Elma Saiz Delgado
GobiernoMinistra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.Página 46Vídeo
Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días, señorías. Comparezco ante esta Cámara para informarles de las últimas proyecciones del informe de envejecimiento publicado por la Comisión Europea el pasado mes de abril, el conocido como Ageing report 2024. Como saben, dicho informe es una de las piezas que forman parte del mecanismo de evaluación de la sostenibilidad del sistema de pensiones de acuerdo con lo establecido en la reforma aprobada en la pasada legislatura, por lo que quisiera aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes, señorías, el estado de dicha reforma, contextualizando los resultados del informe y explicando algunos aspectos que considero relevantes.
El sistema público de pensiones ocupa un espacio central en el desarrollo de nuestro estado de bienestar y también en nuestro modelo de país. Tal es así, que quedó consagrado en nuestra Constitución. El artículo 50 estipula que los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Fíjense, señorías, que el texto enfatiza ideas claves como la adecuación, la suficiencia y la revalorización de pensiones. En la actualidad, nuestro sistema de pensiones protege a más de diez millones de pensionistas, es decir, a uno de cada cinco ciudadanos de este país. Dicho de otro modo, el colectivo de pensionistas supera el número de habitantes de cualquier comunidad autónoma de este país. Es, por tanto, innegable que constituye una piedra angular de nuestro sistema de protección social y así debe seguir siéndolo.
Partiendo de esta realidad, debemos decidir cómo enfrentarnos al envejecimiento poblacional, que es el gran reto al que apunta el Ageing report. Según las estimaciones del informe, en 2023 algo más del 20 % de la población tenía más de sesenta y cinco años. En 2050 esa cifra estará en torno al 33 %. Es decir, de cumplirse esta proyección, pasaríamos de tener una sociedad en la que uno de cada cinco ciudadanos o ciudadanas tiene más de sesenta y cinco años a una en la que una de cada tres superará esta edad. Este reto, que es común a muchos países avanzados, es un hecho ineludible y solo nos queda discutir con honestidad cómo hacerle frente. Por tanto, hablar de la sostenibilidad de las pensiones es hablar de esos diez millones de personas, pero también de todos los que están por llegar. Es hablar de presente y hablar de futuro. Es precisamente por ello que debemos tener un debate de altura, con rigor y con seriedad sobre el sistema. No es justo para nuestros mayores ni para las generaciones venideras generar incertidumbre y tampoco es propio de una sociedad avanzada.
Precisamente con la intención de contribuir a ese debate, voy a estructurar mi intervención en las siguientes partes. En primer lugar, haré una breve recapitulación de la reforma, describiendo sus principales características y las medidas adoptadas en las distintas fases. En segundo lugar, compartiré el mecanismo de evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del sistema de pensiones introducido por la reforma, lo que nos permitirá entender la relevancia del Ageing report. En tercer lugar, valoraré los resultados, precisamente, del Ageing report y explicaré algunas de las cuestiones metodológicas relevantes en torno al informe. Por último, plantearé las principales conclusiones que, en mi opinión, hemos de extraer.
Para entender el marco en el que se llevó a cabo la reforma de pensiones aprobada la pasada legislatura a través de las distintas normas entre 2021 y 2023 y que ahora se ve prolongada por el acuerdo social tripartito que esta misma mañana hemos ratificado, debemos tener en cuenta tres elementos: las recomendaciones del Pacto de Toledo, las reformas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el diálogo llevado a cabo con los interlocutores sociales para construir consensos. El verdadero punto de inicio de la reforma, en efecto, se encuentra en las recomendaciones del Pacto de Toledo aprobadas en noviembre de 2020 en un amplísimo acuerdo transversal, con un espíritu de consenso que ansío recuperar en esta legislatura. Las recomendaciones incluían una amplia y ambiciosa lista de temas, entre los que quisiera resaltar la segunda recomendación, que establecía la necesidad de revalorizar las pensiones conforme al IPC para garantizar su poder adquisitivo. La búsqueda de consenso no se limitó solo al Parlamento, sino que a lo largo de toda la legislatura el Gobierno trabajó codo con codo con los interlocutores sociales para desarrollar y poner en práctica estas recomendaciones. Nuevamente, quiero extender mi agradecimiento a estas organizaciones por su trabajo y por su disposición a entendernos.
