Proposición de Ley de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el coste de las prestaciones y servicios de las personas beneficiarias (corresponde a los números de expediente 120/000031/0000 de la X Legislatura, 120/000001/0000 de la XI Legislatura, 120/000001/0000 de la XII Legislatura, 120/000001/0000 de la XIII Legislatura y 120/000001/0000 de la XIV Legislatura).

Obrigado, señora presidenta. Boa tarde. Debatemos hoxe a iniciativa lexislativa popular que propón a modificación da Lei 39/2006, de 14 de decembro, de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de dependencia en relación á participación no custo das prestacións e servizos das persoas beneficiarias. Trátase dunha proposta que procede xa da X lexislatura e que veu sendo adiada, mais que merece atención e urxencia pola relevancia que pode ter no día a día da vida de moitas persoas. O BNG vai apoiar a súa toma en consideración e agardamos que se tramite de forma áxil. Con todo, tamén presentaremos emendas para tentar mellorala. Temos claro que é preciso avanzar en materia de atención á dependencia para lograr un sistema público que sexa efectivo, que se adapte ás necesidades de cada persoa tanto das persoas con discapacidades como para atender as condicións derivadas do envellecemento. Cabe lembrar que as competencias para a atención á dependencia son das comunidades autónomas e que os servizos que poden e deben prestar para a atención á dependencia deben ser atendidos desde distintos ámbitos e con distinta intensidade, partindo dun plan de atención individualizado para cada persoa usuaria no que se faga unha valoración integral, se estabelezan obxectivos e se vaia adaptando á evolución de cada persoa. Axuda no Fogar, Xantar na Casa, centros de día, residencias, axudas e apoio ás persoas coidadoras, programas para a soidade non desexada, atención á prevención de enfermidades neurodexenerativas, asistencia persoal para as persoas con discapacidade son todas elas actuacións que precisan dun financiamento público suficiente. Na verdade, este é o principal problema, o infrafinanciamento das actuacións previstas na lei de dependencia cunha responsabilidade partillada entre Estado e comunidades autónomas. Reparemos que, a pesar do legalmente previsto e dos compromisos establecidos, entre outros, co BNG no acordo de investidura do 2020, o Estado non cumpre aínda coa achega que lle corresponde do 50 % e a débeda acumulada, por exemplo, coa Galiza nesta materia cífraa o Goberno galego en 2500 millóns de euros. Máis unha vez, responsabilidade compartida neste caso entre o Partido Popular e o Partido Socialista, que gobernaron alternativamente no Estado desde que en 2006 fose aprobada a lei de dependencia. Foi precisamente durante o Goberno do Partido Popular cando máis se afondou no infrafinanciamento. E é certo que, como consecuencia dos compromisos adquiridos, facía referencia antes ó acordo de investidura co BNG en 2020, houbo un incremento importante nos recursos destinados a financiar as actuacións da dependencia. Por exemplo: o aumento das achegas a Galiza experimentou un crecemento do 121 % entre o 2021 e 2023 en relación co 2020. Mais continúa sendo insuficiente. Isto vese agravado en Galiza polas políticas de recortes que aplica o Partido Popular desde o Goberno galego. Segundo datos de 2022, Galiza situábase á cola do Estado en investimento en dependencia. Nesa altura, a Asociación Estatal de Directores e Xerentes de Servizos Sociais sinalaba que o conxunto dos Gobernos autonómicos destinaron en 2021 de media ó financiamento deste servizo o 79,1 % do seu custo total. Porén, a Xunta de Galiza só dedicou o 67 %, último nunha clasificación que liderou Euskadi cunha achega do 88 %. Finalizo. Así pois, aumentar o financiamento público é un requisito para unha mellor atención ás persoas en situación de dependencia, pois partimos de que debe ser enteiramente atendida con recursos públicos. En todo caso, todo o que sexa avanzar nunha situación de maior equidade vainos parecer ben. Por iso, o BNG votará a favor da toma en consideración e, como dicía, tamén presentaremos emendas para mellorala. Moito obrigado.

Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Debatimos hoy la iniciativa legislativa popular que propone la modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en relación con la participación en el coste de las prestaciones y servicios de las personas beneficiarias. Se trata de una propuesta que procede ya de la X Legislatura y que se ha venido posponiendo, pero que merece atención y urgencia por la relevancia que puede tener en el día a día de la vida de muchas personas. El BNG va a apoyar su toma en consideración y esperamos que se tramite de forma ágil. Sin embargo, también presentaremos enmiendas para intentar mejorarla. Tenemos claro que es preciso avanzar en materia de atención a la dependencia y para lograr un sistema público de atención efectivo que se adapte a las necesidades de cada persona, tanto de las personas con discapacidades como para atender a las condiciones derivadas del envejecimiento. Cabe recordar que las competencias para la atención a la dependencia son de las comunidades autónomas y que los servicios que pueden y deben prestar para la atención a la dependencia deben ser atendidos desde distintos ámbitos y con distinta intensidad, partiendo de un ideal de atención individualizado para cada persona usuaria en que se haga una valoración integral, se establezcan objetivos y que se vaya adaptando a la evolución de la persona atendida. Centros de día, residencias, ayudas, apoyo a las personas cuidadoras, programas para la soledad no deseada, atención a la prevención y atención de enfermedades neurodegenerativas, asistencia personal para las personas con discapacidad, son todas ellas actuaciones que requieren financiación pública suficiente.

En realidad, este el principal problema: la infrafinanciación de las actuaciones previstas en la ley de dependencia, con una responsabilidad compartida entre Estado y comunidades autónomas. Reparemos en que, a pesar de lo legalmente previsto y de los compromisos establecidos, entre otros con el BNG, en el acuerdo de investidura de 2020, el Estado no cumple aún con la aportación que le corresponde del 50 % y la deuda acumulada, por ejemplo, con Galicia en esta materia el Gobierno gallego la cifra en 2500 millones de euros. Una vez más, responsabilidad compartida, en este caso, entre Partido Popular y Partido Socialista, que gobernaron alternativamente en el Estado desde que en 2006 fuera aprobada la ley de dependencia. Fue precisamente durante el Gobierno del PP cuando más se ahondó en la infrafinanciación. Es cierto que, como consecuencia de los compromisos adquiridos, en referencia al acuerdo de investidura de 2020, como decía antes, hubo un incremento importante en los recursos destinados a financiar las actuaciones de dependencia y el aumento de las aportaciones a Galicia experimentó un crecimiento del 121 % entre 2021 y 2023 en relación con 2020, pero sigue siendo insuficiente. Esto se ve agravado en Galicia por las políticas de recortes que aplica el Partido Popular desde el Gobierno gallego. Según datos de 2022, Galicia se situaba a la cola del Estado en inversión en dependencia. En aquel momento, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales señalaba que el conjunto de los Gobiernos autonómicos había destinado en 2021, de promedio, a la financiación de este servicio el 79,1 % de su coste total; sin embargo, la Xunta solo dedicó un 67 %, último en una clasificación que lideró Euskadi, con una aportación del 88 %.

Finalizo. Aumentar la financiación pública es un prerrequisito para una mejor atención a las personas en situación de dependencia y también para garantizar, como pretende esta proposición de ley, una mayor equidad. En tal caso, todo lo que sean mejoras en este sentido nos van a parecer bien y por ese motivo el BNG va a votar a favor.

Muchas gracias.

Gracias, presidenta. Señorías, agradecemos mucho esta iniciativa popular, que es tan necesaria. Me gustaría explicar lo que significa que gobiernen unos u otros partidos cuando se trata de dependencia, y para eso hay que tener memoria. Lo digo porque con mi formación política, con Podemos dentro del Gobierno, el Estado hizo la mayor inversión, que fue histórica, en dependencia en nuestro país; revirtió con creces esas actuaciones, esos recortes criminales de Rajoy, y se logró que se atendiera a más personas que nunca en el sistema de dependencia. Como dijo nuestra ministra Ione Belarra en ese momento: Mientras siga existiendo una sola persona en situación de dependencia sufriendo una larga lista de espera, esta ministra no va a estar satisfecha y va a seguir trabajando. Así lo hizo y así lo pudimos comprobar también con el aumento de las cuantías de las prestaciones económicas. Y pregunto: ¿quién quiere a su familiar en una residencia que esté masificada? Porque no solamente nuestros familiares, nuestros mayores tienen derecho a la mejor calidad de vida posible, sino que además son unos activos valiosos para una sociedad que esté sana. Son nuestra conciencia, nuestra memoria, nuestra experiencia y nuestro refugio. Por eso, cuando estábamos en el Gobierno alcanzamos un acuerdo histórico con las comunidades autónomas para renovar el sistema de residencia, lo que llamamos la revolución de los cuidados. Por eso, el ministerio de Belarra promovió una inversión total de 3500 millones de euros entre 2021 y 2023 —‌lo recuerdo— para planes como el Plan de Apoyos y Cuidados de Larga Duración, el Plan de Modernización de los Servicios Sociales o el Plan España País Accesible. Y voy a ser concreta con estos datos para tener memoria, como digo. En Canarias conseguimos darle, literalmente, la vuelta a los datos de dependencia y fue la comunidad autónoma que más creció en atención y resolución de expedientes, sacando a 8000 personas de la lista de espera. Tengo que dar desde aquí las gracias a mi compañera Noemí Santana, que fue consejera de Derechos Sociales del Gobierno canario, porque lo hizo posible. También tengo que recordar que desde que gobiernan Coalición Canaria y el Partido Popular allí hay miles de personas menos atendidas y prestaciones que no han llegado a sus beneficiarios legítimos.

