Proposición no de Ley relativa al reconocimiento y compensación de las víctimas del amianto.

Gracias, presidente. Me gustaría dar la bienvenida y saludar a las asociaciones de víctimas del amianto que hoy nos acompañan, porque son ellas, sois vosotras, con cada vivencia personal, las verdaderas protagonistas de todas las iniciativas que se han llevado a cabo para las víctimas del amianto. Ongi etorria. (Continúan los rumores).

El amianto sigue matando a miles de personas al año, veintiséis personas en Euskadi en el año pasado, y, sin embargo, las víctimas de este veneno siguen siendo invisibles y las grandes olvidadas —‌tengo que decirlo— a pesar de que este Congreso aprobó una ley para su reconocimiento y reparación. Es por eso que hoy venimos una vez más a defender y a solicitar al Gobierno que cumpla con las víctimas del amianto, y lo hacemos a través de esta proposición no de ley. Y, en este sentido, también quiero mostrar nuestra sorpresa por la retirada de la firma a esta iniciativa de los grupos parlamentarios que inicialmente la firmaron. Espero que no sea el preludio de su no aprobación.

El amianto se prohibió en el año 2001 y, sin embargo, no fue hasta 2013 cuando se empezó a tramitar la Ley para la creación de un fondo estatal para indemnizar a las víctimas del amianto, a iniciativa del Parlamento vasco, siendo registrada por primera vez en este Congreso en el año 2016, si bien, lamentablemente, no prosperó. Por fin, tras un largo periplo, en octubre de 2022 el Congreso aprobó por unanimidad la Ley de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto, una ley que condiciona la puesta en marcha del fondo a la aprobación de un reglamento, fíjense, en el plazo de tres meses para regular las cuantías de las indemnizaciones, las condiciones a cumplir y el procedimiento que tienen que completar las víctimas para cursar sus peticiones. Han pasado ya la friolera de más de veinte meses, más de año y medio, señorías, y lo único que sabemos son dos cosas: que desconocemos cuando se pondrá en marcha el fondo para que las víctimas puedan ser indemnizadas y que el Gobierno sigue dando largas acerca de esa fecha, pues, a varias preguntas sobre este tema, lo único que hemos conseguido son buenas palabras —‌de hecho, el pasado 10 de septiembre mi grupo, el Partido Nacionalista Vasco, volvió a preguntar en el Senado por este fondo al Gobierno y la respuesta, lamentablemente, sigue siendo la misma, ni fecha concreta ni fecha aproximada—, y que el proyecto de reglamento se sacó a audiencia pública y este preveía unas indemnizaciones económicas inferiores a las indemnizaciones que se vienen obteniendo por vía judicial y a las que se establecieron para otros colectivos, como podría ser para las víctimas de la talidomida; indemnizaciones, por tanto, muy por debajo del objetivo para acabar con los largos y farragosos procesos judiciales, procesos de cinco a seis años, resultando que a veces, lamentablemente, la persona afectada ha fallecido cuando este acaba.

No dudamos del interés ni de la sensibilidad del Gobierno por este asunto, pero nos cuesta entender el retraso, cuando no hubo ninguna discrepancia política, sino unanimidad, algo prácticamente impensable hoy en este Parlamento.

Hain zaila da funtsa hau arautzea? Hain zaila al da biktimen ekarpenak kontuan hartzea? Ez ahaztu biktimez hitz egiten ari garela, Legebiltzar honetan konfiantza izan duten biktimez, Gobernu honengan konfiantza izan dutenak. Huts egiten zaien biktimez ari gara. Gaur egun funtsa eskuratu ezinik jarraitzen dutelako, erregelamenduri barik ez dagoelako funtsik eta kalte-ordaina eskatzeko geratzen zaien gauza bakarra da, auzitegiak direlako, barkatu. Legeak justizia egiten du, berandu, baina justizia egiten du. Legeak errekonozimendua eta, antza, erreparazioa dakar, baina zoritxarrez, erreparazioa oraindik ikusteko dago.

¿Tan difícil es regular este fondo? ¿Tan difícil es tener en cuenta las aportaciones de las víctimas? No olviden que estamos hablando de víctimas, víctimas que han confiado en este Parlamento, que han confiado en este Gobierno; hablamos de víctimas a las que se les está fallando, porque hoy resulta difícil poder acceder al fondo, ya que sin reglamento no hay fondo, y lo único que les sigue quedando para solicitar una indemnización son los tribunales. La ley hace justicia —‌tarde, pero justicia—, la ley implica reconocimiento y reparación al parecer, pero, desgraciadamente, esa reparación está aún por ver.

He dicho en euskera que la ley hace justicia —‌tarde, pero hace justicia—, la ley implica reconocimiento y reparación, pero, desgraciadamente, esa reparación aún está por ver.

Señorías, el 18 de enero, diputadas y diputados de SUMAR, EH BILDU, ERC, Junts, Podemos, Coalición Canaria, BNG y EAJ-PNV dirigimos una carta al Gobierno para tratar de atraer su atención sobre las víctimas del amianto. Hoy les pido a todos ellos y al resto de grupos su apoyo a esta proposición no de ley, que simplemente busca la reparación efectiva a las víctimas del amianto y que puedan acceder a unas indemnizaciones justas.

Jaun-andreok, legez besteko proposamen honen helburua amiantoaren biktimekin adostutakoa betetzea da. Ekimen honek behingoz kitatuko du haiekin daukagun zor historikoa eta horregatik talde guztien babesa eskatzen dizuegu legez besteko proposamen honi, 2022. urteko 21. legean aurreikusitako erregelamendua onartu dadin, biktimen elkarteak eta sindikatuek egindako alegazioak aintzat hartu daitezen, eta horretarako, beharrezkoak diren aurrekontu neurriak hartu daitezen. Eta Koalizio gobernua osatzen duten taldeetako jaun-andreok, ez itxi aldarrikapen hau ametsen linboan, amiantoaren biktimek askoz gehiago merezi dute eta. Eskerrik asko.

Señorías, el objetivo de esta proposición no de ley va de cumplir lo acordado con las víctimas, va de saldar de una vez por todas una deuda histórica que tenemos con ellos, y por eso solicitamos el apoyo de todos los grupos a esta PNL, para que se apruebe el reglamento de la Ley 21/2022, para que se consideren las alegaciones realizadas por las asociaciones de las víctimas y sindicatos y que para ello se adopten las medidas presupuestarias necesarias. Señorías de los grupos que forman parte del Gobierno de coalición, no dejen estas reivindicaciones en el limbo de los sueños: las víctimas del amianto se merecen mucho más.