Por último, también quisiera señalar la importancia de haber encuadrado las reformas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, concretamente en su componente 30. Para contextualizar lo que significa la incorporación de la reforma al plan, conviene saber que quince países habían recibido recomendaciones por parte de las autoridades europeas sobre la necesidad de realizar reformas en sus sistemas de pensiones. No obstante, solo seis de ellos incorporaron este elemento en sus planes de recuperación: España, Austria, Bélgica, Eslovaquia, Grecia y Rumanía. Y ninguno de ellos incluye un conjunto de medidas de tanto calado y una reforma tan estructural como la que se planteó en España.
Incorporar la reforma de pensiones al plan supuso aplicar un enfoque estructural que la vinculase con todo un conjunto de medidas interrelacionadas. Esto es fundamental porque los sistemas de pensiones no operan en un vacío, sino que se adaptan a las circunstancias de cada uno de los países. Por tanto, su reforma debe abordarse desde las características específicas de dicho país. Quizás, el mejor ejemplo de este fenómeno es la vinculación entre las reformas del mercado de trabajo y la reforma de pensiones. El éxito de las reformas del mercado de trabajo a la hora de reducir de forma drástica la temporalidad; el establecimiento de mecanismos de flexibilidad interna, como el Mecanismo RED, que permitan reducir costes de ajuste para empresas y recualificar a trabajadores para mejorar su empleabilidad, o la subida del SMI, del salario mínimo interprofesional, contribuyen a reducir el desempleo estructural a largo plazo y a crear carreras de cotización de mayor calidad y más estables.
Teniendo estos elementos presentes, la reforma pactada entre los años 2021 y 2023 con los interlocutores sociales, con los distintos partidos políticos y con las autoridades europeas, al contrario que en reformas precedentes, no recortó derechos, sino que recuperó y extendió derechos. Me refiero a la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC, un derecho que se perdió con la anterior reforma llevada a cabo por el Partido Popular y que no solo ponía en riesgo los principios de adecuación y suficiencia de las de las pensiones que consagra nuestra Constitución, sino que nos convertía en una auténtica anomalía en Europa. La reforma también amplió toda una serie de derechos para adaptarla a las nuevas realidades de las carreras profesionales. Aquí podemos mencionar tanto las mejoras en la protección de los trabajadores y trabajadoras autónomas como el establecimiento de un marco para la revalorización de las pensiones mínimas, las contributivas y también las no contributivas, y que mejora la protección de colectivos más vulnerables. La reforma también situó la desigualdad entre mujeres y hombres como uno de los principales retos de la acción protectora con elementos como el complemento de brecha de género o el tratamiento específico de las lagunas de cotización para las mujeres. Por último, la reforma planteó una forma novedosa de reforzar la sostenibilidad, ya que no se limitó a la contención del gasto, sino que implementó medidas para reforzar los ingresos.
Llegados a este punto, señorías, quiero detenerme, si me lo permiten un momento, en profundizar en algunas de las principales medidas que contribuyen a reforzar la sostenibilidad. Por el lado de la contención del gasto, la medida más significativa es la alineación de la edad efectiva de jubilación con la edad legal. Esto se abordó por diferentes vías. En el ámbito de las jubilaciones anticipadas, se revisaron los coeficientes reductores aplicables, con el fin de incentivar la permanencia en el mercado de trabajo a quien lo quisiera hacer, ofreciendo incentivos por cada mes que se pospone el acceso a la jubilación. En paralelo, se introdujo un nuevo diseño del coeficientes e incentivos más extensos y comprensibles para los futuros pensionistas y más alineados con sus preferencias, para que el retraso de la edad de jubilación fuera más efectivo. Y, por último, para facilitar el desarrollo de este marco se prohibieron las cláusulas de jubilación forzosa con una edad inferior a 68 años, elevándola desde los 65, y se amplió un año el tiempo requerido entre la fecha de cumplimiento de la edad de jubilación y la del hecho causante de la pensión de jubilación. Es fundamental destacar que la fórmula pasa por que los trabajadores séniores continúen en su puesto, ya que su experiencia y conocimiento son valiosos para el conjunto de las empresas. Y quiero insistir en algunos aspectos, es esencial que la decisión de trabajar más allá de la edad de jubilación sea una decisión personal, basada en el deseo de seguir siendo activo y en la posibilidad de mejorar la pensión.
