Proposición de Ley relativa a la regulación de los contratos de alquiler de vivienda por temporada y alquiler de habitaciones.

Gracias, señora presidenta. Hoy abordamos una cuestión que todo el mundo —‌vote lo que vote, tenga las simpatías que tenga y tenga las preferencias electorales que tenga— sabe que es una necesidad acuciante, sabe que es un drama social y sabe que es un clamor; un drama que afecta a todas las españolas y los españoles, pero particularmente a los jóvenes. El derecho a la vivienda, el derecho a tener un hogar en el que construir un proyecto de vida, el derecho a elegir si se quiere vivir solo o se quiere vivir en pareja, con amigos, con hijos, cerca de tus padres o de tu familia, en tu pueblo o en tu barrio hoy no se está cumpliendo en España. Demasiada gente en nuestro país sabe lo que es vivir con la angustia permanente de que te puedan subir el alquiler, de que te echen de tu casa porque no puedes afrontar cien, doscientos, trescientos o cuatrocientos euros más y la angustia de saber que ahí fuera, en el mercado, quizá tampoco pueda existir otro alquiler que te puedas permitir. Demasiada gente sabe lo que es vivir con la incertidumbre y el agobio de que lo más probable es que tengas que mudarte de barrio, cambiar a tus hijos de colegio, cambiar las rutas de transporte, tener que cambiar el conjunto de tu vida y de tus relaciones comunitarias. Demasiada gente sabe lo que es la vergüenza de tener que volver a casa de tus padres, de tener que seguir compartiendo piso a los cuarenta o de tener que seguir conviviendo con una persona con quien no quieres seguir conviviendo, pero que necesitas para poder pagar el alquiler o afrontar la hipoteca. Demasiada gente sabe lo que es no encontrar casa en tu pueblo o en tu ciudad porque tienes la mala suerte de haber nacido en una zona turística en la que solo te hacen contratos de septiembre a junio, porque el resto de los meses están reservados a multiplicar las ganancias con el alquiler turístico. Demasiada gente, simple y llanamente, no puede construir proyectos de vida en nuestro país. Esto no es una casualidad, esto tampoco es reciente, esto no es algo que de repente acabe de suceder, es algo que se viene cultivando desde hace mucho tiempo; es el resultado de un desequilibrio profundo de poder en nuestro país entre una minoría propietaria que impone sus condiciones y una mayoría que se ve sometida a condiciones que no puede elegir. (Aplausos). Hay quienes defienden, desde posiciones que se autodenominan liberales, que este problema se arregla solo, que lo que hay que hacer es dejar al mercado porque lo va a arreglar solo y que toda intervención pública se convertiría en un bumerán que acabaría empeorando la situación y, en este caso, elevando los precios. Vamos a poner dos ejemplos, porque las ideas se miden en sus efectos. La gente que dice que cualquier intervención pública lo que va a hacer es encarecer los precios decía lo mismo, por ejemplo, con la intervención de los mercados energéticos en España. Si el Estado asume sus responsabilidades e interviene en la fijación de precios de la energía lo que pasará es que los precios se dispararán. ¿Qué ha sucedido? Que hoy tenemos la energía mucho más barata que la media de la Unión Europea gracias a una intervención pública decidida al lado de las familias y no al lado de las grandes energéticas. (Aplausos). Segundo ejemplo de esta supuesta idea, que dice: No, no, es que, si el Estado interviene, los precios se disparan. Quienes defienden esta idea nos decían que si el Estado tomaba parte decidida para proteger la renta de las familias trabajadoras, que si tomaba parte decidida para proteger las condiciones de vida de los trabajadores, las consecuencias iban a ser las contrarias de las buscadas; así que, si realizábamos una reforma laboral, por primera vez en décadas, para mejorar los derechos de los trabajadores o si subíamos el salario mínimo interprofesional, se iba a disparar el desempleo. Hoy, hay más trabajadores que nunca trabajando en España, en mejores condiciones y con el salario más alto. (Aplausos). En realidad, el debate no es sobre si tiene que haber intervención pública en el mercado de la vivienda o no; es el debate sobre si, por primera vez, esta intervención se hace para garantizar los derechos de quienes necesitan una vivienda y no pueden elegir, o la intervención pública se sigue haciendo al dictado de los grandes tenedores de vivienda, de las oligarquías rentistas, de los fondos buitre y de los bancos. (Aplausos). En este caso, además, es particularmente sangrante, porque saben ustedes que el mercado de la vivienda es un mercado muy imperfecto; no existen los mercados perfectos, salvo la cabeza de tipos, no sé, como Milei. El mercado de la vivienda es un mercado particularmente imperfecto porque, en primer lugar, la demanda es inelástica. La gente no puede elegir libremente si alquila o si compra una casa; la gente no puede elegir no consumir o no acudir al mercado de la vivienda. Sean cuales sean los precios, sean cuales sean los abusos, sean cuales sean las condiciones la gente no es libre para decidir no alquilar o no comprar una casa. Igual que pasa, por ejemplo, con la sanidad. La gente no es libre para decidir no curarse si está enferma. Por eso, hace tiempo que decidimos que la sanidad la sacábamos del mercado para garantizar un derecho. Lo que hicimos con la sanidad y generó tranquilidad es hora de hacerlo ya de una vez con la vivienda. (Aplausos). Y, en segundo lugar, porque el mercado de la vivienda es un mercado oligopólico, donde la gran propiedad está concentrada en muy pocas manos, que, así, pueden imponer sus condiciones, pueden abusar, pueden encontrarles rendijas a las normas, pueden marcar condiciones a las que el resto, simple y llanamente, no puede escaparse; simple y llanamente le toca decir que sí, y eso no es ningún tipo de libertad. Les doy dos datos. Uno no es del sindicato de inquilinos, es del portal inmobiliario Idealista. Los dos mayores caseros en España no son unas abuelas con un piso que complementa su pensión ―eso es un animal mitológico detrás del cual ustedes se esconden―, sino que son: Caixabank y el fondo buitre Blackstone. Segundo dato, en Barcelona casi la mitad de los pisos en alquiler son de propietarios que tienen seis o más viviendas; seis o más viviendas no es un pequeño propietario que tiene que compensar su salario con un poquito de una vivienda. Alguien que tiene seis o más viviendas es alguien que todos los días puede permitirse no trabajar, viviendo exclusivamente de las rentas, sin generar un solo empleo, sin generar valor añadido, sin modernizar nuestro país y detrayendo recursos de la economía productiva para ponerlos al servicio de la economía rentista. Que en España los precios de la vivienda estén disparados no es una desgracia, no es una casualidad; es simple y llanamente el resultado del desmesurado poder de una minoría por encima de la mayoría, y es necesario que este Congreso empiece a tomar cartas en el asunto.

Todos ustedes, que muchas veces mencionan permanentemente la Constitución para tirársela a la cabeza de otros, se olvidan sistemáticamente de los artículos que no les gustan. El otro día lo dijo la vicepresidenta, Yolanda Díaz: no se puede ser constitucionalista a tiempo parcial. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Ojo, los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. No es la Constitución de la Unión Soviética, es la Constitución española. (Aplausos).

En este caso, después de mucho tiempo de haber fomentado un modelo en el que se intentaba construir un bloque inmobiliario rentista, en el que la clase media aspiraba a poder tener una casa que dejar en herencia a los hijos, que compensara las rentas cada vez más insuficientes del trabajo, lo que ha sucedido es que ese modelo se ha hecho insostenible; y como se ha hecho insostenible, a todos los españoles ―también a sus votantes― les resulta una fuente cada vez mayor de angustia, de incertidumbre, de quebraderos de cabeza, de miedo y de inseguridad conseguir tener una vivienda.

En ese sentido, los legisladores vamos tarde. Y vamos tarde, también, porque, a cada medida que hemos adoptado, los propietarios han conseguido brechas, rendijas por las que colarse, para no cumplir la ley. Un ejemplo es la propuesta que traemos hoy: el alquiler de temporada se ha convertido en una rendija por la cual los propietarios pueden cometer fraude de ley. Por ejemplo, hoy se están usando contratos de temporada y de habitaciones para esquivar la Ley de Arrendamientos Urbanos y la regulación de alquileres. Por ejemplo, la Ley de Arrendamientos Urbanos obliga al arrendador a realizar contratos de cinco o siete años, durante los cuales no se puede subir, más allá del IPC, el precio del alquiler. ¿Qué hacen muchos propietarios? Hacen un uso fraudulento de los contratos de temporada y, por tanto, pueden subir el precio del alquiler año a año o echar a los inquilinos.

Cuando nosotros estamos proponiendo esta PL, esta proposición de ley, estamos diciendo que hay que hacer cambios muy concretos, cambios quirúrgicos que ayuden a solucionar esta rendija y a dar garantías a quienes necesitan un alquiler a un precio asequible. Hoy es norma general las subidas arbitrarias cuando llega junio o cuando llega la nueva temporada. Con esta propuesta de ley, en primer lugar, limitamos la duración máxima de contratos de alquiler temporales o de habitaciones a seis meses. Superados dos periodos de seis meses encadenados se considerará un contrato de vivienda habitual y se aplicará ―como debe ser― la Ley de Arrendamientos Urbanos. En segundo lugar, se acabó la barra libre para el propietario. No podrá ser él el que decida que se trata de un alquiler de temporada. Con esta proposición de ley se introduce la obligación de justificar la necesidad de la temporalidad. Hay que probar esas circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista; y si no se justifica adecuadamente la temporalidad del contrato, entonces se considerará como un contrato de vivienda habitual. En tercer lugar, se acabó tener que hacerte cargo de los desperfectos de una vivienda que no es tuya. Esta proposición de ley iguala los derechos de los inquilinos a los de vivienda habitual; y si tienes desperfectos o reparaciones en tu casa, esas reparaciones las pagan los caseros, como tienen que hacer si es una vivienda de alquiler permanente. En cuarto lugar, hasta ahora es posible que te pidan pagar hasta dos meses de fianza en un alquiler de temporada. Este abuso se acaba con esta proposición de ley. Si vives en un piso de temporada, la fianza será, como máximo, la mitad de tu mensualidad. Estamos hablando única y exclusivamente de cerrar una rendija para garantizar que los grandes propietarios cumplen la Ley de Arrendamientos Urbanos y que cerramos esa brecha que ha permitido abusos hasta ahora.

Lo quiero decir de manera muy clara. Esta es una etapa de desorientación y de hastío que puede llevar a mucha gente a alejarse de la política, y esto es regalar las decisiones políticas a los poderosos o, peor, cargar sus frustraciones contra los más vulnerables. Frente a eso, es necesario recuperar la iniciativa, salir de la defensiva y dar pasos que demuestren que se puede seguir avanzando y hacer más fuertes a los más débiles, con más confianza en sus propias fuerzas, con más herramientas y más autonomía para ir a por más. En un momento de bloqueo y de bucle en el sistema político, la solución que puede desequilibrar la balanza a favor de la conquista de derechos y, por tanto, de la limitación del poder absoluto de los amos del dinero, en este caso, está fuera, está en la activación popular. Lo digo muy claro, esta ley no es nuestra, esta ley es la ley de los movimientos sociales, de los colectivos vecinales, de las organizaciones de defensa del derecho a la vivienda, del Sindicat de Llogateres, del sindicato de inquilinos. (Aplausos). Es una ley que no nos han pedido que hagamos. Este esquema, a nosotros, defensores de la autonomía, nunca nos ha gustado. No es que haya gente que en lo social proteste y, después, nos pidan que hagamos leyes. No es que ellos se ocupan de lo social y nos piden a nosotros que hagamos nuestro trabajo en lo político. Esta es una ley que han hecho las organizaciones de la vivienda. Es una ley que, por supuesto, está abierta a las negociaciones, pero es una ley solvente, es una ley justa y es una ley precisa que ayuda a resolver una brecha por la que se están colando muchos abusos. (Aplausos). Es una ley que nosotros vehiculamos, que nosotros negociamos, que nosotros defendemos y que nosotros impulsamos, pero no lo hemos hecho solos. Esta ley la firmaron también en su día Esquerra Republicana de Catalunya, Bildu, el Bloque Nacionalista Galego y Podemos. Queremos agradecer a todas las organizaciones y a toda la militancia su empuje y su trabajo solvente. Queremos agradecer, y quiero hacerlo en particular, a las compañeras y a los compañeros que, en el Grupo Plurinacional de SUMAR, trabajan en la vivienda. Y quiero agradecer, particularmente, a Gala Pin su optimismo radical e inquebrantable, que hace que las cosas, finalmente, sean posibles. (Aplausos).

