Solicitud de comparecencia del Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ante el Pleno de la Cámara, para informar sobre la posición del Gobierno en relación con la activación de la transferencia de la titularidad y gestión a la Comunidad Autónoma de Galicia de la autopista del Atlántico AP-9, así como sobre el cumplimiento de los compromisos que adquirió sobre la implantación de nuevas bonificaciones a los usuarios y el de la gratuidad de la autopista expresada en la campaña de las pasadas elecciones autonómicas.

Muchas gracias, señor presidente.

Comparezco ante el Pleno de esta Cámara para informar sobre la posición del Gobierno en relación con la activación de la transferencia de la titularidad y gestión a la Comunidad Autónoma de Galicia de la autopista del Atlántico AP-9, así como sobre la implantación de nuevas bonificaciones. Esta comparecencia versa sobre el mismo asunto que hemos tratado en otras ocasiones, y, sin ir más lejos, en una interpelación de la semana pasada que formuló el Grupo Parlamentario Mixto, por lo que, inevitablemente, las cuestiones y los argumentos se repetirán. Si no recuerdo mal, creo que es la sexta vez que abordamos este asunto en esta Cámara desde que soy ministro.

Compareceré describiendo una vez más los antecedentes y el contexto que explican la situación actual de la autopista del Atlántico AP-9, Ferrol-frontera portuguesa. Aunque sea reiterativo, es importante para conocer de dónde venimos, dónde estamos actualmente y hacia dónde nos encaminamos en esta infraestructura, lo que considero que es necesario para centrar este debate y también porque creo que es importante que la ciudadanía conozca los motivos que explican que la autopista siga siendo de peaje y los motivos por los que nos encontramos debatiendo hoy aquí sobre este asunto.

La construcción y la explotación de la autopista AP-9 se concedió a Autopistas del Atlántico Concesionaria Española, SA, Audasa, en agosto de 1973. La realización de las obras sufrió diversas vicisitudes, que ocasionaron que solamente dos de sus tramos fueran abiertos al tráfico entre los años 1979 y 1981. Esa situación se mantuvo inalterable hasta el año 1988, momento en que se abrió al tráfico el tramo Santiago Norte-Santiago Sur. Posteriormente, se fueron inaugurando los siguientes tramos, hasta la construcción en 2003 de los tramos Rebullón-Tui y Fene-Ferrol, con los que se completó el trazado de la autopista, que cuenta con una longitud total de 218,9 kilómetros.

Durante los primeros años la concesión se tuvo que enfrentar a dificultades económicas importantes, motivadas principalmente por la crisis económica generada a partir del año 1973 como consecuencia del incremento del precio del petróleo, que afectó a numerosos sectores económicos, entre los que cabe incluir de forma destacada al sector de las autopistas, junto al hecho de que la explotación de la autopista se limitase a dos tramos separados entre sí y al notable incremento de los gastos financieros debido al alto coste de construcción y a menores ingresos de los previstos, lo que condujo a la sociedad a una situación insostenible, que llevó al Estado a adquirir la totalidad de sus acciones en 1983 a través de la Empresa Nacional de Autopistas, Enausa. En el momento de tomarse la decisión de adquisición por el Estado, por Audasa, esta contaba con 86 kilómetros de autopista en explotación y 5 kilómetros en construcción, estando los 133 kilómetros restantes de la concesión no iniciados y con el plan de obras en suspenso. Cuando el Gobierno decidió intervenir, la entidad se hallaba al borde de la suspensión de pagos, con imposibilidad de refinanciar los vencimientos de su deuda. Bajo la gestión pública de la Empresa Nacional de Autopistas se finalizaron las obras que permitieron unir los tramos separados norte y sur de la autopista en un itinerario único, lo que permitió un importante aumento del tráfico captado por la autopista y que la sociedad obtuviera un resultado positivo de explotación por primera vez en el año 1994.

A partir de ese momento, se produjeron dos decisiones de los entonces responsables del Gobierno y del ministerio que explican en toda su amplitud la situación en la que se encuentra la autopista actualmente. La primera es la modificación de la concesión en el año 2000, que supuso el otorgamiento de una prórroga que llevó a una ampliación del plazo de la concesión en veinticinco años más, desde agosto de 2023 hasta agosto de 2048, pasando a ser su duración de setenta y cinco años; una decisión adoptada por un Gobierno del Partido Popular que suponía prolongar durante veinticinco años más, todavía con veintitrés años por cumplir, la carga que supone el pago del peaje para los usuarios de esa infraestructura y para los ciudadanos y el tejido empresarial gallego; una decisión que, en definitiva, si no se hubiese adoptado, habría supuesto la finalización de la concesión y la liberación del peaje el 18 de agosto del año 2023, y hoy no estaríamos aquí debatiendo sobre medidas para reducir agravios y desequilibrios hacia la ciudadanía gallega. Y la segunda decisión que se adoptó fue la de privatizar la autopista en el año 2003, que en ese momento pertenecía a la Empresa Nacional de Autopistas; mediante esta operación, el Gobierno del Partido Popular autorizó la venta de la totalidad de sus acciones. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).

Es decir, la situación actual de la autopista AP-9 se explica por una serie de decisiones adoptadas por el Gobierno del Partido Popular entre los años 2000 y 2003 que, por motivos de índole jurídica y económica, son muy complejas de revertir, y conviene señalar estas decisiones por la importancia de sus consecuencias. Por tanto, la situación actual es la de una autopista sujeta a un contrato concesional, con una duración total de setenta y cinco años, y a unas tarifas establecidas que deben cumplirse, no siendo viable proceder al rescate de la concesión por el altísimo volumen de gastos que ello supondría, inasumible para la Administración y con claros efectos lesivos para el Estado. Se trata de un caso claro, que ejemplifica lo que ha acabado ocurriendo en España al cabo de los años con la red de carreteras de gran capacidad. Lo que en el pasado suponía una ventaja competitiva, a medida que se ha ido completando la red libre de peaje se ha convertido en una carga que produce una sensación de agravio y desigualdad, que en algunos casos se ha visto prolongada por decisiones como las adoptadas por el Gobierno del Partido Popular que acabo de explicar. No obstante, pese a las dificultades jurídicas y económicas para revertir esta situación, estamos rebajando la carga que supone la decisión adoptada por el Gobierno del Partido Popular y estamos aplicando importantes reducciones de peaje porque consideramos que es justo y los ciudadanos gallegos necesitan aligerar el peso que supone el pago de un peaje que se encuentra en vigor desde hace muchos años y al que le quedan por delante muchos años más.

Esta situación de desequilibrio territorial por la existencia de zonas en España en las que los ciudadanos tienen que pagar peajes, frente a otras en las que la circulación por la red es gratuita, es la que estamos tratando de corregir desde que llegamos al Gobierno. Con el objeto de iniciar las bases de un modelo de gestión de red equilibrado y justo para todos los ciudadanos y en todos los territorios, hemos adoptado las siguientes medidas. Hemos aprobado la liberación de los peajes de las autopistas que finalizan la concesión, siendo el primer Gobierno que no prorroga los peajes cuando las concesiones llegan al fin de su plazo. Desde que llegamos al Gobierno, cuatro de cada diez kilómetros de autopistas del Estado han pasado a ser gratuitas: 1029 liberados de un total de 2530 existentes cuando llegamos al Gobierno. Hasta 2018 se habían aprobado treinta y tres decretos de prórrogas, con los que se han prorrogado los plazos, de media, en veinticuatro años más que los inicialmente previstos; destacan las prórrogas de veinticinco años para la AP-9 y de veintinueve para la AP-66, ambas decididas en el año 2000. De este modo, se concluye la tendencia de las prórrogas sistemáticas para alcanzar un modelo de financiación viaria más equilibrado territorialmente. Adicionalmente, hemos procedido a la rebaja de tarifas de las autopistas que gestiona SEITTSA en un 30 % y al establecimiento de la gratuidad en periodo nocturno y hemos impulsado la aplicación de bonificaciones a vehículos ligeros y pesados en determinados tramos de autopistas, como en la AP-9 y en la AP-66, para mejorar su funcionalidad y compensar a los usuarios recurrentes. Estas actuaciones están contribuyendo a reducir los desequilibrios territoriales y a reducir las desigualdades generadas por el hecho de que hay ciudadanos en nuestro país que durante muchos años han venido pagando o no por la utilización de las infraestructuras viarias en función de su residencia, trabajo o lugar de origen. Estamos hablando de unas medidas que suponen un ahorro anual para los ciudadanos de más de 1400 millones de euros desde que fueron acometidas por el Gobierno de España.

Por lo tanto, somos conscientes y sensibles a las demandas que se nos hacen desde el territorio, ya que además la AP-9 tiene una de las tarifas más altas de las autopistas de la Red de Carreteras del Estado. En este sentido, aprobamos en julio de 2021 un esquema de reducciones de peaje hasta el final de la concesión sin precedentes en esta autopista y sin precedentes en el resto de autopistas de España. Les pongo algunos ejemplos. Para vehículos ligeros que utilizan el telepeaje como medio de pago hemos establecido la gratuidad de todos los trayectos de vuelta que se realicen en un plazo máximo de veinticuatro horas durante todos los días de la semana, incluidos festivos. Es importante que se sepa: el trayecto de vuelta dentro de las veinticuatro horas es gratuito, incluidos los festivos. Aprobamos una bonificación adicional del 50 % del recorrido de ida para aquellos trayectos de ida y vuelta con el mismo origen y destino que se realicen en un plazo máximo de veinticuatro horas dentro del tramo de Puxeiros-Vigo-Tui. Hemos establecido la gratuidad en el acceso desde Redondela, bonificación del cien por cien para los usuarios que realicen recorridos de ida y vuelta ―mismo origen y destino y sentidos contrarios― en el plazo máximo de veinticuatro horas entre ellos en días laborables y festivos. Asimismo, se aplica una rebaja del 20 % del importe pagado en todos los recorridos realizados en un mes, a contar desde el recorrido inicial, para aquellos vehículos que realicen más de veinte viajes en dicho periodo. Por tanto, es evidente que hay un programa de bonificaciones y de reducciones muy intenso para los usuarios recurrentes de la AP-9. Para vehículos pesados el descuento es del 20 % del importe del peaje en todos los recorridos y gratuidad en el acceso desde Redondela, con una bonificación del cien por cien de los recorridos internos en el tramo Redondela-Vigo, origen-destino Rande-Vigo, incluido el acceso al puerto de Vigo. Con este esquema de bonificaciones, el Estado destina cada año unos 55 millones de euros para bonificar la autopista ―2300 hasta finalizar el plazo de la concesión― y los usuarios se han ahorrado desde la entrada en vigor de esta medida 127 millones de euros en total.

Adicionalmente, el ministerio ha invertido otros casi 56 millones en la amortización de la cuenta de compensación de la autopista, al objeto de evitar mayores incrementos extraordinarios de tarifas para el usuario del futuro. Estos descuentos se suman a otros ya existentes desde el año 2006, aprobados también por un Gobierno socialista, como el uso gratuito de los tramos Morrazo-Vigo y A Coruña-A Barcala mediante el pago de un peaje en sombra por el Estado. En este ámbito los usuarios de estos tramos de la AP-9 se han ahorrado, desde 2018 hasta final de 2023, unos 83 millones, y desde 2006 ―año en el que se aprobó la medida―, 213 millones de euros. Asimismo, desde el 1 de enero del año 2023, el Gobierno ha aplicado una subvención para limitar la subida de las tarifas en todas las autopistas. En el caso de la AP-9 los usuarios se han ahorrado gracias a esta medida 14,9 millones de euros.

En definitiva, con todas las medidas puestas en marcha, en total, hemos destinado desde 2018 más de 280 millones de euros a las bonificaciones de la AP-9. Adicionalmente, nos hemos comprometido a ampliar el esquema de bonificaciones aprobado en 2021 en el marco del acuerdo de legislatura firmado por PSOE y BNG. Para materializar la ampliación de estas bonificaciones en la AP-9 contemplamos 27,6 millones de euros adicionales, incrementando el presupuesto ya comprometido hasta los 81,7 millones de euros al año. La intención del ministerio es, aunque el presupuesto esté prorrogado y no se disponga de crédito, tramitar estas nuevas reducciones de peaje para que puedan materializarse lo antes posible, por lo que se declaró el pasado jueves la tramitación de urgencia para su aprobación.

Como consecuencia de estas políticas, las bonificaciones que actualmente se encuentran en vigor, financiadas a través de los presupuestos generales del Estado, suponen anualmente un volumen apreciable de los ingresos por el cobro de peajes en la autopista. No obstante, señorías, comprenderán que resulta difícil el encaje económico y jurídico de llegar a unas bonificaciones del cien por cien de los ingresos de la autopista, ya que supondría virtualmente su rescate y, por el altísimo volumen de gastos que ello supondría, sería inasumible por la Administración y tendría claros efectos lesivos para el Estado, sobre todo teniendo en consideración que la concesión no finaliza hasta el año 2048. En cualquier caso y con estas limitaciones, tenemos la determinación ―como he indicado― de mejorar y abundar en las bonificaciones de peaje ya existentes.

Por último, en relación con otra de las cuestiones que se plantean en esta comparecencia relativa a la transferencia de la titularidad y gestión a la Comunidad Autónoma de Galicia de la Autopista del Atlántico AP-9, voy a tratar de explicar algo que es muy sencillo de comprender y que me consta que la mayoría de sus señorías ya conocen, por lo que no necesitaría explicación, pero creo que es importante para entender la posición del Ministerio de Transportes en este asunto. Como saben, esta infraestructura vertebra el eje atlántico, enlaza los principales centros económicos de Galicia y cinco de las siete ciudades de mayor tamaño ―Ferrol, A Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra y Vigo― y permite su conexión con el resto de la Red de Carreteras del Estado. Además, está integrada en la Red Transeuropea de Transporte, quedando englobada dentro de un itinerario europeo de primer orden, como es la denominada Red Esmeralda Lisboa-Dublín, y permite conectar los principales núcleos gallegos con los diferentes territorios de España y con los demás países de la Unión Europea. Conecta las áreas de influencia de los cinco puertos de interés general del Estado en Galicia y sus principales rías: A Coruña, Ferrol, Vilagarcía de Arousa, Marín y Vigo. Las conexiones con los aeropuertos de interés de Galicia ―Vigo, Santiago y A Coruña― también se realizan a través de vías de gran capacidad desde la AP-9. Por lo tanto, esta infraestructura, de conformidad con lo recogido en la Ley de Carreteras, forma parte de la Red de Carreteras del Estado al estar integrada en un itinerario de interés general, que además está incluido en un itinerario de tráfico internacional e interés europeo y sirve de acceso al paso fronterizo con Portugal y a puertos y aeropuertos de interés general. En consecuencia, se puede estimar que el encaje jurídico del traspaso de la autopista al Gobierno autonómico se antoja tremendamente difícil.

