Proposición de Ley Orgánica relativa a la modificación del régimen jurídico de la nacionalidad.

Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). El Grupo Parlamentario VOX planteamos una proposición de ley orgánica para modificar el Código Civil y así robustecer e incrementar las condiciones y requisitos para acceder a la nacionalidad española y también para modificar el Código Civil y el Código Penal para establecer una serie de causas para perder la nacionalidad española de todos aquellos extranjeros que hayan sido nacionalizados españoles. En efecto, en VOX entendemos que es un alto honor ser español, que conceder la nacionalidad a los extranjeros es un asunto crucial para la nación, y por eso traigo al recuerdo de esta Cámara el pasaje de Cervantes en La gran sultana, cuando escribió aquello de: «Yo sé quién soy». «¡Español sois, sin duda! Y lo soy, lo he sido y lo seré mientras que viva, incluso después de muerto ochenta siglos». (Aplausos). Sí, señorías, nos sentimos muy orgullosos de España, orgullosos de ser españoles y también de que el pueblo español fuera el protagonista de la mayor gesta civilizadora y también de hermandad de toda la historia de la humanidad. Decía el insigne jurista Federico de Castro que la nacionalidad es la cualidad personal de pertenecer a la comunidad nacional organizada en forma de Estado, pero el concepto de nacionalidad es muchísimo más que un simple concepto jurídico, es un concepto político, sociológico y también moral en cuanto que te identifica con el soberano allí donde existe soberanía nacional y también te identifica con una patria, con una nación, con unos valores, con una historia y con una tradición. (Aplausos). Por eso es lógico, señorías, que Aristóteles en su Política dijera que la ciudadanía te identificaba con una comunidad política o polis, o que Horacio dijera aquello de dulce et decorum est pro patria mori. Es el artículo 11 de nuestro texto constitucional en el que se dice que la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. En el apartado 2 de este mismo artículo 11 se dice que ningún español de origen podrá ser privado de la nacionalidad, y en el apartado 3 se dice que el Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con todos aquellos con los que haya tenido España una especial vinculación. Señorías, también el artículo 141.2 del texto constitucional señala que es competencia exclusiva del Estado la nacionalidad, la inmigración, la emigración, la extranjería y el derecho al asilo; y, además, también sabemos que la incorporación de España a la Unión Europea no ha variado en esta competencia del Estado absolutamente nada, como ha dejado claro la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 2 de marzo del año 2010.

En el año 2023, España concedió la nacionalidad por residencia a 243 481 personas —r‌epito: 243 481 personas—, que, de acuerdo con la legislación vigente, ya son todas ellas españolas. No sé si saben sus señorías que solo hay quince capitales de provincia en España de las cincuenta y dos, incluyendo a Ceuta y Melilla, que tienen más población que esas 243 481 personas. De esas, sabemos que más de 54 000 eran marroquíes, 2500 de Argelia, 2500 de Nigeria y 600 de Mauritania. Sí, señorías, de Mauritania, del Estado de Mauritania, con el que el presidente del Gobierno acaba de llegar a un acuerdo para traer a más de 250 000 inmigrantes. Yo no sé si saben sus señorías del Grupo Socialista que, en Mauritania, en la República Islámica de Mauritania, el 70 % de las niñas y mujeres sufren la ablación, es decir, la mutilación genital femenina. Esa es la cultura feminista que quiere importar a España el presidente del Gobierno (aplausos), y ninguno de ustedes, señorías del Grupo Socialista, dice nada al presidente del Gobierno, como tampoco le dicen nada del pozo de corrupción en el que han vuelto a convertir su partido.

Permítanme un ejemplo, señorías. Todos los años se hacen españoles entre 50 000 y 55 000 marroquíes. Pues de acuerdo con la legislación de Marruecos, que esos marroquíes renuncien a la nacionalidad marroquí ante autoridades españolas, tal y como exige el artículo 23 del Código Civil, no tiene ningún reflejo para Marruecos, no sirve. Por tanto, hay un verdadero fraude de ley. Además, España no reconoce el tratado de doble nacionalidad con Marruecos y ese fraude de ley hay que denunciarlo, de ahí nuestra proposición de ley. Por tanto, es normal que la inmensa mayoría de los españoles se planteen si esas personas van a ser leales a España o a Marruecos, a Felipe VI o a Mohamed VI. Señorías del Grupo Socialista, pero también del Grupo Popular, este fraude de ley existía cuando ustedes gobernaban y tampoco le pusieron remedio.

No veo al señor Sémper, que ahora le quería dedicar unas palabras, toda vez que él pronunció unas palabras que política y moralmente son inaceptables. Dijo ―hoy debe ser que no se acuerda―: El Futuro del País Vasco hay que construirlo con Bildu. Menuda insensatez y menudo atropello también a todas las víctimas del terrorismo. (Aplausos).

