Proposición de Ley de modificación de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia; y de la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia.

Muchas gracias, presidenta. Arratsalde on, jaunandreok. Se ha dicho en esta Cámara, y lo compartimos, que la discreción y la reserva son principios instrumentales fundamentales de la actuación de los servicios de inteligencia para poder prestar a la sociedad el servicio encomendado. Son principios que deben, a su vez, compatibilizarse y equilibrarse con la protección de los derechos fundamentales y la existencia de controles internos y externos de su actividad, pues ello resulta imprescindible para el funcionamiento de la democracia y la protección del Estado de derecho. Señorías, este equilibrio al que me refería entre la lógica de los servicios de inteligencia y los derechos fundamentales, controles y responsabilidades, encontró plasmación en 2002 en las dos leyes que recogen de forma unitaria y sistemática el régimen jurídico de los servicios de inteligencia del Estado, el CNI, y por primera vez los controles parlamentario y judicial de su actividad, siendo su objeto el facilitar al presidente de Gobierno y a su Gobierno la información e inteligencia para prevenir y evitar las amenazas más graves que puedan acechar al Estado en el marco de los objetivos y prioridades que anualmente le marca la directiva de inteligencia, que aprueba el Gobierno presidido por su presidente, configurando así, como señala la exposición de motivos de su ley constitutiva, un funcionamiento del Centro Nacional de Inteligencia eficaz y transparente. Sin embargo, señorías, viene al caso recordar cómo fue la génesis de esta regulación en 2002 de la Ley 11/2002 y de la Ley Orgánica 2/2002. Recordarán que fueron respuesta normativa al caso de las escuchas ilegales cometidas por distintos miembros del CESID entre 1983 y 1991, resultando condenados su exjefe y un ex director de unidad, el señor Juan Alberto Perote y el teniente general Emilio Alonso Manglano. Esto llevó a sustituir el CESID por el CNI y a establecer el régimen jurídico que les comentaba, más acorde con la Constitución, con los principios de control, con el pleno sometimiento al ordenamiento jurídico; más capaz de afrontar los retos de aquellos tiempos e inspirado en el modelo de países de nuestro entorno. Ahora, señorías, tras más de veinte años, se hace de nuevo necesario perfeccionar el marco normativo del CNI y no solo por el tiempo transcurrido, sino mutatis mutandis, al igual a cómo sucedió en el pasado, ante la gravedad de los hechos conocidos por el uso del malware Pegasus en 2022 por el CNI, tengo que recordar que con autorización judicial, para intervenir teléfonos inteligentes de representantes políticos, activistas, abogados, periodistas y de sus familias y allegados vinculados de manera singular al procés catalán. El malware Pegasus era poco conocido en aquellas fechas, pero hoy en día es conocido por el gran público por su alta capacidad invasiva e indiscriminada en la privacidad, ya que puede encender la cámara y micrófono del teléfono, así como acceder a todos sus datos, convirtiendo al teléfono —‌como se dijo en esta Cámara en su momento— en un espía de bolsillo. Tal fue la crisis, señorías, que fue el mismo presidente de Gobierno, en comparecencia monográfica en esta misma Cámara en mayo de 2022, quien reconoció las consecuencias políticas y sociales del uso por el CNI del malware Pegasus. Y, como expresión de esa responsabilidad, anunció como compromiso del Gobierno con la regeneración democrática y para reforzar las garantías del Estado democrático la reforma de la ley sobre el control judicial del CNI, además de la de Secretos Oficiales, haciendo suyas singularmente las recomendaciones del Defensor del Pueblo sobre el uso de Pegasus por el CNI, cuando sugiere adaptar la normativa que regula el CNI para que la ley no vaya detrás de la tecnología; también para reformar los mecanismos de control democrático de modo similar a los que existen en países con mayores garantías de nuestro entorno, y cuando pide una reflexión sobre el control judicial tras veinte años transcurridos desde la Ley Orgánica 2/2002 y la evolución de las TIC en las últimas décadas y las que están por venir, singularmente en cuanto a las intervenciones de las comunicaciones para las que reclamaba el Defensor del Pueblo meditar sobre el control judicial existente, ya que no es lo mismo su interceptación en 2022 que en 2002, como consecuencia de la aceleración intensa de la revolución tecnológica, ni significará lo mismo en unos pocos años, decía. Señorías, tengo que hacer un inciso para recordar el actual desarrollo de la inteligencia artificial y el ataque de Israel en Líbano a través de las TIC, que nos confirman esa predicción del Defensor del Pueblo en el pasado, que continuaba diciendo en sus conclusiones que la intromisión del derecho al secreto de las comunicaciones, salvo autorización judicial, y en especial de las postales telegráficas y telefónicas, reclama explorar las posibilidades de perfeccionamiento del control judicial, ya que su ponderación adecuada por este poder bajo los principios de necesidad y proporcionalidad es la esencia misma de la garantía constitucional a que se refiere el artículo 18.3 de la Constitución.

Sin embargo, señorías, tengo que decir que nunca el Gobierno ha cumplido el compromiso de su presidente ante este Pleno ni las recomendaciones del Defensor del Pueblo, ni siquiera como ademán o disposición a hacerlo; ni fue introducida esta reforma en los planes anuales normativos de 2023, tampoco en el del presente año ni en el Plan de Regeneración Democrática presentado hace pocos días, a pesar de haberlo anunciado —‌y se lo recuerdo— ante la Cámara en 2022 como una reforma consustancial con la regeneración democrática y la transparencia. Por este motivo, el grupo parlamentario del Partido Nacionalista Vasco vuelve a presentar en esta legislatura la reforma de la ley orgánica del control judicial del CNI para perfeccionar su control sobre las intromisiones en los derechos fundamentales —‌iniciado con la Ley Orgánica 2/2002, como les decía— contenidos en el apartado 3 del artículo 18 de la Constitución.

Por lo que hace a las modificaciones que proponemos en la Ley 11/2002 Reguladora del CNI, se trata de visualizar de manera más nítida, en su caso, la responsabilidad política del presidente del Gobierno con ocasión de la actuación del CNI a fin de la rendición de cuentas por aquel, pues la misma no se circunscribe a la aprobación anual de las prioridades y objetivos en materia de riesgos para la seguridad del Estado contenidas en la directiva de inteligencia, sino que, indudablemente, a nuestro juicio, también se irradian sobre el presidente las consecuencias políticas de las decisiones operativas de los servicios de inteligencia, cuya misión especial es precisamente informarle como organismo público en materia de prevención de graves riesgos y de graves peligros para el Estado a efectos de adoptar las decisiones oportunas.

Decir como dijo el presidente del Gobierno ante este Pleno que, más allá de la directiva de inteligencia, ni conoce ni decide cualquier aspecto de las decisiones operativas de los servicios de inteligencia para eludir responsabilidades no es solo incierto, sino que significaría por su parte una dejación de funciones en el contexto de un Estado democrático respecto de un servicio con vinculación singular con el presidente del Ejecutivo. Señorías, ya lo dijimos en este Pleno, en un Estado democrático, el presidente de Gobierno no puede desentenderse como dogma de las decisiones operativas de los servicios de inteligencia; lo que no debe hacer es utilizar los servicios secretos para sus intereses o los de su partido.

Señorías, por lo que hace al refuerzo del control parlamentario que planteamos en nuestra iniciativa, se trata de que la Cámara, a través de la llamada Comisión de control de los gastos reservados, pueda conocer con menos estrecheces que en la actualidad aspectos operativos atinentes a actuaciones y medios utilizados por los servicios de inteligencia cuando estos irrumpen con estruendo político y social en la opinión pública, como sucedió con el caso Pegasus. Conocimiento del que al parecer dispuso con mayor amplitud el Defensor del Pueblo como comisionado de esta Cámara que esta misma Cámara, pues a esta simplemente se refiere cuando pregunta por los medios utilizados —‌la expresión «medios propios y ajenos»—, mientras que aquel —‌según sus propias palabras— en el caso Pegasus tuvo acceso al expediente durante todo el tiempo que necesitó y, al parecer, sin los tachones que constaban en la documentación que se presentó a la Cámara en la Comisión de Secretos Oficiales.

En el debate que tuvimos la pasada legislatura sobre esta iniciativa, señorías, se apeló por los grupos parlamentarios que la rechazaron, por unos, a la intención torticera de nuestro grupo parlamentario para desprestigiar y debilitar al Centro Nacional de Inteligencia, y por parte de otros, a que lo deseable sería que el Gobierno, en cumplimiento del compromiso del presidente, remitiera a la Cámara un proyecto de ley con todos los informes. A los primeros les manifestamos lo que les dijimos en su día, es decir, que lo crean o no, lo único que se busca es reforzar la senda de controles iniciada en 2002 en las dos leyes reguladoras del CNI; y, a los otros, que a veces son como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer, aunque parece que en este caso no va a ser así.

Señorías, este fin de semana Lluís Bassets nos recordaba a John le Carré cuando decía, con conocimiento de causa, que «espiar es esperar»; y Bassets añadía que «es estrategia y paciencia, y ni un solo escrúpulo»; y yo añado: aquí y en Lima. Por eso, señorías, conviene estar en permanente alerta para el refuerzo de las garantías en función del mismo paso del tiempo y de hechos y avances que vayamos conociendo, para mantener el equilibrio imprescindible para el funcionamiento de la democracia y del Estado de derecho entre, de una parte, como les decía, los derechos fundamentales, controles y transparencia, y de la otra, la lógica inmanente a todos los servicios de inteligencia, es decir, la discreción y la reserva.

Finalizo, presidenta. Señorías, no se trata de erosionar a los servicios de inteligencia, sino de plantear un problema ciudadano vinculado a tecnologías altamente invasivas de la privacidad y de la misma democracia, pues, como señalaba Edmund Burke, uno de los padres del conservadurismo liberal político, la indiferencia es la puerta abierta al mal, y en el caso que debatimos, en forma de posible erosión de los derechos y de la misma democracia.