En cualquier caso, en relación con la transferencia de la autopista AP-9, debemos entender qué es lo que resulta prioritario y qué es lo que importa a los ciudadanos; es decir, si lo que es importante es qué la administración sea la titular de la infraestructura o si lo que realmente importa son los beneficios que para los gallegos pueda tener la gestión de la autopista independientemente de su titularidad. Para el Gobierno lo prioritario es lo segundo, es decir, que la ciudadanía puede beneficiarse de la utilización de la AP-9 independientemente de su titularidad. En este sentido, como he indicado anteriormente, hemos aprobado ese esquema de bonificaciones y reducciones de peaje hasta el final de la concesión sin precedentes desde la entrada en el Gobierno en el año 2018. Adicionalmente, como he indicado, nos hemos comprometido y vamos a ampliar estas bonificaciones en el marco del acuerdo de legislatura entre PSOE y BNG.

En cualquier caso, el Gobierno no va a impedir que se propicie el debate parlamentario, por lo que no ha vetado la tramitación en el Parlamento de las iniciativas legislativas que se han producido en este ámbito, algo que, por cierto, sí hizo el Gobierno del Partido Popular hasta en cuatro ocasiones, vetando y no permitiendo el debate de las correspondientes proposiciones de ley de transferencia de la AP-9 que se presentaron en el Congreso cuando gobernaba.

Concluyo, señorías. Como he expuesto en esta intervención, el objetivo del Gobierno es transitar hacia un modelo en el que corrijamos las diferencias territoriales en cuanto al pago de los peajes, pero siempre teniendo en cuenta que se trata de contratos concesionales y que mientras la concesión no venza jurídica y económicamente es complejo proceder a su rescate, por lo que la mejor alternativa, la que tenemos en este momento en la mano, es mitigar el importe de los peajes dentro de las disponibilidades presupuestarias y con bonificaciones a los usuarios.

Desde que llegamos al Gobierno estamos desarrollando esta política en España, con particular intensidad en Galicia, al ser objetivamente la comunidad que más tráfico sujeto a pago de peaje soporta, una vez finalizada en el año 2021 la concesión de los tramos de la AP7 y de la AP2 en su totalidad y por tener la autopista AP-9 un prolongado periodo concesional, después de la prórroga de veinticinco años aprobada por el Gobierno del Partido Popular en el año 2000.

Muchas gracias y estoy a su disposición para cuantas aclaraciones pretendan en mi segundo turno de intervención. (Aplausos).

Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señor ministro, está usted al frente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible desde que el 21 de noviembre de 2023 fue nombrado por don Pedro Sánchez. Pronto cumplirá su primer año al frente de una enorme área competencial: las carreteras, los trenes, lo aéreo, lo marítimo y, sin duda, el tema de las autopistas, del que nos vamos a ocupar en la mañana de hoy. Usted también ha tenido importantes responsabilidades en el Partido Socialista Obrero Español, puesto que fue el portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal entre junio de 2017 y octubre de 2021. Recuerdo que el anterior ―no el anterior, porque la anterior fue Raquel Sánchez― secretario de organización del PSOE, el ministro José Luis Ábalos, estuvo al frente de esas responsabilidades desde el 18 de junio del 2017 al 12 de julio de 2021 y que el «número 1» era y sigue siendo don Pedro Sánchez. Desgraciadamente, en los últimos tiempos las noticias que estamos conociendo sobre hechos que han ocurrido en el ministerio son realmente preocupantes. Acabamos de conocer el informe de la Unidad Central Operativa de Delincuencia Económica de la Guardia Civil, de fecha 8 de octubre de 2024, que ha sido entregado a la Audiencia Nacional, y realmente asusta leer sus folios 6 y 7, en donde habla ― comillas― de «múltiples evidencias que exponen el poder de Aldama para alcanzar la infiltración de su organización criminal, tanto en el seno del MITMA ―es decir, del Ministerio de Transportes― como en otros departamentos ministeriales o incluso la Guardia Civil». Se sitúa justamente la relación de Aldama con Koldo, como iniciada en agosto de 2018 y mantenida hasta mediados de 2022, lo que vendría a reflejar una continuidad temporal que precedería y excedería la gestión de los contratos anteriores. En definitiva, señor ministro, lo que dice este informe ―no lo que digo yo― es que, en términos de presunción, cabe hablar de una organización criminal con epicentro en el MITMA.

Dicho esto, yo le digo, señor ministro, como antecedente de este debate, que su auditoría interna se ha quedado muy corta a la vista de lo que estamos conociendo en estos informes y que debe usted profundizar en ella, porque dos ceses de funcionarios por pérdida de confianza no parece que sea el resultado lógico de una investigación y porque, además, quiero defender la probidad y la honestidad de la inmensa mayoría de funcionarios, trabajadores y empleados del ministerio y de sus empresas asociadas, que tienen que estar escandalizados de que hayan podido pasar esas cosas en un ministerio tan importante.

Le pido, finalmente, que cesen sus ataques a la justicia. Dejemos a la justicia trabajar. (Aplausos). Espero que hoy no haya por su parte un tuit quejándose de que el Tribunal Supremo haya acordado por unanimidad abrir una causa contra el fiscal general del Estado. Dejémosle trabajar, que bastante difícil es el trabajo de la justicia.

Señor ministro, usted ha empezado hoy su intervención haciendo un relato de antecedentes de la autopista del Atlántico, que, efectivamente, se adjudica en el año 1973. Me parece bastante sorprendente que quienes han hecho la intervención, o usted mismo cuando la ha supervisado, hayan obviado justamente un hecho muy relevante, y es que en el año 1994, siendo presidente del Gobierno don Felipe González, siendo nada menos que ministro don Josep Borrell y siendo secretario general de Transporte Terrestre don Emilio Pérez Touriño, mediante un real decreto se produjo la prórroga de esta autopista desde 2013 hasta el 18 de agosto de 2023, es decir, diez años. No se hizo a cambio de nada; se hizo a cambio de que se iniciaran las obras del tramo Rande-frontera portuguesa. Pero ¿por qué no dice usted esto aquí? Es que parece hasta un poco infantil que quiera ocultar un dato. Yo no estoy repudiando esa prórroga, yo constato un hecho, como constato, como ha dicho usted ―esto sí la dice― la prórroga que se adopta por real decreto el año 2000 ampliando por veinticinco años la concesión. Eso es así, pero omite decir por qué razón se hace esa ampliación, que es la construcción de un tramo de autopista libre de peaje, el acceso norte a Ferrol, por Fene, Neda y Narón, una importante área industrial y poblacional de Galicia que carecía de comunicación. Podrá discutir que tanto en la primera prórroga como en la segunda esto se hiciera con cargo a los presupuestos generales del Estado, pero usted ha hecho referencia a las difíciles situaciones económicas por las que se ha pasado en este país.

Señor ministro, lo que estamos pidiendo con esta comparecencia que ha solicitado el Grupo Parlamentario Popular es fundamentalmente que no se boicotee la transferencia de la autopista a Galicia en esta legislatura. Aquí hay una proposición de ley orgánica, efectivamente, tomada en consideración y no vetada por nadie, que solo tuvo los votos en contra del Grupo Parlamentario VOX. Aquí estuvo una delegación, sentada ahí mismo, de representantes políticos del Parlamento de Galicia, que por unanimidad dijeron en la tribuna lo mismo que yo voy a decir aquí: que se quiere la transferencia. Es cierto que en legislaturas anteriores hemos tenido que protagonizar debates en los que nos hemos opuesto, socialistas y populares, entre otros, a que hubiera esa transferencia ―yo se lo reconozco y lo admito, porque es un hecho cierto―, justamente con la argumentación que usted estaba utilizando ahora de la titularidad estatal de la autopista, pero eso es una página que quedó muy atrás, porque ya desde hace dos legislaturas aquí se ha tomado en consideración esta iniciativa. En la pasada hubo quince prórrogas, no reunían la ponencia y presentaron enmiendas para que en lugar de transferir la titularidad y la gestión simplemente fueran actividades de administración y explotación. ¿Y qué está pasando en esta legislatura, señor Puente? Llevamos ocho prórrogas del plazo de presentación de enmiendas a una proposición de ley orgánica que solo tiene tres artículos y que sistemáticamente la Mesa de esta institución, en la que hay una mayoría del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario SUMAR, está vetando y está pidiendo constantemente ampliación de prórrogas. Yo pido que esto cese, y usted sabe que el Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, tiene capacidad. Constituiremos una ponencia, hablaremos y debatiremos, pero tenemos que avanzar. Y no se lo pido solo con la voz del Grupo Parlamentario Popular; creo que detrás de nosotros está la unanimidad del Parlamento de Galicia, de los setenta y cinco diputados.

Usted habla también de las bonificaciones. Nosotros celebramos, obviamente, las bonificaciones, las que se han implantado y las que están pendientes de implantar ―el pasado jueves se ha dado un paso administrativo―, pero tengo que decirle ―y usted también en su discurso ha querido obviarlo de una manera sorprendente― que es un hecho que este sistema de bonificaciones se viene produciendo prácticamente desde que se otorgó la primera concesión. Hay bonificaciones en etapas del Gobierno del

Partido Socialista y en etapas de gobierno del Partido Popular. Entre otras cosas, las bonificaciones que se establecieron en febrero de 2013 por un convenio se produjeron siendo ministra del Gobierno de España una ministra del Partido Popular y se aplicó una bonificación por uso habitual a los vehículos ligeros en los tramos entre Pontevedra y Vigo, que ampliaba hasta el cien por cien el descuento existente. Es decir, claro que los ha habido, y los ha habido antes de estos y habrá otros después. Por lo tanto, obviar esto y querer negar esa realidad, nos parece muy poco serio. En definitiva, el camino de las bonificaciones lo aplaudimos, lo valoramos y lo han venido pidiendo el Parlamento de Galicia y la Xunta de Galicia; para eso hubo una propuesta en el año 2019, hubo un dictamen del Consello de Contas, que justamente criticaba la causa de una subida extraordinaria de los peajes, que fue un decreto de octubre del 2011, siendo ministro don José Blanco, auténticamente lesivo para los intereses de Galicia, puesto que establecía una subida acumulativa del 1 % anual durante veinte años. Tampoco se ha referido a esto; bueno, pues lo tengo que hacer yo. Pero no es mirar al pasado lo que pretendemos con esta comparecencia. Nosotros buscamos un camino hacia la transferencia de la titularidad, estamos en el camino hacia la gratuidad de la autopista. En la campaña electoral de las pasadas elecciones autonómicas, el candidato, el señor Gómez Besteiro, enarboló como gran bandera para intentar atraer el voto ―aunque luego se quedó simplemente en diez diputados― que con él la autopista sería gratuita porque tenía el aval de Pedro Sánchez. Tal cosa no sucedió, pero podemos seguir avanzando por ese camino.

Señor ministro, yo creo que lo que usted ha dicho de los enormes costes que está soportando el Estado tanto para financiar bonificaciones como para peajes en la sombra hace que este momento sea muy propicio para hablar de la posibilidad de analizar los números y los aspectos jurídicos de lo que puede ser un rescate de esta concesión. A esos efectos, también influye el hecho de los procedimientos de infracción que se han abierto en la Comisión Europea en relación con un posible incumplimiento de la normativa contractual en materia de concesión de autopistas de las dos prórrogas, de la primera y de la segunda, aunque la carta de emplazamiento más reciente hace referencia exclusivamente a la segunda. Existe una voluntad, y la ha expresado ya este Congreso de los Diputados, de que empecemos a hablar sobre ese tema. En mi segunda intervención le voy a poner a usted de manifiesto unos estudios que se han hecho con la mejor voluntad y que queremos compartir con ustedes para ver si podemos avanzar en este terreno. Lo que no cabe y nosotros reprobamos es que no tengamos avances y que estemos día tras día en el día de la marmota. Esto los gallegos sencillamente no lo quieren, y creo que, si escucha al resto de los grupos parlamentarios que van a intervenir a continuación, verá que en algunos aspectos van a coincidir conmigo, aunque en otros no.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señor ministro. Hace usted unas lecturas fantásticas de los informes, lo que pasa es que, si bien podemos compartir la esencia de lo que dice ese informe, entra usted en cierta contradicción, porque, si ese informe a usted le dice que no se puede transferir la titularidad de esta autopista, ¿cómo es posible que hace unas semanas el portavoz socialista del Parlamento gallego viniera aquí a defender precisamente el traspaso de esa titularidad? No se entienden ni entre ustedes mismos. Lo que yo me pregunto es por qué estamos reiterando y trayendo a este Pleno una y otra vez este asunto ―ya hemos dado cuenta del mismo, no sé si la semana pasada, a través de una interpelación, con un informe a instancia de parte del señor Rego Candamil, y, en plenos anteriores, con propuestas que venían del propio Parlamento de Galicia― para analizar, en definitiva, la situación que soportan los usuarios de la AP-9, esa autopista del Atlántico, que es consecuencia ―permítame decirlo, señor diputado del Grupo Popular― de una concatenación de errores que son solo imputables al Partido Popular, en este caso. Hay un Gobierno del PP que prorroga en el año 2020 una concesión sin finalizar, sin concurso y a dedo hasta 2048; hay un Gobierno del PP que suscribe un convenio para ampliar la autopista en la circunvalación de Santiago ―que además supone elevar el importe de los peajes en un 1 % acumulativo durante veinte años― al que usted se ha remitido; hay una prórroga denunciada ante la Comisión Europea que está en trámite y que puede ser declarada ilegal. Nos ha hablado de la imposibilidad de un rescate milmillonario que esquilmaría los bolsillos de los presupuestos generales del Estado y, con ello, de todos los españoles y, como consecuencia, peajes desorbitados en una autopista que cruza Galicia de norte a sur, peajes que soportan miles de usuarios, que perjudican la competitividad de las empresas gallegas y que solo pueden paliarse con bonificaciones, a las que se destinarán, según la página web del Ministerio de Transportes que usted dirige, unos 55 millones de euros; usted ha dicho hoy aquí 87 millones de euros al año. La verdad, es un negocio ruinoso para todos, para los gallegos especialmente, pero también para el resto de España que tiene que pagarlos.