Voy a hablar también de Andalucía, que es mi tierra. ¿Qué ha hecho Moreno Bonilla con todos los millones recibidos en Andalucía? Lo voy a contar. Desde que se solicita la ayuda a la dependencia hasta que se resuelve la prestación permanecen en lista de espera más de 600 días, más de 600 días, es decir, somos la comunidad autónoma donde existen las mayores listas de espera de España, con 272 días más que la media nacional, y con personas que, aun teniendo reconocida la prestación de dependencia —q‌ ue es uno de los problemas que tenemos a diario—, mueren y fallecen sin llegar a recibirla. Solo en el mes de junio murieron en Andalucía 134 personas en listas de espera. Fueron 8771 las personas que fallecieron entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023 esperando en la lista de la dependencia sin ser atendidas. Esta es la realidad de Andalucía, gracias a la pésima gestión del Gobierno del Partido Popular y de Moreno Bonilla. Y esto no lo digo yo, lo dicen —‌y es una evidencia— los propios dependientes y los propios trabajadores del sistema, que afirman —‌lo voy a decir literalmente— que nunca antes el sistema de atención a la dependencia en Andalucía ha estado tan mal gestionado.

Por eso, señorías, nosotras vamos a apoyar esta toma en consideración. También voy a pedir a todos y a todas, en el resto del trámite de la ley, memoria sobre las políticas de la dependencia y cuando se hable de dependencia.

Muchas gracias. (Aplausos).

Arratsalde on. Buenas tardes a todos y todas. Estamos ante una iniciativa legislativa popular que comenzó su andadura en esta Cámara en 2015, apoyada por 740 000 firmas, que ha sido presentada ya en cuatro ocasiones por sus promotores y en dos de ellas ha superado el trámite de toma en consideración en Pleno. Hasta ahí puedo contar, ya que hasta ahora ha permanecido en el cajón de las proposiciones y proyectos de ley que están en la nube, en espera en este Congreso de los Diputados. Como ya saben, el Grupo Vasco votó en contra de la ley de dependencia por considerar que invadía el marco competencial y esta ILP, que sobre todo se centra en el copago, redunda nuevamente en el error, ya que atribuye al legislador estatal, es decir, a las Cortes Generales, la competencia de incorporar regulación que debiera ser de los legisladores autonómicos y además, a través de la modificación que propone del artículo 14, atribuye la competencia de la regulación reglamentaria del copago al Gobierno del Estado, cuando es competencia exclusiva de las comunidades autónomas y, en nuestro caso, de las diputaciones forales; una injerencia que no supone ninguna mejora en el servicio, tal y como se ha demostrado hasta el momento. La ILP argumenta esta modificación basándose en el principio de igualdad recogido en el artículo 149.1.1.ª, alegando la necesidad de la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles, pero se trata de un principio rector, no es un principio competencial. Si aceptamos la redacción planteada, que va más allá de regular el contenido normativo de un derecho subjetivo y aunque seguramente no fuera el fin de las personas que apoyan la iniciativa, estaríamos vaciando nuevamente la competencia exclusiva que tienen las comunidades autónomas sobre esta materia. Por otro lado, esta iniciativa sí podría tener un valor si, salvando el ámbito competencial, se planteara también el debate sobre la financiación de los servicios sociales, que evidentemente ha sido el gran obstáculo para que esta iniciativa no se haya tramitado, no haya sido materializada en todos estos años. Porque ¿qué supone la modificación que plantea la ILP? ¿Por qué, pese a los amplios acuerdos y a haber sido aprobada por los grupos políticos que gobernaban en el Estado, las veces que se ha presentado no se ha llevado adelante? ¿Por qué ha permanecido en el cajón de las iniciativas olvidadas? Creo que, además de buenas palabras, tenemos que ser realistas, sinceras y no generar más frustración. Euskadi ha ejercido sus competencias, y no lo digo yo, los datos lo demuestran, con una nota alta en servicios sociales, aunque evidentemente toda política pública es mejorable, y lo ha hecho garantizando el acceso a los servicios, independientemente de los recursos económicos de las personas. El Gobierno del Estado tiene un gran debe con las comunidades autónomas en relación con la ley de dependencia y en su financiación, pues no llega a asumir su parte proporcional. Es curioso que la ley diga que la aportación de la comunidad autónoma será al menos igual a la de la Administración General del Estado. Si hubiera sido igual, no se podría haber desarrollado la ley de dependencia estatal y el derecho que reconoce, ya que, si tenemos en cuenta los datos de 2023, el Estado cubre en Euskadi apenas el 16 % de los casi 950 millones de euros del coste reconocido, siendo, por lo tanto, las Administraciones vascas quienes asumen la mayor parte.

En el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Ley 12/2018 es la que regula los servicios sociales, donde se incorporan la cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales y también las previstas en la ley de dependencia estatal de 2006, y se ejecutan, en nuestro caso, tanto por el Gobierno vasco como por las diputaciones forales y los ayuntamientos. En este caso, como he dicho antes, son las diputaciones forales las que aprueban los decretos que regulan los requisitos técnicos y económicos de esta prestación, es decir, el régimen de la aportación económica de las personas usuarias en los centros de atención a la dependencia. Esta modificación del copago, que se impondría sin tener en cuenta la realidad de los servicios que ofrecen las instituciones vascas, supondría que se dejarían de percibir alrededor de 125 millones de euros y que se tendrían que cubrir con más aportación de fondos públicos. Hoy, en Guipúzcoa, las tasas cubran el 33 % del coste de estos servicios; con esta modificación, no llegaría al 20 %. Sin embargo, en Guipúzcoa las aportaciones máximas de las personas usuarias —‌o sea, el copago, que evidentemente depende de su renta— no superan el 40 % del coste; y la cantidad mínima de libre disposición supera el 40 %, excepto en las residencias, que es del 30 %.

Habrá grupos que incidirán en la necesidad de modificación para plantear lo que pretende la ILP, pese a que no lo haga quien es competente, y así se darán pasos atrás en el autogobierno vasco; y habrá otros que aprovechen lo que en el fondo proponen para uniformizar lo diferente. Y digo diferente ya que no son iguales ni comparables, tampoco en el coste, muchos de los servicios y prestaciones sociales de las comunidades autónomas, ni el nivel de desarrollo de la ley de dependencia en cada territorio, ni el esfuerzo que se dedica a la dependencia y servicios sociales en las comunidades autónomas, ni los costes de dichos servicios. Por lo tanto, no pueden aplicarse los mismos criterios a cosas diferentes. Eso no es equidad.

Ekimen honek dependentziako zerbitzu eta errekurtsoetara pertsona guztiek aukera izatea bermatzea du helburu, eta horretarako, kostuen partaidetzaren erregulazioa Estatuko Gobernuaren eskuetan utzi nahi du. Ekimenaren ustetan, pertsona erabiltzaileen ahalmen ekonomikoa eta kostuetan izan behar duten partaidetza irizpide argiago eta justuagoetan oinarrituko delako. Nahiz eta noski, lehen helburuarekin bat etorri euskal araudiak jasotzen duelako ere, hau da, pertsona guztiek dependentziarako errekurtso zein zerbitzuak erabiltzeko aukera bermatzearena, ez dugu bat egiten berme legal horren irizpideak argiago eta justuagoak izango direnik legea estatala denean, justu kontrakoa esango nuke. Planteatutako ekimena bere baitan onartuko bagenu, eta ziurrenik ekimena babestu zuten pertsonen helburua ez bada ere, berriro gustuko genuke autonomia erkidegoek gai horren inguruan duten eskumen esklusiboa. Bestalde, ekimen honek izan dezake eskumen eremua alde batera utzita, gizarte zerbitzuen finantzaketari buruzko eztabaida planteatuko balitz, eta hori izan daiteke eta da ekimen honi urte hauetan guztietan ez izapidetzeko, ez aurrera eramateko oztopo nagusia. Finantzazioa eta gizarte politiken jasangarritasuna bermatzea, hori da gakoa. Euskadin azken 10 urteotan, hau da, ekimen hau aztertzen denetik, % 50 igo da dependentziaren gastua. Herri zaharragoa dugu eta dependentziarako zerbitzu eta prestazioak handitu eta hobetu ditugu. Gure esku dago behar duenak behar duen atentzioa jasotzeko aukera izatea, norbere egoera ekonomikoa, baldintzatu gabe, baina kontutan hartuta, eta, noski, zerbitzu publikoen jasangarritasuna bermatuta. Gaur ia aho batez onartuko den lege ekimen honek orain arte ez du etorkizunik izan, tramitazioan aurrera egingo balu, gure taldeak testua hobetzearren, emendakinak aurkeztuko lituzke. Mila esker.