Nada más y muchas gracias.

Grazas, señora presidenta. Temos sinalado en moitas ocasións que o Estado español adoece de severos déficits democráticos e todos eles teñen causa na chamada transición, que impediu unha verdadeira ruptura democrática e posibilitou a continuidade e reprodución posterior de moitas estruturas de poder da ditadura franquista no réxime constitucional, especialmente nos aparellos xudicial, militar e policial. Algunhas desas eivas democráticas ficaron mesmo plasmadas na Constitución do 1978. Por citar apenas tres: a falta de recoñecemento das nacións que aínda integramos este Estado e dos dereitos democráticos que lles corresponden, como o dereito de autodeterminación; o papel que atribúe ó exército no artigo 8 como garante da integridade territorial de España, o que o sitúa por riba da vontade do pobo e dos pobos e, evidentemente, a imposición do Borbón designado por Franco como xefe de Estado e, en consecuencia, unha monarquía anacrónica e corrupta que nunca foi sometida a plebiscito popular. En todo caso, as consecuencias destes déficits democráticos son ben visíbeis. Vivimos nun Estado en que os dereitos fundamentais non son respectados, en que as persoas son perseguidas ou condenadas por exerceren o dereito á liberdade de expresión ou por defenderen a vontade popular. Vivimos nun Estado en que xuíces ditan sentenzas inconcibíbeis para a maioría da sociedade, sempre do lado dos poderosos e das posicións máis reaccionarias, xuíces que interveñen directamente en políticas tendendo ó lawfare e mesmo interpretando a lei para poder incumprila cando convén ós seus intereses reaccionarios. Vivimos nun Estado en que o exército condicionou decisións políticas, mesmo con intento de golpe de Estado, e en que aínda hoxe continúan campando nos cuarteis posicións e simboloxías franquistas sen que o Goberno interveña para facer cumprir a lei. Chega lembrar que non hai tanto aínda, en 2018, o cabo galego Marco Santos Soto foi expulsado por denunciar nun escrito o franquismo no exército, expresado, ademais, nun manifesto público de militares que, ese si, non recibiu, porén, ningunha reprobación por parte do Goberno. E, claro, son ben coñecidas as fallas democráticas no ámbito policial e da intelixencia. A mesma exposición de motivos da proposición de lei que hoxe debatemos lembra a condena ó tenente xeneral Emilio Alonso Manglano, exxefe do CESID, e o excoronel Juan Alberto Perote, exdirector da unidade do CESID, por un delito continuado de escoitas ilegais cometido de forma permanente entre 1983 e 1991. Mais, ó longo destes anos, foron numerosos os episodios e actuacións ilícitas por parte de membros das forzas e corpos de seguranza do Estado, desde a guerra sucia e a práctica de torturas polas que o Estado español foi condenado en varias ocasións, até a espionaxe ilegal a persoas e dirixentes políticos considerados disidentes, especialmente do ámbito das forzas soberanistas e independentistas. Os máis recentes casos coñecidos, como a espionaxe ilegal a dirixentes políticos, como digo, especialmente independentistas máis non só, co software israelí Pegasus ou a practicada pola chamada policía patriótica ó servizo do Partido Popular contra Podemos poñen de manifesto que é preciso actuar para pór couto á vulneración de dereitos fundamentais por parte de axentes ó servizo do Estado ou das cloacas do Estado. Por iso concordamos e apoiaremos a toma en consideración da proposición de lei impulsada polo PNV, mesmo que consideremos que algunhas medidas tecnolóxicas poden non ser excesivamente eficaces, porque é absolutamente lóxico que intervencións que afectan dereitos fundamentais conten con previa autorización xudicial, mais permítanme que sexamos escépticos sobre as garantías que achegará que tres maxistrados da Sala Segunda, a que o PP controlaba pola porta de atrás, do mesmo Tribunal Supremo que se nega a aplicar integramente a Lei de Amnistía sexan os que decidan sobre as devanditas autorizacións. Finalizo. En todo caso, nós cremos que tamén se debe ser escépticos sobre as posibilidades reais dun control democrático do CNI, das actuacións do CNI, o que nos leva a pensar se a única medida realmente eficaz desde o punto de vista democrático non sería a súa disolución. Pero, de calquera maneira, nun

Estado en que un policía torturador franquista como Billy el Niño morra na súa cama coas medallas postas pola ditadura e pola democracia constitucional é evidente que hai moitas cousas que deben mudar. Deamos pasos para facelo. Moito obrigado.

Gracias, señora presidenta. Hemos señalado en muchas ocasiones que el Estado español adolece de severos déficits democráticos, y todos ellos tienen su causa en la llamada Transición, que ha impedido una verdadera ruptura democrática y ha posibilitado la continuidad y reproducción posterior de muchas estructuras de poder de la Dictadura franquista en el régimen constitucional y especialmente en los aparatos judicial, militar y policial. Algunas de estas faltas democráticas han quedado plasmadas incluso en la Constitución del 78. Por citar apenas tres, la falta de reconocimiento de las naciones que aún integramos este Estado y de los derechos democráticos que les corresponden, como el derecho a la autodeterminación; el papel que atribuye al ejército en el artículo 8 como garante de la integridad territorial de España, que lo sitúa por encima de la voluntad del pueblo y de los pueblos; y, evidentemente, la imposición del Borbón designado por Franco como jefe de Estado y, en consecuencia, una monarquía anacrónica y corrupta, que nunca ha sido sometida al plebiscito popular. En todo caso, las consecuencias de estos déficits democráticos son bien visibles. Vivimos en un Estado en el que los derechos fundamentales no son respetados y en el que las personas son perseguidas o condenadas por ejercer el derecho a la libertad de expresión o por defender la voluntad popular. Vivimos en un Estado en el que los jueces dictan sentencias inconcebibles para la mayoría de la sociedad, siempre del lado de los poderosos y de las posiciones más reaccionarias; jueces que intervienen directamente en política, excediendo el lawfare e, incluso, interpretando la ley para poder incumplirla cuando conviene a sus intereses reaccionarios. Vivimos en un Estado en el que el ejército ha condicionado decisiones políticas, incluso con intentos de golpes de Estado; y que aún hoy, continúan campando en los cuarteles posiciones y simbología franquista sin que el Gobierno intervenga para hacer cumplir la ley. Basta con recordar que no hace mucho, en 2018, el cabo gallego Marco Santos Soto fue expulsado por denunciar en un escrito el franquismo en el ejército, expresado además en un manifiesto público ante militares, que ese sí no recibió ningún tipo de reprobación por parte del Gobierno. Y, claro, son bien conocidas las faltas democráticas en el ámbito policial y de la inteligencia. La misma exposición de motivos de la proposición de ley que hoy debatimos recuerda la condena al teniente general Emilio Alonso Manglano, ex jefe del CESID, y del excoronel Juan Alberto Perote, ex director de unidad del CESID, por un delito continuado de escuchas ilegales cometido de forma permanente entre 1983 y 1991. Y a lo largo de estos años, han sido numerosos los episodios de actuaciones ilícitas por parte de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, desde la guerra sucia y la práctica de torturas, por las que el Estado español ha sido condenado en varias ocasiones, hasta el espionaje ilegal a personas y dirigentes políticos considerados disidentes, especialmente del ámbito de las fuerzas soberanistas e independentistas. Los más recientes casos conocidos, como el espionaje ilegal a dirigentes políticos, como digo, especialmente independentistas, y no solo con el software israelí Pegasus, o la practicada por la llamada policía patriótica al servicio del Partido Popular contra Podemos, que ponen de manifiesto que es necesario actuar para ponerle coto a la vulneración de derechos democráticos fundamentales por parte de agentes al servicio del Estado o de las cloacas del Estado. Por ello concordamos y apoyaremos la toma en consideración de la proposición de ley impulsada por el PNV, aunque incluso consideremos que algunas medidas, teniendo lógica, pueden no ser excesivamente eficaces, porque es absolutamente lógico que intervenciones que afectan a derechos fundamentales cuenten con previa autorización judicial. Pero permítanme que seamos escépticos sobre las garantías que traerá que tres magistrados de la Sala segunda —‌la que el PP controlaba por la puerta de atrás— del mismo Tribunal Supremo, que se niega a aplicar íntegramente la ley de amnistía, sean los que decidan sobre dichas autorizaciones. Finalizo. En todo caso, creemos que también se debe ser escéptico acerca de las posibilidades reales de un control democrático del CNI y de sus actuaciones, que nos lleva a pensar si la única medida realmente eficaz desde el punto de vista democrático no sería su disolución. Pero, de cualquier manera, en un Estado en el que un policía torturador franquista como Billy el Niño muere en su cama con las medallas puestas por la dictadura y por la democracia constitucional, es evidente que hay muchas cosas que deben cambiar, emprendamos los pasos para hacerlo. Muchas gracias. (Aplausos).

Señorías, señor Legarda, señor Esteban, parece que vivimos un déjà vu de nuevo con esta iniciativa que hemos debatido en más ocasiones. Es cierto que, tras más de dos décadas desde la aprobación de las leyes que se pretenden modificar con esta proposición de ley, es hora de que se profundice y se reformen algunos de los contenidos que entonces se regularon, y sabemos todas que esta necesidad es muchísimo más imperiosa desde hace unos años por la gravedad de los espionajes practicados a distintos miembros del Gobierno, incluido el presidente, o el que afecta a decenas de representantes políticos a través del programa llamado Pegasus.

Entendemos que esta proposición de ley es una mejora y un avance sobre las leyes que existen en la actualidad, que, como he dicho, tienen ya más de veinte años. Se pretende reforzar el control parlamentario, pero también el control político y judicial de las actividades del CNI. El espionaje a través del programa Pegasus fue un escándalo, que provocó incluso la destitución de la entonces directora del CNI, y puso de manifiesto también la necesidad de un mayor control parlamentario y judicial de los servicios de inteligencia, que es de lo que tratamos hoy.