¿Y qué solución nos proponen? El traspaso de la titularidad de la autopista a la comunidad gallega. Y nosotros nos preguntamos: ¿Para qué? ¿Vamos a solucionar algo con el traspaso de la titularidad? ¿Vamos a mejorar la gestión? ¿Vamos a conseguir rebajar los peajes con ello? No. Lo único que vamos a conseguir va a ser romper la Red de Carreteras del Estado a cambio de nada. (Aplausos). Ya sé que hay un acuerdo del Parlamento gallego, pero lo cierto es que no vamos a conseguir mejorar en nada por lo que le decía antes. Si el rescate es imposible, si hay un expediente de infracción abierto que puede declarar la concesión ilegal y si eso no va a mejorar en nada el bolsillo de los gallegos, ¿para qué queremos transferir la titularidad?

Pero, claro, a la vista de las informaciones que han salido estos días, nosotros nos preguntamos por qué le iba a importar a este Gobierno si los gallegos pagan mucho o poco, si los usuarios de tren de cercanías o los que cogen el tren a Extremadura viven situaciones insoportables o si los aeropuertos se destinan, como hemos sabido esta semana, a hospedar a los menas. ¿Qué importa todo eso si ha tenido usted, señor ministro, una semana estelar? Ha sido el mejor, sumándose a esa coral de ministros de opinión sincronizada que repiten al unísono el argumentario suministrado por ese gurú del engaño que es el jefe de Gabinete de Sánchez. En eso hay que reconocerle que ha sido usted, señor Puente, el mejor. En ese marasmo de excusas para justificar lo injustificable usted ha sido el mejor. De los autores de «Delcy nunca pisó España y fue invitada, pero desinvitada», «pisó España, pero el Gobierno no lo sabía», «se detuvieron para que descansara el personal de vuelo»…, usted dice que vino aquí para negociar unas deudas. Señor ministro, ¿qué deudas? Usted necesitaba innovar, lucirse, dar la nota y, en ese afán, certificó todas las presuntas imputaciones en un tiempo récord. En pocas palabras, dijo que Sánchez fue informado de la visita de Delcy Rodríguez, una criminal y torturadora, y que le pareció bien ―usted reconoció que había dicho «bien»― y que Sánchez es el «número 1» de la banda. Nada más que añadir. Como un libro abierto, señor ministro. Está usted dirigiendo el ministerio con más presupuesto del Gobierno, que su antecesor convirtió en el centro de la corrupción, y usted confirma que Sánchez, ese al que usted define como «el puto amo», es el jefe de la banda, el mismo que la trama corrupta llama el «número 1». Además, usted añadió que se siente orgulloso de pertenecer a este Gobierno, un Gobierno que invita a una persona que secuestra y tortura y que chantajea en el Consulado de España en Venezuela al presidente electo a que se vaya a pasear por suelo español pese a tenerlo prohibido, avergonzando a todos los españoles; un Gobierno corrupto que extiende sus tentáculos hasta Venezuela, donde los embajadores como Morodo hacen negocio cobrando mordidas; un Gobierno cuyo presidente tiene a media familia imputada por corrupción, que miente al Congreso, miente al Senado, miente sin rubor a todos los españoles y miente hasta que la UCO destapa todas sus mentiras. (Aplausos).

Claro, ahora entendemos, después de todo esto que hemos sabido, por qué los trenes no funcionan. No ha habido tiempo para los trenes ni para las inversiones, no ha habido tiempo para las carreteras, no ha habido tiempo para los aeropuertos, no ha habido tiempo para rebajar peajes; para lo que sí ha habido tiempo ha sido para que el exministro de Infraestructuras, Ábalos, y Koldo, ese militante ejemplar que definía al «número 1» de la banda, se ocuparan de montar una trama, de enriquecerse de forma corrupta, de organizar contratos millonarios de mascarillas para cobrar mordidas ―con varios ministros implicados―, de negociar esas deudas a las que usted se refiere con las maletas de Delsy, de la financiación ilegal y del pago de favores. Por eso, durante los años en los que han dedicado a alimentar esa trama corrupta no ha habido tiempo ni para los trenes ni para los aviones ni para las carreteras ni para los peajes. Por eso, hoy los usuarios de tren tienen que soportar situaciones humillantes mientras usted se ríe de ellos y les recorta las indemnizaciones por retrasos. Usted ha heredado, como le he dicho, el ministerio de mayor presupuesto en el que se han cometido los mayores actos de corrupción. Ya dice el refranero español que hay herencias que a uno le hacen pobre, señor Puente.

Ocupados en todo eso, ¿para qué se iban a ocupar ustedes de lo que verdaderamente era necesario? ¿Para qué se iban a ocupar de los trenes, las carreteras y los aviones ―esos en los que los españoles se han empeñado en viajar, los colapsan, los saturan y viven situaciones humillantes― que, según usted, están en el mejor momento de su historia? ¿Qué importancia puede tener que los peajes de la AP-9, la autopista del Atlántico, sean desorbitados, arruinen los bolsillos de las empresas gallegas, resten competitividad a la economía gallega y tengamos que dedicar tiempo a ver si podemos solucionarlo si hay una manera mucho más fácil de organizar una trama ministerial ocupada en llenarse los bolsillos? ¿Para qué se van a preocupar de los aviones, de los trenes o de las autopistas, para qué, si a ustedes los españoles no les importan absolutamente nada? (Aplausos).

Bien, vamos al tema. Ustedes nos proponen hoy que traspasemos la titularidad de la autopista del Atlántico, de titularidad del Estado, a la Comunidad Autónoma de Galicia. Como usted ha dicho, se trata de una de las principales vías gallegas, pagada con el dinero de todos los españoles, con fondos europeos y que vertebra todo el territorio gallego. Es la que comunica a las principales ciudades gallegas y de la que depende en mayor medida la actividad económica de Galicia. Esa autopista, que forma parte de la Red de Carreteras del Estado, debería según ustedes dejar de serlo y pasar a ser de titularidad autonómica. Pues, mire, nosotros no estamos de acuerdo y siento contravenir la afirmación del diputado popular cuando ha dicho que escuche al resto de grupos. Escúchenos a nosotros porque no estamos de acuerdo. Además, ustedes pretenden que, una vez traspasada la titularidad de esa autovía, los costes que se generen siga sufragándolos el Estado. Eso es injusto y también va a generar agravios. Además, somos conscientes de que esa transferencia no va a solucionar ningún problema. No va a mejorar la gestión, no va a rebajar los peajes y, además, es absolutamente imposible rescatar esa concesión porque tiene un coste milmillonario. A lo único a lo que podemos aspirar es a que de una vez por todas se resuelva ese expediente de infracción que tiene abierta la Comisión Europea y nos devuelva la titularidad, declarando ilegal una concesión que hicieron ustedes. Para lo demás, no cuenten con nosotros.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Grazas, presidenta. Señor Puente, vou cometer unha extravagancia parlamentaria. Vou dedicar a miña intervención a falar do tema que hoxe nos trae aquí, porque a min si que me interesa o que pasa no meu país. Obviamente, SUMAR comparte boa parte do que nos dixo hoxe aquí; de forma especial o enorme esforzo económico que está a facer o goberno de coalición do Partido Socialista e de SUMAR para aliviar a inaceptable carga que soportan os usuarios da Autoestrada do Atlántico. Nunca antes ningún Goberno puxo tantos recursos públicos para bonificar as abusivas peaxes que cobra a empresa privada que explota a AP 9. Pero tamén, señor Puente, neste punto temos unha diferenza. Bonificar peaxes con fondos públicos é, sen dúbida, un alivio para os usuarios, pero non soluciona o problema, porque o problema é a anomalía de que unha empresa privada, propiedade de fondos de inversión multinacionais —‌holandeses e norteamericanos— explote o eixo que articula territorialmente Galicia, o meu país. Explotar no dobre sentido da palabra: a concesión e a cidadanía. Señor Puente, a empresa recoñeceu nas súas contas públicas que dende agora ata o ano 2048 vai cobrar peaxes por un importe de 9526 millóns de euros, 10 000 millóns de euros en peaxes ata que remate o período da concesión, escrito nas contas públicas do plan financeiro da empresa. Coa ratio actual de beneficios sobre ingresos, a empresa vai embolsarse 5000 millóns de euros en beneficios. É inaceptable, é unha obscenidade. Son beneficios desproporcionados que só se poden explicar porque a empresa explota en réxime de monopolio a única vía que articula o transporte por estrada en Galicia. Se garantiza un elevado nivel de usuarios a pesares de que cobra peaxes, como vostede dixo, as máis altas do Estado e claramente abusivas. Por iso, SUMAR cremos que a solución é recuperar para o público a Autoestrada do Atlántico. Non hai outra solución para acabar co espolio. E quero darlle a benvida a o señor Celso Delgado, brillante deputado do Partido Popular, por incorporarse a este novo consenso do rescate da AP 9 Señor ministro, canto máis bonifiquemos as peaxes, máis usuarios vai ter a autoestrada e, polo tanto, máis cartos vai gañar e máis cartos lle vai custar aos presupostos do Estado. Vostede o sabe, pero eu creo que debe coñecelo todo o mundo. As bonificacións e as peaxes na sombra teñen un elevadísimo custo público que financia un enorme beneficio privado. Aquí vostede deu varias cifras e outros portavoces tamén. Eu as teño sumadas e digo que coas peaxes na sombra e as bonificacións actuais, o Goberno ten comprometido 3400 millóns de euros ata o ano 2048; 3400 millóns de euros que van saír do peto de toda a cidadanía española para engrosar eses 5000 millóns de beneficios que van ter os fondos holandeses e canadenses, que son propietarios da empresa. Non estamos de acordo con este modelo de beneficios privados a conta do público. Por iso, dicimos que a solución é recuperar a Autoestrada do Atlántico para o público.

Pero non é só unha cuestión económica, é tamén fundamentalmente un modelo de transporte no que nós cremos. A mobilidade non debe ser unha área de negocio privado, senón que debe estar ao servizo da articulación económica e social dos territorios. En realidade, dos 165 375 quilómetros de estradas que hai en España, dos 17 660 quilómetros de vías de gran capacidade, só 865 quilómetros están xestionados por empresas privadas a través de concesións de peaxe e en 2026, cando remate a concesión BilbaoZaragoza, quedarán por debaixo de 600 quilómetros. Levamos tanto tempo pagando peaxes que nos esquecemos da anomalía que supón a propia existencia de autoestradas explotadas por empresas privadas. Parécenos normal, pero en realidade son tramos da rede estatal privatizados, explotados por lobbies da construción e fondos de investimento, moitos deles estranxeiros, que converten en negocio privado o que debería ser unha infraestrutura pública.

Señor Puente, non é casualidade —‌atento a isto que lle vou dicir— que a autorización de concesións para explotar autoestradas de peaxe en España só se fixera con Franco e con Aznar. E tampouco é unha casualidade que dende o ano 2018 non se prorrogara ningunha das concesións que foron vencendo, de tal forma —‌como dixo vostede— que 1029 quilómetros de autoestrada de peaxe pasaron a ser xestionados polo Estado. Por certo, que o Estado tamén tivo que rescatar da quebra as nove autoestradas que foron licitadas por Aznar e que tiveron un custo próximo aos 4000 millóns de euros de recursos públicos. Vou determe aquí. A relación de Aznar coas autoestradas é tan sinistra como o propio personaxe, porque foi un Goberno de Aznar o que prorrogou por vinte e cinco anos a concesión da AP 9, que xa debería ser pública e sen peaxes dende agosto do ano pasado; unha prórroga da concesión que hoxe xa sabemos que, ademais de inxusta, foi ilegal, tal como entende a Comisión Europea.

Vou citar de forma literal dúas frases da carta de emprazamento que lle dirixiu a vostede a Comisión Europea o 24 de abril deste ano. A primeira di: Al modificar y prolongar durante veinticinco años la concesión de la autopista AP-9, el Reino de España infringió los principios generales de igualdad de trato y de transparencia.

A segunda é aínda máis explícita contra o Goberno de Aznar. Literalmente: El verdadero objetivo de la prórroga de la AP-9 por veinticinco años era aumentar sustancialmente su valor para conseguir una venta futura más rentable.

Porque pasaron xa vinte e cinco anos e isto está prescrito, pero sen ningunha dúbida o expresidente Aznar merecíase unha investigación por presunta corrupción por estas decisións.

Para terminar, voume referir a un tema que se debateu hoxe aquí e noutra moción, que é o prezo que suporía recuperar para o público a Autoestrada do Atlántico. Existen metodoloxías diferentes para valorar unha compañía, pero, en realidade, unha compañía o que ten é un prezo de mercado que determina por cantos cartos está disposto a vendela o seu propietario e canto está disposto a pagar os que a queren comprar. E o sabemos, señor Puente, porque dende o ano 2016 producíronse múltiples operacións societarias en Itínere, que é o grupo onde está integrado Audasa, e, de todas elas, a valoración do total de Itínere, a empresa matriz de Audasa, está entre 1300 e 1500 millóns de euros. Como Audasa, a Autopista do Atlántico, apenas é o 60 % do grupo Itínere, o valor de mercado que ten a autoestrada está entre 780 e 900 millóns de euros.

Señor Puente, vou rematar facéndolle dúas preguntas e espero que non sexan retóricas. Que é mellor para o Estado? Investir agora 800 millóns de euros para recuperar para o público a AP 9 ou gastarse 3400 millóns de euros de recursos públicos ata 2048 subvencionando unha empresa privada? Que é mellor para a cidadanía galega, investir agora ou seguir pagando 10 000 millóns de euros de peaxes ata o ano 2048?

Remato. Señor Puente, como alcalde de Valladolid, vostede demostrou de que lado está neste debate e non lle tremeu o pulso para recuperar para o público o servizo municipal da auga ou o aparcadoiro da Praza Maio, con resultados moi positivos para as arcas municipais e para a mellora do servizo. Hoxe, como ministro de Transporte, pedímoslle que faga o mesmo, que non lle trema o pulso para recuperar a Autoestrada do Atlántico para o público, dando fin a un espolio, a unha anomalía, a unha ilegalidade que dura xa máis de vinte anos.

