Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, para su adecuación a la normativa de la Unión Europea sobre el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS).

Muchas gracias, presidente. Señorías, como hoy tengo más tiempo, me gustaría hacer un pequeño inciso a sus señorías del Partido Popular. Les quería preguntar si hoy vengo correctamente vestida, ya que su diputado de la Asamblea de Madrid, Núñez Huesca, ha hablado de respeto a la dignidad de la institución, sumándose a esa campaña que se ha hecho de la ultraderecha. Yo quiero decir aquí que me visto como quiero, que soy una mujer libre y me visto como quiero. (Aplausos). Díganselo a su compañero. Porque, señorías del Partido Popular, el respeto a la dignidad de esta institución es pertenecer a un partido que no tiene un presidente que tiene una foto con un narco; es pertenecer a un partido que no tiene decenas, decenas y decenas de casos de corrupción que avergüenzan a Europa y es también pertenecer a un partido que no tiene cajas B y que no cobra en sobres B, un partido honesto que está aquí para mejorar la vida de la gente. Así que si la derecha y la ultraderecha lo máximo que pueden hacer es hablar de nuestra forma de vestir, es que durante estos diez años lo hemos estado haciendo muy bien. Lo dicho, no quieran tapar las burlas de su criadora de rama política y el trabajo que está haciendo en nuestra tierra Moreno Bonilla, que tengo que decir que hoy está en un acto patrocinado por Asisa. Voy con la intervención. Es una buena noticia que haya habido amplio consenso en la aprobación de esta ley para que se adecue a la normativa de la Unión Europea sobre el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales y nosotras vamos a votar que sí a este proyecto de ley, que modifica la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre el intercambio de información de antecedentes penales, pero hemos mantenido una de nuestras enmiendas sobre la creación del registro central de menores, que incorpora sentencias, medidas cautelares, requisitorias y rebeldías dictadas o acordadas en todos los procesos tramitados con arreglo a esta ley orgánica. ¿Por qué presentamos esta enmienda? Porque se van a incorporar a este registro sentencias absolutorias de esos menores o sentencias que no sean firmes. Por eso, por favor, pido al resto de los grupos políticos que apoyen esta enmienda, porque esta incorporación no se hace con los adultos, dado que las sentencias condenatorias solo se incorporan al Registro Central de Penados cuando son firmes y ejecutorias. Sin embargo, se va a permitir con las personas más indefensas, que son los menores de edad. Nos parece que es un paso más en la estigmatización de los menores, siempre de la mano de la derecha y de la ultraderecha, porque ¿queremos proteger a los menores o queremos estigmatizarlos? Esa es la pregunta. Para proteger a los menores no puede ser que ocurra lo que está ocurriendo ahora mismo, que es ese peloteo de todas las comunidades autónomas del Partido Popular, y tengo que decir que también de Junts, que no quieren acoger a los menores extranjeros sin padres, evitando a esos niños desprotegidos como si tiñeran, en lugar de proporcionarles un lugar seguro, educación, comida y alojamiento. Fíjense que el Partido Socialista, con Junts, ha pretendido transferir todas las competencias en inmigración, entre otras cosas para que Cataluña pueda autoexcluirse unilateralmente de ese reparto de menores. Proteger a los menores es evitar que sus datos aparezcan en un registro cuando han sido enjuiciados si la sentencia que recae es absolutoria o condenatoria, pero está pendiente de recurso, porque —‌recordémoslo— son menores y sus datos personales requieren de una especial protección y que no se usen para estigmatizarlos.

Lo que veo aquí es hipocresía, esto es, que somos muy muy valientes con los menores cuando legislamos, pero muy cobardes para que caiga todo el peso de la ley sobre esos siete empresarios murcianos que formaban parte de una red de prostitución de menores de edad. Porque, cuidado, son empresarios y las víctimas son menores de entre catorce y diecisiete años, en un contexto familiar desestructurado o en vulnerabilidad, y eso no le importa a nadie, ¿verdad? El 24 de septiembre y el 6 de octubre va a haber manifestaciones por todo el país ante esta infamia judicial y ante ese pacto ofrecido por el Ministerio Fiscal, que depende —‌lo voy a recordar— de este Gobierno. Como siempre decimos las abogadas y los abogados, si la justicia es lenta, no es justicia, y si además privilegia a los hombres adultos adinerados frente a menores en situación de vulnerabilidad, no es justicia, es indefensión y es machismo judicial. Como decía antes, estamos hartas de hipocresía, de machismo institucional y de machismo judicial. Estamos hartas de que solamente se sea fuerte con los débiles y de que con los fuertes se sea débil.