Acabo, señora presidenta, a nosotros nos parece que abordar de manera inteligente, de manera valiente, de manera contundente y con los principios claros el drama y el abuso que hay con la vivienda en España es absolutamente prioritario, en primer lugar, para que los proyectos de vida puedan volver a ser posibles, para que la gente pueda ser adulta en términos civiles y pueda establecer proyectos de vida libremente sin estar sometidos a la tiranía de los amos del dinero. En segundo lugar, por salud mental. No vale rasgarse permanentemente las vestiduras con la cuestión de la salud mental y condenar a tanta gente a la angustia, a la incertidumbre, a las noches sin dormir y a las dificultades. En tercer lugar, por la igualdad de oportunidades. Basta ya de darle a la gente la cantinela de que lo que hace falta es esforzarse más y que, si no te va bien, es porque no quieres. La meritocracia, en España, son los padres, pero los padres literalmente, la herencia que te pueden dejar los padres. Un país con igualdad de oportunidades es un país que acaba con esta brecha de ingresos entre los propietarios y los no propietarios. En cuarto lugar, por economía. Hay que desincentivar las inversiones en la economía rentista y hay que incentivar las inversiones en la economía productiva que genera empleo. (Aplausos). En quinto lugar, por democracia. Hay que equilibrar la balanza del poder social entre propietarios y no propietarios. Por mucho que las elecciones sean libres y competitivas, si la balanza del poder social está tan desequilibrada entre propietarios y no propietarios, eso siempre se acaba reflejando también en la balanza del poder político. Un país con democracia es también un país con mayor igualdad.

Y, en sexto lugar, por soberanía, y aquí nos gustaría encontrar a muchos que se hacen llamar patriotas. Basta ya de sentirnos extranjeros en nuestras propias ciudades; basta ya de que, si has nacido en una isla o en una ciudad de costa, no puedes vivir en tu ciudad o en tu pueblo. (Aplausos). Basta ya de que te tengan que echar de tu barrio. Basta ya de que nuestras ciudades se las acaben quedando los fondos buitres.

Acabo, señora presidenta. Nosotros tenemos propuestas claras y tenemos un punto de vista muy decidido, y así lo hemos defendido en nuestra propuesta para los presupuestos generales del Estado. Sin embargo ―quiero ser muy claro―, lo que hoy defiendo en esta tribuna no es el conjunto de nuestras propuestas, es una cosa mucho más modesta. Nosotros queremos ir mucho más lejos, pero nos hacemos cargo de la aritmética parlamentaria y del equilibrio de fuerzas que hay en este Parlamento. No les pedimos hoy el voto para el conjunto de nuestros proyectos de vivienda, no les pedimos el voto para el paquete completo de nuestras ideas de cómo habría que abordar las medidas de vivienda. Estamos convencidos de que son las mejores, las más justas y las más eficaces. Se lo pedimos para corregir un abuso concreto que permite que los propietarios se salten la Ley de Arrendamientos Urbanos. Les pedimos que la acepten a trámite. Esperamos muy poco de la derecha y de la extrema derecha. Agradecemos mucho a los grupos que han apoyado esta iniciativa, se lo agradecemos también a quienes con su abstención van a permitir posiblemente que se tramite y aspiramos con todos a mejorarla en el proceso de trámite de la ley.

Muchísimas gracias, señora presidenta. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).

Boa tarde. Obrigado, señora presidenta. Hoxe xa ninguén nega que as dificultades para verificar o teórico dereito á vivenda, que dicir para acceder a unha vivenda digna, quer en propiedade, quer en aluguer, é un problema de primeira magnitude que os poderes públicos deben abordar con urxencia e con decisión. Hoxe debatemos unha proposición de lei nacida do impulso social e rexistrada por diferentes forzas políticas, entre elas, o BNG, para regular mellor os alugueres de temporada e de cuartos. Trátase de combater unha fraude crecente que se está a xeneralizar para evitar as obrigas que a LAU establece para arrendadores e arrendadoras e tamén para evitar a desprotección das persoas que se ven obrigadas de forma precarizada, evidentemente, a alugar cuartos. Mais a verdadeira solución, desde a perspectiva do BNG, pasa por políticas públicas decididas que fornezan alternativas habitacionais e residenciais suficientes e de calidade. Reparen, no próximo día 2 de outubro o estudantado das universidades galegas irá á folga convocados por Erguer Estudantes da Galiza para denunciar as condicións imposíbeis dos alugueres e para reclamar máis prazas públicas nas residencias universitarias. Esa mesma iniciativa pública que reclama o estudantado das universidades galegas debe reclamalo o conxunto da cidadanía ás administracións competentes. É unha cuestión de perspectiva e de vontade política. Fixémonos que a Consellería de Vivenda do BNG no Goberno bipartito 2005-2009 impulsou millares de vivendas públicas en só catro anos: 4000 en 2006, 3000 en 2007, máis de 2000 en 2008. E a inercia das vivendas programadas mantívose aínda durante un tempo, por exemplo, case 3000 vivendas en 2010, cando xa gobernaba o Partido Popular. Cando esa inercia se disipou, as vivencias públicas do PP tenderon a cero. En catro anos, foron exactamente 16. A espectacular cifra de dúas en 2018. Esas son as políticas públicas, as políticas sociais e as políticas de vivenda do Partido Popular e esa é unha grande diferenza entre o BNG e o PP. E ó PSOE cústalle pasar das declaracións ós feitos e da propaganda á realidade. Pedro Sánchez anunciou a mobilización de 50 000 vivendas da SAREB no ano pasado, despois 43 000 vivendas en alugueiro e aínda 20 000 en terreos de defensa. Infelizmente, todo iso ficou en nada ou case nada. A SAREB, en vez de ceder gratuitamente os inmóbeis para vivenda pública a quen ten as competencias, en Galiza serían por volta de 3000, continúa a especular con eles. Agora o Ministerio anuncia o chamado Plan Viena de colaboración público-privada. Realmente, con ese plan non se dan pasos para a restitución do carácter público do patrimonio da SAREB. Decídese ceder só por un período de oitenta anos a investidores coa única contraprestación de que as vivendas que se coloquen sexan a un prezo dun 20 % por baixo do de mercado. Non vemos realmente interese social nese plan, senón máis ben outra fórmula de rendibilidade para investidores. É un plan pensado para grandes fondos de investimento porque, se se tivese pensado en función do interese social, apostaríase pola cesión deses solos ás comunidades autónomas para vivenda pública en aluguer. Por certo, na primeira fase, a previsión para Galiza é de 337 vivendas. Non poden presentalo como un éxito, señores do Partido Socialista. Si, son máis que as que fixo o PP en catro anos, 16, mais moitas menos que as que impulsou o BNG e, sobre todo, claramente insuficientes para cubrir a demanda e garantir o dereito á vivenda. É preciso traballar nesa dirección hoxe votando a favor desta proposición de lei. Moito obrigado.

Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Hoy ya nadie niega que las dificultades para verificar el teórico derecho a la vivienda, es decir, acceder a una vivienda digna ―ya sea en propiedad, ya sea en alquiler―, es un problema de primera magnitud que los poderes públicos deben abordar con urgencia y con decisión. Hoy debatimos una proposición de ley nacida del impulso social y registrada por diferentes fuerzas políticas, entre ellas el BNG, para regular mejor los alquileres por temporada y de habitaciones. Se trata de combatir un fraude creciente que se está generalizando para evitar las obligaciones que la LAU establece para arrendadores y arrendadoras, y también para evitar la desprotección de las personas que se ven obligadas de forma precarizada a alquilar habitaciones.

La verdadera solución de esta perspectiva del BNG pasa por políticas públicas decididas que aporten alternativas habitacionales y residenciales suficientes y de calidad. El próximo día 2 de octubre, los estudiantes de las universidades gallegas harán huelga convocados por Erguer-Estudantes da Galiza, para denunciar las condiciones imposibles de los alquileres y para reclamar más plazas públicas en las residencias universitarias. Esa misma iniciativa pública que reclaman los estudiantes y ‘estudiantas’ de las universidades gallegas la tiene que reclamar el conjunto de la ciudadanía y administraciones competentes. Es una cuestión de perspectiva y de voluntad política.

La Consejería de Vivienda del BNG del Gobierno bipartito de 2005 a 2009 impulsó miles de viviendas públicas en solo cuatro años. En 2006 cuatro mil, en 2007 tres mil y más de dos mil en 2008. La inercia de aquellas programadas se mantuvo todavía durante un tiempo; por ejemplo, casi tres mil en 2010, cuando gobernaba ya el Partido Popular. Cuando esta inercia se disipó las viviendas públicas del Partido Popular tendieron a cero. En cuatro años fueron exactamente dieciséis; con la espectacular cifra de dos en 2018. Esas son las políticas públicas, las políticas sociales y de vivienda del Partido Popular. Esa es una gran diferencia entre el BNG y el PP.

Al PSOE le cuesta pasar de las declaraciones a los hechos y de la propaganda a la realidad. Pedro Sánchez anunció la movilización de 50 000 viviendas de la Sareb. Después, el año pasado, 43 000 viviendas en alquiler y 20 000 más en terrenos de Defensa. Lamentablemente, todo esto se quedó en nada o casi nada. La Sareb en lugar de ceder gratuitamente los inmuebles para vivienda pública a quien tiene las competencias, es decir en Galicia tres mil, sigue especulando con ellos.

Ahora el ministerio anuncia el plan Viena de colaboración público-privada. Realmente con este plan no se dan pasos para la restitución del carácter público del patrimonio de la Sareb, se decide ceder solo por un periodo de ochenta años a inversores con una única contraprestación de que las viviendas se coloquen a un precio del 20 % por debajo del de mercado. No vemos interés social en este plan, sino más bien otra fórmula de rentabilidad para inversores. Es un plan pensado para grandes fondos de inversión, porque si estuviese pensado en el interés social, más bien apostarían por la cesión de suelo a las comunidades autónomas para vivienda pública en alquiler. Por cierto, en la primera fase la previsión para Galicia es de 337 viviendas; no lo pueden presentar como un éxito, señorías del Partido Socialista. Sí, son más de las que hizo el Partido Popular, dieciséis en cuatro años, pero muchas menos de las que impulsó el BNG y, sobre todo, claramente insuficientes para cubrir la demanda y garantizar el derecho a una vivienda. Es necesario trabajar en esta dirección.

Hoy votaremos a favor de esta proposición de ley. Muchas gracias.

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. En primer lugar, quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento y de reconocimiento a los sindicatos de inquilinos e inquilinas, que son quienes han impulsado esta ley para regular el alquiler de temporada, que no es otra cosa que el gran agujero que el Partido Socialista dejó en la ley de vivienda. Unos sindicatos que por todo el Estado están haciendo lo que debería hacer el Gobierno y no hace, que no es otra cosa que proteger a los inquilinos y a las inquilinas. (Aplausos). Decía el otro día el presidente del Gobierno que si hoy España tiene un problema de vivienda es por el fracaso de las políticas neoliberales que se han practicado durante décadas. Voy a decir que me alegro de que el Partido Socialista por fin haya reconocido que son las políticas del Partido Socialista, el partido que más años ha gobernado en este país en las últimas décadas, las que han constituido un absoluto fracaso y son las responsables de la tremenda inseguridad que vive la gente de nuestro país. Lo que el presidente estaba describiendo es la política de vivienda del Partido Socialista, que es absolutamente indistinguible de la política de vivienda del Partido Popular. El problema, señorías del Partido Socialista, es que no parece que ustedes tengan propósito de enmienda.