Muchas gracias.

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenas tardes. Subo a esta tribuna, en nombre de Unión del Pueblo Navarro, por dos motivos: el primero de ellos, para manifestar nuestra solidaridad, apoyo y reconocimiento a las víctimas del amianto, y, el segundo, para exigir al Gobierno —p‌ arece mentira que tengamos que hacerlo, ¿verdad?— que cumpla la legalidad; en este caso concreto, que desarrolle y apruebe el reglamento que viene recogido en la ley que hoy nos ocupa. En esa línea, es evidente que las víctimas del amianto, aquellas personas que padecen enfermedades graves, fundamentalmente cáncer de pulmón y también mesotelioma, han sufrido durante años y décadas reivindicando un reconocimiento y una compensación. En el caso concreto de la Comunidad Foral de Navarra, es llamativo. Como decía la portavoz del PNV, con lo difícil que es en esta Cámara alcanzar acuerdos, se logró la unanimidad para abordar esta cuestión, y también en el Parlamento de Navarra en abril de 2021 y en mayo de 2022 a la hora de reconocer esa compensación, que es de justicia, para las víctimas del amianto. Por lo tanto, no queda otra que exigir al Gobierno su cumplimiento y, sobre todo, esperar y desear que sea lo antes posible. Muchas gracias.

Boa tarde. Grazas, señor presidente. No BNG comprendemos, partillamos a preocupación dos propoñentes polo incumprimento até agora da lei, porque para poder aplicar o fondo, resulta imprescindíbel o seu desenvolvemento regulamentario, para o cal se fixaba un prazo de tres meses que se cumpriu en outubro 2022, quero dicir, practicamente dous anos de demora. Para nós isto resulta inxustificábel, porque vén, ademais, a engadirse a un proceso lexislativo artificiosamente prolongado, atrasando cada un dos sucesivos trámites.

A finais da XIV lexislatura, o Goberno fixo público un borrador que foi sometido a exposición e que, segundo unha resposta do BNG do mes de maio, tamén a consulta das comunidades autónomas. Reclamamos que se aprobe con urxencia. Porén, temos que dicir que somos moi críticos coa proposta do ministerio, pois neses termos, ó noso xuízo, o fondo de compensación ficaría moi lonxe de cumprir os obxectivos e expectativas de todas as entidades, sindicatos e partidos que temos defendido a súa creación.

O BNG, na liña da Asociación Galega de Vítimas do Amianto, AGAVIDA, e da CIG, defendemos a necesidade de mellorar a norma, especialmente en relación coa percepción única de compensación que non prevé a evolución e agravamento das doenzas e co cómputo da prescrición desde o auto de insolvencia, non desde a creación do mecanismo, que impediría o acceso de moitas persoas. Tamén cremos necesario modificar os criterios de acceso fixados, que se limitan ás persoas que xa teñen recoñecemento xudicial ou administrativo ou con diagnose de mesotelioma ou de asbestose excluíndose o conxunto das patoloxías de anexo, xa de por si restritivo. Por tanto, é necesario mellorar este proxecto.

Buenas tardes. Gracias, señor presidente. El Bloque Nacionalista de Galicia comprendemos y compartimos la participación de los proponentes por el incumplimiento hasta ahora de la ley y que para poder aplicar el fondo resulta imprescindible su desarrollo reglamentario, para el cual se fijaba un plazo de tres meses, que se cumplió en octubre de 2022, es decir, prácticamente con dos años de retraso. Para nosotros esto es injustificable, porque, además, se añade a un proceso legislativo artificiosamente prolongado, atrasando cada uno de los sucesivos trámites. A finales de la XIV Legislatura el Gobierno hizo público un borrador, que fue sometido a exposición, y, según una respuesta al BNG en el mes de mayo, también a consulta de las comunidades autónomas, reclamamos que se apruebe con urgencia. Sin embargo, tenemos que decir que somos muy críticos con la propuesta del ministerio, pues en esos términos, a nuestro juicio, el fondo de compensación quedaría muy lejos de cumplir los objetivos y las expectativas de todas las entidades, sindicatos y partidos que hemos defendido su creación. El BNG, en la línea de la Asociación Gallega de Víctimas del Amianto, Agavida, y de la CIG, defiende la necesidad de mejorar la norma, especialmente en relación con la percepción única de la compensación, que no prevé la evolución y el agravamiento de las enfermedades, y con el cómputo de la prescripción desde el auto de insolvencia, y no desde la creación del mecanismo, que impediría el acceso a muchas personas. También creemos necesario modificar los criterios de acceso fijados, que se limitan a las personas que ya tienen reconocimiento judicial o administrativo o con diagnóstico de mesotelioma o asbestosis, excluyendo el conjunto de patologías del anexo, ya de por sí restrictivo. Por lo tanto, es necesario mejorar este proyecto…

Pero é verdade que o que hai que facer é axilizalo canto antes para atender as necesidades das persoas que sofren doenzas por causa do amianto. Moito obrigado.

… y agilizarlo a fin de atender a las necesidades de las personas que sufren enfermedades por causa del amianto.

Gracias.

Buenas tardes. Hoy estamos aquí para exigir justicia para las víctimas del amianto, un veneno silencioso que se ha cobrado muchas vidas en nuestro país y ha llevado a muchas personas a desarrollar enfermedades. Durante muchísimos años, empresas y grandes corporaciones han priorizado sus beneficios económicos, a costa de la salud de las trabajadoras y trabajadores. Aun conociendo los riesgos que conllevaba el amianto, mantenían su uso, sin ningún tipo de protección, y eso para nosotras, señorías, no es solo un crimen laboral, sino también social. Desde Podemos no vamos a permitir que esta injusticia siga pasando desapercibida. Creemos que ya se ha mostrado en innumerables ocasiones en este Parlamento la voluntad de que se repare a las víctimas del amianto, por ejemplo, con la creación de un fondo de compensación, y que estas familias, estos afectados, estos enfermos no tengan que pasar años de lucha judicial para obtener lo que les corresponde. Creemos que no debemos exigir a las familias que pasen por esa burocracia en la que muchas veces se ven sumergidas, en unos trámites eternos que hacen que se terminen cansando y creyendo que nunca habrá una reparación frente a su situación.

Por lo tanto, consideramos que ya es hora de que el Gobierno se ponga manos a la obra, que ya es hora de que se exija al Gobierno la reparación a estas víctimas, pero también a las empresas que fueron causantes de esta situación, y, por supuesto, tomar medidas que se pueden adoptar ya, como es la retirada del amianto de todos los sitios, públicos y privados…

… para que ningún niño o niña se vea expuesto a este riesgo, para que ningún trabajador o trabajadora tenga que seguir sufriendo las consecuencias de esta exposición.