Como digo, vamos a votar que sí a esta iniciativa, pero por todas estas cuestiones que les he relatado aquí, por favor, piensen en votar favorablemente nuestra enmienda, porque le haremos un favor a todos los menores de edad de nuestro país.

Muchas gracias.

Muchas gracias, presidente. Debatimos la aprobación de un proyecto de ley orgánica de modificación tanto de la Ley Orgánica 7/2014, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, como de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores; la primera para adecuarla al nuevo Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales, el llamado ECRIS, y la segunda, la Ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores, para permitir que en el actual registro de sentencias firmes, dictadas al amparo de esa ley, puedan también inscribirse como instrumento de información integrada medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes a fin de que el registro sea un instrumento de información integrada para que el juzgador, como señala la exposición de motivos, disponga de todos los elementos para ponderar sus resoluciones en relación con el menor y también facilitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad la comunicación automática de las órdenes y medidas de protección, bien para la custodia y defensa del menor o bien para la protección de la víctima. Dicho esto, señorías, quiero destacar —‌ya se ha hecho por la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra— que este proyecto de ley en su tramitación, tanto en Ponencia como en Comisión, ha contado con un gran consenso. Así, el dictamen de la Comisión que hoy vemos en este Pleno contó con treinta y cuatro votos favorables, tres abstenciones y ningún voto en contra. Por lo cual, creo que todos hemos de felicitarnos por esta actitud constructiva de todos los grupos parlamentarios y muy singularmente en estos tiempos de ruido y furia que tanto abundan.

En cuanto al fondo del asunto, señorías, quiero señalar que la reforma de la Ley Orgánica 7/2014 que ahora tratamos continúa en la mejora de la cooperación judicial en materia penal respecto de las causas y ejecución de estas resoluciones a fin de crear un espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión, siendo uno de sus hitos más relevantes el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales al constituir, en palabras del Consejo de Estado, la piedra angular de la cooperación en el ámbito penal y perseguir que la resoluciones judiciales dictadas en el marco de un procedimiento penal en cualquiera de los Estados miembros sea directamente ejecutable en los demás, desprendiéndose también el efecto de que las resoluciones condenatorias anteriores dictadas en un Estado miembro deban ser tenidas en cuenta en los procesos penales posteriores celebrados en cualquier otro Estado miembro en la misma medida y efectos que si fueran propias, creándose de esta manera un espacio de justicia basado en el principio de la confianza mutua, en un espacio, precisamente, donde las personas pueden desplazarse y establecerse libremente y donde las fronteras han desaparecido de modo significativo. El Espacio Europeo de Justicia exige por ello considerar como propias, como les decía, las condenas penales de los otros Estados miembros, no solo para los efectos perjudiciales como el agravante de la reincidencia, sino también para los favorables al reo en su caso, y tanto en la fase previa al proceso como durante este y en la fase de ejecución de la condena. Es lo que se viene a llamar, que ustedes conocen, el principio de equivalencia, que en la reforma de la Ley Orgánica 7/2014 que ahora abordamos, a nuestro juicio, se mejora al reconsiderar los vigentes límites objetivo y temporal a la par que también se incorporan a la norma otras cuestiones relevantes por la necesidad de trasponer normativa de la Unión sobre el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales, como les decía, llamado ECRIS, aunque tengo que recordar y señalar que en este caso la trasposición también se hace de manera extemporánea.

Esta mejora en el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales se hace para que el intercambio de la información sea eficiente, rápido y eficaz, así como también otras reformas puntuales del mismo, entre las que destacaríamos la referida al intercambio de información de impresiones dactilares e imagen facial de nacionales de terceros países condenados por la justicia de cada Estado, y por eso deberá ser recogida en el Registro Central de Penados, que en su momento —‌tengo que recordarlo— pudo generar dudas, pero que, como puso de manifiesto la Agencia Española de Protección de Datos, se acomoda a las garantías previstas en el ordenamiento interno español al no considerarse por sí sola la imagen facial como un dato biométrico a los efectos de la norma que se traspone.

En definitiva, señorías —v‌oy finalizando, presidente—, manifiesto que, al igual que hicimos en Comisión, emitiremos nuestro voto favorable al dictamen.

Nada más y muchas gracias.

