Noelia Cobo Pérez
Gracias, presidenta. Señorías, la propuesta que defiendo hoy aquí en nombre del Grupo Socialista es clara, es de sentido común y es imprescindible porque su objetivo, señorías, es proteger a todos los consumidores y consumidoras, es protegernos a todos nosotros. Con esta proposición no de ley damos voz y trasladamos la indignación de los consumidores y consumidoras y proponemos soluciones frente a prácticas empresariales que aparecen en momentos en los que, por diversas circunstancias, se encarecen los productos. Señorías, me refiero a la reduflación; es decir, vender menos cantidad por el mismo precio con el objeto de que los consumidores no puedan percibir el encarecimiento del producto. Señorías, la reduflación es una auténtica estafa que menoscaba la confianza de los consumidores y consumidoras y acaba con la imprescindible transparencia que debe regir en las relaciones de consumo; es un ataque directo a nuestro poder adquisitivo y a la transparencia en el mercado; es una práctica que atenta contra los derechos de los consumidores y consumidoras y que debe ser erradicada. Cualquiera que visite cotidianamente un supermercado —y yo lo hago— sabe de lo que estoy hablando, señorías. Botellas de refresco, paquetes de arroz, pasta, legumbres, detergentes, conservas, frutas u hortalizas envasadas que nos cuestan lo mismo, pero duran menos, sin que seamos conscientes en el momento de la compra de que ha disminuido su cantidad. Una práctica que afecta por igual a marcas conocidas que a productos preenvasados o a marcas blancas. Este fenómeno afecta mayoritariamente a productos de primera necesidad que compramos cotidianamente, señorías. Una práctica que se basa en la tendencia que tenemos los consumidores a utilizar como referencia en la compra de los productos su precio y no su peso o su cantidad; una práctica que provoca un encarecimiento real de la cesta de la compra sin conocimiento del consumidor; una práctica que, cuando el consumidor es consciente del engaño, deteriora la reputación de la marca o establecimiento y su confianza; en definitiva, señorías, una práctica que, cuando se realiza con opacidad y sin información clara para el consumidor, debe estar considerada como una práctica engañosa. Miren, señorías, en un reciente debate en la Asamblea francesa para la aprobación de iniciativas que evitaran este tipo de prácticas en Francia se aportó el dato de que aproximadamente un 2 % de los productos alimentarios de los supermercados estaba afectado por esta práctica. Aquí, en nuestro país, en España, según el estudio publicado en noviembre de 2023 por la consultora Ipsos, el 54 % de los consumidores españoles ha notado la reducción del tamaño de los productos en su compra cotidiana. Seis de cada diez consumidores españoles ven esta práctica como inaceptable, lo que sitúa a España entre los países europeos más críticos, después de Francia, con un 67 %; Suecia, con un 63 %, y Países Bajos, con un 61 %. Según la encuesta realizada por la citada consultora, los snaks, con un 62 %; el pan, la pasta y el arroz, con un 39 %; los dulces y chocolates, con un 37 %, y la comida precocinada, con un 36 %, son los productos donde la gente dice haber percibido más la reduflación. Señorías, hoy presentamos a debate esta iniciativa con la intención de conseguir el apoyo de esta Cámara para que el Gobierno continúe en su labor de proteger y empoderar a los consumidores y consumidoras. La información es un derecho básico de los consumidores, señorías, para poder tomar decisiones óptimas sobre sus intereses. Cuando los consumidores toman decisiones sin información suficiente o por prácticas que podríamos llamar engañosas ellos son las primeras víctimas, pero también se ve afectado el conjunto del sistema por una pérdida de confianza que es preciso restaurar. Señorías, erradicar este tipo de prácticas empresariales que afectan a los consumidores puede combatirse fácilmente con más información. Un consumidor bien informado puede actuar en el mercado con mayor eficacia que los propios poderes públicos. Sin información no pueden existir consumidores empoderados, señorías. La información es el cimiento para conseguir el empoderamiento de los consumidores. Cuando esta información es engañosa les impide tomar decisiones de consumo bien orientadas, bien sea para proteger sus intereses económicos o para influir en el ámbito de la ética o la sostenibilidad. La potencia transformadora de sus decisiones se desvanece o se orienta de forma inconsciente e involuntaria hacia decisiones contrarias a su auténtica motivación. Señorías, esta proposición no de ley que debatimos hoy tiene como objetivo principal evitar la publicidad y la venta engañosa y pretendemos cumplirlo a través de tres cuestiones que consideramos esenciales. Por eso, señorías, los dos primeros apartados de nuestra iniciativa proponen más información. En primer lugar, para que los consumidores sepan detectar este tipo de prácticas y puedan actuar en consecuencia. En segundo lugar, señorías, obligando a las empresas a que informen de forma clara y transparente de estos cambios en sus productos, lo que destruiría el engaño y esta práctica se transformaría en una práctica correcta. Finalmente, en tercer lugar, para que las medidas sean completamente efectivas es esencial llevar a cabo una campaña de control, por lo que sugerimos el refuerzo de esas campañas de vigilancia del mercado para que puedan ser decisivas a la hora de identificar cambios en el tamaño, en el contenido o en el peso de los productos.
Señorías, termino mi intervención pidiéndoles de nuevo el apoyo a esta iniciativa. Es esencial ofrecer a las personas consumidoras la posibilidad de tomar decisiones en libertad, y la reduflación puede suponer un factor engañoso y, desde luego, de inducción al error de cara a llenar nuestra cesta de la compra diaria. Con nuestra condición de diputados y diputadas no desaparece nuestra condición de consumidores y consumidoras. Esta segunda condición, señorías, nos sitúa como afectados y afectadas. La primera de ellas nos facilita, pero también nos obliga a legislar, a hacer política y, desde luego, a proteger los derechos de todos y de todas las ciudadanas.
Muchas gracias. (Aplausos).