Por el lado de los ingresos, la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social se produjo en consonancia con las recomendaciones, igualmente, del Pacto de Toledo para que las prestaciones contributivas se financien mediante cotizaciones sociales y las no contributivas se sufraguen con cargo al presupuesto del Estado. Esta medida supone abordar una de las causas del déficit del sistema y está en línea con los trabajos de la AIReF o con los informes del Tribunal de Cuentas, lo cual está contribuyendo a la reducción gradual del déficit de la Seguridad Social. El Fondo de Reserva, o más comúnmente conocido como la hucha de las pensiones, terminará el año 2024 con 9200 millones de euros y finalizará esta legislatura con 25 000 millones de euros.
Respecto a las medidas de ingresos, destacan cuatro: el mecanismo de equidad intergeneracional, el nuevo sistema de cotización para los trabajadores y trabajadoras autónomos, la adecuación de las bases máximas y la creación de la cuota de solidaridad. No obstante, señorías, nuestro compromiso con la sostenibilidad del sistema no acaba ahí, sino que la propia reforma estableció una garantía adicional. Se trata de una cláusula de cierre que prevé evaluar cada tres años la sostenibilidad en el largo plazo del sistema de pensiones. Dicha cláusula encarga a la AIReF la tarea de estimar el impacto de las medidas adoptadas para fortalecer los ingresos y comprobar que tanto los ingresos como el gasto en pensiones, en un promedio que va desde el año 2022 al 2050, estimado por el Ageing Report, estén bajo ciertos umbrales.
La construcción de esos umbrales está en línea con la lógica bidimensional de la reforma, una relevante novedad que evalúa la sostenibilidad de las pensiones tanto por la vía del gasto como por la vía del ingreso. En ese sentido, las estimaciones elaboradas por la Seguridad Social muestran que el gasto continúa a niveles razonables y que las medidas están teniendo buenos resultados. De hecho, el escenario macroeconómico actual, especialmente el empleo, y el nivel de gasto en pensiones, son mejores que los pronosticados para 2023. No obstante, debemos entender que las proyecciones económicas a largo plazo —hablamos del año 2050—, tienen un elevado elemento de incertidumbre, por lo que pequeñas variaciones pueden tener grandes impactos. En cualquier caso, debemos ver la activación de la cláusula como un recurso más para garantizar el sistema y dar certidumbre ante los distintos escenarios que puedan presentarse.
Una vez explicada la cláusula de seguimiento y su conexión con el Ageing Report, les expongo los resultados del informe. En ese sentido, y para poder entender lo que implican los resultados, permítanme que les ofrezca unas líneas de contexto. El Ageing es un informe elaborado por la Comisión Europea y por el Grupo de Envejecimiento, conformado por la propia Comisión y por los Estados miembros. El informe, que se hace cada tres años, presenta una serie de proyecciones que muestran el impacto económico y presupuestario que puedan tener los costes derivados por el envejecimiento de la población en el muy largo plazo en los países europeos, utilizando para ello una metodología que es común al conjunto de países. Entre esos gastos por envejecimiento, se incluye el gasto en pensiones, el gasto en sanidad y el gasto por cuidados. Para poder hacer este ejercicio, el informe realiza toda una serie de supuestos de los que deriva sus estimaciones sobre la evolución hasta 2070 de un conjunto de variables demográficas macroeconómicas y del mercado de trabajo. En el caso de España, tras incorporar los últimos datos observados del PIB, tras la corrección del INE de septiembre de 2023, el gasto medio en pensiones entre el periodo 2022-2050, se situaría en un 15,1 % del PIB. Quiero introducir que, como saben, tras la última revisión nuestro PIB es mayor, mantiene un ritmo de crecimiento intenso, con lo cual, eso hace que nuestro sistema de pensiones sea más sostenible todavía. Como les decía, ese 15,1 % del PIB es una sola décima por encima de la cifra de referencia fijada para el gasto en la disposición adicional segunda del Real Decreto 2/2023, que contempló la reforma de pensiones.
Ahora bien, hay que ser conscientes de que al ser un informe planteado con una metodología homogénea tiene, inevitablemente, ciertas limitaciones. Permítanme que les dé algunos ejemplos que, quizás, ilustren esto que acabo de decir. La primera limitación, que he mencionado anteriormente, es que el informe parte con un desfase temporal que, en algunos casos, nos hace utilizar datos desactualizados. De acuerdo con el procedimiento estándar, los supuestos económicos del informe son discutidos y aprobados en la primavera del año anterior al informe —julio de 2023— con base en previsiones de primavera —mayo de 2023—, y aquí las revisiones del PIB ocasionadas por la pandemia impactan de manera significativa en esta edición. A esto se une que el buen comportamiento de la economía española en los últimos tiempos les hace quedar aún más desfasados.