En este momento la regulación de precios del alquiler que ampara la ley de vivienda no se aplica en ninguna comunidad autónoma, salvo en Cataluña, donde gobernaba Esquerra Republicana de Catalunya. (Aplausos). Ni en las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular ni en las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Socialista se aplica la regulación de precios. ¿Por qué? Porque ustedes, el bipartidismo, están en rebeldía contra la ley de vivienda, porque ustedes están rendidos a los intereses de los fondos buitre y de los grandes propietarios.

Por mucho que los medios de comunicación digan que el problema de vivienda en España lo tiene Manu Tenorio, todos y todas sabemos que España nunca ha tenido un problema de okupación, tiene un problema, y muy serio, de especulación. Creo que eso se traduce en lo que vimos ayer. El problema de vivienda en España es que un fondo buitre compre entero ―entero― un edificio de viviendas y eche a la calle a una señora de ochenta años, como pasó ayer en Getafe. (Aplausos). Eso es una vergüenza y una ignominia en una democracia y es lo que se está permitiendo. (Aplausos). Son el Partido Popular y el Partido Socialista los responsables de esta inseguridad; los responsables de que, en este país, en este momento, una persona que trabaja de cajera en Carrefour cobrando más o menos 1200 euros tenga que pagar el equivalente a su sueldo entero, señorías, a su sueldo entero para pagar el alquiler de un piso de 70 metros cuadrados y dos habitaciones en Eugenia de Montijo en Carabanchel. Es una absoluta vergüenza, señorías, y eso es el resultado de sus políticas neoliberales de vivienda. Que esa persona esté aterrorizada, que tenga miedo de que una de las dos personas pierda el sueldo porque eso significa que se van a ir a la calle, eso es lo que no se puede permitir. Son el Partido Popular y el Partido Socialista los responsables de una política de especulación que hace que, en este momento, la gente de este país no se pueda ir de casa hasta los 30 años, que la gente tenga que compartir piso hasta los 40. Una realidad de la que no se habla tampoco es que la gente no se puede separar porque no tiene dinero para separarse, porque se arruina pagando un alquiler o tiene que volver a casa de sus padres. (Aplausos).

Repiten ustedes, además periódicamente, que lo que hay que hacer es construir más vivienda, que tenemos un problema de oferta y hay que construir más vivienda. Esto, señorías, se lo voy a decir, es más falso que un billete de 15 euros. Lo que hay que hacer en España para garantizar el derecho a la vivienda y para generar seguridad en la gente es repartir las viviendas que ya existen, es apretar las clavijas a los fondos buitre y a los grandes propietarios. Verían ustedes qué rapidito empieza a subir la oferta, qué rapidito cuando, si tienes acumuladas un montón de viviendas vacías sin ponerlas en alquiler para especular con los precios, te crujo a impuestos y te obligo a que pongas la mitad de esas viviendas en alquiler social. Ya verías cómo se soluciona el problema de vivienda en España. Aunque el Gobierno repita sin cesar que no pueden hacer nada en materia de vivienda —‌lo que me parece absolutamente alucinante—, la realidad es que el Gobierno puede prohibir la compra de vivienda a no residentes. (Aplausos). El Gobierno puede congelar los precios del alquiler. Lo sabemos, señorías, porque Podemos les obligó a hacerlo en la pasada legislatura. Así que, señorías del Partido Socialista, empiecen a enfrentarse a los intereses económicos, que es lo que hay que hacer para solucionar el problema de la vivienda.

Gracias. (Aplausos de algunos miembros del Grupo Mixto, puestos en pie).

Mila esker, presidente andrea. Arratsalde on guztioi. La proposición de ley presentada hoy únicamente por SUMAR, si bien firmada en un principio y anunciada por varios partidos políticos, argumenta la necesidad del cambio de la Ley de Arrendamientos Urbanos alegando que la realización de contratos de temporada y alquileres de habitaciones se ha convertido, en la práctica, en una figura clave utilizada por miles de arrendatarios para esquivar algunos de los preceptos más garantistas de la Ley de Arrendamientos Urbanos y la regulación de alquileres; una lectura muy evasiva y poco acertada de la realidad para evitar reconocer que la ley de vivienda, que los grupos firmantes votaron a favor y aplaudieron hace algo más de un año, ha supuesto un abuso, incluso fraude de ley, al optar por el contrato de alquiler de vivienda por temporada y no al habitual para que no se apliquen algunos preceptos de la ley de vivienda. No me refiero únicamente al referente al control de la subida de los precios de las zonas tensionadas. Me refiero, sobre todo, al fraude de ley para esquivar el contrato de vivienda habitual y que no se le aplique toda la regulación que acompaña que, lejos de crear seguridad jurídica al arrendador, le hace responsable de la situación de vulnerabilidad de aquellas personas inquilinas que no pueden hacer frente al pago del alquiler; responsabilidad que, a nuestro entender y en todo caso, debe recaer en la Administración pública, que es quien reconoce este derecho.

La ministra de Vivienda la semana pasada dijo que el Gobierno iba a seguir trabajando para aportar certeza, seguridad jurídica y garantía no solo a los inquilinos, también a los propietarios, porque no podemos obviar que ellos son —‌el 95 %— quienes están sosteniendo el mercado del alquiler en nuestro país. Lo dijo la ministra, no lo estoy diciendo yo. El 95 % de la vivienda en alquiler procede de particulares en el Estado. Sin embargo, se ha legislado pensando, primero, que las administraciones públicas tienen tanta vivienda pública que se podía obviar el dato y, por lo tanto, no eran necesarios; y, segundo, pensando que estos privados eran todos grandes tenedores. En Euskadi, aunque la falta de vivienda en alquiler de propietarios privados es algo menor, ya que disponemos de más vivienda pública que en el resto del Estado, de esa gran mayoría de pisos de alquiler únicamente el 3,4 % corresponde a grandes tenedores si tenemos en cuenta los grandes tenedores de las zonas tensionadas. Sin embargo, a la hora de regular, en la ley de vivienda, amén de la invasión competencial, no se tuvieron en cuenta estos datos; es decir, que la gran mayoría de los pisos estaban en manos de propietarios particulares y que, a falta de seguridad suficiente, muchos de ellos iban a optar, como ha pasado, por retirar sus pisos del mercado, venderlos o recurrir a la figura del arrendamiento temporal, por no hablar del mercado en B. Tampoco lo están teniendo en cuenta en esta proposición de ley y se llevarían algunas sorpresas si miraran los datos. Esta proposición de ley nace —‌no lo quiero poner en duda— con las mejores intenciones: proteger a aquellas personas que, queriendo alquilar una vivienda habitual, son obligadas a firmar un alquiler temporal por necesidad. Ese abuso supone una constante incertidumbre y desprotección ante la ley, pero las buenas intenciones por sí solas no hacen buenas leyes.

Dicho esto, no podemos regular sin tener en cuenta la realidad: los datos, nos gusten o no, sin hacer un diagnóstico real de la situación, sin reconocer los efectos que está generando la simple publicación en el Boletín Oficial del Estado de la ley de vivienda hace ya más de un año. Cerrar los ojos, obviar la realidad, no va a conseguir que incorporemos —e‌ n este caso a la legislación estatal— las medidas necesarias para hacer frente a una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía y, sobre todo, de las personas jóvenes como es la vivienda. Somos conscientes de la problemática, somos conscientes de la preocupación y desesperación que supone en estos momentos la realidad de la vivienda para muchas generaciones y debemos actuar desde todos los niveles institucionales competentes con legislación, con planificación y con recursos, pero no nos quedamos en la crítica. El Grupo Vasco es constructivo y queremos aportar soluciones reales y efectivas para hacer frente a esta crisis.

Dicho esto, esta proposición de ley se centra en el abuso de la figura de alquiler temporal, en el fraude de ley para evitar la aplicación de la ley de vivienda, pero plantea medidas con las que no estamos de acuerdo, como limitar el alquiler temporal a seis meses. ¿En base a qué seis meses? ¿O siete, ocho, nueve, diez? ¿Qué pasa con las personas estudiantes o personas en prácticas, residentes o trabajadoras que necesitan permanecer en otro lugar más de seis meses y menos de doce meses durante una temporada? ¿Qué hacemos con las personas jóvenes que están en un programa de movilidad estudiantil o que tienen que alquilar un piso para ocho meses? Regulamos una figura limitando su objeto, es decir, la temporalidad y vestimos un santo para desvestir otro santo. Es decir, el problema no son los contratos de vivienda temporal, el problema es la pésima regulación que hubo de estos en la ley de vivienda. Por otra parte, ¿debemos poner el foco y la responsabilidad únicamente en el arrendador como garante de esta temporalidad? La vivienda temporal tiene su razón de ser en determinados supuestos y tampoco entendemos que en el caso de una vivienda temporal —e‌ ntendiendo que no se ha firmado en fraude de ley— no se necesite el acuerdo del arrendador para su cesión o subarriendo. Ustedes creen que todos los arrendadores son grandes tenedores y en eso se equivocan y se equivocan mucho.

Si la proposición de ley sigue adelante presentaremos nuestras enmiendas, incluso algunas más que no solo afecten a la Ley de Arrendamientos Urbanos ya que, aunque se quiera ocultar o incluso disimular, los datos no pueden tapar la realidad y gran parte de los efectos negativos sobre el alquiler de la vivienda habitual son consecuencia de la ley de vivienda, que también habrá que retocar. Vamos a votar a favor porque creemos, sinceramente, que tenemos que dar solución a la necesidad de vivienda accesible y digna, en este caso, la de alquiler; que tenemos que evitar la inseguridad e indefensión de la persona que alquila dando seguridad y certidumbre también al arrendador para que haya oferta suficiente con la que cubrir la demanda, aunque pensemos que no todos estos cambios que están planteando son la solución, ya que el problema no es el alquiler temporal en sí, sino que se use en fraude de ley para evitar la regulación del alquiler habitual.

Mila esker.

