Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Muchas gracias, señor presidente. Tratamos hoy una enmienda de VOX en la que básicamente pedimos que se derogue una ley del año 2005, la ley de derechos de emisión de CO2. Mucha gente, sobre todo quienes nos escuchen en sus casas, es posible que no tengan prácticamente ni idea de qué es esto; quienes lo hayan escuchado alguna vez, seguro que no saben cómo funciona; y, desde luego, no hay nadie, probablemente tampoco en esta Cámara, que entienda en profundidad cuáles son las implicaciones reales de esta ley, las implicaciones terriblemente nocivas. Solo quien haya sido capaz de analizar la cuestión liberándose de los dogmas, sobre todo los de la Agenda 2030… Escucho risas en las bancadas del Grupo Popular y del Grupo Socialista y entiendo que la cuestión les haga gracia, pero yo creo que más gracias les va a hacer a los españoles cuando entiendan la traición que ustedes están cometiendo.

Esta ley no es más que un impuesto encubierto ―sí, un impuesto―, porque, básicamente, la Administración pública ha decidido que para emitir cada tonelada de CO2 a la atmósfera ―esto es, cada vez que ustedes quemen gas en su caldera, cada vez que una industria levante la persiana, cada vez que nuestro sector industrial empiece a funcionar― hay que pagar un impuesto especial al respecto y este impuesto especial se llama derecho de emisión de CO2, es decir, tú para quemar algo tienes que pagar. ¿A quién? En principio, a la Administración pública, en una subasta pública en la que saca esos derechos a concurso, y a esas subastas pueden acudir quienes quieran. Tanto es así que, hoy en día, muchísimos fondos de inversión y prácticamente todos los bancos acuden. Se ha habilitado un mercado secundario de derechos de emisión de CO2 y casi todos los bancos y los grandes fondos de inversión, en cuanto salen a subasta, compran un gran paquete y según se va incrementando el precio a lo largo del año, porque ya las industrias van emitiendo lo que les corresponde, empiezan a venderlo, por supuesto, a mayor precio. De tal forma que vemos que en este sistema los principales beneficiarios son dos: el primero, la Administración pública con un impuesto encubierto; y el segundo, los grandes traders, los bancos o las agencias financieras que obtienen beneficios especulando con estos derechos de emisión de CO2.

Cuando nacen estos derechos en el año 2005 en España ―antes de esto con una directiva de la Unión Europea―, empiezan como las auténticas drogas. La primera parte de los derechos de emisión se regalan, de tal forma que los principales consumidores, es decir, la principal industria de los países afectados, no protestan contra ellos. ¿Por qué? Porque en principio esto parecía gratuito; es más, esos derechos de emisión de CO2 que recibían de forma gratuita luego podían venderlos en el mercado secundario. Lo que se ha conseguido con esto es que gran parte de nuestra industria sea ya adicta, esté enganchada a esos derechos de emisión de CO2, y ahora, como digo, entran en juego las subastas, siendo los beneficiarios el Estado, con un impuesto encubierto, y los bancos, que ya tienen todos ellos sus mesas de trading de derechos de emisión de CO2.

¿Cuánto nos cuesta esto en concreto a los españoles? Según el último informe de la Administración pública, en el año 2023 nada más y nada menos que 2000 millones de euros. Un importe nada desdeñable que lo que ha hecho es directamente engordar las arcas públicas y encarecer de forma indirecta todos los servicios sobre los cuales se ha ido repercutiendo, de tal manera que todo producto industrial que sale de España es hoy más caro por culpa de estos derechos de emisión de CO2. (Aplausos). Todos los viajes, todos los billetes de avión ―porque ahora esto repercute también en los viajes en avión― serán más caros; cada vez que compremos un coche, será más caro; cada vez que participemos en cualquier cuestión que la Administración decida que ha emitido CO2, será más caro. Por lo tanto, ¿quiénes son los principales perjudicados? Los españoles. Los españoles, que con su esfuerzo irán cada día ¿a qué? A financiar la Administración pública.

¿Y para qué ha servido todo esto? Lo cierto es que España es uno de los países que menos emisiones de CO2 per cápita tiene del mundo, y desde luego de los países desarrollados. En España emitimos 5,4 toneladas de CO2 per cápita al año; Alemania, 8, casi el doble; si nos vamos a Estados Unidos, 14; Rusia, 13; y China está también casi en el doble. Y si hablamos de emisiones netas, Estados Unidos emite 20 veces más que nosotros; Rusia 10; China, 60; y Alemania 3 veces más. Lo que no se explica es por qué, si los españoles somos algunos de los que menos CO2 del mundo emitimos per cápita, tenemos que hacer semejante esfuerzo. Lo cierto es que España, con todos estos esfuerzos y con todas estas medidas, se encuentra hoy, con los datos del año 2023, con unas emisiones de CO2 semejantes a las del año 2000. No hemos logrado una reducción significativa de nuestras emisiones de CO2. Sin embargo, ¿qué hemos conseguido? Hemos conseguido, por un lado, esa recaudación pública de la que ya les he hablado y hemos conseguido un gravísimo impacto para los españoles: el empleo industrial retrocede a su mínimo histórico. Esto lo dice el periódico El Mundo en abril de 2024. (Muestra un gráfico). España se encuentra en niveles mínimos históricos de empleo industrial, entre otras causas por todos los palos en la rueda que se le pone a la industria, entre otros, este, el de los derechos de emisión de CO2.