Muchas gracias.

Presidente, diputatuak, arratsalde on. Deuda histórica es el concepto que se acuñó hace ya mucho tiempo para definir la deuda contraída por los países colonizadores sobre los países oprimidos, aquella por la que se les había expoliado sus riquezas, se había explotado a sus gentes y se había ocupado sus territorios. Sin embargo, con el paso del tiempo, el concepto de deuda histórica ha sido empleado para más circunstancias, para más realidades de la vida de las sociedades. Se ha utilizado para señalar aquella deuda contraída por quien no lleva a efecto un derecho adquirido por la ciudadanía, se ha utilizado el concepto de deuda histórica para territorios que se sienten agraviados con respecto a realidades más globales y se ha utilizado también para señalar y denunciar la realidad patriarcal en la que vivimos con las políticas que tienen en la discriminación de género su base de funcionamiento. Y no se me ocurre mejor concepto para hablar de este punto que el de deuda histórica, porque, sinceramente, creo que es una deuda histórica la que tenemos contraída con todas las víctimas del amianto, porque se cuentan por decenas o cientos de miles, si no por millones, dado que el amianto, por desgracia, está presente en el conjunto de lo cotidiano, está presente en todos los lugares en los que vivimos, estudiamos, nos relacionamos y pasamos nuestra vida. Por desgracia, el Estado español tiene una deuda histórica con los afectados por el amianto, porque es mucho lo que pudo hacer y no hizo, porque son muchas las veces que en el Estado español diferentes Gobiernos miraron para otro lado, fueron diletantes, para no hacer lo que podían hacer con el conocimiento que ya tenían sobre los peligros del amianto. Por eso se tardó tanto en prohibir el amianto en el Estado español —‌primero el amianto azul, luego el marrón y finalmente el blanco—. Tuvimos que esperar hasta el año 2002 para que se prohibiera su utilización y comercialización. Y se llegó tarde también al fondo de compensación para las víctimas, porque ya en 2002 Francia había diseñado y había dotado un plan económico para dar respuesta a las víctimas del amianto, y porque más tarde, en el 2007, a través de otro fondo de compensación, también Bélgica había hecho lo mismo. Por tanto, ejemplos tenía el Estado español y, por desgracia, víctimas también para poder haber hecho algo, y, sin embargo, prefirieron esperar. Y son muchas las iniciativas que se han llevado a cabo, y pocos debates demuestran la inutilidad a veces de una Cámara como esta como este mismo debate, un debate que tiene que venir aquí de manera reiterada, de manera diría que casi crónica, para que al final se pierda en el marasmo de la burocracia. Fue en 2015 el Parlamento vasco el que impulsó este debate, con la práctica unanimidad de sus grupos parlamentarios. Vinieron aquí, lo defendieron, fue admitida a trámite; cayó la legislatura, volvió a ser admitida a trámite, conseguimos aprobar una ley para la compensación de las víctimas del amianto; nuestro propio grupo parlamentario en una negociación presupuestaria consiguió que se dotara con una cantidad concreta, 25 millones de euros, para los presupuestos generales del Estado del 2002; conseguimos posteriormente que se hablara de la necesidad de elaborar el real decreto para generar el reglamento que diera lugar a esto —‌ya digo que ejemplos hay, que no hace falta irse muy lejos, Francia o Bélgica pueden inspirar—, y, pese a todo, seguimos esperando. En febrero hicimos una pregunta a la ministra y nos dijo que articular ese reglamento era un ejercicio costoso, que tenía puesta mucha gente en ello, y, sin embargo, seguimos esperando. Y somos conscientes de que, junto a este grupo, han acompañado otros muchos grupos, con preguntas diferentes e iniciativas recurrentes en diferentes Cámaras, ya sea en el Senado o en parlamentos autonómicos.

Por tanto, lo que toca es hacer, lo que toca es hacer de una vez por todas y no demorar más esta solución. Y necesitamos que el fondo tenga una garantía económica suficiente, porque es verdad que la dotación inicial no era sino eso, una dotación inicial para lo que se necesita. Baste tener en cuenta que en Francia llevan destinados más de seis mil millones de euros a ese fondo de compensación. Y el Estado español tiene que hacer frente a ese fondo de compensación, porque toda la responsabilidad no es de las empresas, porque hubo una connivencia del estado español con el silenciamiento de lo pernicioso del amianto y del beneficio de algunas empresas que fabricaban materiales con él.

Y pedimos también que no se demore por respeto a los familiares y víctimas del amianto, a quienes no están y a quienes todavía lo sufren. Son miles las personas que han fallecido y son muchísimas más las personas que sufren por cualquiera de las enfermedades derivadas del amianto. Y creemos sinceramente que no hay que quedarse ahí, porque hay que desamiantar toda la realidad que nos invade. Porque se dice que más del 30 o el 40 % del parque inmobiliario del Estado español está trazado de amianto; porque probablemente la práctica totalidad de los edificios construidos antes de 1980 —y‌ no son pocos, y son mayoría en los barrios obreros— están también llenos de amianto. Por tanto, este no tiene que ser sino el primer paso para que, por una vez, podamos dar pasos concretos que nos acerquen a la ciudadanía. Y creo que huelga decir qué es lo que vamos a apoyar con nuestro voto, porque es lo que hemos hecho siempre, porque somos absolutamente previsibles; tenemos palabra, hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos. Las asociaciones saben que estamos siempre de su lado y eso no va a variar con una u otra firma. (Aplausos).

Gràcies, president. Bona tarda, senyories. Bona tarda, representants de les associacions de víctimes de l’amiant, i moltes gràcies per la vostra feina i per la vostra perseverança.

Vaig tenir la possibilitat, a l’anterior legislatura, de participar des del Senat en el debat de la tramitació de la Llei 21/2022 per a la Creació d’un Fons de Compensació per a les Víctimes de l’Amiant. Certament, una resposta a una demanda justa, que ha tingut un recorregut de més d’una dècada des que es va crear la Ponència en el Parlament basc. Un recorregut traçat, en bona part, per la força de les víctimes i els seus familiars organitzats en aquestes associacions, com les que saludava fa un moment. Fa dos anys, en la tramitació de la llei, Junts per Catalunya vàrem retirar les nostres esmenes amb la finalitat d’afavorir un acord el més ampli possible, un acord ampli per donar resposta a una manca històrica de prevenció per part de l’administració i a la consegüent falta d’empara patida per les víctimes de l’amiant. Semblava, en aquell moment, que havíem fet la part més difícil i que, davant el suport unànime a la llei, el desenvolupament del reglament seria immediat i s’establirien les bases dins dels terminis previstos en la mateixa llei; unes bases àgils i justes, com demanava aquesta iniciativa.

