Gracias, señor ministro. Es verdad lo que ha dicho, pero yo le voy a decir cuál es la situación de hoy en día, y no solo porque lo diga el informe, que también, sino porque los vascoparlantes lo padecemos día a día. No se respetan ni se garantizan nuestros derechos lingüísticos. Dice el informe —no yo, el informe—, y quizá esto lo debería contestar otro ministro que está ahí delante, pero bueno: En el caso del personal contratado por el Ministerio de Justicia, la situación es muy deficiente. Solo el 7 % de los jueces y el 2,5 % de los fiscales tienen un nivel lingüístico necesario; solo el 11 % de los funcionarios que trabajan en la Administración General del Estado tienen conocimientos de euskera y solo un pequeño porcentaje de ellos tienen un dominio avanzado. En Navarra, el 1 %. No se puede garantizar que los tribunales puedan llevar a cabo procedimientos penales, civiles o administrativos en euskera. Aunque formalmente es posible utilizar el euskera para una persona acusada en un procedimiento penal o para un litigante en un procedimiento civil o administrativo, el comité de expertos observa la ausencia de aplicación de tales derechos en la práctica. Por tanto, no se cumple el artículo 9.1 de la carta, por no hablar de las sentencias que día a día vienen desde los estamentos judiciales, horadando los derechos de los vascoparlantes. Zoritxarrez, hauxe da gure eguneroko ogia estatuko administrazioarekin harremanak izan behar ditugunean, gazteleraz eta soilik gazteleraz. Badakit administrazio horretako funtzionario askori arrotz egiten zaiola euskara eta borondaterik ez dutela erakusten ezta erakutsiko ere ikasteko eta gutxiago erabiltzeko. Baina ministro jauna, administrazioak herritarren eskubide linguistikoak bermatzeko obligazioa dauka, eta ez du hori egiten. Beraz, zuen erantzukizuna da horri buelta ematea, eta gurea. eskubide horien aldarrikapena egitea.
Desgraciadamente, este es nuestro pan de cada día. Cada vez que tenemos que relacionarnos con la Administración del Estado lo tenemos que hacer en castellano y solo en castellano. Sé que a muchas personas funcionarias de esta Administración el euskera les resultará ajeno y que no muestran voluntad de aprenderlo y aún menos de utilizarlo, pero, señor ministro, la Administración tiene la obligación de garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía, y es que no lo hace, por lo que es su responsabilidad y también la nuestra revertir esa situación y reivindicar esos derechos.
Por lo tanto, cumplan con sus obligaciones. Muchas gracias.