La evolución del índice de producción industrial de España está hoy en niveles del año 1995 (mostrando un gráfico) y este es el resultado que ustedes han conseguido encareciendo y poniendo impuestos ocultos a nuestra industria y a nuestro sector industrial. (Aplausos). Porque ustedes piensan en su bolsillo, ustedes piensan en la recaudación pública, ustedes piensan en esas agendas globalistas, pero no piensan en los españoles. Porque mientras que los españoles se pegan un tiro en el pie y reducen su industria (mostrando un gráfico), las emisiones de CO2 mundiales continúan al alza. Porque con todo el perjuicio que los españoles padecen y parecerán, el mundo no está sintiendo absolutamente nada, ningún efecto benéfico. Al contrario, las emisiones de CO2 mundiales continúan incrementándose, porque ustedes, el Partido Socialista y el Partido Popular ―no olvidemos que todas estas normas han sido pactadas y consensuadas por ambos partidos―, no piensan en el beneficio de los españoles. Ustedes están en esos dogmas ideológicos, en estas cuestiones supranacionales que en nada afectan ni benefician a los españoles, porque al currante de Vallecas, cada día que abre la persiana y piensa en sus dos hijos y en los 1000 euros que gana al mes, no le importa una higa lo que ustedes están hablando y estos planes globalistas de reducciones de emisión de CO2. (Aplausos). Lo que les importa a los españoles es poder llegar a fin de mes y es en lo que ustedes nunca, jamás, piensan; es lo que ustedes no dibujan ni diseñan con sus legislaciones socialistas. Ustedes jamás piensan en las cosas del comer. Ustedes no caen en la cuenta de que todas estas legislaciones absurdas que están planteando para España el único impacto que tienen en nuestros trabajadores y en nuestra población es que hoy, entre otras cuestiones, la vivienda es inalcanzable, los salarios reales no crecen y los trabajos cada día son más precarios. El empleo industrial, que antes era el futuro de los trabajadores españoles, está desapareciendo y los alimentos cada día son más inaccesibles. Tanto es así que los españoles cada vez consumen menos carne, menos pescado y menos frutas frescas porque no se lo pueden permitir. Mientras tanto, ustedes siguen pensando en las musarañas, siguen endureciendo y encareciendo esta ley de derechos de emisión de CO2, que, como les digo, solamente beneficia a esas agendas globalistas. (Muestra un gráfico). Ni siquiera beneficia al planeta, que cada día, incluso si aceptásemos sus dogmas ideológicos, ve que se emite más y más CO2. En definitiva, los únicos perjudicados son los trabajadores; entre otros lugares, los trabajadores de España. Así que les rogamos que atiendan, por favor, esta enmienda que les presentamos y deroguen esta ley, que es absurda y que, desde luego, en nada beneficia a los trabajadores españoles.

Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y de los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Grazas, señor presidente. Moi boa tarde. A aprobación dunha serie de directivas en 2023 relacionadas coa redución das emisións de gases de efecto invernadoiro e o comercio de dereitos de emisión determinan que agora se deba proceder á súa transposición ao dereito español. Fronte aos posicionamentos negacionistas e aos pronunciamentos sobre as discriminacións que sofren por culpa das políticas climáticas as grandes empresas, que teñen que pagar para seguir contaminando, que hoxe VOX na súa emenda á totalidade trae aquí, temos que comezar por afirmar que a mudanza climática existe. É unha realidade que está afectando ao conxunto da sociedade, dos sectores produtivos e económicos, das persoas, do planeta, e que os Gobernos, por tanto, deben actuar para lle pór freo. Así, anunciamos xa desde o comezo o noso rexeitamento da emenda á totalidade e o voto en contra do BNG. Porén, tamén queremos aproveitar o debate de hoxe para insistir máis unha vez máis en que a loita contra a mudanza climática ou a chamada transición enerxética deben realizarse con xustiza social e nacional. Transición si, mais transición xusta, e na realidade as políticas que está a promover o Goberno están a implicar para a Galiza moitos prexuízos e o tratamento como territorio de sacrificio, se quixeren, como colonia. Vímolo e estámolo a ver nesa suposta transición da produción de enerxía. Non podemos partillar que se considere transición, e menos xusta, o fechamento de vez das térmicas sen alternativas industriais ou empresariais que garantan o futuro das comarcas en que se asentan. Para redondear o despropósito, fixeron desaparecer, e aínda non explicaron por que, os 1200 megavatios de capacidade do nó de evacuación de As Pontes, que permitiría realizar un concurso de transición xusta, como se fixo, por exemplo, no caso da central térmica de Andorra, en Teruel. Aquí non hai esa previsión. Ao tempo que promoven un auténtico espolio eólico na Galiza, primeiro en terra e agora no mar. En lugar de impulsar unha produción a menor escala e descentralizada, próxima dos centros de consumo, apostan por grandes parques de produción de enerxía e o seu traslado a centos de quilómetros sen reparar no grande impacto social, natural, patrimonial e económico da instalación de aeroxeradores e das inmensas liñas de evacuación, un proceso que propicia a destrución de sectores importantes e sustentábeis, como o da pesca ou o agroforestal, para implantar megaparques de produción de enerxía eólica; iso si: as grandes enerxéticas felices porque todo son lucros.