Però resulta evident que, un cop més, s’ha imposat l’incompliment i avui som aquí perquè les coses no han funcionat com hagués estat desitjable. Un cop més, no s’ha fet bé i es confirma que no n’hi ha prou amb aprovar lleis, sinó que cal implementar-les i assegurar-ne el compliment perquè tinguin l’efecte desitjat pel Legislatiu. I això tant val per la Llei de Creació d’un Fons de Compensació per a les Víctimes de l’Amiant, com per l’amnistia.

Però centrem-nos en el cas d’avui, perquè no haver-ho fet comporta que milers de víctimes de l’exposició a l’amiant —‌ja sigui en l’àmbit laboral, en el domèstic o en l’ambiental, com, per exemple, les 43 víctimes de Cerdanyola— continuïn orfes de reparació i de compensació. Ho deia, fa un moment el diputat de Bildu, l’amiant continua entre nosaltres i, en aquest sentit, el Parlament de Catalunya ha promogut diverses iniciatives per promoure la seva retirada de forma segura, perquè no n’hi ha prou amb compensar el dany produït, sinó que cal evitar-ne de nou; no es poden generar més víctimes. Esperem, doncs, que aquesta iniciativa sigui el detonant per donar la resposta correcta, efectiva, suficient i definitiva al patiment de les persones afectades i a les seves famílies.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, representantes de las asociaciones de víctimas del amianto, y muchas gracias por vuestro trabajo y vuestra perseverancia.

Tuve la posibilidad, en la anterior legislatura, de participar en el Senado en el debate de la tramitación de la Ley 21/2022 para la Creación de un Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto. Ciertamente, una respuesta a una demanda justa, que ha tenido un recorrido de más de una década desde que se creó la Ponencia en el Parlamento vasco. Un recorrido trazado en buena parte por la fuerza de las víctimas y de sus familiares organizados en estas asociaciones —c‌ omo las que saludaba hace un momento—. Hace dos años, en la tramitación de la ley, Junts per Catalunya retiró sus enmiendas con la finalidad de favorecer un acuerdo lo más amplio posible, un acuerdo amplio para dar respuesta a una falta histórica de prevención por parte de la Administración y a la consiguiente falta de amparo sufrida por las víctimas del amianto. Parecía en aquel momento que habíamos hecho ya la parte más difícil y que, ante el amplísimo respaldo a la ley, el desarrollo del reglamento sería inmediato y se establecerían las bases dentro de los plazos establecidos en la propia ley; unas bases ágiles y justas, como exigía esta iniciativa.

Pero resulta evidente que una vez más se ha impuesto el incumplimiento y hoy estamos aquí porque las cosas no han funcionado como hubiera sido deseable, una vez no se ha hecho bien; y se confirma que no basta con aprobar leyes, sino que luego hay que implementarlas y asegurar su cumplimiento para que tengan el efecto deseado por el Legislativo. Y eso vale tanto por la Ley de creación de un Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto como vale para la amnistía.

Pero centrémonos en el caso de hoy, porque no haberlo hecho comporta que miles de víctimas de exposición al amianto —‌ya sea en el ámbito laboral, doméstico o ambiental como, por ejemplo, las cuarenta y tres víctimas de Cerdanyola— sigan huérfanas de reparación y de compensación. Como decía hace un momento el diputado de Bildu, el amianto sigue estando entre nosotros y, en este sentido, el Parlamento de Cataluña ha promovido distintas iniciativas para fomentar su retirada de un modo seguro. Porque no basta con compensar el daño producido, sino que hay que evitar nuevos daños. No se pueden generar más víctimas. Esperemos, pues, que esta iniciativa sea el detonante para dar la respuesta correcta, eficaz, suficiente y definitiva al sufrimiento de las personas afectadas y a sus familias.

Muchas gracias.

Bona tarda. Gràcies, president. Benvingudes les associacions de lluitadors contra les víctimes de l’amiant, sindicats i, concretament, deixeu-me anomenar a Joan Garcia, que cada dia em recorda que la lluita continua en aquest tema. Ens hem fet amics per WhatsApp, perquè cada dia, pràcticament, m’envia les últimes notícies, i realment dona gust treballar amb persones que dediquen la seva vida a causes com aquesta. Imaginin-se per un moment, senyores i senyors, la impotència de respirar sabent que cada inhalació et pot estar matant lentament. Aquesta és la cruel realitat a la qual s’enfronten milers de persones dels diferents pobles de l’Estat espanyol, víctimes silencioses d’un material que sabien perillós: l’amiant. I l’Estat, que tenia l’obligació de vetllar per la salut dels seus ciutadans, va permetre que això passés. Les comparacions són odioses, però aquesta ve al cas, com ha dit també un company que m’ha precedit. A França, fa més de vint anys que existeix un fons de compensació per a les víctimes de l’amiant, que ha repartit més de 6626 milions d’euros, i aquí encara, en canvi, continuem esperant. Mentrestant, a l’Estat espanyol l’amiant encara causa prop de 4582 morts cada any, segons dades del mateix ministeri. El pitjor és que hi ha una xifra que econòmicament és brutal, o que és molt significativa: només un 0,44 % dels morts per càncer de pulmó, de bronquis o de laringe tenen reconeguda la malaltia professional, només un 9 % en el cas de mesotelioma —‌costa de pronunciar, perdoneu—. Això no és justícia, és abandonament. Després d’anys de lluita per part de les víctimes, sindicats i grups parlamentaris, vam aconseguir l’aprovació de la Llei de Creació d’un Fons de Compensació per a les Víctimes de l’Amiant, una llei que va comptar amb el suport unànime d’aquesta Cambra. Però de què serveix una llei sense el seu reglament que la faci efectiva? De què serveixen les promeses si després no es compleixen? Senyores i senyors diputats, han passat molts dies des que la llei ens va donar un termini per aprovar el reglament, un termini que el govern ha ignorat, com ha ignorat les al·legacions presentades per les víctimes i sindicats; un govern que prefereix mirar cap a un altre costat mentre milers de persones encara pateixen les conseqüències de l’amiant. I no ens equivoquem, no estem parlant d’un termini flexible o orientatiu. La mateixa llei, aprovada en aquesta Cambra, establia clarament un termini de tres mesos per al seu desenvolupament reglamentari —p‌ assa el mateix que amb l’auditoria de les pensions, que es fan, però després no es compleixen—; tres mesos que van finalitzar des del febrer 2023, ja fa massa temps, i cada dia que passa sense que el govern actuï, més víctimes de l’amiant veuen vulnerats els seus drets. Persones que després de patir en primera persona la negligència de les empreses, que van anteposar els beneficis econòmics a la seva salut, ara s’enfronten a la indiferència dels poders públics, de tal manera que són doblement victimitzats: sense justícia, sense reparació i moltes vegades, tristament, sense temps.

