Proposición no de Ley relativa a la creación de una empresa pública para la gestión pública de las concesiones administrativas y centrales hidroeléctricas.

Buenas tardes, señorías con señorío.

Presentamos hoy una iniciativa patriótica, y digo iniciativa patriótica porque esta PNL pretende aumentar la riqueza del país, la riqueza que es de todos y de todas. No es una iniciativa de esas, como se presentan a veces, que pretenden entregar los recursos de todos al negocio de unos pocos, al amparo de esa falsa idea de la eficacia del mercado; todo lo contrario, esta iniciativa pretende recuperar lo que es de todos y de todas, los saltos hidroeléctricos. (Aplausos). Y lo decimos así porque en esta Cámara estamos acostumbrados a escuchar a muchas personas que no paran de alardear de un supuesto patriotismo mientras que pretenden entregar la riqueza de nuestro país al negocio de sus amigos millonarios o a fondos de inversión extranjeros. Y hay que decirlo alto y claro: No se defiende tu país cuando antepones el interés de los más ricos al interés de la mayoría social. (Aplausos). Hacer patria es defender los bienes comunes, hacer patria es salvaguardar lo que tiene que estar al servicio de todas y de todos.

Como sé que los saltos de agua no son un tema de conversación corriente, quiero hacer algunas aclaraciones preliminares: la primera, un salto hidroeléctrico es una instalación que permite generar energía a partir de la fuerza del agua; la segunda, las aguas son de dominio público del Estado, son bienes destinados al uso público o a un fin público; tercera, la energía es la base material del desarrollo humano y, por tanto, ha de tener la condición de bien básico, esencial y universal; la energía hidroeléctrica es la primera energía renovable de nuestro país, es una energía rural, las centrales hidroeléctricas están en el medio rural, contribuyen a asentar la población al territorio y suponen un 20 % de la potencia instalada, y, una última consideración, el modelo de liberalizaciones, el modelo de privatizaciones y de concesiones ha sido un rotundo fracaso. En concreto, la gestión privada de los recursos hidroeléctricos no opera bajo criterios de competencia y los precios de la energía no han dejado de subir en los últimos años.

Por eso traemos esta iniciativa hoy, porque actualmente estamos ante una oportunidad histórica para cambiar el modelo. Las concesiones de explotación de estos saltos de agua a empresas privadas están concluyendo. C’est fini, se acabó, lo que es de todas y todos debe volver al control público. La lógica del beneficio privado tiene que cambiar a la lógica del beneficio social. (Aplausos). No obstante, estas concesiones están expirando, pero la reversión al Estado no está siendo diligente ni transparente. Hay que corregir esto, no perder esta oportunidad histórica para transitar hacia la soberanía energética. ¿Y qué es la soberanía energética? Es la capacidad que ha de tener nuestro país para controlar sus recursos energéticos, para ser menos dependientes energéticamente, para orientar los beneficios de la producción energética al interés general y a la descarbonización. Podemos dejar de ser país periférico en la Unión Europea, podemos aprovechar la ventaja competitiva que supone ese enorme potencial para generar energía limpia y energía barata.

¿Queremos ser un país en el que la producción de energía está en manos de multinacionales y fondos de inversión destinada a la exportación o al minado de criptomonedas o queremos que la producción esté en manos públicas para abaratar la factura de la luz y para nuestro tejido productivo? Eso es lo que tenemos que considerar, esa es la pregunta de país que nos tenemos que contestar. Y nosotros y nosotras lo tenemos claro: consideramos elemental la gestión pública de las centrales hidroeléctricas. (Aplausos). Porque su construcción la ha pagado el contribuyente, porque el origen de la energía está en el agua, un bien de dominio público, porque las instalaciones tienen como fin último la reversión al patrimonio público y porque la gestión privada no garantiza un uso correcto de los recursos hídricos. ¿O no nos acordamos de cuando vaciaban los pantanos en esos tramos en los que el megavatio estaba más caro, en un país con sequía estructural?

Estamos convencidos, por tanto, de que Hunosa debe y puede ser la empresa pública que reciba todas las concesiones hidráulicas que vayan venciendo, porque Hunosa puede ser una empresa marrón que pase a ser una empresa verde, puede ser un formidable ejemplo de transformación energética justa que contribuya a la transición verde, porque la transición energética puede ser justa, no solo un negocio para unos pocos. Tengamos en cuenta, hagamos memoria de que nuestro país ya sufrió en el pasado el extractivismo de potencias europeas que acapararon nuestra explotación minera para llevar materias primas a la industrialización europea y que empresas británicas, francesas y belgas se hicieron con la explotación del plomo en Jaén, con la explotación del mercurio en Ciudad Real, con la explotación del cobre en Huelva.

¿Queremos que la energía producida hoy en nuestro país tenga como principal objetivo la industria centroeuropea o queremos que la energía producida en nuestro país sirva para estimular una reindustrialización verde en nuestro país? Impidamos que España sea una colonia energética cubierta de placas fotovoltaicas de multinacionales y con la producción hidroeléctrica en manos de concesiones privadas, como cuando ya fuimos una colonia minera de Europa. Seamos audaces, no repitamos errores y mantengamos la excepción ibérica, una excepción ibérica que ha dado resultados para combatir la subida de los precios de la electricidad. Nuestra excepción se sustenta en esas ventajas que nos da nuestra orografía, llena de saltos de agua que se pueden aprovechar, en esa cantidad de horas de insolación al año, en esos vientos fuertes, que no tienen que servir para cebar de energía las interconexiones con Europa, porque España no tiene por qué ser el almacén energético de la industria europea. (Aplausos).

Por todo ello, Hunosa tiene que hacerse con la producción hidroeléctrica de este país, porque el Estado tiene que controlar los sectores estratégicos de la economía, frente a ese modelo fracasado del neoliberalismo que nos quiere condenar a ser periferia y tener un Estado inane. La descarbonización y la producción energética no se pueden dejar en manos de fondos de inversión y de multinacionales, porque no queremos ser una colonia energética, queremos soberanía energética. Por eso la transición energética se tiene que basar en el control público, en la planificación y en el interés general, para abaratar el precio de la luz en las casas de las familias, para el tejido productivo, para descarbonizar el mix energético y para situar a nuestro país a la vanguardia. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).