Gracias, presidenta. Señor Puente, voy a cometer una extravagancia parlamentaria. Voy a dedicar mi intervención a hablar del tema que hoy nos trae aquí, porque a mí sí me interesa lo que pasa en mi país. Obviamente, SUMAR comparte una buena parte de lo que usted nos ha dicho aquí; especialmente el enorme esfuerzo económico que está haciendo el Gobierno de coalición del Partido Socialista y SUMAR para aliviar la inaceptable carga que soportan los usuarios de la autopista del Atlántico. Nunca antes un Gobierno puso tantos recursos públicos para bonificar los peajes abusivos que cobra la empresa privada que explota la AP-9. Pero también, señor Puente, en este punto tenemos una enorme diferencia. Bonificar peajes con fondos públicos es sin duda un alivio para los usuarios, pero no soluciona el problema, porque el problema es la anomalía de que una empresa privada, propiedad de fondos de inversión multinacionales ―holandeses y norteamericanos―, explote el eje que articula territorialmente Galicia, mi país. Explotar en el doble sentido de la palabra: la concesión y la ciudadanía. Señor Puente, la empresa reconoció en sus cuentas públicas que desde ahora hasta el año 2048 va a cobrar peajes por un importe de 9526 millones de euros, 10 000 millones de euros en peajes hasta que termine el periodo de la concesión, escrito en las cuentas públicas del plan financiero de la empresa. Con la ratio actual de beneficios sobre ingresos la empresa se embolsará 5000 millones de euros en beneficios. Es inaceptable, es una obscenidad. Son beneficios desproporcionados que solo se pueden explicar porque la empresa explota en régimen de monopolio la única vía que articula el transporte por carretera en Galicia. Se garantiza un elevado nivel de usuarios a pesar de cobrar peajes; como usted dijo, los peajes más altos del Estado y claramente abusivos. Por eso, en SUMAR creemos que la solución es recuperar para el público la autopista del Atlántico. No hay otra solución para acabar con el expolio. Quiero desearle la bienvenida al señor Celso Delgado, brillante diputado del Partido Popular, por incorporarse a este nuevo consenso del rescate de la AP-9. Señor ministro, cuanto más bonifiquemos los peajes más usuarios tendrá la autopista y, por lo tanto, más dinero ganará y más dinero les costará a los presupuestos del Estado. Usted lo sabe, pero creo que tiene que conocerlo todo el mundo. Las bonificaciones y los peajes en la sombra tienen un elevadísimo coste público que financia un enorme beneficio privado. Aquí usted ha dado varias cifras y otros portavoces también. Yo las he sumado y digo que entre los peajes en la sombra y las bonificaciones actuales el Gobierno ha comprometido 3400 millones de euros hasta el año 2048; 3400 millones de euros que saldrán de la hucha de toda la ciudadanía española para engrosar estos 5000 millones de beneficios que tendrán los fondos holandeses y canadienses, que son los propietarios de la empresa. Nosotros no estamos de acuerdo con este modelo de beneficios privados a cuenta de lo público. Por eso, decimos que la solución es recuperar la autopista del Atlántico para lo público. Pero no es solo una cuestión económica, también es fundamentalmente un modelo de transporte en el que nosotros creemos. La movilidad no tiene que ser un área de negocio privado, sino que tiene que estar al servicio de la articulación económica y social de los territorios. En realidad, de los 165 375 kilómetros de carreteras que hay en España, 17 660 kilómetros son vías de gran capacidad y de ellos solo 865 kilómetros están gestionados por empresas privadas a través de concesión de peaje y en 2026, cuando concluya la concesión Bilbao-Zaragoza, quedarán por debajo de 600 kilómetros. Llevamos tanto tiempo pagando peajes que ya nos olvidamos de la anomalía que supone la propia existencia de autopistas explotadas por empresas privadas. Nos parece normal, pero en realidad son tramos de la red estatal privatizados, explotados por lobbies de la construcción y fondos de inversión, muchos de ellos extranjeros, que convierten en negocio privado lo que tendría que ser una infraestructura pública. Señor Puente, no es casualidad ―y atento a esto que le voy a decir— que la autorización de concesiones para explotar autopistas de peaje en España solo se haya hecho con Franco y con Aznar. Tampoco es casual que en el año 2018 no se prorrogasen ninguna de las concesiones que fueron venciendo, de tal forma —‌tal y como ha dicho usted— que 1029 kilómetros de autopista de peaje pasaron a ser gestionados por el Estado. Por cierto, el Estado también tuvo que rescatar de la quiebra las nueve autopistas que fueron licitadas por Aznar, con un coste próximo a los 4000 millones de euros de recursos públicos. Me detendré aquí. La relación de Aznar con las autopistas es tan siniestra como el propio personaje, porque fue un Gobierno de Aznar el que prolongó por veinticinco años la concesión de la AP-9, que ya debería ser pública y sin peajes desde agosto del año pasado; una prórroga de la concesión que hoy ya sabemos que, además de injusta, fue ilegal, tal y como lo entiende la Comisión Europea. (Aplausos).

Voy a citar de forma literal dos frases de la carta de emplazamiento que le dirigió a usted la Comisión Europea el 24 de abril de este año. La primera dice: Al modificar y prolongar durante veinticinco años la concesión de la autopista AP-9, el Reino de España infringió los principios generales de igualdad de trato y de transparencia.

La segunda es aún más explícita contra el Gobierno de Aznar. Literalmente cito: El verdadero objetivo de la prórroga de la AP-9 por veinticinco años era aumentar sustancialmente su valor para conseguir una venta futura más rentable.

Porque pasaron ya veinticinco años y esto está muy fresco, pero sin duda el expresidente Aznar se merecía una investigación por presunta corrupción por estas decisiones. (Aplausos).

Para terminar, me referiré a un tema que se ha debatido aquí hoy y en otras mociones: el precio que supondría recuperar para lo público la autopista del Atlántico. Existen metodologías diferentes para valorar una compañía, pero, en realidad, una compañía tiene un precio de mercado que determina por cuánto dinero está dispuesto a venderla su propietario y cuánto está dispuesto a pagar el que la quiere comprar. Y lo sabemos, señor Puente, porque desde el año 2016 se produjeron múltiples operaciones societarias en Itínere, que es el grupo en el que se integra Audasa, y, de todas ellas, la valoración del total de Itínere, la empresa matriz de Audasa se sitúa entre 1300 y 1500 millones de euros. Como Audasa, la autopista del Atlántico, apenas supone el 60 % del grupo Itínere, el valor de mercado que tiene la autopista está entre 780 y 900 millones de euros.

Señor Puente, terminaré haciéndole dos preguntas y espero que no sean retóricas. ¿Qué es mejor para el Estado, invertir ahora 800 millones de euros para recuperar para lo público la AP-9 o gastarse 3400 millones de euros de recursos públicos hasta 2048, subvencionando a una empresa privada? ¿Qué es mejor para la ciudadanía gallega, invertir ahora o seguir pagando 10 000 millones de euros en peajes hasta el año 2048?

Termino. Señor Puente, como alcalde de Valladolid, usted demostró de qué lado está en este debate y no le tembló el pulso para recuperar para lo público el servicio municipal de aguas o el aparcamiento de la plaza Mayor, con resultados muy positivos para las arcas municipales y para la mejora del servicio. Hoy, como ministro de Transportes, le pedimos que haga lo mismo, que no le tiemble el pulso para recuperar la autopista del Atlántico para lo público, dando por finalizado un expolio, una anomalía, una ilegalidad que dura ya más de veinte años. (Aplausos).

Muchas gracias, señora presidenta. Señor Puente, se imaginará usted que nosotros no venimos a esta comparecencia a participar en el circo del Partido Popular. Les recordamos a sus señorías de la derecha que llevan treinta y siete años gobernando casi ininterrumpidamente en Galicia, que la privatización de las autopistas la empezó el señor Aznar y que la recuperación de la AP-9 fue bloqueada sistemáticamente por un tal M. Rajoy que se negó siquiera a que pudiéramos tener un debate en esta Cámara y obligando a los gallegos y a las gallegas a seguir pagando uno de los peajes más caros de Europa. Siguen ustedes, como entonces, queriendo tratar a la gente como idiotas. Creo que, a ustedes, señorías del Grupo Popular, les importa un carajo lo que pase con la AP-9 y la movilidad en Galicia, pero tienen aquí una oportunidad de volver a jugar esta batallita bipartidista, como hemos visto a lo largo de toda la mañana, con esos casos de corrupción y el «y tú más», a ver cuál de los dos partidos es más corrupto. Sinceramente, ya que le tenemos aquí, señor Puente, nosotras queríamos aprovechar para abordar una cuestión que a mi grupo político ―y no creo que solo a mi grupo político, sino a gran parte de la ciudadanía, independientemente de lo que vote en las urnas― le preocupa, y es que a principios de este mes usted anunciaba en el programa Hora 25 que su ministerio prevé acabar con la gratuidad del transporte público una vez finalice el año 2024. Es decir, que la intención del Ejecutivo, del cual usted forma parte, es acabar con una de las políticas que ha sido más valorada en los últimos tiempos por la ciudadanía, y que acometió el Gobierno de coalición en la pasada legislatura. Es cierto que usted es nuevo en el Consejo de Ministros, señor Puente, y también es cierto que la cartera que usted ocupa no se ha caracterizado por su valentía. Nosotras creemos que usted debe estar dando gracias por que no le hayan tocado las competencias de vivienda viendo el disgusto y el descontento que tiene la ciudadanía de nuestro país ―lo demostró el otro día saliendo a la calle― por las políticas rentistas que está desarrollando su Ejecutivo y, en concreto, la ministra «casera», Isabel Rodríguez.

Es cierto que usted merece una oportunidad, al margen de lo que hicieran sus antecesores. Creemos que con las competencias que usted tiene debería escuchar a la ciudadanía, porque el transporte público y gratuito, señor ministro, no es nada más y nada menos que la mayor conquista lograda por la ciudadanía de este país en décadas, si hablamos en términos de movilidad pública y sostenible. Esta medida, que fue inicialmente pensada para combatir la inflación, ha tenido efectos absolutamente espectaculares en términos de incorporación de la sociedad a la movilidad pública, pero también en el alivio a los bolsillos de los españoles y las españolas y en la reducción de emisiones contaminantes vinculadas al tráfico. Solo en el primer año de funcionamiento, señor Puente, la gratuidad del transporte público logró más usuarios que nunca. De hecho, aumentó casi en un 20 % el número de usuarios y usuarias del transporte público. Eso en el año 2023, pero, si hablamos del año 2024, en verano conocíamos también un dato muy significativo, y es que el número de usuarios ha aumentado un 7 % con respecto a los datos del año 2023. La aprobación de la gratuidad del transporte público ha hecho que tengamos cifras récord: 5100 millones de usuarios del transporte público en el año 2023 y se prevé que aumente unos 400 millones más de aquí a que finalice el año 2024. Haga usted los cálculos, señor ministro, de lo que esto significa en la reducción de emisiones en un país en que la mayor parte de nuestro territorio está en riesgo de desertificación por una crisis climática que aún hoy algunos niegan.

Como decíamos, señor ministro, nosotros no hemos venido aquí a participar de ningún circo, sino a poner sobre la mesa propuestas como siempre ha hecho nuestro grupo. Señor ministro, yo represento una tierra que es Canarias, en la cual hemos gozado a lo largo de todo este tiempo de este transporte público y gratuito y queremos mantener estas condiciones para la ciudadanía de Canarias. Por eso vengo aquí a hablarle de un instrumento que se aprobó justo aquí, en el Parlamento estatal, que es el Régimen Económico y Fiscal de nuestra tierra. En Canarias hay 750 000 personas en vulnerabilidad; además, tenemos unas condiciones de insularidad que dificultan muchísimo la movilidad de nuestra población. Por lo tanto, a nosotros no se nos ocurre una mejor manera que utilizar el Régimen Económico y Fiscal, el REF, para que se garantice que el transporte público siga siendo gratuito en Canarias, un territorio, señor Puente, que tiene el 80 % de su superficie en riesgo de desertificación.

Creo que podría usted coger el teléfono, llamar al presidente, el señor Clavijo, y decirle que se pueden poner a trabajar conjuntamente para que el transporte público y gratuito quede recogido en nuestro REF, y así los canarios y canarias no se tengan que preocupar por si tienen o no dinero en el bolsillo para poder tener una movilidad pública garantizada. Si usted realmente quiere demostrar que su Gobierno tiene la predisposición de hacer políticas de transporte diferentes a las que nos ha hecho a lo largo de todo el tiempo la derecha, está usted en disposición de hacerlo. ¿Está usted dispuesto a garantizar a los canarios que el transporte público ha venido para quedarse? Y no solo para los canarios y canarias ―que, por supuesto, queremos seguir manteniendo el derecho que hemos conquistado―, sino también ampliarlo al resto de la ciudadanía de nuestro país.

Gracias, señor ministro. (Aplausos).

Obrigado, señora presidenta. Moi boa tarde. Señor ministro, debatemos aínda a semana pasada sobre este asunto e por tanto, eu non vou reiterar os argumentos, especialmente en relación coa importancia que a AP-9 ten para o noso país, para Galiza, e por tanto, tamén a consecuencias que implica ter unha autoestrada coas peaxes máis altas do Estado español e cunha concesión de longa duración de setenta e cinco anos para todos os galegos e galegas e para o tecido produtivo e empresarial do noso país. Vostede mesmo fixo referencia a iso, por tanto, parto de que é consciente de que é así e ademais recoñeceu que isto é unha inxustiza, unha inxustiza que se estende a discriminación cando constatamos datos que vostede acaba de facilitar que no período 2018—2023 mil vinte e nove quilómetros de autoestradas de peaxe pasaron a ser libres sen pagamento. En canto na Galiza, continuamos con máis de douscentos quilómetros, que articulan o conxunto do noso país, en que temos que continuar pagando peaxe se non o remediamos, se non o remediamos, e espero que si o fagamos, até o ano 2048.

É unha inxustiza e é unha discriminación. Vostede recoñece isto, e no entanto, pois continúa asegurando que non é posíbel o rescate. Nós dicímoslle que si. Para iso, para que non sigamos falando nin sobre estudos de parte nin sobre vaguidades, lle pedimos máis unha vez, esperemos que hoxe sexa aprobada de novo esta moción, que o Ministerio faga un estudo propio, que cuantifique cal vai ser o custo desa recuperación para o público da AP-9. Nós temos a certeza de que vai ser non só beneficiosa para os galegos e galegas, que si, senón tamén vantaxosa para as arcas públicas. E aquí xa se deron algúns datos. Eu mesmo os dei onte na defensa da moción do Bloque Nacionalista Galego.

A cuantificación que se fai das bonificacións que xa existían até o ano 2048 sobrepasa os dous mil trescentos millóns de euros. Se a iso engadimos as peaxes na sombra, estamos falando dunha cantidade que supera os tres mil millóns de euros. Por tanto, estamos falando de contías que, practicamente con absoluta certeza, van sobardar, o que pode implicar o custo de recuperación desa autoestrada para alén de que está no horizonte, e todos o sabemos porque hai precedentes, que hai un procedemento de infracción da Comisión Europea que se vostedes o levan ao Tribunal de Xustiza da Unión Europea, non deberían facelo, vai acabar cunha sentenza que obrigue a recuperar a AP-9. Non nos obriguen aos galegos e galegas a continuar pagando, actúen por propia iniciativa.