Esta iniciativa está destinada a que todas las personas tengan a su disposición servicios de dependencia. Es por ello por lo que queremos dejar en manos del Gobierno este servicio. Los servicios de dependencia dependen en muchas ocasiones de la capacidad económica, a pesar de que, claro, el reglamento vasco recoge asimismo expresamente que todas las personas tengan recursos de dependencia. Pero, aun así, no estamos de acuerdo con los criterios de esa garantía legal, porque no consideramos que sean más justos esos criterios cuando la ley sea estatal, justo lo contrario. Si la aceptáramos así —‌y seguramente las personas que aprobaron esta iniciativa no tuvieran ese objetivo—, nos gustaría que las comunidades autónomas tuvieran su competencia exclusiva en este sentido.

Por otro lado, esta propuesta puede dejar a un lado el ámbito de competencias y también llevaría a un debate de la financiación, que es lo que nos gustaría. A lo mejor esa sería y es la razón para que no haya salido adelante esta propuesta. La financiación y la sostenibilidad de las políticas sociales, esa es precisamente la clave. En Euskadi, durante los últimos diez años, es decir, desde que se ha dejado a un lado la iniciativa, el 30 % es el porcentaje que ha aumentado el gasto social y el pueblo es mayor, es decir, hay un envejecimiento y hemos mejorado los recursos para las situaciones de dependencia. Así, cada persona puede tener la oportunidad de recibir la atención más adecuada, sin que le condicione su situación económica, pero teniendo en cuenta su situación económica y, por supuesto, garantizando la sostenibilidad de los servicios sociales. Hoy esta propuesta de ley se va a aprobar casi por unanimidad y hasta ahora no ha tenido futuro. Si avanzara en la tramitación, nosotros y nosotras presentaríamos enmiendas.

Muchísimas gracias.

Mila esker, presidente andrea. Arratsalde on guztioi. Como bien se recoge en la exposición de motivos de esta proposición, la conocida como ley de dependencia del 2006, supuso un avance significativo en el reconocimiento de los derechos sociales y las necesidades de cuidado, y trajo consigo medidas de reparación ante el déficit histórico que en esta esfera presentaban las precarias y débiles estructuras de cuidado, tradicionalmente asignadas a las mujeres en el hogar. No obstante, dieciocho años después, vemos cómo la cartera de servicios de esta ley sigue sin desarrollarse de manera universal y los derechos de cuidado siguen estando sujetos a un copago, a diferencia de otros sistemas de bienestar social, como son el educativo y el sanitario. Los cuidados son los únicos servicios públicos que se pagan de forma compartida entre la Administración y la familia, o usuaria o usuario, y esto hace que solo las personas que tienen rentas suficientes puedan garantizar el cuidado que necesitan. Por ello, se ha convertido en una fuente de desigualdades sociales y de género, perpetuando que miles de mujeres sostengan las tareas de cuidado dentro de las familias, o a través del empleo doméstico, de forma invisible y precarizada. Ante esta situación, la iniciativa legislativa popular que se trae hoy a debate propone la modificación de los artículos 14 y 33 de la ley del 2006, en un intento de plantear un copago más justo o equitativo para los servicios de atención a la dependencia. Nuestra formación está totalmente de acuerdo con la necesidad de regulación del copago y de abordar estrategias que reduzcan la cuantía que tienen que aportar las personas usuarias. De hecho, tanto en la Comunidad Autónoma del País Vasco como en Navarra llevamos dieciséis años a la espera de una regulación en esta materia y denunciando que hoy en día necesitar cuidados o apoyos para el fomento de la autonomía penaliza económicamente a las familias. En nuestro actual estado de bienestar, gozar de peor salud, es decir, enfermar, no te penaliza económicamente. ¿Por qué? Porque la sanidad es gratuita. Esta debería ser nuestra meta también en materia de cuidados: un sistema de prestaciones y servicios gratuitos, que haga que tus necesidades de cuidados no te penalicen, para que, llegado el momento, la dependencia no sea un factor de desigualdad. Dicho esto, subrayando la competencia exclusiva que tenemos en la materia en el caso de Euskal Herria y que nuestra propuesta política se decanta por el desarrollo de un modelo vasco de cuidados público y comunitario, entramos a valorar la propuesta de modificación de la ley que hoy se presenta y adelantamos las siguientes reflexiones. Es una propuesta que propone como criterio para regular el copago el tiempo que la persona permanecerá en situación de dependencia, puesto que el esfuerzo económico familiar no es el mismo si este se concentra en unos pocos años o a lo largo de muchos, y requerir apoyos durante más años no debería penalizarse económicamente. El proyecto introduce que solo se considere la renta de la persona, no su patrimonio, aspecto que, a nuestro entender, no resultaría equitativo, en tanto en cuanto no lleguemos a esa meta de prestaciones y servicios exentos del copago que defendemos; aunque tal vez podría plantearse tener en cuenta solo la renta y no el patrimonio en servicios que no tengan carácter residencial, como ya ocurre en servicios como el SAD. Se propone una cuantía de libre disposición de apenas 240 euros al mes, que consideramos insuficiente, y vinculada al Iprem, con la que no estamos de acuerdo. Y se plantea también que el copago no pueda superar un determinado porcentaje de coste real del servicio. Pensamos que una medida así, aplicada a los servicios que tienen competencia en el mercado negro, puede ayudar a mejorar las condiciones laborales de muchas cuidadoras. De hecho, Euskal Herria Bildu ya ha aplicado esta estrategia en servicios como el SAD en municipios como Donostia, estableciendo por primera vez un precio público máximo por hora de servicio.

Dicho esto, vamos a votar a favor de la tramitación de la proposición entendiendo que busca una mejora de derechos para las personas en situación de dependencia en el Estado español. Ello pese a insistir en que, en nuestro caso, seguiremos trabajando para mejorar el sistema de cuidados dentro de nuestro marco competencial exclusivo en esta materia.

Mila esker. (Aplausos).

Moltes gràcies, presidenta. Tres mil dies. Fa més de tres mil dies, més de vuit anys, que 750 000 persones van presentar aquesta iniciativa popular al Congrés dels Diputats. Des de llavors, i malgrat ser la primera ILP que va superar la barrera de les 500 000 firmes, aquesta Cambra no ha estat capaç de portar fins al final la seva tramitació. Tres mil dies per ser exactament on som avui, just encara al començament de la tramitació. Tres mil dies per tornar a començar un tràmit que després d’avui la gran majoria dels seus grups polítics, i sobretot l’actual Govern, com ja ha fet anteriorment, no tindran cap mena d’interès a impulsar la seva tramitació per portar-la fins al final. Tres mil dies fins ara absolutament perduts. La ILP presentada l’any 2016 i que ha anat saltant successivament de legislatura en legislatura, duu un títol llarg, però pretén una cosa extremadament senzilla: millorar les condicions del copagament de les persones en situació de dependència. Una ILP que té com a objectiu principal fer més justa la participació econòmica de les persones beneficiàries i que sigui molt més equilibrada i adaptada a les necessitats reals de cada persona dependent. Una iniciativa que neix evidentment des de la percepció certa de molta gent que el sistema actual és injust i tot sovint excessiu en aquesta forma de copagament, sobretot per a persones d’edat avançada i amb discapacitat que, curiosament, eren els que el legislador del seu moment volia protegir amb aquesta llei i que, a la pràctica, han sigut els que han quedat més vulnerables amb l’aplicació actual. Òbviament, des del punt de vista dels impulsors, aquesta és una reivindicació legítima i lògica, però a nosaltres ens pertoca també fer-hi una mirada des del punt de vista competencial català. I aquí és on cal fer l’advertiment corresponent, ja que competencialment, en matèria de serveis socials, tot allò que hi fa referència està de manera exclusiva delegat a la Generalitat de Catalunya mitjançant l’article 166 del vigent Estatut de Catalunya. Per tant, cal evitar que aquesta tramitació sigui una nova oportunitat, una nova via de recentralització de les competències de Catalunya cap al govern de l’Estat. Un Estat que, a més a més, ha acreditat reiteradament amb el pas del temps la seva incapacitat de treballar en l’àmbit de la dependència de manera equitativa i justa, fins a l’extrem d’acabar provocant que 740 000 persones s’organitzin per impulsar aquesta iniciativa. Però ja que parlem del paper de l’Estat i de Catalunya en l’àmbit de la dependència i que, a més a més, estem parlant del copagament, que és el mateix que parlar de finançament, fem una mirada sobre quina és la realitat en aquesta matèria a casa nostra, una mirada amb dades, no amb opinions ni percepcions. No, amb dades. D’acord amb allò establert per la llei, el finançament del sistema de dependència hauria d’anar majoritàriament a càrrec de l’Estat. Ras i curt, ho estableix així la llei. De fet, la llei estableix que en un primer bloc de les prestacions, aquelles que fan referència al nivell mínim de protecció garantit pel sistema, hauria de ser assumit exclusivament, al 100 %, per l’Estat. I del segon bloc de prestacions, aquelles que provenen dels convenis entre l’Estat i les comunitats autònomes, hauria d’anar un 50 % a càrrec de l’Estat i un 50 % a càrrec, en aquest cas a Catalunya, de la Generalitat de Catalunya. Per tant, en conjunt, i insisteixo, així ho estableix la llei, força més d’un 50 % del finançament i, per tant, del cost, hauria d’anar a càrrec de l’Estat. Agafem ara les dades de posada en servei de la llei de dependència des del 2008 fins a l’actualitat. En aquest període s’han invertit 18 000 milions d’euros a Catalunya en el sistema de dependència. Per tant, d’aquests, més de 9000 milions d’euros havien d’haver anat a càrrec de l’Estat. Què ha passat a la pràctica? Doncs que l’Estat, lluny de posar-hi aquests més de 9000 milions d’euros, només n’hi ha aportat 3000 i la Generalitat n’ha hagut d’assumir 12 000. I la resta? Ai, la resta. La resta és la viva imatge de la vergonya de l’Estat. La resta de cost l’han hagut d’assumir les famílies que es veuen afectades per la dependència. Perquè l’incompliment en el finançament es tradueix sempre en pressió mitjançant copagament, perquè un migrat 16 % de l’Estat, en lloc de més del 50 % que hi hauria de posar, acaba obligant un sobreesforç no només a la Generalitat de Catalunya, que també, sinó sobretot també un sobreesforç a les famílies mitjançant la fórmula del copagament. Un copagament que, a més a més, molts anys ha acabat igualant allò que hi posen les famílies, allò que hi posa el propi Estat. El mateix, els mateixos euros aportats per les famílies que els que hi aporta l’Estat.