Arratsalde on. Buenas tardes. Muchas gracias, presidente. La reforma que se trae hoy aquí, fruto de la trasposición de una directiva europea, creo que es positiva si lo analizamos desde diferentes planos. Comentaba otro portavoz que hubo consenso la semana pasada en la Comisión y a mí no me extraña porque ya digo que, si lo analizamos desde diferentes planos, es claramente una reforma positiva. En primer lugar, desde el ámbito europeo —t‌ambién lo decían otros portavoces—, dando un espacio de justicia europeo, y esto hablando también de cooperación judicial. Ya se ha visto desde el ámbito de la integración europea —‌esto es, desde la construcción de la arquitectura europea—, pero también desde el ámbito donde cohabitamos más de 450 millones de habitantes, facilitando un mecanismo de cooperación judicial entre los diferentes Estados miembros. Con esto se moderniza también ese sistema para que, en ese mundo donde hoy vivimos, esas tecnologías y esa digitalización faciliten una eficiencia en el intercambio de información entre las diferentes justicias, trabajando todas ellas en un ámbito único. De igual forma y en otro plano, que es el de la seguridad de la ciudadanía, también es positivo porque ―no hace falta irse a discursos securitarios― es cierto que en delitos trasnacionales importantes y graves, como puedan ser el narcotráfico, la trata, el yihadismo o la existencia de depredadores sexuales ―y no como hablábamos en la iniciativa anterior de los pequeños delitos del menudeo―, los mecanismos que ayuden a combatir ese tipo de delitos… (rumores). No me escucho ni a mí mismo, señor presidente. No sé si hay un poco de rumores.

Ahora sí me puedo escuchar.

En ese ámbito en el que convivimos millones y millones de ciudadanos, como es el ámbito europeo, y en un mundo globalizado, creo que es positivo que existan mecanismos que ayuden a combatir esos delitos transnacionales, así como que desaparezcan los llamados refugios judiciales. Todos y todas hemos sido testigos durante estos años de cómo la puesta en libertad de personas en busca y captura o de personas condenadas en otros Estados miembros ha producido alarma, pero también titulares. Pues, miren, mediante este mecanismo se presupone que se evitarán situaciones así.

En el tercer punto, el del ámbito de las garantías, creemos —t‌ambién lo comentaba otro portavoz— que en este mecanismo se prevén garantías para que el intercambio de información —‌que reconocemos que es sensible, pues hay datos personales— se haga conforme al Reglamento General de Protección de Datos, lo cual es una garantía. Dicho esto, en Euskal Herria Bildu estaremos atentos a que esto se produzca así.

En definitiva, tanto España como la Unión Europea y los demás Estados se dotan de un mecanismo propio del siglo XXI, si lo quieren de la Europa del siglo XXI, dando en el plano teórico un reforzamiento del Estado de derecho y dotándolo en el día a día de mayor eficacia y rapidez ante situaciones que antes tardaban en aclararse meses e incluso años. Esta cooperación judicial garantiza que las resoluciones judiciales tengan efecto y eficacia en todos los Estados miembros, siendo clave para asegurar la seguridad y los derechos humanos en Europa. Esto es el principio de igualdad.

En conclusión, este proyecto de ley representa una oportunidad para avanzar en eso que decía de la Europa más integrada o en un marco de cooperación judicial que va más allá, y también realizándolo con protección para los derechos de las personas, con un enfoque garantista. La semana pasada el portavoz del Partido Popular decía que esta reforma llegaba demasiado tarde. Es cierto, es cierto que tenía que haber llegado antes, pero, miren, mejor tarde que nunca. En relación con las enmiendas de Unidas Podemos que se han mantenido, nosotros las votaremos de manera positiva. Dicho esto, y como he avanzado, votaremos a favor de esta iniciativa.

Muchas gracias, presidente.