La nacionalidad española, señorías, no se puede regalar; no se puede mercadear con la soberanía del pueblo español y no nos podemos permitir hacer españoles a los que no tengamos la absoluta seguridad de que van a ser leales y solidarios con España y con el conjunto de los españoles, es decir, que van a cumplir con todos sus deberes y con todas sus obligaciones como españoles. En España, señorías, hay más de setecientas mil personas en situación de ilegalidad, esas que quiere regularizar la izquierda, y, de esas, medio millón de personas que también quiere regularizar el Partido Popular; tenemos seis millones y medio de extranjeros, de los que sabemos que más de tres millones tienen permiso de residencia en régimen de extranjería. Pero todos los españoles nos hemos dado cuenta de por qué ustedes quieren regularizar a ese medio millón o a esos setecientos mil inmigrantes ilegales: básicamente porque ustedes quieren que empiecen a computar los plazos para que luego puedan adquirir la nacionalidad y que todos aquellos extranjeros que se han nacionalizado españoles puedan votar. Ustedes quieren intercambiar el DNI por un voto, y eso es también un verdadero fraude que nosotros venimos a denunciar aquí. (Aplausos).

Parece lógico y evidente, señorías, que una nación establezca para conceder la nacionalidad española una serie de requisitos que acrediten y justifiquen de forma clara, evidente y sin fisuras la plena adaptación de esos extranjeros a nuestra realidad política, a nuestra identidad, que conozcan nuestra historia, nuestras costumbres y, por supuesto, que cumplan nuestras normas cívicas. Por eso no queremos que pueda adquirir la nacionalidad española ningún extranjero que tenga antecedentes penales en su país de origen o en España. Es más, queremos que se expulse a cualquier extranjero que cometa un delito en España, aunque todavía no sea español, evidentemente. Eso es básicamente lo que nosotros traemos en esta proposición de ley.

En fin, es el Código Civil la norma que nosotros proponemos modificar para adquirir la nacionalidad española. En primer lugar, queremos que se modifique el Código Civil para la adquisición de la nacionalidad española en lo que se refiere a la carta de naturaleza, es decir, cuando la nacionalidad la entrega el

Gobierno mediante real decreto a quien le da la gana. Nosotros queremos que esto deje de ser así y que básicamente se tenga que motivar de acuerdo con un interés público, previo informe del Consejo de Estado como órgano consultivo del Gobierno, y siempre y cuando, por supuesto, esa persona que solicita la nacionalidad española no haya cometido delito alguno en España ni tampoco tenga antecedentes penales en su país de origen.

Pero el mayor cambio legislativo lo queremos en el modo de adquirir la nacionalidad española mediante residencia, es decir, cuando se otorga mediante la residencia legal y continuada inmediatamente anterior a la solicitud de adquirir la nacionalidad. Y lo que nosotros proponemos aquí, en primer lugar, es que el plazo de residencia legal y continuada pase de diez a quince años con carácter general, y lo dejamos exactamente igual en el resto de casos, es decir, para las personas de países iberoamericanos, Andorra, Guinea Ecuatorial, Portugal, Filipinas y también los sefardíes originarios de España.

También consideramos que es evidente la necesidad de estar en posesión de un certificado oficial de conocimiento de la lengua española. Señorías, estamos otorgando la nacionalidad española a personas que no hablan correctamente el español; al igual que también se la estamos concediendo a personas que no conocen nuestra historia, nuestra cultura, nuestras costumbres y tradiciones, ni tampoco, por supuesto, el ordenamiento jurídico. Por eso esto tiene que cambiar. Y evidentemente también necesitamos que se acredite fehacientemente la renuncia de su anterior nacionalidad, es decir, el adquiriente debe presentar documento público expedido por las autoridades de su país de origen que acredite la renuncia a esa nacionalidad, y así nos evitaremos el problema del fraude de ley que antes he comentado.

Señorías, creemos que también es necesario establecer una serie de causas para perder la nacionalidad española para todas aquellas personas que la hayan adquirido de forma derivada, es decir, que no sean españoles de origen. Porque entendemos que cuando España concede la nacionalidad y, por tanto, entrega su confianza a un extranjero para hacerle nacional español, si vulnera una serie de principios y comete una serie de delitos, evidentemente estará traicionando esa lealtad que a priori le ha dado España. Entonces, cuando existan causas de deslealtad o de traición al pueblo español o de insolidaridad con el conjunto de los españoles, ese extranjero que adquirió la nacionalidad española deberá perder esa misma nacionalidad. Por eso creemos que hay que modificar los artículos 24, 25 y 26 del Código Civil y los respectivos del Código Penal. Entre otros delitos, entendemos que deberían perder la nacionalidad española aquellos que cometieran, por ejemplo: delitos contra la Constitución, contra el orden público, de traición, contra la paz e independencia del Estado o los relativos a la defensa nacional. Además, señorías, les digo que esa deslealtad y esa traición es causa de despojo de la nacionalidad en más de una quincena de Estados de la Unión Europea. Es más, en Francia, donde se puede privar de la nacionalidad a aquellos franceses que la hayan adquirido de forma derivada, el socialista Hollande y Manuel Valls propusieron en el año 2015 también quitar la nacionalidad…

Me quedan dos minutos. ¿Puede ser? (Rumores).

En definitiva, señorías… (Rumores). ¿Puedo continuar?

Porque hay ya franceses de segunda, tercera y cuarta generación ―es decir, aquellos franceses que ya han adquirido nacionalidad de forma originaria― que cometen delitos absolutamente incompatibles con la ley, el orden y la seguridad de Francia. Eso está denunciado absolutamente por toda la sociología francesa y también por el historiador recientemente fallecido Patrick Buisson.