Una segunda limitación de este tipo de informes es que no consideran las particularidades específicas del país, priorizando la aplicación de una metodología común, como les decía, al conjunto de países. Esto genera que España salga penalizada en alguna de las áreas. Un buen ejemplo es el caso de los flujos migratorios, donde de forma recurrente España es infraestimada mientras que se sobreestima a otros países. El motivo es que, como reconoce la metodología de Ageing, el informe no modeliza de forma específica la inmigración latinoamericana para el caso español, lo que suele dar lugar a sendas negativas que finalmente no resultan reales.
La tercera, que enlaza con la anterior, son las debilidades predictivas que implica hacer cualquier tipo de proyección económica, siempre compleja, que de por sí son complejas de realizar, a 2050 o a 2070. Evidentemente, son previsiones que pueden sufrir importantes ajustes. Solo por poner un ejemplo, la población en España en 2020 fue un millón y medio más alta que la proyectada por el Ageing de 2015 y 700 000 superior a la proyectada en 2018. O, por poner otro ejemplo, la tasa de paro en la población que va de 20 a 64 años se situó en el 11,8 % en 2023, una tasa proyectada por el Ageing Report del 2021 para el ejercicio 2036.
Después de estas evidencias, alguien podrá preguntarse por qué elegimos el Ageing Report como referencia para el nivel de gasto. Precisamente por nuestro deseo de dotar de mayor confianza a la ciudadanía. Al tomar un informe de referencia europeo y al encargar a una institución independiente, como lo es la AIReF, la valoración de las medidas no se puede adjudicar al Gobierno, señorías, intención alguna de manipular cifras. Cierto es que tiene elementos que conviene contextualizar, como acabo de hacerles, pero es un ejercicio de transparencia y de rigor técnicos mencionarlos. Por último, elegimos el Ageing Report sobre todo porque creemos firmemente en las medidas tomadas y en los resultados que tendrá, como ya se está viendo.
La realidad y los datos que vamos conociendo ponen de manifiesto que hay motivos suficientes para ser optimistas. La economía española creció un 2,7 %, con el último dato conocido en 2023, siendo la economía con mayor crecimiento de entre las principales de la Unión Europea y viendo como trimestre tras trimestre se revisan al alza las previsiones. Este crecimiento está acompañado por un gran dinamismo del mercado de trabajo, con la afiliación creciendo al 2,7 % en 2023 y reduciendo la tasa de paro hasta dejarla en el nivel más bajo desde el año 2008. Las últimas previsiones de la Comisión Europea, del Fondo Monetario Internacional y de la propia AIReF confirma que 2024 también va a ser un buen año para la economía y para el empleo. Fíjense qué contraste con aquellas previsiones catastrofistas que nos hablaban de un 35 % de paro y de una recesión técnica a la vuelta de la esquina. (Aplausos). Fíjense qué contrastes.
Estos datos no son solo muestra de la robustez de la economía, sino que tienen un impacto directo en la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social gracias al incremento estructural de los ingresos por cotizaciones. En paralelo, también hemos empezado a ver los primeros resultados de las medidas aprobadas en el marco de la reforma de pensiones. Así, la edad de jubilación se sitúa en 65,2 años, habiendo superado la barrera de 65 años y alcanzando máximos históricos. Además, si nos fijamos en el peso de la jubilación demorada sobre las nuevas pensiones nos encontramos que se sitúan cerca del 10 % en 2024, que es el doble que el nivel de años previos a la reforma, así como que las jubilaciones anticipadas han caído por debajo de un 30 %, un nivel nunca conocido. Pero es que, además de caer el porcentaje de jubilaciones anticipadas, también se ha reducido el periodo por el que se anticipa. Mientras que antes de la reforma más del 46 % de los que se anticipaba la jubilación se jubilaba veinticuatro meses antes de la edad legal, hoy solo lo hace un 17 %, son casi 30 puntos menos. La reforma, señorías, está funcionando y está cambiando de forma innegable los patrones de jubilación.
Para concluir, señorías, quisiera reflexionar sobre las conclusiones que nos deja el informe. El informe vuelve a poner de manifiesto la centralidad del sistema de pensiones en el sistema de protección social de España. Refleja también los enormes retos a los que tienen que hacer frente estos sistemas en España, pero también en el resto de Europa debido al envejecimiento de la población. La jubilación de la generación del baby boom incrementará el gasto en pensiones de forma ineludible si queremos mantener el actual nivel de protección. Una pensión adecuada y suficiente no es un privilegio, no es un regalo, señorías, es un derecho consagrado en nuestra Constitución. (Aplausos).