En segundo lugar, en relación coas bonificacións que vostede di que son sen precedente. Si, ten razón. Son bonificacións sen precedentes. Houbo outras anteriores que foron moi parciais. Estas son de carácter xeral, o BNG levou, como sempre fixo, a proposta á negociación co Partido Socialista dunha AP-9 galega libre de peaxes. Pero nós somos conscientes de que cando se trata de negociar entre as partes, pois hai que buscar un punto de encontro e ese punto de encontro posíbel foi esas bonificacións, que están en vigor desde o ano 2021 e que foron moi útiles para aliviar a carga dos galegos e galegas e agradecémoslles sinceramente que vostede se comprometese aquí e que cumprise xa, aprobando o trámite de urxencia, para que se poñan en marcha canto antes as previstas no acordo de investidura BNG-Partido Socialista do ano 2023, que se poñan en marcha este ano, porque creo que o conxunto dos galegos e galegas nolo van agradecer, pero tamén insistimos que esta non pode ser a solución definitiva. A solución definitiva é o rescate.

En relación coa transferencia, en fin, eu se quere doulle a volta ao argumento, non vou entrar en que é máis importante, pero doulle a volta ao argumento. ¿Vai funcionar peor porque estea mal da Administración galega? Eu estou seguro que non. E non me diga que agora goberna o Partido Popular porque este tipo de cuestión non se poden valorar en función de quen goberna en cada momento. Para alén de que teña vostede a certeza que, coñecidas as tendencias, o Partido Popular ten os días contados no Goberno galego. Non lle caiba ningunha dúbida de que non van permanecer moito tempo no Goberno galego.

E unha última cuestión que, como vexo é que acabo o tempo, pois seguramente farei referencia a ela na réplica. En todo caso, alegrámonos de que o Partido Popular rectificase as súas políticas en relación coa AP-9 a dúbida que nos queda é si é unha rectificación sincera ou simplemente porque agora están na oposición e actúan de maneira diferente que cando están no goberno. Moito obrigado.

Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Señor ministro, debatimos ya la semana pasada este asunto. Por lo tanto, no voy a repetir los argumentos, especialmente en relación con la importancia que tiene la AP-9 para nuestro país, para Galicia, y, por lo tanto, las consecuencias que implica tener una autopista con los peajes más elevados del Estado español y con una concesión de larga duración, de setenta y cinco años, para todos y todas las gallegas y todo el tejido productivo industrial del país. Usted ya ha hecho referencia a ello, por lo tanto, parto del hecho de que es consciente de que es así. Además, ha reconocido que esto es una injusticia, una injusticia que se extiende a la discriminación cuando constatamos —‌datos que usted acaba de facilitar— que en el período 2018-2 023 1029 kilómetros de autopistas de peajes pasaron a ser libres, sin pago, mientras que en Galicia continuamos con más de 200 kilómetros que articulan el conjunto de nuestro país en los que tenemos que seguir pagando peajes. Si no lo remediamos —y‌ espero que sí lo hagamos antes del año 2048— es una injusticia y es una discriminación. Usted reconoce esto y, sin embargo, sigue asegurando que no es posible el rescate, y nosotros decimos que sí. Para ello, para que no sigamos hablando ni de estudios de parte ni vaguedades, le pedimos una vez más —y‌ esperemos que hoy sí se apruebe esta moción— que el ministerio haga un estudio propio para que cuantifique cuál será el coste de esta recuperación para el público de la AP-9. Nosotros tenemos la certeza de que será no solo beneficioso para gallegos y gallegas, que lo será, sino también una ventaja para las arcas públicas. Aquí ya se han dado datos, incluso los que ha mostrado el Bloque Nacionalista Galego en la moción de ayer. La cuantificación que se hace de las bonificaciones que ya existían hasta el año 2048 supera los 2300 millones de euros, y si a eso le añadimos los peajes, estaremos hablando de una cantidad que supera los 3000 millones de euros. Por lo tanto, hablamos de cuantías que prácticamente, con absoluta certeza, van a mejorar lo que puede implicar el coste de recuperación de las autopistas privadas, más allá de que en este horizonte —y‌ todos lo sabemos, puesto que hay precedentes— hay un procedimiento de infracción de la Comisión Europea, que si ustedes lo llevan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea —‌no deberían hacerlo—, acabará con una sentencia que obligue a recuperar la AP-9. No nos obliguen a los gallegos y gallegas a seguir pagando. Actúen por propia iniciativa.

En segundo lugar, en relación con las bonificaciones, usted dice que no tienen precedentes. De acuerdo, tiene razón, son bonificaciones sin precedentes. Ha habido otras anteriores muy parciales y estas son de carácter general. El BNG, como siempre lo hizo, llevó la propuesta a la negociación con el Partido Socialista de una AP-9 gallega libre de peajes. Somos conscientes de que cuando se trata de negociar entre las partes, hay que buscar un punto de encuentro, y este punto de encuentro posible fueron estas bonificaciones que están en vigor desde el año 2021 y que fueron útiles para aliviar la carga de gallegos y gallegas. Le agradecemos sinceramente que usted se haya comprometido aquí y que haya cumplido aprobando el trámite de urgencia para que se tomen en marcha cuanto antes las previstas en el acuerdo de investidura BNG-Partido Socialista del año 2023, que se pongan en marcha este año, puesto que el conjunto de gallegos y gallegas nos lo agradecerá. Insistimos, esta no puede ser la solución definitiva; la solución definitiva es el rescate.

En relación con la transferencia, si quiere puedo dar la vuelta al argumento. No voy a entrar en qué es más importante, pero le doy la vuelta al argumento. ¿Funcionará peor porque esté en manos de la Administración gallega? Estoy seguro de que no. Y no me diga que ahora gobierna el Partido Popular, porque este tipo de cuestiones no se pueden valorar en función de quién gobierna en cada momento; más allá de que usted tenga la certeza de que, conocida la tendencia, el Partido Popular tiene los días contados en el Gobierno gallego. No le quepa duda alguna de que no van a permanecer mucho tiempo en el Gobierno gallego.

Hay una última cuestión que, como veo que se me acaba el tiempo, seguramente haré referencia a ella en la réplica. En todo caso, nos alegramos de que el Partido Popular rectificase sus políticas en relación con la AP-9. La duda que nos queda es si es una rectificación sincera o si simplemente es porque ahora están en la oposición y actúan de manera diferente a cuando estaban en el Gobierno.

Muchas gracias.

Grazas, presidenta, señorías, ministro. A verdade, señor Delgado, que defraudoume vostede, non? Porque a verdade é que sacar a corrupción neste debate dá unha idea cabal de dúas cousas: do pouco que lle importa a corrupción no seu partido político e do pouco que lle importa tamén Galicia porque, señorías, vostede O coñece, pero sabe que eu veño, eu veño dunha provincia onde o Partido Popular, nomeadamente a presidenta provincial do Partido Popular en Lugo, por orde do señor Feijóo, levou ao xulgado anónimos falsos para acabar coa carreira política dos seus adversarios. E aquí, señorías, vailles acontecer o mesmo que aconteceu alí en Galicia, que a vostedes se lles caerán todas as falsidades que difunden a diario e dígolles unha cousa máis, coma sempre, non pedirán perdón polas súas mentiras. Estamos máis que acostumados, pero a verdade é que xa sabemos como actúan vostedes e como actuamos nós, ante os supostos casos de corrupción.

Miren, onte, o señor Puig, o que eu lle teño grande aprecio, dicía que non quería falar de cronoloxía dos feitos e que quería falar de quilometraxe; é verdade que levamos percorrido moitos quilómetros no debate da transferencia da AP-9, pero é verdade é que hai que poñer tamén unha cronoloxía a estes feitos e falar da hipocrisía do Partido Popular, e nomeadamente do señor Feijóo, co tema que ten que ver coa AP-9.

Gracias, presidenta. Señor Delgado, me ha defraudado usted, porque sacar la corrupción en este debate da una idea cabal de dos cosas: lo poco que le importa la corrupción a su partido político y lo poco que le importa también Galicia. (Aplausos). Señorías, ustedes lo conocen, pero usted sabe que yo vengo de una provincia en la que el Partido Popular nombró a la presidenta provincial del Partido Popular en Lugo por orden del señor

Feijóo y llevó al juzgado acrónimos falsos para acabar con la carrera política de sus adversarios. (Aplausos). Aquí, señorías, les va a suceder lo mismo que ha sucedido allí en Galicia: a ustedes se les caerán todas las falsedades que difunden a diario. Les digo una cosa más: como siempre, no pedirán perdón por sus mentiras. Estamos más que acostumbrados, pero la verdad es que ya sabemos cómo actúan ustedes y cómo actuamos nosotros ante los supuestos casos de corrupción.

Bien. Ayer el señor Puig, a quien yo tengo gran aprecio, decía que no quería hablar de cronología de los hechos, que quería hablar de kilometraje. Es verdad que llevamos recorridos ya muchos kilómetros en el debate de la transferencia de la AP-9, pero es cierto que también hay que poner cronología a estos hechos y hablar de la hipocresía del Partido Popular y, sobre todo, del señor Feijóo con el tema que tiene que ver con la AP-9.

Quiero recordar que en el año 2000 fue el señor Aznar el que prorrogó esta concesión hasta el año 2048. En el año 2003 el señor Aznar privatizó Audasa, y quiero recordar que en ese momento Feijóo era concelleiro de Infraestructuras en la Xunta de Galicia y no dijo ni mu ante esta privatización. (Aplausos). Posteriormente, en el año 2007, siendo el señor Núñez Feijóo diputado autonómico en la oposición ― estaba gobernando el presidente Touriño y había también un presidente socialista aquí en Madrid―, se le ocurrió la idea, solo cuatro años después, de empezar a pedir la transferencia.

Como digo, cuatro años después de haber privatizado Audasa, al señor Feijóo se le ocurrió solicitar la transferencia. Pero, claro, ahí está la herencia. Lo pidió en el año 2007, y después, cuando llegó a la Xunta de Galicia, también lo hizo con una campaña de bulos y mentiras. Esa también es la herencia del señor Feijóo. (Aplausos). Todos y todas nos acordamos de aquella campaña de elecciones autonómicas. Por cierto, en este año 2003, con una acción del señor Aznar y el silencio cómplice del señor Feijóo, cuando Aznar privatizó esta empresa al poner en venta las condiciones a la concesión no se reservó ese margen de maniobra, eso que conocemos como la acción de oro. Claro, que estábamos en ese momento en el que el Partido Popular privatizaba empresas, en el momento en que se privatizó Inespal ―yo vengo de la comarca de La Mariña―, y no fueron ni siquiera capaces de reservarse esa acción de oro.

Por lo tanto, después de que el señor Feijóo llegara a la Xunta de Galicia se olvidó de pedir esa transferencia. Después, ¿qué hacían en el Parlamento de Galicia cuando se trataba el tema de la transferencia? Muchas veces, el Grupo Popular votaba en contra de instar esa transferencia y, después, en algún momento decidió votar a favor de esa transferencia en el Parlamento de Galicia, porque sabían que cuando esa iniciativa llegara aquí, a Madrid, habría dos gallegos, uno que era presidente del Gobierno de España y otra que, en un momento, fue ministra y, después, presidenta de esta casa, que se dedicaron a vetar, incluso, la toma en consideración de esta ley. Esos son los antecedentes que tiene el Partido Popular. Ustedes bloquearon ―repito― hasta en dos ocasiones el debate de esta toma en consideración en este Congreso de los Diputados, y se desbloqueó este debate cuando en el año 2018 Pedro Sánchez llegó al Gobierno de España. Estas cosas hay que recordarlas, señorías. (Aplausos). También fue a partir de junio de 2018 cuando al señor Feijóo le entraron esas prisas por solicitar transferencias al Estado. Yo les quiero dar un dato: el señor Feijóo, en todos sus años de mandato, consiguió cero transferencias para Galicia. Y lo peor no es que no las consiguiera, es que ni siquiera las solicitó, y por ese ritmo también va el señor Rueda.

Hablando de ese texto que ahora está en esta Cámara, esa proposición de ley orgánica de transferencia, quiero recordarles ―yo fui ponente de ese texto en el Parlamento de Galicia― que allí solo lo impulsaron cuando se dieron cuenta de que el señor Feijóo no gobernaría aquí en España ―miren las fechas de la tramitación de este proyecto de ley orgánica en el Parlamento de Galicia―. Cuando se dieron cuenta de que el señor Feijóo no gobernaría aquí en España, fue cuando lo impulsaron en el Parlamento de Galicia para que viniera aquí. Ustedes quieren ese impulso para la tramitación de esa ley orgánica, y yo les digo: lo van a tener. En el Parlamento de Galicia, por la mayoría absoluta que tiene el Grupo Popular, se ventilaron en una ponencia de menos de cinco minutos el asunto, sin tener en cuenta las enmiendas; ni siquiera valoraron ni estudiaron las enmiendas que presentamos otros grupos políticos.

El señor Feijóo ahora pide transferencia y rescate de esta autopista, pero quiero recordarles también que cuando el señor Feijóo tuvo la posibilidad de rescatar las autovías gallegas no lo hizo. En el año 2014 ―usted, como yo, lo sabe― cuando determinadas concesionarias de las autovías de Salnés, Barbanza y Celanova solicitaron a la Xunta de Galicia 205 millones de euros más porque el tráfico de vehículos era inferior al esperado, ¿qué hizo la Xunta de Galicia? ¿Qué hizo el señor Feijóo? ¿Por qué no rescató esas autovías en el año 2014? Hubiera salido mucho más beneficioso económicamente a todos los gallegos y las gallegas? ¿Por qué acudió al rescate de esas concesionarias y no acudió al rescate del bolsillo de los gallegos y las gallegas? Cuando esas concesionarias le solicitaron el reequilibrio económico a la Xunta de Galicia ―por cierto, este reequilibrio económico no estaba permitido por los pliegos, no estaba permitido por la normativa―, ¿qué hizo el señor Núñez Feijóo para salir en auxilio de estas concesionarias? Pues, por la puerta de atrás, vía ley de acompañamiento de los presupuestos generales de la Xunta del año 2014, modificó las reglas de juego. A mitad del partido modificó las reglas de juego para salvar a esas concesionarias, lo que nos supuso 205 millones de euros más y 44 millones más de sobrecoste a los gallegos y las gallegas (aplausos), y no lo dice el Partido Socialista, lo dice el informe del Consello de Contas, como ustedes bien saben. Feijóo, todo un experto en sobrecostes.