Como decía, este texto amplía las garantías y el control en dos aspectos: el parlamentario y el judicial. Respecto al control parlamentario, se propone que los diputados y diputadas del Congreso puedan ser informados sobre los medios utilizados por los servicios de espionaje; por lo tanto, se facilita el control parlamentario sobre su funcionamiento. Y, respecto al control judicial, se propone que el control judicial de las actividades del CNI, que actualmente está en manos de un solo juez del Tribunal Supremo, pueda llevarse a cabo por tres jueces del Alto Tribunal y que, además, esas decisiones se adopten por unanimidad. Entendemos que esto se hace en aras del principio de proporcionalidad y para valorar el nivel de intromisión y de afectación a los derechos fundamentales. También se propone que los jueces sean informados de los medios que utilizará el CNI para sus actividades y se plantea que el CNI esté obligado a explicar a posteriori el grado de ejecución de las actividades autorizadas y el control posterior de los jueces sobre las autorizaciones realizadas. Es decir, se busca un equilibrio entre la seguridad nacional y el respeto a los derechos fundamentales.

Hoy estamos esperando a ver qué hace el Grupo Socialista, porque entiendo que sinceramente carece de excusas para no votar a favor de que esta proposición de ley se tramite. Ya la tumbó junto a las derechas en el año 2022, alegando que era una reforma que tenía que hacerse por el Gobierno. Nuestro grupo también lo podía entender así, pero habrá que preguntarle hoy al presidente y al Gobierno dónde están esas reformas, porque desde luego no las vemos por ningún lado. De modo que ya que el Gobierno no se ha hecho cargo en todo este tiempo de proponer una modificación que atienda a los graves hechos que hemos vivido en nuestro país, esperamos que esta vez sí que vote a favor y, durante su tramitación, llegue a los acuerdos oportunos para la modificación de estas leyes antes de que sea demasiado tarde.

Señor Legarda, nosotras votaremos que sí a la toma en consideración, pues se trata de un debate que debemos tener, e intentaremos mejorar la iniciativa en su tramitación con las enmiendas al texto.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias. Eskerrik asko, presidenta. Señorías, arratsalde on. Buenas tardes. El 23F, el GAL, terrorismo de Estado, escuchas sin autorización judicial, espionaje político, dar cobertura y apoyo a las fechorías de un rey y el caso Pegasus: estos son algunos de los capítulos negros en los que se han visto envueltos los servicios de inteligencia en las últimas décadas en España. Digo algunos porque, debido también a una ley de secretos obsoleta y franquista, únicamente se han conocido aquellos casos que han saltado a la opinión pública, pero seguro que hay más, ¿verdad? Miren, cada vez que se ha dado un escándalo de estos, que se ha conocido por la opinión pública, los diferentes gobiernos han tomado medidas, desde un cambio de siglas a ceses de directores o reformas legales. En el caso Pegasus —‌que ustedes recordarán bien, hace apenas dos años— se dio una triple casuística. En primer lugar, se conocieron dieciocho espionajes a un president, a consejeros, a periodistas y a militantes asociativos; dieciocho casos con autorización judicial. En segundo lugar, se dieron más de cincuenta casos de espionaje sin autorización judicial en el mismo entorno y en el mismo momento; hay que preguntarse a qué Estado le podía interesar espiar a esas personas. En tercer lugar, el Gobierno, supongo que queriendo tapar ese escándalo, dijo que ellos también habían sido espiados, se presupone que por otro Estado.

Cuando esto se conoció, el Gobierno anunció diferentes medidas e hizo unas investigaciones. Hay que decir que el Defensor del Pueblo, el señor Gabilondo, no estuvo muy fino tampoco, porque más allá de hacer un gesto simbólico de investigación, no fue a Canadá ni se interesó por los espionajes sin autorización judicial; no, no quiso ir más allá. De igual forma, el Gobierno anunció medidas, como la reforma de la ley de control del CNI, que el señor Sánchez no llevó a cabo; habrá que preguntarse por qué. En tercer lugar, cesó a la directora del CNI, a la señora Paz Esteban, aunque no se entiende muy bien por qué, porque al mismo tiempo que decía que todo había sido correcto, que todo había ha sido legal, cesaba a esa señora; si todo era legal y todo era correcto, no se entiende por qué.

Ahora, en este momento, si hubiera voluntad política, se podría llevar a cabo esa doble reforma del CNI, con una ambición garantista y de control. Digo esto de «si hay voluntad política» porque ya he dicho que hace dos años el presidente Sánchez se comprometió a unas reformas que no se llevaron a cabo porque tanto el Partido Socialista como Podemos, con las derechas, votaron en contra de esa reforma. Hoy espero no solamente que se vote a favor por parte de los partidos que apoyan al Gobierno, sino que se ponga en la agenda, porque pueden tener la tentación de que se apruebe hoy la toma en consideración y se deje apartada en un cajón. Hay mayorías suficientes. Ya digo, si hay voluntad política, creo que sería bueno y positivo llevar a cabo esas reformas, porque es obvio que aquellas reformas del CNI de 2002 han quedado plenamente obsoletas. Las leyes no han evitado casos como el intercambio de metadatos que conocimos gracias a WikiLeaks. ¿Dónde estaba la ley de protección de datos? De igual forma, hemos visto excursiones de un director del CNI a Londres a amenazar a una amiga íntima de un rey. Hemos visto también el caso Pegasus. Como bien decía algún portavoz, en estos tiempos en los que las tecnologías han avanzado tanto, con sistemas tan intrusivos, creo que son de sentido común un control ex ante y un control ex post para ver si ha habido proporcionalidad en el uso de esas intervenciones.

Miren, hay un caso que me llama poderosamente la atención, y es que se ha conocido que el juez adscrito al CNI no ha rechazado ninguna de las solicitudes de autorización para intervención que se le han pedido en estos años, ninguna, cuando hemos conocido que para la autorización de los casos del CNI se habían dado argumentos que no tenían ningún sentido, que no tenían lógica; es que creo que ni se los leyó. Por eso digo que es importante que haya un aumento de aquellos magistrados y magistradas que den una autorización, pero también un control ex post.

Es cierto que ante las propuestas que hace el Grupo Parlamentario Vasco nosotros podríamos añadir algunas más, pero las vemos bien para iniciar. Por ejemplo, ¿qué ocurre con las intervenciones del CNI que se hacen en el exterior? Estas, como ustedes saben, se hacen como auténticos piratas, sin ningún tipo de autorización judicial; como no es en territorio español, no se regulan, y esto ocurre incluso en el ámbito europeo. ¿No habría que regular también cómo actúan los servicios de inteligencia del Estado en el exterior, como los de otros Estados de la Unión Europea? Yo creo que sí.

Más allá de la toma en consideración, es cierto que todos los Estados —‌y se ha mencionado— tienen servicios de inteligencia, servicios secretos, agencias y centros; que esto crea un aura de misterio, en muchos casos relacionada con el cine y la literatura, y que estos servicios se encargan también de prevenir amenazas y retos que tienen todos los Estados. Ahora bien, cuando estos servicios se utilizan para espiar a oponentes políticos, ya sea con autorización judicial o sin ella, eso no es digno de una democracia, y es algo que, lamentablemente, se ha visto de forma continuada en este Estado.

Quiero hacer una reflexión para finalizar. No solamente se habla del control político y judicial. En esta misma Cámara hay una comisión que se conoce como comisión de secretos oficiales, que tiene el nombre de Comisión de control de los créditos destinados a los gastos reservados. ¿Saben ustedes cuántas veces se ha reunido esa Comisión en lo que llevamos de legislatura? Cero ¿Y saben qué ocurre? Que en las legislaturas precedentes únicamente se ha reunido cuando ha habido algún escándalo —‌como el que hablábamos de la señora Corinna—, algún atentado terrible o el caso Pegasus. También ha ocurrido que cuando han llegado los informes tachados a esa Comisión todo se había conocido ya antes por la prensa. Hay una carencia de control, hay una sensación de que sí, se hace un control, pero no es real. Cualquier diputado o diputada, si quiere estar algo informado de lo que ocurre o de lo que realizan esos servicios de inteligencia del Estado, lo sabrá por la prensa antes que en esa Comisión.

Ya es hora de controlar lo que es un organismo del Estado, porque cuando ocurrió el caso Pegasus no sabemos si el presidente del Gobierno tenía conocimiento de que se estaba espiando a aquellos grupos y a aquellas personas que le habían hecho presidente y que estaban dando apoyo a este Gobierno o no lo sabía. Cualquiera de las dos respuestas, si lo sabía o si no lo sabía, son preocupantes. Ya es hora de abordar un control mayor y más garantista que creo que beneficiará a todos.

Gracias. (Aplausos).