Que no? Mirem les xifres absolutes d’aquest període: 3117 milions d’euros aportats per l’Estat, 2994 milions d’euros per les famílies i, com he dit, 12 000 milions d’euros per la Generalitat. I amb això està tot dit. Tot. Una evidència més de l’acció extractiva de l’Estat a Catalunya fins i tot en aquest cas abusant dels més vulnerables. Una evidència més de la voluntat expressa de l’Estat espanyol de no transferir els recursos fixats fins i tot per llei, fet que agreuja encara més aquesta constant acció nociva de l’Estat espanyol que pels ciutadans de Catalunya, pensin el que pensin, tinguin la ideologia que tinguin. Per tant, que tots aquells grups que sustenten des d’aquest hemicicle el Govern facin la seva feina. No facin perdre tres mil dies més als impulsors d’aquesta iniciativa. Facin la seva feina, respectin les nostres competències, paguin el que els pertoca i no es quedin els recursos dels més vulnerables.

Moltíssimes gràcies.

Muchas gracias, señora presidenta. Tres mil días, hace más de tres mil días, más de ocho años que 750 000 personas presentaron esta iniciativa popular en el Congreso de los Diputados. Desde entonces, y a pesar de ser la primera ILP que superó la barrera de las 500 000 firmas, esta Cámara no ha sido capaz de llevar hasta el final; a pesar de ser la primera vez, la Cámara no ha sido capaz de poner esto en tramitación hasta ahora. Todos esos días para estar exactamente dónde estamos hoy, justo al principio de la tramitación. Tres mil días para volver a empezar un trámite que después de hoy la gran mayoría de sus grupos políticos, y sobre todo el actual Gobierno, como ya han hecho anteriormente, no van a tener ningún tipo de interés en impulsar su tramitación para llevarla hasta el final. Tres mil días hasta ahora absolutamente perdidos. La moción presentada en 2017, que ha ido saltando de legislatura en legislatura, lleva un título largo, pero pretende algo que es extremadamente sencillo: mejorar las condiciones de copago de las personas en situación de dependencia. Una ILP que tiene como objetivo principal hacer más justa la prestación económica de las personas más vulnerables y que esté más equilibrada y adaptada a las necesidades de cada persona dependiente. Una iniciativa que nace, evidentemente, desde la percepción cierta de muchas personas de que el sistema actual es injusto y muchas veces excesivo en estas formas de copago, sobre todo para personas de edad avanzada y con discapacidad, que, curiosamente, eran los que el legislador quería proteger en su momento con esta ley y que en la práctica han sido los que se han quedado en una situación más vulnerable en la situación actual. Obviamente, desde el punto de vista de los que han impulsado todo esto, esta es una reivindicación legítima y lógica, pero a nosotros también nos corresponde echar una mirada desde el punto de vista competencial catalán, y aquí es donde tenemos que hacer la advertencia correspondiente, porque competencialmente en materia de servicios sociales todo lo que hace referencia a esto está de forma exclusiva delegada a la Generalitat de Catalunya con el artículo 166 del Estatuto vigente de Cataluña. Por eso, hay que evitar que esta tramitación sea una nueva oportunidad, una nueva vía de recentralización de las competencias de Cataluña hacia el Gobierno del Estado. Un Estado que, además, ha acreditado reiteradamente, con el paso del tiempo, su incapacidad de trabajar en el ámbito de la dependencia de forma equitativa y justa, hasta el extremo de acabar provocando que 740 000 personas se organicen para impulsar esta iniciativa. Porque, ya que hablamos del papel del Estado y de Cataluña en el ámbito de la dependencia —y‌ que, además, estamos hablando del copago, que es lo mismo que hablar de financiación—, echemos una mirada a la realidad de esta cuestión en nuestra casa. Una mirada con datos, no con opiniones ni percepciones, no, no, una mirada con datos. De conformidad con lo establecido por la ley, el sistema de dependencia debía ir a cargo del Estado —‌la cofinanciación—. Eso lo establece así la ley; de hecho, la ley establece que, en un primer bloque de las prestaciones, las que hacen referencia al nivel mínimo de protección garantizado por el sistema, tendría que asumirse de forma exclusiva el cien por cien por el Estado. Y el segundo bloque de prestaciones, las que provienen de los convenios entre el Estado y las comunidades autónomas, tendría que ir un 50 % a cargo del Estado y otro 50 % a cargo, en este caso, de Cataluña, de la Generalitat de Catalunya. Por lo tanto, en conjunto —‌insisto, así lo establece la ley—, más de un 50 % de la financiación y, por lo tanto, del coste, debería ser a cargo del Estado.

Vayamos ahora a los datos de puesta en servicio de la ley de dependencia desde el año 2008 a la actualidad. En este periodo se han invertido 18 000 millones de euros en Cataluña en el sistema de dependencia. Por lo tanto, de estos, más de 9000 millones de euros tendrían que haber ido a cargo del Estado. ¿Qué ha pasado en la práctica? Pues que el Estado, muy lejos de poner esos 9000 millones de euros, solo ha aportado 3000 y la Generalitat ha tenido que asumir 12 000. ¿Y el resto? ¡Ay, el resto! El resto es la viva imagen de la vergüenza del Estado. La resta del coste la han tenido que asumir las familias que se ven afectadas por la dependencia, porque el incumplimiento en la financiación se traduce siempre en presión frente al copago. Porque un 16 %, además del 40 % que tendría que poner el Estado, tiene que acabar suponiendo un sobreesfuerzo para la Generalitat de Catalunya y también un sobreesfuerzo para las familias mediante la fórmula del copago. Un copago que, además, muchos años ha acabado igualando lo que ponen las familias a lo que pone el propio Estado. Esos mismos euros aportados por las familias son los que aporta el Estado.

¿Que no? Vayamos a las cifras absolutas de este periodo: 3117 millones de euros aportados por el Estado, 2994 millones de euros aportados por las familias y, como he dicho, 12 000 millones de euros aportados por la Generalitat. Con esto queda todo dicho. Todo. Una evidencia más de la acción del Estado en Cataluña, extractiva e incluso abusando de los más vulnerables. Una evidencia más de la voluntad expresa del Estado español de no transferir los recursos fijos incluso por ley, hecho que agrava aún más esta constante acción nociva del Estado español con los ciudadanos de Cataluña, piensen lo que piensen, tengan la ideología que tengan. Así que todos los grupos que sustentan desde este hemiciclo al Gobierno hacen su trabajo. Hagan su trabajo, no hagan perder tres mil días más a los impulsores de esta iniciativa. Hagan su trabajo, respeten nuestras competencias, paguen lo que les corresponde y no se queden los recursos de los más vulnerables.

Muchas gracias.