Presidente andrea, arratsalde on. Permítanme que comience señalando algunas cuestiones que nos son comunes a todos y todas en la medida en que aún hoy —‌ya veremos en el futuro— compartimos el mismo Estado. Compartimos un Estado con más de 3 800 000 viviendas vacías, y esto no son datos inventados. Estos son los datos del Instituto Nacional de Estadística del 2001. Más del 15 % del total de viviendas del Estado español están vacías. Una de cada tres viviendas registradas desde el 2015, en términos de compra o nueva construcción, lo han sido por grandes propietarios. Cuarenta grandes propietarios del Estado español tienen 115 085 viviendas, según una información y un estudio hecho por El Diario. El número de viviendas protegidas planificadas por las administraciones públicas vascas, navarras y españolas en su conjunto no alcanza ni al 10 % de los demandantes de vivienda en los propios servicios públicos de vivienda de las diferentes comunidades autónomas. El salario medio más frecuente en el Estado español está en torno a los 1300 euros. Son datos, nuevamente, del Instituto Nacional de Estadística. El alquiler medio supone el 110 % del salario medio o el salario más habitual. Esos datos también, nuevamente, son del Instituto Nacional de Estadística. Es más, otras páginas como Idealista cifran en 1600 euros el precio medio de una vivienda de 80 metros cuadrados en las principales ciudades del Estado español. En 2023, el 80 % de la inversión en vivienda para alquiler fue hecha por extranjeros y extranjeras, el 44 % de ese 80 % por fondos de inversión, los mismos fondos que hace diez años ya señalaban que el alquiler en el Estado español era una fuente de inversión segura y rentable. Esa es la realidad, la cruda realidad, y a partir de ahí si quieren hablamos, y hablamos de todo, y hablamos incluso desnudando cuáles han sido nuestras acciones pretéritas y cuáles pretenden ser nuestras intenciones futuras, porque todo lo demás es humo, y de ese humo están bastante hartos los y las ciudadanas, sobre todo la gente que busca desesperadamente una vivienda y no la encuentra, porque esa es la preocupación principal de la ciudadanía; por encima de los debates que llenan de horas esta Cámara, esa y no otra es la principal preocupación de la ciudadanía. Y entenderán que toda esa gente, cuando este debate llega y se maneja en ciertos términos, se plantee algo que va contra la propia esencia de la democracia y el poder público, que es: si el poder público no me protege, si el poder público no me defiende cuando estoy necesitado, ¿para qué sirve el poder público? Esa es la realidad. En verdad la Constitución española consagra el derecho a la vivienda, lo hace en diferentes artículos. Lo que no terminan de decir es que la Constitución española se guarda para el lugar preferente el derecho a la propiedad privada por encima del derecho a la vivienda de cualquier ciudadano o ciudadana, y lo hacen porque la Constitución española, que será el conjunto de leyes sagradas de este Estado, es la Constitución que permite que se sigan amasando fortunas indecentes con las necesidades de la gente, probablemente como la mayoría de las constituciones coetáneas a la misma. Esto no viene de nuevo, esto arrancó hace décadas, esto arrancó cuando el neoliberalismo se instaló en Europa, cuando Thatcher puso el punto de partida al neoliberalismo y se decidió que la vivienda, que era un valor de uso, pasara a ser un valor de cambio. Si alguien no entiende esto que estoy diciendo, es tan sencillo como que lo que era un valor de uso, como lo puede ser un automóvil, tenía que ser un valor de cambio que genera plusvalía y que, por tanto, es transmisible para seguir aumentando patrimonios y que, por tanto, ahí había negocio. De esos barros, estos lodos. Si no atajamos estos problemas, ¿de qué sirve que ampliemos derechos laborales como lo hacemos en esta Cámara? ¿De qué sirve que nos peleemos para que aumente el salario mínimo interprofesional? ¿De qué sirve que consigamos mejoras en lo que tiene que ver con las políticas de protección social si, a la vez, permitimos que haya una espita en la que se sigan detrayendo las rentas de los sectores más vulnerables hacia los grandes capitales, y es a través del alquiler de la vivienda? Soy consciente —‌así ha sido y seguirá siendo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas— de que voy a asistir a un ejercicio conmovedor en esta tribuna. Va a ser conmovedor ver a todos los portavoces hablar de la terrible preocupación que supone la vivienda para cada uno de ellos y de ellas, va a ser conmovedor incluso ver el acto de contrición que vamos a ver aquí de parte de todos ellos y ellas diciendo que se debería haber hecho más, que se puede hacer más, pero sencillamente aquí, que tantas veces oímos que es el templo de la palabra, corremos nuevamente el riesgo de que se quede en eso, en palabras o, si me lo permiten y no es muy gruesa la expresión, en palabrería hueca y barata. Sinceramente, creemos que es hora de hacer más, de hacer mucho más, o si lo prefieren, sencillamente, es hora de hacer, porque hasta ahora se han permitido el lujo de no hacer para que el mercado privado lo copara todo.

Hoy estamos hablando de los alquileres de temporada, de los alquileres habitacionales o de habitaciones, y se tendría que hablar de la ley de vivienda, y nosotros también tenemos alguna queja de la ley de vivienda, porque decíamos, para eso que ya señalábamos que podía ser una vía de fuga a la propia ley de vivienda, que eran los alquileres de temporada y los de habitaciones, que en la disposición adicional quinta se habilitaba a un grupo para que en seis meses trajera una propuesta. Eso fue en mayo de 2023 y hoy estamos en septiembre de 2024. Luego ahí se aprobaron cosas y no se hicieron. Pero lo que no vale es decir que la ley de vivienda es la fuente de todos los males. No se puede decir —e‌ sta expresión quizás no la conozcan en este hemiciclo, en Euskal Herria la conocemos muy bien— que la ley de vivienda tiene grandes problemas cuando uno o una ha hecho del pase foral, del «se acata, pero no se cumple», su leitmotiv para con la ley de vivienda, cuando una tiene una ley de vivienda aprobada en 2015 por el Parlamento vasco con el voto en contra del partido gobernante en la actualidad y entonces, el Partido Nacionalista Vasco, que no se ha aplicado ni en un 50 % de su potencial. ¿Dónde queda el derecho subjetivo a la vivienda que se consagra en esa ley? En ningún lado, y lo saben, y lo saben los ciudadanos de Donostia, los de Bilbao, los de Zarauz y los de cualquier realidad tensionada o supratensionada de Euskal Herria. Esa es la realidad, y la ley de vivienda —‌ese era el problema que tenía— corría un doble riesgo. El primero, que hubiera comunidades autónomas, como así ha sido —‌no solo la de Madrid, también la Comunidad autónoma vasca, gobernada por el PNV y por el PSOE, también la Comunidad Foral de Navarra, gobernada por un partido en el que se integra el PNV junto con el PSN—, que han decidido no aplicar toda la potencialidad de la ley de vivienda, y en otros lugares de manera mucho más evidente y con una línea beligerante más activa y confrontativa. Pero al no habilitar la ley de vivienda, al no querer aplicar la ley de vivienda pero generar un miedo a la sociedad, tú estás permitiendo que los grandes propietarios, los grandes tenedores, los especuladores —‌porque de especulación hay que hablar—, puedan, en base al miedo de la gente, hacer políticas que consigan sacar dinero a la gente. Y si todo eso se hace con la inacción de los gobiernos autonómicos, probablemente los beneficios de los grandes propietarios seguirán aumentando mientras la gente seguirá pasando más dificultades. En definitiva, lo que toca es cambiar de rumbo, y con esto que hoy se hace, con todas sus dificultades, se puede empezar a hacer. También advertimos de una cosa. No nos gustaría que hoy tomáramos en consideración esta ley para que luego nos encontráramos en una prórroga interminable que nos lleve a tener que debatir, madurar, discutir, reflexionar o analizar con nuestros expertos una ley que jamás se pueda aplicar, porque a esto ya sabemos jugar todos y todas, y creo que la ciudadanía, la que ha impulsado este cambio legislativo, las asociaciones y los sindicatos de inquilinos, también tienen que saber que esa amenaza latente está presente.

Termino. Pedimos claridad, pedimos determinación y pedimos firmeza, sí, pedimos firmeza, porque creemos que frente a la especulación solo cabe la firmeza. La semana pasada yo señalaba a un ministro que la izquierda no está aquí para salvar los muebles al capitalismo, sino para construir sociedades más justas. No puede existir una sociedad justa si no garantizamos el derecho a la vivienda a todos y todas: ni casas sin gente ni gente sin casas.

Eskerrik mila esker. (Aplausos).

Moltes gràcies, senyora presidenta. Molt bona tarda, companys i companyes diputats.

S’estan començant a aterrar els efectes de la llei d’habitatge. Les dades, per dir-ho d’una manera delicada, no són gens optimistes i estan començant a aparèixer els nervis. Volem recordar que Junts per Catalunya no vam donar suport a la ley de la vivienda, i els vam advertir, aquí i en el Parlament de Catalunya, un cop i un altre que no era una bona llei, que no millorarien les tremendes dificultats que tenen els nostres joves ni les nostres famílies per accedir a un habitatge, vam advertir-los que provocaria una enorme inseguretat jurídica, que es traslladava la responsabilitat de les polítiques públiques als arrendadors, que es reduiria l’oferta i acabarien augmentant els preus del lloguer, fent-los encara més inaccessibles.

I ara, fa poc, acabem de conèixer que el darrer any a Catalunya s’ha reduït un 31 % l’oferta de pisos de lloguer. Repeteixo, un 31 % s’ha reduït l’oferta de pisos de lloguer a Catalunya. Junts per Catalunya estem molt preocupats per donar solució a l’emergència de l’habitatge que estem vivint. A Catalunya és un drama trobar habitatge assequible, els joves estan vivint una tortura per poder emancipar-se. Hem d’abandonar aquestes polítiques erràtiques que l’únic que provoquen és demonitzar el privat, i el fet que anem de mal en pitjor no és que ho diguem nosaltres, no és que ho digui Junts, és que qualsevol persona que es posi a buscar un pis ho veu. La van liar amb la llei de l’habitatge i ara ho volen emmascarar amb la llei d’arrendaments urbans. Han de deixar de donar esperança amb propostes de reformes i més reformes, totes molt mal articulades. Fins i tot dubtem que hagin estat redactades pels membres d’aquí, de qualsevol grup dels proposants, les propostes, com la d’avui, que només empitjoren la situació dels que estan intentant trobar un pis de lloguer, s’està provocant una enorme frustració. Estan provocant una enorme frustració entre la ciutadania amb propostes populistes que els dona esperança, però que, a la fi, acaben provocant que cada cop hi hagi menys pisos de lloguer i que siguin més cars.

Quan els resultats són dolents, s’ha de virar el rumb. I els proposem que escoltin les conclusions dels diferents agents, que fem tots junts valoracions serenes, contrastades... No facin petada endavant, no tornin a precipitar-se amb les seves noves propostes reactives i tan poc madurades, que ja els advertim, de nou, un altre cop, que no només no milloraran la situació dels llogaters, sinó que la perjudicaran més. En termes de polítiques d’habitatge, tots sabem que fa massa anys que els governs, en general, no fan bé la feina. Les administracions públiques no ho han fet bé. Tenim un parc públic d’habitatge absolutament ridícul, incapaç d’assumir les necessitats d’habitatge dels nostres ciutadans. I és això el que hem de canviar, i ho hem de fer urgentment. Hi ha moltes fórmules per augmentar el parc públic d’habitatge i el d’habitatge assequible. Nosaltres ara els en proposarem algunes, però cal que els governs es posin les piles d’una vegada. Per exemple, perquè estem farts de repetir-ho i d’exigir-ho, posant a disposició dels nostres ajuntaments els immobles de la Sareb per dotar els municipis d’habitatge públic, d’habitatge assequible, els ho hem reclamat desenes de vegades i van caient amb comptagotes. A què esperen? Impulsant la col·laboració publicoprivada, no la demonitzem, no, impulsem-la; ampliant el parc d’habitatge de lloguer assequible i protegit, involucrant el sector privat perquè construeixi, com va fer fa molt de temps, habitatges públics; facilitant les línies de finançament amb préstecs a tous o bonificats, incentivem i amplifiquem les bonificacions fiscals als arrendadors d’habitatges per a joves o per a la gent gran vulnerable; avalem l’entrada per la compra d’un habitatge per als menors de trenta-cinc anys o facilitem préstecs amb interessos bonificats o dotem de seguretat jurídica els llogaters i els propietaris, però de forma equilibrada, no només tot a favor dels uns. S’ha de deixar de fer corresponsable de les polítiques assistencials, que corresponen a les administracions públiques, els propietaris; invertim en polítiques d’habitatge, que han estat oblidades per més d’una dècada. Des del Plan Vivienda del 2009, no es destina gairebé res a polítiques de foment de l’habitatge i han desaparegut programes que van ser claus en el seu moment. Sense un pressupost sòlid i sostingut mai no es resoldran els problemes d’accés a l’habitatge.

No tinc temps per anar tocant tots els punts amb els quals estem en desacord amb aquesta proposta, només alguns. Primer, Catalunya té competències plenes en habitatge i també en dret civil, en el Codi Civil. Per tant, en matèria de contractació civil i amb els drets reals, fa temps que s’està treballant a Catalunya en una modificació del Codi Civil de Catalunya i, per tant, Junts per Catalunya mai validarem cap llei espanyola que rebaixi competències a Catalunya. Però, és més, aquesta proposta entra en conflicte també amb el recent reglament europeu, que contempla els contractes de lloguers temporals generalment inferiors a dotze mesos, tot i que no exclou tampoc durades més llargues. Vostès se n’inventen sis, no sabem ben bé per què.