Las reformas aprobadas son socialmente sostenibles y con un grado de consenso desconocido desde hace más de una década. Este elemento es muy importante porque precisamente garantiza su aplicabilidad en el corto, en el medio, pero también en el largo plazo. Señorías, no debemos subestimar este elemento, ya que se trata de una lección que debemos aprender del fracaso de la reforma de 2013. Recordemos, señorías, que la reforma anterior rompió los consensos y ni siquiera pudo ser aplicada por quienes la promulgaron, lo que constata su fracaso.
En definitiva, un estudio detallado del informe, combinado con el análisis de los datos que vamos conociendo y los primeros resultados de la reforma, nos permitirán hacer un balance más completo y positivo; balance que solo estará completo cuando conozcamos la valoración de la AIReF y podamos tener un debate sobre el conjunto de la reforma.
A continuación, señorías, y atendiendo también al acuerdo adoptado por la Junta de Portavoces de esta Cámara, paso, si les parece, a informarles sobre la gestión migratoria que estamos llevando a cabo en el ministerio.
Como saben, desde verano del año 2023 se ha constatado un crecimiento del número de llegadas a las costas españolas y un cambio de perfil con más solicitudes de protección internacional y más subsaharianos que magrebíes. Este Gobierno ha venido dando respuesta a un enorme desafío humanitario, político y logístico, que no es específico de España, sino que es un fenómeno que afecta a Europa en su conjunto. Hemos encarado este desafío, este reto desde nuestras convicciones más profundas, conscientes del drama humano que supone, respetando siempre los derechos humanos y atendiendo el desamparo de las personas migrantes que llegan a nuestras costas huyendo de las devastadoras consecuencias del cambio climático, de la miseria, de los conflictos bélicos y buscando un futuro más esperanzador, o un futuro, a secas. He de señalar que es una política de todo el Gobierno en su conjunto. Es más, la gestión migratoria es una política de país, es una política de Estado. La migración es un proceso complejo que hay que gestionar de manera multilateral y con responsabilidades compartidas, también con las comunidades autónomas, ayuntamientos y entidades sociales, colaboración fundamental en el ámbito de la gestión migratoria y la inclusión social.
Coherentes con esta idea, el pasado 30 de enero de 2024 se conformó la Comisión Interministerial de Inmigración, en la que participamos ocho ministerios para dar respuesta integral a las personas migrantes que llegan a nuestro país. Esta comisión viene ejerciendo funciones de impulso y coordinación de las medidas que adopta la Administración General del Estado con el fin de atender los flujos inmigratorios irregulares en territorio español. Por cierto, señorías, su funcionamiento no supone ningún aumento del gasto público, ya que funciona con los medios materiales y personales de los departamentos ministeriales que la integramos.
Déjenme decirles que el sistema de protección internacional y de atención humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tiene como principales objetivos atender las necesidades básicas de las personas migrantes en situación de vulnerabilidad, darles cobertura sanitaria de urgencia, acogida por asilo y refugio, apoyo psicológico y ayuda en el restablecimiento de los contactos familiares y sociales, entre otros aspectos. Es un sistema, señorías, que es integral, flexible y ágil, que evita presión y sobrecostes a las comunidades autónomas, a la vez que garantiza la atención humanitaria y la protección de las personas. Es un sistema flexible que permite ganar volumen ante picos de llegadas y reducirlo cuando disminuyen. Hemos hecho un esfuerzo en mejorar todos los protocolos para la detección de víctimas de trata, de tráfico, de torturas, y también para la detección de personas que puedan ser menores. Nuestro sistema responde con especial cuidado y solvencia a situaciones críticas como las mencionadas, o a la llegada de enfermos, de personas con discapacidades, niños y mayores. Para atender las necesidades más básicas de estas personas, en octubre del año pasado se aprobó la declaración de emergencia, en diciembre la primera prórroga y, en marzo de 2024, la tercera ampliación de recursos.
Sin duda, el conjunto de estas actuaciones ha fortalecido las capacidades del sistema de acogida. Son inversiones para habilitar espacios para la acogida y atención adecuados, para servicios de acompañamiento, información, traducción e interpretación, atención médica, transporte. Son actuaciones en el marco de la normativa internacional. Además, son inversiones que, en el caso de solicitantes de protección internacional que carecen de recursos, y conforme a la normativa europea y española, tienen derecho a acceder a recursos de acogida durante todo el tiempo que dure la tramitación de su solicitud.