Bona tarda, presidenta, senyories. El CNI és una institució clau de l’Estat i també és una institució totalment aliena a l’Estat de dret europeu. La iniciativa del PNB és un avenç en aquest sentit, perquè, en primer lloc, es proposa aclarir la responsabilitat política de les actuacions del CNI imputant-la directament al president del Govern i millorant el control parlamentari per la via de les comissions de control i de secrets oficials. En segon lloc, reforma el control judicial del CNI. El control previ passaria a ser exercit per tres magistrats en lloc d’un de sol, que decidirien per mutu acord, encarregats d’autoritzar, aquests magistrats, i establir les condicions de les actuacions. També s’afegeix un control judicial ex post al qual el CNI haurà de reportar les actuacions realitzades. Anunciem ja d’entrada el nostre suport a la presa en consideració i agraïm al Partit Nacionalista Basc la persistència en l’empresa de sotmetre tots els espais de l’Estat, especialment aquells racons més foscos de l’Estat, al control democràtic. La intel·ligència té com a finalitat la seguretat de l’Estat, no té carta blanca per dedicar-se a interessos espuris, com la persecució de l’adversari polític. Com tot poder públic, ha d’estar subjecte al principi de legalitat propi de l’Estat de dret. La seguretat no pot ser mai una excusa per saltar-se l’ordenament jurídic i la interdicció de l’arbitrarietat. Precisament, la responsabilitat política i el control judicial dels serveis d’intel·ligència és el que exigeix l’Estat de dret europeu. Em remeto a l’informe de la Comissió de Venècia de 2015 sobre la supervisió democràtica per part de les agències d’intel·ligència i també em remeto a la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans, que estableix que la ingerència de la intel·ligència dels Estats en els drets de l’individu ha d’estar sotmès als principis de legalitat i proporcionalitat, molt especialment quan es tracta de la intervenció de dispositius informàtics, i sempre amb el control previ i posterior judicial per constatar que no s’han produït violacions ni actuacions desproporcionades. Però anem a l’elefant a l’habitació d’aquest debat. Com tots vostès saben, l’any 2022 va esclatar l’escàndol de l’espionatge massiu a l’independentisme català amb el programa espia Pegasus per part del Govern Sánchez, Bolaños i Robles, el famós Catalangate. La revista The New Yorker —a‌ quella revisteta que la ministra Robles va menysprear dient que no coneixia, que quines eren les fonts utilitzades per la denúncia que fèiem des de l’independentisme català— va publicar un informe amb el títol: «Catalangate, l’operació d’espionatge massiu contra els catalans amb Pegasus i Candiru». Un informe elaborat pel laboratori Citizen Lab, que va destapar el cas més gran de ciberespionatge que es coneix. Seixanta-cinc polítics independentistes, periodistes i advocats van veure els seus drets a la intimitat, al secret de les comunicacions i a la defensa vulnerats directament per l’actuació del Govern espanyol. No per motius de seguretat, sinó per motius estrictament polítics. I què va fer el Govern Sánchez? En primer lloc, el Govern Sánchez, Bolaños, Robles va negar la realitat, va negar les proves, va desacreditar Citizen Lab i, fins i tot, va desacreditar The New Yorker. En España no se espía. Segon relat. Reconèixer que, bueno, en España se espía, pero se espía poco y bien, de acuerdo con la ley y con autorización judicial. Bé. Tercer relat, justificar l’espionatge polític. Aquí mateix, en aquesta Cambra, la senyora Robles va dir allò de: ¿Qué tiene que hacer un Estado, qué tiene que hacer un Gobierno cuando alguien declara la independencia? La resposta és clara: espiar, delinquir i vulnerar drets. És això el que ha de fer l’Estat davant d’una demanda democràtica. Quart relat del Govern espanyol: la victimització, la cortina de fum del Moncloagate. Nosotros también somos víctimas. I, per últim, quan tota la porqueria ja sortia de les clavegueres de l’Estat, el senyor Bolaños va acabar donant per bo l’informe de Citizen Lab. Però, clar, tampoc podia admetre que s’investigués perquè era «secreto de Estado», i per això es va negar a crear una comissió d’investigació quan aquí, en aquesta Cambra, hi havia tres diputats espiats, tres diputats d’aquesta Cambra espiats pel Govern espanyol a través del CNI. El PSOE es va negar a crear una comissió d’investigació per esclarir els fets. Fins que Junts no els hem obligat, aquesta comissió no s’ha creat. Vostès, senyors socialistes, no tenen sentit d’Estat, tenen sentit d’Estat profund, tenen sentit de deep state. Constitucionalistes, sí, però només de la part que parla de la unitat de la nació espanyola, no del Títol I de la Constitució que parla dels drets i llibertats.

La realitat és que a Espanya, el CNI s’ha dedicat a espiar i perseguir a qui ha considerat enemics polítics, als líders independentistes catalans, entre els quals, com deia abans, alguns dels diputats d’aquestes Cambres, entorns, família, entorns periodístics i entorns legals. I aquí volia anar. Voldria posar de relleu un cas: l’assetjament per terra, mar i aire que ha patit l’advocat Gonzalo Boye. Totes les clavegueres de l’Estat, totes, l’han marcat com a enemic públic a batre. Les clavegueres blaves de la Policia, les clavegueres verdes de la Guàrdia Civil, les clavegueres marrons del CNI i també les clavegueres negres de les togues de la Fiscalia. El CNI va espiar l’advocat del president Puigdemont, el senyor Boye, no per motius de seguretat de l’Estat, sinó per motius estrictament polítics, per motius de qui era a qui estava defensant, que és el president Puigdemont. I encara més, el CNI va espiar el senyor Boye per descobrir les estratègies de defensa legal del president a l’exili, és a dir, un atemptat frontal contra un dret bàsic en tot Estat de dret: el dret a la defensa.

I de què van servir les lleis del CNI i l’autorització judicial de l’espionatge que tant es posava a la boca la ministra Robles en aquells dies? Absolutament de res. El mateix subjecte, el senyor Pablo Lucas, que com a jutge adscrit al CNI, al matí, autoritzava l’espionatge amb Pegasus al senyor Boye, a la tarda, com a magistrat del Suprem —‌repeteixo, el mateix magistrat— dictava resolucions en procediments on el senyor Boye era el representant legal. Per exemple, els procediments d’adquisició de la condició de diputats europeus del president Puigdemont i del conseller Comín. Pel matí, espiava, per la tarda, dictava sentències. Aquestes són les garanties que tenim ara mateix en matèria de serveis d’intel·ligència a l’Estat espanyol.

Acabo. Des de Junts per Catalunya no acceptem lliçons de democràcia de ningú que representi l’Estat espanyol, ni d’un govern que ara ens ve amb un pla de regeneració democràtica quan va justificar emprar i promoure l’espionatge als polítics independentistes catalans, tampoc d’un president que ho és perquè aquesta cambra el va investir i que ara diu que Gobernará con o sin el apoyo de las Cortes Generales.

I encara menys acceptem lliçons d’uns jutges prevaricadors que es neguen a complir la llei d’amnistia, i colpistes, perquè volen usurpar el lloc del legislador.

Moltes gràcies.

Buenas tardes, presidenta y señorías. El CNI es una institución clave del Estado y también es una institución ajena al Estado de derecho europeo. La iniciativa del PNV es un progreso en ese sentido, porque, en primer lugar, propone aclarar la responsabilidad política de las actuaciones del CNI imputándola directamente al presidente del Gobierno y mejorando el control parlamentario por la vía de las comisiones de control y también secretos oficiales. En segundo lugar, reforma el control judicial del CNI: el control previo pasaría a ser ejercido por tres magistrados en lugar de uno, que decidirían por acuerdo mutuo, encargados de autorizar, estos magistrados, y de establecer las condiciones de las actuaciones. También se establece un control judicial ex post al que el CNI tendrá que reportar las actuaciones realizadas. Anunciamos ya de entrada nuestro apoyo a la toma de consideración y agradecemos al PNV la persistencia para que todos los espacios del Estado queden sometidos —‌sobre todo los rincones más oscuros del Estado— al control democrático. La inteligencia tiene como finalidad la seguridad del Estado, no tiene un cheque en blanco para dedicarse a intereses espurios, como la persecución del adversario político. Como todo poder político, tiene que quedar sujeto al principio de legalidad propio del Estado de derecho. La seguridad nunca puede ser una excusa para saltarse el ordenamiento jurídico y la prohibición de la arbitrariedad. Precisamente la responsabilidad política y el control judicial de los servicios de inteligencia es lo que exige el Estado de derecho europeo. Me remito al informe de la Comisión de Venecia de 2015 sobre la supervisión democrática de las agencias de inteligencia y también a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dice que la injerencia del Estado en los derechos del individuo tiene que quedar sujeta a los principios de legalidad y proporcionalidad, sobre todo cuando se trata de la intervención de dispositivos informáticos, y siempre con el control previo y posterior judicial para constatar que no se han producido violaciones ni actuaciones desproporcionadas.

Pero vayamos al elefante que tenemos en la habitación en este debate. En 2022, como ustedes saben, estalló el escándalo del espionaje masivo al independentismo catalán con el programa espía Pegasus por parte del Gobierno Sánchez, Bolaños y Robles, el famoso catalangate. La revista The New Yorker —a‌ quella revistilla que la ministra Robles despreció diciendo que no conocía, no sabía cuáles eran las fuentes utilizadas para denunciar el independentismo catalán— publicó un informe con el título: Catalangate, la operación de espionaje masivo contra los catalanes, Pegasus. También, un informe, Citizen Lab, destapó el escándalo de ciberespionaje, con sesenta y cinco políticos, periodistas, abogados que vieron sus derechos a la intimidad, al secreto de la comunicación y a la defensa directamente vulnerados por la actuación del Gobierno español, no por motivos de seguridad, sino por motivos estrictamente políticos. ¿Y qué hizo el Gobierno de Sánchez? En primer lugar, el Gobierno Sánchez, Bolaños y Robles negó la realidad, negó las pruebas, desacreditó a Citizen Lab e incluso desacreditó a The New Yorker. En España no se espía.

Segundo relato, reconocer que, bueno, en España se espía, pero se espía poco y bien, de acuerdo con la ley y con autorización judicial.

Bien. Tercer relato, justificar el espionaje político, justificar el espionaje político. Aquí mismo, en esta Cámara, la señora Robles dijo aquello de: ¿Qué tiene que hacer un Estado, qué tiene que hacer un Gobierno cuando alguien declara la independencia?

Hombre, la respuesta queda clara, ¿no? Espiar, delinquir y vulnerar derechos: eso es lo que tiene que hacer un Estado ante una demanda democrática.