Termino, señor presidente. Señorías, no se les olvide que es un deber y una obligación de todos los españoles, sin distinción de si son españoles de origen o de forma derivada, defender a España. Por nuestra historia y nuestro futuro, defendemos la grandeza y la supervivencia de España. Y el futuro de España depende de la determinación, el coraje, la fuerza y la fortaleza con la que protejamos lo que somos.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Muchas gracias, presidente. Muy brevemente. La iniciativa para el endurecimiento de los requisitos civiles para la adquisición originaria de la nacionalidad y el correlativo incremento de los supuestos para su pérdida en el Código Penal que hoy nos traen ya fue presentada en sus mismos términos ante este Pleno en la legislatura pasada. Nuestro grupo parlamentario en aquel momento votó en contra de su toma en consideración por no considerar oportuna ni necesaria la reforma que se nos proponía, por no compartir su justificación ideológica y por no considerar congruentes ciertos cambios propuestos con la finalidad que decía perseguirse. Ahora, ante la misma iniciativa, no vemos motivos para que nuestra posición cambie de sentido respecto de lo que ya sostuvimos en ese Pleno del 13 de febrero de 2022. Nada más y muchas gracias.

Bona tarda a tothom. Gràcies, president. Immigrants de primera, immigrants de segona, tercera o quarta generació, és a dir, hi ha gent que està…, que té l’estigma de l’immigrant per a tota la vida i no se’l pot treure. Mai serà un dels nostres perquè ho diu un senyor. Vaja excrement de proposició de llei i vaja excrement de discurs, la veritat.

Avui ens trobem debatent una proposició de llei que en essència no és més que un atac als drets humans, a la igualtat i a la mateixa democràcia. Aquesta proposició de llei de VOX no només és xenòfoba, sinó que també denota una visió de la nacionalitat espanyola que sembla treta directament del passat més autoritari i excloent del Regne d’Espanya. VOX ens presenta aquesta llei amb un llenguatge alarmista i despectiu. Ens parla d’acabar amb les pràctiques fraudulentes d’adquisició de la nacionalitat i de preservar una puresa d’una Espanya idealitzada. Ens volen fer creure que concedir la nacionalitat espanyola als immigrants suposa una contaminació de l’espanyolitat. ¡Cuidado! Com si la ciutadania fos un club exclusiu on només uns quants en tenen dret.

Aquesta retòrica no busca altra cosa que fomentar el rebuig i la desconfiança cap a aquelles persones que han decidit guanyar-se la vida i contribuir amb el seu treball i amb la seva cultura al lloc d’acollida. Però no només això. VOX va més enllà i demana que la nacionalitat sigui una mena de privilegi reservat a uns pocs, gairebé com un títol de noblesa o un pacte de sang. És una visió elitista, on l’accés a la ciutadania es converteix en un procés carregat de requisits i obstacles, com si es tractés d’un honor sagrat i exclusiu. Ho hem escoltat fa una estona.

VOX parla de reforçar la condició de ser espanyol. Ho han dit aquí, una cosa com si fos el poble escollit, no?, i d’exigir una lleialtat i un compromís i una atenció literal, diu una lleialtat amb el passat, el present i el futur de la nació espanyola. Aquest llenguatge enllaça directament amb la retòrica de la Falange d’Espanya, dels falangistes, que deien allò de «unidad de destino en lo universal». Aquesta idea de nacionalitat no busca integrar, sinó assimilar i sotmetre. És aquesta la seva mentalitat, assimilar i sotmetre.

El que realment somien és una Espanya monolítica, construïda sobre la submissió i la fidelitat a una visió única d’Espanya. Una Espanya sense espai per a les diferents nacionalitats que integren l’Estat, ni cap espai per a les persones que aporten noves perspectives, noves llengües i noves cultures. I com si tot això no fos suficient, la llei proposa un examen de puresa ideològica i cultural, un examen de puresa ideològica i cultural. Cuidado no t’equivoquis, potser algú no el passaria. De fet, potser ser del Barça ja començaria dient. «Ui, ui, ui, que no vamos bien con el examen, que no vamos bien con el examen». Realment és que fa riure. I com si tot això no fos diferent el que deia, un examen de puresa ideològica. Així, a qui vulgui adquirir la nacionalitat espanyola, se li demanen coneixements com la llengua, evidentment l’espanyola. Les altres no són espanyoles. Ja m’agrada a mi, això. Ja m’agrada que només hi hagi una llengua espanyola, ja m’agrada. Així les coses queden clares. Però això no té res a veure amb res més que amb la seva manera d’entendre la vida i la política.

Per aquesta gent, només els qui acceptin una Espanya uniforme, construïda sobre els ideals de VOX, en poden formar part. La resta és la famosa anti-Espanya, Sí, allò de rojos separatistes i el virus d’aquesta gent i que el Vallejo Nájera buscava quin era el gen que s’havia d’extirpar, etcètera, etcètera. Aquest examen no deixa de ser un filtre inquisitorial, una eina de control per decidir qui és prou espanyol segons els seus estrets i rancis criteris. Aquest és l’examen que volen fer.

Des del grup republicà, ens oposem frontalment a aquesta visió. Ni volem formar part del Regne d’Espanya, ni una Catalunya on hi hagi ciutadans de primera i de segona. Cap d’aquests dos models ens agrada, on l’accés a la nacionalitat depengui de demostrar una fidelitat ideològica a prova de bombes. No acceptem que la nacionalitat sigui una recompensa per una obediència cega a una visió estreta i reduccionista de l’Estat.