Señor presidente, señorías. En primer lugar, señorías del PP, señorías del PP de Aragón ―que a alguno veo por ahí―, ¿saben por qué llevo esta camiseta? (Muestra su camiseta con el siguiente lema: «Educación pública. Recortes no»). ¿Lo saben? Por ustedes, efectivamente, por ustedes, porque no dejan de humillar a los profesores y a los alumnos de la educación pública aragonesa (aplausos); porque les reducen horas lectivas por centro; porque eliminan programas, desdobles y apoyos; porque obligan a situaciones extremas, como que haya que compartir auxiliares de Educación Especial entre niños que están a más de cuarenta kilómetros los unos de los otros; porque han dejado zonas rurales sin transporte escolar; porque algunas de ellas aún no tienen tutores; porque muchos profesores —‌lo han hecho ustedes maliciosamente— han sabido su destino un día antes y algunos de ellos han tenido que recorrer 450 kilómetros —‌como un caso en concreto, de Mora de Rubielos a Bielsa— y porque están ofreciendo contratos de una hora y cincuenta y nueve minutos a los profesores. Mientras ustedes siguen con esta estrategia traicionera y acusando de ideología a muchos profesores, están dando 120 millones de euros a la educación concertada. Por eso mañana, el miércoles 18 a las 18, saldremos a la calle para manifestarnos en Aragón contra la privatización del PP, por una educación aragonesa que, como la sanidad de Aragón, sea de los aragoneses, que sea pública y que dejen de privatizar lo rentable y repartir deudas entre todos. (Aplausos). En cuanto al tema de marras, señorías, comparezco en nombre del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR para anunciar nuestro voto favorable, como ya saben, a este proyecto de ley que traspone la directiva europea relativa al sistema europeo de intercambio de antecedentes penales. Valoramos positivamente algunas de las cuestiones que se han ido cambiando y los cambios relevantes, pero también quiero agradecer el trabajo que han hecho los compañeros de Izquierda Unida y, en concreto, Enrique Santiago. Uno de estos cambios era que antes, si el Estado en el que se había condenado a un ciudadano solicitaba que se eliminase información relativa a ello por algún motivo, esta quedaba borrada. Ahora debe quedar constancia de que el Estado en cuestión solicitó la eliminación de esos datos. Ahora cada Estado tiene que indicar si la información de nacionalidad podría ser o no usada fuera de ese procedimiento penal. El nuevo cambio también incluye que se informe en los casos en los que la persona condenada no tenga una nacionalidad definitiva o que tenga apatridia. Anteriormente, el Estado miembro en cuestión tenía la posibilidad de incluir información penal del ciudadano y sus huellas dactilares si disponía de ellas, y ahora tiene que volver a tener ese deber de incluirlas —s‌ i las tiene—, pero, además, su imagen facial. Son cambios que es verdad que son beneficiosos para toda la ciudadanía. Estos datos, además, deberán ser incluidos sin demora en el sistema. Si un ciudadano de la Unión Europea ha solicitado un certificado de antecedentes penales en España también se consultará a través del sistema ECRIS si la persona solicita este informe de otro país. Si se cancelan o eliminan los antecedentes penales de un ciudadano, el Estado miembro tiene un mes para eliminarlos también de la plataforma.

Por todo ello, quiero decir que nos congratulamos porque se ha hecho un gran trabajo. Además, esta mejora de la legislación ha venido con un amplio consenso por parte de muchos grupos de la Cámara y ha habido un amplio acuerdo. Pero nos gustaría añadir que tanto nuestro grupo parlamentario como el Grupo Mixto veníamos reivindicando una cuestión, y es la disposición adicional recogida en el dictamen aprobado por la Comisión de Justicia, que aborda la cancelación de la inscripción de antecedentes penales en el registro de penados. Este texto establece una cosa que entendemos que es un problema grave, que es un silencio administrativo negativo si no se contesta en plazo a esta solicitud de antecedentes. Claro, con esto no podemos estar de acuerdo porque se está generando no solo una indefensión, sino un grave perjuicio en muchas de estas cuestiones, sobre todo en casos de extranjería. Por ello, optamos a un silencio administrativo positivo para garantizar los derechos de todas las personas y mejorar esta ley.

En todo caso, lo verdaderamente importante es que los antecedentes penales de una persona se basen en hechos reales y sentencias justas y no, por ejemplo, en la injusta sentencia, fundada en ningún hecho, de las seis de La Suiza o los seis de Zaragoza que, como decía ayer Spanish Revolution, llevan ya sesenta y un días en prisión por un delito que no cometieron. (Aplausos). Mientras tanto, empresarios acusados de abuso sexual a menores en Murcia se libran de la cárcel por retrasos en el sistema; retrasos en el sistema para unos y para los otros cárcel. Señores, esto no es justicia, es una vergüenza. Los seis de Zaragoza son chavales que se manifestaron contra ustedes en 2019, contra sus proclamas racistas, contra sus programas xenófobos y que sufrieron una pena de cuatro años y nueve meses de cárcel y siguen en prisión por un caso que se han inventado. Siguen en prisión porque no se les dejó aportar ningún tipo de prueba, ni la testifical, por un lado, ni se les dejó tampoco aportar prueba documental o prueba de las cámaras de seguridad que demostraban que eran inocentes. Es una condena con un solo propósito: instalar el miedo en la juventud aragonesa y de todo el Estado.