Creuen de veritat, com proposen, que és una bona idea equiparar el lloguer d’una habitació al d’un habitatge? Junts volem combatre la precarització, no institucionalitzar-la. Vostès troben normal, com proposen, que el llogater pugui cedir i sotsarrendar el pis que ha llogat a una altra persona sense el permís del propietari? És a dir, que el llogater podrà acordar un lloguer d’un immoble que no és seu, i que ja no necessita per viure-hi, a qui ell li doni la gana i el propietari ha de mirar i callar? I que s’hi posi fulles, faltaria dir. Home, per favor, no veuen que això és un abús?

S’haurà d’acreditar quin és el motiu pel qual el lloguer és de temporada. Molt bé. S’haurà d’indicar si l’habitatge es lloga —‌per exemple, hi posen, detallen en quins casos— per estudis, per assistència mèdica, amb finalitats recreatives... D’acord, la prova de la càrrega a càrrec del propietari. Em poden dir vostès com s’acredita que el llogater lloga aquell immoble amb finalitats recreatives? Que porti entrades del teatre a sis mesos vista? Si és per finalitats assistencials o mèdiques haurà de demanar el certificat mèdic per saber quina malaltia té el familiar o ell mateix pel qual necessita llogar el pis? El propietari ha de tenir accés a aquestes dades tan delicades? Per favor. Sis mesos pels estudiants? Deu fer molt temps que han acabat la carrera. No han arribat ni als exàmens, quan els toqui fer els exàmens, hauran de marxar. I suposant que facin sis mesos més, després, pel curs acadèmic següent, per Nadal, hauran de marxar. Per què sis mesos? No té cap explicació. A part de les repercussions que tindran, amb els efectes nocius, aquest tema dels sis mesos, perquè el lloguer d’habitacions per als estudiants, per exemple, és clau. A una ciutat universitària, com és Girona, si s’aprova aquesta modificació serà un drama per la universitat. Necessitem polítiques fermes, decidides, efectives, en termes d’habitatge, polítiques útils. Lamentem molt que les que avui ens proposen no només no seran útils, sinó que seran absolutament contraproduents, i això no va d’etiquetar de bons o de dolents ni els propietaris ni aquells que votem...

Gracia, señora presidenta. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas. Están empezando a verse los efectos de la ley de vivienda; los datos, por decirlo de un modo delicado, no son nada optimistas y están empezando a aparecer los nervios. Queremos recordar que Junts per Catalunya no apoyó la ley de la vivienda, y les advertimos aquí y en el Parlament de Catalunya una y otra vez que no era una buena ley y que no mejorarían las tremendas dificultades que tienen nuestros jóvenes y nuestras familias para acceder a una vivienda. Advertimos que provocaría una enorme inseguridad jurídica, que se trasladaba la responsabilidad de las políticas públicas a los arrendadores, que se reduciría la oferta y que se acabarían aumentando los precios del alquiler haciéndolos todavía más inaccesibles, y hace poco acabamos de conocer que en el último año en Cataluña se ha reducido un 31 % la oferta de pisos de alquiler; repito, un 31 % se ha reducido la oferta de pisos de alquiler en Cataluña. Junts per Catalunya está muy preocupado por dar solución a la emergencia habitacional que estamos viviendo. En Cataluña es un drama encontrar vivienda asequible. Los jóvenes están viviendo una tortura para poder emanciparse. Tenemos que abandonar estas políticas erráticas que lo único que provocan es demonizar lo privado y que van de mal en peor —n‌ o lo decimos nosotros, no lo dice Junts—, y es que cualquier persona que se ponga a buscar un piso lo verá. La liaron con la ley de la vivienda y ahora quieren esconderlo con la ley de alquileres autónomos. Tienen que dejar de dar esperanza con propuestas de reformas y más reformas, todas muy mal articuladas, incluso dudamos de que propuestas como las de hoy, que solo empeoran la situación de los que están intentando encontrar un piso de alquiler, hayan sido redactadas por los miembros de cualquiera de los grupos proponentes. Están provocando una enorme frustración entre la ciudadanía, con propuestas populistas que les da esperanza, pero que, al final, acaban provocando que cada vez haya menos pisos de alquiler y que sean más caros. Cuando los resultados son malos hay que cambiar el curso. Y les proponemos que escuchen, que escuchen las conclusiones de los distintos agentes, que todos juntos hagamos valoraciones serenas y contrastadas. No hagan patadón p’alante y vuelvan a precipitarse con sus nuevas propuestas reactivas y tan poco maduradas, que ya les advertimos, de nuevo, una vez más que no solo no van a mejorar la situación de los arrendatarios, sino que la van a perjudicar más. En términos de políticas de vivienda todos sabemos que hace demasiados años que los gobiernos, en general, no hacen bien su trabajo; las administraciones públicas no lo han hecho bien; tenemos un parque público de vivienda absolutamente ridículo, incapaz de asumir las necesidades de vivienda de nuestros ciudadanos. Y esto es lo que tenemos que cambiar, y tenemos que hacerlo urgentemente. Y hay muchas fórmulas para aumentar el parque público de vivienda y de vivienda asequible. Nosotros, ahora, vamos a proponer algunas, pero es necesario que los gobiernos se pongan las pilas de una vez. Por ejemplo —‌porque estamos hartos de repetirlo y exigirlo—, poniendo a disposición de nuestros ayuntamientos los inmuebles de la Sareb para dotar a los municipios de vivienda pública asequible. Y lo hemos reclamado decenas de veces, y van cayendo con cuentagotas. Bueno, es una pena. Impulsando la colaboración público-privada, no demonizarla, impulsándola; ampliando el parque de vivienda de alquiler asequible y protegido; involucrando al sector privado para que construya, como hizo hace tiempo, vivienda pública; facilitando las líneas de financiación con préstamos blandos o bonificados —‌incentivemos y bonifiquemos las bonificaciones fiscales a los arrendatarios de viviendas para jóvenes o para gente mayor vulnerable—; avalando la entrada de una compra para la vivienda para menores de 35; facilitando préstamos con intereses bonificados; dotando de seguridad jurídica a los propietarios y a los inquilinos, pero de forma equilibrada, no solo a favor de unos —‌hay que dejar de hacer corresponsable de las políticas asistenciales que corresponden a las administraciones públicas a los propietarios—; invirtiendo en políticas de vivienda, que han sido olvidadas durante más de una década —d‌ esde el Plan Vivienda de 2009 no se destina prácticamente nada a políticas de promoción de la vivienda, y han desaparecido programas que fueron clave por entonces—. Sin un presupuesto sólido y sostenido nunca nunca se van a resolver los problemas de acceso a la vivienda.

No tengo tiempo para ir tocando todos los puntos en los que estamos en desacuerdo con la propuesta, solo unos cuantos. Primero, Cataluña tiene competencias plenas en vivienda y también en derecho civil, en el Código Civil. Así pues, en materia de contratación civil y con los derechos reales, hace tiempo que se está trabajando en Cataluña con una modificación del Código Civil de Cataluña, y, por lo tanto, nosotros, Junts per Catalunya, nunca validaremos ninguna ley española que rebaje competencias en Cataluña. Pero, además, esta propuesta entra en conflicto con el reciente reglamento europeo que contempla los contratos de alquiler temporales normalmente inferiores a doces meses, aunque no excluye tampoco duraciones más largas; ustedes se inventan seis, no sabemos muy bien por qué.

¿Creen, de verdad, como proponen, que es una buena idea equiparar el alquiler de una habitación al de una vivienda? Pues, desde Junts queremos combatir la precarización, no institucionalizarla. ¿A ustedes les parece normal, como proponen, que el inquilino pueda ceder y subarrendar el piso que ha alquilado a otra persona sin el permiso del propietario, es decir, que el inquilino pueda acordar el alquiler de un inmueble que no es suyo y que ya no necesita para vivir a quien a él le dé la gana, y el propietario tiene que mirar y callar y que no haga nada con ello? ¡Venga! ¿No ven que esto es un abuso?

Se deberá acreditar cuál es el motivo por el cual el alquiler es de temporalidad. Muy bien. Habrá que indicarse si la vivienda se alquila —y‌ detallan los casos—, si es para estudios, para asistencia médica, con finalidades recreativas… Muy bien, la prueba de la carga a cargo del propietario; de acuerdo. ¿Me pueden decir ustedes cómo se acredita que el inquilino alquila ese inmueble con finalidades recreativas? ¿Lleva entradas de teatro o qué hace? A seis meses vista, claro ¿Para fines asistenciales o médicos ahora tendrá que pedir un certificado médico para saber qué enfermedad tiene el familiar o esa misma persona para lo que necesita alquilar el piso? ¿El propietario debe tener acceso a estos datos tan delicados? ¡Por favor!

¿Seis meses para los estudiantes? Perdonen, igual hace mucho que han terminado la carrera, o no llegaron ni a los exámenes, cuando tengan que hacer los exámenes se van a tener que ir. Y suponiendo que hagan seis meses más, pues luego para el curso académico después tendrán que irse por navidades. ¿Pero por qué seis meses? Si es que no tiene ninguna explicación. Aparte de las repercusiones que va a tener, con los efectos nocivos, este tema de los seis meses, porque el alquiler de habitaciones para los estudiantes, por ejemplo, es clave, es clave. En una ciudad universitaria como, por ejemplo, Gerona, si se aprueba esta modificación será un drama para la universidad.

Necesitamos políticas firmes, decididas, efectivas en cuestiones de vivienda, políticas útiles. Lamentamos mucho que las que nos proponen hoy no solo no van a ser útiles, sino que, además, van a ser absolutamente contraproducentes. Y esto no va de etiquetar a buenos y a malos, ni a propietarios ni a aquellos que votamos…

Perquè les reformes siguin efectives. Això va de no tirar endavant propostes sense cap consens, però que —i‌ segur que amb la millor de les intencions, suposem— no ofereix ni una solució al dramàtic problema de l’habitatge.

Moltes gràcies.

… para que las reformas sean efectivas, esto va de no sacar adelante propuestas sin ningún consenso, pero que —y seguro que con la mejor de las intenciones, suponemos— no ofrecen ninguna solución al dramático problema de la vivienda.

Muchas gracias.

Gràcies, presidenta. Bona tarda, diputats. Bona tarda, diputades. Ens va arribar aquesta proposta pel Sindicat de Llogateres, proposta que havíem estat treballant també en seu del debat de la llei d’habitatge que vam fer la legislatura passada i que, com han indicat ja abans, va quedar penjat pel que feia als contractes de temporada i als contractes d’habitacions. Com que Catalunya, casualment, deu ser l’única que té un problema amb els lloguers impressionant, és l›única que ha aplicat les modificacions de la llei d’habitatge que permetien les zones tensionades, el control de preus, les pròrrogues obligatòries... Per tant, a Catalunya, diguin-nos estranys, vam presentar un decret llei que aturava la via per la qual s’estava escapant la capacitat d’aplicar la llei d’habitatge i la LAU modificada, que eren els lloguers de temporada i els habitacionals. Doncs aquest decret no va ser convalidat, el va tombar una abstenció del PSC, Partit Socialista de Catalunya —‌si no recordo malament—, i un vot negatiu de Junts per Catalunya. I com són les coses! Els patriotes, els d’esquerres, arriben aquí avui i permetran que la llei tiri endavant, i després els autonomistes som nosaltres. Quan ho vam plantejar en seu de la sobirania popular catalana, vostès ho van tombar. Avui arriben a Madrid i la deixaran passar, i encara sentirem dirnos autonomistes. En qualsevol cas, el que preteníem era governar, i aquesta és una cosa que m’hauran d’explicar tots plegats, perquè o algú m’ha enganyat o avui el PNV votarà a favor, Junts s’abstindrà, el PSC votarà a favor i aquesta tramitació quedarà oberta.