I no podem oblidar els 42 de Cerdanyola, que posen de manifest la gravetat d’aquesta problemàtica a casa nostra, mentre el Govern central fa cas omís dels problemes, incompliments i, fins i tot, directives europees, com la que obliga a elaborar censos de l’amiant. Haig de tirar una mica cap a casa meva, la Generalitat de Catalunya, en mans d’Esquerra Republicana. Vull agrair a la consellera aquí present, Teresa Jordà, que ella sí que s’ha dedicat en cos i ànima a treure l’amiant de la nostra societat. També vull agrair, especialment, l’excel·lent feina i empatia d’Isaac Peraire, el director general de l’Agència catalana de Residus, que és pioner en aquest sentit a l’Estat; i m’agrada dir-ho, m’agrada dir-ho perquè quan es fa la feina ben feta, cal dir-ho, que també ha sigut un lluitador incansable per la causa de les víctimes de l’amiant, malgrat l’insuficient finançament que disposa Catalunya.

Però no n’hi ha prou amb bones intencions. El Govern de l’Estat no pot continuar incomplint les seves obligacions, ignorant directives europees i lleis estatals, com la que obliga els ajuntaments a elaborar un cens d’amiant abans de l’abril de 2023. On està aquest cens? On estan els recursos per fer-ho possible? On està el compromís real amb la salut dels ciutadans? Perquè sabem que aquest no és només un problema del passat, sinó que pot esdevenir una greu crisi de salut pública en el futur si no actuem amb contundència.

Se m’acaba el temps. Simplement, com ha dit també qui m’ha precedit, espero que aquesta proposta de llei no sigui una de les centenars i centenars que queden en un calaix, perquè això debilita la nostra democràcia, perd el sentit i donem falses expectatives a la gent. El pitjor que es pot fer és això, sobretot amb la gent que pateix.

Moltes gràcies.

Buenas tardes. Gracias, presidente. Bienvenidas las asociaciones de luchadores a favor de las víctimas del amianto, sindicatos. Y quisiera nombrar concretamente a Joan García, que cada día me recuerda que la lucha en esta materia continúa. Nos hemos hecho amigos por WhatsApp, porque casi prácticamente cada día me envía las últimas noticias, y da gusto trabajar con personas que dedican su vida a causas como esta. Imagínense por un momento, señoras y señores, la impotencia de respirar sabiendo que cada inhalación puede estarle matando a uno lentamente. Esta es la cruel realidad a la que se enfrentan miles de personas de los distintos pueblos del Estado español, víctimas silenciosas de un material que ya sabían peligroso, el amianto. Y el Estado, que tenía la obligación de velar por la salud de sus ciudadanos, permitió que esto ocurriera. Las comparaciones son odiosas, pero esta viene al caso. En Francia, hace más de veinte años que existe un Fondo de compensación para las víctimas del amianto, que ha repartido más de 6626 millones de euros, y aquí todavía seguimos esperando. Mientras tanto, en el Estado español, el amianto sigue causando 4582 muertos al año, según datos del mismo ministerio. Y lo peor es que hay una cifra que económicamente es brutal o que, como mínimo, es muy significativa: solo un 0,44 % de los muertos por cáncer de pulmón, bronquios o laringe tienen reconocida la enfermedad profesional, solo un 9 % en el caso del mesotelioma —‌perdón me cuesta pronunciarlo—. Esto no es justicia, sino que es abandono. Tras años de lucha por parte de las víctimas, sindicatos y grupos parlamentarios, conseguimos la aprobación de la Ley de Creación de un Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto, una ley que contó con el apoyo unánime en esta Cámara. ¿Pero de qué sirve una ley sin su reglamento, sin un reglamento que la haga efectiva? ¿De qué sirven las promesas si luego no se cumplen? Señoras y señores diputados, han transcurrido muchos días desde que la ley concedió un plazo para aprobar su reglamento, algo que ha ignorado el Gobierno; igual que se han ignorado las alegaciones presentadas por víctimas y sindicatos. Es un Gobierno que prefiere mirar hacia otro lado mientras miles de personas siguen sufriendo las consecuencias del amianto. Y no nos equivoquemos, no estamos hablando de un plazo flexible u orientativo, la propia ley aprobada en esta Cámara establecía claramente un plazo de tres meses para su desarrollo reglamentario —‌ocurre lo mismo que con la auditoría de las pensiones, que se hacen, pero luego no se cumplen—; tres meses que finalizaron en febrero de 2023, hace demasiado tiempo, y cada día que transcurre sin que el Gobierno actúe, más víctimas del amianto ven vulnerados sus derechos, personas que tras sufrir en primera persona la negligencia de las empresas, que antepusieron los beneficios económicos a su salud, ahora se enfrentan a la indiferencia de los poderes públicos, de modo que son doblemente victimizadas: sin justicia, sin reparación y muchas veces, tristemente, sin tiempo.

Y no podemos olvidar los cuarenta y dos de Cerdanyola, que ponen de manifiesto la gravedad de esta problemática en nuestro país, en nuestra casa, el Gobierno central hace gala del incumplimiento de iniciativas y obligaciones europeas, como la creación de un censo del amianto. Quiero agradecer al Gobierno de Cataluña y a la consejera Teresa Jordà que sí se han dedicado a eliminar el amianto de nuestra sociedad; y agradecer a Isaac Peraire, de la Agencia catalana de Residuos, que es pionero en este Estado, y me gusta decirlo, porque cuando el trabajo se hace bien, hay que decirlo, también ha sido un luchador incansable a favor de la causa de las víctimas del amianto, a pesar de la insuficiente financiación de la que dispone Cataluña.

Pero no basta con buenas intenciones, el Gobierno del Estado no puede seguir incumpliendo sus obligaciones, ignorando directivas europeas y leyes estatales, como la que obliga a los ayuntamientos a crear un censo antes de 2023. ¿Dónde está ese censo? ¿Dónde están los recursos que lo permitan? ¿Dónde está el compromiso real con la salud de los ciudadanos? Porque sabemos que el amianto no es un problema del pasado, sabemos que, además, puede convertirse en una grave crisis de salud en el futuro si no actuamos con contundencia.

