Cristina Valido García
Coalición CanariaDiputada.Página 50Vídeo
Presidente, señorías, el 9 de febrero de 2023 el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible inició el procedimiento para la selección de proveedores civiles para el control del tránsito aéreo, lo que en la práctica supone el paso previo a la entrega de las torres de control a manos privadas; las torres de control de nuestros aeropuertos. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Ante el rechazo frontal de distintos territorios, entre los cuales siempre ha estado Canarias, se produjo la paralización y se metió en un cajón ese proceso que se había iniciado, pero sin más respuesta. Desde luego, no era una paralización definitiva, a la vista de la respuesta que nos han dado a una pregunta por escrito que yo misma elevé al ministerio. En esta pregunta, en la que esperaba algo más de garantía, la respuesta era la siguiente: En la actualidad, tras recabar las alegaciones de todos los interesados y haber procedido a su análisis, se ha abierto un período de reflexión sobre el procedimiento. Nosotros no nos conformamos con esta respuesta. Nosotros creemos que hay poco que reflexionar. Cualquier proceso dirigido a la privatización de cualquier servicio público cuenta con importantes grupos que rechazan que servicios de interés general sean dirigidos por empresas que priorizan su cuenta de beneficios.
Señorías, 2,2 millones de canarios estamos a más de 2000 kilómetros del continente europeo y, por nuestra constitución archipelágica, necesitamos el avión no solo para llegar al continente del que dependemos política y económicamente, sino también para poder ir a un médico, para trabajar o para hacer negocios. No tenemos alternativas. Puede que aquí haya trenes y alta velocidad, pero estoy convencida de que, si no existieran, ningún territorio de donde vengan ustedes permitiría tampoco una privatización de sus torres de control. Ni siquiera puede alegarse una motivación económica, puesto que nuestros aeropuertos están entre los más rentables del Estado. No vemos motivos para que se entregue este servicio público a la gestión privada y se pongan en riesgo las garantías, la calidad del servicio y la seguridad del transporte aéreo. Canarias es la única región ultraperiférica del Estado español y depende, como he dicho, de una forma extrema de las conexiones aéreas. No podemos correr riesgos, no podemos seguir viendo impasibles cómo se privatizan torres de control, porque, señorías, en Canarias ya se han privatizado torres de control y no podemos permitir que se privatice una sola más. Nuestra alternativa sería —imagínense— un barco. Yo tardaría dos días en llegar a territorio peninsular para, luego, coger un tren y poder llegar a este Congreso.
Supongo que esta Cámara es consciente de que la movilidad de los canarios y las canarias está protegida legislativamente y de que, además, cualquier intento privatizador ha probado ya en muchos espacios y lugares el peligro en la calidad del servicio. No se puede tratar de abaratar la seguridad aérea, mucho menos en estos aeropuertos donde, insisto, no tenemos otra alternativa para comunicarnos con el continente.
Señorías, recordarán perfectamente lo que pasó en Canarias en la pandemia, cuál fue el territorio que contó con más ERTE y cuál fue una de las economías más dañadas y que más ayudas solicitó. Nuestra primera industria es el turismo, y nuestro turismo sin una conectividad asegurada tampoco funciona, y nuestras familias lo sufren, lo sufrieron durante la pandemia con el cierre. Creo que es un buen ejemplo para que entiendan lo que supone un aeropuerto inoperativo en nuestra tierra. No en vano, como digo, ustedes deben recordar de manera especial cómo muchos meses después, cuando ya se levantaban los ERTE en buena parte del territorio, Canarias seguía apelando a su prórroga.
Además de esto, quisiera hablarles de los derechos que tenemos recogidos en nuestro Estatuto de Autonomía, que es ley y que ha sido aprobado en esta Cámara, y les invito a repasar los artículos 161.2, 161.3 y 161.4 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que hablan con claridad de nuestro derecho a participar en la planificación y en la gestión de los aeropuertos canarios, algo que tampoco se está cumpliendo.
Y tengo que hablar, cómo no, de las instalaciones de AFIS en los aeropuertos de El Hierro y de La Gomera. El AFIS es un sistema previsto para aeropuertos de bajo tránsito. El Hierro traslada a través de su aeropuerto alrededor de 300 000 personas al año; estamos hablando de casi 6000 operaciones. La compañía que opera, Binter, de la que dependen fundamentalmente los herreños, porque no hay otra, ya ha advertido de lo que el sistema AFIS está provocando: muchos problemas de operatividad. Y cuando hay un problema climatológico, muchos pilotos deciden abortar el aterrizaje, y eso no supone solo que te vengas de vuelta a Tenerife, supone que quienes están en el aeropuerto esperando para volar a Tenerife para acudir a un hospital, por ejemplo, se quedan en tierra. Hemos llegado incluso a escuchar cosas tan surrealistas como que se pretende sacar ese concurso por lotes, es decir, lo que hace una torre de control, la ruta, control de ruta, la aproximación y el control del aeródromo, cortarlo en tres trocitos y sacarlos en lotes independientes, algo que ninguna voz especializada del sector aéreo defiende o ha dejado de criticar por considerarlo, como digo, una absoluta locura. Estamos a 100 kilómetros de un continente en permanente conflicto, tenemos un espacio saharaui discutido por Marruecos y un espacio aéreo que, no tengan ninguna duda, Marruecos ha reclamado y seguirá reclamando. Para nosotros esto es muy serio. Pónganse en nuestros zapatos. Entiendan que no estamos hablando solo de conectividad, solo de seguridad; estamos hablando de un espacio geopolítico complicado que no puede estar —insisto— en manos privadas.
Termino, señorías, me queda ya poco tiempo. Sabemos que AENA es privada, pero el 51 % de AENA es público, es de la sociedad estatal ENAIRE. Por tanto, se debe cumplir el Estatuto de Autonomía de Canarias y debemos participar. Seguimos esperando ver el proyecto básico de reforma del Aeropuerto de Tenerife Sur, que AENA ya tiene, pero que los tinerfeños seguimos sin conocer. Les pido hoy que apoyen esta proposición no de ley, porque no se puede poner en riesgo un servicio público tan importante como es este, que está por encima de cualquier interés económico. Les pido que defiendan el derecho pleno de los canarios a la movilidad, a la conectividad y a la seguridad.
Para terminar, quiero decir que hemos llegado —c onsidero— a un buen acuerdo con la propuesta que nos ha hecho el Partido Socialista. Hemos transaccionado un texto que recoge fundamentalmente nuestras exigencias tanto en cuanto al sistema AFIS del Hierro y de La Gomera como a la paralización de cualquier privatización más de torres de control en Canarias, y, por supuesto, se comprometen a buscar la vía para establecer de una vez por todas la presencia del Gobierno de Canarias en los temas que tienen que ver con sus aeropuertos.
Muchas gracias y espero contar con el apoyo de todos ustedes.