Escoltin-me, de veritat. Jo els escolto a les comissions, saben? I vostès estan en contra d’això. O m’expliquen quin és el motiu que els ha fet canviar de cop i volta tota la seva ideologia o aquí hi ha hagut més màgia que l’unicorn del senyor Errejón, perquè això sí que és màgic. O bé tenim un seriós problema amb les esmenes que ens presentaran. I aquí vull que tot el grup d’esquerres estigui atent, perquè si això ha servit de baula d’entrada a esmenes que puguin votar Junts, PP, VOX, PNV i algun grup més que pugui haver-hi en el Grup Mixt, teniu un problema, perquè les dretes, els agradi o no, són majoria. I les dretes, algunes d’elles, van donar suport a la investidura, però quan els toquen la butxaca, suposo que ja han vist la gran defensa que han fet dels pobres propietaris des del grup anterior.

Sabíem que passaria això, ho vam intentar arreglar i no ens van deixar a Catalunya. Ara ho haurem de fer des de l’Estat. Amb el que ens van arribar a dir tant des del PNV, com des de Junts, com des d’algun altre grup. Vam passar, amb interès en la ciutadania, per ser els grans traïdors a la pàtria. Quan vols fer política, t’ho menges, perquè no és veritat, simplement no és veritat. Si és veritat que aquest 31 % de pisos que diu que la llei d’habitatge o la modificació de la LAU continguda a la llei d’habitatge ha tingut, donin-nos, per favor, les fonts, perquè no es pot sortir aquí sense fonts. Això és un Congrés i, per tant, hem de tenir un cert rigor amb el que diem. Jo li puc dir que la web d’una empresa, que no és precisament l’empresa que defensa els llogaters, digui-li Idealista, diu que l’increment anual que hi ha hagut a Catalunya és inferior en preus del lloguer del qual hi ha hagut a l’Estat, cosa que lliga malament amb què hagin sortit tots els pisos, perquè, segons el dogma d’«El mercado se regula», allò de la mà invisible, se suposa que a menys demanda, més preu i, en canvi, ha baixat el preu, o s’ha incrementat menys. Jo els dono la font: és Idealista.com, que es veu que fa molts informes. Per cert, que els faci el Govern, perquè deixar en mans de les empreses privades interessades l’emissió dels informes sobre la realitat és un mal negoci per tots.

Un parell d’elements més. Primer element, això només és una admissió a tràmit, i ja els asseguro que em fa patir molt com vagi el tràmit de negociació, perquè poden passar tres coses. Primera, que el PSOE s’hagi compromès a deixar-la a un calaix i no en veiem la tramitació i aquí no ha passat res. Ens ho han fet tantes vegades que no em dirà que els sorprendrà. Segona, que és que s’hagi pactat que efectivament es modifiqui la llei de vivienda en la seva modificació de la LAU i que, efectivament, es faci modificant tot allò en què ens vam deixar gairebé la vida Bildu, Podemos, SUMAR i nosaltres, en benefici i d’acord també amb el sindicat de llogaters i amb la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, amb beneficis per als més vulnerables. Ens podríem trobar que es desfaci tot això. Tercera cosa, que s’aprovi en uns termes raonables, perquè jo comparteixo el tema del temps, comparteixo que aquesta temporalitat no l’entenc. Per què sis mesos? Seria bastant més normal nou, que és un període lectiu, efectivament. I aquest és un dels elements en què ens podem posar d’acord, però això torna a posar de manifest que les realitats són diferents al territori de la península. Són molt diferents i, per favor, suposats federalistes, escoltin d’una vegada: a part que tenim les competències exclusives, les tenim també a un Codi Civil, i el lloguer d’habitacions ara mateix es regula pel Codi Civil. Per tant, no toquen aquesta llei i intentarem que en surti, però aleshores no vinguin al Parlament català i ens la tombin, perquè no tindria cap sentit. El que necessitem és protegir la gent. El que necessitem és que es pugui viure. El que necessitem és que hi hagi un projecte de vida que es pugui tirar endavant.

Acabo amb un parell de comentaris. L’altre dia la Carme Trilla, que és una de les expertes més importants al meu país sobre l’àmbit de l’habitatge, deia que ens vam carregar el barraquisme que hi havia a Barcelona, al voltant de la ciutat, i ara estem fent barraquisme vertical, i això és així. A la postguerra, si algú de vostès ho recorda o els ho han explicat, les famílies vivien, allò que es diu en castellà, «hacinadas» en poques habitacions i tots junts. Però és que ara ja no són ni famílies. Ara, qualsevol habitació a Barcelona et costa entre 500 i 600 euros, i han pujat en relació al sou mínim interprofessional, amb el que valen els lloguers mitjans, ja ho han fet. Però ho torno a repetir: amb un sou mitjà no es paga un pis. Algú de vostès, especialment de la dreta, algun dia m’explicarà la lògica econòmica que té això. Perquè després em diuen indocumentada. No entenc les coses. A vegades soc curta. No entenc com és possible que els rèdits d’un mes de feina siguin inferiors a les rendes d’un mes de propietat, quan el bé llogat és el fonamental per aguantar la vida, perquè en depenen no només tots els drets individuals i tots els drets personals, sinó també l’escolarització, la salut... Tots els drets que se’n deriven venen del domicili. Després parlem d’honor, d’inviolabilitat i drets fonamentals bàsics, però el primer és tenir un lloc on dormir per les nits. Un lloc on tenir una família, un lloc on, si cal, estar-hi sol, però tenir un lloc en aquest món.

Moltes gràcies.

Gracias, presidenta. Buenas tardes, diputadas. Nos llegó esta propuesta por el Sindicato de Inquilinas, una propuesta que habíamos estado trabajando también en sede del debate de la ley de la vivienda que hicimos la legislatura pasada, y que, como indicaron ya antes, quedó colgado en lo referente a los contratos de temporada y a los contratos de habitaciones. Como Cataluña, casualmente, debe ser la única que tiene un problema con los alquileres impresionante, es la única que ha aplicado las modificaciones de la ley de vivienda que permitían las zonas tensionadas, el control de precios, las prórrogas obligatorias… Pues bien, por lo tanto, en Cataluña —‌llámennos extraños— presentamos un decreto ley que detenía la vía por la cual se estaba escapando la capacidad de aplicar la ley de la vivienda y la modificada, que eran los alquileres de temporada y los habitacionales. Pues bien, este decreto no fue convalidado, lo tumbó una abstención del PSC, el Partido Socialista de Cataluña —‌si mal no recuerdo— y un voto negativo de Junts por Catalunya. Y cómo son las cosas, escuchen: los patriotas, los de izquierdas, llegan hoy aquí y permitirán que la ley salga adelante. ¡Y luego los autonomistas somos nosotros! Cuando lo planteamos en sede de la soberanía popular catalana, ustedes lo echaron atrás; hoy, llegan a Madrid y la van a dejar pasar. Y todavía oiremos decir que somos autonomistas. En cualquier caso, lo que pretendíamos era gobernar. Y esta es una cosa que tendrán que contarme todos, porque o alguien me ha engañado, o hoy el PNV va a votar a favor, Junts se va a abstener, PSC va a votar a favor y esta tramitación quedará abierta. Escuchen, de verdad, yo es que los escucho en las comisiones —¿saben?—, y ustedes están en contra de esto. O me cuentan cuál es el motivo que les ha hecho cambiar de repente toda su ideología o aquí ha habido más magia que el unicornio del señor Errejón, porque esto sí que es mágico, o bien tenemos un serio problema con las enmiendas que nos presentarán. Y aquí quiero que todo el grupo de izquierdas esté atento, porque, si esto ha servido como cuña de entrada para enmiendas que puedan votar Junts, PP, VOX, PNV y algún grupo más que pueda haber en el Grupo Mixto, tenemos un problema, dado que las derechas, les guste o no, son mayoría, y las derechas, algunas de ellas, apoyaron la investidura, aunque, cuando les han tocado el bolsillo, supongo que ya habrán visto la gran defensa que han hecho de los pobres propietarios desde el grupo anterior. Miren, sabíamos que esto iba a pasar. Lo intentamos arreglar y no nos dejaron en Cataluña; ahora tendremos que hacerlo desde el Estado. Muy bien, ¡con lo que nos llegaron a decir desde el PNV, como desde Junts y algún otro grupo! Pasamos, con interés en la ciudadanía, por ser los grandes traidores de la patria. Pero, bueno, cuando quieres hacer política te lo comes, porque no es verdad, simplemente no lo es. Ahora bien, si ha habido ese 31 % de pisos que dice la ley de vivienda o la bonificación de la LAU contenida en la ley de la vivienda, por favor denos las fuentes, porque no se puede salir aquí sin fuentes. Este es el Congreso y, por lo tanto, tenemos que tener un cierto rigor con lo que decimos. Y yo le puedo decir que la web de una empresa, que no es precisamente la empresa que defiende a los inquilinos, llamada Idealista dice que el incremento anual en Cataluña es inferior en precios de alquiler al que ha habido en el Estado, cosa que casa mal con que hayan salido todos los pisos, porque, según el dogma de que el mercado se regula, eso de la mano invisible, se supone que a menos demanda más precio, y, en cambio, ha bajado el precio, o se ha implementado menos. Y yo les puedo dar la fuente: es Idealista.com, que se ve que hace muchos informes. Por cierto, que a ver si los hace el Gobierno, porque dejar en manos de las empresas privadas interesadas la emisión de los informes sobre la realidad es un mal negocio. Y un par de elementos más. Respecto al primero, esto es solo una admisión a trámite, y ya les aseguro que me hace sufrir mucho cómo pueda ir el trámite de negociación, porque pueden pasar tres cosas: primero, que el PSOE se haya comprometido a dejarlo en un cajón y no veamos la tramitación, y aquí no ha pasado nada —‌ha pasado tantas veces que no me digan que no les va a sorprender—; segundo, que se haya pactado que efectivamente se modifique la ley de vivienda en la modificación de la LAU y que se haga modificando todo aquello que nos dejamos ―nos dejamos casi la vida― Bildu, Podemos, SUMAR y nosotros, también de acuerdo con el sindicato de inquilinos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en beneficio para los más vulnerables —‌sí, podríamos encontrarnos con que todo esto se deshiciera—, o, tercero, que se apruebe en unos términos razonables, porque yo comparto el tema del tiempo, comparto que esta temporalidad no la entiendo. ¿Por qué seis meses? Sería algo más normal nueve, que es un periodo lectivo, efectivamente, y este es uno de los elementos en los que podemos ponernos de acuerdo.

Pero esto vuelve a poner de manifiesto que las realidades son distintas en el territorio de la península, son muy distintas. Y, por favor, supuestos federalistas, escuchen de una vez: aparte de que tenemos las competencias exclusivas, las tenemos también en el Código Civil y el alquiler de habitaciones ahora mismo se regula por el Código Civil, así pues, esta ley no toca. Intentaremos que salga, pero que luego no vengan en el Parlamento catalán y nos la echen atrás, porque no tendría sentido alguno. Lo que necesitamos es proteger a la gente, lo que necesitamos es que se pueda vivir, lo que necesitamos es que haya un proyecto de vida que se pueda sacar adelante.