Gràcies, presidenta. Bona tarda. Avui parlem d’un dret fonamental, el dret d’autonomia personal i a una vida digna d’aquelles persones que més suport necessiten. Però també parlem de responsabilitat institucional, perquè l’Estat no pot continuar deixant aquesta responsabilitat a les comunitats autònomes. I, encara pitjor: en el millor dels casos, a les seves famílies. El 2006 va es va fer una bona llei, era una gran llei. L’Estat espanyol va aprovar la llei de dependència, generant moltes expectatives, moltes esperances, perquè prometia suport a les persones en situació d’alta vulnerabilitat. Però hem vist com l’Estat, com aquest mateix Estat no ha complert perquè faltava, en la redacció d’aquesta llei, una de les coses més importants, que era una memòria econòmica per tal que aquesta llei es pogués realitzar i no quedar-se en paper mullat. A Catalunya, el desequilibri és evident, ja ho ha dit qui m’ha precedit. És inacceptable que en els darrers deu anys, la Generalitat hagi hagut de destinar quasi quatre vegades més recursos que l’Estat per suplir les mancances en dependència. El deute no reconegut de l’Estat cap a les comunitats autònomes ha arribat als 3154 milions d’euros, una càrrega que les comunitats han hagut d’assumir, amb els Països Catalans especialment afectats. Per tant, demanem una millora en el finançament de la llei de dependència. Les aportacions de l’Estat han d’igualar —c‌ om estava així escrita la llei— com a mínim les de les comunitats autònomes, amb un sistema de finançament finalista que respecti les competències autonòmiques i garanteixi la sostenibilitat d’aquests serveis bàsics per a tota la nostra societat. Per coses com aquestes és perquè exigim i pactem un finançament diferent —‌diguem-ho així, potser així la gent ho entén millor—: per poder complir amb les lleis. No és per cap caprici, no és per robar ningú. I no abaixem impostos, sinó que els pugem per poder pagar-ho. Com deia abans, ens pertoca, i és just pels ciutadans de Catalunya, siguin independentistes o no ho siguin. Les necessitats augmenten perquè l’envelliment de la població augmenta, i per això cal implantar un ús sostenible i centrat en les persones on el finançament de l’Estat sigui suficient per als qui tenim les competències. Parlo de no deixar que cap persona es quedi enrere o que arribi tard a poder tindre aquest servei. Mentre no arribi aquesta reforma estructural, l’Estat ha de millorar les seves aportacions per igualar la mitjana de la Generalitat dels darrers tres anys.

Sobre el copagament, a banda de ser una ingerència en les competències de Catalunya, vull ser clar: no hi estem d’acord. No estem d’acord amb el copagament. No hi estem d’acord i no hi donarem suport. En molts casos, el copagament és un obstacle inassolible per a les persones en situació de dependència i per a les seves famílies. Hauríem de suprimir-lo o, com a mínim, limitar-lo a les rendes més altes. Aquesta és la nostra posició. A més, defensem que aquest aspecte es pugui regular, en cas que així sigui, com moltes altres coses, des de Catalunya, perquè en té la competència. Des de l’aprovació de la llei de dependència, hem vist com la partida pressupostària estatal ha anat disminuint mentre les famílies han hagut d’assumir cada vegada més càrregues i més i més diners per fer front a aquesta necessitat. Segons l’exconseller Carles Campuzano, conegut a aquesta Cambra perquè hi va estar molts anys, i que és una persona que té molt de rigor en les dades que dona, en xifres absolutes, mentre que l’Estat ha aportat 3117 milions d’euros, com abans dèiem, els usuaris han hagut de desemborsar gairebé el mateix: 2994 milions d’euros. Això no pot ser. Per la seva part, la Generalitat hi ha destinat 12 100 milions d’euros, i estima que el deute estatal en aquest àmbit suma, almenys, 583 milions d’euros.

Per tot això, avui votarem a favor de la tramitació d’aquesta Iniciativa Legislativa Popular: per cultura democràtica, perquè els hi devem a la gent que ha recollit més de 700 000 signatures, perquè fa molts anys que aquesta ILP s’està arrossegant i queda en un calaix, i això és una falta de cultura democràtica inacceptable. Ara bé, és hora, sobretot, que l’Estat assumeixi el seu compromís, que es reverteixin les desigualtats en el finançament i que avancem cap a un sistema més just i sostenible. No podem acceptar que la cura dels nostres sigui una càrrega de les famílies ni una responsabilitat transferible a qui no la pot pagar. Més diners i respecte a les competències. Això ho tindrem en compte a l’hora de tramitar-la.

I no voldria acabar sense fer un sentit reconeixement a totes les persones que es dediquen al servei de l’atenció domiciliària, perquè això també és important. Aquesta llei, sense aquestes persones, avui amb unes condicions laborals deplorables, amb uns salaris baixos, amb unes subcontractacions amb empreses pirates, no és possible. És a dir, que molt bé la llei sempre i quan hi hagi finançament adequat, i sempre quan les condicions laborals de totes les dones, sobretot, del servei d’atenció domiciliària estiguin cobertes. Des del primer dia, des del seu salari i les condicions laborals, fins també les pensions: que sigui reconegut el dret a les anticipades en una professió que realment té un desgast enorme.

Moltíssimes gràcies.

Gracias presidenta. Buenas tardes. Hoy hablamos de un derecho fundamental, el derecho a la autonomía personal y a una vida digna de aquellas personas que más apoyo necesitan. Pero también hablamos de responsabilidad institucional porque el Estado no puede continuar dejando esta responsabilidad a las comunidades autónomas. Y lo que es aún peor, en el mejor de los casos, a sus familias. En 2006 se hizo una buena ley, era una gran ley. El Estado español aprobó la ley de dependencia generando muchas expectativas, muchas esperanzas porque prometía apoyo a las personas en situación de alta vulnerabilidad. Pero hemos visto como el Estado, cómo ese mismo Estado, no ha cumplido con lo que le faltaba a esa ley, una de las cosas más importantes: faltaba una memoria económica para poder hacer que no se quedara en papel mojado. En Cataluña el desequilibrio es evidente. Es inaceptable que en los últimos diez años la Generalitat haya tenido que destinar casi cuatro veces más recursos que el Estado para suplir las carencias en dependencia. La deuda no reconocida ha llegado a los 3554 millones de euros, una carga que las comunidades han tenido que asumir con los países catalanes afectados. Por lo tanto, solicitamos un sistema de financiación finalista que respete las competencias autonómicas y la sostenibilidad de estos servicios básicos para esta sociedad. Por todo eso, exigimos una financiación distinta ―digámoslo así, quizá así se entienda mejor― para que se pueda cumplir con la ley. No es por capricho, no es para robar a nadie y no es para bajar impuestos, sino que los subimos para poder pagarlo. Como decía antes, nos toca, y es justo para los catalanes, sean independentistas o no, porque las necesidades aumentan porque aumenta el envejecimiento de la población y, por eso, necesitamos un funcionamiento mediante el cual la financiación del Estado sea suficiente para que nadie quede atrás, para que nadie llegue tarde a solicitar este servicio. Y mientras no llega esta reforma estructural, el Estado debe mejorar sus aportaciones para igualar la media de la Generalitat de los últimos tres años.

Sobre el copago, además de ser una injerencia en las competencias de Cataluña, quiero dejar claro que no estamos de acuerdo con el copago y no vamos a apoyarlo. En muchos casos, el copago es un obstáculo inasumible para las personas en situación de dependencia y para sus familias. Deberían suprimir el copago o, por lo menos, limitarlo a las rentas más altas. Esta es nuestra posición. Además, defendemos que este aspecto se pueda regular, en caso de que exista, desde Cataluña, porque recae en nosotros la competencia. Las familias han tenido que ir asumiendo cada vez más cargas y más dinero para hacer frente a esta necesidad, pero la financiación del Estado ha disminuido. El señor Campuzano, que estuvo en esta Cámara durante muchos años, con mucho rigor en los datos que presenta dice que, mientras que el Estado aportó 3100 millones de euros, los usuarios han tenido que desembolsar prácticamente la misma cantidad, 2994 millones de euros. Esto es inaceptable. Por su parte, la Generalitat ha destinado 12 100 millones de euros, y se estima que la deuda estatal en este ámbito suma 583 millones de euros.

Por todo ello, hoy vamos a votar a favor de la tramitación de esta ILP, por cultura democrática, porque se lo debemos a la gente que ha reconocido cientos de miles de firmas, porque esta ILP se ha alargado durante muchos años y ha quedado relegada al fondo de un cajón. Es inaceptable dentro de la cultura democrática que esto haya sucedido. Sin embargo, es necesario revertir las desigualdades en la financiación y avanzar hacia un sistema justo y sostenible. No podemos aceptar que el cuidado de nuestra gente sea una carga para las familias y una responsabilidad que se transfiera a quien no puede pagarla. Necesitamos más dinero; y, en cuanto a la competencia, va a tenerse en cuenta a la hora de tramitar este dinero.

