Milena Herrera García
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Acabamos de saber que esta tarde ha sido asesinada de nuevo una mujer aquí, en la ciudad de Madrid. No lo olvidemos, no olvidemos que cada día convivimos con este tipo de violencia. (Aplausos). En el Grupo Parlamentario Socialista queremos hoy poner el foco en la violencia digital de género, un problema creciente que afecta a diario a miles de mujeres y, de manera especial, a las jóvenes. Todos los estudios y todos los datos de los que disponemos, tanto de ámbito nacional como europeo o mundial, lo corroboran. La violencia digital tiene sesgo de género porque el entorno virtual reproduce el mismo sistema de valores de nuestra sociedad, y con ello, lamentablemente, también sus modelos de desigualdad. La Asociación STOP! Violencia de Género Digital recoge en su informe del tercer trimestre de 2024 que el 75 % de las víctimas de este tipo de violencia son mujeres y que solo el 23 % de los ataques son denunciados. Las mujeres, por el mero hecho de serlo, sufren en la red una violencia específica que tiene por objeto la intimidación, el control y el castigo. Y las más vulnerables, la infancia y la juventud, se encuentran aún más expuestas y sufren en mayor proporción este tipo de ataques. Hablamos, una vez más, de derechos, de derechos humanos, de derechos de las mujeres, que no son menos derechos al trasladarlos al espacio virtual, al contrario. Las niñas y las mujeres deben tener la garantía de poder vivir libres de miedo y de violencia. (Aplausos). Las prácticas violentas a través de la tecnología son ya tan amplias y variadas que han dado lugar a una serie de nombres propios, como el doxing, la sextorsión, el grooming, el ataque de troles o la pornovenganza. Detrás de este neolenguaje encontramos casos de revelación de imágenes íntimas o de información privada, de creación de perfiles falsos, de insultos masivos organizados, casos de acoso sexual, de incitación a la violación, coacciones, chantajes y amenazas de muerte. Además, los agresores se amparan a menudo en el anonimato y sus conductas son altamente reiterativas, lo que acrecienta la sensación de inseguridad de las víctimas. La relatora especial sobre la violencia contra la mujer de Naciones Unidas ya alertó en el año 2018 sobre el alto grado de daño psicológico que estas prácticas producen. También lo recoge así el informe de 2022 del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, que desvela que el 54 % de las mujeres víctimas de acoso online ha experimentado ataques de pánico, ansiedad o estrés y que el 42 % de las niñas y jóvenes víctimas muestran estrés emocional, baja autoestima y pérdida de confianza. La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género nos ofrece un marco de trabajo para afrontar este problema. También lo hace la reciente directiva europea contra la violencia contra las mujeres o la normativa propia en la que ya han avanzado algunas comunidades autónomas, como la de Cataluña o Galicia. Pero tenemos que hacer más: tenemos que implicar a la industria, a las plataformas que ofrecen estos servicios y a la sociedad en su conjunto para atajar estos comportamientos, castigarlos y atender de manera prioritaria a quienes los sufren. Para ello hay que afrontar la dificultad adicional de falta de percepción de estas conductas abusivas como agresiones, porque, como siempre, en la lucha feminista es fundamental conceptualizar bien. Las y los jóvenes tienen que estar formados en el uso sano y crítico de Internet para que sepan protegerse y entender que ceder el control de las contraseñas a una pareja no es propio de una relación sana, que no es normal que alguien controle nuestros mensajes, que revise nuestros contactos o que nos quiera permanentemente geolocalizadas. Miren, la violencia digital es cada vez mayor y con su incremento se multiplican las formas específicas de ejercerla contra las mujeres. Sufrirla hace que muchas de ellas acaben pagando un alto precio, también reputacional y profesional. Es habitual que se ejerza contra activistas, feministas, periodistas y políticas para atemorizarlas y que se retiren de la vida pública, se autocensuren o disminuyan sus apariciones y sus publicaciones. (Aplausos). Por ello, quisiera trasladar hoy nuevamente el apoyo de mi grupo a las compañeras diputadas y senadoras del Partido Popular que recientemente han recibido insultos y amenazas en cartas anónimas manuscritas; también al resto de compañeras de otras formaciones políticas que lo sufrieron en el pasado o puedan estar sufriéndolo en estos momentos. Permítanme que envíe un afectuoso recuerdo a mis compañeras diputadas de Baleares, Pilar Costa y Mercedes Garrido, que nuevamente han sido hoy expulsadas del Parlamento balear (aplausos que continúan mientras la señora diputada está en el uso de la palabra) por la intolerancia de un presidente antidemocrático sustentado por un Gobierno que hace tiempo que debería haberlo echado. Señorías, en las próximas semanas los grupos parlamentarios vamos a abordar en profundidad la actualización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Muchas de las expertas que han participado en la reflexión conjunta de cómo mejorar el pacto nos han señalado la necesidad de tener muy presente este tipo de violencia. Nuestra propuesta hoy es comprometernos colectivamente para hacer frente a este nuevo intento de mantener desiguales las relaciones entre hombres y mujeres. Para ello habrá que trabajar para obtener más y mejores datos, mejorar la normativa en aquellas lagunas que pueda tener nuestro sistema, educar a la juventud para hacer un uso adecuado de la tecnología y formar a los profesionales que se enfrenten a estos casos.
Me gustaría dar las gracias a las asociaciones feministas y a los colectivos en defensa de los derechos de las víctimas de la violencia digital por el trabajo que realizan de asesoramiento y acompañamiento a quienes se han visto agredidas, especialmente por su valentía cuando ellas mismas son objeto de atroces campañas de acoso e intimidación, como nos relataron recientemente en la Federación de Mujeres Jóvenes. Gracias también a activistas como Yolanda Domínguez, que no se deja intimidar cuando se le echa encima la ‘machoesfera’ por llamar machistas a los machistas y por combatir otra práctica violenta como es el SLAPP o la litigación abusiva, con la que se pretende silenciar la participación y la crítica social, muy especialmente en el ámbito de la igualdad de género.
Como decía anteriormente, esta es una cuestión de derechos, de garantía de derechos, en definitiva, de calidad democrática, y como tal estamos todos y todas llamados a trabajar para ponerle solución. A ello nos comprometemos y les tendemos la mano en el Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias. (Aplausos).