Máis unha vez, boa tarde. Grazas, señora presidenta. A produción de enerxía é esencial para a vida humana e para o desenvolvemento social e económico. Sendo, por tanto, un sector estratéxico, a xeración de enerxía debería estar sempre baixo control público e funcionando con criterios de rendibilidade social. De feito, houbo un tempo en que mesmo nos países capitalistas de Europa occidental contaban con empresas públicas que, aínda que non fose en réxime de monopolio, lles permitían intervir de forma directa nos mercados enerxéticos. Porén, a onda neoliberal provocou masivas privatizacións e hoxe son poucos os países europeos que conservan empresas públicas ou mixtas no sector enerxético, caso si, por exemplo, pois de Francia ou de Italia. No caso do Estado español, a privatización da empresa pública Endesa é mérito compartido polo Partido Socialista e o Partido Popular. Foi iniciada por un Goberno de Felipe González e completada por outro de José María Aznar. Hoxe son as grandes enerxéticas as que determinan no esencial as normas de funcionamento do sector eléctrico no Estado español en función dos seus propios intereses e dos máximos lucros. É un modelo claramente antisocial, inxusto e que profunda nas desigualdades. Mentres millóns de familias, mentres as maiorías sociais, as clases populares teñen dificultades para afrontar os custos da enerxía, as grandes empresas presentan balances de resultados multimillonarios que crecen cada ano e que se sitúan en parámetros de absoluta indecencia: 10 500 millóns de euros en 2023 só as cinco grandes enerxéticas. Pero, mesmo dentro do Estado español, a xeración de enerxía provoca situacións de desigualdade inxustificada na repartición de cargas e beneficios. Desde hai décadas, o deseño do capitalismo español decidiu que o meu país, que Galiza, se especializaría na produción de enerxía eléctrica a un custo brutal en consecuencias sociais, patrimoniais, ambientais e económicas. Primeiro e moi especialmente, durante o franquismo chegaron os grandes saltos hidroeléctricos, que asolagaron vales fértiles e implicaron o desprazamento de localidades enteiras. Despois, serían as térmicas e a contaminación ambiental a elas asociadas. Máis adiante, as pequenas hidroeléctricas, que inzaron os nosos ríos de barraxes. Agora enfrontámonos a un auténtico espolio eólico depredador no noso país con máis de 300 proxectos de parques e megaparques eólicos, cun impacto social, ambiental, económico e patrimonial brutal, como dicía. Aliás, o Goberno español decidiu que o 50 % da potencia eólica mariña posíbel se concentrase, se instalase nas costas galegas, afectando bancos pesqueiros e marisqueiros fundamentais para a frota no noso país e para o sector en Galiza, ademais de impactar en ecosistemas mariños especialmente sensíbeis. O resultado son décadas de espolio dos nosos recursos naturais para a produción de enerxía por parte de grandes empresas que pagan os impostos en Madrid e que se destina, ademais, nunha porcentaxe importante, por exemplo, neste momento supera o 40 %, ó consumo fóra de Galiza, polo que ós impactos anteditos hai que sumar o da grande liña de evacuación. Os beneficios para uns, as cargas para outros. En definitiva, trátase dun modelo insustentábel ademais de inxusto e discriminatorio para países como Galiza que non se resignan a seren zonas de sacrificio, denominación usual de expertos técnicos en produción de enerxía, ou, como dicimos nós en termos políticos e máis exactos, colonia espoliada dentro do Estado español.

É necesario, por tanto, mudar radicalmente o modelo. Por unha parte, para camiñar cara á xeración distribuída de fontes renovábeis a menor escala e máis próximos ós centros de consumo, sempre baixo control público. Por outra parte, é imprescindíbel que países produtores como Galiza teñan capacidade normativa, de ordenación e de xestión do seu propio sistema enerxético para o colocar ó servizo do seu desenvolvemento social e económico e para que redunde en beneficio da colectividade das maiorías sociais no canto de facelo para o lucro dunhas poucas grandes empresas. É verdade que dentro desa mudanza necesaria máis global é posíbel ir dando pasos pequenos e, con todo, importantes. Por iso o BNG leva moitos anos defendendo a constitución dunha empresa pública galega de enerxía que poida facerse cargo, entre outras, das centrais hidroeléctricas que finalicen a súa concesión.

Hoxe o que fai SUMAR é presentar unha proposta que, con este mesmo criterio, está orientada de forma que redunda nas políticas centralizadoras tan habituais á dereita e á esquerda no Estado español. O propio portavoz de SUMAR defensor desta PNL deixouno claro cando a cualificaba de iniciativa como patriótica española. Claro, mais sempre esquecendo aqueles países que, como Galiza, pagan as consecuencias desa especialización na produción de enerxía.

O BNG aposta, como dicía, por colocar esa produción baixo control público, mais, tamén insisto, baixo control galego no noso caso. Queremos acabar co espolio que padece o noso país, proveña de empresas públicas ou de empresas privadas. Por iso, emendamos a proposta de SUMAR. Non unha empresa, empresas. A aposta pola produción baixo control público debe respectar os marcos competenciais e nacionais. Galiza pode e debe contar coa súa propia empresa pública de enerxía que reverta en beneficio dos seus cidadáns e cidadás. Esperamos que esta proposta do BNG sexa aceptada, porque temos claro que é de xustiza. Moito obrigado.

Otra vez, buenas tardes. Gracias, señora presidenta. La producción de energía es esencial para la vida humana y el desarrollo social y económico. Tanto es así que la generación de energía, siendo un sector estratégico, tendría que estar bajo control público y funcionar con un criterio de rentabilidad social. De hecho, hubo un tiempo en que incluso países capitalistas de Europa Occidental contaban con empresas públicas que, aunque no fuesen en régimen de monopolio, les permitía intervenir de forma directa en mercados energéticos. Pero la honda neoliberal provocó masivas privatizaciones y son pocos los países europeos que conservan empresas públicas o mixtas en el sector energético, como sí las hay en Francia y en Italia. En el caso del Estado español la privatización de la empresa pública Endesa es mérito compartido por el Partido Socialista y el Partido Popular: fue iniciada por un Gobierno de Felipe González y completada por otro de José María Aznar. Hoy son las grandes energéticas las que determinan en lo esencial las normas de funcionamiento del sector energético en el Estado español, en función de sus propios intereses y de los máximos lucros. Es un modelo claramente antisocial, injusto y que ahonda más en las desigualdades. Mientras que millones de familias, las mayorías sociales, las clases populares tienen dificultades para enfrentar los costes energéticos, las grandes empresas presentan balances de resultados multimillonarios, que crecen cada año y se sitúan en parámetros de absoluta indecencia: 10 500 millones de euros en 2023 solo para las cinco grandes energéticas. Pero incluso dentro del propio Estado español la generación de energía provoca situaciones de desigualdad injustificada en el reparto de cargas y beneficios. Desde hace décadas el diseño del capitalismo español decidió que mi país, Galicia, se especializaría en la producción de energía eléctrica, a un coste brutal en consecuencias sociales, patrimoniales, ambientales y económicas. Primero y muy especialmente, durante el franquismo llegaron los grandes saltos hidroeléctricos, que inundaron valles fértiles e implicaron el desplazamiento de localidades enteras; después, serían las térmicas y la contaminación ambiental que se asocia a ellas; más adelante, las pequeñas hidroeléctricas, que llenaron nuestros ríos de embalses; ahora nos enfrentamos a un auténtico expolio eólico, depredador de nuestro país, con más de trescientos proyectos de parques y megaparques eólicos, con un impacto social, ambiental, patrimonial y económico brutal. Y más allá de todo esto, el Gobierno español decidió que el 50 % de la potencia eólica marina es posible instalarla en nuestras costas, afectando a los bancos pesqueros y marisqueros, fundamentales para la flota gallega y el sector de nuestro país; en Galicia, además, impacta en los ecosistemas marinos, especialmente sensibles. El resultado son décadas de expolio de nuestros recursos naturales para la producción de energía por parte de grandes empresas, que pagan sus impuestos en Madrid, y además se destinan en un porcentaje importante —‌en estos momentos más del 40 %— al consumo fuera de Galicia, por lo que a los impactos ya mencionados hay que sumar el de las grandes líneas de evacuación. En definitiva, se trata de un modelo insostenible, además de injusto y discriminatorio para países como Galiza, que no se resignan a ser una zona de sacrificio, en denominación usual de aspectos técnicos en producción de energía, de colonia o, como decimos nosotros en términos políticos y más exactos, de colonia expoliada dentro del Estado español.