No quisiera terminar sin reconocer la labor de todas las personas que se dedican a la atención sanitaria y social, porque tienen unos salarios mínimos, están contratados por empresas piratas y trabajan en condiciones malas; así que un reconocimiento para estas personas. La ley está muy bien siempre que se reciba una financiación adecuada y siempre que las personas que se dedican, sobre todo mujeres, al servicio de atención domiciliaria tengan sus necesidades y derechos cubiertos, tanto en las condiciones de trabajo como las pensiones, y que se reconozca esta profesión que sufre un enorme enorme desgaste.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, presidenta. El sistema público de cuidados de larga duración atiende en España a más de un millón y medio de personas, que ven cómo su vida es más fácil gracias a esta política esencial en un Estado social y democrático de derecho como el nuestro; un Estado en el que, además, los datos demográficos son incontestables; 9 millones de personas tienen más de 65 años; y, de estas, 850 000 tienen más de 80. El Gobierno de coalición ha incrementado un 130 % su importe anual al sistema de dependencia. Gracias a esto y al trabajo coordinado con las comunidades autónomas, se han incrementado en más de trescientas mil las personas con derecho reconocido a la atención a la dependencia, se ha reducido la lista de espera prácticamente a la mitad, y se han recortado en un 42 % los días que las personas y familias tienen que esperar para recibir un servicio o prestación desde que lo solicitan. Avanzamos, pero no lo suficiente. En España dedicamos un 0,8 % del producto interior bruto a financiar cuidados de larga duración. ¿Saben sus señorías cuál es el porcentaje de inversión en los países de nuestro entorno? El 1,5 % del PIB; es prácticamente el doble. Tenemos un sistema low cost que descansa sobre el sacrificio en tiempo y en dinero de las familias, y sobre la baja retribución y la precariedad laboral de las seiscientas mil trabajadoras de atención domiciliaria, cuyo salario es un 40 % inferior del salario medio del conjunto de la economía. (Aplausos). Esta iniciativa legislativa popular pone en el centro del debate una cuestión que es esencial: cómo financiamos y cuánto financiamos el sistema de atención a la dependencia. Los copagos, efectivamente, son otra de las consecuencias indudables de no contar con un presupuesto adecuado; una barrera de acceso al sistema que, además, se ha desarrollado de manera desigual en las diferentes comunidades autónomas. En algunas de ellas, las personas usuarias deben destinar hasta el 80 % de sus ingresos para cubrir este copago. Esto deja a muchas personas mayores con ingresos mínimos para vivir o incluso obliga a sus familiares a asumir estos costes, lo que supone una carga económica insostenible. En demasiados casos la falta de capacidad para afrontar estos pagos lleva a las familias a asumir el cuidado en el propio hogar.

Hablar de copago, señorías, es sin duda hablar de clases, pero también es hablar de género. Muchas personas dependientes son atendidas únicamente por algún integrante de la familia; y en la mayoría de los casos son mujeres, son madres, hijas o parejas que renuncian a oportunidades laborales y a tiempo para vivir por tener que cuidar sin el suficiente apoyo público. (Aplausos). Esta realidad perpetúa la sobrecarga de cuidados no remunerados y la desigualdad de género, porque se traduce en una menor participación de las mujeres en el ámbito laboral, en menores salarios y en peores condiciones de jubilación; infrafinanciación, barreras económicas de acceso, desigualdad de género y personas que se mueren ―ya se ha dicho― aun estando en las listas de espera.

Señorías, creo que lo hemos dicho prácticamente todos los grupos que hemos intervenido hasta ahora; apostar por reforzar y desarrollar el sistema de dependencia es algo impostergable. Esta ILP sin duda va a permitirnos avanzar hacia un acuerdo, que se debe producir en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre los aportes de los y las usuarias, que eviten la exclusión del sistema de aquellas personas que menos tienen, y nos ayude a reducir la perenne desigualdad de género sentando unas bases mínimas de equidad. No obstante, poco podremos avanzar en reducción de listas de espera, en el incremento de prestaciones, en mayores tiempos de atención o en los salarios de las trabajadoras sin incrementar el presupuesto general del sistema.

Votar que sí a esta ILP o a cualquier reducción del copago y luego no incrementar el presupuesto de dependencia solo acabará por engrosar las listas de espera. Sí, señora Vaquero, señor Cruset, señor Salvador, estamos de acuerdo: debemos incrementar la aportación del Estado a la dependencia, por supuesto que sí, pero también hay que incrementar la aportación de determinadas comunidades autónomas. Por eso a nosotras, en realidad, nos llama la atención que algunos de los grupos anunciaran su voto en contra de una senda de déficit, hace apenas unas semanas, que hubiera permitido aumentar la inversión autonómica en dependencia. (Aplausos).

Señorías, permítanme abrir un poco la perspectiva porque francamente la justicia social, que es de lo que hablamos, no admite tratamiento fragmentado. Nosotras queremos seguir avanzando. Esta es la legislatura de los cuidados. Hemos aprobado el permiso parental; el permiso familiar por fuerza mayor; el permiso de cinco días para el cuidado de familiares hospitalizados; un acuerdo entre Estado y comunidades autónomas para una estrategia de desinstitucionalización que ponga en el centro los derechos humanos, la autonomía y la dignidad de las personas dependientes; este jueves —‌por fin y por unanimidad— aprobaremos la ley ELA. Nosotras queremos una ley de familias que represente a la sociedad española y una prestación universal por hijo o hija a cargo, porque la universalidad es la única receta para acabar con la pobreza.

Volver a fórmulas antañas, denostadas por Europa, que premian a las mujeres que abandonan durante años su actividad laboral y luego vuelven, solo perpetúa la desigualdad y la segmentación horizontal y vertical de nuestras relaciones de trabajo. (Aplausos). Esta fórmula está en las antípodas de lo que representa esta ILP. Lo mismo pasa si ignoramos que las primeras semanas de crianza de una criatura son esenciales para el cuidado físico de la madre, porque sí, señorías del PP, los hombres también tienen que cuidar. Además, estas semanas son esenciales también para generar vínculos y hábitos de cuidado corresponsable.

El cuidado es un derecho, no es un privilegio. Tanto las personas dependientes como las que nos cuidan merecen toda nuestra atención y todo nuestro respeto y la seriedad de nuestras propuestas. Nosotras votaremos a favor de esta ILP y pediremos el voto a favor para avanzar hacia un sistema de dependencia que sea justo. Por pura coherencia pedimos también que los grupos de la Cámara voten sí a unos presupuestos generales del Estado de los que depende directamente la posibilidad real de reducción del copago objeto de esta iniciativa legislativa popular. Señorías, la coherencia en política es una rareza, pero es la única manera de construir una sociedad con confianza en sus líderes y en sus representantes políticos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Estupor es la palabra que han empleado en alguna ocasión las organizaciones de discapacidad en este país ante el hecho de que aún no se haya tramitado esta ILP que se registró en el Congreso en octubre de 2014 con el apoyo de 740 000 firmas. Estamos hablando, además, de una iniciativa legislativa popular cuya toma en consideración, debate y aprobación se ha producido en esta Cámara en dos ocasiones, una en 2017 y otra en 2020, sin que esto haya supuesto ni un solo avance en su tramitación. Hablamos de una iniciativa que tan solo pretende reformar la ley de dependencia para que se tenga en cuenta la capacidad económica de la persona a la hora de determinar la cuantía de las prestaciones y se logre la exención del copago a las personas con menos ingresos y la equiparación en todas las comunidades autónomas. Evidentemente, no decimos que lo que se reclama sea algo sencillo, pero está claro que solo hace falta voluntad política y recursos para poner en marcha esta iniciativa. Sin embargo, durante cinco legislaturas ustedes no han tenido esta voluntad política. Sinceramente, señorías, a nosotros nos parece que más que estupor es indignación. Nos produce indignación y vergüenza. Vemos cómo las cosas más importantes para los ciudadanos —‌las necesidades reales de los que más ayuda necesitan, las cosas que de verdad merecen el esfuerzo fiscal que hacemos todos los españoles— a ustedes en el fondo les dan exactamente igual. Nosotros ya conocemos sus prácticas, las prácticas de este Gobierno socialista que recurre al truco de la ampliación de los periodos de enmienda para impedir el avance de aquellas leyes que no les interesa que salgan adelante, entre otras cosas, porque sus socios ultraizquierdistas, separatistas y proetarras están en sus causas particulares, lo hemos comprobado tristemente en el día de ayer, aprovechándose de la oportunidad que les brinda que el Gobierno tenga que pasar por el aro de sus exigencias para seguir recibiendo su apoyo. Lo que está ocurriendo, señorías socialistas, es que sus socios están explotando su condición de chantajistas mientras pueden, y mientras nos destruyen, lo importante —l‌as necesidades urgentes de las personas— se queda por el camino. (Aplausos). Yo me pregunto si no se dan cuenta de lo crueles que resultan cuando con este tipo de iniciativas generan expectativas que después no piensan cumplir, de la responsabilidad que tienen cuando están en juego personas a las que les va la vida con la tramitación de estas leyes, que, por cierto, no son etarras asesinos que deberían pudrirse en la cárcel. Pero, como solo les importa su agenda ideológica, parecería que para ustedes las personas solo son votos; si les ayudan a alcanzar el poder para seguir imponiendo su agenda ideológica, les sirve, y, si no, no; así son ustedes de perversos. Han hecho de la política todo lo contrario de lo que debería ser. Por eso la dependencia no les importa, por eso no ha sido una prioridad en los diez años que han estado mareando la perdiz con esta ILP, porque aquí no hay votos y porque prefieren usar nuestro dinero para otras cosas que les son más rentables. (Aplausos). ¿Para qué van a gastar 38 millones de euros en la aplicación de una ley, como la que propusimos nosotros —‌la ley ELA—, cuando pueden usarlo para lo que de verdad va a transformarse en un buen puñado de votos?, ¿para qué cuando pueden usarlo para contentar a esos colectivos que les son tan lucrativos: al colectivo LGTBI, al de las mujeres, al de los inmigrantes ilegales a los que llaman en masa y a los que regularizan con la complicidad del Partido Popular?, ¿cómo van a renunciar a regularizar a 700 000 inmigrantes ilegales de un plumazo si van a convertirse en 700 000 votos que se repartirá el bipartidismo? Eso sí, los enfermos terminales, los dependientes, los discapacitados, esos mejor que se pongan a la cola o que pidan directamente la eutanasia, y el dinero y los recursos del Estado mejor para otras cosas. (Aplausos). Ahí tienen, por ejemplo, los cuantiosos fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, 160 millones de euros. Ahí tienen también la denuncia de al menos 130 casos de malversación de estos fondos que han sido registrados y comunicados al Ministerio de Igualdad, como carreras de tacones, papeleras y contenedores para tampones, pasos de peatones arcoíris, talleres de maquillaje, charlas LGTB o bailes con vermú con los que alguien está haciendo su agosto. Ahí tienen el negocio de los puntos violeta para que sus propios cargos monten empresas y se lucren recibiendo contratos a dedo en sus ayuntamientos. Ahí tienen todos esos estudios e informes para que sus amigos hagan caja, por supuesto todos de menos de 15 000 euros para poder adjudicarlos a dedo, como el encargado por nuestra ministra de Igualdad por 13 340 euros para estudiar la brecha de género en el uso de la bicicleta y concluir que el 64 % de las mujeres frente al 81 % de los hombres utilizan la bici en sus desplazamientos cotidianos. Grandísima conclusión que, sin duda, merece tal inversión y que seguro que ha cambiado la vida de muchísimas mujeres en este país.