Termino con un par de comentarios. El otro día Carme Trilla, que es una de las expertas más importantes en mi país sobre el ámbito de la vivienda, decía que nos cargamos el barraquismo que había en Barcelona, alrededor de la ciudad, pero que ahora estamos haciendo barraquismo vertical, y esto es así. En la posguerra, si alguien lo recuerda o se lo han contado, las familias vivían hacinadas, como se dice en castellano, en pocas habitaciones y todas juntas, pero es que ahora ya no son ni familia, ahora cualquier habitación en Barcelona te cuesta entre 500 y 600 euros. Y han subido respecto al sueldo mínimo interprofesional, ¡con lo que valen los alquileres medios! Ya lo han hecho, pero repito que con un sueldo promedio no se paga un piso. ¿Alguien de ustedes, especialmente de la derecha, me va a contar algún día la lógica económica que esto tiene? Después me dicen indocumentada. Bueno, a veces soy corta, no entiendo cómo es posible que los réditos de un mes de trabajo sean inferiores a las rentas de mes de una propiedad, cuando el bien alquilado es el fundamental para aguantar la vida, puesto que dependen de él no solo todos los derechos individuales y todos los derechos personales, sino también la escolarización o la salud, es decir, todos los derechos que se derivan vienen del domicilio. Hablamos de honor, de inviolabilidad y de derechos fundamentales y básicos, pero el primero es tener un lugar en el que dormir por las noches, un lugar donde tener una familia, un lugar donde, si hace falta, estar solo, pero tener un sitio en este mundo.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Debatimos hoy una iniciativa legislativa de SUMAR y sus colegas separatistas para intentar justificar el fracaso de las normas que aprueba en materia de vivienda junto con el Partido Socialista; un nuevo intento de remozar lo remozado, de retorcer lo retorcido, otra filigrana discursiva más para intentar camuflar los desvaríos normativos que aprueba SUMAR junto con el Partido Socialista. Pero a nosotros esto no nos extraña lo más mínimo, porque, como la historia ha demostrado, los comunistas siempre acaban destrozando y destruyendo todo aquello que dicen querer proteger. (Aplausos). Si los precios del alquiler y la vivienda se disparan, para ustedes la culpa es del pequeño propietario, que no sabe administrar correctamente su patrimonio. Si las rentas medias de los españoles caen, para ustedes la culpa es de los autónomos, que son unos codiciosos sin corazón que no pagan lo conveniente a sus empleados. Y si los barrios son más inseguros que nunca, para ustedes la culpa es de los vecinos, que no abren convenientemente el corazón a la multiculturalidad. (Aplausos). Y así con todo: no hay barrio que no hayan degradado, ni familia que no hayan esquilmado, ni negocio que no hayan abocado al cierre. Hoy, por desgracia, tenemos distritos enteros saturados y entregados a la ley de la jungla, es decir, al mejor postor; cascos históricos donde los vecinos de toda la vida son la reliquia más preciada, ya en peligro de extinción, y pisos, en otro momento asequibles, hoy son sueños inalcanzables. Pero, señorías de SUMAR, la culpa no es de ustedes, ¿verdad? (Aplausos). Señorías, les recuerdo que, en el mismo día en que se aprobaba en mayo de 2023 la ley de vivienda, su dirigente, Yolanda Díaz, decía, con todo descaro, que por primera vez en España teníamos una ley que garantizaba el derecho a la vivienda. Y terminaba diciendo: «Nuestro país hoy es sustancialmente mejor». ¡Y tanto! En ese momento estábamos mejor que hoy, porque cada día que pasa el mercado y el acceso a la vivienda se va desgastando más. (Aplausos). Los precios de arrendar se han disparado un 13 %, la oferta ha disminuido un 15 %, y, efectivamente, se han multiplicado los alquileres temporales y de habitaciones.

Pero ustedes han conseguido algo increíble, un cisma entre propietarios e inquilinos. Son ustedes, señorías de SUMAR, una izquierdita que enseña mucho los dientes en sus discursos pero que no abandona sus poltronas para defender a los más débiles. (Aplausos). Y desde VOX les hemos advertido en multitud de ocasiones en el Congreso de los Diputados ―sí, señor Errejón, sí, se lo hemos advertido en multitud de ocasiones y también desde todos los parlamentos regionales― que esto iba a estallar, y se lo volvemos a decir. Yo no dudo de que algunos de ustedes quizás quieran arreglar el problema de acceso a la vivienda, pero para eso lo primero que tienen que hacer es quitarse las anteojeras ideológicas, generar seguridad jurídica y también construir un marco produzca cierta confianza en los españoles. (Aplausos).

Señorías del PSOE, SUMAR y Podemos, todos ustedes son responsables de la situación actual, son ustedes los verdugos de la emancipación familiar y de la vivienda asequible, y encima han decidido rematar mortalmente a miles de barrios y pueblos que ya llevaban años agonizando. El PSOE y ustedes son los mayores promotores de incertidumbre material y sinhogarismo, y encima su ley de vivienda ha sido la puntilla, que ha rematado décadas de políticas nefastas en materia de vivienda por parte del bipartidismo, y, en lugar de enmendarse y hacer más fácil la vida a los españoles, han decidido retozar en su desastre y empeorar lo que ya era insostenible. Si en algo han contribuido sus normas en materia de vivienda ha sido en menoscabar como nunca el derecho a la propiedad privada de los españoles, cosecha de años de trabajo y esfuerzo de todos los españoles; en aniquilar la inversión en vivienda, que ha dejado en la estacada a los inquilinos con el alza de los precios, y en atacar frontalmente a los pequeños propietarios, bastión de la España que fue y que hoy es indistinguible. (Aplausos).

Sin duda, existe un auge en los fraudes en algunos contratos formalizados en arrendamientos de temporada. Se lo dijimos y se lo volvemos a decir, pero también existe un problema de inseguridad jurídica y de sobrerregulación en el contrato de arrendamiento residencial. Pero ustedes ahí ¿qué quieren hacer? Se lo decimos, que eso es lo que hay que modificar. Sin embargo, en esta proposición de ley vuelven ustedes a enredarse, introducen nuevas obligaciones a los arrendadores —‌la inmensa mayoría, personas mayores, ancianas—. No sé si recuerdan que, según el informe del Banco de España, la mayoría de los arrendadores en España, en concreto el 92 %, son pequeños propietarios y particulares. (Aplausos).

Sinceramente, no creemos que su ley y las recetas hoy expuestas vayan a ampliar el mercado de la oferta de la vivienda, bajo ningún concepto, y además nos parece más pura propaganda. Quizás lo hagan precisamente por su incompetencia, para ampliar el parque de vivienda pública, es decir, el parque de vivienda social con el Partido Socialista o también quizás por la ceguera ideológica, que les impide plantear iniciativas equilibradas. Señor Errejón, se lo dejo muy claro. Nosotros sí queremos políticas claras y justas, que impidan la especulación inmobiliaria y frenen la compra masiva por parte de los fondos de inversión extranjeros. Sí lo queremos, es así, sobre todo porque están dejando a los españoles absolutamente descartados, sin opciones ni oportunidades. (Aplausos). Pero, señor Errejón, son ustedes los que gobiernan aquí y nunca había sucedido que tantos fondos de inversión extranjeros estén comprando vivienda y también suelo agrícola, es decir, el campo español. (Aplausos).

A nosotros, señor Errejón, nos gusta mucho el artículo 47, no tenemos ningún problema en decírselo: Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la autorización del suelo, de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación». Pues ya lo sabe, señor Errejón, impedir la especulación, regular el suelo y vivienda digna para todos los españoles. (Aplausos).

Para terminar, y como comprenderán, no vamos a ser nosotros los encubridores de sus desmanes. Eso sí, los instamos a que abandonen esta senda, que ya deja demasiados damnificados: por un lado, a las personas mayores, que no quieren ofertar su vivienda, y, por otro lado, a los jóvenes, que no pueden acceder a una vivienda digna y adecuada. En VOX, vamos a seguir luchando todos los días para garantizar que todos los españoles tengan un verdadero hogar, en el que puedan desarrollar con seguridad su proyecto de vida. Por ello, vamos a aumentar el parque de vivienda público y privado, vamos a liberar suelo, que no esté especialmente protegido por el interés nacional, vamos a priorizar el interés de la gente sobre el interés del capital, a proteger al propietario frente al okupa, a reducir drásticamente impuestos, cargas y burocracias, y, por supuesto, a establecer un ambicioso plan de bonificaciones y deducciones fiscales (aplausos) para que no haya un solo joven español sin futuro en España ni familias sin hogar ni ancianos y abuelos a los que las leyes les genere incertidumbre o inseguridad en sus últimos años de vida.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Buenas tardes. Hoy es un buen día, tratamos sobre un problema real que nos ocupa y que nos preocupa; preocupa al Gobierno de España y preocupa al Grupo Socialista. SUMAR propone una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos con el objeto de impedir que se alquile una finca urbana de vivienda habitual en una especie de fraude de ley y se camufle como un alquiler de temporada, como un alquiler por habitaciones, y estamos completamente de acuerdo en que esto hay que combatirlo. Algunos propietarios quieren evitar someterse a la ley, quieren evitar someterse a las garantías que se ofrecen al inquilino por parte de la ley y buscan estos recovecos, y esta trampa y esta práctica se está viendo incrementada actualmente. Por lo tanto, hablamos de un problema real y de plena actualidad, y, como todos ustedes saben, porque me consta que lo saben, el Gobierno de España tiene previsto legislar sobre ello. La propia ministra Isabel Rodríguez, titular del Ministerio de Vivienda, es plenamente consciente y ya afirmó que existía la necesidad de actuar sobre estos alquileres. De hecho, ya existe un grupo de trabajo de expertos sobre alquileres de temporada, en el que se está trabajando con toda la sociedad civil; se está trabajando con el colegio de administradores de fincas, con el consejo general de los agentes de la propiedad inmobiliaria, con los gestores públicos de vivienda y suelo, con la federación de empresas inmobiliarias, con la CEOE, con los sindicatos, y con el sindicato de inquilinos e inquilinas, que es el que concretamente ha promovido este punto que hoy se nos trae para su toma en consideración. Por tanto, se lleva trabajando mucho tiempo en ello, por lo que respetemos ese trabajo. Veamos que nos sugieren y cuáles son las propuestas, porque, a nuestro juicio, la propuesta de SUMAR avanza en la dirección correcta, aunque todavía hay mucho más por hacer. Hay cuestiones técnicas evidentes, como, por ejemplo, crear una plataforma de registro único de esos alquileres, lo que serviría para poner cifras y rigor sobre el problema que estamos tratando. En definitiva, nosotros, desde el Partido Socialista y el Gobierno de España, confiamos plenamente en estos agentes, que llevan tiempo trabajando, auspiciados por el Ministerio de Vivienda. Así pues, vamos a apoyar la propuesta. Pero, señor Errejón, Íñigo, te conozco hace muchos años, y se te ha olvidado mencionar que para que se apruebe esta propuesta hacen falta 120 votos socialistas, que los tendrás, que estarán encima de la mesa y ayudarán a que progrese esta iniciativa. (Aplausos). Pero ahora, cuando ya he marcado la posición y aún me queda tiempo, quiero hablar de lo profundo, de lo que está pasando en este país con la vivienda, de que hay una realidad meridiana y clara, y es que hay un déficit de unas 300 000 viviendas, que se generan más hogares en este país que capacidad de construir vivienda y que tenemos que ser coherentes con este problema, tanto a derecha como a izquierda, porque, compañeros de SUMAR, compañeros de la izquierda no socialdemócrata, hace falta construir esas viviendas y, para construirlas, hace falta suelo, hace falta seguridad jurídica, la colaboración públicoprivada, porque no podemos dejar solo en manos de las administraciones esta cuestión tan importante. Por lo tanto, tiendo la mano y pido el apoyo y el examen sereno de esa necesidad de seguridad jurídica y de suelo en este país para poder hacer 300 000 viviendas, porque además hará falta mano de obra, hará falta empleo, hará falta diálogo con los sindicatos. Y mucha de esa mano de obra que va a construir viviendas es mano de obra que tiene diferentes colores, porque también aquí tenemos que hablar de la inmigración, de los migrantes, de los que nos facilitan la vida, que van a ser también los que construyan las viviendas en el futuro en este país y que son los que cuidan de nuestros mayores, los que nos traen los alimentos y con los que peleamos. Sus hijos ya no estarán solo en la obra, sino que serán los ingenieros, los arquitectos y los médicos de una sociedad diversa, que es lo que le duele a la ultraderecha de este país. También en vivienda y política de inmigración, también en vivienda hay desarrollo económico que generar. Y señorías de la derecha, ¿por qué se generan más hogares que viviendas en este país? Porque España avanza, porque la gente quiere emanciparse, porque, como diría el señor Aznar, España va bien, y se generan hogares porque hay salarios justos, porque hay menos precariedad, y lo que tenemos que hacer es acompañar a ese esfuerzo. Realmente de lo que estamos hablando es de que tenemos que generar una sociedad capaz de congeniar con esa migración, ese aumento de población que viene más que por nuestros hijos e hijas por las personas que han venido a buscar un futuro en España, y tenemos que hacerlo fuera de esos corsés que nos quieren imponer la derecha y la ultraderecha tratando de decirnos que el fenómeno migratorio es malo para este país. Es bueno y es necesario. (Aplausos).