Segundo os datos que deu a coñecer a Rede Eléctrica Española en relación á xeración e consumo eléctrico no primeiro cuadrimestre do 2024, a Galiza enviou para fóra 50,5 % da súa produción de enerxía total, sendo ademais 89,1 % desta de orixe renovable, 89,1 % de orixe renovable, maioritariamente hidráulica. A electricidade renovábel xerada en Galicia entre xaneiro e abril de 2024 superou 46,2 % do consumo galego. De verdade con estes datos é preciso incrementar a produción de enerxías renovables na Galiza? En beneficio de quen? E sobre todo a custa de quen? Lembremos que os parques eólicos terrestres en tramitación, se se executasen todos, duplicarían, cando menos, o número de aeroxeradores xa instalados. Por iso defendemos que é preciso ordenar esta produción de forma racional e o Goberno debe permitir a creación de tarifas eléctricas diferenciadas para as zonas produtoras. Unha tarifa eléctrica galega permitiría, por exemplo, como mínimo, beneficiarse economicamente do papel asignado historicamente ao noso país de produtor enerxético.

Outra preocupación é respecto dos sacrificios (sacrificios, [xesto de comiñas] enténdase ben), que para determinados sectores poden ter as facturas políticas derivadas deste paquete de medidas da Unión Europea denominado obxectivo 55, particularmente sectores coma o pesqueiro ou o transporte por estrada. Na actualidade, a nosa frota pesqueira, a frota pesqueira galega, especialmente a de baixura e a artesanal, non ten aínda alternativas viábeis para a súa descarbonización e nin sequera pode, como consecuencia da propia normativa europea, que lle impide ampliar espazo nos buques para instalación de novas tecnoloxías máis eficientes enerxeticamente. En consecuencia, a posta en marcha de medidas que encarezan os combustíbeis ou que obriguen a pagar polas emisións de gases só suporía maior carga económica para a frota galega, xa castigada por outras decisións comunitarias, tax, cotas, zonas vedadas, eólica mariña, etc., que poñen en risco a súa viabilidade futura. Débese, por tanto, promover unha efectiva transición enerxética na frota, atendendo non só á súa sustentabilidade ambiental, senón tamén á económica e social. O contrario, pretender que esa transición se faga sen alternativas, redunda máis unha vez na inxustiza. No caso do transporte por estrada ou aéreo, especialmente por estrada, é preciso, antes de gravar ou incrementar os custos ou impor penalizacións, facilitar unha alternativa real de transporte sustentábel, como é o ferroviario. Nós apostamos polo transporte ferroviario como modo de mobilidade do futuro, pero para iso ten que haber infraestruturas e servizos suficientes. Do contrario, impor medidas que penalicen o transporte sen asegurar alternativas sería absolutamente destrutivo para países que, como a Galiza, padecen un enorme déficit tanto en infraestruturas como servizos ferroviarios, e especialmente de mercadorías. Polo tanto, como dicimos nós, non se pode pór o carro diante dos bois.

Antes de finalizar, dúas consideracións a respecto da reforma da lei que deben ser recollidas, ao noso xuízo, e que o BNG presentará como emendas, xunto con outras cuestións. En primeiro lugar, a necesidade de incorporar a reclamación, por exemplo, dos traballadores e traballadoras de Alcoa: poder elevar ao máximo permitido pola Unión Europea as compensacións de emisión de gases, especialmente no caso das industrias electrointensivas. E en segundo lugar a creación deste consello do clima, no que se di que participarán organizacións sindicais, empresariais, ambientais… Vistos os precedentes, preocúpanos como se vai escoller esa representación sindical e, por tanto, estaremos vixiantes para que a maioría que representa os traballadores a traballadoras galegas, como é a CIG, estea presente.

Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. La aprobación de una serie de directivas de 2023 relacionadas con la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero y comercio de derechos de emisión determinan que ahora se deba proceder a la trasposición al derecho español. Frente a la posición negacionista y las propuestas sobre la discriminación que sufren por culpa de las políticas climáticas las grandes empresas, que tienen que pagar para poder seguir contaminando, que hoy nos trae VOX en su enmienda a la totalidad, tenemos que empezar por afirmar que el cambio climático existe. Es una realidad que está afectando al conjunto de la sociedad, de los sectores productivos, económicos, de las personas del planeta, y los Gobiernos deben actuar para ponerle freno. Por eso anunciamos desde el principio nuestro rechazo a la enmienda a la totalidad y el voto en contra del BNG. Sin embargo, queremos aprovechar el debate de hoy para insistir una vez más en que la lucha contra el cambio climático o la llamada transición energética debe realizarse con justicia social y nacional.

Transición, sí, pero transición justa, y en realidad las políticas que está promoviendo el Gobierno implican para Galicia muchos perjuicios y el tratamiento de nuestro territorio como una colonia. Lo vimos y lo estamos viendo en la transición de la producción de energía. No podemos compartir que se considere transición, y menos justa, el cierre al mismo tiempo de las térmicas y sin alternativas empresariales e industriales que garanticen el futuro. Y para redondear todo este despropósito, han hecho desaparecer, y todavía no explicaron el porqué, los 1200 megavatios del nudo de As Pontes, que permitiría realizar un concurso de transición justa, como se hizo, por ejemplo, en la central de Andorra, en Teruel. Al mismo tiempo, se promueve un auténtico expolio eólico en Galicia; primero, en tierra y ahora, en el mar. En lugar de promover una producción a menor escala, descentralizada, se traslada a cientos de kilómetros sin tener en cuenta el gran impacto social, natural y económico de la instalación de aerogeneradores y de las grandes líneas de evacuación, un proceso que propicia la destrucción de sectores importantes, como la pesca y el agroforestal, para implantar megaparques; eso sí, en beneficio de las energéticas.