Lo suyo es una tomadura de pelo permanente. (Aplausos). Son capaces de gastar 2 800 000 euros en una campaña publicitaria que todos sufrimos para fomentar la masturbación a los sesenta años o el sexo con mujeres obesas, mientras que miles de personas que dependen de ayudas para llevar una vida digna llevan esperando diez años para la tramitación de esta ley. Se gastan el dinero en estudios absurdos que concluyen que las mujeres que nacieron varones tienen mayor dificultad económica a la hora de adquirir productos relacionados con la regla. De camisa de fuerza, señorías.

Mientras, siguen llamando a la inmigración y destinando los recursos que cada español entrega religiosamente al Estado para atenderlos a ellos prioritariamente, pero no en un número que podamos permitirnos y con legalidad, que sería lo justo, lo humano y lo razonable; no, ilimitadamente, todos los que vengan, vengan de donde vengan, con barra libre. Son 2000 millones, señorías, lo que nos han costado los 57 000 inmigrantes ilegales que han entrado en nuestro país en 2023. Son 2000 millones para asistencia, salvamento, vuelos, defensa jurídica, tutela de menas. ¿De verdad creen que está mal decir que no podemos seguir haciendo esto mientras los nuestros estén desatendidos (aplausos); que la responsabilidad sobre esas personas las tienen sus Gobiernos y sobre los nuestros, el nuestro; que hay gente que se muere sin cuidados paliativos, sin recursos para la investigación de enfermedades raras, sin recibir la ayuda para dependencia a la que tienen derecho y que, para colmo, tenemos que ver cómo entregan fondos públicos a asociaciones de oportunistas que reciben un millón de euros para atender supuestamente a los inmigrantes y que se gastan 700 000 euros solo en salarios? ¡Qué bien se han aprendido ustedes aquello de que el que parte y reparte se lleva la mejor parte! (Aplausos). Así que ¿por qué no nos lo dicen claro de una vez y dejan de engañarnos? Digan que prefieren invertir nuestro dinero en aquellos colectivos que les garantizan la permanencia en el poder y no nos hagan dar más vueltas ni generen falsas expectativas en los nuestros. Nosotros seguiremos defendiendo que mientras quede un anciano sin residencia, un enfermo terminal sin tratamiento, un discapacitado sin ayuda a la dependencia, una enfermedad rara sin investigación, un español en el paro o sin casa y pasando penalidades, y tantas y tantas cosas de esas que de verdad importan, seguiremos defendiendo, repito, que nuestra responsabilidad como políticos españoles es cuidar de los nuestros primero, porque nuestra caridad no debe estar solo al otro lado del océano, debe estar primero con los que tenemos más cerca.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras diputadas y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, señora presidenta. Señorías, permítanme que mis primeras palabras sean para reconocer la labor que desempeña el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Al CERMI, a todas las entidades que lo conforman y a todas las organizaciones que luchan por mejorar la calidad de vida de las personas en situación de dependencia, gracias. (Aplausos). Señorías, el 14 de diciembre de 2006 publicó el BOE la Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a las personas en situación de dependencia, más conocida popularmente como la ley de dependencia. Con esta ley, puesta en marcha por un Gobierno socialista, se reconocía por primera vez en nuestro país el derecho de las personas que no pueden valerse por sí mismas a ser atendidas por los poderes públicos, un derecho universal de toda la población con garantía pública. Con esto se constituía el cuarto pilar del estado del bienestar: después de la sanidad, de la educación pública gratuita y universal, y después de las pensiones, todos ellos con sello socialista. La ley creó el sistema de la autonomía en la atención a la dependencia y contaba con un calendario de implantación: debía implantarse gradualmente hasta 2015, de forma que fueran atendidas en primer lugar las situaciones más graves y posteriormente, el resto. Además, como instrumento de cooperación para la articulación del sistema, se creó el Consejo Territorial, del que todas las comunidades autónomas formaban parte. La regulación del copago se hizo mediante acuerdo del Consejo Territorial en el año 2008. Pero aquí hay una realidad, señorías, y es que la llegada del Partido Popular al Gobierno dio un brusco frenazo a la ley de dependencia, desmantelando completamente el sistema. Una de las primeras medidas del Gobierno de Mariano Rajoy contenida en el Real Decreto 20/2011 fue la decisión de paralizar la aplicación del calendario de implantación de la ley. Además, el Real Decreto Ley 20/2012 introdujo numerosas modificaciones en la ley de dependencia, como la supresión del nivel acordado de financiación del sistema impidiendo que cuatrocientas mil personas pudieran acceder a la prestación, la disminución de la aportación del Gobierno de España en un 30 %, el que se restringieran los servicios de ayuda a domicilio y, algo muy importante, se eliminaron las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales de la dependencia.

En lo relativo al copago, que es lo que nos ocupa hoy aquí, la Secretaría de Estado publicó un acuerdo del Consejo Territorial con los criterios sobre la participación económica, y estos criterios, que no se publicaron en el real decreto a pesar de que a finales de 2011 el Tribunal Supremo dijo que estos criterios se tenían que publicar mediante real decreto, supusieron un importante incremento del copago para los usuarios del sistema, a lo que hay que añadir que se estableció que las comunidades autónomas podían establecer un mayor coste económico por parte del beneficiario. Por tanto, señorías, aquí está la clave, esta es una cuestión clave: en el acuerdo de 2008, gobernando el Partido Socialista, las comunidades autónomas podían mejorar los límites para el beneficiario, y en el acuerdo de 2012, gobernando el Partido Popular, las comunidades autónomas podían endurecer estos límites para el beneficiario. Esta es la clave, señorías: el Partido Socialista defiende a los usuarios y el Partido Popular ahoga a los usuarios. (Aplausos). En algunas comunidades autónomas se lo tomaron al pie de la letra y endurecieron sustancialmente el copago. Por tanto, dos personas en la misma situación de dependencia viviendo en comunidades autónomas diferentes pagan por la misma prestación una cantidad diferente. Esto supone una vulneración de los derechos, del principio de igualdad. Además, cuestiona claramente el carácter universal de la ley. ¿Y saben ustedes, señorías, quién era el secretario de Estado de Políticas Sociales en ese momento, cuando se hicieron todos estos recortes? Nada más y nada menos que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Ahora se explicarán ustedes por qué mi tierra, Andalucía, lidera las listas de espera de toda España en cuanto a la dependencia. (Rumores). Y esto no lo digo yo; se pueden poner como quieran, pero esto no lo digo yo, esto son cifras del Imserso, que el 31 de agosto dijo que en Andalucía una persona tiene que esperar seiscientos tres días desde que solicita la prestación de la ley de dependencia hasta que se la conceden; veinte meses. Hoy, 54 566 personas están en lista de espera, y además hay un descenso significativo de las altas de solicitudes en los primeros meses de 2024. Por tanto, en Andalucía hay más bajas en dependencia que altas. Estos datos son del Imserso. Pero es que, además, la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores escribió recientemente una carta a Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, diciéndole que Andalucía no puede sostener más esta situación, que la ley de dependencia no se sostiene.