Ustedes ahora piden transferencia y rescate, y nosotros, desde luego, no estamos en contra de ello, pero hoy en día hay que ser también sensatos. Hay un procedimiento abierto en la Comisión Europea ―la gente que ha intervenido antes que yo ya lo ha dicho― y habrá que esperar a que se decrete si esa prórroga concedida hasta el año 2048 es ilegal o no, porque, por mucho que quieran el señor Rego y el señor Lago, la ilicitud o la ilegalidad o legalidad no la marcamos nosotros, sino que vendrá dictaminada cuando la Comisión Europea termine ese expediente.

Por lo tanto, nosotros, agradecemos mucho al ministerio esa responsabilidad, esos cálculos rigurosos y que adopte las decisiones teniendo en cuenta todas las consecuencias que puedan resultar de adoptar una solución u otra. Mientras, ¿en qué se está trabajando? Ahí están, desde el año 2021, esas bonificaciones históricas en los peajes de la AP-9. Nunca ningún Gobierno ―lo dijo también el señor Lago― puso tanto dinero. Bueno, es que nadie puso ni un euro para bonificar esos peajes; fue este Gobierno, en el año 2021, el que llevó a cabo esas bonificaciones históricas en los peajes. Quiero recordar que fue ese Gobierno socialista, porque el mecanismo para llevarlo adelante fueron los presupuestos generales del año 2021, y ahí no contamos con el apoyo del Bloque Nacionalista Gallego ni tampoco con el del Grupo Popular. (Aplausos).

Agradecemos, desde luego, ese anuncio de que se van a ampliar esas bonificaciones ―está en el acuerdo de investidura entre el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Gallego― y agradecemos la sensibilidad que está teniendo también el ministerio con Galicia. Lo que pedimos a la Xunta de Galicia y al señor Feijóo es que apliquen lo mismo en Galicia. En Galicia hay dos autovías con peajes, la AG-55 y la AG-57, y no tienen bonificaciones parecidas, ni de lejos, a las que tiene la AP-9 y que pone en marcha este Gobierno. Por tanto, yo les pregunto si van a instar a sus compañeros en la Xunta a que hagan esas mismas bonificaciones en esas dos autovías que son de titularidad gallega, la AG-55 y la AG-57. (Aplausos). Por cierto, engañaron a los gallegos: la AG-55 iba a ser libre de peajes y, después, tiene unos peajes. Apliquen a estas autovías que son de titularidad autonómica los mismos peajes que está aplicando el Gobierno de España en la AP-9. Por tanto, mucha es la hipocresía del Partido Popular en muchos temas, pero sobre todo en el de la AP-9.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, presidenta.

La verdad es que ya empiezo a acostumbrarme a que se pida una comparecencia para hablar de un tema y que algunos grupos empleen más de la mitad de su tiempo para hablar de otros. Fíjense en que yo, que soy un parlamentario nuevo, a veces tengo la sensación de que hay más rigor ―y lo digo con pesar― en alguna comunidad de propietarios, en sus debates, en sus asambleas, que en el Parlamento de España, y lo digo con tristeza. Hay un tema y, por tanto, cíñanse ustedes a la cuestión.

Pero a mí no me gusta eludir ninguno de los asuntos que se abordan. El señor Delgado me reprocha, en la mitad del tiempo que tenía para dedicarle a la AP-9, el caso Koldo; me lo reprocha, a mí, y me lanza un reproche consistente en decirme que la auditoría que he encargado en el ministerio es insuficiente. Fíjese, señor Delgado, su partido se ha visto afectado a lo largo de su historia por numerosos casos de corrupción. El relato es enorme ―yo no lo voy a reproducir―, se remonta a la propia fundación del Partido Popular. Les recuerdo que el primer caso de corrupción en España fue el denominado caso Naseiro, allá por el año 1992. Con ocasión de aquel caso de corrupción, Vicente Sanz le decía entonces a Eduardo Zaplana, en unas escuchas que luego se anularon ―es verdad que perseguirles a ustedes en el ámbito judicial en casos de corrupción ha sido siempre especialmente difícil―: Estoy en política para forrarme. Fíjense dónde ha acabado el señor Zaplana.

Pero yo le voy a lanzar una pregunta, señor Delgado ―no quiero hacerle el recordatorio―: ¿en alguno de sus múltiples casos de corrupción, en alguno o en uno, alguna vez iniciaron ustedes alguna investigación interna como la que he hecho yo en mi ministerio? (Aplausos). Por favor, si lo hicieron, estoy dispuesto a pedir disculpas, a reconocer que ustedes, cuando les ha afectado algún caso de corrupción, han tenido un comportamiento ejemplar y han tomado la decisión de investigar por su cuenta; si no, la auditoría le parecerá insuficiente, pero es bastante más de lo que ha hecho nunca el Partido Popular en ninguno de los casos de corrupción que le han afectado. A usted le parece insuficiente, pero a algunos les ha parecido excesiva.

Mire, y se lo digo con todo respeto ―entro en el tema que es objeto de esta comparecencia―, que hayan sido ustedes los promotores de esta comparecencia demuestra, a mi juicio, un grado de desfachatez descomunal, y diría que insuperable. La semana pasada quisieron ustedes convencernos de que no sabían lo que votaban y hoy lo que pretenden es que ignoremos su pasado y les ayudemos a reescribir su papel en esta historia. Pues conmigo no cuenten. Se lo voy a decir muy claro: el único culpable de que Galicia sea la comunidad autónoma de España con el mayor número de kilómetros de peaje y de que el fin de la concesión de la AP-9 esté fijado en el año 2048, setenta y cinco años después de su inicio, es el Partido Popular. (Aplausos). Una cosa es que quieran ustedes pasar por tontos y otra que nos tomen por tontos a los demás. A ese juego no me presto.

Es verdad que la estrategia no es nueva, y no es que tiren la piedra y escondan la mano, es que buscan culpar a los demás de lo que son sus propias tropelías o atribuirse el mérito de la solución de los problemas que ustedes causan, es decir, es el papel de bombero pirómano que tan habitualmente ejercen. Lo hicieron, por ejemplo, en Murcia, donde quisieron colgarse la medalla de que el AVE llegara soterrado a la ciudad de Murcia, después de que ustedes fueran los que apalearon a los vecinos que se manifestaban en pro del soterramiento. El otro día veía al senador del Partido Popular, que entonces era delegado del Gobierno, participar en un foro, creo que en Navalmoral de la Mata, como experto en materia de soterramientos. Fue a contarles la experiencia, y me preguntaba yo: ¿qué les irá a contar a los murcianos, que él se encargó como delegado del Gobierno de apalear a los murcianos cuando pedían el soterramiento? (Aplausos). Porque esa es toda su experiencia en la materia. Y lo siguen haciendo ahora instrumentalizando las incidencias ferroviarias que hemos padecido, a sabiendas de que fueron ustedes los que abandonaron el tren durante los siete años en los que gobernó Mariano Rajoy. Y es que serían ustedes capaces de robarle las llaves del cielo a San Pedro y luego reprobarle por ser un portero negligente.

Son ustedes capaces de casi cualquier cosa, y con la AP-9 pretenden algo semejante. Mire, en el momento actual a mí no me corresponde valorar la legalidad de aquella prórroga de veinticinco años ― esto lo lanzo también al resto de grupos―, pero parece razonable inferir que si la concedieron fue porque sabían que poco después iban a privatizar la Empresa Nacional de Autopistas y que con ello lo que hacían era aumentar el precio de la operación a costa de los usuarios. Es decir, ustedes hicieron caja a costa de los gallegos. Eso es lo que hicieron en el año 2000. Tampoco voy a referirme a la empresa adjudicataria, cuyo presidente, Luis del Rivero, era un asiduo de la calle Génova y del tesorero de su partido, el señor Bárcenas, con el que reconoció haberse visto en numerosas ocasiones. Ustedes saben mucho de los encuentros que tienen los demás con no sé quién, pero de los que tienen algunos con ustedes no tienen recuerdo. Es bien sabido que el roce hace el cariño.

Pero lo evidente es que los culpables de que la AP-9 siga siendo una autopista de peaje tienen nombres y apellidos. Ustedes y solo ustedes decidieron la prórroga. Por eso yo no me he referido a la prórroga que acordó el Partido Socialista y que hubiera concluido en el año 2023, porque si ustedes no hubieran prorrogado la concesión hasta 2048, yo no estaría aquí hablando de este tema en este momento. Por tanto, es un dato absolutamente ocioso. Aznar era entonces el presidente del Gobierno; Álvarez Cascos, primero vicepresidente y luego ministro de Fomento; Fraga era el presidente de la Xunta y Feijóo su conselleiro de Ordenación del Territorio. Estábamos en 2003, era el año del trío de las Azores y, por lo visto, también era el año del cuarteto de la AP-9. ¿Le ha preguntado a su líder por qué no se opuso a la privatización y pidió en ese momento la transferencia de la titularidad de la autopista? Porque lo tiene usted muy cerca. ¿O por qué ha impedido recientemente que el Parlamento de Galicia investigue las circunstancias que rodearon la concesión y su privatización? ¿Por qué? ¿Por qué se han opuesto ustedes a ese debate en el Parlamento gallego? Cada vez que un gallego pague peaje debe saber quiénes son los responsables.

Es verdad que siendo presidente de la Xunta se convirtió el señor Feijóo, por arte de magia, en el adalid de la transferencia, pero de alguna manera tenía que ocultar que fue cómplice necesario de la prórroga y de la privatización. Tampoco recuerdo que sufriera mucho cuando la ministra de entonces, la señora Ana Pastor, dio calabazas al traspaso. Es que fue su ministra, del Partido Popular, la que se opuso al traspaso de la competencia. Más allá de decir el señor Feijóo que la decisión de Ana Pastor había sido un error y que lo lamentaba, porque era su amiga personal, no dijo gran cosa. Supongo que el señor Rueda tendrá palabras más gruesas hacia mí en relación con este asunto de las que tuvo el señor Feijóo hacia la ministra Ana Pastor. Lo que sí hizo el señor Feijóo, en cambio, fue presumir de que con él al frente de la Xunta esta dejaba de contribuir a las bonificaciones. Su argumento era que no iba a destinar el dinero público de los gallegos a una autopista estatal para que la concesionaria se enriqueciera injustamente. Es que hay que reírse, señorías.

Señor Delgado, hagamos un ejercicio de imaginación. Supongamos que se transfiriera la titularidad de la autopista. ¿Mantendría la Xunta las bonificaciones actuales a cargo de sus presupuestos? Llegados al caso, ¿pagaría la Xunta el rescate? ¿Asumiría su mantenimiento? ¿Es eso lo que nos están pidiendo? ¿O lo que pretenden es que sea este Gobierno el que asuma todos los costes y proceda al traspaso para que luego ustedes puedan volver a privatizarla y dar otro pelotazo? ¿De verdad cree que a los gallegos les importa más la titularidad de la infraestructura que lo que, por su culpa, tienen que seguir pagando?

Mire, nuestra política de peajes y la suya son no diferentes, sino opuestas. Conocemos muy bien cuál fue la gestión en materia de peajes de los Gobiernos del Partido Popular. Ustedes impulsaron las autopistas radiales que acabaron en quiebra y que tuvimos nosotros que rescatar. Prorrogaron sistemáticamente, y mucho antes de que vencieran, las concesiones, un total de ochenta y siete años, durante los Gobiernos de José María Aznar, entre 1996 y 2004: de 2021 a 2050, veintinueve años, la AP6, esencial para la comunicación en Asturias.; de 2023 a 2048, veinticinco años, la AP-9, clave para la vertebración de Galicia; de 2011 a 2026, quince años, la AP-68, de Bilbao a Zaragoza, o de 2006 a 2019, trece años, la AP-7, en la Comunidad Valenciana, por suerte ya sin peaje. Y en estos años también tomaron decisiones gravosas para los ciudadanos de Castilla y León, porque en 1999 decidieron prorrogar la AP-6 desde 2018 hasta, al menos, 2029 y que las infraestructuras de alta capacidad que llegasen a Ávila y Segovia, la AP-51 y la AP-61, fueran de peaje en lugar de gratuitas. Se ve que tenían prisa por prorrogar las concesiones que no vencían en muchos años. ¿Puede usted decirme que ganó la ciudadanía con esas decisiones? ¿O quizás ganaron solo unos pocos a costa de todos los demás? Y aunque ahora se escandalicen, desarrollaron estudios sobre la implementación del pago por uso entre el año 2012 y el año 2018. Ahora que están en la oposición no quieren saber nada, pero esos estudios están ahí y los realizaron ustedes. No adoptaron ninguna decisión para las primeras concesiones que iban a finalizar a partir del año 2018, empezando por la AP-1, en Burgos. ¿No estaban preocupados entonces de que los autónomos, transportistas y ciudadanos en general tuvieran que pagar peajes en las autopistas? Porque en ese momento pagaban muchos más peajes que hoy.

Frente a esta gestión, la nuestra. No hemos prorrogado ningún contrato concesional. Hemos liberado 1029 kilómetros de autopistas de peaje que han llegado al final de su concesión, y donde aún se cobra peaje estamos trabajando para aliviar a los ciudadanos de esa carga, con rebajas y bonificaciones. En estos años el Gobierno no solo no ha incrementado el coste por uso vía peaje de la red de carreteras, sino que además ha decidido apostar por impulsar alternativas de transporte de viajeros por carretera, volcándose fuertemente en el ferrocarril, con más servicios y mejores precios, al tiempo que se han destinado en los últimos años cerca de 2000 millones de euros, cinco veces más que en años anteriores, a fomentar el transporte público ―municipal, autonómico y estatal― con medidas como la gratuidad en Renfe o las bonificaciones en el transporte público metropolitano. Ese es el modelo que nosotros impulsamos y que es, evidentemente, muy distinto al suyo.

Decía la señora Mejías en su intervención que está por la gratuidad, pero no por el traspaso. Yo, antes de esta comparecencia, he tenido la oportunidad de ojear el programa con el que se presentaron a las elecciones gallegas, y no me extraña, después de leerlo, que en esa comunidad la presencia de su partido sea fantasmagórica. Son treinta páginas, mejor dicho, quince, porque está escrito en castellano y en gallego ―la verdad es que, conociendo al señor Abascal, que decidió mostrar públicamente ese don de lenguas, le auguro menos futuro que a Rocío Monasterio―. Pues de esas quince páginas, solo una se refiere a las infraestructuras, con cuatro o cinco generalidades, pero en ella no figura ninguna mención a la AP-9: se le debió pasar al autor. Entre tantas propuestas, tantos folios, tantas hojas, no tuvo oportunidad de dedicarle, por lo que se ve, ni un solo vocablo a la AP-9.