Es necesario, por lo tanto, cambiar radicalmente el modelo, para ir hacia una generación distribuida de fuentes renovables a menor escala, más próxima a centros de consumo y siempre bajo control público. Por otra parte, es indispensable que países productores, como Galicia, tengan capacidad normativa de ordenación y gestión de sus propios sistemas energéticos para colocarlos al servicio de su desarrollo social y económico y para que redunden en beneficio de la colectividad de las mayorías sociales, en lugar de hacerlo para el lucro de unas pocas empresas grandes. Hoy en Galicia es necesario acabar con el expolio energético que sufre nuestro país. Por eso, el BNG lleva muchos años defendiendo la creación de una empresa pública gallega de energía, que puede hacerse cargo, entre otras cosas, de las centrales hidroeléctricas que finalicen su concesión.

Hoy lo que hace SUMAR es presentar una propuesta que, con ese mismo criterio, está orientada de forma que redunda en las políticas centralizadoras, tan habituales en la derecha y la izquierda del Estado español. Respecto a cuando el representante de SUMAR decía que la iniciativa es patriótica española, está claro, pero siempre nos olvidamos de aquellos países que, como Galiza, pagan las consecuencias de estas penalizaciones de la producción de energía. El BNG apuesta, como ya decía, por colocar la producción de energía bajo control público, pero también bajo control gallego en nuestro caso. Queremos acabar con el expolio que padece nuestro país, provenga de empresas públicas o de empresas privadas. Por eso enmendamos la propuesta de SUMAR: no una empresa, empresas. La apuesta por la producción bajo control público tiene que cumplir con los marcos competenciales y nacionales. Galiza puede y debe contar con su propia empresa pública de energía, que revierta en beneficio de sus ciudadanos y sus ciudadanas. Esperamos que esta propuesta del BNG sea aceptada, porque tenemos claro que es algo de justicia que pedimos.

El Grupo Parlamentario SUMAR —y‌ a saben, el residuo de comunistas que queda en este Parlamento— (aplausos), ha dicho algunas cosas; pocas, pero algunas acertadas. Dice que la energía eléctrica es un bien básico y fundamental para el desarrollo de las naciones. Efectivamente, y por eso llama la atención por qué están haciendo ustedes prácticamente todo lo contrario a conseguir que toda España y los españoles tengan acceso de forma constante y asequible a un bien tan fundamental para el desarrollo de las naciones como es la energía eléctrica.

También ha dicho el señor de SUMAR que en los últimos años España ha visto los mayores precios de la energía eléctrica de la historia, y es verdad, porque en la gestión que ha llevado a cabo este Gobierno efectivamente está haciendo absolutamente todo lo contrario de lo que debería para conseguir que los españoles, nuestra industria y nuestros consumidores tengan acceso, como digo, de forma constante, previsible y asequible a una energía eléctrica. (Aplausos).

El primero de los errores que ha cometido el Gobierno es dedicarse a cerrar y promover el cierre de las centrales nucleares de España, que representan nada más y nada menos que poco más del 20 % de la energía eléctrica que se produce y se consume en España. Veremos cómo la reemplazan ustedes cuando logren ese cierre. Ya se lo adelanto: con más gas, como viene sucediendo, porque a lo que ha llevado la política de este Gobierno es a que España esté quemando más gas que nunca y dependa del exterior más que nunca. Esa es la política que he llevado a cabo el Gobierno del PSOE y SUMAR, por cierto.

Nos propone el señor de SUMAR que una empresa pública se haga con todas las concesiones hidroeléctricas que hay en España. Que den las concesiones hidroeléctricas ¿a qué empresa? ¿A HUNOSA, una empresa que acumula pérdidas millonarias ejercicio económico tras ejercicio económico, una empresa —‌y en Asturias lo sabemos bien— que se ha visto involucrada en los mayores casos de corrupción de la región, desde luego, y en algunos de los mayores de España? Son casos como el del socialista Villa, que apareció con maletas de dinero en efectivo en el banco para regularizarlo. Esos casos de corrupción se llevaron a cabo gracias a HUNOSA; casos como el de Mina La Camocha, en el que, a golpe de subvenciones y de carbón fraudulento, los socialistas se llevaron millones de euros.

En definitiva, que ustedes nos propongan la creación de una empresa pública nos pone los pelos de punta, pero que tengan la poca vergüenza de decir que esa empresa pública debe ser HUNOSA, que de por sí ya es un auténtico desastre, nos hace ver que no tienen ustedes ni idea de lo que están hablando, porque la política del Gobierno, volviendo un poco a lo que ustedes han hecho en materia hidráulica, ha consistido, en primer lugar, en el derribo de presas y azudes, que ustedes han llevado a cabo de forma sistemática, hasta ser los líderes de Europa en derribo de presas. Nos dirán, como siempre dicen ustedes, que solo se han demolido pequeños saltos de agua. Bueno, la presa del Inferno, en Pontevedra, no es un pequeño salto de agua; el embalse de la Hoz Seca, en Madrid, tampoco lo es; la presa de Los Toranes, en Teruel, tampoco; incluso el de Valdecaballeros, en Badajoz, con un litigio terrible —‌ustedes intentando demolerlo y el sentido común intentando que no lo demuelan—, desde luego, no es un pequeño embalse. Pero aun así, aunque los pequeños embalses fuesen absolutamente irrelevantes —‌tal y como ustedes lo plantean—, lo cierto es que la región de España que más energía hidráulica produce es Galicia, gracias a estar plagada de una red de pequeñas minicentrales situadas en azudes y embalses que permiten, como les digo, que sea la región de España que más energía hidráulica genera. Y es que la política del Gobierno tiene una senda sencilla, que sería invertir en más infraestructuras, lograr ampliar la capacidad de los embalses que ya tenemos en España, crear incluso más embalses —‌tanto embalses plurianuales, esos que acumulan las crecidas temporales o momentáneas de los ríos para evitar que esa agua se pierda, como las minicentrales— y optimizar el uso del agua en España.