Nosaltres volem una societat on les persones migrades puguin participar en les eleccions, repeteixo, on puguin participar a les eleccions. Estem absolutament en contra que persones que fa dècades que viuen aquí, que treballen aquí i contribueixen a l’economia d’aquí, no puguin triar el seu alcalde o decidir el seu futur del seu barri, per exemple. Dit això, potser les dretes anirien més en compte amb les seves paraules si tothom pogués votar. Però com sabem que la majoria d’aquestes persones no tenen dret a votar, per això s’envalentonen i per això són tan valents, perquè els altres no es poden defensar, no tenen urnes per defensar-se.

Nosaltres defensem una ciutadania on tothom que resideixi aquí i contribueixi a la societat on viu tingui els mateixos drets i deures i no hagi de passar una prova de docilitat ideològica per ser considerat de la comunitat. Tan, tant… No ho sé. La veritat és que sembla que hagin baixat d’un platillo volante a dir aquestes coses al segle XXI, que no volem ciutadans de primera i de segona. En fi, la seva llei és una peça més per a la seva fantasia d’una Espanya uniforme, on les diferents nacionalitats que avui l’integren hi quedin subordinades.

Però recordem que la mateixa Constitució que vostès defensen com si fos la xària, ja que els agrada tant aquesta paraula, reconeix que Espanya és un estat format per diferents nacionalitats, no una sola nacionalitat. I com a grup republicà i independentista, diem que ja és hora d’anar més enllà i parlar clarament del dret d’autodeterminació de les nacions que integren l’Estat. Un dret que no hauria de ser cap tabú en una democràcia moderna.

Nosaltres volem una república que sí que respecti la llibertat de pensament, la diversitat cultural i la dignitat de totes les persones. I també continuarem treballant per una Catalunya més justa, més plural i més inclusiva. Però també cooperarem sempre i els nostres vots serviran sempre perquè tots els republicans d’aquest estat, perquè tots els espanyols d’aquest estat també puguin tenir una societat més justa, més incloent i, en definitiva, millor. Els nostres valors, els nostres vots, mai restaran sobre aquesta idea. Sempre serem aliats d’aquesta causa perquè és la causa de la llibertat, la fraternitat i de la democràcia.

Moltes gràcies.

Buenas tardes a todos. Gracias, presidente. Hay inmigrantes de primera, de segunda, tercera y cuarta generación. Hay gente que tiene el estigma de emigrante desde siempre y no se lo puede quitar de encima, y nunca serán unos de los nuestros, porque lo dice un señor con una proposición de ley. Hoy nos encontramos debatiendo una proposición de ley que en esencia no es más que un ataque a los derechos humanos, la legalidad, la igualdad y la propia democracia. Esta propuesta es xenófoba y denota una visión de la nacionalidad española que parece ser sacada del pasado autoritario y excluyente del Reino de España. VOX nos presenta esta ley con un lenguaje despectivo y alarmista. Habla de acabar con las prácticas fraudulentas de adquisición de la nacionalidad y preservar la pureza de una España idealizada. Nos quieren hacer creer que conseguir la nacionalidad española de los migrantes supone una contaminación de la españolidad. Cuidado, como si la ciudadanía fuera un club exclusivo donde solo pueden entrar unos cuantos. Esta retórica no busca nada más que fomentar el rechazo y la desconfianza hacia las personas que han decidido ganarse la vida y contribuir con su trabajo y con su cultura en el lugar de acogida. Pero no solo esto, VOX va más allá y pide que la nacionalidad sea una especie de privilegio reservado a unos pocos, como un título de nobleza o como un pacto de sangre, y es una visión elitista. El acceso a la ciudadanía se convierte en un proceso cargado de requisitos y obstáculos, como si se tratara de un honor sagrado y exclusivo. Lo hemos oído hace un instante. VOX habla de reforzar la condición de ser español —u‌ na cosa como como si fuera el pueblo elegido— y de exigir una lealtad, un compromiso y una atención literal; una lealtad al pasado, al presente y al futuro de la nación española. Es un lenguaje que enlaza directamente con la retórica de la Falange de España, de los falangistas que creen en la unidad universal. Esta idea de la nacionalidad no busca integrar, sino asimilar y someter […] de lo que soñamos una España monolítica construida sobre la sumisión y una única visión de España, una España sin espacios para las diferentes nacionalidades que integran el Estado ni espacios para las personas que aportan nuevas perspectivas, nuevas lenguas y nuevas culturas.

Y como si todo esto no bastara, la ley propone un examen de pureza ideológica y cultural. Un examen de pureza ideológica y cultural, ¡cuidado!, que muchos no lo pasarían quizás. Si yo soy del Barça, ya me dirían: Uy, uy, uy, que no vamos bien con este examen. Realmente es gracioso, un examen de pureza ideológica. Por lo tanto, si quiero adquirir la nacionalidad española, me piden conocimientos como la lengua ―por supuesto, el español, porque las otras no son españolas―. Vale, a mí me gusta que solo haya una lengua española; sí, me gusta, así por lo menos las cosas están claras. Y esto no tiene que ver con nada más que con su única manera de entender la vida y la política. Para esta gente solo los que acepten una España uniforme construida sobre los ideales de VOX pueden formar parte de esta España; el resto son los famosos anti-España, rojos separatistas y el virus de esta gente y que Vallejo Nájera […] que hay que extirparlos, etcétera. Este examen no es más que un filtro inquisitorial, un instrumento de control para decidir quién es bastante español según sus criterios rancios y estrechos. Esto es lo que quieren.