Se me termina el tiempo. Como ha dicho quien me ha precedido, esperemos que esta propuesta de ley no sea una de las centenares que quedan en el fondo de un cajón, porque eso debilita nuestra democracia, pierde sentido y damos falsas expectativas a la gente, y lo peor que se puede hacer es eso, sobre todo con aquellos que sufren.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, con el impulso de las organizaciones sociales de enfermos y víctimas del amianto, de las organizaciones sindicales que hoy nos acompañan y de los grupos parlamentarios que conforman con el PSOE la mayoría de esta Cámara, se dirigió primero una carta al Gobierno y, después, se registró esta proposición no de ley que hoy presenta el PNV —‌mil gracias—para que se apruebe de una vez el reglamento de la Ley 21/2022, pendiente desde el 19 de enero de 2023. Sin ese reglamento, a pesar de los derechos adquiridos por la Ley 21/2022, será difícil dotar presupuestariamente el Fondo de víctimas del amianto, que es el eslabón imprescindible para el cumplimiento de la Ley 21/2022. La OIT cifra en 120 000 muertes anuales en el mundo las producidas por la exposición o inhalación de fibras de amianto o asbesto durante el trabajo. La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo las cifra en 21 000 para la Unión Europea. En el Reino de España, la mayoría de las víctimas permanecen ocultas y han estado durante mucho tiempo silenciadas. Los últimos estudios indican que la epidemia seguirá creciendo en víctimas durante una década. A pesar de tantas muertes y de la prohibición del asbesto en cincuenta y cuatro países, entre ellos el nuestro en 2002, más de 2 millones de toneladas de la fibra asesina se siguen extrayendo y comercializando. Hay instaladas 80 millones de toneladas en Europa y 2,6 millones en España, en proceso continuo de degradación. Como cancerígeno de tipo 1, no hay dosis mínima segura. Si las enfermedades producidas por el amianto son una tortura, el proceso de reclamación de sus víctimas es un calvario, porque se ven obligados a demostrar que sus fibrosis pulmonares, cánceres de pulmón, pleura, laringe o mesoteliomas lo son por exposición al amianto treinta o cuarenta años atrás. Sin ello, las empresas y tampoco las mutuas las reconocen como enfermedad laboral, a pesar de la falta de medidas preventivas, como el registro de los trabajadores expuestos al amianto. Y se acaba produciendo un registro a la baja, que no representa en toda su magnitud epidemiológica la incidencia alarmante de estas enfermedades laborales. La situación es todavía más injusta para quienes enfermaron en el entorno familiar como resultado de la contaminación ambiental o laboral sin pruebas de la exposición, quedando sin derecho a prestaciones de enfermedad profesional ni indemnización. Cuando le diagnosticaron al filósofo Jesús Mosteirín el mesotelioma que acabaría con su vida, se hizo la siguiente pregunta: ¿pero yo cuándo estuve en contacto con el amianto? Una parte importante, por no decir todo, del fibrocemento instalado tiene caducada su vida útil y hay que desinstalarlo con todas las precauciones debidas, porque es un peligro para la salud pública general, como se ha puesto de manifiesto en colegios, trenes y en el propio metro. Es importante acreditar la capacidad real de llevar a cabo esta tarea de las empresas de desamiantado para terminar de una vez por todas con una epidemia contra la que se empezó a advertir ya a comienzos del siglo pasado. Como también es importante trasponer la Directiva 2023/2668 del Parlamento Europeo y la del Consejo de 22 de noviembre de 2023, cuyo límite de trasposición es el 25 de diciembre de 2025. Como señala el informe del Ministerio de Trabajo sobre la PNL que hoy discutimos, hay que tomar en serio esta trasposición; y, sobre todo, anuncia una campaña específica de la Inspección de Trabajo sobre el amianto a lo largo de 2025.

Señorías, sin la movilización de las asociaciones de víctimas, sin la acción de los departamentos y delegados de salud laboral de los sindicatos, sin la perseverancia de los médicos y enfermeras y de los abogados laboralistas, no estaríamos en el tramo final para acabar con esta epidemia. Sin gentes como Jesús Uzkudun, Paco Puche, Eusebio Pagola, Ezequiel Illarramendi y tantos otros no hubiera sido posible. Solo queda un empujón más: aprobar de una vez el reglamento y dotar el Fondo de víctimas del amianto de los fondos necesarios, siguiendo los patrones europeos de compensación, para que en 2025 se pueda acompañar a las víctimas y a sus familias y evitar, con la desinstalación del amianto que queda en colegios, empresas y transportes, que vuelva a haber nunca más enfermos por amianto y asbestos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, señor presidente, con su venia. Permítanme, en primer lugar, mandar un saludo a los representantes de las víctimas y a los afectados por todo lo derivado del amianto. Hoy nos acompañan aquí y les envío un saludo. Quiero que sepan que cuentan con todo el apoyo y reconocimiento del Grupo Parlamentario VOX. (Aplausos). Señorías, como ya se ha indicado, el articulado de la Ley 21/2022, de Creación de un Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto, fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con competencia legislativa plena en sesión de 13 de julio de 2022. Si bien su fecha de entrada en vigor quedó fijada a los veinte días de publicación en el Boletín Oficial del Estado, la disposición adicional única difirió la puesta en funcionamiento y el inicio de actividades del fondo hasta que se publicara el correspondiente reglamento, que debería dictarse en el plazo máximo de tres meses. Pues bien, la fecha límite era 19 de enero de 2023, estamos a 24 de septiembre de 2024 y el Gobierno no ha hecho los deberes. Este Gobierno, presidido por el autócrata Sánchez, una vez más, sigue riéndose de los afectados y víctimas del amianto, que llevan años esperando una reparación. Decía la portavoz socialista en la Comisión a la que me refería lo siguiente —‌y voy a leer literalmente del Diario de Sesiones—: «Ayer escuché decir al presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la nación —‌y hago mías sus palabras— que hay que comprender la angustia, la frustración y el enfado de todos —‌haciendo referencia a las personas y las familias—, quienes han visto frustrados sus proyectos de vida por la inflación, la guerra o la pandemia. Pues bien, con mayor motivo en el caso de las víctimas del amianto. La angustia y la incertidumbre del futuro inmediato y mediato solo la saben quienes la sufren. Lo mínimo que podemos hacer, y lo ha dicho algún portavoz, es dar respuesta, como creemos que vamos a hacer hoy con esta ley que recoge la voluntad de miles de personas». Y concluía su intervención con lo siguiente: «El presidente del Gobierno ayer dijo que los españoles no quieren oírnos hablar de lo que va bien ni de lo que hemos hecho bien, los españoles quieren que demos respuesta como políticos y eso es lo que estamos haciendo hoy. El objetivo de esta ley era un resarcimiento real y efectivo, y creo que lo hemos conseguido. Las víctimas han de verse resarcidas lo antes posible, y vamos a estar vigilantes para que el órgano gestor sea capaz de articular cuanto antes estas indemnizaciones». Pues bien, al parecer, el Grupo Socialista no ha estado lo suficientemente vigilante, como anunciaba su portavoz hace casi dos años y medio, pues las indemnizaciones no han llegado a sus beneficiarios por el bloqueo del Gobierno socialcomunista. Es cierto que se inició el procedimiento y se empezó a tramitar un proyecto de real decreto en junio de 2023, con varios meses de retraso, pero tras la finalización del plazo de información pública y la aportación de alegaciones, no llegó a aprobarse por el Consejo de Ministros. Una vez más, queda claro que este Gobierno está más ocupado en resolver los escándalos de corrupción que salpican al entorno del aprendiz de tirano Sánchez, en controlar todas las instituciones y poderes del Estado y en amordazar a los medios de comunicación no afines al régimen que en dar respuesta ágil y eficaz a los problemas reales de los ciudadanos. (Aplausos).

