejecutivo se tratara, porque, al querer actuar como si fueran Gobierno, acaban cayendo en las clásicas trampas de la burocracia, de la que ya nos avisó Weber. Sorprende también que añadan trámites burocráticos que solo pueden producir efectos indeseados sobre la seguridad y la estabilidad de las misiones, el personal desplazado y el compromiso y el prestigio de España en el seno de la comunidad internacional, y a esto me refería cuando digo que no veo coherencia entre lo que dicen y lo que hacen o respecto a los textos que luego presentan. Hay un punto que me parece vital resaltar y dejar claro. Nuestro sistema parlamentario aparece recogido en el artículo 1.3 de la Constitución, y en su artículo 97 se afirma que es el Gobierno el que dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y, por supuesto, la defensa del Estado. Por lo tanto, ejerce la función ejecutiva, además de la correspondiente potestad reglamentaria, y el artículo 1 de la Ley 50/1997, del Gobierno, establece exactamente lo mismo. Por otro lado, el artículo 66.2 de la Constitución española establece que las Cortes legislan y controlan la acción del Gobierno, pero en ningún momento se afirma que okupen, con ka, las funciones ejecutivas del Gobierno, tal y como parecen proponer ustedes en su iniciativa. Pondré un ejemplo para que quede claro. En su iniciativa hablan de las autorizaciones a la hora de enviar tropas y a la hora de enviar material a nuestros aliados como si fueran una misma cosa, pero, señorías, permítanme recordarles que el envío de tropas está regulado por el artículo 17 de la ley de la defensa, mientras que el envío de material de guerra no asociado a misiones internacionales está controlado por la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y doble uso. Por lo tanto, corresponde al Gobierno el planeamiento, la gestión y la ejecución de las operaciones, y al Parlamento, a nosotros, el control y la autorización de tales operaciones. Y tampoco creo que nuestra labor sea la de suplantar a los profesionales que trabajan en ellas, sino más bien la de dar apoyo político a una acción política del Gobierno, esto es, aceptar su propuesta o no y exponer todos los peros en las situaciones en que consideremos pertinentes. Estamos en la línea política general, pero no en lo concreto de la planificación o en el control de la caducidad de los plazos.

Señorías, las misiones responden a necesidades específicas y no es posible determinar a priori su duración, respondiendo la mayor parte de ellas a compromisos internacionales que no pueden quedar supeditados a límites temporales establecidos de antemano. Y, del mismo modo, no entendemos justificado el porqué de fijar en cinco años el plazo específico que se manifiesta. Además, su propuesta bien puede entrar en colisión con los compromisos internacionales asumidos por España en el ámbito de las organizaciones internacionales de las que forma parte. Nuevamente, tampoco se justifica el plazo fijado, en este caso anual, para la vigencia de la autorización y existen mecanismos suficientes en nuestro ordenamiento jurídico para sujetar a un estricto control parlamentario las decisiones que adopte el Ejecutivo en este ámbito. No olvidemos que la realidad de las misiones internacionales, su carácter contingente debido a la variabilidad de los escenarios en que se despliegan, dificulta la posibilidad de delimitar con carácter previo el número de efectivos y el material necesario. Pese a ello, todas las misiones tienen un número máximo de efectivos, cuya composición inicial puede ser alterada en función del ajuste de operativos que la evolución de la misión pueda requerir, de lo que se informa al Parlamento.

Cierto es que la preparación, profesionalidad y entrega de nuestras fuerzas armadas ayuda mucho en estas situaciones con los trabajos prospectivos que suelen preparar, pero aun así todo ello requiere tiempo y la en la realidad internacional y geopolítica muchas veces no se dispone de él, sino que se requiere rapidez y agilidad en la toma de decisiones, y en eso nosotros no podemos aportar mucho: el tiempo es la clave. Imagínense, por ejemplo, que un parlamentario dijera que no es adecuado enviar tres vehículos blindados del tipo tal, sino que hemos de enviar carros de combate y misiles antiaéreos del tipo cual y que el informe del Ministerio de Defensa es incorrecto y el número de efectivos a enviar insuficiente, mientras que otro parlamentario propusiera enviar solo a la infantería y a los regulares, por señalar a algunos que son muy buenos y lucen bien. Este es el peligro que veo en su petición de hacer suyas funciones que realmente corresponden a los grandes profesionales de las fuerzas armadas y a la dirección política del Gobierno, que es ―no se olviden― de lo que realmente se está debatiendo. Y en lo relativo al incremento de efectivos ¿cómo es ese incremento, de un soldado más, de un carro de combate más? ¿Hablamos de números mayores? ¿Seríamos nosotros los que decidiríamos la cuantía de lo que se ha de enviar y su necesidad? Entonces, ¿para qué necesitamos al Ministerio de Defensa y a sus profesionales? Repito, a mí me suena a burocratizar un proceso que no es necesario y que lo único que hace es dilapidar o gastar un tiempo del que no siempre se dispone. Y en lo relativo al apartado 7, me surgen varias dudas en relación con el órgano competente de la Cámara que debatirá ese aspecto. Entiendo que, como hasta ahora, la autorización vendría del Pleno, pero, si como ustedes dicen, la renovación fuera a comisión, entonces ustedes estarían dándome la razón con relación a la burocratización y el juego de los tiempos al que antes me refería.

Termino ya, y me dirijo también a los grupos minoritarios. Señorías, me gustaría citar a Kafka: «El progreso se evapora y deja atrás una estela de burocracia». Respeten la división de poderes, principio fundamental de la democracia, y dejen a este país seguir progresando.

Muchas gracias. (Aplausos).