Cuarto relato del Gobierno español: la victimización, la cortina de humo del Moncloagate. Y, por último, cuando toda la porquería ya salía de las cloacas del Estado, el señor Bolaños dio por bueno el informe de Citizen Lab, pero, claro, tampoco podía admitir que se investigara porque era secreto de Estado, y por eso se negó a crear una comisión de investigación cuando aquí, en esta Cámara, había tres diputados espiados, tres diputados de esta Cámara espiados por el Gobierno español a través del CNI. El PSOE se negó a crear una comisión de investigación para esclarecer los hechos hasta que desde Junts les hemos obligado a crear esta Comisión. Hasta este momento no se había creado. Ustedes, señores socialistas, no tienen sentido de Estado, tienen sentido de Estado profundo, deep state. Constitucionalistas, sí, pero solo cuando se habla de la unidad de la nación española y no del Título I de la Constitución, que habla de derechos y libertades.

La realidad es que España se ha dedicado a espiar y a perseguir a los que ha considerado enemigos políticos, entre los cuales, están los independentistas políticos, es decir, algunos diputados de esta Cámara, entornos, familias, entornos periodísticos ilegales. Y aquí es donde quería ir a parar, un caso de acoso por tierra, mar y aire que ha sufrido el abogado Gonzalo Boye. Todas las cloacas del Estado, todas, lo han señalado como enemigo público que hay que abatir: las cloacas azules de la Policía, las cloacas verdes de la Guardia Civil, las cloacas marrones del CNI y también las cloacas negras de las togas de la Fiscalía. El CNI espió al abogado del presidente Puigdemont, el señor Boye, no por motivos de seguridad de Estado, sino por motivos estrictamente políticos, por motivos de quién era a quién defendía, el presidente Puigdemont, y todavía más, el CNI espió al señor Boye para descubrir las estrategias de defensa del expresidente en el exilio, es decir, un atentado contra un derecho básico del Estado de derecho: el derecho a la defensa.

¿Y de qué sirvieron estas actuaciones del CNI y el espionaje, de lo que tanto hablaba la ministra Robles en aquellos días? De nada. El mismo sujeto, señor Pablo Lucas, como juez adscrito al CNI, que por la mañana permitía el espionaje con Pegasus al señor Boye, por la tarde, como magistrado del Supremo —‌repito, el mismo magistrado—, pronunciaba resoluciones y procedimientos en los que el señor Boye era representante legal. Por ejemplo, los procedimientos de adquisición de eurodiputados del presidente Puigdemont y del consejero Comín. Por la mañana espiaba, por la tarde dictaba sentencias. Esas son las garantías que tenemos ahora mismo en materia de servicios de inteligencia en el Estado español.

Y acabo. Desde Junts per Catalunya no aceptamos lecciones de democracia de nadie que represente el Estado español, ni de un gobierno que ahora nos viene con un plan de regeneración democrática cuando justificó, amparo y promovió el espionaje a los políticos independentistas catalanes; tampoco de un presidente que lo es porque esta Cámara lo invistió y que ahora dice que gobernará con o sin el apoyo de las Cortes Generales.

Y todavía menos, todavía menos aceptamos lecciones de jueces prevaricadores, que se niegan a cumplir la ley de amnistía, y golpistas, porque quieren usurpar el lugar del legislador.

Muchas gracias.

Bona tarda, presidenta, senyories. Avui votem aquí si volem un Centro Nacional de Inteligencia del segle XXI o volem la T.I.A. de Mortadelo i Filemón, en el millor dels casos. Qui diu Mortadelo i Filemón diu Perote i Manglano, per esmentar uns noms a l’atzar. En altres casos, en comptes de parlar del clàssic de Francisco Ibáñez, hauríem de parlar potser de la famosa novel·la 1984, de George Orwell. Parlo, és clar, del cas Pegasus, que, com ja s’ha dit aquí, ha estat un veritable escàndol internacional, encara que alguns l’han infravalorat. Cal recordar que, entre d’altres espiats, un d’ells va ser el president de la Generalitat, el senyor Pere Aragonès. Curiosament, va ser mentre estava negociant, la qual cosa en una democràcia, en una democràcia que s’anomena plena, planteja, com a mínim, grans dubtes. Per tant, també els demano que pensin si val la pena mantenir l’adjectiu de «plena» en una democràcia intervinguda per Pegasus. Per cert, com s’ha dit també, el president Sánchez va ser espiat, certament, però, curiosament, a diferència de les autoritats franceses, la Moncloa no ha demanat responsabilitats a l’empresa israeliana. El diputat senyor Iñarritu ha recordat alguns episodis, és impossible no fer-ho. Per exemple, l’estrany paper del CNI en el cas de les senyores Bárbara Rey i Corinna Larsen. Per cert, el que va fer el CNI en el cas de la senyora Larsen va ser definit com a acto de Estado. No faré acudits fàcils, però fa riure. I, evidentment, hi ha també l’estrany paper, mai explicat, vinculat als terribles atemptats del 17 d’agost de l’imam senyor Abdelbaki Es Satty, que era, se sap i s’ha comprovat, confident del CNI. Al matí següent de la massacre, es va esborrar, al registre central de fonts del CNI, la fitxa d’aquest senyor. Curiosament, no és un cas tampoc de gran eficàcia per part del CNI. El que aquí es veu, com ja s’ha dit, va venir l’any 2022 en aquesta Cambra i aleshores el Partit Socialista hi va votar en contra. Tinc entès que aquesta vegada, senyories socialistes, hi votaran a favor. Permetin-me que els digui, senyories socialistes: benvinguts al segle XXI, pasito a pasito hi anem arribant. Nosaltres, que ja fa temps que som al segle XXI, votarem a favor de la proposició de llei dels senyors del PNB, perquè introdueix criteris clars de proporcionalitat, transparència, modernitat, responsabilitat política i moltes més garanties jurídiques en el control dels mitjans. Perquè ens sembla substancial, com ha dit el senyor Legarda, que el jutge o jutges que hagin d’autoritzar operacions del Centre Nacional d’Intel·ligència tinguin clar què són aquests mitjans. Altrament, cauríem en el que ha passat amb el cas Pegasus, que és exactament donar-ho tot per bo. Hi ha una dita clàssica que diu que el diable és en els detalls. En el cas del CNI, els detalls són els mitjans i, si no es controlen, es vulnera l’estat de dret, i tornem a una democràcia que no es pot dir plena. Això és el que passa. Per tant, creiem que la proposició del Partit Nacionalista Basc és important també per això, pel control ex post que es farà, pel control polític, que demana que sigui el president del Govern espanyol el que nomeni el director del CNI i, per tant, no haguem de viure moments vergonyosos, com el d’un cap de govern amagant-se darrere d’un ministre o una ministra i no donant la cara, perquè això és la responsabilitat política, senyories. També és important en aquest cas pel control que es dona al Legislatiu sobre els serveis d’intel·ligència i també perquè la reforma que proposa de passar d’un magistrat a tres intenta evitar el biaix absolutament possible que un sol magistrat tingui interessos espuris sobre les decisions de les operacions. L’any 2022, el nostre portaveu, Gabriel Rufián, es preguntava si els que votaven en contra d’aquesta reforma eren patriotes. Jo crec que és una pregunta pertinent avui. Els que votaran en contra, senyories de la dreta i també de la ultradreta, són vostès patriotes, són patriotes de cap de setmana, són patriotes entre setmanals, són patriotes de festius? Perquè faig un esforç d’imaginar com és un patriota espanyol; jo diria, senyories de la dreta, que un patriota espanyol, un Centro Nacional de Inteligencia que no sigui la T.I.A. els interessa, que no sigui incompetent, que no sigui arbitrari, que no espiï els mateixos ciutadans. Vaja, un Centro Nacional de Inteligencia que sigui més semblant a Suècia que a Aràbia Saudita. Jo crec que això és ser patriota. Per cert, senyories del PSOE, ens estranya que en el recent pla d’acció per a la democràcia, el president Sánchez no hagi inclòs tot això i que hagi estat ara, gràcies als senyors del PNB, que han vist la llum. Curiosament, sembla que el senyor Sánchez, des de la Moncloa, troba més fàcil controlar les notícies que controlar els serveis secrets. No diré allò que el senyor Sánchez vol ser fort amb els febles i feble amb els forts, però estic temptat de dir-ho. Ja ho ha dit el senyor Legarda, ja ho hem dit altres, el president Sánchez va anunciar una nova llei d’informació classificada i no l’ha portat aquí; va anunciar una reforma de la llei del CNI i no ho ha fet. Permetin-me, per tant, que els digui que el senyor Sánchez està atrapat en el seu tacticisme. El tacticisme del president del Govern espanyol crea desconfiança i la desconfiança no serveix per caminar una legislatura. No facin això d’amagar-se en el tacticisme, perquè altrament els haurem de dir que qui practica el tacticisme acaba enterrat en els seus incompliments.

Senyories del PSOE, li poden recordar a l’inquilí de la Moncloa que finalment a tots se’ns pot esgotar la paciència davant els incompliments. El CNI és una església? Què passa amb el CNI? El CNI és intocable? Estem parlant d’un món absolutament sagrat? Nosaltres pensem que un Centre Nacional d’Intel·ligència que sigui molt més garantista i més a prop del que és la realitat dels ciutadans d’avui i, repeteixo, més a prop de les democràcies que no dels sistemes autoritaris, és un sistema millor. Entenem que la reforma que ens convida avui a caminar el Partit Nacionalista Basc va en aquesta línia, va en la línia d’oblidar Mortadelo i Filemón i entrar en les democràcies de debò.

Per cert, no es quedin amb la idea, senyories del PSOE, de votar-ho avui i, com hem dit alguns altres portaveus, deixar-ho al calaix. No poden deixar-ho al calaix tot; els deures no poden ser eternament pendents, perquè sinó, un dia, quan vingui la dreta —‌que algun dia potser tornarà—, s’hauran adonat que el CNI també anirà contra vostès.