Todo son lucros. Según los datos de la Red Eléctrica de España, Galicia envió fuera el 50,5 % de su producción eléctrica y el 89,1 % era de origen renovable, la mayoría hidráulica. La electricidad renovable generada en Galicia entre enero y abril de 2024 ha superado el 46 % del consumo gallego. ¿De verdad es necesario incrementar la producción de energía renovable en Galicia? ¿En beneficio de quién? Recordemos que los parques eólicos en tramitación, si se ejecutan, duplicarían el número de aerogeneradores instalados actualmente. Es necesario ordenar esta producción de forma racional y el Gobierno debe permitir la creación de tarifas eléctricas diferenciadas. Una tarifa eléctrica gallega permitiría beneficiarse económicamente a Galicia de ese papel asignado históricamente de productor energético.

Otra preocupación de los, entre comillas, sacrificios para determinados sectores puede ser el denominado objetivo 55, en particular para el sector pesquero o para el de transporte por carretera. La flota pesquera de bajura y artesanal no tiene todavía alternativas y no puede, a consecuencia de la propia normativa que le impide ampliar espacio en los buques, tener buques más eficientes enérgicamente. En consecuencia, la puesta en marcha de medidas que encarezcan los combustibles o que obliguen a pagar por las emisiones supone una mayor carga económica a la flota gallega, que está ya castigada con tax, cuotas o zonas de veda. Por tanto, se debe promover una transición energética efectiva, teniendo en cuenta no solo la parte ambiental, sino también la económica y la social. Entender que esa transición se realice sin alternativas redunda en la injusticia. En el caso del transporte por carretera o aéreo, es necesario antes de gravar o de incrementar los costes, facilitar una alternativa real de transporte sostenible, como es el ferroviario. Nosotros apostamos por el transporte ferroviario como modalidad de transporte para el futuro, pero para eso tiene que haber infraestructuras ferroviarias suficientes e imponer medidas que penalicen sería totalmente destructivo para países como Galicia que tiene un enorme déficit en infraestructuras ferroviarias, y especialmente en mercancías. Por lo tanto, no podemos empezar poniendo antes la solución sin buscar una solución antes.

En primer lugar, debemos incorporar varias consideraciones, como una reclamación de los trabajadores y trabajadoras de Alcoa. En segundo lugar, la creación de ese consejo del clima, en el que se dice que van a participar organizaciones sindicales, empresariales, etcétera. Nos preocupa, vistos los precedentes, cómo van a estar representados la mayoría de los trabajadores y trabajadores gallegos, la CIG.

Grazas, señor presidente. Nós, en todo caso, votaremos en contra e presentaremos emendas para mejorarlo. Muchas gracias.

Nosotros, en todo caso, votaremos en contra y presentaremos enmiendas para mejorarlo. Muchas gracias.

Gracias, presidente. Nosotros vamos a votar en contra de la enmienda a la totalidad presentada por VOX, como no puede ser de otra manera, ya que lo que propone es derogar la ley que regula la compra y venta de derechos de emisión de gases de efecto invernadero y que es consecuencia, precisamente, de la trasposición de dos directivas que forman parte del paquete Fit for 55, del Pacto Verde Europeo, una ley que, por tanto, se ajusta a las directivas comunitarias y cuya finalidad pasa por contribuir al proceso de descarbonización de la economía y al mismo tiempo impulsar la competitividad de la industria, aunque ustedes digan lo contrario. Desde luego, nosotros no vamos a apoyar algo que va en contra de lo establecido y consensuado por Europa.

El régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea se estructuró en varias fases, desde el año 2005 hasta el 2030, como instrumento de una política climática y supone un estímulo económico para reducir las emisiones contaminantes, promover una transición hacia una economía baja en carbono y, en definitiva, combatir el cambio climático y el calentamiento global, que ustedes niegan una y otra vez. El régimen de comercio de derechos de emisión, a pesar de que ha enfrentado desafíos como el riesgo de la fuga de carbono, lo cierto es que ha demostrado ser una herramienta eficaz para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea, ha ayudado a estimular la adopción de tecnologías más limpias y ha proporcionado incentivos económicos para la reducción de emisiones. El mercado de emisiones, por tanto, está siendo efectivo y se ha convertido en la tendencia hacia donde se dirigen la mayoría de las economías mundiales, y es que actualmente cada vez más están poniendo precio al CO2 a través de mecanismos de mercado, impuestos directos o combinando ambas cosas, un precio que ejerce de incentivo para aquellos que buscan precisamente afrontar un cambio tecnológico a favor también de la lucha contra el cambio climático.

