Carlos Hernández Quero
Gracias, señora presidenta. Señorías, esta tarde les propongo un viaje en el tiempo. En 1997, una pareja que se acercaba a una inmobiliaria en Madrid se encontraba con folletos como este (muestra la copia del folleto de una inmobiliaria). En ellos había opciones realmente muy variadas. Por ejemplo, en una zona de renta media, el piso más caro, 23 millones de pesetas, era de 85 metros cuadrados, exterior, en una finca moderna, con terraza y tres dormitorios, además de dos baños. Suponiendo que en aquel hogar solamente entrara un sueldo y que ese sueldo fuera el salario medio del momento, a la pareja le llevaría siete años de renta bruta su adquisición. Los pisos anunciados en esa misma manzana actualmente superan el millón de euros, por lo que si los hijos de la pareja quisieran comprar una casa cerca de sus padres necesitarían destinar treinta y seis años de renta bruta con el salario medio de 2024, veintinueve más que sus padres. Pero vamos a ver qué más nos ofrecía el catálogo. A unas pocas calles de distancia, una opción algo más asequible, también un poco más pequeña, pendiente de reforma, 12 millones de pesetas, tres dormitorios, tres balcones a la calle. A la pareja de la que hablábamos le habría supuesto cuatro años de renta bruta en 1997. En esa calle, en la actualidad, con metros similares y una distribución también bastante pareja, los pisos cuestan alrededor de 600 000 euros, lo que implica que si sus hijos quisieran comprar necesitarían dedicar veinticuatro años de renta bruta para lograrlo, veinte más que sus padres. (Aplausos). Pero supongamos que esta pareja iba algo más asfixiada económicamente y optaba por pisos más asequibles. En la misma inmobiliaria le garantizaban que en dos o tres años podrían comprar algunos pisos que hoy llevarían entre diez y catorce. Toparse con esta clase de documentos, señorías, supone un baño de realidad entre tanta propaganda barata y triunfalista. Supongo que este Parlamento, tan celoso de la libertad de expresión, estará incómodo con su difusión, pues entenderá que conocer esa diferencia de precios y, sobre todo, sus causas, puede incitar al odio contra los políticos responsables de esta situación o contra especuladores. Sea como fuere, lo cierto es que los hijos de aquella pareja saben que jamás llegarán a ser dueños de su casa, a no ser que tengan una excepcional ayuda familiar. Y lo saben porque ninguno de sus amigos del instituto lo es. Tampoco hay propietarios entre su grupo de la universidad ni entre sus primos. Sí hay, en cambio, un puñado que se deja un riñón para pagar un alquiler que ya cuesta más que una hipoteca; otros que comparten bandeja del frigorífico con desconocidos; dos que tuvieron que marcharse fuera del país, y uno al que le ha dado por probar la última moda anunciada a bombo y platillo por la prensa servil de este país: las cápsulas de tres metros cuadrados para dormir. Solo les falta saber si le dejarán o no entrar con su perrihijo. (Aplausos). Según algunos expertos, todo esto se debe a que estos jóvenes toman los viernes demasiadas cañas y a que cometieron la osadía de pagar durante dos años una suscripción a Netflix. Si no llega a ser por esto, desde luego, hoy tendrían cuatro áticos y un par de chalés en la playa, por lo menos. Según otros, vivir de alquiler es algo muy cool y muy flexible que les permitirá no atarse ni comprometerse, que son dos palabras muy feas y que suenan bastante antiguas. Total, si tener hijos ya sabemos que daña el planeta y si tener una pareja para toda la vida es una cárcel, ¿para qué van a querer ser propietarios? Además, ahora, con la ley de vivienda, hay mucha oferta y cualquiera encuentra una ganga por cuatro duros. Por fortuna, estos jóvenes están bastante curados de espanto y saben que el bipartidismo ha pasado por España como un huracán, que antes todo hijo de vecino era dueño de una casa y que hoy hemos dejado de ser un país de propietarios para ser un país de precarios sin casa. Claro, por el camino nos hemos dejado muchas cosas, no solamente la estabilidad residencial, también hemos sacrificado la estabilidad afectiva, la posibilidad de tener hijos y de brindarles una buena vida, el ahorro, la cercanía con los abuelos, el sentido de pertenencia a un lugar, los lazos con los vecinos, salud mental, la conciliación o, incluso, la intimidad misma. (Aplausos). La suma de salarios irrisorios y precios de lujo ha dejado fuera de juego a toda una generación. Hoy solamente pueden comprar los fondos y los inversores o, por usar la terminología del Gobierno, los de los Lamborghini. Pero nosotros aspiramos —porque sabemos que la propiedad hace bien y empodera a la gente— a que la propiedad esté lo más extendida posible, y eso implica que también sean propietarios de sus casas los del Clio o los del Opel Corsa, para que hagan de esas casas su hogar permanente y no un mero receptáculo que utilizar de forma transitoria y temporal. Queremos propiedad para los muchos, para los españoles corrientes, para los García, para los González, para los hijos de Carabanchel, de Huelin, de Hospitalet, para las familias del montón, para las familias sin padrino, porque si la propiedad está extendida y está distribuida, también lo estará la libertad, la estabilidad, la seguridad, la autonomía y, sobre todo, el poder (aplausos), el poder de las familias. Porque, puestos a elegir, entiendo que no habrá duda en este hemiciclo: mejor un país en que cada familia sea dueña de su casa que otro en el que un solo propietario o un pequeño puñado de propietarios sean dueños de todas las casas.
Para lograr ese país de familias propietarias, hogares estables y vecindarios fuertes y amables son muchas las cosas que habría que hacer; pero ¿qué tal si empezamos con las siguientes? Volver a tener claro que la vivienda es un derecho y una necesidad antes que cualquier otra cosa; exigir a las administraciones que se involucren de verdad con la vivienda, liberando suelo, terminando con los peajes que encarecen de forma increíble el precio final de la obra nueva; incrementar los fondos destinados a vivienda para dejar de tener unos presupuestos tan ridículos como los que tenemos al respecto; volver a construir vivienda pública, porque se puede construir vivienda pública (aplausos); primar al nacional sobre el extranjero, lleve lo que lleve, un hatillo o un maletín lleno de dinero; actuar sin medias tintas contra la ocupación y contra la especulación de los buitres —sí, se puede hacer ambas cosas a la vez, aunque a algunos les explote la cabeza—, y crear un fondo de garantía social para que sean los poderes públicos y no los particulares quienes protejan a deudores hipotecarios y a precarios sobrevenidos.
¿Qué más podríamos hacer, señorías? Una fiscalidad para que los españoles puedan ser propietarios, cualquier español, eliminando el IVA para la compra de primera vivienda, que será la única, con mucha suerte, que pueda tener cualquier ciudadano; bonificando ITP y AJD para que la Administración no haga negocio con la necesidad de la mayoría social, es decir, para que la Administración no meta la mano en el bolsillo (aplausos) de aquellos que ni siquiera pueden comprar una casa; recuperando la deducción por inversión en vivienda habitual, para que la subida de los tipos de interés no destroce los hogares, y dando incentivos y oportunidades para que los jóvenes puedan residir y trabajar allí donde nacieron, si es que así lo desean.
Hagamos todo esto, o intentemos hacerlo, y ya veremos cómo se amplía la oferta, cómo descienden los precios, cómo se empieza a pinchar la burbuja del alquiler y cómo cualquier español puede volver a tener la certeza de tener las llaves de su casa en el bolsillo. Piensen en aquella pareja de la inmobiliaria. Que alguien de barrio pueda ser propietario, eso es justicia social.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).