Desde luego, esa política que es tan necesaria para España no la ha llevado a cabo la ministra Teresa Ribera, que por fin se va de España pero que, desgraciadamente, envían ustedes a Europa, donde hará aún más daño del que ya ha provocado en España. Teresa Ribera, exministra de Energía de España, será nombrada comisaria de Competencia por el Partido Popular. No lo olviden. El Gobierno de Ursula von der Leyen, Partido Popular Europeo, nombrará a una de las ministras más dañinas de España comisaria en Europa para que provoque más daño, ya no solo a España sino a todos los europeos. En fin, pinta muy mal. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, presidenta. No es la primera vez que tratamos este tema. Si no recuerdo mal, en su día tuvimos aquí una iniciativa de la CUP, también de Podemos y hoy de SUMAR, y lo cierto es que mi grupo sigue pensando que la misma quizá obedece a un planteamiento más ideológico que a un planteamiento real de eficiencia y eficacia en el desarrollo del sistema eléctrico. En cuanto a la exposición de motivos, ustedes dicen que un precio asequible de los suministros energéticos es esencial para una vida digna, y desde luego que estamos de acuerdo. También dicen que la combinación del binomio liberación y privatización ha sido un tremendo y sonoro fracaso. Nosotros no acabamos de compartirlo, porque lo que realmente entendemos que baja los precios es avanzar en esa transición energética, los avances dados hasta ahora por el Estado, fomentando las renovables e incluso con la excepción ibérica de la que usted ha hablado, pero también lo han hecho en algunos casos con algunas empresas. De hecho, el informe del Banco de España, publicado el 4 de septiembre, sobre el impacto de las energías renovables sobre el precio de electricidad concluye que el precio mayorista de la electricidad en 2024 fue más de un 40 % inferior al que se hubiera observado con los niveles de generación de 2019, donde solo el 26 % de la generación eléctrica procedía de eólica y fotovoltaica frente al 40 % en el primer semestre de 2024. Se espera, además, que el precio de la electricidad se reduzca entre un 45 y un 60 % adicional en 2030, precisamente con ese despliegue de más generación renovable que se está fomentando. Sin embargo, también tenemos que decir que la bajada de precios o la soberanía energética no depende de si la gestión es pública o privada, sino de una buena y eficiente gestión de los recursos realizada por profesionales, por expertos en la implementación de soluciones de innovación y en la reducción de costes. La suposición de que la gestión pública es más eficiente que la privada y que va a reducir precios tampoco está respaldada por hechos, y ahí tenemos la eléctrica pública de Barcelona o la de Cádiz. Además, dos de las centrales hidroeléctricas del Pirineo revertidas al Estado llevan un año paradas y en otros saltos que han revertido, como Campo Barrosa, le han subcontratado la gestión a otra empresa privada, con lo cual parece que se demuestra que hay una dificultad de lo público en su gestión. Para mi grupo, el papel del Estado, entre otras cosas, pasa por contar con un regulador fuerte y eficiente en lugar de convertirse en un gestor directo de infraestructuras. Un buen marco regulatorio, acompañado de un organismo regulador independiente, como puede ser la futura CNE junto con la actual CNMC, debería ser suficiente para evitar todas esas malas prácticas.

También nos dicen que es imprescindible que los saltos hidroeléctricos revertidos se adapten a los nuevos caudales ecológicos que establecen los planes hidrológicos, y lo cierto es que no acabo de entenderlo porque ya existen caudales ecológicos, prioridades de suministro a humanos y riesgos que prevalecen sobre el uso para generación de electricidad y que se cumplen, se supone, por todos los operadores hidroeléctricos.

Tampoco se aborda en la moción el impacto económico que podría tener la devolución de la gestión a manos públicas en las administraciones locales, en los ayuntamientos, porque las empresas privadas están obligadas a pagar el impuesto de actividades económicas, del cual los municipios reciben en torno al 90 % del importe total, además de un recargo que va a parar a la diputación correspondiente.

Creemos que el aprovechamiento de los saltos hidroeléctricos tiene una gran importancia en el sistema eléctrico y entendemos la necesidad de un análisis en cuanto a la mejora de la gestión hidráulica y la necesidad de que no haya mala praxis en la concesionaria en cómo se gestiona o si se retiene o no el agua para fijar un precio. Por eso, estamos de acuerdo con el punto primero de su moción, en el que solicitan un informe sobre esa situación de las concesiones. Pero lo que no acabamos de entender es que la mejor forma de gestionar este recurso no sea como ustedes proponen, con una gestión pública, puesto que supondría que la empresa pública tiene que actuar como competidor en un mercado libre y, por lo tanto, su estrategia de comercialización debiera ser idéntica a la que están realizando las empresas en la actualidad, basadas en estándares competitivos de mercado. Por tanto, una gestión pública per se no significa tener un menor precio.

Como he dicho, lo que entendemos que hace falta es una gestión eficiente y eficaz de dichas plantas, gestionar adecuadamente el único recurso renovable gestionable —‌entiendo también que junto con la biomasa—, permitiendo además al operador del sistema que dé señales adecuadas a la hidráulica. Pero esto no quiere decir, como le he dicho, que se pueda conseguir simplemente con una gestión pública. ¿La pauta de comportamiento entre una empresa pública y una privada va a ser distinta o va a ser mejor en un caso o en otro? También conocemos, como ya le he dicho, que ha habido alguna planta que ha estado más de un año parada después de que la empresa concesionaria entregara la instalación en parada segura casi dos años después de la resolución del expediente de reversión del ministerio, y esto no puede ser si se quiere ser eficiente y eficaz. Hay que evitar, sobre todo, estas paradas de instalaciones al final del periodo concesional, porque ello provoca también un deterioro muy importante de esas instalaciones. Por eso, decimos muchas veces que las premisas de gestión pública y de interés general no casan del todo bien en muchas ocasiones.

Por lo tanto, la solución para mi grupo no pasa por gestión pública sí o sí, sino por un cambio regulatorio que defina criterios de utilización de este recurso, con independencia de quién sea su propietario. Además, creemos que tener precios competitivos y asequibles pasa por ir abordando todos los retos pendientes en materia de energía y clima que se tienen que ir abordando precisamente desde el Gobierno. Por ejemplo, la versión revisada del PNIEC con las recomendaciones de la Unión Europea, que todavía no ha sido enviado, o regular los mecanismos de capacidad para un desarrollo de almacenamiento —‌fíjese, un almacenamiento que depende, por cierto, de las centrales hidráulicas de bombeo— o la electrificación de la demanda, entre otras cosas.

Nada más y muchas gracias.