En cualquier caso, no es la primera vez que ustedes se manifiestan verbalmente por la gratuidad al tiempo que se oponen a la transferencia a la Xunta, por la indigestión que les produce el título VIII de la Constitución. En su caso está muy claro que la posibilidad de cesión de competencias del Estado a las comunidades autónomas les produce auténtico rechazo, porque su rechazo también es al Estado autonómico, que es inversamente proporcional a su presencia en los Ejecutivos autonómicos, ahora que han roto peras con el Partido Popular. Pero yo me apunto a su gratis total, señorías, lo que no me dice es quién debe pagar la fiesta, siendo ustedes tan partidarios de que la fiesta se acabe. Tampoco comparto su optimismo sobre que una futura resolución de los tribunales europeos que estime la ilegalidad de la prórroga nos evitaría tener que indemnizar a la concesionaria. En fin, no tengo ningún motivo para fiarme de su bola de cristal.

Pero enlazo este argumento con la intervención realizada por el representante de SUMAR en relación con las cifras de los peajes y los beneficios que usted ha desglosado y que le corresponderían a la concesionaria. Eso nos avisa, irremediablemente, del coste del rescate. Es decir, es muy difícil pensar que, si estamos hablando de un beneficio de 5000 millones y de una recaudación de 10 000 de aquí al final de la concesión, podamos hablar de un rescate de 800 millones. En todo caso, por prudencia, no sé si este es el mejor debate que podemos entablar públicamente, y se lo digo al representante de SUMAR y también al representante del BNG. No sé si lo mejor que podemos hacer desde las Administraciones, si es que en el horizonte contemplamos la posibilidad de rescatar la concesión, es enzarzarnos en un debate público sobre lo que costaría, porque eso, al final, será tenido en cuenta por la concesionaria en el caso de que llegáramos al rescate. Por eso les invito a la prudencia en esta materia, prudencia que creo que, dentro de un diagnóstico común de la situación, nos podría llevar a buen puerto en un futuro; creo que la imprudencia nos puede generar dificultades a la hora de recuperar la concesión.

Y es verdad que usted alude a mi trayectoria como alcalde para decir que no soy sospechoso. Lo he dicho aquí, en esta sede, alguna vez: si hay alguien que no es sospechoso ―hay muchos representantes del Partido Socialista que no lo son― de tenerle mucho cariño a la concesión de servicios públicos a las empresas privadas soy yo: recuperé el agua en Valladolid y la gestión de algunos aparcamientos, en concreto el de la Plaza Mayor. Pero tengan en cuenta una cuestión: siempre lo he hecho con el aval jurídico y económico necesario. No me he tirado a una piscina sin agua, lo he hecho o lo he querido hacer sobre seguro: en el caso del agua, cuando venció la concesión y, en el caso del aparcamiento de la Plaza Mayor, con un informe de la asesoría jurídica del ayuntamiento que me avisaba de que, debido a los beneficios extraordinarios que había obtenido la concesión, su plazo había vencido de manera anticipada. En ambos casos tuve la fortuna no solo de hacerlo, sino de que los tribunales de justicia los refrendaran en no pocas ocasiones: en el caso concreto del agua, hubo doce sentencias favorables al ayuntamiento de Valladolid. Tengan claro que, sí como ministro doy un paso, será siempre con el aval jurídico, para no cometer errores que luego sancionen los tribunales.

Voy ya con la representante de Podemos. Me dice usted que no estoy siendo valiente como ministro. Mire, yo creo que la valentía no consiste en decirle a la gente lo que quiere oír o solo lo que quiere oír. Decirle a la gente que la gratuidad del transporte público es la mejor medida que se puede llevar a cabo es decirle, probablemente, a la mayoría de la gente lo que quiere oír, y eso no es valiente. Yo le voy a decir lo que creo, que no sé si será valiente o no, para que abramos un debate riguroso sobre el futuro de la política de transporte público en nuestro país. No quiere decir que esta sea la posición que se vaya a imponer, porque aquí hay una representación muy plural, de muchas fuerzas parlamentarias, y al final tendremos que llegar a un acuerdo entre todos, pero yo le explico mi visión del transporte público desde la valentía que me da haber apostado fuertemente por el transporte público en la ciudad que he gobernado durante ocho años, con mucha valentía y con mucha decisión, apostando por la calidad, apostando, sí, por la gratuidad, por ejemplo, hasta los dieciséis años, apostando por un transporte público dotado con nuevos vehículos y con un servicio público de alquiler de lo mejor que hay en este momento en Europa. La apuesta de un Gobierno yo creo que debe ser por calidad, frecuencias, comodidad, puntualidad. Esa es la apuesta en la que yo creo que debe volcarse un Gobierno progresista, no en la gratuidad.

¿Por qué le digo esto? Usted aporta algunas reflexiones que comparto en cierta medida. Dice usted que se han incrementado los usuarios gracias a la gratuidad. Esto es cierto en parte, la gratuidad es parte de la explicación de por qué se ha incrementado el número de usuarios; pero no es la única, hay otras razones. Hay un tema que me preocupa enormemente, que es el de la sostenibilidad ambiental, a la que usted ha aludido para relacionarla con el incremento del número de usuarios del transporte público. Los datos que tenemos nos dicen que, efectivamente, hay un incremento del número de usuarios del transporte público, pero no se está produciendo el trasvase deseado desde el vehículo privado hacia el transporte público; es decir, el incremento del número de usuarios del transporte público no tiene una correlación ―al menos no precisa y exacta― con el descenso del número de usuarios del vehículo privado. Y eso es lo que nos debe preocupar si queremos de verdad ir a un modelo más sostenible: el trasvase de los usuarios de vehículo privado hacia el transporte público.

¿Cuál es la mejor fórmula para lograr eso? ¿La gratuidad del transporte público?, ¿hacer un esfuerzo económico enorme para garantizar una subvención total del billete?, ¿o la apuesta por la calidad, por la puntualidad, por el aumento de frecuencias? Yo creo más en lo segundo, se lo digo honestamente. Creo que una persona no deja el coche para subirse al autobús, para subirse al cercanías o para subirse al metro por una cuestión de precio del billete, porque ya el coche es mucho más caro que cualquier método de transporte público. Lo hacen si se les garantiza que van a poder llegar a tiempo a su trabajo, que van a poder llegar a tiempo a su centro de estudios, que van a poder hacer sus gestiones en unas circunstancias de comodidad, de confort, de puntualidad, de frecuencias que tenemos que ofrecerles. Por tanto, creo que el mayor esfuerzo económico que debemos hacer desde el Gobierno debe hacerse en la calidad. En todo caso, el debate es muy interesante y me agrada que lo ponga usted sobre la mesa.

En segundo lugar, quiero dejarle claro que el que se apostara finalmente por eliminar la gratuidad total del transporte público no quiere decir que no vayamos a mantener o implementar otras políticas de ayuda al billete pensadas para los usuarios más necesitados. Y quiero dejar claro que la gratuidad en ningún caso será sustituida por la nada, no será a cambio de nada. Vamos a seguir apostando por la gratuidad o una alta bonificación para colectivos vulnerables, vamos a seguir apostando claramente por la bonificación o la gratuidad para los jóvenes y vamos a establecer un sistema de pago proporcionado para los usuarios recurrentes, es decir, para aquellos que tienen que utilizar el transporte público forzosamente para ir a trabajar. La gratuidad no va a ser sustituida por el desamparo a los usuarios, esto ténganlo claro. Si sustituimos la gratuidad por otra medida, va a ser buscando una mayor eficacia del transporte público, invirtiendo más en calidad y, por otro lado, garantizando que los colectivos más vulnerables, los jóvenes y los usuarios recurrentes van a tener una política de bonificaciones acorde con la apuesta por el transporte público que queremos llevar a cabo.

Por tanto, nosotros queremos ser tremendamente rigurosos en este debate. Me agrada de verdad que haya planteado esta cuestión para que se pueda abrir este debate públicamente, sin miedo, y que seamos capaces de encontrar una fórmula compartida para avanzar en el uso del transporte público y que haya más gente que viaje en transporte público y menos que utilice el vehículo privado, porque creo que ese debe ser el motor que nos debe mover a la hora de tomar decisiones.

Por último, señor Rego, ¡hemos debatido tanto usted y yo sobre esta materia! Yo no le digo que no sea posible rescatar la concesión, digo que es difícil y costoso, ese es el diagnóstico que hemos hecho. En todo caso, el futuro no está escrito, estamos abiertos a la valoración de soluciones, a encontrar caminos, a encontrar alternativas y vamos a seguir trabajando. Y, mientras encontramos una solución, está claro que vamos a hacer lo que hemos estado haciendo hasta ahora: aliviar el bolsillo de las personas que tienen forzosamente que coger esa autopista para ir a trabajar, para su quehacer diario. Lo hemos estado haciendo por acuerdo del Gobierno progresista y del pacto de gobierno del PSOE y del BNG, que creo que ha dado un buen resultado en esta materia para los gallegos y gallegas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Señora presidenta, efectivamente, el Reglamento de esta Cámara, que todos acatamos, impide que tengamos una proporcionalidad en el tiempo para poder responder adecuadamente a las manifestaciones del señor ministro. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).

No hemos venido a este debate a pelearnos con ustedes ni a debatir con ustedes, hemos venido a este Congreso de los Diputados a trasladarle a los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Galicia que traemos aquí sus enormes preocupaciones sobre este tema, porque si hay un tema que en Galicia importa e interesa y está todos los días en los medios de comunicación es la AP-9, y sobre eso hemos planteado un debate constructivo. Ya sé que con usted no es fácil entrar en este tipo de debates, pero yo voy a seguir intentándolo, porque me han quedado unas cuantas cosas por decir que les preocupan a los gallegos.

Entre otras cosas, le decía antes que el procedimiento de infracción que se abrió por la Comisión Europea ―sobre el que no se ha producido todavía una resolución― ha abierto un escenario complejo en el ámbito económico y en el ámbito jurídico que yo creo que debe llevarnos a explorar la posibilidad de tener en cuenta qué sucedería si se declarase ilegal o se anulase esa prórroga, qué efectos jurídicos y qué consecuencias económicas tendría. A esos efectos, la Xunta de Galicia, a instancias también del Parlamento de Galicia, encargó en junio de este año a una empresa experta independiente un estudio pormenorizado del coste de diferentes escenarios. Un primer escenario era el de transferencia de la titularidad de la AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia y, según este estudio, tendría un valor de 526 millones de euros adicional a las bonificaciones vigentes. Un segundo escenario evaluaba el rescate y, en consecuencia la gratuidad, y estimaba un coste de entre 1612 y 2355 millones de euros. No son cifras pequeñas, pero, señor ministro, se ha evidenciado no solo por mi intervención, sino incluso por la suya, por la del representante de SUMAR y también por la intervención del portavoz del Bloque Nacionalista Galego, que existen unos costes muy elevados que hay que pagar por bonificaciones y por peajes en la sombra. Lo que no nos parece razonable es que exista una negativa por parte del Gobierno de España a lo que ha pedido por unanimidad el Parlamento de Galicia hace muy pocos días, el 25 de septiembre, que es que se solicite al Gobierno de España un estudio serio y minucioso sobre el coste que supondría el rescate y la gratuidad de la AP-9 y que se dé su traslado a la Xunta de Galicia y al resto de las fuerzas políticas. ¿Es mucho pedir esto, señor ministro? Yo creo que no y que es de justicia que se atienda esta petición. También lo hacen los siete diputados de setenta y cinco que su grupo parlamentario ha obtenido en Galicia después de las últimas elecciones celebradas. (Aplausos). Son unos votos a respetar y a valorar, pero solo son siete de setenta y cinco. Creo que eso también debe tenerse en cuenta.

Tampoco quiero irme de esta tribuna sin hablar de unas bonificaciones que están pendientes para una autopista estatal que va desde Dozón hasta Santiago de Compostela en la que no existe ningún tipo de bonificación. Sin embargo, sí existe una demanda unánime del Parlamento de Galicia y también de todos los alcaldes de diferentes formaciones políticas de esa zona de que se implanten bonificaciones. Se lo ha reclamado el Parlamento de Galicia, también figura en el acuerdo de investidura que se ha puesto de manifiesto, pero nada sabemos al respecto y, sin embargo, esta es una de las autopistas más caras del Estado. Por eso le pedimos que inicien los trámites para implantar este tipo de bonificaciones similares a las de la AP-9. Por lo que hemos visto, no figura en el acuerdo de la decisión tomada el pasado jueves por la delegada del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje.

Termino esta intervención ―porque, desgraciadamente, no dispongo de más tiempo― diciendo que ya les gustaría a muchos políticos de este país haber ganado las elecciones cuatro veces seguidas por mayoría absoluta en Galicia. Es muy complicado y difícil y supongo que no es un regalo que los ciudadanos le hacen a un gobernante porque sí, porque pasaba por allí. Se hace porque hay una gestión responsable y rigurosa, sobre todo en lo económico. Sé que es la envidia de muchos gobernantes, pero no se trata de envidia, se trata de tomar ejemplo. Lo mismo ha sucedido con Alfonso Rueda cuando se ha presentado por primera vez como candidato a las elecciones autonómicas de Galicia del 18 de febrero y ha obtenido un resultado muy brillante, con una mayoría absoluta y cuarenta diputados. Otros han perdido tres ―qué pena, lo siento mucho― y otros, como dice el señor Rego, aspiran a que, más pronto que tarde, esto cambie. Pues esperaremos a que concluya esta legislatura y les preguntaremos a los gallegos.

Sí, finalizo. Este tema preocupa a todos los gallegos y ya hemos escuchado que ustedes no están por propiciar que la transferencia se tramite tampoco en esta legislatura, y eso de verdad que es muy muy reprochable. Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, de abogada a abogado, usted ha dicho que yo me he referido aquí a que quiero el gratis total de las infraestructuras del Estado, concretamente de la AP-9. Yo le recomiendo un foro de derecho que hay muy interesante, que se llama Nada es Gratis, porque todos los españoles somos conscientes o deberíamos serlo de que las infraestructuras y los servicios públicos se pagan con el dinero que sale de los bolsillos de todos los españoles. (Aplausos). Por lo tanto, no esperamos que sea gratis total. En consecuencia, no ponga en mi boca cosas que yo no he dicho.