El mensaje es claro: El poder no está en el Congreso. Yo lo siento mucho, señores de VOX, lo siento mucho por los votantes jóvenes de VOX, que dicen que se están revelando contra algo. No se están revelando contra nada, no hay ningún poder. Cuando la izquierda tiene el poder ―como dice mi compañero Íñigo Errejón― tiene el 20 % del poder. Porque el poder no está aquí, el poder está fuera del Congreso, está en el oligopolio eléctrico-bancario, en las distribuidoras de alimentos, en el Poder Judicial y en un Estado profundo que, al final, viene sin limpiarse desde el franquismo. Y si el pueblo se enfrenta a ese poder ya vemos lo que pasa, que se aplica la política del miedo. Porque si te manifiestas contra los ideales de la ultraderecha, vas a la cárcel. Sí, se ríe usted, señor Joaquín Robles, pero la ultraderecha es impune. Es impune, da igual lo que haga. Se puede manifestar en Ferraz sin convocar, también. Puede hacer lo que quiera, puede agredir a periodistas, puede agredir también a diputados como al señor Herminio Sancho, puede hacer lo que le plazca porque es impune. Depende de tu ideología tendrás o lawfare o condena. (Aplausos).

Vemos cómo el pueblo grita en las manifestaciones el principio de «Todos contra el poder», «Al final van a caer»; echas a correr y luego es: uno, dos y tres, vamos a por él; pero, en este caso, son cuatro personas las que están en la cárcel de forma injusta. Por ello, Chunta Aragonesista y el Grupo Plurinacional SUMAR vamos a manifestar siempre nuestro apoyo a los seis de Zaragoza, vamos a luchar por su indulto. Y comunicamos que el día 23 ―por si acaso quieren venir, señores de VOX― celebraremos aquí, en el Congreso, unas sesiones en apoyo al indulto de los seis de Zaragoza.

Y acabo donde he empezado, señorías del PP, voceros de los poderosos: no van a conseguir instalar esa política del miedo. Los aragoneses ―y los jóvenes aragoneses en concreto― queremos construir un Aragón mejor. Venimos a construir una alternativa a ese Gobierno de vendidos a lo privado; con una sanidad pública y digna; con una vivienda pública y digna; con una vivienda que no tenga especulación; con una educación pública y digna que no se ría de los profesores, de los alumnos y de las familias, y queremos una justicia y una democracia reales. Así que, más vale que se acostumbren, señores del PP, a estas camisetas, porque las tienen para rato. (Aplausos).

Gracias, señor presidente, con su venia. Bueno, me he quedado perplejo con la intervención del que me ha precedido en el uso de la palabra. Pero, en fin, centrándonos en el tema del orden del día, debatimos hoy sobre dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, en relación con el proyecto de ley orgánica, por la que se modifica la Ley Orgánica 7/2014, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, para su adecuación a la normativa de la Unión Europea sobre el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales. Señorías, el Gobierno no afronta los problemas reales que afectan a la justicia en España y se dedica a presentar parches, y, en el presente caso, con dos años de retraso. La justicia española está hoy peor que hace cinco años y que hace diez y, sin ninguna duda, que hace veinte. Una sociedad democrática moderna se escandalizaría de comprobar cómo funciona la justicia en España. Parece, sin embargo, que no ocurre así en nuestra nación. Miren, con un número de jueces en España que es la mitad, aproximadamente, de la media europea ―veintiún jueces por cien mil habitantes en Europa y once en España―, la situación de la justicia es, en opinión de los propios jueces, claramente mejorable en diversos aspectos, tanto a nivel general como en el orden jurisdiccional penal, según se desprende de la encuesta realizada por el Consejo General del Poder Judicial, en el marco del convenio firmado con transparencia internacional. En los últimos años han aprobado importantes reformas que han pretendido agilizar la tramitación de los procedimientos ante las jurisdicciones civil, contencioso-administrativa y social, pero sigue pendiente un cambio real del procedimiento penal, que no hay que olvidar que es el que da respuesta a casi dos tercios de los asuntos que cada año ingresan en nuestros órganos judiciales. Tras sesenta y cinco modificaciones ―bueno, con la del punto anterior del orden del día de hoy, si se aprueba, sesenta y seis― de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 se pone de relieve la necesidad de un nuevo texto que no soporta más parches. Señorías, una sociedad avanzada, informada, tecnológicamente más desarrollada y mejor comunicada merece una organización acorde con sus necesidades que pueda dar, sin merma de garantías, una respuesta rápida y de calidad a los conflictos que la justicia tiene que resolver, aprovechando sus recursos personales y materiales de una forma racional. Es parecer unánime que el diseño actual está agotado y no debería demorarse por más tiempo una reforma. Señorías, la experiencia en la aplicación de la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, muestra la oportunidad de reformar determinados aspectos relativos al intercambio de información de antecedentes penales con el resto de países de la Unión Europea que venían siendo regulados tanto en la referida ley orgánica como en el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, con sujeción, en todo caso, a la regulación vigente en el tratamiento de datos de carácter personal. Se modifica así la rigidez del actual sistema, que impide la retransmisibilidad de todas las sentencias dictadas en España, de acuerdo con la Decisión Marco 2009/315, respecto tanto de condenas dictadas por los tribunales españoles como de las recibidas por parte de las autoridades centrales de otros Estados miembros, sustituyéndolo por otro más flexible y acorde con el principio de reciprocidad, con arreglo al tratamiento que le dan los Estados a este parámetro y sin perjuicio de la salvaguarda de la reserva a las autoridades judiciales españolas, entendiendo por estas, de acuerdo con el concepto autónomo acuñado por la Unión Europea, los jueces, los tribunales y fiscales dentro de sus respectivas competencias. Señorías, en los últimos años viene observándose un preocupante aumento de la delincuencia juvenil, así como su potencial peligrosidad materializada, fundamentalmente, en delitos contra las personas, lesiones, violencia doméstica, contra la libertad sexual, acosos, delitos de odio y nuevas formas delictivas potenciadas, fundamentalmente, por el uso de las nuevas tecnologías. Considerado insuficiente el actual Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores, urge la necesidad de articular un registro de menores que albergue la inscripción no solo de sentencias firmes, sino también de las medidas cautelares adoptadas para la custodia y defensa del menor expedientado o para la debida protección de la víctima, así como la inscripción de requisitorias y sentencias no firmes recaídas en estos procedimientos. Y, en esto, divergimos o disentimos de la propuesta de enmienda de Podemos. Este registro pretende ser un instrumento de información integrado de gran utilidad, que permitirá al órgano judicial disponer de otros elementos de juicio, además de los ya existentes, a fin de ponderar sus resoluciones en las distintas fases del procedimiento, y permitirá una comunicación automática de las distintas órdenes y medidas de protección a las fuerzas y cuerpos seguridad del Estado.