Gràcies, presidenta. Com diem a Catalunya, anem a treure’n l’aigua clara. Junts està a favor de la creació d’una energètica pública amb autonomia de gestió per produir electricitat a través de l’ús privatiu de les aigües i assumint la gestió de les concessions hidroelèctriques finalitzades del domini públic hidràulic. Sí, però aquesta empresa pública ha de ser catalana, no de l’Estat. De fet, tant l’ACA, l’Agència Catalana de l’Aigua, com l’energètica —‌nosaltres ja en tenim una d’energètica pública— podrien fer aquestes funcions. No volem, per tant, un organisme estatal que gestioni actius catalans. Ja ho vàrem deixar clar dient no a E.P.E., l’energètica pública que a la legislatura anterior proposava Unidas Podemos, E.P.E., que ve de Producción Energética Española Entidad Pública Empresarial. Així es deia. Vàrem rebutjar la proposició de llei de E.P.E. i també rebutgem la PNL de SUMAR, la que presenten avui, perquè no serveix perquè Catalunya tingui la gestió pública de les hidroelèctriques catalanes, que acabin en concessió, ans al contrari, serveix perquè una empresa pública espanyola recentralitzi la gestió dels nostres recursos hídrics. No diem res que no portem en programa. La Generalitat de Catalunya ha de ser el gestor de les principals infraestructures de titularitat estatals de transport i comunicacions a Catalunya. I per això volem el canvi de titularitat d’aeroports, ports, ferrocarrils, carreteres i per descomptat de les infraestructures hidràuliques i d’abastament d’aigua.

Volem que el Govern espanyol delegui a la Generalitat les competències hídriques plenes en tot l’àmbit territorial de Catalunya, inclòs el tram català de l’Ebre. Per això necessitem una nova llei d’aigües que serveixi també per determinar el règim jurídic de les aigües costaneres i continentals. Perquè aquí no només està en joc l’energia, sinó el bé, cada cop més escàs, de l’aigua.

A la seva proposició no de llei proposen que les comunitats autònomes puguin accedir a l’ús de l’aigua prèvia autorització de l’Estat. Nosaltres anem molt més enllà. En volem la gestió integral. La titularitat. Anem també més enllà de l’esmena que ha proposat el BNG. Denuncien ―i aquí sí que hi estaríem d’acord― la lentitud de les tramitacions per la reversió al domini públic de les concessions o la falta de transparència en les extensions d’algunes d’elles. Som conscients que forma part de la situació de domini d’un oligopoli que té el 90 % del mercat elèctric espanyol, tres empreses que són pràcticament intocables, entre d’altres coses, perquè quan hi ha males praxis, acostumen a fer-les al límit del que permet la llei.

Junts ja ha denunciat en altres ocasions en el passat l’obertura de comportes a les centrals hidroelèctriques per aprofitar el preu disparat de la llum, encara que fos a costa de buidar els pantans. Tenir el control de les centrals hidroelèctriques, per tant, acabaria amb aquests usos injustificables, però hi ha un pas previ ―ja ho hem dit― modificar la llei d’aigües escoltant el territori, la gent de les terres que es van afectar fa dècades amb la construcció de les centrals hidroelèctriques. Els veïns d’algunes poblacions afectades recorden encara que per construir aquestes centrals els van prometre una sèrie de condicions que, passats 50, 60 anys, algú ha oblidat. S’han trencat els contractes, s’han trencat els compromisos i han fet pagar la gent del territori el quilowatt hora per sobre del pactat en els acords inicials.

Les males decisions, per tant, està clar que acaben perjudicant aigües avall. Fem bé les coses, i femles pensant en i amb la gent.

Gràcies.

Gracias, presidenta. Bien, como decimos en Cataluña, a ver si sacamos algo en claro de esto. Junts está a favor de la creación de una energética pública, con autonomía de gestión, para producir electricidad a través del uso privativo de las aguas y asumiendo la gestión de las concesiones hidroeléctricas finalizadas del dominio público hidráulico. Sí, pero esta empresa pública debe ser catalana y no del Estado. De hecho, tanto la ACA —‌la Agencia Catalana del Agua— como la energética pública que ya tenemos podrían hacer estas funciones. No queremos, por lo tanto, un organismo estatal que gestione activos catalanes. Ya lo dejamos claro diciéndoselo al PP. La energética pública que se proponía antes por Unidas Podemos y PP, que significa producción energética española de producción empresarial. Rechazamos la proposición de ley del PP y también rechazamos la PNL de SUMAR que presentan hoy, porque no sirve para que Cataluña tenga la gestión pública de las hidroeléctricas catalanas que acaben en concesión. Más bien lo contrario, sirve para que una empresa pública española recentralice la gestión de nuestros recursos hídricos. No decimos nada que no esté en nuestro programa. La Generalitat de Catalunya debe ser el gestor de las principales infraestructuras de titularidad estatal de transporte y comunicaciones en Cataluña. Por ello, queremos el cambio de titularidad de aeropuertos, puertos, ferrocarriles, carreteras y, por supuesto, de las infraestructuras hidráulicas y de abastecimiento de agua. Queremos que el Gobierno español delegue a la Generalitat las competencias hídricas plenas en todo el ámbito territorial de Cataluña, incluido el tramo catalán del Ebro. Por ello, necesitamos una nueva ley de aguas que sirva, también, para determinar el régimen jurídico de las aguas costeras y continentales. Porque, aquí, no solo está en juego la energía, sino el bien, cada vez más escaso, del agua.

En su proposición no de ley, proponen que las comunidades autónomas puedan acceder al uso del agua previa autorización del Estado. Nosotros vamos mucho más allá; queremos la gestión integral, la titularidad. También vamos más allá de la enmienda propuesta por el BNG. Denuncian, y aquí sí estaríamos de acuerdo, la lentitud de las tramitaciones para la reversión a dominio público de las concesiones o la falta de transparencia en las extensiones de algunas de ellas. Somos conscientes de que forma parte de la situación de dominio de un oligopolio que tiene el 90 % del mercado eléctrico español; tres empresas que son prácticamente intocables, entre otras cosas, porque, cuando hay mala praxis, acostumbran a hacerlas al límite de lo que la ley permite.

Junts ya ha denunciado en otras ocasiones, en el pasado, la apertura de compuertas en las centrales hidroeléctricas para aprovechar el precio disparado de la luz, aunque fuera a costa de vaciar los pantanos. Tener el control de las centrales hidroeléctricas, por lo tanto, acabaría con estos usos injustificables. Pero hay un paso previo ―ya lo hemos dicho―, modificar la Ley de Aguas escuchando al territorio, a la gente de las tierras que se vieron afectadas hace décadas por la construcción de las centrales hidroeléctricas. Los vecinos de algunas poblaciones afectadas recuerdan todavía que, para construir esas centrales, se les prometieron una serie de condiciones que, pasados cincuenta o sesenta años, alguien ha olvidado. Se han roto los contratos, se han roto los compromisos y han hecho pagar a la gente del territorio el kilovatio hora por encima de lo pactado en los acuerdos iniciales.

Las malas decisiones, por lo tanto, está claro que acaban perjudicando aguas abajo. Hagamos bien las cosas y hagámoslas pensando con la gente.