Resulta sorprendente ver cómo a principios de febrero Moreno Bonilla anunciaba a bombo y platillo un decreto de simplificación administrativa donde decía que no se iban a tardar más de seis meses en conceder la prestación de la ley de dependencia. Señorías, están tardando veinte meses, como he dicho ahora mismo; veinte meses desde que una persona solicita la prestación hasta que se la conceden. La verdad es que estamos acostumbrados a que el señor Moreno Bonilla mienta y falte a la verdad en muchas ocasiones, lo que no es de recibo es que lo haga con personas en situación de dependencia. Eso no se puede consentir, sobre todo porque es muy lamentable que muchas personas fallezcan sin haber recibido la atención que figura en la ley de dependencia. En 2023, han fallecido 8771 personas en Andalucía. Andalucía lidera los datos. Y esto, repito, no lo digo yo, esto es un informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

En 2018, el Gobierno del Partido Popular aportaba a Andalucía un 17 %. Sin embargo, el Gobierno de la Junta de Andalucía estaba aportando un 83 %. Aquí está la diferencia. El Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo un importante esfuerzo para recuperar el déficit que se arrastraba con el Gobierno del Partido Popular. Y, por supuesto, en el Grupo Socialista apoyamos esta iniciativa, y lo hacemos porque compartimos y apoyamos la necesidad de debatir y de recuperar esta ley. Hay que recuperar el espíritu de la ley, el sentido con el que nació esta ley, que no es otro que el derecho de las personas que no pueden valerse por sí mismas a ser atendidas por los poderes públicos, y además una atención de calidad y en igualdad.

Por tanto, señorías, quiero acabar como empecé, reconociendo el trabajo del CERMI, que es crucial para seguir avanzando y asegurando que se escuchen las voces de las personas afectadas. A las 740 000 personas firmantes, gracias; siempre nos tendrán a su disposición, porque si hay un partido que ha apostado desde el principio por la ley de dependencia, si hay un partido que defiende los intereses de las personas en situación de dependencia, es el Partido Socialista. Por eso, en nosotros y en nosotras, en los miembros del Partido Socialista, siempre encontrarán unos aliados.

Gracias. (Aplausos).

Buenas tardes, señorías. Me van a permitir que mis primeras palabras sean para dar la bienvenida y saludar a los representantes del CERMI que esta tarde nos acompañan, liderados por su presidente, don Luis Cayo Pérez Bueno. En nombre de mi grupo, les agradezco el buen trabajo que están haciendo por las personas con discapacidad. Muchas gracias. (Aplausos). Hoy debatimos la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular que propone modificar la regulación sobre el copago contenido en los artículos 14 y 33 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía —‌que no se nos olvide que primero va la promoción de la autonomía— y Atención a las personas en situación de dependencia, con objeto, si no de eliminarlo, sí de reducirlo. Adelanto ya que mi grupo parlamentario va a votar a favor de admitirla a trámite, como ya hicimos anteriormente, porque si nos lo pide el CERMI entendemos que es necesario que al menos la podamos debatir. De igual manera que, atendiendo a las demandas del CERMI y con el fin de mejorar la vida de las personas más vulnerables, el Grupo Popular debatió y aprobó en el Senado una proposición de ley para asimilar el grado de dependencia al grado mínimo de discapacidad, es decir, que aquellas personas que tienen un grado de dependencia puedan obtener de forma automática el mínimo grado de discapacidad, que es del 33 %, sin tener que ponerse en las listas de espera interminables que, como saben, hay en todas las comunidades autónomas. Esta proposición de ley lleva veinticinco ampliaciones del plazo de enmiendas. Sí, señores del CERMI, veinticinco ampliaciones desde enero de este año. Les digo, por si acaso no lo saben, que esa es, digamos, una argucia legal de la Presidencia de esta Cámara, lógicamente por mandato ―supongo― del Gobierno, para que no se debata. Y ahí está. Es indignante que esté pasando esto y que esté pasando con todas las leyes que se aprueban en el Senado, leyes del Partido Popular que van a mejorar la vida de las personas, en este caso de las personas con discapacidad. Y no se debaten, están ahí detenidas solamente porque las ha impulsado el Grupo Popular. La verdad es que es indignante. (Aplausos). Sin embargo, nosotros hemos apoyado leyes e iniciativas que vienen de otros grupos parlamentarios; por ejemplo, la ley que esta tarde nos ocupa. Nosotros apoyamos la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, con el objetivo de lograr y asentar el cuarto pilar del estado del bienestar. Pero es que el Partido Socialista hizo un gigante con los pies de barro. Sí, señorías, un gigante con los pies de barro porque esta ley nació sin apoyo económico, sin dotación económica por parte del Estado y el peso recayó en las comunidades autónomas, que tuvieron que asumir el coste de los servicios y de las prestaciones. A día de hoy, según ese informe del que todos hablamos de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la aportación del Gobierno para la dependencia es de un exiguo 29 %, mientras que las comunidades autónomas están poniendo el 71 %. Y ahora me van a permitir que responda a la portavoz del Grupo Socialista. No la veo, pero supongo que tiene que estar por ahí. El Partido Socialista, ese partido de izquierdas, como bien saben ustedes, quiere tanto a los pobres que los multiplica cuando gobierna, está clarísimo. (Aplausos). La verdad, me parece muy muy penoso, señora portavoz del Grupo Socialista, que sigan mintiendo, que sigan diciendo lo que hizo el Partido Popular. Yo le voy a decir lo que hizo el Partido Popular, pero le quiero recordar primero que el PSOE de Zapatero ―que era el primer peor presidente de España y ahora ya es el segundo― dejó al Partido Popular un país arruinado y al borde del rescate en 2011, un rescate que evitó el presidente Rajoy, del Partido Popular, y que hubiera supuesto, si se hubiera llevado a cabo, medidas tan duras como un 40 % de rebaja en las pensiones o un 60 % de rebaja en los sueldos de los funcionarios. Cuando el PP llegó al Gobierno se encontró un panorama desolador en todos los sentidos, pero en dependencia había 306 000 personas con derecho reconocido en lista de espera para recibir prestación y una deuda contraída con la Seguridad Social de 1034 millones de euros porque no pagaban las cotizaciones de los cuidadores no profesionales. (Aplausos). Además, se había hecho de la prestación económica la generalidad de esta ley, aun cuando esta establecía una excepcionalidad. ¿Y qué hizo el Gobierno del Partido Popular? Iniciar una serie de reformas de común acuerdo con las comunidades autónomas en el seno del Consejo Territorial, cumpliendo con la aportación estatal del 50 %, priorizando los servicios profesionales por encima de las prestaciones y saldando la deuda de los 1034 millones que tenía el Estado con la Seguridad Social. Sí, señorías, nosotros salvamos el sistema, y lo digo con mucho orgullo.

(Aplausos). Salvamos el sistema de la dependencia de un colapso, lo mejoramos y garantizamos su futuro, y ampliamos derechos, como el del asistente personal, a todos los grados, reduciendo la lista de espera a la mitad y completando el calendario de implantación de la ley para incorporar a todos los dependientes de grado 1, y todo ello sin fondos europeos y con la regla de déficit y la deuda del Pacto de Estabilidad vigentes. Ustedes, lo que hicieron en 2010 fue meter la mano en el bolsillo a los dependientes eliminando la retroactividad de las ayudas en un momento en el que algunas comunidades autónomas tardaban casi dos años en reconocer y hacer efectivas las prestaciones. (Aplausos).

Termino. Decía el presidente del CERMI que era necesario acelerar el camino legislativo de esta ILP para compensar el tiempo perdido. Lo comparto, señor Pérez Bueno, pero le sugiero que convenza a la presidenta del Congreso para que no meta esta ILP en ese congelador XXL que tiene, tipo industrial, donde están metidas todas las leyes del Partido Popular. Yo espero que usted, que es persuasivo, lo consiga, porque ya ve que nosotros no tenemos ningún éxito con la presidenta. En esta legislatura, lo que ha ido a la velocidad del Falcon del presidente, lo que se ha hecho con mucha rapidez ha sido la normativa para ponernos pinganillos a todos los diputados en esta torre de Babel en la que se ha convertido el Congreso. Y, por supuesto, la ley de la amnistía, que era importantísima para que el jefe no perdiera su sillón. ¿Y qué más va a ir rapidito? Pues, muy rapidito, la ley de seguridad ciudadana que el presidente ha regalado a Bildu, ese partido heredero de ETA que sigue llevando en sus listas a terroristas, que no ha pedido perdón por todos los crímenes que han cometido (aplausos) y que sigue haciendo homenajes a los terroristas. Pues sí, eso también va a ir como un cohete porque forma parte del pacto encapuchado del señor Sánchez con Bildu. Sí, señorías, sí.

Señor presidente Pérez Bueno, ojalá me equivoque, pero esta iniciativa legislativa popular va a acompañar al resto de leyes del Partido Popular a dieciocho grados bajo cero hasta que el Partido Popular llegue al Gobierno, que va a ser mucho antes de lo que esperan los demás.

Gracias. (Aplausos).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

—  DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 1/2002, DE 22 DE MARZO, REGULADORA DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN. (Número de expediente 122/000126).