Por lo tanto, creemos que hacer culpable a la política climática, como hacen en su enmienda a la totalidad, de la falta de competitividad de la industria europea no tiene fundamento o base alguna y, por eso, debilitar o desmantelar estas políticas no va a resolver los problemas estructurales que tiene la industria europea y que son consecuencia de diversos y múltiples factores que requieren, desde luego, políticas industriales y energéticas europeas ambiciosas basadas en la inversión y en el apoyo a la innovación tecnológica. De hecho, esta mañana, y en ese sentido, también el señor Figaredo nos hablaba de la competitividad de la industria de automoción en China en detrimento de la europea, pero lo que se le ha olvidado decir es que China tiene un decreto del Consejo de Estado por medio del cual se introducen nuevas regulaciones que rigen el comercio de emisiones de carbono y cuyo objetivo es, precisamente, proporcionar un marco jurídico para el funcionamiento del mercado de dicho comercio en el país y garantizar así la eficacia de las políticas relacionadas con este. Es decir, que, como he dicho antes, el mercado de emisiones es hacia dónde van la mayoría de las economías mundiales, también la China.

Esta enmienda a la totalidad a este proyecto de ley va contra lo que vienen reclamando, además, la mayoría de comunidades autónomas —‌bueno, que a ustedes esto de las comunidades autónomas les importa bien poco— que componen el Grupo Técnico de Comercio de Emisiones de la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, ya que ofrece seguridad jurídica a las modificaciones de las citadas directivas, y es que no hay que olvidar que algunas de estas modificaciones se están llevando a cabo de facto, sin el respaldo de esta trasposición, y otras deberían cumplirse de forma inminente. Desde luego nosotros, dado el calado de las modificaciones derivadas de las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de mayo de 2023, así como los plazos establecidos en las mismas, consideramos prioritaria la aprobación de esta ley en el menor plazo posible, por lo que, como he dicho anteriormente, votaremos en contra de la enmienda la totalidad.

Gràcies, president. Abans de començar, permetin-me que des d’aquesta tribuna recordi la figura del president Lluís Companys assassinat avui fa 84 anys, de fet afusellat pel règim feixista del general Franco. (Aplausos).

Quiero recordar la figura de Lluís Companys, asesinado hoy hace ochenta y cuatro años, fusilado por el régimen fascista del general Franco. (Aplausos).

Empiezo, cómo no, hablando del protocolo de Kioto, seguramente esta agenda globalista que desprecian las señorías de VOX, pero que fue el primero en utilizar la idea del mercado como herramienta para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, poner un precio sobre el carbono para crear un estímulo económico para evitar tales emisiones y reducirlas allí donde es más eficiente con respecto al coste. Este protocolo fue un hito histórico y, con el fin de promover el desarrollo sostenible, todas las partes se comprometían a cumplir los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones contraídas. Era el inicio de los mercados de carbono, instrumentos que se diseñaron para estimular los objetivos de reducción de emisiones y que han devenido en un elemento clave de las políticas de mitigación del cambio climático. Siguiendo este compromiso, en 2003 la Unión Europea aprobó la directiva que establecía un régimen para el comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero y que, por lo tanto, trasladaba los objetivos climáticos de la Unión Europea a las 15 000 industrias más contaminantes, y dos años más tarde lo hacía España con la Ley 1/2005.

Hoy, casi veinte años más tarde, el Grupo Parlamentario VOX no solamente presenta una enmienda a la totalidad al proyecto de ley que actualiza esta última directiva en la materia y que, por lo tanto, nos equipararía con la legislación europea, sino que también plantea derogar la ley de 2005, como ha argumentado con estas afirmaciones un poco marcianas. Esto es una irresponsabilidad, pero no una sorpresa, así que tampoco me detendré mucho en la sucesión de enunciados negacionistas que presentan ustedes con este texto. La transición verde y justa será, y lo será a pesar de ustedes. (Aplausos).

Es un hecho que el mercado de créditos de carbono ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero. Las empresas se ven obligadas a comprar créditos para compensar sus emisiones a un precio regulado por el mercado y también así se ven obligadas a seguir la senda de la descarbonización, a la par que garantizan su competitividad y contribuyen así a la lucha contra el cambio climático y a la promoción del desarrollo sostenible, como recogía el Protocolo de Kioto. Aun así, el sistema no es lo bastante eficiente. Aunque la cantidad de créditos disponibles se va reduciendo con el tiempo para garantizar que también bajen las emisiones, el fuerte impulso que le ha dado la Unión Europea precisamente a las energías renovables ha provocado un excedente de créditos, sobre todo por la parte del sector eléctrico, que es el que se está descarbonizando más rápido y esto, sumado a una menor demanda, ha hecho disminuir el precio del carbono en los últimos años. Hace falta elevar el precio del carbono y reducir el volumen de créditos a un ritmo más acorde a los objetivos para el 2030 y 2040. Hace falta más ambición y no quedarnos en la mera trasposición de estas directivas. Hace falta hacer todo lo contrario de lo que plantea VOX en esta enmienda a la totalidad para garantizar que la Unión Europea continúe liderando y cumpliendo con los objetivos de reducción de CO2.

En el Grupo Plurinacional SUMAR tenemos clara la urgencia de la tramitación de este proyecto de ley, y no solamente por las multas millonarias a las que nos exponemos si no adaptamos nuestra legislación a la europea o por la inseguridad jurídica que crea en los sectores afectados, sino porque esta ley es una oportunidad para que España lidere un sistema de comercio de emisiones más consistente y, por lo tanto, más ambicioso y más justo. Por esto, nos preocupan las exenciones otorgadas a los biocombustibles, los cuales empiezan a competir con los cultivos destinados a la agricultura. Es una competición ―alimentar a la población y al ganado o alimentar a los aviones― que no nos podemos permitir.