Y ahora quiero terminar hablando de inmigración, porque, claro, para las derechas de este hemiciclo hay una inmigración positiva, que es la de la señora Ayuso, la de llamar a los ricos del mundo para que vengan a la ciudad de Madrid a comprar con sus visas Gold inmuebles y viviendas arrebatándoselas a los madrileños. Ese es el modelo del Partido Popular y de la ultraderecha de este país, ese es el modelo de Madrid, que llama a todos los ricos a que vengan aquí, a la región de Madrid, a comprar viviendas; que saca la riqueza de las comunidades autónomas de este país… (Rumores). Hombre, un poquito de respeto, señorías. Y no hace falta que me llamen campeón; sé que soy un campeón. (Aplausos).

Decía que es el modelo de la señora Isabel Díaz Ayuso, que saca la riqueza de las comunidades autónomas de este país para hacer una amnistía fiscal a 20 000 familias de Madrid y perdonarlos 1300 millones de euros; 1300 millones de euros, que se pierden cada año en Madrid —p‌ ara que luego vengan a hablar de Cataluña, para que luego vengan a enredar con otras comunidades autónomas—. (Aplausos). Aquí estamos en la ley de la selva. Madrid es la ley de la selva, de esos que vienen de toda España, compran viviendas y expulsan de esta ciudad a los madrileños: a los que viven en el centro, afuera de la M30; a los que viven por la M30, a las ciudades de alrededor de Madrid, y a los que viven en las ciudades que están cerca de Madrid, como Alcalá de Henares, a otras provincias. Ese es el efecto que ustedes están produciendo en Madrid. (Rumores). Tranquilidad, por favor, déjenme hablar, no pasa nada porque hablemos de Isabel Díaz Ayuso en el hemiciclo.

Termino, señorías. Quedan tres años de Gobierno de progreso en este país, ustedes lo saben; señor Tellado, usted lo sabe. No hace falta que se sonría, usted lo sabe, y por eso sobreactúan. Llevamos tratando con bravucones desde hace ciento cuarenta y cinco años: no tenemos ningún problema, señor Tellado; más peligrosos y más dañinos. (Aplausos). Prácticamente, quedan tres años de Gobierno progresista, y ustedes lo saben y por eso sobreactúan. Tenemos que sentarnos y dialogar sobre vivienda. Las políticas de vivienda no arreglan el problema en un día ni en dos. Tenemos que sentarnos a hablar por el bien este país. Tienen tendida la mano de este Grupo Socialista, señor Tellado. Tienen tendida la mano del Gobierno de España. Tienen tendida la mano del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y ayer mismo lo dijo aquí, en sede parlamentaria. En definitiva, tienen tendida la mano de un partido que lleva ciento cuarenta y cinco años trabajando por este país y que lo va a seguir haciendo.

Muchas gracias. (Aplausos).

Diagnosticar, tratar y sanar. Señorías, señor Errejón, coincidimos con su diagnóstico: la situación de la vivienda en España está en situación crítica, en la uci; hasta el CIS de Tezanos lo remarca en cada una de las encuestas que pagamos todos los españoles. Tras seis años —‌seis años, señor portavoz del Grupo Socialista— de nefasta gestión de Sánchez y de una ley contra la vivienda que ninguna comunidad quiere aplicar, la preocupación de los españoles por el acceso a la vivienda es máxima. Compartimos las cifras: a la cola europea respecto a la edad media de emancipación de los jóvenes, treinta años; a la cola en el número de viviendas sociales, y los precios de la vivienda en alquiler o de venta están disparados. España necesita 600 000 viviendas para compensar la diferencia entre la oferta y la demanda, según el informe del Banco de España; un informe que pensamos que va a ser el último objetivo, transparente y eficiente de esta entidad, porque Sánchez también ha metido las garras en esta entidad ejemplar. (Aplausos).

Y se les ha olvidado hablar, señor Errejón, de la situación de caos legislativo que también tiene su Gobierno. Y es que este lío que se traen entre manos es más difícil de entender que la letra del médico en una receta, aunque voy a intentar explicarlo. Miren, se aprobó en el Consejo de Ministros la reforma de la ley del suelo, que, minutos antes de debatirse desde esta tribuna, se retiró de forma misteriosa; bueno, de forma misteriosa no, porque su partido, SUMAR, que forma parte del Gobierno, anunció su voto en contra. Semanas después el Grupo Socialista, con el Grupo Vasco, presenta un texto prácticamente idéntico, pero a la vuelta de las vacaciones el Grupo Socialista retira su firma. ¡Oh!, dejan solo al Grupo Vasco, y la verdad es que nos ha sorprendido su voto a favor después de este abandono, sobre todo porque viene de una propuesta avalada por Bildu, aunque, bueno, ya se lo explicarán a sus votantes y a sus ciudadanos.

Hoy el Grupo SUMAR, con el apoyo del Grupo Socialista, presenta unas medidas que ya ha anunciado la ministra hace unos meses. Por cierto, portavoz del Grupo Socialista, ¿apoyará la ministra la medida anunciada hoy por Yolanda Díaz de prohibir la venta de vivienda si no es para uso habitual? Es un auténtico asalto a las competencias municipales. Pero ¿dónde quedó eso de prohibido prohibir? ¿Dónde quedó, señor Errejón? (Aplausos).

No sabemos si este regalo que hoy le da el Grupo Socialista es porque Sánchez no puede asumir una nueva derrota —c‌ reo que ya van treinta y cinco— o por necesidad de aplicar el desfibrilador a su grupo, señor Errejón, al que prácticamente el Partido Socialista ha engullido al robarles toda su política social comunista, como anunciaba hace unos días el presidente en el Instituto Cervantes.

¿O será esta ley un punto más del opaco pacto con Esquerra? Señorías de Junts, también nos asombran. Ya pararon esa deriva populista en el Parlamento catalán y hoy nos dicen que se abstienen. Les pedíamos querencia en este debate.

Tampoco han hablado de un síntoma que nos alerta y nos preocupa muchísimo: la falta de seguridad jurídica que sufren tanto los indefensos propietarios como las familias que guardan cola para acceder a una vivienda pública. El Gobierno protege más a los delincuentes que a estos, más a los que pegan la patada en la puerta que a las familias vulnerables que aún confían en las administraciones públicas y en nuestro sistema democrático. (Aplausos). A ellos, a todos y cada uno de ellos, que viven con impotencia su situación y con desesperación la indiferencia de este Gobierno ante sus problemas, les mandamos nuestro apoyo y les prometemos el compromiso de mi grupo en defenderles y pelear por ellos aquí, en este Congreso. (Aplausos).

Señora Armengol, deje de tener secuestradas nuestras leyes, admita a trámite la ley antiokupación. Si Sánchez no quiere trabajar en esta Cámara, nosotros sí queremos hacerlo. (Aplausos). Y al Grupo Socialista, al Grupo SUMAR y a todo el bloque que irónicamente se autodenominan progresista les pregunto: ¿dónde están las 184 000 viviendas que ha prometido Pedro Sánchez desde esta tribuna hace un año?, ¿dónde están? (Aplausos). ¡Esa es la solución del problema! No vengan con cortinas de humo para tapar su nefastas de gestión.

Conocemos el diagnóstico, señor Errejón, y hay que aplicar un tratamiento. Señorías de SUMAR, no desconfiamos de su buena intención, pero no será la primera vez que con sus leyes consiguen precisamente lo contrario de lo que pretendían. ¿A que les suena? ¿A que sí? ¿A que sí es sí? Pues igualito ahora, lo mismo que pasó con la ley que consiguió reducir la pena a miles de agresores sexuales y poner en la calle a más de un centenar va a pasar ahora. (Aplausos).

No, no podemos compartir las medidas que hoy nos proponen, porque sabemos las consecuencias: reducción de la oferta, subida de los precios y aumento de la economía sumergida. Miren a otros países, miren a Cataluña, que es la única que ha aprobado el Plan de Vivienda; sí, miren su situación, que ha perdido el 30 % de las viviendas en alquiler; miren la situación trágica que vive entre las medidas de Ada Colau y comparen. Intentan reducir el problema a un nuevo enfrentamiento entre españoles, pero esto no va de derecha contra izquierda, de trabajadores contra empresarios o de inquilinos contra propietarios. No, no estamos en las trincheras, estamos ante un gravísimo problema, poliédrico, al que hay que poner solución con consenso, con sentido común, para proteger a los más vulnerables desde la acción social pero también con libertad, con seguridad jurídica y defendiendo a capa y espada la propiedad privada. No quieran matar moscas a cañonazos. Las situaciones abusivas se denuncian, los fraudes y estafas se denuncian también e iremos de la mano para plantear medidas eficaces para evitar estos abusos. Nosotros sí que seguimos confiando en la justicia. (Aplausos). España es una tierra heterogénea y diversa pero no singular, que es el artificio que han utilizado para implantar una financiación injusta y romper el principio de solidaridad. El problema es que ustedes pretenden aplicar la misma medicina a diferentes enfermedades. Nuestros alcaldes ya han tomado medidas y nuestros presidentes autonómicos también, a los cuales, como viene siendo habitual, con su deslealtad institucional, no han consultado la opinión para esta importante ley que hoy traen aquí.

Miren, no compartimos la limitación de seis meses, como decía la portavoz del PNV. ¿Qué pasa con los estudiantes, los profesores y los trabajadores? ¿Pero es que no escuchan la radio, no escuchan a los universitarios diciendo que no tienen pisos para poder alquilar? Se lo van a poner más difícil. ¿Y a las ciudades costeras, a las que estos contratos les permiten revitalizar los fríos inviernos? También se lo van a poner más difícil. ¿Y un contrato entre dos partes que no se cumple, sin indemnización? Sus medidas conseguirán aumentar simplemente la brecha de la desigualdad y lo peor es que lo saben, señor Errejón.

Miren, para sanar este esquilmado ecosistema de la vivienda de España lo que se necesita son más viviendas asequibles, dotar de confianza al sector de la construcción, mejor financiación, pero no meter miedo a los propietarios, porque son piezas de la solución y no parte del problema. Necesitamos reformas legislativas ambiciosas y valientes: la ley del suelo, que su grupo ya rechazó, la Ley sobre la Propiedad Horizontal, las que promuevan la colaboración público-privada… Dejen de ser curanderos y apliquen la ciencia, escuchen a los expertos como nosotros lo hemos hecho desde la oposición. Comprueben los proyectos que están funcionando en Andalucía y en Madrid. Señor portavoz, parece que los madrileños y andaluces están muy contentos con sus gobiernos autonómicos. Con su errática política de vivienda no habrá antídoto que impida la defunción de nuestro Estado de bienestar, que durante más de 46 años nos ha permitido avanzar hacia un país más igualitario, más social y más próspero. Aún estamos a tiempo de salvar al paciente. Hagámoslo entre todos.

Muchas gracias. (Aplausos.―Varios señores diputados: ¡Muy bien!).