Bona tarda. Moltes gràcies.

Buenas tardes, presidenta, señorías. Hoy votamos aquí si queremos un Centro Nacional de Inteligencia del siglo XXI o si queremos la T.I.A. de Mortadelo y Filemón en el mejor de los casos; quien dice Mortadelo y Filemón, dice Perote y Manglano, por citar unos nombres al azar. En otros casos, en lugar de hablar del clásico de Francisco Ibáñez, quizás deberíamos hablar de la famosa novela «1984», de George Orwell; me refiero por supuesto al caso Pegasus, que, como ya se ha dicho aquí, ha sido un auténtico escándalo internacional, aun cuando algunos lo hayan infravalorado. Tenemos que recordar que entre otros espiados se cuenta el presidente de la Generalitat, el señor Pere Aragonès, y, curiosamente, mientras estaba negociando, cosa que en una democracia denominada plena plantea cuando menos grandes dudas. Por lo tanto, les pido que se planteen si tiene sentido mantener el adjetivo pleno en una democracia intervenida por Pegasus. Por cierto, como ya se ha dicho aquí, el presidente Sánchez fue espiado, es cierto, pero, curiosamente, a diferencia de las autoridades francesas, la Moncloa no ha pedido responsabilidades a la empresa israelí. Bien, el diputado, señor Iñarritu, ha recordado algunos episodios —e‌ s imposible no hacerlo—, por ejemplo, el papel extremo del CNI en el caso de Bárbara Rey y Corinna Larsen. Y, por cierto, lo que hizo el CNI en el caso de la señora Larsen fue definido como un acto de Estado, acto de Estado. No haré bromas fáciles, pero la verdad es que es para echarse a reír. Evidentemente, también este papel curioso, extraño, nunca explicado, vinculado a los terribles atentados del 17 de agosto del imán, señor Abdelbaki Es Satty, que era ―se ha comprobado― un fiel del CNI. Por cierto, al día siguiente de la masacre se robó el registro de este señor en la base del CNI. Curiosamente, tampoco se trata de un caso que brille por la eficacia en el caso del CNI. Lo que aquí se ve, como ya se ha dicho, ocurrió en 2022 en esta Cámara, cuando el Partido Socialista votó en contra. Si lo he entendido bien, en esta ocasión, señorías socialistas, votarán ustedes a favor. Pues permítanme que les diga: Bienvenidos al siglo XXI; pasito a pasito, ya vamos llegando. Nosotros, que ya hace tiempo que estamos en el siglo XXI, votaremos a favor de la propuesta de ley de los señores del PNV, porque introduce criterios claros de proporcionalidad, transparencia, modernidad, responsabilidad política y muchas otras garantías jurídicas en el control de los medios. Porque nos parece fundamental, como lo ha dicho el señor Legarda, que el juez o jueces que tengan que autorizar operaciones del Centro Nacional de Inteligencia tengan claros qué son estos medios, porque, si no, acabaríamos cayendo en lo que ha ocurrido en el caso Pegasus, que es precisamente darlo todo por bueno. Hay un refrán clásico que dice: El diablo está en los detalles. En el caso del CNI, los detalles son los medios y, si no se controlan, se vulnera el Estado de derecho y volvemos a una democracia que no se puede tildar de plena. Eso es lo que ocurre. Por lo tanto, pensamos que la proposición del Partido Nacionalista Vasco es importante por eso, por el control ex post que se hará, por el control político, que requiere que sea el presidente del Gobierno español quien nombre al presidente del CNI y que, por lo tanto, no tengamos que vivir momentos vergonzosos, como algún jefe de gobierno, escondiéndose detrás de un ministro o ministra y no dando la cara, porque esto es la responsabilidad política, señorías. También es importante en este caso por el control que se le otorga al Legislativo sobre los servicios de inteligencia y también porque la reforma que propone de pasar de un magistrado a tres intenta evitar el sesgo absolutamente posible de que un solo magistrado tenga intereses espurios sobre los intereses de las operaciones.

En el año 2022, nuestro portavoz, Gabriel Rufián, se preguntaba si los que votaban en contra de esta reforma eran patriotas. Yo creo que es una pregunta muy oportuna hoy. Los que votarán en contra, señorías de la derecha y de la ultraderecha, ¿son ustedes patriotas, patriotas de fin de semana, patriotas intersemanales, patriotas festivos?, porque hago aquí un esfuerzo de intentar imaginar cómo es un patriota español. Yo diría, señorías de la derecha, que, a un patriota español, un Centro Nacional de Inteligencia que no sea la T.I.A. le interesa; que no sea incompetente, que no sea arbitrario, que no espíe a los propios ciudadanos, ¡vaya!, un Centro Nacional de Inteligencia que se parezca más a Suecia que a Arabia Saudí. Supongo que esto es ser patriota.

Por cierto, señorías del PSOE, nos extraña que en el reciente plan de acción sobre regeneración democrática el presidente Sánchez no haya incluido todo esto y que gracias a ciertos señores haya visto la luz. Parece que desde la Moncloa el señor Sánchez encuentra más fácil controlar las noticias que controlar a los servicios secretos. No diré aquello de que el señor Sánchez quiere ser fuerte con los débiles y débil con los fuertes, pero la verdad es que me pica esta tentación. Ya lo ha dicho el señor Legarda, ya lo han dicho otros, el presidente Sánchez anunció una nueva ley de información clasificada y no la ha traído aquí; anunció una reforma de la ley del CNI y no la ha hecho. Permítanme, por lo tanto, que les diga que el señor Sánchez está atrapado en su propio tacticismo. El tacticismo del presidente del Gobierno español genera desconfianza, y la desconfianza no sirve para poder avanzar en la legislatura. No hagan eso de esconderse en el tacticismo, porque entonces tendremos que decirles que quien practica el tacticismo acaba enterrado en sus propios incumplimientos.

Señorías del PSOE, le pueden recordar al inquilino de la Moncloa que a todos se nos puede acabar la paciencia ante los incumplimientos. ¿El CNI es una iglesia? ¿Qué pasa con el CNI? ¿El CNI es intocable? ¿Estamos hablando de un mundo absolutamente sagrado? Nosotros creemos que un Centro Nacional de Inteligencia que sea mucho más garantista y mucho más cercano a la realidad de los ciudadanos actuales y, repito, más cercano de las democracias que de los sistemas autoritarios es un sistema mejor. Entendemos que la reforma a la que nos invita a ir hoy el Partido Nacionalista Vasco va en esta línea, en la línea de olvidar a Mortadelo y Filemón y entrar en las auténticas democracias.

Y, por cierto, no se queden con la idea, señorías del PSOE, de votarlo hoy y, como han dicho otros portavoces, meterlo luego en un cajón. No pueden meter todo en un cajón, los deberes no pueden ser siempre tareas pendientes, porque, si no, un día, cuando llegue la derecha ―que algún día llegará y volverá― se habrán dado cuenta de que el CNI también irá contra ustedes.

Buenas tardes. Gracias.

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, el preámbulo de la proposición de ley del PNV de reforma de las dos leyes de 2002 que rigen la actuación del Centro Nacional de Inteligencia, la reguladora del propio CNI y la reguladora del control judicial previo, es perfectamente claro en sus razones. Ya hubo el precedente de las escuchas ilegales del CESID, entre 1983 y 1999, que motivaron la necesidad de ambas leyes de 2002, y posteriormente hemos asistido a las escuchas ilegales al presidente del Gobierno, a varios miembros del mismo y a diferentes dirigentes políticos que acabaron con el cese de la directora del CNI y las denuncias ante los tribunales por parte de los afectados. Actualmente hay operativas cuatro comisiones de investigación en esta Cámara, de las que tres tienen que ver con temas relacionados con la inteligencia y la seguridad nacional. Como han explicado los proponentes, se trata de abrir un debate, en primer lugar, sobre cómo reforzar la responsabilidad directa entre el presidente del Gobierno, el nombramiento del director o directora del CNI y las actuaciones de los servicios de inteligencia; en segundo lugar, sobre cómo mejorar el control político por parte de esta Cámara, donde reside la soberanía nacional, de las intervenciones del CNI autorizadas judicialmente a través de la Comisión de gastos reservados, y, en tercer lugar, cómo reforzar la eficacia del propio control judicial mediante un órgano colegiado de tres magistrados del Tribunal Supremo que actúen de forma unánime, y esta es la más novedosa de las tres propuestas.

Con independencia del debate posterior, todas estas medidas apuntan a garantizar derechos de ciudadanos, a impulsar medidas de regeneración democrática, evitando usos de parte de un instrumento del Estado, a reforzar su capacidad de actuación y a dar garantías plenas a sus funcionarios, los del CNI, sobre el marco legal del mismo y en el que actúan. De lo que se trata hoy es de su admisión a trámite, y contará con el voto a favor del Grupo Plurinacional SUMAR.

Señorías, en abril de 2014, el Parlamento Europeo solicitó a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que llevase a cabo una investigación en profundidad sobre la protección de los derechos fundamentales en el contexto de la vigilancia. La agencia realizó dicha investigación e identificó los marcos jurídicos de los veintiocho Estados miembros de la Unión Europea en materia de vigilancia, ofreciendo una visión general de las normas de derechos fundamentales existentes, y se centró en los mecanismos de supervisión y en las vías de recurso a disposición de las personas afectadas. Esa investigación ofreció una serie de conclusiones, que será interesante incluir en el debate sobre la reforma de las leyes reguladoras del CNI, sobre los mandatos, el control judicial, la diferenciación entre seguridad interior y seguridad exterior, las nuevas y urgentes tareas en ciberseguridad y los nuevos aspectos y orientaciones en la lucha antiterrorista, donde España juega un papel destacado y ha sido especialmente activa en Naciones Unidas. Es una oportunidad, por tanto, para situar nuestro marco legal entre los mejores de la Unión Europea.