Otro reto que deberíamos abordar en esta legislación son las capturas de carbono y cómo podemos monitorizar estas fugas de CO2 que no se contabilizan en el registro, produciendo un claro desajuste en el sistema de derechos de emisión de estas industrias. La principal novedad es la inclusión de los sectores de transporte por carretera y de la edificación en el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea y esta puede tener un claro impacto social en los hogares más vulnerables, las pymes más vulnerables y las personas que viven en zonas rurales y remotas sin acceso al transporte público. Por este motivo ―y aunque no es objeto de esta norma―, es urgente también el desarrollo del Fondo Social para el Clima. Para conseguir los objetivos climáticos presentes ―reducir un 55 % las emisiones en 2030― y los futuros ―conseguir la neutralidad climática― hace falta engrasar la maquinaria que nos permita afrontar este reto mayúsculo de la mejor manera posible.

Así, en el Grupo Plurinacional SUMAR entendemos que la trasposición de estas directivas es una oportunidad para empezar a diseñar instrumentos eficientes y eficaces, como un banco central de carbono cuya principal función sea la gestión y el control del mercado de emisiones de gases de efecto invernadero. Este órgano gestionaría los límites de gases establecidos en los distintos niveles de la Administración recaudando y gestionando los fondos obtenidos, supervisaría el mercado secundario de emisiones, generaría información sobre los precios mediante subastas inversas, sancionaría los incumplimientos, garantizaría la aplicación del impuesto del carbón en frontera y gestionaría los distintos fondos vinculados al sistema, entre otras muchas funciones. (Aplausos). En definitiva, el banco central de carbono actuaría como intermediario entre la oferta y la demanda de derechos de emisión y centralizaría todos los mecanismos relacionados con el régimen de emisiones. Este anteproyecto de ley es esencial para avanzar en la reducción de emisiones y en la descarbonización de la economía, pero también lo es para proteger a los más vulnerables que son los que más sufrirán la transición verde si no se articula un reparto justo entre costes y beneficios. Y este nuevo régimen, precisamente, incluye el principio de quien contamina paga y aumenta los ingresos para esta transición verde justa. (Aplausos).

Señorías de VOX, están ustedes haciendo un populismo de manual y están pasando ya del discurso negacionista al discurso retardista. La propuesta de salirnos del régimen del comercio de derechos de emisión al igual que intentar boicotear la implementación de las zonas de bajas emisiones allí donde gobiernan no solo va en contra de la evidencia científica, sino que demuestra de nuevo su ignorancia, mala fe y su mal gobierno.

Termino. Lógicamente, vamos a votar en contra de su propuesta de regresar al pasado por una simple razón: porque nos va, precisamente, el futuro y la vida en ello. (Aplausos).

Gracias, presidente. Señor Figaredo, para este viaje no hacían falta tantas alforjas ni tanta épica. Vaya enmienda a la totalidad han presentado hoy y vaya batiburrillo nos ha presentado en el día de hoy usted aquí. Es una enmienda que no solo pide retirar el proyecto de ley actual, que es una reforma de la Ley 1/2005, reguladora del régimen del comercio de derechos de emisión en España, sino que quieren ir más allá: derogar la propia ley. ¿Saben ustedes lo que eso implica? ¿Saben ustedes las consecuencias? ¿De verdad que a ustedes les da igual? ¿Sabe usted que desde 2005 se han ido reduciendo las emisiones en CO2? ¿Lo sabe usted? ¿Sabe usted que las renovables cada vez son más baratas? ¿Sabe usted que lo que les importa a los españoles es que baje la factura de la luz gracias a las renovables? (Aplausos). ¿Lo sabe usted? ¡Porque usted nos ha acusado aquí de no saberlo, a mí lo que me preocupa es que usted no lo sepa! Es lo que me preocupa. Y yo creo que el motivo ―que hay que explicarlo― para presentar esta reforma de la ley es claro: adaptar la legislación de nuestro país a la legislación europea. (El señor Figaredo Álvarez-Sala muestra un documento). No me enseñe datos, lo sé perfectamente. Por lo tanto, yo sé que lo que ustedes están proponiendo es dejar a España fuera de la legislación europea; es decir, que nos quedemos descolgados. Ustedes cada día siguen superándose. Entiendo que en esta Cámara no hay ningún otro partido que esté en la misma radicalidad en la que está el Grupo VOX en este punto, porque ya nos tienen acostumbrados, pero yo creo que nadie en coherencia podría estarlo. También entenderé que el Partido Popular, que está últimamente en una deriva bastante peligrosa, alarmante e incluso preocupante, al menos esta vez no esté con sus socios de VOX. Las consecuencias de la propuesta que nos trae VOX son altamente lesivas para los intereses de los españoles, supondría una ruptura con nuestros socios europeos y nos expondría a multas millonarias para el Estado. El hecho de pretender desmontar uno de los marcos más claros que tienen las empresas españolas para seguir la senda de descarbonización garantizando su competitividad y así poder cumplir con nuestros compromisos contra el cambio climático supone un descalabro para el progreso verde y un arenal de tierras movedizas para la seguridad jurídica de todas nuestras empresas. Hay que dejar bien claro que la existencia de un marco normativo estable que dé señales claras es una petición de la propia industria. Por eso, todos tenemos que estar a la altura. Señorías de VOX, se nota que ustedes viven al margen de la sociedad, que no les importa absolutamente nada, nada más que el ruido. Los señores de VOX son como ese conductor kamikaze, siempre van a la contra. Como lo de pretender eliminar de forma unilateral un régimen que es clave para las políticas del cambio climático, pero es que hablar con ustedes de cambio climático… Yo entiendo que ustedes no estén en esa línea. Las consecuencias sobre nuestras empresas, para las que la participación sin barreras en el mercado interior es clave, serían nefastas si ahora España decidiera abolir de forma unilateral este régimen. ¿Cuál sería la reacción de los socios europeos? ¿Qué inversor querría invertir en la modernización de nuestra industria en estas circunstancias? Este debate es de hace veinte años. No nos extraña que ustedes lo saquen ahora porque ustedes viven en el pasado. Un retraso de al menos veinte años en las políticas ambientales ―ya se lo digo― ni es posible ni lo vamos a permitir, porque ese retraso de veinte años, además de suponer un grave retroceso en los términos de transición ecológica de nuestro país, supone un gran riesgo para nuestra economía, un gran riesgo para el tejido productivo, para nuestras empresas y, en definitiva, para la industria española, la cual necesita un marco previsible para la descarbonización como el que le otorga el sistema de comercio de emisiones.