En el Grupo Republicano nos oponemos frontalmente a esta visión. No queremos formar parte de una España ni de una Cataluña donde haya ciudadanos de primera y de segunda; ninguno de estos modelos nos gusta; donde el acceso a la nacionalidad dependa de mostrar una solidaridad ideológica a prueba de bromas. No aceptamos que la nacionalidad sea la recompensa por una obediencia ciega con una visión del Estado. Queremos una sociedad donde las personas migradas puedan participar en las elecciones; lo repito: puedan participar en las elecciones. Estamos absolutamente en contra de que personas que están aquí desde hace décadas, que trabajan aquí, que viven aquí y que contribuyen a la economía de aquí no puedan elegir a su alcalde o no puedan decidir el futuro de su barrio, por ejemplo.

Dicho esto, quizá las derechas estarían más en contra con sus palabras si todo el mundo pudiera votar, pero como sabemos que la mayoría de estas personas no tienen derecho a votar, por eso se envalentonan, porque los demás no se pueden defender, no tienen urnas para defenderse. Nosotros defendemos una ciudadanía donde todos los que residen aquí y contribuyen a la ciudad donde viven tengan los mismos derechos y deberes, y no tengan que pasar una prueba de docilidad ideológica para ser considerados de la comunidad.

Parece que hayan bajado de un platillo volante al decir estas cosas en el siglo XXI: que queremos ciudadanos de primera y de segunda. Esta ley es una prueba más de la fantasía de una España uniforme, donde las diferentes nacionalidades que la integran estén subordinadas, pero hay que recordar que esta Constitución que defienden como la sharia ―palabra que les gusta tanto― reconoce que España es un Estado formado por diferentes nacionalidades y no una única.

Como Grupo Republicano independentista, pensamos que es hora de hablar del derecho de autodeterminación de las naciones que integran el Estado. Es un diálogo que no tendría que ser tabú en una democracia moderna. Nosotros queremos una república que respete la libertad de pensamiento, la diversidad cultural y la dignidad de todas las personas. Seguiremos trabajando para una Cataluña más justa, más plural y más inclusiva, pero también cooperaremos siempre y nuestros votos siempre servirán para que todos los republicanos de este Estado y para que todos los españoles de este Estado también puedan tener una sociedad más justa, más inclusiva y mejor, en definitiva. Nuestros votos nunca restarán sobre esta idea y siempre estaremos aliados a la causa de la libertad, de la fraternidad y de la democracia.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidente. Como ya es costumbre, la ultraderecha de VOX vuelve a lanzar su enésimo zarpazo a las clases populares, autóctonas y migrantes para dividirlas, para poder explotarlas mejor y para complacer así a los más ricos. Porque esta propuesta para otorgar y privar de la nacionalidad a personas nacidas fuera de España no es más que eso: una amenaza hoy dirigida a los y las migrantes marroquíes, pero que al final del día no hará distingos, porque esto también va contra las trabajadoras y los trabajadores latinoamericanos, va contra los trabajadores madrileños, andaluces, vascos o catalanes que no hinquen la rodilla ante su concepción trasnochada de la hispanidad. Por eso, las amenazas de VOX con la ilegalización o con la pérdida de la nacionalidad no son una pieza aislada, son el complemento necesario de su apoyo a las mafias de Desokupa, de la patronal agraria o de los grandes especuladores. (Aplausos). La idea de fondo no es nueva, señorías, conseguir que las familias trabajadoras migrantes o autóctonas se dividan y se dejen explotar por los señoritos de turno con la amenaza de ser castigadas si se resisten, y es a esa causa a la que sirve el argumentario reaccionario de la islamofobia, del antisemitismo o de lo que haga falta, atribuirse la función del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición para decidir quién es incluido si se somete y quién, en cambio, va a la hoguera.

Obviamente, todos los argumentos utilizados por VOX son un compendio de clasismo y de racismo, pero sobre todo son falaces y son hipócritas, porque si la migración musulmana, señores de VOX, es peligrosa porque no respeta a las mujeres, los primeros en ilegalizarse deberían ser ustedes, que pusieron de cabeza de lista por Valencia a un condenado por maltrato y por violencia de género (aplausos). Porque si la migración musulmana debe ser vigilada porque, según VOX, representa un regreso a la Edad de Piedra, deberían ser ustedes los primeros en pedir perdón, porque entre sus filas tienen a un diputado que durante la pandemia aseguró que combatiría el virus chino con sus anticuerpos españoles y casi acaba con una trombosis. No quiero imaginarme lo que hubieran dicho grandes médicos y científicos musulmanes como Avicena o como el cordobés Averroes ante una actitud tan primitiva.