En definitiva, nos encontramos ante un proyecto de ley de carácter técnico que no hace más que adaptar nuestra legislación a la normativa europea, creando unos instrumentos de información de gran utilidad.

Termino ya, señor presidente. A pesar de ser una iniciativa de un Gobierno presidido por un autócrata que pretende gobernar con o sin la concurrencia del Poder Legislativo, votaremos a favor de este proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, como ya se ha señalado, hoy aprobaremos el proyecto que modifica la Ley Orgánica 7/2014, sobre intercambio de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la Unión Europea. Ya se ha visto que esta ley contará con un amplio apoyo del Congreso, de esta Cámara, con la unanimidad de todos los grupos, incluido el voto favorable de la extrema derecha que, después de un discurso ―el suyo, el habitual― apocalíptico en Comisión, preñado de ruido y furia para justificar su abstención en Comisión, ha venido hoy al Pleno del Congreso con un talante bastante sorprendente para lo que nos tiene acostumbrados para justificar su voto favorable. En una semana ha pasado de la abstención al voto favorable.

En todo caso, el Grupo Socialista celebra este acuerdo mayoritario que, señorías, muestra una vez más la capacidad del Gobierno progresista para impulsar su agenda de reformas con sucesivas iniciativas legislativas, como la que hoy aprobaremos. Señorías, este Gobierno tiene una capacidad incontestable e incuestionable para articular acuerdos y pactos políticos; consensos parlamentarios que se traducen en un ambicioso programa legislativo que avanza sin pausa de forma inexorable. Un impulso legislativo que arrancó al inicio de esta legislatura nada más y nada menos que con una reforma constitucional y que ya se ha traducido en once leyes y decretos leyes publicados ya en el Boletín Oficial del Estado. No solo eso, otros cuatro proyectos de ley ya han sido remitidos por esta Cámara al Senado, y otras veintiuna iniciativas legislativas del Gobierno también avanzan día a día en su tramitación en esta Cámara, por no mencionar las cinco proposiciones de ley que el Grupo Socialista ha promovido en esta Cámara. Todo ello, señorías, en apenas seis meses efectivos de legislatura. Señorías, con estos datos creo que nadie se atreverá a cuestionar la ambición del programa legislativo del Partido Socialista. ¿Se atreverá alguien a negar la utilidad y la capacidad del Gobierno y del Grupo Socialista para lograr los acuerdos parlamentarios necesarios? Si así fuera, señorías, no sería ni justo ni razonable. (Aplausos).