Señorías, este proyecto responde a la necesidad de trasponer dos directivas del Parlamento Europeo y del Consejo que forman parte de ese paquete legislativo, objetivo 55 de la Unión Europea. ¿Saben cuáles son sus objetivos? Es fácil, el objetivo es permitir a la Unión Europea cumplir con las metas en materia de energía y cambio climático, como es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos el 55 % hasta 2030 respecto a los niveles de 1990; también reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la imposición del precio del carbono emitido. Las premisas claves de este nuevo régimen son cuatro: uno, alcanzar una mayor reducción de las emisiones; dos, incluir nuevos sectores al principio de quien contamina paga; tres, aumentar los ingresos públicos para la transición, y cuatro, por supuesto proteger a los más vulnerables.

España cuenta con novecientas instalaciones industriales y de energía, unos treinta operadores aéreos activos, del orden de seiscientas compañías navieras y unos mil distribuidores de combustible. Para ellos esta tramitación es tan importante que debería seguir su trámite. Este es un expediente de carácter técnico y no debería generar ningún debate político. Por eso, espero que cuando se trate de acercar nuestra legislación a la legislación europea sus señorías del Grupo Popular no tengan una posición blanda o cobarde. Entiendo que lo que querrán perseguir es debilitar al Gobierno, pero no lo van a conseguir, porque al final se debilitarán ustedes y su posicionamiento, y estarán dándole alas a la ultraderecha. Si no aceptamos el marco europeo, ¿qué hacemos? ¿Nos salimos? ¿Nos salimos del marco europeo? Yo creo que es un momento para recapacitar, tener coherencia y responsabilidad.

Voy terminando. Señoría, es necesario eliminar la inseguridad jurídica y los daños económicos que supondrían para nuestras empresas reducir esa competitividad frente a sus homólogos europeos. Es una reforma necesaria, es una reforma de carácter técnico y que viene a seguir aportando al extenso trabajo que desde el Gobierno se está haciendo por descarbonizar sectores afectados. Y les insisto, este es el único camino que tenemos para preservar el futuro de nuestro país, pero, sobre todo, el futuro de nuestros jóvenes. No hay caminos alternativos, no hay atajos, no hay soluciones fáciles, sencillas o mágicas, como algunos nos quieren mostrar aquí, y yo creo que lo que ustedes, señorías de VOX, tendrían que hacer es replantearse su posición, aunque yo sé que ustedes van a seguir anclados en el pasado. Al Partido Popular le pido que dejen esa competición con sus socios ultras a ver quién gana. Y lo que sí tenemos claro es que este grupo parlamentario, este Gobierno va a seguir trabajando, va a seguir velando por el bien de la industria, de la economía, de la transición justa y, sobre todo, del bienestar de los ciudadanos y ciudadanas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, antes de cualquier consideración, quiero dejar claro el posicionamiento del Partido Popular: la defensa y el compromiso con la lucha contra el cambio climático haciéndolo compatible con la economía (aplausos), con la economía de todos los españoles y muy especialmente de las familias en nuestro país. Señora Ramírez, el texto que nos plantea el Gobierno, lejos de ser una respuesta eficaz a los retos climáticos a los que nos enfrentamos, es una muestra más de la falta de realismo y pragmatismo del Gobierno socialista y, en particular, de la señora Ribera, es una ley que tiene como objetivo reforzar el marco jurídico para cumplir con nuestros compromisos climáticos y caminar hacia una economía baja en carbono, que nosotros defendemos, pero debemos estar alerta, no se puede seguir legislando sin analizar los impactos de nuestras decisiones en la vida de los españoles, porque la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo se está haciendo esa transformación y esa transición en España y a costa de quién con el Gobierno socialista? ¿A costa de las familias, de los agricultores, de los ganaderos, de la industria del sector agroalimentario, de la distribución, de la industria de la automoción, de la España rural, de los jóvenes, de los autónomos? No se puede dejar a nadie por el camino. Este Gobierno ha fallado en hacer compatible la transición ecológica con la competitividad económica y la justicia social. Cada decisión que ha tomado ha tenido dos consecuencias: más inflación y más presión fiscal. Como resultado, hoy hay más familias que nunca en situación de vulnerabilidad en nuestro país y esto ocurre al mismo tiempo que hay más sospechas de corrupción que nunca que afectan precisamente a la titular del Ministerio de Transición Ecológica, la señora Ribera. (Aplausos). Cada día tenemos nuevas noticias, nuevos hechos, nuevos indicios de la implicación del ministerio que dirige Teresa Ribera en la trama corrupta de Ferraz.