Señorías, en su comparecencia del 26 de mayo de 2022, a propósito del caso Pegasus, el presidente del Gobierno se comprometió a dos cosas: a una nueva ley de secretos oficiales que sustituyera a la actual vigente de 1968, franquista y preconstitucional, y a la reforma del control judicial del CNI en línea con el informe del Defensor del Pueblo. Como sabemos, son tareas pendientes de esta legislatura. La propuesta que hoy discutimos puede ser un paso adelante importante que refuerce nuestra democracia.

Muchas gracias. (Aplausos).

Señora presidenta, señorías, con esta iniciativa, el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, incide de nuevo en el propósito fundamental de su acción política, es decir, debilitar al Estado, debilitar a España, como lo hace de muchas otras formas, por ejemplo, cuando guarda silencio cómplice frente a los actos de homenaje a terroristas salidos de prisión que organiza el entorno de Bildu o frente a los actos de hostigamiento a la Guardia Civil en el País Vasco y Navarra que organiza también ese mismo entorno de Bildu; o como lo hace contribuyendo a establecer un relato falso y viciado, que pretende blanquear la historia criminal de ETA equiparando a víctimas y verdugos. (Aplausos); o como lo hace desde el Gobierno Vasco a través de una política de trato de favor a los presos de ETA, hoy casi un tercio ya en régimen de tercer grado, una vez recibidas las competencias de gestión penitenciaria tras la liquidación de la política de dispersión pactada por Sánchez con Bildu a cambio de su apoyo, eso que Sánchez prometió solemnemente a los españoles que nunca haría.

Así que, en ese afán de debilitar al Estado, hoy el Grupo Parlamentario Vasco, contando con el apoyo y la satisfacción de todos aquellos otros grupos que en esta Cámara se autodeclaran enemigos de España, vuelve a plantear una iniciativa que ya suscitó en la pasada legislatura, cosechando entonces un fracaso monumental: 300 votos en contra, entre ellos los del Grupo Parlamentario Socialista, que hoy, probablemente, en función de la coyuntura, cambiará su voto y dará apoyo a la toma en consideración de este verdadero despropósito como una forma de expresión del catálogo de deudas pendientes con el PNV, después de que la semana pasada el lehendakari le expresara a Sánchez el apoyo del PNV para llegar hasta el final de esta legislatura, lo que supone un monumental desdoro, dado que esta legislatura es ya una legislatura muerta de suyo, de modo que prolongarla artificialmente, como a ello se brinda el PNV, es también una forma de debilitar al Estado y de causarle un daño letal a España. (Aplausos).

Así que, desde luego, lo que no se puede imputar al PNV, en modo alguno, es torpeza en la redacción de esta proposición de ley, por mucho que sea un monumental despropósito su contenido. Y no se le puede imputar torpeza porque ese monumental despropósito de contenido es hábil para cumplimentar el fin que persigue: debilitar al Estado, jaleado, como decía, por todas esas otras fuerzas políticas que en esta Cámara se declaran también enemigas del Estado.

Mire usted, es un despropósito mayúsculo pretender atribuir al presidente del Gobierno la competencia exclusiva para nombrar y cesar al director del Centro Nacional de Inteligencia. Eso significa convertir al director del centro —y‌ , por extensión, al centro— en un puro lacayo de los intereses políticos sectarios del Gobierno y de sus socios, que también pensarán sacar tajada de esto, rompiendo el carácter profesional, técnico e independiente que debe tener el centro al servicio de sus misiones. Y solamente falta ponerle a Sánchez, que ya viene asaltando sistemáticamente, con absoluta desvergüenza, todas las instituciones del Estado, ya solo falta ponerle, por vía legislativa, el escalón de plata para poder asaltar sin ningún problema el Centro Nacional de Inteligencia. Y es un despropósito mayúsculo pretender alterar el régimen actual de autorización previa de los actos del CNI, atribuido hoy a un magistrado del Tribunal Supremo, y que, según esta proposición de ley, se pretende atribuir a tres magistrados del Supremo, que deberán decidir por unanimidad y que encima deberán conocer previamente los medios que va a utilizar el CNI para cada una de las operaciones cuya autorización solicitan. Esto, señorías, lo saben ustedes muy bien, significa en la práctica obstaculizar la necesaria agilidad que debe tener la autorización judicial de las intervenciones del CNI para poder hacer eficaces esas intervenciones, sin menoscabo, por supuesto, de las debidas garantías judiciales.

Y ya el colmo de los colmos es pretender que el Centro Nacional de Inteligencia tenga que informar en la Comisión de control de gastos reservados de esta Cámara de todos los detalles, fuentes y medios que utilizan en cada una de esas operaciones, cosa que hoy tiene vedada legalmente. Y es el colmo del despropósito cuando en esa Comisión se sientan, por una parte, Esquerra y Junts, que se alzaron contra el orden constitucional y contra la unidad nacional y que han manifestado su propósito de volver a hacerlo; por otra parte, Bildu, que sigue sin condenar el terrorismo etarra, y por otra parte, la extrema izquierda de SUMAR, sentada también en el Gobierno y que jalea sus simpatías hacia una organización terrorista como Hamás, da apoyo a todas las narcodictaduras bolivarianas, y especialmente, de una forma vergonzosa y singular, a la dictadura criminal de Maduro en Venezuela. (Aplausos). ¿Y esos quieren ustedes que conozcan todos y cada uno de los detalles de las operaciones y fuentes del CNI? Lo que significa dejar al CNI indefenso, lo que significa desestabilizar por completo la operatividad de sus misiones y lo que significa, obviamente, concitar en el CNI la desconfianza de todos los servicios de la comunidad de inteligencia. Porque, señorías, por mucho que ustedes hayan dicho aquí lo que han dicho hoy, sepan que el Centro Nacional de Inteligencia cuenta con el prestigio y el reconocimiento de los servicios de la comunidad de inteligencia internacional, que comparten unos mismos valores en defensa de la democracia y de la integridad de sus Estados, probablemente valores que sus señorías no compartan.

Y concluyo. Por todas estas causas, nosotros hoy votaremos en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley, y al hacerlo estaremos expresando nuestro reconocimiento a todas esas mujeres y hombres que, provenientes de las fuerzas armadas, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la sociedad civil entregan su vida, y a veces la pierden, encuadradas en el CNI y al servicio de la libertad y de la seguridad de España y de los españoles. A ellos, siempre, nuestro reconocimiento, honor y gratitud.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, presidenta. Señorías, centrados en el debate que nos incumbe, en el entramado institucional de toda democracia, los servicios de inteligencia constituyen un elemento estructural. Los escenarios geoestratégicos en el mundo cambian de forma muy rápida, los riesgos y amenazas determinan hacia dónde debemos poner nuestras miradas y, en este sentido, entre las principales obligaciones y objetivos de los servicios de inteligencia se encuentra conocer con el mayor grado de exactitud las amenazas a combatir para disminuir o evitar la vulnerabilidad ante estos, detectar riesgos, anticipar sus efectos y neutralizarlos. Eso constituye su razón de ser y, sin duda, a ello dedican todos sus esfuerzos. Como bien señalaba la ministra Robles en sede parlamentaria, el Centro Nacional de Inteligencia no es propiedad de ningún Gobierno, sino de todos los ciudadanos y ciudadanas. El éxito en el cumplimiento de esta tarea esencial para una sociedad democrática como la nuestra solo es posible en verdad con el esfuerzo y gracias al esfuerzo de los más de 3000 mujeres y hombres que trabajan de forma anónima, a nivel nacional e internacional, para preservar y garantizar la seguridad de España y de la ciudadanía, en situaciones, a veces, muy complicadas, que ponen en riesgo su propia vida. Su esfuerzo y su trabajo hacen del nuestro un país más seguro y muy en especial son determinantes en la lucha contra el terrorismo. El CNI goza de gran prestigio y colabora con los servicios de inteligencia de otros países de forma óptima.

Señorías, nuestra legislación es garantista en esta materia. Es una legislación pensada para proteger y preservar la seguridad, sí; pero también para proteger y preservar los derechos de la ciudadanía, que contempla de forma expresa el control parlamentario, con un sistema de garantías que es homologable al de otros países y, si me permiten, diría más, incluso más garantista que algunos servicios de inteligencia de países de nuestro entorno. Sometimiento, por tanto, a la ley y a los sistemas de control.

España cuenta con unos servicios de inteligencia de primer orden, cuyo marco de actuación está legalmente regulado, judicialmente controlado y sometido al control parlamentario. Permítanme destacar la tarea que cumple en esta misma Cámara la Comisión de control de los créditos destinados a los gastos reservados, la Comisión de Secretos Oficiales. En todas las legislaturas ha cumplido su tarea y lo hará también, sin la menor duda, en esta legislatura.

Quiero destacar también, precisamente, la propia supervisión de los fondos reservados y el control judicial, porque, sí, existe un control judicial administrativo cuando se precisan las autorizaciones específicas para la ejecución de actividades operativas, en las que, con autorización judicial, se preservan y deben de preservar los derechos fundamentales. Pero, señorías, los importantes y acelerados cambios en la sociedad de nuestro tiempo y el ritmo de estos cambios tecnológicos es tan rápido que incluso va dejando como obsoletas las herramientas clásicas de protección y también los marcos regulatorios de protección. Para hacer frente a estos cambios, entre otros, se han reforzado las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también se ha reforzado la plantilla del propio CNI, con importantes inversiones que se están realizando en los ámbitos de la ciberseguridad y de la renovación tecnológica. Todos estos cambios en la sociedad, junto al tiempo transcurrido, deben de hacernos reflexionar sobre la revisión del marco regulatorio de nuestros servicios de inteligencia, y es en este contexto en el que enmarcamos la iniciativa del Grupo Nacionalista Vasco.

La Ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia y la Ley orgánica reguladora del control judicial previo del CNI datan ambas de mayo del 2002. Las dos normas fueron aprobadas hace más de veinte años y aún siguen cumpliendo con su función. Pero en el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que el lapso del tiempo transcurrido, los cambios producidos, el entorno geoestratégico y tecnológico hacen que pueda resultar razonable examinarlas y, si fuera necesario, su propia modificación. Entendemos en ese sentido la iniciativa presentada por el Grupo del Partido Nacionalista Vasco y, en esas coordenadas, manifestamos nuestro apoyo a su toma en consideración. Su posterior tramitación parlamentaria nos permitirá proceder a las modificaciones, con el rigor de optimizar un marco regulatorio que siempre debe de cumplir con un doble objetivo: garantizar su alto nivel de eficacia y el pleno sometimiento al marco constitucional de nuestros servicios de inteligencia. Ambos objetivos resultan indispensables para garantizar nuestra seguridad y los derechos y libertades.

En conclusión, presidenta, nuestro voto va a ser favorable a esta toma en consideración. Buscaremos recabar el consenso parlamentario más amplio posible en relación con la regulación de una materia que es de una extraordinaria relevancia de país y es la que constituye la preocupación y objeto de esta posible reforma.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, señora Armengol. Señorías, los he visto a ustedes como muy enfadados con el Gobierno, especialmente al proponente y a las minorías, pero no lo suficiente como para que eso vaya a flojear en el apoyo desmedido con el que se muestran con aquel. Siguen ustedes manteniendo su confianza en un Gobierno que, según ustedes, simplemente los espía, además los engaña y les promete cosas que nunca se cumplen. (Aplausos). Pero, señora Leal, ha cambiado usted la posición de su grupo respecto a hace año y pico. Bien, otro cambio de opinión; no es novedoso en ustedes. El problema es que todos sabemos aquí dónde acaban las iniciativas de este Parlamento, las que se toman como proposiciones de ley o las que vienen del Senado: en la nevera; en el caso de ustedes, señor Legarda, en el congelador. Ya se lo digo a usted: esto ni se va a debatir, ni se va a proponer nada, ni se va a corregir absolutamente nada.

Y me alegro de poder debatir con ustedes, señorías del PNV, porque la última vez que lo hice fue exactamente hace algo más de seis años. Fue sobre una infame moción de censura, que ustedes apoyaron, basada en una sentencia falsa, en la que se acusaba de corrupción al presidente de un Gobierno limpio y honesto que había superado (aplausos continuados durante la intervención del señor diputado), con el esfuerzo de los españoles, la mayor crisis económica y los recortes sociales que habían dejado estos señores (señalando a los escaños del Grupo Parlamentario Socialista) y el señor Zapatero. ¿Se acuerda? Ustedes hicieron presidente a un señor que había perdido, ni más ni menos, las elecciones por 52 escaños —¡gran acto de democracia!— y diez días después de haber aprobado un presupuesto. ¡Quién los ha visto y quién los ve! Hoy son el mejor aliado y escudo de un Gobierno socialcomunista, un Gobierno que no tiene presupuestos y que tampoco tiene decencia, que asalta las instituciones, que destruye los contrapoderes, que ataca a jueces y periodistas y que está de corrupción hasta las cejas: (El señor Pérez López: ¡Muy bien!) corrupción política, corrupción económica y corrupción familiar. (Aplausos). Ustedes —‌permítanme que se lo diga—, señores del PNV, están actuando como si fueran el felpudo del sanchismo, ya que incluso amparan que en el País Vasco el Gobierno siquiera haya ejecutado el 30 % del presupuesto aprobado en el 2022 y en el 2023. Del 2025 ni hablamos, ya sabemos que eso lo arreglan en Suiza. (Aplausos).

El domingo, además, leí una interesante entrevista en el periódico de la causa, según el señor Sánchez, y percibí algunas cosas. En primer lugar, que, según usted, el Gobierno tiene un notable desprecio por las cosas que se aprueban aquí; diría alguno que es que le importa una higa. En segundo lugar, su malestar porque los de Bildu les llaman fachas. Oiga, señor Esteban, llevan ustedes blanqueando a esta gente durante seis años, votando con ellos prácticamente todos los días en esta Cámara. Y, señor Iñarritu, me parece un sarcasmo que venga usted a hablar aquí de espías. Ya sé que usted es más de Armani que de manis (risas y aplausos), pero es que ustedes pertenecen a una organización que durante más de cuarenta años ha estado apoyando una red de gente miserable que espiaba, señalaba y perseguía a gente por el hecho de ser militar, guardia civil, policía nacional, concejal del PP o concejal del PSOE. (Aplausos.—La señora Montesinos de Miguel: ¡Muy bien!). Y puede ser que a estos señores (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Socialista) se les olvide eso porque estos señores necesitan sus votos, pero este que les habla a ustedes ni olvida ni perdona, y tampoco mi grupo, señorías. (Aplausos). Esa gente es la que ustedes llevan en sus listas, a la que le organizan fiestas y homenajean cuando todavía siguen sin entregar sus arsenales de pistolas y tienen 287 asesinatos sin esclarecer.

Hoy, el PNV nos presenta una iniciativa que ya fue rechazada en el 2022 y que no va a ser rechazada hoy, como ya sabemos, pero será llevada al congelador. Pretende modificar la regulación del CNI a raíz de que se conociera el uso de Pegasus para controlar los teléfonos de dieciocho independentistas, incluido el del presidente de la Generalitat, señora Aragonès. He visto que al señor Álvaro, de Esquerra Republicana, le ocupan más Bárbara Rey o Corina para hacer una crónica rosa que el espionaje al presidente de su comunidad; perdón, al expresidente. Y el problema no es que el CNI pueda investigar si existe una conspiración que pretenda destruir nuestra nación y nuestra convivencia, es que es su obligación. El problema es que Sánchez alentó esa investigación para conocer en qué situación estaba su investidura. El problema es que Sánchez encargó al servicio informes sobre Cataluña que incluso se ocultaban a la ministra de Defensa. El problema no es el CNI; el problema se llama Sánchez y su uso espurio del CNI.

Señorías, la obligación del CNI es desenmascarar y combatir a los enemigos del Estado español dentro y fuera de España. Es una dura tarea, y algunos de sus miembros, a los que quiero rendir mi homenaje y el de mi grupo, han dado su vida por defender nuestra libertad y nuestra democracia. Por eso resultó más infame el cese de la directora, la señora Esteban, cuyo único pecado fue el de seguir las órdenes de un personaje sin escrúpulos, capaz de cualquier cosa para hacerse con el poder y bunkerizarse en él, y al que nosotros, permítame, señor Legarda, no vamos a dar más poder a través de las leyes que se modifican en esta Cámara. (Aplausos).

Por cierto, señor Álvaro, ustedes viven en esa película del patriotismo de su republiqueta, pero permítame que le diga que esas películas les van a ustedes cada vez peor, sobre todo cuando siguen apoyando al señor Sánchez. Han perdido el Gobierno en Cataluña, fueron quinta fuerza electoral y tragan con el sanchismo a pesar de ser espiados por Pegasus. Ahora andan entre ustedes a cachetazos. ¡Vaya papelón!

Señorías, padecemos un Gobierno con pulsiones autocráticas que busca disimular su debilidad parlamentaria asaltando instituciones, y eso lo hace, señor Legarda, con el apoyo de su grupo: Televisión Española, el CIS, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, la Abogacía del Estado, el Congreso del Estado, el INE, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMC, Indra, Telefónica, el Banco de España, los medios de comunicación con la publicidad institucional y las ayudas a la digitalización. Y todo mientras ustedes miran para otro lado o sencillamente le apoyan. Además, señorías, la iniciativa no pretende un control judicial parlamentario del Gobierno. Un juez de instrucción, según su propuesta, podría autorizar el pinchazo de unos teléfonos, pero si lo hace el CNI necesitaría tres del Supremo. Esto no tiene mucho sentido. Al revés, yo creo que lo que ustedes pretenden es maniatar al centro de inteligencia y restarle eficacia, y eso sería grave para un país como España, que ha sido, es y será víctima de guerras híbridas que buscan debilitar nuestra democracia, nuestras libertades, nuestra Constitución e, incluso, nuestra unidad como nación.

Por último, señorías del PSOE —‌déjenme que acaben con ustedes—, una cosa muy breve. Han montado ustedes, al parecer, una sucursal en Ferraz que se dedica a investigar a policías, a jueces… (Rumores.—Varias señoras y señores diputados: ¡Falso, falso!—La señora Montesinos de Miguel: Sí, sí). A policías, a jueces… (Rumores). Dejen de hacer aspavientos, que parecen ustedes, en vez de un grupo parlamentario, un parque eólico. (Risas). Déjenme, por favor. Han montado ustedes una sucursal para investigar y amenazar a jueces, periodistas y, según el señor Cerdán el otro día, también a los miembros de la oposición. Llevan ustedes dos grandes éxitos, es como lo de Pepe Gotera y Otilio. El primero ha sido eso de los dos DNI del juez Peinado, ¿se acuerda usted de eso? (Rumores). Sí, usted, que es medio portavoz de eso, dos DNI. Y la segunda ha sido el bulo contra la esposa del señor Feijóo. Si no pueden gobernar, déjense de manejar la máquina del estiércol. Convoquen a los electores, no tengan miedo a la democracia, disuelvan esta agonía en la que ustedes están y vayamos a elecciones.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie.—Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!—La señora Montesinos de Miguel: ¡Bravo!).

—  DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, ORGÁNICA PARA EL IMPULSO DE LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/2022, DE 6 DE SEPTIEMBRE, DE GARANTÍA INTEGRAL DE LA LIBERTAD SEXUAL, Y LA PLENA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS SEXUALES. (Número de expediente 122/000068).