Y es que, si fuera cierto que la hispanidad se tambalea por una aviesa amenaza islámica, lo primero que habría que hacer es ilegalizar y quitarle la capitalidad a Madrid, cuyo nombre proviene del impío árabe Mayrit (aplausos). O algo más contundente: defenestrar públicamente al Cid Campeador por haber servido sin sonrojarse al matemático musulmán AlMu’tamin, uno de los gobernantes más cultos que tuvo Zaragoza. ¿Y los apellidos? ¿Y la fisonomía, señorías? ¿No ven peligroso los señores de VOX mantener la nacionalidad española a un señor con un apellido sospechoso como es ‘Ab-Ascal’, y con una fisonomía que sugiere más de un parentesco genético con las gentes que están del otro lado del Estrecho?

En su máxima cobardía, VOX lleva años criminalizando a menores de edad migrantes diciendo que son quienes más delitos cometen, pero su desvergüenza es tan grande que en estos días el propio director de la Policía Nacional ha salido a amonestarles y a decirles que eso es una mentira ―cito literalmente― como la copa de un pino.

La paradoja aquí es que si hay alguien que debería revisar sus vínculos con el mundo islámico es precisamente VOX, ¡que no ha dudado en financiarse con una organización iraní en manos de islamistas! (Aplausos). Seguramente la ultraderecha nos dirá que todo ese oscuro dinero iraní que está recibiendo, que también vemos ahora que es húngaro, todas esas donaciones millonarias no declaradas que van a la Fundación Disenso, presidida por el señor Abascal, son para construir españolidad. El problema aquí es que su españolidad, por lo visto, coincide con la cartera del señor Abascal.

¿Qué hacemos, pues, con la propuesta de unos patriotas de pulsera a los que el propio Cristo que dicen venerar llamaría sepulcros blanqueados y raza de víboras como mínimo? A nosotros se nos ocurren varias cosas. La primera, conseguir un amplio acuerdo para aprobar la iniciativa legislativa popular de regularización de unas trabajadoras y unos trabajadores migrantes (aplausos), que, a diferencia de los señoritos de VOX, llevan años levantando el país con su esfuerzo.

Una segunda, facilitar de inmediato la nacionalización de nuestros hermanos y hermanas saharauis, cumpliendo con nuestra responsabilidad histórica con ellos y ellas. (Aplausos).

La tercera, quitarle a la ultraderecha neofranquista su base material de apoyo, que siguen siendo las oligarquías rentistas que esquilman los bolsillos de la ciudadanía. (Aplausos). Urge, pues, limitar la compra de vivienda con fines especulativos, como en Holanda, y regular ya los alquileres abusivos, incluidos los de temporada.

La cuarta, conseguir un acuerdo amplio para enterrar para siempre la noción reaccionaria y excluyente de hispanidad con la que nos dan la turra cada 12 de octubre. Esto, entre otras cosas, señorías, nos obliga a hacer otra pedagogía sobre los pueblos diversos que ya somos; dejar de dar lecciones de feminismo de la mano de don Pelayo y recuperar la memoria de sabios como Averroes, como Maimónides, como Al-Mu’tamin. Dejar de dar lecciones con Torquemada por bandera y mirar con más respeto a grandes culturas precolombinas como la maya o la mexica; hablar menos de Carlos V de Gante y más de María Pacheco y de los comuneros de Castilla (aplausos); blanquear menos al colonialismo borbónico y recordar más a quienes lo resistieron con dignidad: Túpac Amaru, Bartolina Sisa o la valiente antiesclavista gallega Concepción Arenal. Hablar menos de Primo de Rivera y más de Abd el-Krim, el culto líder republicano rifeño; y más de Unamuno, que se jugó la vida defendiendo al patriota filipino José Rizal ante Millán-Astray, el carnicero al que admira el alcalde Martínez Almeida. Y, por supuesto, escuchar más a la presidenta Sheinbaum y al presidente Gustavo

Petro. Y conocer más y mejor a Maria Mercè Marçal, a Olga Rodríguez, a Nadia Otero, a Cristina Fallarás, a Irene Vallejo, a Karmele Jaio o a Gabriela Wiener. (Aplausos).

Recuperar este coro de memorias y voces plurales y convertirlo en políticas valientes a favor de las clases trabajadoras y de las gentes del común es el mejor antídoto que tenemos contra una ultraderecha clasista y racista a la que, hoy más que nunca, cuando suba aquí hay que exigirle cuentas por los dineros que recibe, de dónde los recibe y al servicio de qué amos los coloca.

Muchas gracias. (Aplausos).