Señorías, mi grupo parlamentario votará a favor de esta proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a que, de una vez, apruebe este reglamento, considere las alegaciones presentadas, que mi grupo asume plenamente, y adopte las medidas presupuestarias necesarias.

Finalizo ya, señor presidente. Solo quiero decirles una cosa: gracias a Dios, este Gobierno tiene los días contados. Nada más. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias. Eskerrik asko, presidente jauna. Arratsalde on, jaun-andreok. Quiero empezar saludando a los afectados y a sus representantes, agradeciéndoles el trabajo realizado y sus aportaciones. Lehenik eta behin, orain euskaraz agurtu nahi ditut hemen dauden amiantoaren afektatuak eta eskertu nahiko nuke elkarteek egindako lana, non ekimen desberdinak amiantok eragindako gaixotasunak eta hauek dakartzaten ondorioak aitormena lortu zuten. Baita ere esan nahi dut nire Talde Sozialistaren izenean, pertsona hauen eta bere familiaren saminak eta oinazeak gure errespetu osoa merezi duela.

Ahora en euskera, quiero saludar a todas las personas afectadas por el amianto, a todas las que están presentes, y quiero agradecer el trabajo de todas las asociaciones, ya que han puesto en marcha distintas iniciativas para poder lograr el reconocimiento de todas las víctimas. También deseo expresar en nombre del Grupo Socialista que compartimos todo el dolor y toda la aflicción de todas las personas afectadas, que merecen todo nuestro respeto.

Como socialista vasca, quisiera recordar el trabajo realizado por el Parlamento vasco, cuyos representantes comparecieron ante esta Cámara en anteriores legislaturas. En estos tiempos en los que algunos quieren hacer de la política y de este hemiciclo un espacio de crispación permanente, pervirtiendo su sentido original, señorías, yo quiero reivindicar la política como herramienta de entendimiento y colaboración entre diferentes. (Aplausos).

La Organización Mundial de la Salud estima que todavía hay 125 millones de personas expuestas al amianto. En Europa, se cifran los fallecidos por sus consecuencias en unas 88 000 personas anualmente. Y en España, se estima que un 40 % de las enfermedades y fallecimientos a consecuencia del amianto están por llegar. Señorías, algunos de nosotros tenemos ya en nuestro entorno personas afectadas por estas enfermedades y sus consecuencias, y otros, por desgracia, pueden tenerlas en un futuro no muy lejano.

Errege dekretu proiektua, non amiantoaren afektatuen diru konpentsazioak aitortzen diren, bere prozedura bidean dago, eta Erkidego Autonomikoen ekarpenak jaso dira ere. Une honetan egindako iradokizunen analisia burutzen ari da, norman kontuan hartzeko, eta horrela, tramitazioarekin aurrera egiteko.

El proyecto de real decreto por el que se declaran las compensaciones económicas a las personas afectadas por el amianto se encuentra en tramitación y se han recibido ya las aportaciones de las comunidades autónomas. En estos momentos, se está llevando a cabo el análisis de las sugerencias realizadas para su toma en consideración en la norma y para poder continuar así con la tramitación.

Señorías del Partido Popular, me siento en la obligación de apelar a su responsabilidad política y altura de miras, pero sobre todo al respeto y consideración que merecen las víctimas del amianto y sus familias, para que tengamos las herramientas presupuestarias necesarias para responder a las necesidades de la ciudadanía. Mucha gente, entre ellos las víctimas del amianto, se juegan mucho, demasiado. Muchas instituciones, entre ellas las comunidades autónomas y los ayuntamientos, incluso los gobernados por su partido, también se juegan mucho, demasiado. En concreto, se juegan 12 000 millones de euros. El pasado mes de julio, ustedes se permitieron el lujo de no aprobar la senda fiscal, pero pronto tendrán la ocasión de rectificar esta actitud irresponsable y cortoplacista. ¿Votarán ustedes a favor de la senda fiscal? ¿Estarán ustedes a la altura de sus responsabilidades como principal partido de la oposición? (El señor Pérez López: Si hubierais escogido a otros socios...—Aplausos). ¿O en esta deriva del ‘todo vale’ para derribar a este Gobierno instaurado legítimamente tomarán nuevamente a los ciudadanos y a nuestras instituciones como rehenes? Como la optimista incorregible que soy, todavía quiero creer que prevalecerá la responsabilidad, también hacia las víctimas del amianto.

Talde parlamentario honek argi dauka lan zorrotza eta juridikoki ziurra egin behar dela, batez ere biktimen hobe beharrez, eta gogora ekarri nahi dut PSE-Euskadiko Ezkerra izan zela ekimen honi lehen bultzada eman ziona.

Este grupo parlamentario tiene claro que se debe realizar una labor rigurosa y sobre todo jurídicamente segura, especialmente por el bien de las víctimas. Y deseo recordar que fue el PSEEuskadiko Ezkerra quien dio el primer impulso a esta iniciativa.

Sí, aunque les pese a algunos, fue el Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra (aplausos) el que dio un impulso definitivo a este reconocimiento de las víctimas del amianto, por lo que daremos nuestro voto afirmativo a la proposición no de ley que presenta el Grupo Nacionalista Vasco.