Es más, en mi intervención me he referido, con respecto a la intervención del señor Delgado, a que cuando se pretende la transferencia de la titularidad de esta infraestructura al Gobierno de Galicia lo que se pretende es que todas aquellas reparaciones que haya o todo el coste que se suponga posterior a esa transferencia de titularidad lo siga pagando el Gobierno del Estado, y a mí me parece que eso no se corresponde con algo que sea justo. ¿Que esta situación produce agravios con respecto a otras comunidades autónomas? Sí, porque sabemos que en otras comunidades autónomas, a las que usted se ha referido, se han producido rescates de autopistas y que hoy no se pagan peajes y que, por lo tanto, los ciudadanos disfrutan de unas infraestructuras que han pagado con el trabajo y con los impuestos que salen de sus bolsillos.

Hay otra cosa que tampoco se corresponde con mi intervención, y es que usted ha dicho: yo no confío en que este expediente de infracción que ha abierto la Comisión Europea se resuelva favorablemente, se declare ilegal esa ampliación de la concesión hasta 2048 y, por lo tanto, podamos recuperar la titularidad de esta infraestructura. Pues sí; si se declara ilegal, entonces se declarará que esa concesión caduca en el año 2023 y el Estado, por tanto, podrá revertir y recuperar la titularidad de esa infraestructura. Eso lo dice la Ley de contratos públicos del Estado, no lo digo yo; a lo mejor le iría bien darle un repaso.

Dicho esto, nosotros no somos partidarios de transferir competencias a las comunidades autónomas, porque hemos visto que el artículo 150.2 de la Constitución ha resultado un enorme coladero para que se transfieran competencias y nunca jamás se garantiza que la transferencia de esas competencias vaya a suponer una mejor gestión ni una mejora ni un beneficio en el servicio que se da a los ciudadanos. (Aplausos).

Quiero referirme al señor Delgado, que es el titular de esta iniciativa. Ya le he dicho que nosotros no somos partidarios de esa transferencia, porque no somos partidarios de trocear la red de carreteras del Estado y porque nada nos garantiza que esa transferencia provoque que se vaya a hacer una mejor gestión y que los ciudadanos gallegos, que tienen todo el derecho a beneficiarse de unas bonificaciones y de unos peajes asequibles a su bolsillo, vayan a conseguirlo a través de esa transferencia de la titularidad. Esa es nuestra razón, esa es nuestra justificación y creo que es tan respetable como cualquier otra. Pero permítame que le diga una cosa: el hecho de que diputados de SUMAR o diputados del BNG se hayan subido a esta tribuna a felicitarle a usted porque se haya sumado al consenso progre dice muy poco del Partido Popular, y la verdad es que lo lamento sobradamente.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Señor Puente, como diputado del Grupo Plurinacional SUMAR no comparto su criterio de valoración de la autopista. Como miembro de uno de los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición comparto que es mejor que este tipo de debates no se hagan de forma pública y, por lo tanto, como ese es el eje central de mi opinión, no voy a reabrir el debate.

Obrigado, señor presidente. Señor ministro, tómolle a vostede a palabra nesa súa última intervención, nesa afirmación de que está en disposición de valorar solucións, porque créame que no curto prazo non lle poderiamos dar mellor noticia aos galegos e galegas que que a AP 9 deixa de ser a autoestrada máis cara do Estado español para ser unha vía libre de peaxe. Isto é así, boa noticia para os galegos e galegas e boa noticia tamén para o tecido empresarial do noso país. E nesa liña nós vamos seguir insistindo e vamos seguir traballando e esperamos, efectivamente, que sexa posíbel canto antes.

Entre tanto, tamén queremos que se poñan en marcha as bonificacións. Eu, dicíao antes, creo que foi unha boa iniciativa, que aliviou moito aos usuarios e usuarias, esas bonificacións que están en vigor desde o ano 2021, como consecuencia do acordo de investidura do ano 2020, e as que figuran no de 2023, bonificacións para AP 9 e tamén para a AP 53, porque, claro, non temos que esquecer que no Estado español só hai tres autoestradas con concesións de longa duración, de setenta e cinco anos: unha moi curta, moi pequena, e as outras dúas están na Galiza. Que casualidade, non? Parece que temos algún fato, algún fado, que nos castiga e realmente non é ningún fado senón son decisións do Goberno español que esperamos que, efectivamente, poidan ser corrixidas canto antes.

Ao Partido Popular creo que lle podemos dicir que, efectivamente, é boa noticia que se sumen a este consenso. Pero eu poñía antes en cuestión se é sincera ou non a súa posición. Non sei se Saulo caeu do cabalo camiño de Damasco e agora xa é Paulo de Tarso ou San Paulo, ou se, efectivamente, é a inmensa demagoxia de que vén facendo gala o Partido Popular. Porque mire: vostedes opuxéronse aquí á transferencia da AP 9. Nin sequera permitiron no seu día, con Ana Pastor de presidenta, que fora debatido. Agora pídena. Nós tamén. E cremos que hai que efectivamente avanzar. Vostedes, cando se anunciaron as modificacións do acordo de investidura do BNG, dixeron que era calderilla, e agora soben aquí a pedilas. Parécenos estupendo, porque, efectivamente, non son calderilla. E vostedes foron os que fixeron a prórroga da AP 9 e agora piden aquí o rescate. Pois tamén nos parece moi ben. Efectivamente, nesta é na dirección en que hai que manterse e esperemos que vostedes non cambien máis unha vez de posición.

Moito obrigado.

Gracias, señor presidente. Señor ministro, después de su última intervención, le tomo a usted la palabra de que está en disposición de valorar soluciones, porque, créame, a corto plazo no podríamos darle mejor noticia a los gallegos y gallegas de que la AP-9 deje de ser la autopista más cara del Estado español para ser una vía libre de peaje. Y esto es así, una buena noticia para gallegos y gallegas y una buena noticia también por el tejido empresarial de nuestro país. En esta línea seguiremos insistiendo y seguiremos trabajando y, en efecto, esperamos que sea posible cuanto antes. También queremos que se pongan en marcha las modificaciones. Como decía antes, me parece que fue una buena iniciativa, que alivió en mucho a los usuarios y usuarias, la de las bonificaciones que están en vigor desde 2021, como consecuencia del acuerdo de investidura de 2020, y las que figuran en 2023, bonificaciones para la AP-9 y para la AP-53, puesto que, evidentemente, no hay que olvidar que en el Estado español solo hay tres autopistas con concesiones de larga duración, de setenta y cinco años, una muy corta, muy pequeña, y las otras dos en Galicia, ¡qué casualidad! Parece que tenemos algún hecho, alguna hada, algo que nos está castigando, pero en realidad son decisiones del Gobierno español que esperamos que en efecto puedan ser corregidas cuanto antes. Al Partido Popular creo que se le puede decir que en efecto es una buena noticia que se sumen a este consenso. Pero antes cuestionaban si era sincera o no su posición. No sé si ya se ha caído del caballo camino de Damasco y ahora es San Pablo, o si, en efecto, es la inmensa demagogia de la que hace gala el Partido Popular, porque ustedes se han opuesto aquí a la transferencia de la AP-9. Ni siquiera permitieron en su día que fuese debatido y ahora lo piden. Nosotros también y creemos que ahí hay que avanzar. Ustedes, cuando se anunciaron las modificaciones en el acuerdo de investidura del BNG, dijeron que era calderilla, y ahora suben aquí para pedirla. Pero nos parece estupendo, porque, en efecto, no es calderilla. Ustedes fueron los que hicieron la prórroga de la AP-9 y ahora piden aquí el rescate. Pues también nos parece muy bien. En efecto, esta es la dirección hacia la que hay que ir y esperemos que ustedes no vuelvan a cambiar de posición. Muchas gracias.

Gracias, presidente. Seguramente sea la primera vez que intervengo aquí y no hablo del tren extremeño, pero es obvio por qué no lo hago. No dudéis de que en otro momento lo haré. Me resulta curioso que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que además es el señor don Celso Delgado, sea el que defienda esta iniciativa y lo haga de la forma que lo hace, porque él era el presidente de la Comisión de Fomento, no era un cualquiera, cuando en esta Cámara el Partido Popular decidió bloquear que se pudiera dar el debate sobre la transferencia de la AP-9. Por eso, señor Delgado, tiene muy poca credibilidad. Viene hoy aquí a decir que piensa en los gallegos y por eso pide la gratuidad, el rescate y la transferencia. Pero, entonces, ¿qué pasaba?, ¿qué no pensaba en los gallegos? ¿Lo que quiere decir el Partido Popular es que cuando ellos gobiernan se dedican a pensar en sus intereses y no en los de los españoles, los gallegos y cualquiera que le ha ido a votar ese día? Seguramente es lo que nos estaba diciendo, por eso ha tenido aquí un papelón al salir a decir esto una vez más.

Hoy nos habla del modelo del Partido Popular. El Partido Popular siempre hizo lo mismo con las autopistas de peaje: cuando tenían pérdidas, se rescataban para que lo pagáramos los españoles. Lo conocen muy bien los madrileños, tuvimos que rescatar esas autopistas de peaje quebradas que hicieron con dinero de los españoles, pero lo más vergonzoso de todo, que también pasó con la AP-9, es que, una vez que la rescataron, lo que tenían previsto era volverlas a sacar a concesión. Se la querían regalar a las empresas privadas para que, con el patrimonio de todos los españoles, siguieran haciendo negocios. (Aplausos). Y ese es el modelo que siempre ha seguido el Partido Popular: utilizan el patrimonio de los españoles, lo limpian de pérdidas y se lo regalan a los amigos limpio de polvo y paja. La verdad es que es curioso que el Partido Popular venga aquí y siempre nos hable de corrupción, el partido que tiene más dirigentes condenados por corrupción de este país y seguramente del universo. Les tendría que dar un poco de vergüenza. A nosotros la corrupción nos da asco, pero a ustedes su situación les tendría que dar vergüenza.

Decía que el modelo del Partido Popular era el que era, pero aquí, cuando están en la oposición, defienden otra cosa. También recuerdo el año 2018: gobernaba el Partido Popular, tocaba que se liberalizara la AP-1, la primera autopista de peaje, que cumplía la concesión y que tenía que volver al Estado libre de peaje. ¿Cuál era la intención del Partido Popular? Poner peaje; no levantar barreras y ponernos peaje al resto de españoles que tenemos autovías para que pagáramos todo. ¿Y ahora vemos aquí al Grupo Popular defendiendo que en las autovías no se ponga peaje en ningún caso?

Señores del Partido Popular, cuando defienden estas cosas en la oposición pero hacen lo contrario cuando gobiernan demuestran la incoherencia que tienen y sobre todo demuestran que no son de fiar. Yo no me fiaría de un partido que cuando está en la oposición defiende una cosa, pero cuando está en el Gobierno defiende otra, y sobre todo de un partido que utiliza el patrimonio de todos los españoles para regalárselo a los amigos. Voy a poner otro ejemplo, AENA. El Gobierno del Partido Popular decidió privatizar el 49 % de AENA. En un día, fondos extranjeros de inversión ganaron 800 millones de euros. ¿Qué quiere decir? El Gobierno del Partido Popular regaló 800 millones que eran de todos los españoles a empresas privadas extranjeras. Y ese es el modelo del Partido Popular. (Aplausos). Por eso, cada vez que sale aquí el Partido Popular en la oposición a defender determinadas cosas no tiene ninguna credibilidad.

A mí me gusta cuando el ministro plantea, y yo creo que es valiente, aquellas cosas que a la gente no le gustan, que la gente incluso puede reprochar. Es mucho más fácil decir: queremos todas las carreteras gratuitas, queremos todos los transportes gratuitos, queremos que la gente no pague absolutamente por nada. Pero los que estamos en política sabemos que eso no es posible, sabemos que eso no es real, sabemos que los que defienden eso en un momento dado, cuando están en la oposición, están utilizando a los ciudadanos para sus intereses. Nosotros preferimos ser coherentes, y además creemos que aquí se tienen que abrir los debates que permitan que los ciudadanos puedan vivir mejor. Pero es cierto que, viendo la dinámica que hay en este Parlamento, es muy complicado en estos tiempos abrir ningún debate, porque el debate es el que marca el Partido Popular con su ruido, con su fango y con su forma de entender la política.

Señor Celso Delgado y todos los diputados del Grupo Popular ―y con esto termino―, han reprochado aquí en múltiples ocasiones el resultado electoral del Partido Socialista de Galicia. Nosotros estamos muy orgullosos de nuestros compañeros del Partido Socialista de Galicia, y le voy a hacer una recomendación: superen la frustración y el complejo que se han generado a su líder, que tiene la necesidad de que le monten una Moncloa en pequeñito porque nunca asumió que los españoles le dieran la espalda y le pusieran en la oposición.

Nada más, muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidente.

Señor Delgado, le hice una pregunta muy concreta en mi primera réplica: ¿ha hecho el Partido Popular alguna vez alguna investigación del tenor de la auditoría que yo ordené en mi ministerio? La respuesta ha sido el silencio. Tengo que interpretar que ese silencio evidencia que, efectivamente, el Partido Popular jamás en su historia realizó ninguna investigación interna en ningún asunto de corrupción que le haya afectado. Por tanto, puestas así las reglas del juego, es evidente que son los menos indicados para darnos lecciones de cómo abordamos en el Partido Socialista los casos de corrupción que nos puedan afectar.

En segundo lugar, me trae usted un informe de la Xunta sobre el rescate de la autopista. Tengo una contestación elaborada por mi equipo en relación con ese informe, pero no la voy a leer por la misma razón por la que al representante de SUMAR o al representante del BNG les he dicho que no quiero entrar en un debate público en relación con esta cuestión, porque creo que es perjudicial para los intereses públicos. No sabemos a qué situación nos vamos a enfrentar, no sabemos si vamos a vernos en la situación de rescatar esta concesión, bien por decisión propia o bien por imposición de la Unión Europea o judicial. Por tanto, entiendo que este debate público solo puede perjudicar a los intereses públicos. Quiero que cuando llegue el momento podamos utilizar los argumentos que sean necesarios para, si eventualmente se produce ese rescate, argumentarlo y fundamentarlo y no entrar ahora un debate sobre cuáles son los puntos fuertes o débiles del informe que ha realizado la Xunta de Galicia, que parte, eso sí, en su diagnóstico de una gran dificultad para fijar el precio del rescate de la concesión. Esto lo dice el informe. Creo que por defensa del interés público no lo voy a hacer.

Agradezco a todos los grupos intervinientes el tono que han tenido en el debate, empezando por el representante del grupo proponente, y quedo a su disposición para seguir debatiendo sobre estos temas y otros que se han abierto de manera muy interesante a lo largo del debate.

Muchas gracias. (Aplausos).