Buenas tardes, presidente. Señorías. Señor Hoces, le ha costado hoy defender la proposición de ley, y ¿sabe por qué? Porque, señorías de VOX, volvemos a debatir la misma proposición que hace dos años —‌supongo que se habrán leído las intervenciones pasadas, aunque a lo mejor es mucho suponer, ya que sabemos que a ustedes lo de trabajar les gusta poco— y esta iniciativa fue rechazada por todos los grupos parlamentarios. En cuanto a sus pretensiones, mediante la presente iniciativa legislativa, plantean la modificación del régimen jurídico de nacionalidad, desde el artículo 17 al 25 del Código Civil desde una perspectiva ideológica y claramente xenófoba, porque su iniciativa carece de valor normativo. Su proposición de ley desgrana un catálogo de desvaloraciones, menosprecio sobre el origen de personas que han adquirido la nacionalidad española por haber estado, vivido y residido durante años de arraigo y cumpliendo con todos los requisitos y estándares de idoneidad en cuanto a la buena conducta cívica, integración y aportación al crecimiento del país con su trabajo y el pago de sus impuestos, entre otros valores. Su propuesta de modificación del artículo 17 persigue claramente a los menores, sus víctimas preferidas, los más vulnerables, generando con su propuesta discriminación, ya que el aumento en un año les imposibilitaría el acceso a servicios sociales. ¿No se les ha ocurrido que la propuesta del artículo 19 podría utilizar la adopción para generar un uso fraudulento de la ley? Sigamos con el artículo 20, de nuevo una excusa para generar discriminación, estableciendo diferencias para aquellos que están bajo el régimen de tutela o adopción. Continúo. Otro despropósito más: con su propuesta de adición del artículo 21.1, referente a la adquisición de la nacionalidad por carta de naturaleza, abandonan el carácter de discrecionalidad, hablan de tiempo de guerra, concepto ―como ha dicho el compañero― obsoleto, vulnerando el Código Penal Militar, olvidándose, por ejemplo, de las razones humanitarias. Y en lo que se refiere al Defensor del Pueblo, establecen la obligatoriedad de emitir informe cuando no procede la imposición al Gobierno de la consulta preceptiva. La propuesta de modificación del apartado 2 no aporta absolutamente nada y se nota que lo han trabajado poco. Seguimos con el artículo 22. En cuanto a la propuesta de modificación del apartado 1, pasando de diez a quince años, le pregunto: ¿en qué país de la Unión Europea lo tenemos? En ninguno. En el apartado 2, de nuevo, lo que se pretende es la persecución de los menores, creando situaciones de discriminación, al igual que en el apartado 5, donde se olvidan de los títulos oficiales de la ESO y de las personas con dificultades de aprendizaje, discriminando a las personas con discapacidad. En el artículo 23 ignoran que muchos países no aceptan la renuncia de la nacionalidad, y ha dado el ejemplo de Marruecos. Se nota la discriminación hacia los marroquíes, olvidándose, además, del Real Decreto 1004/2015. ¿Y qué sentido tiene la propuesta del artículo 24? ¿Cuál es el propósito? En relación con la propuesta del artículo 25, deberían saber que una mera resolución administrativa no conlleva la pérdida de derechos. Eso es un mínimo. Y para finalizar, tanto la propuesta del artículo 25 como la propuesta de la disposición adicional única, de modificación y adición, ¿otra vez son otro olvido? ¿Qué pasa con la situación de los apátridas? En definitiva, señorías de VOX, nuevamente queda en evidencia su falta de rigor y su torpeza a la hora de abordar modificaciones legislativas. Quizá es incapacidad de estudio y de trabajo, no lo sé. Considero que el espíritu de una ley es servir al interés general ―así se construye un Estado democrático de derecho― y sus eslóganes manifiestan su desprecio a la convivencia pacífica, su intolerancia religiosa y su odio al inmigrante. Son un verdadero atentado para esta democracia. Gracias. (Aplausos).