Como todos ustedes saben, entre otras circunstancias de naturaleza estructural que explican ese aumento de los flujos migratorios irregulares, debe destacarse que numerosos países del Sahel siguen enfrentándose a importantes desafíos de distinta índole: bélicos, económicos, sociales, climáticos, alimentarios, que conllevan, sin duda alguna, la inestabilidad en esta región. En particular, señorías, en los últimos tres años se han producido siete golpes de estado en África: en Gabón, en Burkina Faso, en Mali, en Chad, en Guinea-Conakry, en Sudán y en Níger. Quiero también hacer notar que la inmensa mayoría de los refugiados y refugiadas, tanto malienses como de otros países que viven conflictos en la región, se queda en el propio continente africano. Y es solo una reducida parte de la población la que decide emprender el arriesgado viaje hacia Europa.
Como saben, Canarias es, por su posición geográfica, el mayor punto de entrada de la inmigración por mar. A pesar de ello, hemos aprendido de errores del pasado y la ocupación de los recursos de acogida en el archipiélago se ha situado de media en un 50 %, con el objetivo de dotar a las islas de un balón de oxígeno para que no vuelvan a repetirse imágenes como las del año 2020 en el muelle de Arguineguin.
Quiero destacar los cuatro elementos gracias a los cuales se ha mantenido la capacidad de acogida en Canarias por debajo del 50 %. El primero, mejorando la eficacia en la gestión de los traslados entre islas, trasladando de las islas que soportan más llegadas a otras con menos y más capacidad de acogida, y de Canarias a la península. En segundo lugar, ampliando las capacidades de acogida en península a medida que han aumentado las llegadas a Canarias. En tercer lugar, intensificando los mecanismos de colaboración con el Ministerio del Interior y con las líneas aéreas, utilizando vuelos regulares y vuelos chárter para los traslados a península. Y, por último, reforzando las capacidades de acogida en Canarias.
Les he descrito el importante esfuerzo que está haciendo el ministerio para dar una respuesta eficaz y una respuesta responsable. Y quiero subrayar además que todos estos recursos se financian en su totalidad con nuestro presupuesto. Son recursos que he tenido la oportunidad de visitar y en los que sus profesionales, tanto del ministerio como de las entidades del tercer sector que colaboran, hacen un trabajo de integración magnífico, ayudando a estas personas a superar el trauma de un viaje complicadísimo, así como a favorecer su inclusión en una sociedad a la que solo quieren aportar. (Aplausos). Sin embargo, esta parte de atención humanitaria es solo una parte de la política migratoria del Gobierno de España. El ministerio no se ha limitado a gestionar flujos migratorios que llegan a nuestro país, sino que trabaja por regularlos y ordenarlos. Este Gobierno apuesta por una migración regular, ordenada y segura. Con ese objetivo trabajamos desde hace tiempo y venimos actuando en consecuencia.
Y quiero hacer especial mención a dos cuestiones. Una, los programas de migración circular, con acuerdos de colaboración con veinte países y que ratificamos a través de la firma de pasados MOU durante el viaje con el presidente del Gobierno el pasado agosto. Estos programas permiten dar respuesta a necesidades de personal a ocupaciones de difícil cobertura a la vez que exploran nuevas vías de cooperación al desarrollo en los países con los que se firman. En segundo lugar, señorías, la reforma del Reglamento de Extranjería que se va a aprobar de cara a finales de octubre, principios del mes de noviembre, y que facilita, garantiza y mejora la regularización y la normalización de situaciones de personas que se encuentren en situación irregular. Como decía, es una gestión transversal y una política de Estado, que no solo atiende a quienes llegan, sino también a quienes están aquí, favoreciendo su inclusión con base en tres componentes clave: familia, empleo y formación.
Todos sabemos que, por más alto y ancho que se construya un muro o valla, no impedirá que una persona que huye del hambre, de la discriminación o de las balas, luche por conseguir una vida digna.
España, Europa, América del Norte, América del Sur y la mayor parte de los países del mundo tienen que gestionar el hecho migratorio en mayor o menor medida, porque es algo intrínseco al ser humano. ¿Hay que mejorar? Sin duda, pero con medidas que nos hagan sentir mejores, más humanos, favoreciendo la inclusión de los que llegan, con derechos y con deberes. Igual, señorías, que si fuéramos nosotros y nosotras los que precisáramos de una mano tendida en un país distinto del que nacimos.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).