Bé, moltes gràcies, presidenta. Molt bona tarda a totes i a tots. He de dir que celebro que estem contentes i contents que aquesta iniciativa sigui debatuda avui aquí al Congrés dels Diputats. De fet, també vull manifestar que estem felices que es posi llum i transparència a una qüestió tan fosca com les concessions hidroelèctriques. Dit això, compartim l’objectiu principal, que no és altre que la democratització dels recursos naturals i de les fonts d’energia renovables. Però ara els parlaré, si em permeten, de Catalunya, i concretament de l’energètica. L’energètica pública de Catalunya és una empresa pública que es dedica a produir i subministrar energia d’origen renovable. La va crear el Govern republicà de Pere Aragonès i la seva acció se centra bàsicament en quatre vectors que a nosaltres ens semblen fonamentals. El primer, promoure la producció d’energia neta. El segon, avançar cap a la sobirania energètica, vetllar per l’equilibri territorial del país ―molt important― i per últim, contribuir a la justícia social energètica. Avui, és una evidència afirmar que els recursos fòssils són finits i que també són contaminants i que en cap cas són una opció de futur en l’actual context d’emergència climàtica. També és una veritat, en aquest cas, una veritat com un temple, que la gestió actual de la majoria dels recursos naturals només busca maximitzar els beneficis econòmics que aquests puguin aportar a unes poques grans empreses. Entitats que com a conseqüència de l’especulació i el tracte de l’aigua o de l’electricitat com a mers béns de mercat tenen la capacitat d’imposar sempre uns preus que empitjoren la qualitat de vida de moltíssimes famílies. Així doncs, sota el principi de la transparència i la voluntat d’erradicar la pobresa energètica, Esquerra Republicana va impulsar el naixement de l’energètica pública de la Generalitat de Catalunya perquè volem contribuir, amb majúscules, a la sostenibilitat i la protecció del medi ambient. Volem també, alhora, generar i subministrar energia neta provinent de l’energia solar, de l’energia eòlica o de la hidràulica per tota la ciutadania. La bona notícia és que nosaltres a Catalunya ja ho estem fent i estem caminant en aquesta direcció perquè també una de les missions que té encomanades l’energètica és la de recuperar l’explotació de les centrals hidràuliques a mesura que vagin vencent les seves concessions. De fet, a dia d’avui, l’energètica ja disposa d’una instal·lació hidroelèctrica de gairebé dos megawatts de potència que vesteix infraestructures d’aigües Ter-Llobregat. De fet, des del passat 24 de juliol gestiona la central de Can Trinxet a Sant Quirze de Besora i, a més a més, té un projecte: gestionar d’aquí poc la colònia Llaudet a Sant Joan de les Abadesses.

Estem, com poden comprovar, fermament compromesos amb les formes més respectuoses d’aprofitar la força de l’aigua per produir electricitat. I també, com a formació política, considerem imprescindible exercir des de l’Administració pública l’explotació de les centrals hidroelèctriques, que són molt sensibles pel funcionament del mercat elèctric. Hem de mirar molt més enllà de l’enriquiment, òbviament, d’uns pocs. Per descomptat, també reivindiquem la necessitat de fer estudis. Són necessaris estudis per implantar centrals hidroelèctriques reversibles, per exemple, que, a diferència de les fluents, no necessiten abocar aigua per funcionar. També, si ens permeten, i molt important, instal·lar turbines d’hidrocargol que no necessiten desviar cabal dels rius per produir energia elèctrica.

Per tant, avui arriba en aquesta Cambra una proposició no de llei del grup parlamentari plurinacional SUMAR per crear una empresa pública per la gestió pública de les concessions administratives i centrals hidroelèctriques. Nosaltres celebrem que es debati això en aquesta Cambra, però abans volem remanifestar per acabar una realitat i alhora fer una advertència. La realitat és que això que busca crear aquesta iniciativa ―com els he explicat― a Catalunya, malgrat moltes reticències de fora, però també de dins de l’arc parlamentari, que també trobaran aquí, ja ho tenim.

L’advertència i acabo. Tinguin molta atenció a ficar les grapes de l’Estat als nostres rius, a les nostres competències. Tota proposta normativa ha de tenir molt present tota la feina que s’ha fet des de les diferents comunitats autònomes, en aquest cas, des de la Generalitat de Catalunya. Esquerra Republicana vol que les concessions hidroelèctriques es puguin gestionar amb participació de l’energètica pública catalana. Aquesta és la peça clau per poder avançar de veritat cap a la democratització d’un bé tan preuat i tan necessari com l’aigua.

Res més i moltes gràcies.

Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos y a todas. Debo decir que celebro que estemos contentas y contentos de que esta iniciativa sea debatida hoy, aquí, en el Congreso de los Diputados. De hecho, también quiero manifestar que estamos contentas de que se pongan luz y transparencia a una cuestión tan oscura, tan oscura, como las concesiones hidroeléctricas. Dicho esto, compartimos el objetivo principal, que no es otro que la democratización de los recursos naturales y de las fuentes de energía renovables. Pero, ahora, les voy a hablar, si me lo permiten, de Cataluña, concretamente, de la energética. La energética pública de Cataluña es una empresa pública que se dedica a producir y suministrar energía de origen renovable. La creó el Gobierno republicano de Pere Aragonès, y su acción se centra básicamente en cuatro vectores que, a nosotros, nos parecen fundamentales. El primero, promover la producción de energía limpia. El segundo, avanzar hacia la soberanía energética. El tercero, velar por el equilibrio territorial del país, muy importante. Y, por último, contribuir a la justicia social energética. Hoy es una evidencia afirmar que los recursos fósiles son finitos y que también son contaminantes. En cualquier caso, no son una opción de futuro al actual contexto de emergencia climática. También es una verdad, en este caso, una verdad como un templo, que la gestión actual de la mayoría de los recursos naturales solo busca maximizar los beneficios económicos que estos puedan aportar a unas pocas grandes empresas, entidades que, como consecuencia de la especulación y el trato del agua o de la electricidad como meros bienes de mercado, tienen la capacidad de imponer siempre unos precios que empeoran la calidad de vida de muchísimas familias. Así pues, bajo el principio de la transparencia y la voluntad de erradicar la pobreza energética, Esquerra Republicana impulsó el nacimiento de la energética pública de la Generalitat de Catalunya, porque queremos contribuir, en mayúsculas, a la sostenibilidad y a la protección del medio ambiente, y queremos, también, generar y suministrar energía limpia que provenga de la energía solar, de la eólica o de la hidráulica para toda la ciudadanía. La buena noticia es que, nosotros, en Cataluña, ya lo estamos haciendo y estamos andando en esta dirección, porque, también, una de las misiones que tiene encomendada nuestra energética es la de recuperar la explotación de las centrales hidráulicas a medida que vayan venciendo sus concesiones. A día de hoy, la energética ya dispone de una instalación hidroeléctrica de casi 2 megavatios de potencia, que abastece infraestructuras de Aguas Ter-Llobregat. De hecho, desde el pasado 24 de julio, gestiona la central de Can Trinxet en Sant Quirze de Besora. Además, tiene un proyecto, que es gestionar, dentro de poco, la colonia Llaudet, en Sant Joan de les Abadesses. Como pueden comprobar, estamos firmemente comprometidos con las formas más respetuosas de aprovechar la fuerza del agua para producir electricidad. Y también, como formación política, consideramos imprescindible ejercer, desde la Administración pública, la explotación de las centrales hidroeléctricas, que son muy sensibles por el funcionamiento del mercado eléctrico. De hecho, tenemos que mirar mucho más allá del enriquecimiento, obviamente, de unos pocos. Y, por descontado, también reivindicamos la necesidad de hacer estudios, que son necesarios; estudios para implantar centrales hidroeléctricas reversibles, por ejemplo, que, a diferencia de las fluentes, no necesitan verter agua para funcionar. Y, también, si me lo permiten, porque es muy importante, instalar turbinas de hidrocarburos, que no necesitan desviar el caudal de los ríos para producir energía eléctrica.