Pongámonos en escena: reunión del director de gabinete de la ministra de Industria con Koldo García, que no necesita presentación, y Claudio Rivas. Se reunieron y apenas poco tiempo después el ministerio que dirige la ausente Teresa Ribera, que lleva más de tres meses sin aparecer por esta Cámara, otorgó una licencia a la empresa Villafuel para operar en el mercado de hidrocarburos, una empresa que pasó de facturar 36 millones de euros a facturar 815 millones de euros. Pues bien, la UCO ha concluido que esta empresa de la trama de Ferraz con Aldama como conseguidor defraudó más de 180 millones de euros en el pago del IVA a Hacienda, más de 180 millones de fraude a todos los españoles. Se puede afirmar, por tanto, que Teresa Ribera ha sido condición necesaria para los tejemanejes de la trama de corrupción de Ferraz. Por eso debe dar explicaciones en esta Cámara y hacerlo antes de someterse al hearing en Europa, porque todo esto ocurre mientras nuestro país baja al puesto 40 de 67 en competitividad industrial. ¿No se dan cuenta, señores del Partido Socialista, que las únicas empresas que han sido competitivas de verdad en España durante estos últimos años han sido las empresas de las tramas corruptas del Partido Socialista y de Ferraz? (Aplausos). Las únicas que han sido competitivas, las únicas que han mostrado beneficios.

Señorías, quien protege, quien ampara, quien silencia la corrupción también es cómplice de la corrupción. Y me gustaría hacer una reflexión para los socios de gobierno de Pedro Sánchez: ¿hasta cuándo van a estar tapando las vergüenzas de Pedro Sánchez, de Koldo, de Aldama y compañía? ¿Hasta cuándo? ¿Qué tiene que pasar en España para que ustedes abran los ojos?

La señora Ribera ha sido irresponsable durante su gestión, ha estado pensando más en su siguiente empleo, como se ha puesto de manifiesto, que en cumplir sus obligaciones como ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico; ha legislado sin contemplar en ningún caso en ninguna de las leyes que ha traído a esta Cámara impacto ambiental, económico o social; ha gobernado desde la prepotencia, desde la soberbia intelectual, no ha hablado con nadie, ni con comunidades autónomas, ni con ayuntamientos, ni con la industria, ahí está, por ejemplo, la imposición del impuesto al plástico (aplausos); ha sumergido a la industria española en un mar de incertidumbre, nula armonización con Europa, falta de visión y ahora, recientemente, sombra de corrupción.

Plan Nacional de Energía y Clima —‌no son palabras mías—, un ejercicio entre lo publicitario y la ciencia ficción, el cuento de la lechera. Son palabras del señor Jordi Sevilla, bien conocido por ustedes y al que bien podrían dedicarle al menos un par de tardes, como hizo Zapatero, para saber algo de economía. Y si no quieren escucharle a él, por lo menos dediquen ese par de tardes a leerse el informe Draghi y darse cuenta de que por donde va el Gobierno socialista no es un buen camino para la competitividad de la industria en nuestro país.

Hablemos del Tribunal de Cuentas Europeo en relación con los fondos europeos. Una gestión marcada por la ineficacia, la falta de transparencia y una creciente incertidumbre sobre el cumplimiento de los objetivos comprometidos con Bruselas. Fin de la cita. No hace falta decir nada más. Pero, señorías, si hablamos de la electrificación, seguimos siendo uno de los países en Europa con menos puntos de recarga, y, lo más grave, uno de los países de Europa con el parque móvil más viejo y más contaminante. De verdad, teniendo un parque móvil actual de 800 000 vehículos eléctricos en España, que ustedes tengan el cuajo de decir en el Plan Nacional de Energía y Clima que en 2030 vamos a tener 5,5 millones de coches eléctricos es un insulto a la inteligencia, ¡si se matriculan apenas 100 000 coches eléctricos al año!

Después de las visitas a China del presidente del Gobierno, creo que el único plan que tiene Pedro Sánchez es llenar nuestro país de coches eléctricos chinos, no españoles; por cierto, coches que vienen en barcos de diésel, señorías del Grupo Socialista. La descarbonización no es una opción, es una obligación moral con nuestros hijos, con el lugar que vamos a dejar a las futuras generaciones y es una cuestión de responsabilidad. El Partido Popular defiende una agenda climática sensata, que mitigue los impactos sociales de las políticas ambientales y que priorice la competitividad económica precisamente como ha indicado el informe Draghi recientemente.

Voy terminando, señor presidente.

Europa no es el enemigo, es una oportunidad. Ahora bien, no se puede seguir pidiendo sacrificios sin ofrecer resultados, que es lo que hacen ustedes, pedir sacrificios a la sociedad española sin ofrecer resultados.

Gracias. (Aplausos).