Además, hoy celebramos que el Partido Popular abandone su habitual estrategia obstruccionista, que contribuya con su voto favorable a sumar mayorías parlamentarias y que haga por fin una oposición útil. Nunca es tarde. Los españoles demandan y merecen diálogo y acuerdos, acuerdos entre los partidos, pacto y consenso; en definitiva, política con mayúsculas. Un consenso necesario en política nacional e ineludible al incorporar el derecho europeo, como hace la ley que hoy aprobaremos.

Este proyecto de ley ―se ha señalado ya― persigue la adecuación de la normativa española sobre intercambio de antecedentes penales a la normativa europea, trasponer la Directiva 2019/884. Una reforma que busca perfeccionar la participación de España en el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales y, con ello agilizar la cooperación judicial en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la delincuencia transfronteriza, toda vez que este sistema electrónico de interconexión de bases de datos permite a los Estados intercambiar información sobre antecedentes y condenas de forma rápida y sencilla, posibilitando a jueces, fiscales y autoridades administrativas acceder fácilmente al historial delictivo y evitar que se eluda el pasado criminal desplazándose a un Estado distinto del de condena.

Señorías, esta reforma incorpora medidas concretas para facilitar este intercambio. Medidas como la ampliación de la información identificativa o el intercambio de información sobre condenas de nacionales, de terceros países y apátridas o la transmisión de información a través de otros medios seguros en caso de imposibilitarlo el sistema automatizado. Además, señorías, este proyecto de ley no se limita a trasponer la Directiva 2019/884. Con ser importante el cumplimiento de esta obligación europea, la ambición del Gobierno ha ido más allá al introducir otras novedades legislativas. En particular, merece ser puesta en valor la creación de un nuevo registro de menores para la inscripción de sentencias firmes, no firmes y medidas cautelares, a fin de garantizar la custodia y defensa del menor y la protección de las víctimas. Señorías, se trata de un registro necesario a causa del aumento de la delincuencia juvenil y la peligrosidad que acompaña el uso de nuevas tecnologías.

Termino, presidente. Hemos acordado y enmendado con la mejor disposición y voluntad negociadora de la que hemos sido capaces y el resultado es un amplio acuerdo. Un pacto, señorías, para honrar nuestros compromisos europeos, para agilizar la cooperación jurídica europea y para fortalecer el Espacio Europeo de Libertad, Justicia y Seguridad. Un acuerdo en beneficio de todos los españoles, de su seguridad, de sus derechos y de sus libertades.

Nada más y muchas gracias, presidente. (Aplausos).

Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes. Efectivamente, como ya se ha dicho, lo que hoy viene aquí es una simple trasposición de una directiva que en el proceso previo al llegar a la Cámara ha tenido más observaciones técnicas que enmiendas, lo que da una pista del tipo de texto del que estamos hablando. Es una directiva que ―como ya se ha dicho― debería haber sido traspuesta hace dos años, es decir, llega con dos años de retraso cuando era una cosa relativamente sencilla, y lo único que hace, a pesar de lo que acaba de decir el portavoz del Partido Socialista, es demostrarnos una vez más que el Gobierno del señor Sánchez está más ocupado en ir contra jueces y medios de comunicación (aplausos) que en activar normas y tener una normalidad legislativa en esta Cámara, eso sí, salvo que esté en juego el sillón de cualquiera de los miembros del Gobierno, como sucedió con la ley de amnistía. En ese caso, sí; en ese caso este Gobierno viene a la Cámara, trae leyes y busca acuerdos, desde mi punto de vista, con quien no debe para hacer cosas que no son propias de un gobierno que cree en la unidad del Estado español. Qué papelón tienen ustedes cuando su portavoz tiene que venir aquí a presentar hoy un proyecto de ley que apenas son tres hojas y que, como les he dicho, ha tenido escasas enmiendas y muchas aportaciones técnicas. La verdad es que esconder la falta de función legislativa que se está produciendo en esta Cámara a consecuencia de la acción del Gobierno —‌o de la inacción del Gobierno— y, sobre todo, de lo que la Presidencia de la Cámara está consintiendo es inadmisible. Tengo que recordarles, a pesar de lo que ha dicho el portavoz socialista, que este Ejecutivo es el único que lleva años gobernando básicamente a través de decretos, que no de leyes, hurtando la función legislativa que esta Cámara tiene. Yo les tengo que recordar a todos ustedes, aunque supongo que lo saben, que los decretos son una herramienta jurídica para situaciones especiales que el Ejecutivo no debería utilizar nada más que en supuestos excepcionales y que, por supuesto, no son una herramienta —‌y esto es lo que está haciendo habitualmente el Gobierno— para no traer aquí leyes —‌porque, claro, el portavoz del Partido Socialista ha dicho que en un año que llevamos de legislatura han venido cinco leyes y con esta seis; claro, una ley que es la trasposición de una directiva—, para no tener que explicar aquí cuál es su política legislativa o, sobre todo, para gobernar sin una mayoría parlamentaria. Eso sí, lo que sí hizo bien el señor Sánchez es que, previendo lo que se le venía encima en esta legislatura, nombró ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes al señor Bolaños, que hoy no está aquí presente. Un ministro que, en vez de velar por la división de poderes, el respeto a los mismos y las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, lo que hace es utilizar su función al antojo de su mentor. Su perfil está claro. Es un ministro que tiene la obligación de impulsar las buenas relaciones de esta Cámara con el Ejecutivo y es un ministro que la semana pasada dijo —‌y siento que no esté aquí para escucharlo— que los tres poderes están funcionando con normalidad. Eso dijo el señor ministro. ¿Ustedes creen que traer aquí una trasposición de una directiva es que el Poder Legislativo esté funcionando con normalidad? Esto no es admisible. (Aplausos). El Gobierno, con la ayuda de la Cámara, mantiene al Poder Legislativo paralizado. Yo no sé cómo no se ha ruborizado el portavoz del