Por lo tanto, hoy llega a esta Cámara una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR para crear una empresa pública, para la gestión pública de las concesiones administrativas y centrales hidroeléctricas. Nosotros celebramos que se debata esto en esta Cámara. Pero antes queremos remanifestar, para terminar, una realidad y realizar una advertencia. La realidad es que esto que busca crear esta iniciativa ―como les he contado― en Cataluña, a pesar de muchas reticencias, muchas reticencias de fuera pero también de dentro del arco parlamentario, que también encontrarán aquí, esto ya lo tenemos.

Y la advertencia, y acabo: presten mucha atención a meter las manos del Estado en nuestros ríos, en nuestras competencias. Cualquier propuesta normativa debe tener muy presente todo el trabajo que se ha hecho desde las distintas comunidades autónomas, en este caso, de la Generalitat de Catalunya. Esquerra Republicana quiere que las concesiones hidroeléctricas se puedan gestionar con participación de la energética pública catalana. Esta es la pieza clave para poder avanzar de verdad hacia la democratización de un bien tan preciado y tan necesario como el agua.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, señora presidenta. Me vais a permitir, en primer lugar, que comparta la alegría de mi grupo. Estamos de enhorabuena. La vicepresidenta, Teresa Ribera, será comisaria de la Competencia y la Transición Verde (aplausos); una pieza clave, un espaldarazo importante a la gestión que ha hecho en el Gobierno de España y un reconocimiento, también, a la búsqueda de soluciones ante la crisis energética con la solución ibérica. Digo solución ibérica, y no timo ibérico, porque vaya berrinche que tiene el Partido Popular; vaya berrinche, que está demostrando no solo que son desleales con su país, sino también desleales con sus propios compañeros de partido. (Aplausos). Alégrense, alégrense de que va a haber una mujer valiente defendiendo la transición justa y la Agenda 2030 en Europa. La iniciativa que trae SUMAR a esta Cámara nos permite, nos brinda la oportunidad de exponer la hoja de ruta y el compromiso de este grupo parlamentario y del Ministerio de Transición con la sostenibilidad. Es este horizonte verde y no otro el que guía las políticas públicas presentes y futuras, y qué oportunidad también hacerlo después de haber escuchado la apocalíptica intervención del Grupo Parlamentario VOX. Una vez más, han demostrado aquí su habitual desconocimiento de estos temas. Además, yo creo que lo han hecho como siempre, con esos repertorios de bulos y falsedades. Señorías, me atrevería a decir que estamos en condiciones de avanzar que el Grupo Parlamentario Popular, lamentablemente, también irá por esos derroteros catastrofistas y pesimistas de sus compañeros ultras. Ya sabemos que el Partido Popular está en el mientras peor, mejor. Yo voy a poner un ejemplo que estoy viviendo, que estamos viviendo en nuestra tierra, en Andalucía, con Moreno Bonilla, con un tema tan tan importante como es el agua, donde se dedican permanentemente a mentir, a confrontar y a torpedear, así un día y otro. Ya les aviso de que en Andalucía, en Almería, en Málaga, en mi tierra, en la Axarquía, habrá una desaladora (aplausos), fruto del compromiso del Gobierno de España, que construye y paga el Gobierno de España. El Gobierno de España está trabajando codo con codo con los agricultores porque Moreno Bonilla se ha desentendido; por ello, la ciudadanía tiene que saber del compromiso de este Gobierno con todo el país para seguir impulsando soluciones a este déficit hídrico en nuestro país. Nosotros no miramos hacia otro lado ni buscamos culpables, nosotros nos ponemos a trabajar y buscamos soluciones. De la propuesta que nos trae el Grupo SUMAR hay que señalar, en primer lugar, que nos une a él la preocupación común de la protección de nuestros recursos naturales y la lucha contra la emergencia climática, como bien se refleja en ese acuerdo de Gobierno de coalición y de progreso. Un Gobierno que está demostrando que, a pesar de tener la peor oposición y más destructiva, no se desvía de su objetivo y continúa cada día dando paso firme y decidido para que nuestro país avance en materia medioambiental y, por ejemplo, también reduciendo los precios de la energía y la reindustrialización verde.

Esta iniciativa no es la primera vez que se debate. Por ejemplo, la medida que se contempla en el punto uno de la iniciativa, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, no es necesaria, puesto que existe ese informe sobre las concesiones del dominio público hidráulico, ya que esa información puede ser consultada en el Registro de Aguas. También pensamos que no es necesario crear una empresa pública. Ustedes saben que no es fácil. Esto conllevaría también un grave retraso en detrimento del beneficio de los consumidores; además, hay que destacar que las empresas del grupo SEPI no tienen permitida la generación de electricidad, fruto de la actual normativa europea, y ustedes saben también que el despliegue de las renovables necesita la colaboración público-privada o no llegaremos a tiempo.

Como alternativa, nosotros apostamos por cambiar las condiciones de las nuevas concesiones, pues las que ahora mueren son de hace setenta y cinco años, cuando no existía ni conciencia social como ahora, ni tampoco una emergencia climática como la que nos amenaza. Hoy se deben establecer unas condiciones que garanticen el caudal ecológico de la cuenca, que la empresa que la gestione lo haga de forma eficaz y transparente, y que los beneficios lleguen a toda la ciudadanía a través de unos impuestos eficaces y progresivos que le permitan a la empresa una rentabilidad razonable.

Señorías, ¿acaso las medidas incluidas en esta iniciativa no tienen los objetivos de ser un país verde, sostenible o comprometido con las renovables? ¿Acaso no? Nosotros, sinceramente, creemos que no nos van a apartar de este objetivo. Este Gobierno, ustedes lo saben perfectamente, ha hecho y sigue haciendo grandes esfuerzos para avanzar en el despliegue de las renovables, en cambiar el modelo de producción y atraer industrias de alto valor añadido a España; además, trabaja para seguir mejorando las condiciones de vida de los ciudadanos, reduciendo las facturas energéticas de los consumidores y también, sobre todo, prestando especial atención a aquellos más vulnerables.