Gracias, señor presidente. Señorías, cuando preparaba esta intervención para exponer el punto de vista del Grupo Popular respecto de la proposición de ley orgánica de VOX, les aseguro que lo hacía con la intención de polemizar lo menos posible con este partido político, pero al escuchar al señor Hoces arremeter contra Borja Sémper, la verdad es que se me han quitado las ganas. Señor Hoces, el señor Sémper, que es aproximadamente de su edad, fue concejal en Irún en el año 1995 y fue perseguido por ETA. ¿Usted con quién ha empatado en la lucha contra ETA para arremeter contra el señor Sémper? (Aplausos). ¿Usted con quién ha empatado? ¿Con qué derecho se permite usted criticar las posiciones de don Borja Sémper en la defensa de España, de la libertad y de la democracia? ¿Qué ha hecho usted al respecto? Seguro que tendrá ocasión de contestarme. Decía que no tenía intención de polemizar con VOX en este asunto, aunque solo sea por el hecho de que VOX, PP y UPN somos los únicos partidos políticos que no somos responsables de tener un Gobierno enfangado en la corrupción como tenemos en este momento. (Un señor diputado del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: ¡Muy bien!―Aplausos). Como digo… (Un señor diputado del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Zaplana!). ¿Zaplana? Sí, mire, ¿sabe lo que pasa con el señor Zaplana? (Rumores). Sí, sí, se lo voy a decir. A nosotros no nos enorgullece en absoluto esto, pero hay muchas diferencias entre ustedes y nosotros. (Protestas.―Una señora diputada y un señor diputado del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Todas, todas!). La primera es que nosotros no nos enorgullecemos. (Un señor diputado del Grupo Parlamentario Socialista: ¿Cómo que no?); la segunda es que nosotros no hemos arremetido contra la audiencia que le ha juzgado y ustedes sí; la tercera es que nosotros no hemos modificado el Código Penal para dejarle impune y ustedes sí (protestas.―Aplausos); la cuarta es que nosotros no hemos indultado a nadie y ustedes sí; y la quinta es que nosotros no hemos lanzado al Partido Popular a la defensa de estas cosas y ustedes están en tromba defendiendo a Begoña, a Pedro Sánchez, a Aldama, a Ábalos y al resto de personas implicadas en la corrupción. (Aplausos). Esas son las diferencias entre nosotros, así que síganme hablando del tema, que seguirán escuchando. He consumido ya casi la mitad del tiempo relativo a esta proposición de ley orgánica, pero, en fin, señorías de VOX, hay una serie de cosas en las que ustedes y nosotros estamos de acuerdo en relación con la inmigración. Estamos de acuerdo en que España no puede abrir indiscriminadamente las puertas a cualquiera que quiera venir aquí, estamos de acuerdo en que la inmigración tiene que ser legal, tiene que ser una inmigración vinculada al trabajo, pero nos separa una cosa esencial y es que nosotros a los inmigrantes que vienen legalmente, que trabajan legalmente y que pagan sus impuestos los concebimos de una manera muy diferente a la suya: ustedes los miran con desconfianza y nosotros los miramos como seres humanos dignos, que tienen todos los derechos, y si tienen los requisitos, tienen también la posibilidad de adquirir la nacionalidad española. (Aplausos). Lo que ustedes pretenden con esta proposición de ley es dificultar la adquisición de la nacionalidad española. Pretenden elevar de diez a quince años a la residencia legal y continuada para adquirir la nacionalidad española. Se asombran de que haya habido en el pasado año 150 000 extranjeros que han adquirido la nacionalidad española, y yo me pregunto: ¿por qué? Son 150 000 personas que, si han adquirido la nacionalidad española, es porque han residido legal y continuadamente en nuestro país. Han trabajado legalmente aquí, han pagado sus impuestos aquí, han acreditado su arraigo y han acreditado su buena conducta cívica. ¿Cuál es el problema en que sean españoles? A nosotros no nos genera ninguno. Y elevar de diez a quince años el tiempo de residencia legal y continuada es una extravagancia en el ámbito jurídico de los países de nuestro entorno. Ni en Francia ni en Bélgica ni en Alemania ni en Inglaterra ni en Italia ni en Estados Unidos se exige semejante plazo. España es ya el país de Europa que más tiempo de residencia legal y continuada exige para adquirir la nacionalidad, porque en todos los países que acabo de citar se exigen cinco años de residencia legal y continuada. En el año 1889, cuando se promulga el Código Civil, que no regulaba esta materia en los términos en los que lo hace actualmente, se hacía referencia a la vecindad civil, que se ganaba en el siglo XIX con dos años de residencia si se hacía una manifestación favorable a obtenerla y con diez años si no se hacía ninguna manifestación contraria. Pero es que la primera vez que el Código Civil regula la adquisición de la nacionalidad española en términos similares al actual es por una ley del día 14 de julio del año 1954, pidiendo diez años de residencia legal y continuada. Les recuerdo que entonces gobernaba el general

Franco, que no creo que sea un representante del consenso progre precisamente. ¿Por qué quieren ustedes elevar a semejante cantidad de tiempo la residencia legal y continuada en España? Es incomprensible. Como es incomprensible que pretendan ustedes ahora descubrir el Mediterráneo diciendo que es necesario probar la buena conducta cívica, carecer de antecedentes penales y demostrar conocimiento de la lengua española y de la Constitución, porque, señorías, eso ya existe. Eso existe en la Ley del Registro Civil y en su reglamento; existe en el artículo 220 del reglamento del Registro Civil. El Instituto Cervantes imparte cursos de conocimiento de la lengua española como idioma extranjero e imparte cursos de conocimiento constitucional y sociocultural de España. Todo eso está ya regulado donde tiene que estarlo, que es en la Ley del Registro Civil y no en el Código Civil; luego no hace falta que inventen ustedes el Mediterráneo.

Pretenden crear una nueva pena, la pena de pérdida de la nacionalidad española, y eso nos parece que puede ser bastante razonable, pero para determinados delitos muy en concreto. Ustedes pretenden nada más y nada menos, con un artículo 616 quinquies del Código Penal, que extenderlo a todos los delitos comprendidos en los títulos XXI a XXIV del Código Penal, que abarcan cuestiones tan absolutamente heterogéneas como el delito de genocidio o el de desobediencia a la autoridad. Es decir, que el que extermine a un grupo nacional o el que discuta con un vigilante de seguridad en la estación de Atocha puede estar tratado penalmente de la misma manera, lo cual es absolutamente aberrante desde el punto de vista del derecho penal. Que se pueda establecer la pena de pérdida de la nacionalidad española por un delito de pertenencia a banda armada o por delitos contra la Constitución o sedición nos puede parecer razonable, pero insisto en que es necesario afinar mucho más en técnica jurídica cuando se pretende hacer una cosa así. Desde luego, lo que no es aceptable de ninguna manera es establecer la pérdida de la nacionalidad española por una sanción administrativa. Eso es una ocurrencia, señor Hoces. Para empezar, porque ustedes no se han tomado la más mínima molestia…

Termino, señor presidente. No se han tomado la más mínima molestia en decir en qué casos se va a poder imponer esa sanción y por qué autoridades, incumpliendo un principio esencial básico, como es el principio de legalidad, establecido en el artículo 25 de la Constitución, o el principio de legalidad administrativa, establecido en el artículo 25 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. ¿En qué casos y por qué autoridades? No lo dicen. Dicho esto, por las razones que decía al principio, el Grupo Parlamentario Popular, que tiene muy serias y severas discrepancias con esta proposición de ley orgánica de VOX, va a abstenerse en la votación sobre la iniciativa. Nada más y muchas gracias. (Aplausos).