Partido Socialista al decir que solo cinco leyes han venido en este periodo a esta Cámara. Gobierna el Ejecutivo, como les he avanzado, a través de decretos y eso es un desprecio a estas Cámaras. En un año de legislatura, apenas han aprobado cinco leyes, como bien ha dicho el portavoz socialista, y alguna de ellas cediendo a las exigencias del Partido Popular para aprobar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Como les decía, las relaciones del Ejecutivo con las Cortes debieran ser otras y está claro que el Ejecutivo no es capaz de traer aquí, cumpliendo con su función, las normas que este país necesita, las leyes que este país necesita. Su falta de una mayoría hace que se produzca una gran inestabilidad por mucho que los ministros se empeñen en decir que los poderes están funcionando con normalidad. El Ejecutivo está lastrando la legislatura por su falta de posibilidad de aprobar leyes en esta Cámara, pero les tengo que decir, aprovechando la ocasión, que siempre con la connivencia de la Presidencia de esta Cámara, porque esta Cámara le está permitiendo que falte actividad legislativa, que haya una ausencia de control al Gobierno real, que haya faltas de decoro e, incluso, que se hable aquí de otro poder, como el Poder Judicial, insultando a jueces y magistrados. (Aplausos). ¿Ustedes se imaginan que yo dijese en esta Cámara en este momento —‌que es algo que no se me ocurriría en la vida— que el señor Sánchez es un personaje indecente o que el Ejecutivo es una mafia política? Porque esto se ha dicho aquí del Poder Judicial y de jueces con nombres y apellidos y ni el Ejecutivo ni la Presidencia de la Cámara han alzado la voz para defender al Poder Judicial. (Aplausos). ¿Saben lo que hace el Gobierno? No legisla, viene aquí cada miércoles a hacer una pantomima, viene aquí a hacer una sesión de control en la que los ministros responden no a lo que se les está preguntando, sino que responden como quieren. Eso, a fin de cuentas, les voy a decir que, aunque todos permanezcamos callados, es una falta de respeto no a todos nosotros que estamos aquí escuchando las respuestas que dan los ministros, sino que es una falta de respeto a todos los españoles que nos han puesto aquí para poder ejercer esa función de control. (Aplausos). La pasada semana el ministro de la Presidencia deseaba a todo el que le interpelaba que hubiese tenido buenas vacaciones.

Voy terminando. Yo lo que le digo al ministro es que el que ha tenido buenas vacaciones ha sido él desde el comienzo de la legislatura.

Esta forma de obrar del Gobierno es una forma inadmisible, pero no se preocupen, que frente a esta forma de desgobierno el Partido Popular seguirá trayendo leyes a esta Cámara; leyes que, de verdad, importan a los españoles y leyes que, de verdad, pueden mejorar la vida de los españoles con soluciones positivas.

Para finalizar tengo que decir que, claro, hoy hemos conocido su acción de destrucción de la democracia última, que es el plan de acción democrática que el presidente del Gobierno ha dicho que llevaría hoy a Consejo de Ministros…

Un segundo, señor presidente.

Su plan de acción democrática, ese que nació durante sus cinco días de reflexión, ¿saben lo que es? Es el plan de Sánchez para controlar los medios de comunicación y decidir cuál es…