Hemos dado grandes pasos en prevención, vigilancia de la salud y reconocimiento de las enfermedades y consecuencias derivadas de la exposición al amianto, y aunque somos conscientes de que las compensaciones no devolverán sus seres queridos a sus familias, creemos que se trata de una cuestión de justicia. Y repito, los socialistas siempre estaremos ahí, al lado de los trabajadores y trabajadoras y de las capas de la sociedad que se encuentran en situación de vulnerabilidad. ¿Pueden todos los grupos parlamentarios representados en este Congreso decir lo mismo? No lo creo.

Eskerrik asko. (Aplausos).

Gracias, presidente. Bona vesperada. Buenas tardes, señorías. Quiero que mis primeras palabras sean de saludo y afecto para todas las personas que de manera directa o indirecta han padecido o padecen alguna de las graves enfermedades derivadas de la exposición al amianto, así como de apoyo y reconocimiento a las asociaciones de afectados, que han venido dando cobertura a una reivindicación justa de reconocimiento e indemnización, que lleva pendiente ya demasiado tiempo. (Aplausos). Para un diputado primerizo en esta tribuna resulta gratificante poder intervenir en un asunto que genera tan amplio consenso, como el que parece que se está demostrando esta tarde con esta proposición. Pero, señorías, no echemos las campanas al vuelo ni nos dejemos llevar por la euforia, pues, al fin y al cabo, el asunto que tanto consenso genera no es más que exigir al Gobierno un principio tan básico en democracia como que cumpla con las obligaciones que las leyes aprobadas por este Parlamento suponen. Si con las leyes no cumplen, qué vamos a esperar de las promesas. En pocas semanas hará dos años desde que este Congreso aprobó por unanimidad el fondo de compensación para las víctimas del amianto. En esa ley se establecía un plazo de tres meses para la entrada en vigor de un reglamento que la desarrollara y que permitiera a los afectados solicitar y acceder a las ayudas que la ley reconoce. Sumamos ya más de veintitrés meses desde entonces y seguimos sin noticias de ese reglamento, de la misma forma que los afectados siguen sin poder acceder a sus ayudas. Ni las víctimas ni sus familias, que también son víctimas, merecen ese ninguneo al que se les somete desde el ministerio, dejando sus derechos siempre para mañana. (Aplausos). Ya en febrero de este año la ministra Saiz reiteraba su compromiso para publicar este reglamento a la mayor brevedad. Hace ya de eso más de medio año —‌seis meses: dos veces tres, dos veces el plazo que marcaba la ley— y el reglamento sigue sin ver la luz. No tardaron ni un mes en poder traer a este Congreso y aprobar una ley de amnistía que no tenía más explicación razonable. Es imposible entender que en dos años no hayan sido capaces de plasmar negro sobre blanco el procedimiento para que los afectados del amianto puedan acceder a sus indemnizaciones. El motivo es claro: en aquel momento hablábamos de su acceso al Gobierno y en este caso hablamos de personas. Tenemos claro cuáles son siempre sus preferencias. Si entonces por siete votos lo hicieron, más aún deberían hacerlo por los muchos miles de ciudadanos que siguen pendientes de este reglamento para solicitar aquello que por ley les corresponde. Miren, esto es mucho más fácil. Se trata de gobernar con sensibilidad, de pensar lo que se aprobó en esta ley, que son solo indemnizaciones, porque ya es imposible dar solución al dolor que estas familias han tenido que pasar viviendo las consecuencias del uso del amianto. No les engañen más, no se lo pongamos más difícil. Pese a la opinión de la ministra, el tiempo sí que es importante y la demora sí que perjudica a las víctimas, como cualquier demora perjudica a quien corresponde. El INE cifra en 4582 los fallecidos al año; veinte meses son 7637 fallecidos. ¿Afecta o no afecta la demora? Para los afectados o para sus familias —‌porque muchos de ellos ya no lo pueden reclamar por sí mismos— el consenso de esta tarde puede ser reconfortante, pero no es suficiente. En este caso hay una forma muy sencilla de tratar a las víctimas con sensibilidad: no seguir dejando en el cajón sus reivindicaciones ni sus derechos.

Esta proposición, pese a presentarse como una PNL, no es un posicionamiento político; esta ley —‌supongo que hasta los diputados del Grupo Parlamentario Vasco estarán de acuerdo— sí que está en el BOE y sí que obliga al Gobierno a seguirla. Pero yendo un paso más allá, esa sensibilidad a la que me refería debe entrar también a dar una cobertura presupuestaria digna a las indemnizaciones previstas en la ley. Los 25 millones de euros presupuestados son una cantidad que ni de lejos alcanza las necesidades que se derivan de las indemnizaciones propuestas. El preámbulo de la ley reconoce ya 7154 casos entre los años 2003 y 2009 y avanza un incremento seguro e incesante de casos hasta el año 2023.

Señora García Gurrutxaga, habla usted de nuestra responsabilidad política, de nuestra responsabilidad presupuestaria. ¿Depende de que nosotros votemos a favor de la senda fiscal? Nosotros no votamos a favor de Pedro Sánchez y Pedro Sánchez está gobernando. Quizá no sea culpa del Partido Popular y sea culpa de su falta de capacidad de negociación con sus socios. (Aplausos). Por mucho que la ministra Montero nos diga que eso lo quitas o lo pones de una parte del presupuesto, aquí hay mucho que poner y nada que quitar hasta alcanzar una cantidad que resulte digna para que afectados, familias y asociaciones sientan como realmente cierto el interés reparador del Estado.

¡Vaya día para hablar de presupuestos!

Sí, acabo enseguida. Es cierto que hablar de presupuestos a este Gobierno viene a ser como hablar de casquería a un vegano —e‌ l tema no va con ellos, no tienen ningún interés—, pero no intenten seguir ninguneando a las víctimas también en esta fase con cantidades que no alcanzan ni de lejos para dar una respuesta a estas asociaciones. Nuestro objetivo debe ser poder mirar a la cara a los afectados y poder ofrecerles la solución a la que nos comprometimos cuando por unanimidad se aprobó esta ley. Vamos a ponerle al Gobierno un reloj como este que tengo aquí al lado (señalando el indicador de tiempo que hay en la tribuna de oradores).

Vamos a marcarle que el tiempo ya está superado con creces, que se ha acabado el tiempo de las excusas y las dilaciones y que ha llegado el momento de decisiones y soluciones. Si aun así siguen sin saber cómo cumplirlo, convoquen elecciones y dejen paso a quien sepa hacerlo mejor.

Muchas gracias. (Aplausos.—Un señor diputado: ¡Bravo!).