Termino. El Partido Popular del impuesto al sol y el VOX del negacionismo climático ya sabemos a lo que están: están en la competición de ver quién destruye más. Mi grupo y yo sabemos perfectamente dónde estamos: estamos dando pasos firmes sin desviarnos de nuestro objetivo, que es hacer frente a los impactos del cambio climático con un modelo sostenible, ambicioso y equitativo.

Muchas gracias. (Aplausos).

Señorías, esta proposición no de ley que trae hoy uno de los partidos que forman coalición de Gobierno, SUMAR, es la evidencia, una vez más, de lo que la extrema izquierda ha servido para la política en las instituciones de nuestro país, que no es otra cosa que para la nada más absoluta. No conocen el país en el que viven ni les gusta el país en el que viven. Viven en un proceso de desaparición política continuado que lo evidencian con una iniciativa que ya han presentado hasta en cuatro ocasiones —‌en el 2018, en el 2019, en el 2022 y ahora en el 2024—, y no es más que esa vieja pretensión de Podemos de hacer una empresa pública de energía y darse concesiones hidroeléctricas. Al menos Podemos tenía cierto rigor técnico, ustedes ya ni eso siquiera. (Aplausos). Encima nos quieren vender hoy aquí una autarquía energética inédita en setenta años. En cualquier caso, señorías de SUMAR, no cuenten con nuestro apoyo ni con nuestro voto favorable, ni por el fondo ni por la forma.

Yo le voy a tratar de explicar cómo esta iniciativa que ustedes presentan no aporta nada, ni para descarbonizar, ni para bajar el precio de la luz, ni para desarrollar energía renovable. Señorías de SUMAR, ustedes son Gobierno, no se les olvide, y junto con el Partido Socialista y la nueva comisaria de Transición Limpia tienen la responsabilidad energética de España. ¿Qué han hecho para ayudar a los españoles en la mayor crisis energética de la historia reciente? Nada. Su mayor aportación es esta iniciativa en la que no cuentan sus verdaderas intenciones, o al menos no las que subyacen detrás, pero se las voy a contar yo.

La primera. Ustedes piden saber la capacidad de las concesiones hidroeléctricas para explotarlas e invertir más en energía hidráulica. Señoría, ya se lo han dicho, no hace falta ese informe, está publicado por el Gobierno del que ustedes forman parte, o ¿es que no forman parte de este Gobierno? Mire, este año —‌ya le avanzo— terminan 8 concesiones y más de 200 megavatios; el año pasado terminaron 11 concesiones hidroeléctricas y 50 megavatios; además de esas, ya hay 36 concesiones hidroeléctricas caducadas disponibles que están revertidas al Estado. Empiecen por ahí, que ustedes son Gobierno.

Ahora la pregunta es: ¿cuántas centrales hidroeléctricas y bombeos reversibles se han desarrollado con el Gobierno de coalición de izquierda y de extrema izquierda?, ¿cuántas veces han hecho esa patria que usted se ponía muy digno explicándola? La realidad es que su aportación es cero. ¿Ustedes ahora pretenden hacernos creer que con una empresa pública sí van a desarrollar la energía hidráulica que en seis años no han sido capaces? ¿O más bien esa empresa pública serviría para lo que SUMAR quiere de verdad —‌y utilizo las palabras de uno de sus colíderes, Íñigo Errejón—, que no es más que para refugiarse y dejar sembradas instituciones populares para que cuando gobierne el adversario, la militancia no os sostengáis del aire? (Aplausos.—Una señora diputada: ¡Muy bien!). Pues, miren, señorías de SUMAR, la militancia —‌al menos la de mi partido— se sustenta trabajando. (Aplausos). No es mal consejo ni mala recomendación: trabajen.

Segundo. Ustedes, señorías, aseguran que con esta fórmula se abarata el precio de la energía, y yo me pregunto: ¿ustedes tienen contacto con la ministra Teresa Ribera? Lo digo porque aquí nunca da la cara, lleva ocho plenos sin aparecer siquiera, y esa sería, la del precio de la energía, una buena pregunta que hacerle a la nueva comisaría de Transición Limpia. Me alegro, me alegro mucho de que deje de ser ministra del Gobierno de España. (Aplausos). No saben cuánto me alegro.

Del precio de la energía, ahora que la CNMC no está controlada por su marido —‌y espero que no se os ocurra proponerlo como presidente en la futura Comisión Nacional de Energía—, no se pueden precisar los ahorros en la factura por la excepción ibérica, y dicen cosas muy importantes en el informe —l‌éanselo— de supervisión de los mercados minoristas, dicen cosas como que se produjo un considerable aumento del consumo de gas motivado por la existencia del mecanismo ibérico. Es decir —y‌ se lo digo claro—, la excepción ibérica, efectivamente, fue el timo ibérico hecho por un gobierno de timadores (aplausos.— Varias señoras y señores diputados: ¡Hala!), que no solo no abarató la energía, sino que disparó las compras de gas a Rusia. El timo de Teresa Ribera, de SUMAR y del PSOE que sirvió para financiar la invasión rusa de Ucrania.

Tercero. Yo sé que les molesta, pero es así de duro y ustedes son corresponsables de esto. Ustedes dicen que la liberalización del sector eléctrico ha sido un fracaso. Eso, además de ser populismo del barato, es mentira. El autoabastecimiento de energía se ha multiplicado. La intensidad energética se ha reducido en los últimos veinte años. Las emisiones de CO2 se han ido reduciendo. Eso sí, tenemos que exceptuar los últimos años, estando ustedes en el Gobierno, en los que hemos pagado más cara la energía que nunca. Las subastas de renovables del PSOE han sido un fracaso, las emisiones de CO2 han aumentado por el timo ibérico y la pobreza energética ha empeorado. La comisaría de Transición Limpia se va a Europa sin presentar, en dos años, el informe de pobreza energética. ¡Qué vergüenza! (Aplausos). Eso no es por culpa de la liberalización, sino por el sectarismo de la izquierda y de la extrema izquierda, que solo sabe construir relatos que son tan grandes como la pobreza que deja tras de sí.

Termino, señorías. Habla usted de empresas públicas. Yo he hecho el ejercicio de comparación y la simulación de oferta de su compañera Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona con la empresa de la energía. (Muestra un listado en un folio). Mire, fíjese si hay competencia: aquí hay cuarenta y cinco ofertas de luz. De las cuarenta y cinco, cuarenta son mejores que las de Ada Colau. No vengan a engañarnos, que ya conocemos muy bien cómo son. (Aplausos). Solo falta preguntar al PSOE qué va a hacer con esta iniciativa, si va a respaldar esta política que va contra la libertad, que va contra la competencia. También me gustaría saber qué opinaría la nueva comisaría de Transición Limpia acerca de esta iniciativa.

Muchas gracias. (Aplausos.—Varias señoras y señores diputados: ¡Bravo!).